Foro en materia de DH, migración y población | Participación de Miguel Concha en mesas de diálogo por el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024

Foro en materia de DH, migración y población | Participación de Miguel Concha en mesas de diálogo por el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024

20 de marzo del 2019

Ponencia para el Foro en materia de Derechos Humanos, migración y población del Eje 1 : Justicia y Estado de derecho en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024 del Gobierno de México realizado en la Secretaría de Gobernación


A nombre del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, O.P., A.C., organización dedicada desde hace casi 35 años a la defensa y promoción de los derechos humanos en México, saludo a las personas del presente panel y a las funcionarias y funcionarios que hoy se encuentran presentes. Agradecemos la apertura de este espacio de diálogo respecto a un tema tan crucial para el ejercicio y la garantía de los derechos fundamentales en nuestro país.

Como es bien sabido por todas y todos los aquí presentes, los Derechos Humanos son un pilar de la vida democrática en México. Las demandas de la sociedad civil se expresan en términos de derechos humanos desde hace ya varias décadas, y en ellas se contemplan las necesidades de todo tipo de personas: trabajadoras, campesinas, estudiantes, infantes, juventudes, mujeres, personas de la diversidad sexo-genérica, etcétera. Lo anterior se ve reflejado en la reforma constitucional de 2011, así como en los tratados internacionales reconocidos por el Estado Mexicano, en los cuales se reconocen los derechos humanos como parte del andamiaje jurídico que protege a las personas que habitan y transitan por nuestro territorio, haciendo así eco de las demandas de las personas y los movimientos sociales. Gracias a esta reforma histórica, las instituciones deben hacer uso de los estándares y tratados internacionales de derechos humanos para construir legislación y políticas públicas en todos los niveles de gobierno, así como para exigir cuentas a las autoridades por las violaciones incurridas a los derechos fundamentales. Sin embargo, esta reforma fue sólo un inicio en la garantía, protección, respeto y promoción de los derechos humanos. Las entidades encargadas de vigilar el cumplimiento de los tratados internacionales en la materia (tanto los organismos internacionales, como las instituciones autónomas nacionales, como la CNDH) han dado cuenta de un contexto deplorable respecto a estos derechos: en 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos diagnosticó una profunda crisis de derechos humanos, consistente en ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, uso excesivo de la fuerza, impunidad sistemática, militarización y falta de voluntad política en todos los niveles de gobierno para acatar las recomendaciones y el establecimiento de leyes pertinentes para la protección de las personas. Esta situación fue alimentada por los gobiernos de sexenios anteriores, en los que, a pesar del discurso oficial, los mecanismos para hacer efectivo el ejercicio de los derechos humanos fueron descuidados.

Con el fin de erradicar esta situación, vemos que el enfoque de derechos humanos debe ser un eje transversal en todas las instituciones del Estado, ya que no pueden verse los derechos humanos como elementos aislados, sino como directrices que deben acatarse por todos los poderes de la Unión y en todos los niveles de gobierno, con el propósito de no obviar tres aspectos fundamentales de los derechos humanos: su integralidad, indivisibilidad e interdependencia. Es decir, que no se pueden garantizar algunos mientras sean violados otros; cuánto más que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos [...] En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”. En este sentido, el Plan Nacional de Desarrollo debe contemplar que el respeto, la promoción, la protección y la garantía de los derechos humanos atraviesen el establecimiento de sus objetivos y de sus acciones; y esto en virtud de que estos derechos tocan cada aspecto de la vida de las personas: derechos humanos son la alimentación adecuada, el acceso al agua, el trabajo digno, el acceso a la salud, la libertad de expresión, la participación política, el acceso a la justicia, la vida cultural, la protección de los territorios ancestrales, el decidir sobre el propio cuerpo, la identidad, la no discriminación y, finalmente, la vida e integridad personales. Un Estado garante de derechos debe, pues, encaminar sus esfuerzos de manera integral, y esto sólo puede hacerse si el enfoque de derechos humanos se vuelve un eje transversal en todas las instituciones.

Asimismo, el enfoque transversal de derechos humanos debe integrar los enfoques de género, intergeneracional e interseccional, debido a que las necesidades de las personas cambian dependiendo de su género, edad, condición socio-económica, lugar de procedencia, su pertenencia a alguna comunidad indígena, orientación sexual, discapacidades, etcétera; aspectos que son relevantes, toda vez que existen grupos que de manera histórica se han visto más vulnerados que otros, y cuyos derechos se ven violados de manera sistemática. Integrar estos enfoques significa proporcionar a las instituciones herramientas para adecuar su actuar a las necesidades de las personas. Y particularmente, el enfoque interseccional permite identificar aquellas necesidades que se ven insatisfechas debido a las condiciones concretas de las personas, cruzando situaciones de vulnerabilidad concreta, y profundizando en los diagnósticos necesarios para la elaboración de políticas públicas y legislación adecuada. Estos enfoques son necesarios, toda vez que los derechos humanos se caracterizan, además de por su interdependencia e indivisibilidad, por su universalidad, progresividad y no discriminación; es decir, que deben ser garantizados para todas las personas sin excepción, y siempre en el sentido de mejorar sus condiciones de vida, sin dar lugar a retrocesos.

Considerando lo anterior, es necesario que la estructura del Plan Nacional de Desarrollo se edifique sobre tres ejes fundamentales: democracia participativa, respeto a los derechos humanos y desarrollo sustentable. Para alcanzar dicho objetivo es necesaria la disposición y voluntad estatal que garantice políticas públicas afines a estos ejes, así como la implementación de mecanismos interinstitucionales que permitan construir legislación y política pública de manera integral entre las diversas instancias que conforman al Estado. De igual manera, se debe priorizar la evaluación de todo lo acotado en el Plan Nacional de Desarrollo, con el fin de impulsar la participación de la sociedad civil organizada en la observación a corto, mediano y largo plazo de todo el proceso. De esta manera, y con la ayuda y colaboración de los distintos actores sociales, se puede enriquecer el examen de la sociedad sobre si los resultados lograron alcanzar los objetivos idóneos para solventar o disminuir los efectos de las distintas problemáticas expuestas; si las estrategias se enfocaron en resolver las causas estructurales, y si la evaluación cuantitativa corresponde a las metas esperadas. Para lograr esto, se necesita una plataforma permanente que esté al alcance de todas y todos, así como métodos para informar de manera periódica a la sociedad mexicana respecto a los avances de las acciones implementadas; esto con la intención de monitorear que los resultados esperados sean favorables a la garantía, protección, respeto y promoción de los derechos humanos.

Finalmente, es necesario recordar que en estos procesos de creación y evaluación de las acciones gubernamentales en pro de los derechos humanos siempre ha tenido un papel crucial la Sociedad Civil Organizada, que desde hace décadas ha buscado coadyuvar con los gobiernos para facilitar enfoques y herramientas que se construyen junto con las personas, los movimientos y las víctimas de violaciones a derechos humanos, pues son éstas las que comparten sus necesidades. Recalcamos la importancia de la existencia de espacios democráticos para una verdadera transformación durante este gobierno. Reafirmamos la importancia de que el Gobierno establezca un diálogo franco y propositivo con las organizaciones civiles para generar un ambiente propicio para la defensa, protección y promoción de los derechos humanos, reconociendo también el aporte histórico de esta labor en la vigencia de los derechos y en la democratización del país.