La CDHDF que queremos.

Existe un alto cuestionamiento público de si la CDHDF cumple en la actualidad su mandato de promover y defender los derechos humanos en esta Ciudad. Una Comisión que durante varios años se destacó como un referente nacional en la materia, hoy se percibe con una baja presencia pública y como un actor distante de las víctimas, sus familiares, de las organizaciones sociales y civiles y también de los problemas que aquejan a quienes aquí vivimos o transitamos. 

 

Se procuró desde sociedad civil, como en todas las administraciones que han pasado por la CDHDF, promover el diálogo y una alianza con la Comisión, pero desafortunadamente se han diluido los espacios estratégicos de diálogo y no se han incentivado sinergias para impulsar conjuntamente luchas o propuestas encaminadas a fortalecer la agenda de derechos humanos de la Ciudad o a visibilizar los nuevos problemas que la aquejan.

 

La actual administración de la CDHDF evidencia acciones y omisiones que ponen en riesgo su autonomía, se cuestiona la capacidad de gestión interna, se ha distanciado de las víctimas, sociedad civil y academia, que han sido críticas del desarrollo de una serie de acciones en las que se han señalado las incongruencias respecto al mandato de la Comisión y además, ha disminuido el papel estratégico del Consejo Consultivo. A continuación, se esbozan algunos hechos que fortalecen los argumentos señalados:

 

1. Atención a víctimas

 

Existe una política institucional de trato selectivo de los casos que da lugar a que sólo en pocos de ellos se realicen recomendaciones, a pesar de que cientos lo requerirían para que se solicite la reparación del daño a las víctimas. Esta política es contraria a la normatividad de la CDHDF, sin embargo, existe desde el inicio del funcionamiento de la institución, y se ha sostenido por la actual presidencia a pesar de conocer sus consecuencias negativas para los derechos humanos desde 2014.

 

El uso selectivo de las recomendaciones produce los siguientes problemas: se invisibilizan las violaciones de derechos humanos; se obstaculiza la reparación del daño para víctimas que lo necesitarían en cientos de casos; y se genera el incremento de expedientes en trámite (lo que se ha denominado como “rezago” y que implica mantener abiertos  los expedientes por años, muchos de los cuáles eran sencillos de investigar), el cual sólo puede disminuir forzando las conclusiones mediante prácticas irregulares que evitan la emisión de las recomendaciones que jurídicamente corresponderían tras la investigación de las violaciones de derechos humanos denunciadas. De esta forma la emisión de recomendaciones se sujeta a agendas establecidas discrecionalmente por quien preside la institución.

 

Por ello, la actual administración de la CDHDF, en lugar de atender la causa estructural del “rezago”, ha preferido presionar al personal para que concluya los casos, profundizandose prácticas contrarias a los derechos humanos en la investigación de los casos. El cierre extraordinario de casos no significa necesariamente eficacia o justicia. De esta forma, el año 2016 tuvo el cierre de expedientes más drástico en la historia de la CDHDF, habiendo concluido más quejas (9,903) que las recibidas (8,196) en ese año.

 

Forzar la conclusión de casos ha empeorado la situación de la atención a víctimas, la cual ya era de por sí complicada por la selectividad en la atención de casos y emisión de las recomendaciones, lo que se ha reflejado, por ejemplo, en un incremento inusitado en 69% en el cierre de expedientes con la causal “sin elementos suficientes”.

La estrategia de atención al rezago de la actual administración está en la conclusión de expedientes principalmente los que tienen más años abiertos, ya que esta administración busca referir que el “rezago” es culpa de las anteriores administraciones mientras se busca cómo cerrar los casos sin una verdadera estrategia de atención y de investigación exhaustiva. Hay una percepción de ex colaboradoras y ex colaboradores de la misma Comisión de que se fuerza a las víctimas para conciliar y poder concluir casos donde se acreditaron violaciones de derechos humanos, ejemplo de ello son los casos de Carlos Sinhué y el referente a invasión de giros en la Central de Abastos.

 

Es preocupante que ni siquiera en los casos donde finalmente se emitió una recomendación por considerarlos casos relevantes se hace acompañamiento en una estrategia de defensa, como el caso Narvarte o en el litigio estratégico ante sistemas regionales de derechos humanos (caso Jesús Ángel Gutiérrez Olivera), entre otros. En otras administraciones esto se realizaba, acompañando los casos de una estrategia en medios y en algunos casos continuando con la emisión de informes especiales. Hay además una omisión de incluir en los puntos recomendatorios acciones para reparar violaciones a derechos humanos determinadas en las mismas Recomendaciones.

