Bayer-Monsanto y otras empresas pretenden mentir a los Tribunales mexicanos
Empresas transnacionales generan y presentan pruebas a modo, en demanda para la defensa del maíz mexicano. Este proceso judicial es importante para proteger la biodiversidad en el lugar de origen del maíz. Desde 2008, distintas empresas transnacionales como Bayer (Monsanto), Syngenta, PHI México (filial de Pioneer-Dupont), y Dow Agrosciences, han solicitado al Gobierno Mexicano a través de la SAGARPA (ahora SADER) y SEMARNAT, permisos para sembrar maíz transgénico a gran escala, ignorando los riesgos y daños irreversibles al maíz nativo y a la sociedad mexicana consumidora del maíz. Frente a este peligro, en 2013 diversos movimientos campesinos, científicos, y organizaciones defensoras de derechos humanos, interpusieron una demanda de acción colectiva para asegurar la conservación y diversificación del maíz nativo, que quedó radicada en el Juzgado 12º. de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México, con el número de expediente 321/2013. Desde ese momento existe una suspensión judicial, pendiente de resolución en la SCJN, que ha impedido la siembra del maíz transgénico en todo el territorio mexicano. El juicio principal se encuentra en la etapa de preparación de pruebas, donde las empresas transnacionales presentaron artículos científicos con traducciones amañadas, omitiendo de forma intencionada puntos de gran importancia para distorsionar las evidencias científicas presentadas por diversos investigadores. Por ejemplo, el estudio que los científicos Mauricio R. Bellon y Julien Berthaud publicaron en 2004, fue tergiversado desde su traducción, además de cambiar el sentido de su investigación, para ocultar la advertencia de que precisamente el proceso que mantiene la diversidad del maíz puede causar incertidumbre sobre los efectos que genera la siembra de maíz transgénico. Las empresas transnacionales han afirmado falsamente que es posible una convivencia entre maíz transgénico y maíz nativo en México, sin daños a la diversidad genética de tan importante cereal. Quieren ignorar que la diversidad en el país se formó y se mantiene en gran parte por el intercambio de semillas y que ese mismo intercambio, además de lo polinización abierta, puede generar combinaciones nuevas y acumulación de transgenes en el maíz en todo el país. Los riesgos a la salud y el medio ambiente de estas combinaciones en los maíces nativos no se han evaluado suficientemente y los científicos han descrito lo que puede pasar pero esas partes han sido cortadas de las publicaciones traducidas para los jueces. Nos preocupa que la decisión final de este proceso judicial pueda ser tomada basándose en pruebas con traducciones a modo que podrían limitar las decisiones del Tribunal, lo cual sería muy grave para México a nivel internacional, ya que en diversos países este tipo de litigios son asumidos con toda responsabilidad. Exhortamos a la comunidad científica y a los Tribunales a contribuir en la corrección de dichas pruebas a modo. Es una falta de respeto al trabajo científico entregar las publicaciones mutiladas a los jueces y pretender manipular las ideas planteadas y las resoluciones de los jueces. En México, el maíz forma parte del 69% del sostenimiento de alimentación de la población general, siendo consumido en su mayoría sin procesamiento industrial. Nuestro país es el centro y origen de la diversificación constante del maíz, contando con las reservas genéticas más importantes del mundo, y como resultado de una herencia milenaria de la interacción entre las comunidades humanas y los ecosistemas agrícolas. México representa un escenario único en el que el maíz se siembra en diversos sistemas agroecológicos, al tiempo que se plantan como monocultivos industriales masivos y sin transgénicos. Necesitamos cuidar nuestro maíz y entender los procesos que solo en nuestro país se presentan para proteger su diversidad. oOOo Demanda Colectiva del Maíz Para más información : David Rivero Fragoso Cel. 5513728021 Adelita San Vicente Tello Cel. 5526537700 Imagen destacada : Demanda Colectiva Maíz
Alianza por la tortilla
