Pueblos indígenas y derechos humanos | Participación de Miguel Concha en foro temático del Programa Nacional de Derechos Humanos

Pueblos indígenas y derechos humanos | Participación de Miguel Concha en foro temático del Programa Nacional de Derechos Humanos

02 de septiembre del 2019

Participación presentada por Miguel Concha Malo en el Foro temático "Pueblos Indígenas y Derechos Humanos" en el marco de los trabajos de diseño del Programa Nacional de Derechos Humanos 2019-2024 (PNDH)

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Saludo a Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración; también a Adelfo Regino, titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Saludo y felicito muy especialmente a Josefina Bravo, por estar ahora al frente de la Comisión Nacional para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México. Saludo también a la Cuarta Visitadora de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Eréndira Cruzvillegas; a todas las autoridades de esta Ciudad de México; a Jan Jarab, representante en México de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU; a Diego Prieto, titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia; a Dolores González Saravia, también integrante del Consejo Asesor, y a Estefanía Hernández, Directora de Políticas Públicas de la Secretaría de Gobernación. Saludo a todas las personas participantes que nos acompañan esta mañana.

En mi calidad de Consejero Asesor en la elaboración de este Programa Nacional de Derechos Humanos, agradezco los esfuerzos que cada una de las representaciones de comunidades y pueblos indígenas y de sus organizaciones han hecho para estar este día para dialogar sobre tan urgente e importante aspecto en la vida pública de México.

Abordaré en esta breve intervención algunos aspectos que considero importantes en el marco del PNDH en este tema de derechos de los pueblos y comunidades indígenas, sabiendo que gran parte de lo sustantivo se dialogará en las próximas horas en las correspondientes mesas de trabajo. Primeramente abordaré el momento histórico del país y la importancia que tiene en la reflexión abierta a nivel nacional el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público. Quisiera también profundizar en el tema del territorio de los pueblos y comunidades indígenas, y finalmente un punto igualmente clave: su libre determinación y autonomía.

No es menor que en meses pasados se haya llevado a cabo un ejercicio impulsado por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), en el que sabemos que se dialogó con 68 pueblos indígenas y el pueblo afromexicano, mediante 54 Foros Regionales. De dichos foros, sin duda todavía perfectibles, se logró conformar una serie de propuestas que ahora deberán recogerse efectivamente en una iniciativa de reforma constitucional que el Congreso de la Unión deberá discutir sin demora. Este acto de modificación constitucional pudiera hacer, en parte, justicia a la deuda histórica que el Estado mexicano tiene con los pueblos y comunidades indígenas. En particular revertir la negativa de los anteriores tres gobiernos para cumplir efectiva y cabalmente los Acuerdos de San Andrés. Qué importante resulta que hoy México reflexione sobre su ser profundo; sobre lo que también somos como país: un país pluriétnico y pluricultural, donde ya no puede ser posible que las hermanas y hermanos indígenas sigan padeciendo lo que hasta ahora han enfrentado: discriminación, violencia, despojo y constantes violaciones a sus derechos.

En esto nos jugamos el reconocimiento de los pueblos como sujetos de derecho público, y no únicamente como entidades de interés público; es decir, como titulares de un conjunto de derechos en condiciones de igualdad y de dignidad frente al resto de los integrantes del Estado Mexicano. Se reconocerá, pues, su capacidad jurídica para establecer legítimamente interlocución con las distintas instancias de los tres poderes del Estado, en sus tres niveles de gobierno, y de acuerdo con sus culturas y sus formas propias de organización.

La reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígena que se proponga, de conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos aprobados por México, como parte de nuestra Constitución desde junio de 2011, en particular la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, hace pensar que el artículo segundo debe ser debidamente debidamente reformado en este momento político para México. Dicha reforma constitucional no debe ser solamente el reconocimiento formal de los pueblos como sujetos de derecho público, sino también el inicio de una nueva relación entre el Estado y los pueblos y comunidades indígenas.

Esta nueva relación pasa por el reconocimiento pleno de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. Pero también pasa por atender las demandas históricas más sentidas y recurrentes de sus pueblos y comunidades. Una de ellas es el respeto de su relación cercanísima, íntima y vital con sus territorios. Ya relatores de la Organización de las Naciones Unidas han hablado abundantemente sobre este tema. Cómo no mencionar aquí a nuestro querido amigo y conciudadano Rodolfo Stavenhagen, quien nos enseñó que hemos de entender esta relación de los pueblos y comunidades indígenas con el territorio como lugares donde se hace y rehace la vida. Donde conviven lo espiritual y lo material. Donde no hay una sola visión del mundo, sino diversas maneras de ser y estar en el mundo.