 

Por ello hay una marcada percepción de distanciamiento entre las víctimas con la Comisión, donde es recurrente la ausencia de investigación de los casos; el favorecimiento al desistimiento de las quejas; el propiciar conciliaciones que favorecen a la autoridad y no a la víctima; la falta de atención y trato digno a las víctimas y/o sus familiares.

 

A esto habría que añadir que, frente al supuesto rigor técnico de las Recomendaciones emitidas, éstas han sido criticadas duramente por falta de cobertura en cuanto a los derechos humanos violentados, además de que en ellas no se solicita la reparación integral del daño. Esto, por ejemplo puede observarse en las recomendaciones 03/2017 (sobre derecho a la vida en relación a dos personas privadas de la libertad, respecto las cuales no se solicitó ninguna medida de satisfacción) 04/2017 (sobre 14 personas que perdieron la vida en reclusorios, respecto de las cuales no se solicitaron medidas de satisfacción ni rehabilitación para sus familiares), 16/2017 (sobre condiciones de trabajo de policías de la PGJDF, donde no se solicitó ninguna medida de compensación, ni de satisfacción), o la 17/2017 (sobre derechos laborales de 31 policías auxiliares en que no solicitó medidas de compensación, ni rehabilitación, ni satisfacción). De esta manera, a pesar de que existe una selectividad en el uso de las recomendaciones, ni siquiera en estos casos se está solicitando debidamente la reparación integral del daño.

 

Existe una falta de adopción de los más altos estándares en materia de libertad de expresión y protesta, dentro de las recomendaciones que emitió la CDHDF con motivo de diversas manifestaciones públicas en la CDMX donde se acreditaron violaciones a derechos humanos por parte de la SSPCDMX y la PGJCDMX (16/2015, 17/2015, 11/2016, 14/2016).

 

Existe dilación en la integración de los expedientes que se abren con motivo de quejas por violaciones a derechos humanos. En este sentido, no fungen como contrapeso frente a las autoridades señaladas como responsables de cometer violaciones a derechos humanos, lo cual es indispensable y es uno de los objetivos por el cual fueron creados este tipo de organismos públicos y por lo cual se les dota de autonomía.

 

Asimismo, carecen de un papel proactivo frente a las autoridades durante la integración de los expedientes, a efecto de obligarlas a que respondan o cumplan con los requerimientos que surjan para la debida integración del expediente, por lo que puede haber hasta tres o cuatro recordatorios por parte de la CDHDF a autoridades para que remitan información. Por lo que la CDHDF, más allá de fungir como parte media entre personas víctimas y autoridades, debe desempeñar un papel proactivo y representar los intereses de las víctimas.

 

Hay deficiencias en el seguimiento al cumplimiento de recomendaciones, una vez que éstas se emiten, y para lo cual se abre un nuevo expediente en el área correspondiente al seguimiento. Esta parte es fundamental, pues una vez que se determinaron violaciones a derechos humanos, toca que las autoridades cumplan y reparen de manera integral los daños ocasionados. Para las personas víctimas, esto es primordial en su proceso de búsqueda de justicia.

 

La CDHDF no notifica a las personas víctimas dentro de una recomendación para que asistan al acto de presentación, cuando ésta se emite, siendo las principales interesadas e involucradas en dichos actos.

 

Asimismo, en una revisión estadística se observa una baja de los servicios proporcionados por la Comisión que no es congruente con el aumento de personal que ahora tiene. En el año 2006 se daban 39,060 servicios y durante 2016 bajaron a 34,270. Hay una baja de remisiones por año, pasando  de 1,386  en 2006 a 658 en 2016. Preocupa el número de quejas que se registran y turnan a las visitadurías generales, que prácticamente desde la calificación inicial se concluyen por las siguientes causales (improcedencia, incompetencia, falta de interés, desistimiento, sin elementos suficientes, no violación a DDHH y solucionado) sin haber entrado al estudio de fondo, las cuales se pueden considerar como no favorables a las víctimas.

 

 

2. Gestión interna

 

Una fortaleza de la institucionalidad de la CDHDF fue consolidar un servicio profesional de carrera y recursos humanos especializados en la materia. Sin embargo, la actual administración se ha caracterizado por una alta rotación de  personal, existiendo áreas que han tenido más de cuatro cambios en lo que va de esta gestión, sin una sustitución de cuadros –en algunos casos– del nivel profesional y de experiencia de quienes están saliendo, lo cual ha implicado una falta de continuidad y calidad del trabajo y a su vez un debilitamiento/desmantelamiento del servicio profesional de carrera.

