El Estado mexicano tiene una deuda histórica con los pueblos indígenas por el incumplimiento y agravio de sus derechos, es por esto que se le pide al gobierno de AMLO realizar una reforma constitucional que atienda a las peticiones y necesidades de estas comunidades.
Editoriales | Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada
Web original | Imagen : CDH Vitoria
Por: Miguel Concha
Sábado 14 de agosto de 2021
El pasado 9 de agosto conmemoramos el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Recordamos la importancia de construir sociedades justas e incluyentes en las que la diversidad, respeto y cuidado sean elementos centrales. Fue una invitación para tener presentes las raíces de nuestra historia, ya que la memoria es una de las bases para la construcción de un mundo con paz, justicia y dignidad, especialmente para los pueblos y comunidades indígenas.
En este sentido, la firma de los acuerdos de San Andrés Larraínzar, entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y representantes del gobierno del entonces presidente Ernesto Zedillo, marcó lo que habría sido el inicio de una etapa crucial en la lucha por el reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, el incumplimiento del Estado mexicano ha constituido una deuda histórica que aún no ha sido saldada.
Ante esto, los pueblos y las comunidades han desarrollado estrategias para fortalecer y defender sus derechos colectivos. Entre las demandas fundamentales se encuentra el reconocimiento, dentro de la Constitución, de sus instituciones y su libre determinación, en tanto elemento central para la transformación social y política. Y es así como el pasado 24 de septiembre se hizo pública la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (Aldea), conformada por pueblos, comunidades, organizaciones indígenas, campesinas y civiles de más de 10 entidades del país, pertenecientes a las etnias tsotsil, tseltal, lacandona, tenek, nahua, maya, hñähñu, purépecha, na savi, tepecano, wixárika, zapoteca, yaqui, mixe y me’phaa. Uno de los objetivos centrales de Aldea es construir estrategias que fortalezcan el marco jurídico de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y con ello mejorar sus herramientas de defensa y vida, y el reconocimiento de sus derechos.
Sus demandas se resumen en 10 puntos que, de ser reconocidos constitucionalmente, aportarían a la construcción de sociedades incluyentes y justas. Éstos son: 1. Reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público; 2. Garantía del derecho a la libre determinación y autonomía indígena; 3. Reconoci-miento y garantía de los sistemas normati-vos y de seguridad de los pueblos; 4. Reconocimiento, garantía y protección del derecho a las tierras y territorios indígenas;5. Reconocimiento y garantía del derecho a decidir sus formas de vida y desarrollo;6. Respeto y garantía del derecho al consentimiento libre e informado de los pueblos y comunidades indígenas; 7. Garantía a la participación de los pueblos y comunidades en la toma de decisiones del Estado; 8. Establecer una relación entre el Estado y los pueblos en condición de respeto e igualdad; 9. Participación de la mujer indígena en la toma de decisiones y ejercicio pleno de sus derechos, y 10. Respeto y garantía de los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos y comunidades.
En el contexto del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, Aldea hizo también un llamado al presidente AMLO para impulsar una reforma constitucional sobre los derechos de los pueblos indígenas, compromiso que asumió al inicio de su mandato. Exhortó igualmente al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y al Congreso de la Unión para que dicha reforma sea presentada a comienzos de la siguiente legislatura, se establezca como tema prioritario de la agenda legislativa y se avance resueltamente en su aprobación.
Si bien es cierto que en los hechos los pueblos y comunidades indígenas siguen construyendo su autonomía a través del autogobierno, la aplicación de sus sistemas normativos propios y el respeto a la integridad de sus territorios y bienes comunes, con esta reforma se saldaría parte de la deuda histórica del Estado mexicano con ellos, mediante el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés Larraínzar y el establecimiento de una relación de respeto e igualdad entre los pueblos y el Estado. La Alianza considera que la reforma constitucional es también clave para enfrentar la violencia presente en el territorio nacional, ya que busca fortalecer el autogobierno indígena, el control de sus territorios y bienes comunes, y la aplicación de sus sistemas propios de seguridad y justicia.
Al ser reconocidos como sujetos plenos de derecho público, con capacidad para darle toda la fuerza jurídica a sus decisiones comunitarias, así como para contar y disponer con presupuestos propios, se rompería con el tutelaje colonial del Estado. Es fundamental que la reforma preserve el espíritu de los acuerdos de San Andrés, y se alinee con instrumentos internacionales, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, así como con los aportes realizados por pueblos, comunidades y autoridades indígenas de los estados del país durante el proceso previo de construcción de la propuesta.
