Ante los altos índices de violencia y discriminación que sufren las mujeres, es claro que el país sigue careciendo de estrategias nacionales integrales que reduzcan las brechas de desigualdad y las múltiples violencias que las afectan, las cuales se han agravado potencialmente debido a la pandemia por la COVID-19.
Editoriales | Blog «La dignidad en nuestras manos» del Plumaje de Animal Político
Web original | Imagen : Cuartoscuro
Por: Jose Antonio y Kassandra Arizai Gutierrez
03 de agosto de 2021
En México más del 50% de la población se encuentra en situación de pobreza (CONEVAL, 2020) en donde las personas no tienen acceso a una calidad de vida y son privados de recursos para satisfacer sus necesidades básicas; considerando este contexto y teniendo una población mayoritariamente compuesta por mujeres, es urgente seguir hablando de condiciones de vida digna, particularmente en materia de acceso al trabajo debido a que la discriminación de género representa una deficiente economía política que no protege a las mujeres.
De acuerdo con Renate Rott, socióloga e historiadora económica, el término de feminización del trabajo está relacionado con la feminización de la pobreza, que define como “la costumbre y naturalización de una vida llena de cargas y miserias sin la posibilidad remota de visibilización o planificación de un cambio” (Instituto de Estudios Latinoamericanos, 2020). En México esta situación es una de las que más afecta a las mujeres debido a la marcada brecha de desigualdad y oportunidades, principalmente laborales y educativas, con respecto a los hombres, que puede verse en situaciones como la diferencia de sueldos, la sobrecarga de trabajo de cuidados no remunerados, la desigualdad en el acceso a posiciones de poder social, la falta de condiciones igualitarias para el acceso a la educación, entre otros.
Desde el 23 de marzo de 1981 México es parte de los países que ratificaron la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), en donde se estipula que el Estado debe otorgar condiciones de igualdad y con perspectiva de género a las mujeres en todos los ámbitos. Sin embargo, ante los altos índices de violencia y discriminación que sufren las mujeres, es claro que el país sigue careciendo de estrategias nacionales integrales que reduzcan las brechas de desigualdad y las múltiples violencias que las afectan, las cuales se han agravado potencialmente debido a la pandemia por la COVID-19.
Esta brecha de desigualdad de oportunidades laborales y ejercicio de derechos entre mujeres y hombres inicia desde el capital cultural institucionalizado al que las mujeres tienen acceso, lo cual desencadena una brecha salarial intrínseca a la estructura social. Prueba de ello es lo que señala la Encuesta Nacional de Educación y Empleo (ENOE), la cual indica que en inicios del 2020 las mujeres que tenían un nivel educativo que abarcaba hasta el nivel medio superior o superior se enfrentaron a una diferencia salarial del 15% con respecto a los hombres, ya que las mujeres trabajadoras con este nivel educativo ganaban 8 mil 454 pesos mensuales, en comparación a los 10 mil pesos mensuales promedio que reciben los hombres.
Aunado a este panorama de condiciones de desigualdad, según la ENOE, esta pandemia dejó cifras de desempleo que resultan alarmantes en materia de género, pues son 1.3 millones las mujeres (84%) las que perdieron su trabajo, en contraste con los 266,547 hombres (16%) que también dejaron de ser parte del sector económicamente activo. Si bien la demanda de cuidados de los que la mujer es responsable en el hogar ya era amplia antes de la pandemia, esta crisis mundial sanitaria ocasionó que el confinamiento en el hogar extendiera las sobrecargas impuestas culturalmente a las mujeres.
En ese sentido, en el país se reformó durante el 2020 el Artículo 4 constitucional en donde se precisa que el Estado garantizará corresponsabilidad entre mujeres y hombres en las actividades de cuidado y el derecho para decidir la distribución del tiempo propio acorde a sus necesidades e intereses. Sin embargo, a pesar de la existencia de esta reforma, hay una clara ausencia del apego a una normatividad integral en materia de cuidados que procure una articulación interseccional para la regulación del trabajo no remunerado de las mujeres.
Es primordial seguir reivindicando todas aquellas actividades que han sido asumidas en lo “femenino” como parte primordial del desarrollo del país, pues de tal manera se comenzará a desfeminizar los trabajos de cuidado. Ello es importante para lograr una corresponsabilidad que permita que las formas de organizar y concebir los cuidados dejen de ser una sobrecarga para las mujeres.
Falta avanzar en el impulso de leyes para combatir las desigualdades de género a través de principios de accesibilidad y de igualdad sustantiva, en donde se garanticen las condiciones igualitarias que reconozcan los diversos contextos para dejar de favorecer a la estructura de organización tradicional que perpetúa la invisibilización de los trabajos de cuidados y la falta de acceso que las mujeres tienen para formar parte de la población económicamente activa.
En conclusión, al Estado le corresponde darle relevancia al propósito de la reforma constitucional en materia de cuidados, en donde se afiance la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad, pues es el camino más claro para impulsar una transformación social en donde las políticas públicas permitan el uso equitativo del tiempo de las mujeres sin que tengan que estar sujetas a estereotipos de género que las condenen inevitablemente a una vida de desigualdad laboral.
* Jose Antonio y Kassandra Arizai Gutierrez colaboran en el Programa Institucional de Acciones Voluntarias, Prácticas Profesionales y Servicio Social del @CDHVitoria.
Referencias:
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL. (Agosto de 2019). Recuperado de aquí.
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, ONU Mujeres. (Julio de 2018). Disponible aquí.
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), Inegi. (Febrero de 2021). Disponible aquí.
Sistema de Información Legislativa de la Secretaría de Gobierno. Disponible aquí.
Instituto de Estudios Latinoamericanos. (Julio de 2020). Freie Universität Berlin. Disponible aquí.
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