 

Se han hecho públicas denuncias en distintos medios de comunicación sobre despidos injustificados y casos de acoso laboral. Personas trabajadoras y ex trabajadoras de la Comisión han señalado que al interior de dicha institución se ejerce un autoritarismo por parte de la Presidenta y de su círculo cercano de personas colaboradoras, donde no hay posibilidad de abrir espacios de diálogo para discutir cada uno de los casos entre las partes involucradas. En esta materia ante la implementación de despidos por pérdida de confianza, al interior de la Comisión no se ha generado una política de protección de derechos que brinde ante cada despido la garantía de audiencia a las personas que serán despedidas. Se privilegia la estrategia jurídica para el cierre de colaboración más que la protección de derechos.

 

La nómina de la CDHDF engrosó con la llegada de la nueva presidencia. Cuando tomó protesta en noviembre pasado, fueron despedidos 30 funcionarios –asesores, visitadores y directores, entre otros- que integraban la administración del anterior ombudsperson Luis González Placencia, pero al mismo tiempo se ordenó la contratación de cien nuevos servidores.

 

El cambio de los(as) Visitadores Generales, o de Visitadores Auxiliares o Adjuntos, quienes llevan directamente e integran los expedientes de queja ha sido irresponsable dentro de esta administración. Los cambios de los visitadores en los ocho años de Álvarez Icaza, fueron dos. En el caso de González Placencia fueron seis (uno de ellos reacomodo en otra Visitaduría), y en el caso de Perla Gómez, en tan sólo cuatro años,  18 visitadores han sido removidos de sus puestos. Esto resulta contraproducente, al haber interrupciones en el desarrollo de los expedientes, porque cada cambio obliga a un nuevo análisis de los casos y la persona que llega debe darles continuidad de acuerdo con los tiempos conciliados. Al final la contratación itinerante resulta perniciosa sobre el debido seguimiento de los casos.

 

La actual administración se ha caracterizado por la implementación de una política de despidos, no obstante que la indemnización es un derecho, al realizarlo como una política, ésta ha generado gastos por más de 40 millones de pesos, siendo la administración que más ha erogado por dicho concepto y la que más personas ha despedido. Uso de recursos públicos que ha ido en detrimento de otras actividades sustantivas que podrían haberse impulsado. Perla Gómez suele referir que se les respetan los derechos a las personas despedidas porque se paga la indemnización, naturalizando una forma patrimonialista de ver el servicio público considerando que puede disponer de las personas afectando su derecho humano al trabajo.

 

3. Relación con el Consejo Consultivo

 

El Consejo tradicionalmente había jugado un papel relevante en la salvaguarda de la autonomía de la Comisión y había acompañado además el análisis y reflexión para lograr la misión y mantener la atención central de la intervención de la Comisión en las víctimas y sus familiares.

 

Durante esta administración, en la nueva conformación del Consejo se ha perdido la voz de importantes personalidades y los procesos de reemplazo han tenido amplias irregularidades. En el proceso más reciente, sin ninguna explicación de por medio, la y los dos consejeros electos no han sido citados para tomar protesta ante el pleno de la Asamblea Legislativa.

 

De igual forma, al interior del Consejo, la Presidencia ha limitado las discusiones de temas estructurales y sensibles en el quehacer de la Comisión y más bien las ha convertido en sesiones informativas de carácter cuantitativo sobre el número de acciones realizadas, quejas recibidas, etc., que no permiten valorar el cumplimiento o no del mandato de la Comisión, o incluso profundizar sobre los contenidos de las Recomendaciones, refiriendo los límites de las atribuciones del Consejo, la nuevas políticas de protección de datos personales o la existencia de conflictos de interés.

 

4. Relación con sociedad civil

 

Quien preside la CDHDF está obligada a reconocer que gran parte de su fortaleza no se explica sin la participación de organizaciones sociales y civiles, las cuales hemos impulsado y construido a lo largo de los años, los cimientos que han llegado a colocar a la Ciudad de México en una posición internacional de reconocimiento en materia de derechos humanos.

 

Al igual que con las víctimas, la relación que se había construido con el movimiento amplio de derechos humanos en la Ciudad de México se ha visto disminuida. Incluso ha habido confrontaciones, descalificaciones y un alto al diálogo y al acompañamiento que había caracterizado a las organizaciones y a la Comisión en la Ciudad de México. 

