ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL SE SUMAN AL LLAMADO PARA RECHAZAR EL PROYECTO DE LEY DE SEGURIDAD INTERIOR EN MÉXICO
Canadá. 03 de julio de 2017
Ante el alto riesgo de aprobación de la Ley de Seguridad Interior en México, que tiene como principal objetivo legitimar la intervención del ejército en acciones de seguridad pública, nosotros y nosotras, representantes de organizaciones sociales de las Américas, unimos nuestra voz a los diferentes organismos de la sociedad civil mexicanos e internacionales que denuncian sobre la afronta a los derechos humanos que significaría la aprobación de dicha ley.
Todo indica que la estrategia de militarización implementada por el gobierno mexicano desde el año 2006, lejos de mejorar la situación de los derechos humanos en el país, acarreó un aumento considerable de los hechos de violencia, con 213,000 muertos y más de 30 mil desaparecidos desde esta fecha. Existe evidencia (1) de múltiples casos de tortura, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales perpetradas por los militares desde el inicio de esta estrategia de militarización, y los índices de violaciones de los derechos humanos alcanzan niveles nunca antes vistos. Entre 2006 y 2014 hubo más de 1,273 denuncias por tortura en manos de militares (2).
En este contexto, resulta altamente preocupante la intención del gobierno mexicano de seguir con una estrategia de guerra, normalizando el Estado de excepción y el actuar de las fuerzas militares en los asuntos de seguridad pública, aún más considerando que varias disposiciones del proyecto de Ley de Seguridad Interior contravienen a la Constitución Política del Estado. Entre otras disposiciones preocupantes, cabe mencionar que el proyecto de ley:
- Faculta al Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea y a cualquier fuerza de seguridad pública federal para operar como investigadores y realizar acciones de vigilancia a la población por “cualquier método de recolección de información”, sin restricción y sin la facultad de un juez, vulnerando el respeto y la garantía del derecho a un debido proceso, de las garantías judiciales y del derecho a la privacidad, entre otras consecuencias;
- Prevé que la documentación sobre acciones realizadas por las fuerzas armadas en la aplicación de la ley será considerada clasificada por 12 años, por motivos de seguridad nacional, sin que organizaciones de la sociedad civil, instituciones públicas o miembros del Congreso puedan tener acceso a esta información;
- Considerando que la ley no tiene carácter de aplicación específica contra el crimen organizado sino contra “quien ponga en riesgo la nación” (Artículo 3), abre paso al uso de la fuerza pública, incluyendo la fuerza letal, contra manifestaciones pacíficas de las comunidades y de los movimientos sociales;
- Significa la normalización de un régimen de excepción donde las fuerzas armadas se sustituyan a las fuerzas policiales para asegurar la seguridad pública, y donde los derechos a la libre expresión, los derechos de libre tránsito, al debido proceso y la presunción de inocencia, entre otros, serían violentados;
- Privilegia acciones de represión y confrontación con la población en vez de apostarle a generar acciones de diálogo y paz en las zonas y regiones afectadas por una violencia generalizada, por ejemplo, a través de la formación y capacitación adecuada de las policías y del apoyo a iniciativas ciudadanas y comunitarias para asegurar la seguridad.
Ante esto, las organizaciones abajo firmantes manifestamos nuestra fuerte preocupación por la eventual aprobación de esta nueva Ley de Seguridad Interior que da paso a la represión y a eventuales actos de tortura y asesinatos que pueda cometer el gobierno mexicano, a través de las fuerzas militares, bajo el pretexto de mantener el orden y a la seguridad.
Un país militarizado demuestra una crisis institucional profunda y en México ya ha generado graves casos de tortura, feminicidios, asesinatos, desplazamientos forzados, desapariciones forzadas y múltiples ejecuciones extrajudiciales. Creemos de suma importancia que el Estado mexicano apueste por generar condiciones de paz y no de guerra para resolver la severa crisis de los derechos humanos que conoce actualmente el país, y respete el conjunto de las disposiciones de la Constitución del Estado Mexicano, que prevé que las fuerzas armadas estén reguladas y sometidas al poder ejecutivo y al control civil.
Al mismo tiempo hacemos un llamado a la comunidad internacional a estar atenta, a que denuncie las graves violaciones perpetradas por el Estado mexicano y sus órganos de gobierno y a que inste a sus gobiernos a que ejerzan presión sobre México para que éste respete los múltiples tratados internacionales en materia de derechos humanos a los cuales este país ha suscrito.
