Una deuda pendiente de verdad y justicia

Editoriales | ūüďį Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada

Web original | ūüď∑ Imagen : 2do Encuentro

A ra√≠z de las violaciones graves a sus derechos humanos, la comunidad de Arantepacua avanz√≥ en la b√ļsqueda de la libre autodeterminaci√≥n a trav√©s de la designaci√≥n de un gobierno aut√≥nomo.


Por: Miguel Concha

S√°bado ūüďÖ

28 de marzo de 2020

Hoy se cumplen tres a√Īos de las agresiones cometidas por parte de elementos de la Secretar√≠a de Seguridad P√ļblica de Michoac√°n contra la comunidad pur√©pecha de Arantepacua, ubicada en el municipio de Nahuatzen. Ante la detenci√≥n arbitraria de 38 de sus integrantes el 4 de abril de 2017, justo despu√©s de una reuni√≥n con la Secretar√≠a de Gobierno del estado ‚Äďcon la que se buscaba una soluci√≥n amistosa respecto a la delimitaci√≥n territorial entre las comunidades de Arantepacua y Cap√°cuaro‚Äď ese operativo reprimi√≥ el derecho a la protesta de la comunidad.

Dichas agresiones dieron como resultado tambi√©n la violaci√≥n grave a los derechos humanos y las¬†ejecuciones¬†extrajudiciales de Jos√© Carlos Jim√©nez Cris√≥stomo, Francisco Jim√©nez Alejandre, Santiago Cristiano Luna y de un joven menor de 18 a√Īos, Luis Gustavo Hern√°ndez Cohenete. Despu√©s de actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de los polic√≠as de la entidad; otras personas fueron igualmente lesionadas, detenidas arbitrariamente y vulneradas en su integridad f√≠sica y sicol√≥gica.

A raíz de las violaciones graves a sus derechos humanos, la comunidad de Arantepacua buscó, como una forma de hacer justicia, y ante la impunidad e indolencia de las autoridades estatales encargadas de garantizar sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición y su derecho a la libre autodeterminación por medio de la designación del Consejo de Autoridades Comunales.

Y de esta manera, las autoridades comunales e integrantes de la Comisión de Justicia de la comunidad de Arantepacua se vincularon con otras víctimas, organizaciones, colectivos y movimientos sociales, con la finalidad de exigir una verdadera justicia no sólo para su comunidad, sino para todas las víctimas y sobrevivientes del país. Lo cual originó la articulación del segundo Encuentro Internacional de Defensores y Víctimas de Violaciones Graves a los Derechos Humanos, celebrado en abril de 2019, precisamente en Arantepacua, Michoacán.

Derivadas de los acuerdos de este segundo encuentro, se realizaron diversas movilizaciones pac√≠ficas ese mismo a√Īo, tanto en la capital de Michoac√°n, como en la Ciudad de M√©xico, para impulsar mesas de trabajo en el √°mbito federal, con la Comisi√≥n Nacional de los Derechos Humanos; la Subsecretar√≠a de Derechos Humanos, Poblaci√≥n y Migraci√≥n, de la Secretar√≠a de Gobernaci√≥n; el Mecanismo de Protecci√≥n Para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y la Comisi√≥n Ejecutiva de Atenci√≥n a V√≠ctimas, estas dos √ļltimas instancias adscritas a la Subsecretar√≠a mencionada.

A pesar de que las gestiones realizadas por parte de la Comisi√≥n de Justicia de Arantepacua han buscado siempre la reivindicaci√≥n de la memoria, as√≠ como la b√ļsqueda de la verdad y la justicia para la comunidad, a trav√©s de la apertura de mesas de interlocuci√≥n con distintas autoridades, estas √ļltimas se han quedado cortas para atender y responder adecuadamente a las necesidades de las v√≠ctimas y sobrevivientes, quienes, dicho sea de paso, siempre deben ser reconocidas como¬†colectividad, debi-do a las especificidades culturales de Arantepacua, en tanto comunidad ind√≠gena pur√©pecha.

A ello también se suma la falta de mecanismos generales que propicien la participación de las víctimas bajo un esquema de horizontalidad, mismo que les permita desarrollarse como sujetos de derechos capaces de generar propuestas dirigidas a obtener no sólo verdad y justicia, sino también a retomar y reconstruir sus proyectos de vida.

En este sentido, es necesario enfatizar que el acceso a la justicia es el pilar fundamental de todo estado de derecho, independientemente del contexto por el que la nación atraviese, ya que es reconocido como una norma de ius cogens (derecho imperativo o necesario) en el contexto del derecho internacional de los derechos humanos; por ejemplo, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (https://bit.ly/39yFCxH).

Por lo que el Estado mexicano debe emplear todos los recursos necesarios para garantizar la justiciabilidad, disponibilidad, accesibilidad, calidad, rendición de cuentas, así como un recurso sencillo y efectivo, como parte del cumplimiento de los componentes esenciales del derecho de acceso a la justicia. Y con ello evitar prácticas que tiendan a denegar y limitar su acceso a las víctimas.

Por lo expuesto anteriormente, y aprovechando el llamado que ha lanzado el Estado mexicano a la organizaci√≥n social y a la solidaridad ante el actual estado de emergencia sanitaria para atender y salvaguardar la vida de la poblaci√≥n que vive y transita por el pa√≠s, se exhorta igualmente a las autoridades de todos los √°mbitos y niveles, y a la sociedad en general, a reflexionar sobre la necesidad de extender dicho llamado para acompa√Īar especialmente a las v√≠ctimas y sobrevivientes, as√≠ como a grupos, pueblos y comunidades que han sido afectados por la desigualdad, la violencia y las injusticias, como √ļnica v√≠a para la construcci√≥n y materializaci√≥n de la justicia social.