Día Nacional del Maíz
29 de septiembre: Día Nacional del Maíz 29 de septiembre de 2016 Por un nuevo modelo agroalimentario con base en los pequeños productores, el respeto a la propiedad social de la tierra, la agroecología y el derecho a la alimentación. Rechazamos la imposición de transgénicos que amenaza a los campesinos, a nuestro patrimonio biocultural y a nuestro derecho a un medio ambiente sano. Exigimos la prohibición de los agroquímicos altamente tóxicos. Demandamos el fin de la chatarrización de nuestro sistema alimentario y de la publicidad engañosa de alimentos. Alto a los megaproyectos de muerte en los territorios rurales. No al fracking ni a la minería tóxica. No a la privatización del agua. Rechazamos el recorte presupuestal al campo. Mejor recortar el NAICM, el palacio del INE, a gastos de comunicación social y a los privilegios de los altos funcionarios de los tres poderes. Exigimos al Senado no ratificar el Tratado de Asociación Transpacífico; sería una traición a los campesinos, a los derechos humanos y a México. Hacemos un llamado a impulsar la confluencia de los movimientos campesinos contra el neoliberalismo, el extractivismo y el poder antidemocrático de las corporaciones. El Día Nacional del Maíz es una propuesta ciudadana lanzada desde la Campaña Nacional Sin Maíz no Hay País (CNSMNHP), donde miles de mexicanos y mexicanas recordamos el 29 de septiembre, día en que se conmemora el maíz y la milpa que producen las familias campesinas e indígenas, que constituyen una alternativa productiva, social y ecológica al modelo agro-ecocida de la revolución verde, del TLCAN y el neoliberalismo que han impuesto los gobiernos federales desde 1982 a la fecha y que sólo producen desigualdad, pobreza, hambre e inseguridad. Celebramos el Día Nacional del Maíz en el marco de otro sexenio perdido para el campo y en medio de la confluencia de múltiples crisis en nuestro país y en el mundo que configuran una verdadera crisis general sin precedentes en el último siglo. Hay una profunda crisis de credibilidad y legitimidad del gobierno mexicano; la fuga de capitales y la devaluación amenaza con un mayor estancamiento y colapso de la economía nacional; la inseguridad e impunidad se han afincado y generalizado en todo el país; la corrupción es ahora la principal función de los tres niveles de gobierno encabezada por el presidente y su gabinete; se vive una crisis de derechos humanos sin precedentes; la desigualdad y pobreza aumentan año con año; el cambio climático amenaza recurrente y crecientemente la producción alimentaria, la vida de las personas, la infraestructura y la vivienda de vastas zonas del país. Vivimos, en resumen, una tormenta perfecta que nos exige no sólo resistir y persistir en nuestras demandas inmediatas, sino ahora debemos plantearnos la necesidad de una salida social, democrática, sustentable y pacífica a la crisis de un régimen autoritario, neoliberal, corrupto y capturado por las corporaciones trasnacionales. Como Campaña irrumpimos en el escenario de la política nacional con el lema “Sin maíz no hay país”. Ahora también decimos: “Sin país no hay maíz”. Hoy más que nunca se hace necesario convocar a todas y todos los mexicanos a revertir el modelo agroalimentario desgastado y envejecido que representa e impulsa el gobierno de Enrique Peña Nieto. El Día Nacional del Maíz nos permite acercar el surco a la banqueta, y que desde el campo y las ciudades, apoyemos a las familias, comunidades y organizaciones que trabajan a diario por la preservación de suelos, semillas y que son los protagonistas de la alimentación y de la educación agroalimentaria. Sin embargo el valor de la vida campesina, del maíz, de la milpa y, en general, de los modos familiares y comunitarios de producción y cultura son excluidos del proyecto de nación. Los pocos o nulos estímulos a la producción campesina, con un enfoque asistencialista y clientelar, siguen expulsado a millones de cultivadores y pobladores del campo. La agroindustria, las mineras y la voracidad de los grandes consorcios internacionales despojan a comunidades y pueblos enteros de tierra, agua, bosques y recursos naturales. Los pueblos indígenas y campesinos han sido reducidos a ser proveedores subordinados de “coyotes”, intermediarios y monopolios. A pesar de todo, los movimientos campesinos e indígenas resisten a lo largo y ancho del país, impulsando alternativas de futuro y nos dan la esperanza de que otro modelo de país es posible. Por ello, como CNSMNHP impulsamos y trabajamos: Por un nuevo modelo agroalimentario basado en la diversidad de la producción de pequeños campesinos y comunidades indígenas, que nos han legado un modelo de producción basado en lazos solidarios y el cuidado de todo: de la alimentación y la salud de las personas y las comunidades, de la enorme diversidad biológica que hemos recibido en herencia, de los ecosistemas y de los recursos naturales; de las muy heterogéneas expresiones culturales; de los saberes ancestrales y de las tecnologías construidas con la reflexión colectiva. Derecho a la salud en el campo. Las enfermedades asociadas a la pobreza alimentaria y la escasez hídrica que padecen millones