Sábado 25 de enero de 2020

Miguel Concha 

El pasado jueves inició la Caminata por la verdad, justicia y paz, convocada por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), integrantes de la familia LeBarón, y otras y otros activistas. La Caminata partió de la Paloma de la Paz, en Cuernavaca, llegó ayer a la Ciudad de México, y mañana domingo arribará a Palacio Nacional para pedirle al Presidente, a pesar de su negativa a recibirla, por lo menos tres cosas: volver a colocar la agenda de verdad, justicia y paz como prioridad del país; construir desde esta agenda una política sólida de Estado, y llamar a la unidad para que, en torno a la verdad y la justicia, todas y todos nos aboquemos a esta tarea.

Semanas atrás el poeta y activista Javier Sicilia profirió una afirmación que se ha convertido en una de las grandes críticas del MPJD contra la política de seguridad y búsqueda de la paz del gobierno: “Sin verdad no habrá jamás justicia ni paz ni seguridad, mucho menos reconciliación ni la amnistía con la que sueña el Presidente no habrá tampoco transformación, no habrá vida política. Lo que habrá es más violencia, más dolor, más olvido, más impunidad, más muerte y más fosas”.

Dado que la verdad es el punto de partida de la agenda propuesta por el MPJD, en tanto uno de los principios de la también llamada y debatida justicia transicional, centraremos nuestras reflexiones desde el horizonte del derecho a la verdad. Adecuando una idea del filósofo griego Aristóteles, consideremos que la verdad puede decirse o entenderse de muchas maneras, una de ellas bajo la perspectiva de los derechos humanos.

Ahora bien, ¿qué es el derecho a la verdad? A este respecto la Ley General de Víctimas señala que todas las víctimas en México, sus familiares y la sociedad en general tenemos el derecho de conocer los hechos constitutivos de un delito y de las violaciones a los derechos humanos, la identidad de las y los responsables, y las circunstancias que hayan propiciado su comisión. El derecho a recibir información específica, participar activamente en la búsqueda de la verdad y al mismo tiempo a expresar nuestras opiniones y preocupaciones.

En contraparte, el Estado tiene la obligación de generar mecanismos para la investigación independiente, imparcial y competente, la cual busca principalmente el esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos, la reivindicación de los derechos de las víctimas, la recuperación de la memoria histórica, la determinación de la responsabilidad individual o institucional de los hechos y la superación de la impunidad. Y por lo que se refiere a instrumentos foráneos, la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, ratificada por México en 2008, expresa que el derecho a la verdad obliga al Estado a iniciar investigaciones y a prevenir y sancionar actos que obstaculicen averiguaciones en casos de violaciones a derechos humanos.

A su vez, el Informe sobre el derecho a la verdad, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (A/HRC/15/33) habla de los mecanismos de protección de testigos, víctimas y otras personas en los procesos de investigación que pretenden esclarecer diversas violaciones a derechos humanos.

En tanto, la resolución 12/12 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU reconoce la importanciade preservar la memoria histórica en casos de violaciones y violaciones graves a derechos humanos. Pese a la existencia de estos y otros instrumentos, nacionales e internacionales, en materia de derechos humanos, constatamos que el derecho a la verdad tiene limitaciones considerables en México, debido, entre otras causas, a los altos niveles de corrupción e impunidad, a las redes de macrocriminalidad, en las que participan delincuentes, funcionarios, políticos y empresas, y a las fallas estructurales en las instituciones que administran y procuran justicia.

Y así, de cara a una aparente justicia transicional gubernamental sin transición, ya que sólo se atienden situaciones particulares o casos aislados, no se generan todas las condiciones para que haya una transición completa y radical, la cual transforme normativa y estructuralmente el orden social y político del país. Y ante la falta de políticas integrales y sólidas de Estado para enfrentar y erradicar la crisis actual de derechos humanos, es vital implementar procesos de verdad, justicia, reparación y no repetición por medio de mecanismos efectivos (ordinarios y extraordinarios) que atiendan las causas y consecuencias de las violencias sistémicas, sistemáticas y extremas, privilegiando la participación de las víctimas y sobrevivientes, y articulando a organizaciones de la sociedad civil, la academia, los movimientos sociales, los periodistas, las personas defensoras de derechos humanos, la iniciativa privada y las autoridades.

Sin verdad difícilmente habrá acceso a la justicia, reparación integral del daño y garantías de no repetición para las miles y miles de víctimas y sobrevivientes en la nación.

Consultar artículo en La Jornada.

Imagen destacada : Jorge Aguilar