Conversatorio “Nuevo Modelo de Atención a Víctimas” | Participación de Miguel Concha

Conversatorio "Nuevo Modelo de Atención a Víctimas" | Participación de Miguel Concha

25 de marzo del 2019

Participación en el Conversatorio "Nuevo modelo de atención a víctimas" realizado en el Senado de la República  y organizado por la Senadora Nestora Salgado 


Buenos días senadoras, senadores, organizaciones sociales y asistentes en general. Agradezco la invitación especialmente de la Senadora Nestora Salgado para participar en este foro que tiene gran relevancia, pues en un contexto de violaciones generalizadas a derechos humanos es imprescindible un sistema de atención a víctimas que esté a la altura del reto, y encargado de la coordinación y formulación de políticas públicas que se implementen para la protección, ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia, a la verdad y la reparación integral de las víctimas en los ámbitos  federal, local y municipal, poniendo siempre en el centro a las propias víctimas y  la atención efectiva de sus necesidades En este momento político, sabiendo de la preocupación de Senadoras sobre este tema, es sin duda una oportunidad para adecuar la ley y las instituciones, para que la acción del estado sea contundente y conforme al respeto y protección de derechos humanos.

La atención a las personas que han sufrido una afectación en sus vidas por una violación a derechos humanos debe ser lo más sensible, comprometida e integral posible. La ley, si bien es cierto es una base principal para guiar la generación de esta á política pública de atención, jamás debiera ser una camisa de fuerza que imposibilite atender las genuinas necesidades de quienes sufrieron un impacto traumatizante en sus vidas. Con mayor razón, que hoy la ley reconoce los derechos de las víctimas y sus familias, para la cual el Estado no debe ser omiso a ello, antes bien destinar el mayor grado de recursos de todo tipo a atenderles.

No obstante, la respuesta estatal ante violaciones generalizadas a derechos humanos ha sido por desgracia todavía deficiente, insuficiente y con un gran número de obstáculos, lo que nos lleva a afirmar que a pesar de los avances legislativos en materia de derechos humanos, en específico en materia de atención a víctimas, existe una brecha entre el andamiaje legislativo y cómo opera el sistema en la realidad y el impacto en la atención de las necesidades genuinas de las víctimas.

Permítanme compartir con Ustedes nuestra experiencia como Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, en relación al acompañamiento y trabajo con víctimas.

A través del acompañamiento que realizamos, podemos dar cuenta que  las víctimas se han enfrentado a diversas trabas mayormente a la hora de acudir a las instancias del Sistema de Atención a Víctimas, particularmente ante la Comisión Ejecutiva de Atención, para acceder al sistema, la primera de ellas radica en obtener el reconocimiento de víctimas a fin de tener acceso  a los derechos, garantías, acciones, mecanismos y procedimientos contemplados en la Ley General.

Lo anterior deriva, por ejemplo de la condición impuesta para que autoridades judiciales u organismos nacionales e internacionales de derechos humanos determinen antes sobre la calidad de víctimas, situación que en un país que tiene como común denominador la impunidad implica que gran parte de las víctimas no obtengan este reconocimiento y por tanto no accedan al sistema de justica.

En ese sentido, es imprescindible utilizar como herramienta el análisis de contexto, mismo que en materia de derechos humanos permite comprender la forma en la que operan las violaciones, sus causas y consecuencias y que serviría para dar claves sobre la situación generalizada de violaciones a fin de que para acceder al Registro Nacional de Víctimas se prepondere este  análisis y no el reconocimiento individual que hagan autoridades. Lo anterior implicaría, que las víctimas puedan tener acceso a una atención integral y a una reparación también integral.

En ese tenor, es importante que antes de realizar reformas al andamiaje legal del Sistema de Atención a Víctimas, se evalúe en primer lugar la forma en que está operando la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y ubicar a través de esta evaluación las fallas para poder determinar  si estas se pueden adjudicar a la legislación existente o si la falta de resultados es atribuible a la gestión.