ORGANIZACIONES FIRMANTES
QUEBEC
- Centre international de solidarité ouvrière (CISO)
- Centrale des syndicats du Québec (CSQ)
- Centro de trabajadores y trabajadoras inmigrantes (CTTI)
- Comité por los derechos humanos en América Latina (CDHAL)
- Confédération des syndicats nationaux (CSN)
- Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM–CSN)
- Conseil régional Montréal métropolitain-FTQ
- El bloque de artistas del Centro de trabajadores inmigrantes
- L’Entraide missionnaire
- Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ)
- Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN)
- Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ)
- Groupe de recherche sur les espaces publics et les innovations politiques – UQÀM
- Projet Accompagnement Solidarité Colombie (PASC)
- Projet Accompagnement Québec-Guatemala (PAQG)
- Réseau québécois des groupes écologistes (RQGE)
- Syndicat canadien de la fonction publique-Québec (SCFP-Québec)
- Syndicat des Métallos
- Syndicat des travailleurs et des travailleuses des postes (STTP)
- Syndicat des employés de service section locale 800
CANADÁ
- Canadian Council for International Co-operation
- CIPOVAN- Consejo Indígena Popular de Oaxaca “Ricardo Flores Magón”-Vancouver
- Comité por los Derechos Humanos en América Latina (CDHAL)
- Common Frontiers
- Colombian Action Solidarity Alliance (CASA)
- Inter Pares
- Migrant Worker’s Dignity Association (MWDA)
- MiningWatch Canada
INTERNACIONAL
- Acción Colectiva, México
- Bios Iguana A.C., México
- Coalición Fortaleza Latina PA, Estados Unidos
- Confédération des travailleurs des secteurs public et privé (CTSP), Haití
- Consejo Tiyat Tlali. Sierra Norte de Puebla, México
- Costureras de Sueños, México
- Otros Mundos AC/Chiapas, México
- Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A.C., México
- Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos, México
1 Ver entre otras fuentes, Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de la ONU, Juan E. Méndez (2014) http://sintortura.mx/wp-content/uploads/2015/03/A_HRC_28_68_Add_3_SPA.pdf; Amnistía Internacional (2015). Promesas en el papel, impunidad diaria. La Epidemia de tortura en México continúa: https://www.amnesty.org/es/documents/amr41/2676/2015/es/
2 Campaña Seguridad Sin Guerra: http://www.seguridadsinguerra.org/
CONTACTO
Canadá: Comité por los Derechos Humanos en América Latina-CDHAL. +1-514-257-87-10 ext. 334
México: Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A.C. 56596797 ext.227
Civil Society organizations join the call to reject the Internal Security bill in Mexico
Given the very probable danger that the Internal Security bill in Mexico –the main aim of which is to make it legal for the army to intervene in public security matters– will be passed, We, civil society organizations from the Americas, are uniting our voice with the one of various Mexican and international civil society organizations to condemn the attack on human rights that the approval of this law would entail.
Everything suggests that the Mexican government’s militarization policy, in place since 2006, far from improving the human rights situation in the country, has caused a significant increase in violence with 213,000 deaths and more than 30,000 missing persons since then. There is evidence1 of many cases of torture, arbitrary detentions, enforced disappearances and extralegal executions carried out by the military since this militarization strategy was first implemented and human rights violations have reached levels never before seen. Between 2006 and 2014 there were reports of more than 1,273 incidents of torture at the hands of the military.
In view of this situation, the Mexican government’s intention to continue with its war strategy by normalizing the state of emergency and military intervention in public safety matters is extremely worrying, especially considering that several clauses in the Internal Security bill infringe the Mexican constitution. As well as its other worrying provisions, it should be pointed out that this bill:
• Gives the army, the navy and the air force and any federal public security force the power to operate as investigators and to carry out surveillance of the population using “any methods for collecting information” without restriction and without a judge’s permission. In addition to other possible consequences, this will weaken respect for and guarantee of the right to due process, guarantees judicial and the right to privacy;
• Includes provisions that documents relating to the armed forces’ actions in applying the law will be classified for 12 years, for national security reasons, and civil society organizations, public institutions or members of Congress will have no access to this information;
• In view of the fact that the law is not specifically directed against organized crime but rather against “whosoever places the nation in danger” (Article 3) it opens the door to the use of the security forces, including lethal force, against peaceful demonstrations by communities and social movements;
• Implies making normal a state of emergency where the armed forces replace the police forces in ensuring public safety and where the right to free speech, freedom of movement, to due process and to the presumption of innocence, inter alia, would be violated;
• Gives precedence to acts of repression of and confrontation with the population rather than choosing to create spaces for dialogue and peace in the zones and regions affected by generalized violence by, for example, properly educating and training the police and supporting citizen and community initiatives for ensuring safety.