Este vínculo entre las comunidades y los pueblos con su territorio se ha visto lastimado, y en muchos casos eliminado, dado los intereses, en la mayoría de los casos económicos, que no entienden o no quieren entender esta forma relacional distinta al mundo hegemónico colonial. Urge, por tanto,  que el cumplimiento de las obligaciones del Estado mexicano en relación a los derechos de pueblos y comunidades indígenas se rijan por la búsqueda y construcción de mecanismos legales y políticas públicas que hagan valer su derecho de propiedad sobre el territorio, así como el preferente derecho de uso y disfrute de sus tierras y bienes comunes en esos territorios. El territorio, tal como lo establece la mencionada Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, incluye en efecto aguas, mares, ríos, lagunas. Vamos, la biodiversidad y símbolos sagrados que en él subsisten. Es decir, que el territorio abarca más que un determinada porción de tierra.

Otro asunto fundamental, en mi opinión, es la libre determinación y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. La centralidad del derecho a la libre determinación y a la autonomía radica en que efectivamente ésta se traduzca en la vida cotidiana de las comunidades en todas sus dimensiones: económica, social, jurídica, política, cultural y territorial. Haciendo con ello posible que comunidades y pueblos accedan a recursos directamente. Y, algo muy importante, que ésto siempre sea llevado a cabo a través de mecanismos establecidos conforme a los diálogos y acuerdos realizados con los pueblos, independiente de su forma organizativa: comunitaria, municipal o regional. Es decir, siempre haciendo efectivo el derecho a la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada. Llamo la atención sobre este importante aspecto, porque conforme avanzaron las reflexiones en el proceso iniciado por el INPI, donde si bien no estuvieron en su totalidad todos los pueblos y comunidades, aunque muchos sí, junto a organizaciones sociales defensoras de derechos humanos que les acompañamos, caímos en la cuenta que sin libre determinación y autonomía, vivida y reconocida por las mismas comunidades y pueblos, corremos el riesgo que la reformas constitucionales, y cualquier política pública, se convierta en algo meramente aleatorio, sin efecto real en la vida comunitaria. Y a esto me refiero cuando digo que la reflexión del México profundo pasa por pensar juntas y juntos, creativamente, cómo ayudarnos para que la vida comunitaria siga floreciendo, y evitar a toda costa obstáculos a su existencia. Por ello no debemos obviar remover de la ley, o de cualquier política de Estado, cualquier restricción por la que el ejercicio de la libre determinación y a la autonomía, no quede enmarcada en el ámbito local o federal dentro de la nueva reforma constitucional a nivel general.

Otro reto para el nuevo marco legal y las políticas públicas, a tener en cuenta en lo que se plasme en el Programa Nacional de Derechos Humanos, debe atender y diferenciar adecuadamente las diversas formas de autonomía indígena. Insisto, la comunitaria, la municipal y la regional, dándole su lugar a las debidas competencias principales que cada una de éstas tendría. Invitémonos a reconocer desde nuestro trabajo que cada pueblo es distinto y capaz de decidir su forma de organizarse y de ejercer el autogobierno.

Por último, y dado que los procesos políticos iniciados ahora llevan tiempo, hago un llamado a construir pronto herramientas de políticas públicas más efectivas que desde ya atiendan la conflictividad registrada en territorios donde habitan pueblos y comunidades. Es importante entender que para atender y garantizar los derechos humanos de los pueblos indígenas se requiere de una coordinación interinstitucional. Uno de los errores, a mi parecer, ha sido que la atención de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos se reduce a una sola dependencia. A mi ver, ese error no puede volver a cometerse. Los derechos de los pueblos y comunidades indígenas incluyen que el Estado en su conjunto, en particular el poder ejecutivo, cuente con mecanismos de coordinación intersectorial para atender, con enfoque intercultural, de género e integralmente los conflictos que se registran. Siempre bajo el cuidado de la libre determinación y autonomía de los pueblos y comunidades.

Estimadas y estimados todos. Deseo manifestarles que el propósito de estar en este tipo de ejercicio participativos requiere no sólo de la integración de un programa de derechos humanos o la formulación de importantes reformas constitucionales. Requiere sobre todo que estas bases que logremos ahora las pongamos en práctica y les demos ejerzamos y les demos un seguimiento creativo en el futuro próximo. Es decir, que no podemos cejar en nuestro derecho de participar en los asuntos públicos del país, como pueblos y comunidades, y como organizaciones de la sociedad civil. Asumamos la tarea de coadyuvar y participar críticamente, para que cada uno de los aspectos con los que ahora el Estado mexicano se comprometa, en la práctica se cumplan; y que  mediante mecanismos de seguimiento adecuados, evaluemos cómo vamos y qué más necesitamos. Valoremos qué tanto impacto tienen las políticas en la vida real y cotidiana de las personas y comunidades, y qué tanto efectivamente se ejercen los derechos de las comunidades y pueblos, así como los de quienes habitan o transitan por este territorio mexicano. No basta con enunciar propuestas. Se hace urgente seguir encontrándonos y dialogar sobre lo que hará falta falta para materializarlas. Para avanzar efectivamente en un cambio de régimen, y por ende en una transformación estructural.

Imagen destacada: Carlos A. Ventura