En los meses por venir, organizaciones sociales, personas y grupos interesados en los derechos humanos debemos vigilar que lo diagnosticado por organismos internacionales sea efectivamente plasmado y recogido en el PNDH.

15 de agosto de 2019

Por: Leonora Rojas Mena y Carlos A. Ventura Callejas (@carlosarveca)

En vísperas de comenzar la integración del Programa Nacional de Derechos Humanos 2019-2024 (PNDH), se vislumbran ya necesidades entre las personas y comunidades, por ejemplo las relacionadas con siempre obtener la mayor participación en la elaboración y aprobación de políticas públicas con enfoque de derechos. Después de contar con la publicación del Plan Nacional de Desarrollo (PND), toca pensar y hacer de forma participativa programas más específicos para focalizar esfuerzos y transversalizar perspectivas en el quehacer y vida pública en México, como es el enfoque de derechos humanos.

Recordemos que el PND encuentra su fundamento en el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se establece que el Estado, más concretamente el Poder Ejecutivo, tiene entre sus atribuciones la rectoría y rumbo económico que tendrá el país cada nuevo sexenio, con base en una correlación entre el desarrollo, la responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado. La Organización de Naciones Unidas (ONU) define el “desarrollo” como el fomento de la prosperidad y oportunidades económicas, en consecuencia, esto implica que el PND debe contener apuestas en áreas estratégicas y prioritarias que permitan un desarrollo integral para la sociedad, así como el bienestar de las familias mexicanas a partir de establecer también mecanismos de vigilancia del cumplimiento de estos objetivos, e implementando el fomento del crecimiento económico, la equidad social y la soberanía nacional.

No sobra decir que otros dos fundamentos legales son la Ley de Planeación y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, cuyos antecedentes datan del año 1928 con la Ley de Consejo Nacional Económico y 1930 con la Ley Sobre Planeación General de la República; sin embargo, no fue hasta 1983 que el presidente Miguel de la Madrid presentó una reforma constitucional con lo que fue creada la Ley de Planeación y emitió el primer PND; este contenía, además de un propósito, los objetivos y estrategias para vencer la crisis nacional que se apreciaba en el momento. Así que la estructura esencial del mismo no ha cambiado mucho desde entonces.

Para este 2019, el PND fue presentado ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para su aprobación, conforme el artículo 21 de la Ley de Planeación. Después del proceso legislativo, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el pasado 12 de julio de 2019.

Derivado de ello, ahora nos encontramos en la consolidación y creación de uno de los Programas más importantes para uno de los ejes principales del PND: el Programa Nacional de Derechos Humanos (PNDH) 2019-2014. Se trata de un documento dirigido a materializar todavía más la visión de derechos humanos impresa en el PND, es decir, ayudar a que los derechos humanos se entretejan en los diversos ejes que buscan dar la protección más amplia a todas las personas que habitan o transitan por el país, con especial atención a aquellos grupos en mayor situación de vulnerabilidad.

A inicios de junio de este 2019 arrancaron los trabajos para la elaboración del PNDH, cuando la Secretaría de Gobernación además presentó a un consejo asesor que ayuda a construir este Programa. En dicho consejo participan reconocidas expertas y expertos como Clara Jusidman Rapoport, José Ramón Cosío Díaz, Dolores González Saravia, Mauricio Merino Huerta, Miguel Concha Malo y Consuelo Morales Elizondo.

Posterior a ello, arrancaron una serie de Foros que tienen como objetivo recoger propuestas que se pueden convertir en líneas de acción del PNDH, con sus respectivos responsables, metas e indicadores para verificar el cumplimiento y avance de este programa. Su objetivo se tendrá que relacionar con transversalizar los derechos humanos en todos los niveles de gobierno, así como propiciar que estos derechos estén al centro de todos los poderes del Estado. No es menor lo que pretende este programa, pues se trata de hacer cada vez más efectivo lo que mandata el artículo 1ro de la Constitución Política mexicana.

Después de la realización de los foros correspondientes, en diversos estados de la República comenzará la integración de lo que será un documento rector en materia de la política del actual gobierno en materia de Derechos Humanos. Sin duda, lo que en este instrumento se plasme deberá reflejar las preocupaciones más sentidas de las personas y grupos en el país relacionadas con atender la grave crisis de derechos humanos que aún enfrenta México.

En los meses por venir, como organizaciones sociales, personas y grupos interesados en sus derechos, debemos vigilar que lo que se discuta en los Foros y lo que se ha diagnosticado, por ejemplo, por organismos internacionales o por órganos autónomos nacionales de protección de derechos humanos, sea efectivamente plasmado y recogido en el PNDH.

No sobra decir que si bien todas las personas y grupos debemos ser convocados a opinar sobre lo que se requiere que haga el Estado para ejercer y vivir los derechos humanos, también debemos cuidar que sean las personas y grupos más vulnerabilizados en las últimas décadas quienes deban ser debidamente escuchadas. Nos referimos a las víctimas de graves violaciones a derechos humanos, a los grupos discriminados y excluidos, así como las organizaciones sociales defensoras de derechos humanos.

Dada la crisis de derechos humanos y violencia que enfrentamos en México, esperamos que los derechos humanos ganen un lugar central en el actual gobierno. No esperamos menos.

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Leonora Rojas Mena es Codirectora de la colectiva Transelemental. Carlos Ventura es Coordinador General del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A. C. (@CDHVitoria).

Consultar artículo en Animal Político.

Imagen destacada: Donovan Ortega