En nuestro contexto, será necesario poner sobre la mesa el debate sobre la violencia y la necesidad de pensar de manera integral lo que significa la falta de paz y las posibilidades de construirla.

Diversos organismos internacionales de derechos humanos han externado su preocupación respecto a esta iniciativa, que es riesgosa en un país como México, en el que las detenciones arbitrarias y la falsa imputación de delitos es una constante diaria.

La centralidad de los derechos humanos, de la participación ciudadana y el derecho a la ciudad son algunos de los temas innovadores  aprobados en la Constitución de la Ciudad de México que ahora deben ser defendidos e implementados.

Recomendación de la CNDH evidencia que el contexto legal y reglamentario en materia de plaguicidas permite la comercialización y el uso de sustancias de alta peligrosidad que pueden ocasionar un grave daño a la salud de la población.

  Un régimen político tiene que ser capaz de ampliar la democracia, el desarrollo y, en consecuencia, los derechos humanos para la transformación de la nación.

Se ha insistido en la necesidad de discutir los valores que animan la vida de las instituciones, orientar la ética política, una que piense al poder del Estado al servicio de la sociedad y no de las élites gobernantes.

Las comisiones de la verdad históricamente se han propuesto investigar y develar los hechos ocurridos,  también para evidenciar las políticas económicas, sociales y de seguridad que permitieron las graves violaciones a los derechos humanos.

La esperanza generalizada de este momento de cambio no debe matizar la brutalidad del sexenio que recién terminó y los grandes retos que tenemos como nación.

Recuperar el territorio y la vida significa acabar con la corrupción que facilita el despojo en condiciones humillantes para la nación y para las comunidades, pero también implica generar alternativas al desarrollo capitalista para hacer valer las capacidades del país hacia su autodeterminación.