In view of the above, the organizations signing this document express our great concern about the possibility this new Internal Security Law will be passed. It opens the door to repression and possible acts of torture and murder which the Mexican government could use the armed forces to commit under the pretext of ensuring order and security.
A militarized country is evidence of a profound institutional crisis and in Mexico this has already caused serious cases of torture, feminicide, murder, enforced displacements, forced disappearances and many extralegal executions. We think it is extremely important that the Mexico state chose to create conditions for peace rather than for war if it is to solve the serious human rights crisis the country is currently experiencing and respect the body of provisions in the Mexican constitution which states that the armed forces are regulated by and subject to the executive branch and civilian control.
At the same time we are calling on the international community to be vigilant, to condemn the serious violations committed by the Mexican state and its government bodies and to urge its governments to exert pressure on Mexico to respect the many international human rights treaties which it has signed.
SIGNATORY ORGANIZATIONS
QUEBEC
1. Centre international de solidarité ouvrière (CISO)
2. Centrale des syndicats du Québec (CSQ)
3. Centro de trabajadores y trabajadoras inmigrantes (CTTI)
4. Committee for Human Rights in Latin America (CDHAL)
5. Confédération des syndicats nationaux (CSN)
6. Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM–CSN)
7. Conseil régional Montréal métropolitain-FTQ
8. El bloque de artistas del Centro de trabajadores inmigrantes
9. L’Entraide missionnaire
10. Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ)
11. Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN)
12. Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ)
13. Groupe de recherche sur les espaces publics et les innovations politiques – UQÀM
14. Projet Accompagnement Solidarité Colombie (PASC)
15. Projet Accompagnement Québec-Guatemala (PAQG)
16. Réseau québécois des groupes écologistes (RQGE)
17. Syndicat canadien de la fonction publique-Québec (SCFP-Québec)
18. Syndicat des Métallos
19. Syndicat des travailleurs et des travailleuses des postes (STTP)
20. Syndicat des employés de service section locale 800
CANADA
1. Canadian Council for International Co-operation
2. CIPOVAN- Consejo Indígena Popular de Oaxaca “Ricardo Flores Magón”-Vancouver
3. Common Frontiers
4. Colombian Action Solidarity Alliance (CASA)
5. Inter Pares
6. Migrant Worker’s Dignity Association (MWDA)
7. MiningWatch Canada
INTERNATIONAL
1. Acción Colectiva, Mexico
2. Bios Iguana A.C., Mexico
3. Coalición Fortaleza Latina PA, United States
4. Confédération des travailleurs des secteurs public et privé (CTSP), Haiti
5. Consejo Tiyat Tlali. Sierra Norte de Puebla, Mexico
6. Costureras de Sueños, Mexico
7. Otros Mundos AC/Chiapas, Mexico
8. Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A.C., Mexico
9. Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos, Mexico
Des organisations de la société civile appuient l’appel à rejeter le projet de Loi sur la Sécurité intérieure au Mexique
Face aux risques associés à l’approbation d’une Loi sur la sécurité intérieure au Mexique, ayant pour principal objectif de légitimer l’intervention de l’armée dans les actions de sécurité publique, Nous, organisations sociales des Amériques, unissons notre voix à celle de plusieurs organismes de la société civile mexicaine et internationale pour dénoncer l’atteinte aux droits humains que représenterait l’adoption de ladite loi.
À l’heure actuelle, tout porte à croire que la stratégie de militarisation implantée par le gouvernement mexicain depuis 2006 est loin d’améliorer la situation des droits humains et a mené à une recrudescence de la violence au pays, avec 213 000 morts et plus de 30 000 disparus en dix ans. Par ailleurs, il existe une documentation abondante1 de cas de torture, de détentions arbitraires, de disparitions forcées et d’exécutions extrajudiciaires perpétrées par des militaires mexicains depuis le début de cette stratégie. Le taux de violation des droits humains a également atteint des niveaux sans précédent : entre 2006 et 2014, il y a eu plus de 1 273 plaintes pour des actes de torture commis par des militaires2.
La stratégie de « guerre » du gouvernement mexicain est hautement préoccupante et normalise l’état d’urgence ainsi que les actions des forces militaires en matière de sécurité publique. Plusieurs dispositions du projet de Loi sur la Sécurité intérieure contreviennent directement à la Constitution politique de l’État mexicain. Nous pouvons mentionner que le projet de loi :
• habilite l’Armée, la Marine, la Force Aérienne et toute force de sécurité publique fédérale à mener des enquêtes et réaliser des actions de surveillance de la population par «toute méthode de collecte de l’information » sans restriction et sans recours à un juge, violant le respect et la garantie du droit à une procédure régulière, à un procès équitable et du droit à la vie privée, entre autres.
