La Ciudad de México entre urgencias e incertidumbres

Este 5 de diciembre entrará en funciones el gobierno de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, que tiene la responsabilidad de atender una agenda urgente en temas relacionados con derechos humanos. Si bien el equipo de gobierno electo ya está trabajando en esos pendientes, el futuro aparece lleno de incertidumbres en cuanto a la importancia y efectividad que le dará a los derechos humanos como objetivo de políticas públicas, así como a la estrategia que elegirá su gobierno en cuanto a las relaciones con las organizaciones de la sociedad civil que damos seguimiento estos asuntos en la ciudad.

Desde las organizaciones civiles, apostamos, por ejemplo, por un Sistema Integral de Derechos Humanos (SIDH) que sea concebido como un mecanismo transversal en todo el ejecutivo, encargado de vigilar que todas las políticas públicas e instituciones de la Ciudad perfilen su acción hacia el cumplimiento efectivo de los derechos. También nos parece imprescindible que la sociedad civil, es decir organizaciones, ciudadanas y ciudadanos estén en el centro del Sistema, mediante mecanismos de participación y que las leyes les reserve un lugar donde podrán influir en las decisiones, por ejemplo en el nombramiento de la persona titular del Sistema.

Por otra parte, el gobierno electo deberá enfrentarse a la tarea de reformar y fortalecer el Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas para la Ciudad. Esta instancia, producto de la Ley de 2012, es encargada de emitir medidas de protección hacia periodistas o defensores de derechos humanos en situación de riesgo por su trabajo. Sin embargo, y a juicio de organizaciones defensoras de derechos humanos, hasta hoy no ha sido eficiente por varias razones: la falta de presupuesto y de personal capacitado, la acumulación y rezago en atención de casos, y el rechazo de parte de la Junta de Gobierno del Mecanismo en construir varios espacios de trabajo previsto por la ley, así como su toma de decisiones de manera unilateral y obstaculización constante al diálogo con las organizaciones que conforman Consejo Consultivo del Mecanismo.

En consecuencia, se sigue criminalizando a los defensores y periodistas. Una reforma de la Ley de Protección de Personas Defensoras y Periodistas está en preparación, así como la consecuente reorganización del Mecanismo: urge que el gobierno electo se comprometa en la construcción de un Mecanismo eficiente y democrático, que escuche las voces de las organizaciones. En particular, será unos de los retos fundamentales el proceso de nombramiento de una nueva persona titular que sea una persona capacitada, atenta a las realidades de las personas defensoras y periodistas,así como ser sensible de aplicar un enfoque integral de derechos humanos.

Sobre la procuración e impartición de justicia y la reparación integral a víctimas de violaciones 

Una de las principales tareas que tiene que atender el gobierno electo es acabar con la impunidad y construir mecanismos que permitan a las víctimas de violaciones de derechos humanos acceder a una justicia real, así como a procesos de reparación integral. Por ejemplo, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria A.C. (CDH Vitoria) junto a otras organizaciones, solicitó la activación de la Alerta de Violencia de Género en la Ciudad para que por fin se adopten medidas concretas y transversales que luchen contra la situación extrema de violencia feminicida y de género que sufren las mujeres en la Ciudad.

El 2 de octubre de 2018 venció el plazo de los seis meses establecidos en el Reglamento para que el gobierno de la Ciudad entregue el informe en el que transparente las acciones implementadas para cumplir las recomendaciones hechas por el Grupo de Trabajo; ese informe debe servir de base a dicho Grupo para que decida si se activa o no la Alerta de Violencia de Género. El Gobierno actual aún no ha entregado el informe, lo que provoca un retraso en la activación de la Alerta que tendría que ser una herramienta que debe responder a una situación de emergencia. Muy probablemente, será el gobierno electo quién tendrá que implementar una estrategia integral para erradicar la violencia hacia las mujeres.