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] En nuestras manos está la responsabilidad de decidir lo que queremos consumir, y la de defender al maíz como un patrimonio nacional, ya que existen en el país alrededor de 65 razas diferentes. Defendamos pues nuestra salud y nuestra biodiversidad cultural. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 09 de junio de 2018 Miguel Concha Cuando se habla de alimentación, pocas veces se piensa que ésta sea una cuestión de derechos humanos, y, por ende, de legislación y política pública que atienda las obligaciones del Estado para garantizarla y protegerla. Esto es de suma importancia y urgencia, dado que actualmente se observan graves afectaciones a la salud de la población, como el incremento de la obesidad, la desnutrición y la diabetes, por mencionar algunos de los padecimientos más comunes. En la dieta de los mexicanos siempre ha existido un consumo considerable de alimentos preparados a base de maíz, siendo la tortilla el más ordinario. A pesar de ello, en el panorama nacional podemos observar desgraciadamente el gradual abandono de la dieta tradicional mexicana y de tradiciones culinarias cuya base es el maíz. Que bien podría llamarse el alimento milenario de México y de toda la región mesoamericana. Para la elaboración de tortillas es necesario que el maíz pase por un proceso llamado nixtamalización, que se lleva a cabo desde hace 3 mil 500 años aproximadamente, y consiste en la cocción del maíz con agua y cal para obtener así el nixtamal, el cual se muele para dar origen a la masa de maíz. Se ha comprobado científicamente que este proceso da lugar a cambios nutricionales en la tortilla, aumentando hasta 30 veces la cantidad de calcio, dando como resultado un alto valor nutritivo a nuestras tortillas nixtamalizadas, pues también son fuente de fósforo, hierro, zinc, fibra y proteínas, así como de vitaminas B1, B2 y B3. Pero, ¿qué pasa cuando el proceso de elaboración de la tortilla no se da de esta forma? Lo primero que notamos es un cambio sensible en su sabor, ya que al incluir productos procesados en su elaboración, o al ser resultado de algún tipo de maíz transgénico, pierde las propiedades naturales que la caracterizan, disminuyendo con ello su sabor original y sus propiedades nutritivas, llegando incluso a generar a largo plazo daños en el organismo a causa de los tóxicos que contiene. Ello no obstante, son pocas las veces en las que nos ponemos a pensar de dónde provienen las tortillas que consumimos. Algo realmente alarmante, pues gran parte de ellas contienen harinas procesadas, o dejan de ser completamente provenientes del maíz nativo y criollo, pues los cultivos son por lo general transgénicos, aunados muchas veces al uso de insecticidas y pesticidas. Todo esto ha sido de poca o nula importancia para el Estado, que no ha llevado a cabo acciones para difundir la información acerca de la procedencia, ingredientes, procesos, aditivos y sustancias tóxicas de las tortillas industrializadas que se consumen a diario, violentando con ello el derecho a la información que tienen los consumidores para conocer la composición de los productos, sus características, calidad, precio real y riesgos que puedan representar. De igual manera, es importante mencionar que todas las personas que habitamos o transitamos por México tenemos derecho a recibir información por parte del Estado sobre una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, y a contar con las condiciones suficientes en el país para producir maíz y tortillas de calidad y libres de riesgos para la salud. Por desgracia hoy en México este derecho a la alimentación y a la tortilla no está siendo garantizado, ya que, como se ha dicho, la tortilla industrializada contiene elementos químicos que generan daños a largo plazo en la salud, tanto de quienes la consumen como de quienes la producen, y daños al medio ambiente y a la biodiversidad. El suelo donde nacen las semillas de maíz, contaminado con agrotóxicos, pone en riesgo la calidad del alimento, así como la vida de los animales que habitan dentro del área. Siendo ésta una de las principales razones para apostar por los policultivos, es decir, cultivos vistos como pequeños ecosistemas, como por ejemplo el sistema milpa, en los que no se cosecha un único producto, sino múltiples, que a su vez favorecen la diversidad de plantas herbáceas y evitan de esta forma la susceptibilidad que los monocultivos tienen a las plagas, evitando así el uso de insecticidas o pesticidas. Este método, usado por nuestros ancestros se llevaba a cabo con éxito y sin la necesidad de productos ajenos durante su cultivo, pues se pensaba acertadamente que en la naturaleza existía un balance tan armónico y perfecto que no había necesidad de ellos. Por esta preocupación, y por los riesgos a la salud que las tortillas industrializadas pueden causar, por el uso de productos químicos, diversas organizaciones han decidido sumar voces y acciones para defender de la agroindustria al maíz mexicano y evitar la inclusión de productos químicos o procesados durante la elaboración de las tortillas. Y esto, para defender las tortillas que queremos. Quienes integran la Alianza por la Tortilla buscan exigir al Estado que garantice nuestros derechos como mexicanos, y en general como consumidores, toda vez que observamos que no se respeta nuestro derecho a decidir sobre los productos que deseamos consumir y no existe información sobre su procedencia. Debido a la falta de producción de tortillas cien por ciento nixtamalizadas, y a la ausencia de apoyos del Estado a los productores campesinos, se impone otro modelo alimentario. En nuestras manos está también la responsabilidad de decidir lo que queremos consumir, y la de defender al maíz como un patrimonio nacional, ya que existen en el país alrededor de 65 razas diferentes. Defendamos nuestra salud y nuestra biodiversidad cultural, pues también origina la diversidad gastronómica que poseemos, considerada patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Thomassin Mickaël [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Con albazo y sin consulta Diputados de PVEM y PRI buscan aprobar Ley General de Biodiversidad