 

Los informes especiales por ejemplo eran una forma de articulación para la incidencia entre las organizaciones y la Comisión y son instrumentos que han dejado de generarse con la misma frecuencia de antes. Grupos de trabajo temáticos que operaban con regularidad lo han dejado de hacer. La relación con la sociedad civil se ha relegado casi en su totalidad al préstamo de espacios para el desarrollo de eventos o reuniones de trabajo.

 

La Comisión ha perdido el respaldo de parte de un sector de la academia y de las organizaciones de la sociedad civil, lo cual repercute negativamente en las víctimas.

 

 

5. Relación con el gobierno: autonomía

 

Desde el inicio de la actual administración existió un cuestionamiento fuerte sobre los vínculos de la Presidencia de la CDHDF. Al paso del tiempo la crítica ha sido más fuerte dado que la Comisión ha sido omisa, permisiva y funcional a intereses del gobierno, evitando incluso pronunciarse en casos que han ameritado una voz contundente de la Comisión. Ello sin mencionar los vínculos políticos de nombramientos que ponen en tela de juicio la independencia e imparcialidad de su actuación, y severas dudas de a quién responden efectivamente.

 

 

Tomado en cuenta todo lo anterior, quienes suscribimos nos pronunciamos por el fortalecimiento de la Comisión, creemos que ésta debe seguir representando un punto de referencia y vanguardia en materia de vigilancia, promoción y defensa de los derechos humanos en la Ciudad y en el país. Debe recuperar su posición como ejemplo de progreso, libertad y autonomía a nivel nacional, como una verdadera institución de contrapeso y no una observadora pasiva y permisiva de violaciones a derechos humanos.

 

Para ello, es apremiante superar la imagen de una Comisión autorrestringida, ensimismada y aislada. Para lograrlo es indispensable la NO continuidad de Perla Gómez Gallardo al frente de la CDHDF, así como dotar de legitimidad el proceso de elección y elegir un perfil idóneo que blinde a la Comisión. Les exigimos a las/los tomadores de decisión la NO REELECCIÓN y un proceso transparente, objetivo e imparcial, que considere los tiempos necesarios para garantizar un proceso participativo y no un proceso de conciliación opaco como el que enmarcó la pasada designación.

 

 

Firmas de Organizaciones Sociales:

06600 Plataforma Vecinal y Observatorio de la Colonia Juárez

Académicas en Acción Crítica

Afluentes SC

Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. ASILEGAL

Balance Promoción para el Desarrollo y Juventud A.C.

Católicas por el Derecho a Decidir A.C.

Cauce Ciudadano A.C.

Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, A.C.

Circo Volador

Colectiva Las del Aquelarre

Colectivo de Estudiantes de Derecho de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Colectivo Siglo XXI

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C.

Documenta. Análisis y acción para la justicia social A.C.

El Caracol A.C.

Escuela Latinoamericana de Actoria Social Juvenil

Familias Diversas, A.C.

GENDES

Grupo Interdisciplinario de Sexología A.C.

i(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos

Inclusión y Equidad Consultora Latinoamericana

Infancia Común

Iniciativa Ciudadana por la Democracia y la Transparencia, A.C. (INCIDET)

Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, INCIDE Social, A.C.

Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB)

Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C.

Investigación, Organización y Acción Comunitaria, Altepetl

Letra S, Sida, Cultura y Vida Cotidiana A.C.

MIRA, Mujeres Iberoamericanas en Red

Movimiento Urbano Popular

Observatorio Eclesial

Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL)

Organización Popular Independiente

Pro Niños

Red de Mujeres Sindicalistas

Red Democracia y Sexualidad

Red Retoño de prevención social de la delincuencia organizada

REDIM, Red por los Derechos de la Infancia en México

República Laica

Ririki Intervención Social

Secretariado Social Mexicano

Spatium Libertas A.C.

Unión Popular Valle Gómez, A.C.

Voces Mesoamericanas

Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER)

Aguascalientes: Centro de Capacitación para el Desarrollo Comunitario (CECADEC), Centro para el Desarrollo de la Mujer (CEDEMAC), Colectivo Sergay, Colectivo de Educación para la Paz, A.C.

Baja California: Alaide Foppa, Centro de Mujeres, A.C.

Coahuila: Eux Arte y Sida, Fuerza de Mujeres Unidas, Madres Solas, Musas, Red contra la Violencia de Género, Red de Mujeres de la Laguna,

Chiapas: Nuevos Códices Compatía A.C. Abracemos a Tonalá, Centro de Investigaciones en Salud de Comitán (CISC), Chiltak, FRENPAVIH- Chiapas, Fundación Chiapaneca para la Salud Integral (FUNDASAI), Mexfam Chiapas, Grupo Frontera, Una Mano Amiga.