de mexicanos son más agudas en comunidades campesinas e indígenas. No a la imposición de transgénicos. Muestra de que la alimentación se ha mercantilizado es la amenaza permanente de las semillas transgénicas. La CNSMNHP apoya la demanda colectiva contra el maíz genéticamente modificado, que hasta el momento ha logrado detener por tres años la siembra comercial de ese maíz. El interés capitalista pasa por encima del derecho a comer bien, derecho a un ambiente sano, el derecho a la biodiversidad y el derecho a la tierra y territorio para vivir y sembrar. Ahora el nuevo despojo a las y los pobres es a través de las semillas y los recursos genéticos, a nombre de la biodiversidad se justifican “negocios de tendencia”, donde a las comunidades campesinas se les trata como proveedoras y a la biodiversidad como mercancía No a la chatarrización de nuestro sistema alimentario. La publicidad engañosa ofrece productos dañinos como alternativas saludables ocultando los riesgos por el uso indiscriminado de aditivos químicos y alteraciones biotecnológicas, mientras el maíz
Imputaciones falsas
Imputaciones falsas Sábado 24 de septiembre de 2016 Miguel Concha Preocupa que sintomáticamente siga habiendo elementos castrenses, incluso de alto rango, que de manera errónea o tergiversada culpen de causante de la impunidad al nuevo sistema acusatorio de justicia penal en el país, como expresó abiertamente hace algunos días un general del Ejército en uno de los estados del norte. Con ello no sólo no se advierte que posiblemente se esté denunciando, en efecto, la arbitraria puesta en libertad de presuntos delincuentes, sino sobre todo que se sigue corriendo el riesgo de criminalizar a personas inocentes, dejando en libertad a los verdaderos culpables. Tal conducta puede deberse entre otras cosas –ciertamente– a posibles fallas en la aplicación de una reforma constitucional por los agentes judiciales, quienes deben seguir siendo diligentemente capacitados para su adecuado manejo; a la falta de conocimiento y experiencia en la persecución del delito, sin violentar derechos humanos; a vicios inveterados en la persecución del delito y la procuración de justicia –como la práctica de la tortura–, pero también a la inconveniencia de que las fuerzas militares se encarguen de labores de seguridad pública, pretendiendo exacerbar al mismo tiempo las funciones de su propio sistema de justicia. Es importante recordar que ante las deficiencias que presentaba el sistema de justicia penal inquisitivo en México, como violaciones al debido proceso, retraso judicial, saturación de expedientes, corrupción e impunidad, en junio de 2008 se realizaron diversas reformas constitucionales que trajeron como consecuencia transformaciones en dicho sistema. Estas reformas implicaron la transición de un sistema de justicia inquisitivo mixto en uno acusatorio, que tiene por objeto el esclarecimiento de los hechos, la protección del inocente, procurar que el culpable no quede impune y la reparación de los daños causados por el delito. A ello se suma el mejoramiento del desempeño profesional de los operadores judiciales en la procuración e impartición de justicia; el reconocimiento, respeto y protección de los derechos humanos durante todo el juicio, y la aplicación de los principios procesales de oralidad, inmediación, publicidad, contradicción, igualdad, concentración y continuidad. Para la implementación de este nuevo sistema de justicia fue necesario capacitar a quienes lo operan, crear o adaptar nuevas instalaciones y equiparlas, y realizar cambios o ajustes legislativos y financieros. Luego de cumplirse el término constitucional de ocho años que se había previsto para ello, en junio de 2016 terminó de entrar en vigencia en todo el país. Sin embargo, su implementación total aún tiene varios pendientes. Uno de ellos, fundamental, es el gasto propuesto por el Ejecutivo para la función de seguridad pública a la Cámara de Diputados, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, el cual incluye las fases de prevención del delito, procuración y administración de justicia, sanción y reinserción social, y, como vigilante del escrupuloso cumplimiento de los derechos humanos en todo el sistema, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y es que en el presupuesto del 2016 el anexo Acciones para la prevención del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y promoción de proyectos productivos era el que hacía mayor referencia a la prevención del delito, rubro importante en el ámbito del Poder Ejecutivo Federal, al que corresponde la actuación de la policía preventiva y la de investigación. Ello no obstante, en el Proyecto de Egresos de 2017 este rubro desaparece completamente, a pesar de que esta reforma sigue suponiendo grandes cambios en cuanto a rancios patrones de conducta y prácticas institucionales, pues se siguen repitiendo en la actuación de las policías y en el sistema de procuración y administración de justicia violaciones procesales, detenciones arbitrarias, tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, como lo manifestó Juan E. Méndez, relator contra la Tortura de la ONU, al presentar en Ginebra un informe