– Violatoria de derechos humanos y al servicio de intereses privados; industria minera, energética, biotecnológica y farmacéutica las más favorecidas. – Habilita el despojo a los Pueblos indígenas y comunidades campesinas. – Pone en riesgo Áreas Naturales Protegidas y especies prioritarias para la nación. Este lunes 26 a las 11 de la mañana, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Comarnat) de la Cámara de Diputados, presidida por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), pretende aprobar, en fast track, la Minuta de Ley General de Biodiversidad (LGB). Ésta abre la puerta a violaciones a derechos humanos y derechos indígenas; además, vulnera ecosistemas y especies ya de por sí amenazadas. Organizaciones campesinas, indígenas, civiles, académicas y ciudadanía en general, interesadas en garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano, a través de la Coalición Ciudadana ante la Ley General de Biodiversidad, hemos señalado constantemente las deficiencias de esta propuesta. El jueves 22 de febrero, el diputado presidente de la Comarnat, Arturo Álvarez Angli del PVEM, convocó la reunión para aprobar el “dictamen sin cambios”. La premura del proceso y el llamado urgente a votación pone en evidencia una fuerte presión para que la Minuta sea aprobada en sus términos. Además, la falta de transparencia y apertura del proceso legislativo, pone en evidencia conflictos de interés por parte de las y los legisladores que la impulsan. La votación de la Minuta busca llevarse a cabo sin que haya mediado un proceso de análisis y consulta de los pueblos indígenas y campesinos, e ignorando el mandato de la Mesa Directiva de la Cámara que requirió Opinión de las Comisiones de Asuntos Indígenas (presidida por el PRI) y de Cambio Climático (presidida por el PAN). A continuación se exponen algunas de las principales deficiencias de la Minuta: -Omite derechos de los pueblos indígenas previstos en el artículo 2 y otros de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. . – Se fundamenta en el Artículo 73 XXIX-G de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que da facultades al Congreso para Legislar en materia de protección al ambiente y preservación ecológica, pero no en materia indígena. – Pretende privatizar los recursos genéticos del país y también el conocimiento de los pueblos indígenas, esto último, sin su consulta y consentimiento. -Debilita las Áreas Naturales Protegidas y los programas de protección de especies en riesgo al desestimar la causa de utilidad pública para la conservación y privilegiando los intereses de la minería y la industria energética. -Adolece de mecanismos certeros y adecuados para garantizar los derechos a la información y a la participación ciudadana. Propone la instauración de un Consejo Nacional a modo donde no se distingue entre campesinos, indígenas, mujeres o jóvenes ni entre personas y organizaciones. – Contraviene acuerdos internacionales como el Convenio de Diversidad Biológica, la Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. – Lejos de implementar el Protocolo de Nagoya lo aplica de manera laxa y creando conflictos entre las comunidades. – Dificulta la implementación del Acuerdo de París, derivado de la Convención Marco de Nacines Unidas para el Cambio Climático, el cual es de carácter transversal y requiere de una coherencia legislativa a nivel nacional. – Limita las posibilidades de que el Gobierno mexicano cumpla con los Objetivos del Desarrollo Sostenible y con ello menoscaba la puesta en acción de la Agenda 2030. Debido a lo anterior, la Coalición Ciudadana ante la Ley General de Biodiversidad, exige a la Cámara de Diputados que abra la revisión de esta Minuta a la participacipación de la sociedad; en particular a los pueblos indígenas quienes serán impactados directamente por la aprobación de esta Ley. Las y los legisladores tienen el mandato de representar a la sociedad, no solo a los intereses económicos de grupos empresariales. Pero, en el Senado y en la Cámara de Diputados parece que la norma es lo contrario. Basta recordar que esta iniciativa de ley fue propuesta, y sigue siendo promovida, por la Senadora Ninfa Salinas, parte de Grupo Salinas. Por ello, las organizaciones y personas firmantes requerimos a los Partidos Políticos en la Cámara de Diputados a detener el albazo promovido por el PVEM con apoyo del PRI, y exigir la consulta amplia. Nuestro país exige transparencia, participación y rendición de cuentas, no procesos legislativos a escondidas. Por ello, invitamos a la ciudadanía a informarse de lo que hay en juego con esta Ley y sumarse en esta petición para detenerla. Imagen destacada (modificada) : Pablo Sierra