• prévoit que la documentation sur les actions menées par les forces armées en application de la loi sera considérée comme classée pendant 12 ans pour des raisons de sécurité nationale, sans que des organisations de la société civile, des institutions publiques ou des membres du Congrès puissent avoir accès à cette information ;
• considérant que la loi ne dispose pas d’un caractère d’application spécifique contre le crime organisé, mais contre « qui pose un risque à la nation » (article 3), elle ouvre la voie à l’usage de la force publique, incluant la force létale, contre les manifestations pacifiques des communautés et des mouvements sociaux ;
• signifie la normalisation d’un régime d’exception où les forces armées se substituent aux forces policières pour assurer la sécurité publique, et où les droits à la liberté d’expression, à la liberté de circulation, aux procédures régulières et à la présomption d’innocence, entre autres, seraient violés ;
• privilégie des actions de répression et de confrontation contre la population au lieu de miser sur des actions de dialogue et de paix dans les zones et régions affectées par une violence généralisée, par exemple à travers la formation et la capacitation adéquate de la police, et l’appui à des initiatives citoyennes et communautaires pour assurer la sécurité.
Les organisations signataires manifestons notre préoccupation face à l’adoption éventuelle de cette nouvelle Loi sur la Sécurité intérieure, qui ouvre la voie à la répression et à d’éventuels actes de torture et d’assassinats que pourraient commettre le gouvernement mexicain et ses forces militaires, sous prétexte de maintenir l’ordre et la sécurité.
Un pays militarisé démontre une crise institutionnelle profonde. Au Mexique, cela a généré des cas graves de torture, féminicides, assassinats, déplacements forcés, disparitions forcées et de multiples exécutions extrajudiciaires. Nous croyons de la plus haute importance que l’État mexicain opte pour la mise en place de conditions de paix, et non de guerre, pour résoudre la crise sévère des droits humains que connaît actuellement le pays, et respecte l’ensemble des dispositions de la Constitution de l’État mexicain, qui prévoit que les forces armées soient régulées et assujetties au pouvoir exécutif et au contrôle civil.
Nous lançons également à la communauté internationale un appel à dénoncer les violations graves perpétrées par l’État mexicain et ses organes gouvernementaux et à faire pression sur le Mexique pour que soient respectés les multiples traités internationaux en matière de droits humains auxquels ce pays a souscrit.
ORGANISATIONS SIGNATAIRES
QUÉBEC
1. Centre international de solidarité ouvrière (CISO)
2. Centrale des syndicats du Québec (CSQ)
3. Centro de trabajadores y trabajadoras inmigrantes (CTTI)
4. Comité pour les droits humains en Amérique latine (CDHAL)
5. Confédération des syndicats nationaux (CSN)
6. Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM–CSN)
7. Conseil régional Montréal métropolitain-FTQ
8. El bloque de artistas del Centro de trabajadores inmigrantes
9. L’Entraide missionnaire
10. Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ)
11. Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN)
12. Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ)
13. Groupe de recherche sur les espaces publics et les innovations politiques – UQÀM
14. Projet Accompagnement Solidarité Colombie (PASC)
15. Projet Accompagnement Québec-Guatemala (PAQG)
16. Réseau québécois des groupes écologistes (RQGE)
17. Syndicat canadien de la fonction publique-Québec (SCFP-Québec)
18. Syndicat des Métallos
19. Syndicat des travailleurs et des travailleuses des postes (STTP)
20. Syndicat des employés de service section locale 800
CANADA
1. Canadian Council for International Co-operation
2. CIPOVAN- Consejo Indígena Popular de Oaxaca “Ricardo Flores Magón”-Vancouver
3. Common Frontiers
4. Colombian Action Solidarity Alliance (CASA)
5. Inter Pares
6. Migrant Worker’s Dignity Association (MWDA)
7. MiningWatch Canada
INTERNATIONAL
1. Acción Colectiva, Mexique
2. Bios Iguana A.C., Mexique
3. Coalición Fortaleza Latina PA, États-Unis
4. Confédération des travailleurs des secteurs public et privé (CTSP), Haïti
5. Consejo Tiyat Tlali. Sierra Norte de Puebla, Mexique
6. Costureras de Sueños, Mexique
7. Otros Mundos AC/Chiapas, Mexique
8. Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A.C., Mexique
9. Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos, Mexique
Imagen destacada: Eneas de Troya