Importante es pensar hasta qué punto el gobierno electo asumirá la efectiva transformación del sistema de justicia en la Ciudad, y ampliará sus capacidades en la lucha contra la impunidad. Un indicador de ello se expresará en cómo se solventará el proceso de transición de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) a la nueva Fiscalía General de Justicia de la Ciudad. La Ley de Fiscalía debe ser publicada el 15 de diciembre de 2018, y nombrado el o la Fiscal a más tardar el 30 de abril 2019. ¿Cómo asegurar que el proceso de transición sea completo y eficaz, y que no se traduzca en un mero cambio de nombre con la reproducción de las mismas lógicas de corrupción e impunidad que prevalecen en la actual Procuraduría?

El futuro equipo de gobierno de Claudia Sheinbaum está planteando tener un periodo de transición de aproximadamente dos años, con una Procuradora de transición que sería encargada de “limpiar” la actual PGJ y preparar el terreno para la entrada en función eficaz de la Fiscalía. Si bien tener un periodo de transición parece lógico, nos preocupa tanto su extensa duración como la forma en que se pretende llevar a cabo. Se hace urgente apegarse a la nueva Constitución de la Ciudad de México, sin pasarla por alto: es el Consejo Judicial Ciudadano el encargado de proponer una terna de candidatos para la persona titular de la Fiscalía. Este órgano, compuesto por representantes de organizaciones académicas, civiles y sociales, es una de las claves para garantizar que la esfera civil y los ciudadanos estén representados en la toma de decisión y que, por lo tanto, la Fiscalía sea un instrumento eficaz y al servicio del bien común, y no un espacio controlado por grupos de intereses particulares. En razón de esto, también falta información al respecto de la implementación del Consejo Judicial Ciudadano cuyos miembros deben entrar en función el 31 de diciembre.

Para terminar, una de las tareas más urgentes que tiene que atender el gobierno electo en el ámbito de impartición de justicia y reparación integral, es la creación de la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad. La Ley General de Víctimas, adoptada en 2013, pedía a todas las entidades federativas que crearán una Comisión que pueda atender y ofrecer reparación integral a las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos. Cinco años después, la Ciudad de México sigue sin tener una Comisión, lo que provoca que se orienten a todas las víctimas hacia la comisión federal, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). Ésta, además de verse desbordada por el número de víctimas a atender, se encuentra en una situación de gran debilidad institucional: por consecuencia, las víctimas de violaciones a derechos humanos no reciben la debida atención en la Ciudad.

Si bien bajo el gobierno actual empezó un proceso de creación de una comisión de la ciudad, las organizaciones que formamos parte del Observatorio Ciudadano sobre Derechos de las Víctimas habíamos expresado nuestra preocupación frente a un proceso opaco, unilateral, sin concertación alguna con las víctimas o la sociedad civil. Desde el CDHVitoria, le recordamos al gobierno electo que tiene que respetar la ley, que establece claros criterios y condiciones de conformación de la Comisión: en ningún caso la Comisión puede ser una institución débil, como lo parecen sugerir las omisiones que hasta ahora han cometido quienes aún están en el gobierno o los retrasos del Congreso de la Ciudad para atender este tema. También insistimos en que es fundamental que la sociedad civil y las víctimas puedan influir en la construcción de la Comisión, por ejemplo en el nombramiento de la persona titular.

Para concluir, está claro que al gobierno electo le esperan tareas tan numerosas como importantes en la construcción de una institucionalidad donde se garanticen los derechos humanos y se respete la nueva Constitución Política. Lo que queda menos claro es en qué medida está presente la voluntad política de llevar a cabo de manera eficaz y democrática esas tareas. El gobierno electo tiene además la responsabilidad de fortalecer el trabajo de la sociedad civil en estos procesos, no solamente porque su participación quedó plasmada en varios artículos de la Constitución, sino también porque son las y los ciudadanos y parte de la sociedad civil quienes les han confiado el poder en las instituciones: traicionar su confianza sería tomar el riesgo de un fracaso de un proyecto progresista y de izquierda institucional, lo que, como lo vemos ahora en Brasil, puede tener consecuencias gravísimas para todo un país.