Contra abusos moleculares masivos
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 13 de enero de 2018 Miguel Concha En estos tiempos, en los que se normalizan diatribas, se formalizan alianzas inexplicables, se difunden revelaciones de corrupción, se ejecutan actos represivos, y se propagan promesas de esperanza y propuestas de cambio, debemos, ante la incertidumbre que circunda a tiros y troyanos, mantener la defensa de los derechos humanos. Si bien unos como artífices, y otros como opositores, lo cierto es que ni propios ni extraños aciertan a superar el conservadurismo que supone pretender resolver la problemática nacional desde una sola silla. Proteger por ello en resistencia los derechos fundamentales desde las vías social y jurídica, y por medio de las innovadoras redes sociales, representa un contrapeso liberal imprescindible. Para ejemplificar la anterior afirmación, podemos citar el caso de los juicios de acción colectiva. El objetivo de este mecanismo legal consiste en abrir una vía para que los ciudadanos puedan enfrentar los abusos masivos que pueden perpetrar corporaciones privadas o públicas, sin que los ciudadanos dependan de la voluntad política de los legisladores, partidos o gobierno alguno. Esta independencia civil permite evitar convertirse en rehén o moneda de cambio de intereses electorales legítimos o bastardos, de politiquerías o decisiones de Estado. Un grupo de treinta ciudadanos afectados o una organización civil registrada, pueden representar a un grupo social, incluso a toda la población nacional, y hasta a las generaciones futuras, sin necesidad de nombramiento alguno. La representación permite confrontar a un sector del gobierno o de la industria trasnacional contra alguna política comercial y/o pública que tenga aplicación en una comunidad o en todo el país. A pesar de tener un origen puramente civil o ciudadano, esta representación colectiva tiene el carácter de interés público que la ley le confiere. Eso sí, debe actuarse con diligencia, pericia y buena fe, sujetos además a la supervisión de los jueces. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció en la sentencia 28/2013 que las acciones colectivas tienen como objetivos garantizar el acceso a la justicia, proporcionar economía procesal y generar en la sociedad un efecto disuasivo ante abusos masivos. Explica que existen reclamos que individualmente apenas podrían ser llevados a juicio por su bajo valor económico, y porque las personas afectadas pueden no tener los medios necesarios para hacer valer sus derechos en juicio. Cuantía que hace incosteable un litigio individual. Por ello los ministros de la SCJN definieron que los juicios colectivos permiten enfrentar de mejor forma el desproporcionado poder económico de los grandes consorcios comerciales, y desincentivar prácticas masivas ilícitas que estos agentes económicos realicen, ya que si éstas son combatidas colectivamente, la reclamación puede ser mayor al beneficio obtenido ilícitamente. De esta manera las acciones colectivas proporcionan eficiencia al sistema jurídico, puesto que múltiples juicios son sustituidos por uno solo. En otras palabras, cualquier agente económico, incluyendo a las entidades públicas que por algún beneficio ilícito se aprovechen de su desproporcionado poderío, puede ser juzgado en los tribunales por el simple hecho de que le demanden treinta personas. Y como es obvio, esta vía no está sujeta a la voluntad o incluso a omisiones de buena fe, de actores políticos. Por el contrario, litigar un juicio colectivo significa una responsabilidad legal con carácter de interés público. En nuestro caso, un grupo de 53 científicos, campesinos, defensores de derechos humanos, consumidores y abogados, así como una veintena de organizaciones de la sociedad civil, decidimos en 2013 defender las reservas genéticas de los maíces nativos y sus parientes silvestres –únicos en el mundo–, frente al poderío de toda la industria trasnacional y el gobierno federal, que pretenden sembrar maíz genéticamente modificado. Acción que de forma irreversible alterará molecularmente tales reservas. Podemos afirmar que la intención de liberar maíz transgénico en millones de hectáreas equivale a un abuso