Otra de las problemáticas que observamos a através del acompañamiento es  la burocracia extenuante que no toma en cuenta el propio contexto de las víctimas y que no hace diferencias que permitan que las víctimas de manera rápida e integral cuenten con las medidas de ayuda contempladas en la Ley General de Víctimas.

El hecho de que la forma en que operan las diferentes medidas de ayuda contempladas en la ley sea a través de reembolso acarrea un nuevo problema, pues la mayoría de las veces las víctimas son personas que no cuentan con recursos económicos suficientes para solventar sus necesidades, situación que las lleva a adquirir deudas que en teoría tendrían que ser pagadas con los reembolsos, pero estos son sometidos al cumplimiento de requisitos previos que el propio contexto impiden que sean cumplimentados en todos los casos. Un ejemplo de ello son las comunidades rurales en donde no se expiden facturas ¿cómo comprueban las víctimas los gastos y cómo se les reembolsa?

Resulta imperioso que la ley, reglamento y lineamientos no sean un obstáculo, sino que atiendan a un espiritú garantista y en todo caso, las cuestiones  descritas en párrafos anteriores  tendrían que ser evaluadas por el personal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y plantear rutas para subsanar los problemas que se puedan presentar  y no limitarse a las cuestiones generales establecidas en la ley, teniendo en cuenta siempre el objetivo de proteger a las víctimas, proporcionar ayuda, asistencia o reparación integral.

Sin duda alguna la historia de nuestro país se ha visto marcada por una gran cantidad de dolorosos episodios de violaciones de derechos humanos, eventos donde la violencia y la represión, superaron cualquier forma de diálogo, una historia nacional enmarcada en un recorrido que va desde Tlatelolco hasta Ayotzinapa, dejando a su paso una gran cantidad de heridas en la sociedad, que el tiempo ni la memoria han dejado de olvidar.

El reclamo de justicia y verdad por parte de la sociedad ha sido unísono en todo el país, especialmente en un país donde el 98% de los delitos cometidos quedan en la impunidad, un país que el sexenio pasado sus instituciones nos demostraron su capacidad de simulación para crear falsas “verdades históricas”. Es así que la importancia del tema de atención a víctimas radica en un sentir de justicia histórica, en especial en un contexto de transición, como lo es, en el que nuestro país se encuentra.

No podemos hablar de un auténtico cambio de así de régimen y difícilmente de transformaciones, y hasta que no se ponga como uno de los ejes centrales de la nueva administración la atención a las graves violaciones a derechos humanos cometidas en los sexenios pasados, especialmente en aquellos casos donde agentes del Estado tuvieron una participación directa.

En el año 2013 con el fin de atender tal situación se publicó la Ley General de Víctimas, ésta con el objetivo de ser un marco normativo que diera sustento al Sistema Nacional de Atención de Víctimas, dicho sistema conforme a la ley busca que cada entidad federativa cuente con una comisión encargada de atender este tema en conjunto a la Comisión Ejecutiva de Atención de Víctimas de ámbito federal, sin embargo,  a más de 6 años de su publicación y de diversas reformas son notables las deficiencias que ha tenido en su aplicación. Es menester señalar  las grandes diferencias entre el ámbito federal y local, es así que hasta el día de los hoy, hay estados de la República que no cuentan con una comisión, incluso hay otras que ni siquiera cuentan con una ley local de víctimas, provocando una sobrecarga de trabajo en las instancias federales.

Además es importante destacar que en aquellos estados que cuentan con alguna comisión, en la mayoría de los casos presentan deficiencias presupuestales, no cuentan con un personal plenamente capacitado y especializado, lo cual no es garante de los derechos de las víctimas y no cumple con los mínimos que estén encaminado  a una reparación integral.

Insisto, en este tiempo político, abrir el diálogo y discusión sobre el fortalecimiento del sistema, las mejoras necesarias y las medidas efectivas que habrá que tomar para revertir todo obstáculo en la atención integral a las víctimas en México. este espacio de reflexión, urge abrir el diálogo.

Imagen destacada : Senado mexicano