Chihuahua: Alternativas de Capacitación y Desarrollo Comunitario (ALCADECO), Centro de Atención a la Mujer Trabajadora (CAMT), Centro de Orientación y Asesoría Sexual (CEORASEX), Colectivo Germen de Ekidad, Fátima,Hombres por Relaciones de Género Igualitarias, Menores en Circunstancias Difíciles (MECIDI),

Ciudad de México: Afluentes, Católicas por el Derecho Decidir, Centro de Capacitación y Apoyo Sexológico Humanista (CECASH), El Armario Abierto,

Estado de México: Centro de Información en Sexualidad (CISEX),

Guerrero: Acapulco contra el Sida (ACASIDA),– Guerrero, Grupo de Amigos con VIH/sida (GAVIH),

Jalisco: Colectivo Ollín,

Nuevo León: Género, Ética y Salud Sexual (GESS), COMAC,

Puebla: Observatorio ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos.

Querétaro: Asociación Queretana de Educación para la Sexualidad (AQUESEX), Centro para el Desarrollo del Potencial Humano (CREASER),

Quintana Roo: Servicio Educación Sexualidad y Salud, A.C.

San Luis Potosí: Amigos Potosinos en Lucha contra el Sida,

Sinaloa: Asociación Sinaloense de Universitarias, A.C.

Asociación Sinaloense de Salud Sexual (ASISSEX), Federación

Sonora: Acción Comunitaria contra el Sida (ACCSIDA), Asociación Sonorense para la Salud Reproductiva, Centro de Educación para la Equidad y Género (CEDEG), Colectivo «La Fragua»,.

Tabasco: PROSSEX Colectivo de Asesores, Brigada Tabasco, Macucos, Por la vida.

Tlaxcala: Fundación Humanista para la Educación, Salud Sexual y Prevención del VIH/sida(FHESSVIH),

Veracruz: Xochiquetzal AC

Yucatán: Unidad de Atención Psicológica, Sexológica y Educativa (UNASSE)

 

 

Firmas de personas

 

Adina del C. Barrera Hernández

Alberto Serdán Rosales

Alejandra López Chavez

Ana Elena Contreras Alvarez

Ángel Ulises Peralta Guzmán

Antonio Rueda Cabrera

Azalea Alejandra Marrufo Díaz

Brenda Rodríguez Herrera

Carlos Reyes Domínguez

Carlos Ricardo Aguilar Astorga, Jefe del Área de Investigación en Política Pública, Economía, Sociedad y Territorio de la UAM-Lerma

Carolina Hernández Luna

Carolina López Pérez

Cecilia Castro García

Clara Jusidman

Claudia Campero Arena

Constanza Ivette Sánchez Carrillo

David Cruz García

David Pacheco Vallejo

Enrique Garrido Ramírez, experto independiente en DDHH de personas con discapacidad

Erika Dominguez Herrera

Erika Ivonne Villegas Hernández de la Agenda Nacional Política Trans de México

Esmeralda Arizmendi Bahena

Francisco Delfín Lara

Gabriela Delgado Ballesteros

Gabriela Rodríguez

Gilberto Alvide, investigador de la UACM

Guadalupe Ramírez

Héctor Castillo Berthier, investigador de la UNAM

Héctor Miguel Salinas Hernández, UACM

Irma Huerta Cruz

Jorge Arturo Lavalle Gómez

José Guadalupe Sánchez Suárez

Juan Carlos Arjona Estevez

Julio César Pérez Jerez

Lic. Martha Lucia Micher Camarena

Lola Dejavu Delgadillo Vargas del Movimiento de Trabajo Sexual de México

Lucía Alvarado González

Luciana Ramos Lira

Magdalena García Hernández

Manuel Amador Velázquez

Marcia Itzel Checa Gutiérrez

María del Carmen Amézquita Benítez

María del Carmen Ramos Villegas

Norma González Careaga

Olivia Rubio Rodríguez

Óscar Chávez Lanz

Oscar Medina Valdivia de la Red de Acción Ciudadana México Diverso

Patricia Guitián Segovia

Rita Marcela Robles Benítez

Rosa María Trejo Villalobos del grupo Generación Sí

Sandy Choreño Rico

Sergio  González Zepeda

Tania Picazo Ledesma

Verónica  Nava Pineda

Yania E. Córdova Escobar

Yolanda Corona (UAM)

Zaira Azucena Pérez Figueroa

LA CDHDF QUE QUEREMOS. BOLETÍN DE PRENSA.

Imagen destacada : Internet

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