masivo de carácter molecular, porque altera el patrimonio biocultural heredado por miles de años, y porque al ser introducido de forma permanente en su descendencia, utilizando una tecnología que rebasa las barreras naturales de reproducción o recombinación de los seres vivos, impide el acceso de todos los mexicanos, e incluso del mundo, a las reservas genéticas del cultivo más importante del planeta. La desproporción entre las partes es manifiesta. La posibilidad de que un solo individuo que se represente a sí mismo haga frente al interés particular trasnacional, con la complicidad del gobierno federal es nula. Por ello un colectivo compacto, que por ley representa a la población nacional y a las generaciones futuras, tiene la posibilidad de exigir a los tribunales que equilibren las fuerzas en el juicio colectivo. Así las cosas, respetuosamente, y con base en la ley, exigimos a la SCJN que, con base en los principios que ella misma estableció, estudie la pretensión de la industria trasnacional –encabezada en esta reclamación por Dupont–, de declarar inconstitucional la fracción IV del artículo 610 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que regula un tipo de medidas cautelares, con la clara intención de conculcar el derecho humano colectivo de la población mexicana y de las generaciones futuras de conservar, utilizar e intercambiar libremente las reservas genéticas de los maíces nativos y sus parientes silvestres. Caso que ordenó remitirle el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por considerarse incompetente para estudiar la constitucionalidad de una ley federal. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada:CEJMéxico [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Alerta: siembra de maíz transgénico se podría decidir este viernes 24
ALERTA: SIEMBRA DE MAÍZ TRANSGÉNICO SE PODRÍA DECIDIR ESTE VIERNES 24 Ciudad de México, 12 de julio de 2017 A votación la medida precautoria que ha mantenido suspendida la siembra de maíz transgénico en México. Futuro del maíz en manos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito Afectaciones irreversibles si se autoriza sembrar millones de hectáreas Este viernes 24 de noviembre los magistrados José Rigoberto Dueñas Calderón, María del Carmen Aurora Arroyo Moreno y Marco Antonio Rodríguez Barajas, que integran el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, decidirán si se conserva la medida cautelar que ha mantenido suspendida la siembra de maíz transgénico por más de 4 años en todo el país. La suspensión judicial fue solicitada por un colectivo de científicos, campesinos y defensores de derechos humanos que en 2013 promovieron una demanda de acción colectiva. Hasta el momento la acción ha soportado 26 juicios de amparo y decenas de impugnaciones del gobierno federal y de la agroindustria en 17 tribunales federales. Los ojos del mundo están puestos sobre México, nuestro país es centro de origen y diversificación constante del maíz. Hoy contamos con las reservas genéticas más importantes en el mundo, que se mantienen como resultado de una herencia milenaria de la interacción entre las comunidades humanas y los ecosistemas agrícolas. México representa un escenario único en el que uno de los cultivos más importantes del mundo se siembra en diversos sistemas agroecológicos en algunas áreas, al tiempo que se plantan como monocultivos industriales masivos y sin transgénicos, en otros. Para México el maíz constituye el 69% del sostenimiento alimentación de toda la población y en su mayoría lo comemos sin procesamiento industrial. Por otro lado, el 66% de toda la superficie cultivada en el país corresponde a maíz. Consumimos como alimento tres cuartas partes del maíz blanco que producimos, al tiempo que destinamos como forraje el 75% de maíz amarillo mayormente importado. Sin embargo, en el mundo el maíz como alimento apenas alcanza el 13%, mientras que como forraje alcanza el 56%. Puede decirse que en México el maíz es un alimento básico y corazón del cocina tradicional reconocida por la UNESCO como patrimonio de la humanidad, mientras que el mundo lo utiliza como forraje. Esta diferencia en la utilización del maíz, aunada al carácter de país de origen, representan la importancia de conservar nuestros maíces nativos y de evitar el riesgo de la siembra de maíces transgénicos en más de tres millones de hectáreas. ¿Se mantendrá la medida cautelar otorgada desde septiembre de 2013, por lo menos mientras el juicio principal se resuelve? o ¿se levantará la medida, provocando afectaciones irreversibles en la conservación, utilización e intercambio de maíces nativos y sus parientes silvestres, además de los riesgos para la salud? Informes: René Sánchez Galindo, 55-5436-4248 Francia Gutiérrez Hermosillo Comisión de Comunicación Demanda Colectiva Maíz