en el que señala que la tortura es generalizada en México, y que ocurre, con fines de castigo e investigación, en un contexto de impunidad, especialmente desde la detención hasta la puesta a disposición de la justicia. No debemos olvidar que la implementación del sistema penal acusatorio deja atrás también la idea de la readaptación social, para dar paso a la de reinserción social, la cual reconoce a las personas sentenciadas como sujetos de derechos. Sin embargo, las personas privadas de la libertad siguen estando violentadas en sus derechos humanos, pues, entre otras cosas, las prisiones en México presentan altos niveles de sobrepoblación y corrupción, lo que imposibilita condiciones dignas para vivir. Y ello sin hablar de las deficiencias cuantitativas y cualitativas en el servicio de la defensoría pública. Debe reconocerse que para que un sistema penitenciario funcione adecuadamente se precisan dos factores que se encuentran ligados al trato digno en prisión. A saber, la disponibilidad de espacios físicos con instalaciones apropiadas, y la existencia de personal penitenciario capacitado y con condiciones laborales dignas. Somos conscientes de que para la consolidación del nuevo sistema de justicia penal en todo el país se requiere tiempo, voluntad, cambio de mentalidad en las personas que lo operan, y la exigencia ciudadana constante a las instituciones involucradas. Sin embargo, también pensamos que los nuevos mecanismos de justicia penal, bien utilizados, y con el apoyo de suficientes recursos financieros, administrados y distribuidos de manera honesta y eficiente, permitirán una investigación y procuración e impartición de justicia adecuada. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada: Irene Sorla Entradas relacionadas: Miscelánea legislativa por las víctimas Urgencia de seguridad ciudadana ¿Cómo se enfrenta a la minería? Ley general contra la tortura Hacia la convergencia social Campaña difamatoria contra el GIEI Ciudadanizar la Constitución Hidrocarburos y criminalización de la protesta social Redes internacionales de solidaridad Intento de ejecución extrajudicial Exigencia de resoluciones judiciales de fondo
Nuevo constitucionalismo en la CDMX
Nuevo constitucionalismo en la CDMX Sábado 17 de septiembre de 2016 Miguel Concha Una de las principales características del nuevo constitucionalismo democrático, confrontado ciertamente con los modelos de desarrollo neoliberal, aunque esgrimido como instrumento de lucha y estrategia por los movimientos sociales de resistencia, es fundamentar la convivencia armónica de la sociedad en el cumplimiento explícito y transversal de todos los derechos humanos por del Estado, previendo para ello el establecimiento de obligaciones institucionales, normas jurídicas y disposiciones judiciales y administrativas consecuentes, con el fin de que la ciudadanía los pueda ejercer y hacer valer en la práctica. Es ésta una de las principales virtudes del proyecto de Constitución que el jefe de Gobierno de la Ciudad de México presentó el pasado 15 de septiembre a la Asamblea Constituyente, como resultado del esfuerzo que un grupo plural y apartidista de ciudadanas y ciudadanos especializados preparó durante siete meses en mesas de trabajo y plenarios de discusión. En él se declara, desde los primeros artículos, que la Ciudad de México asume como uno de sus principios el respeto a los derechos humanos y la defensa del Estado democrático y social de derechos, y a propósito del bloque de constitucionalidad y convencionalidad en los principios de aplicación e interpretación de los derechos humanos, se declara también que en ella los derechos tienen la máxima jerarquía normativa. En congruencia con esto, el proyecto define a la Ciudad de México como un espacio civilizatorio, democrático, laico, incluyente, accesible, sostenible, justo, pacífico, productivo, educador, habitable, de seguridad y movilidad humana y social para el ejercicio pleno de los derechos y el uso y disfrute equitativo de los bienes y servicios. Reconoce también la libre manifestación de las ideas como elemento integrador y esencial del orden democrático. Para llevar a cabo esto, especifica 41 diferentes derechos individuales y colectivos –civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y medioambientales–, que como novedad también clasifica siguiendo y complementando los lineamientos de la Carta por el Derecho a la Ciudad, surgida y negociada por diversas organizaciones del movimiento urbano popular con el Gobierno del Distrito Federal desde 2007, y concluida en marzo de 2010, con el fin de asegurar una ciudad de libertades y derechos, democrática, educadora y del conocimiento, solidaria, productiva, incluyente, habitable, segura y garantista. Además de tomar en cuenta los derechos particulares de grupos de atención prioritaria (como niñas, niños y adolescentes; los jóvenes; las personas mayores, las que tienen discapacidad; la población LGBTI; los migrantes y las personas sujetas de protección internacional; las víctimas del delito; las poblaciones en situaciones de calle; las personas privadas de su libertad; las que residen en instituciones de asistencia social; los afrodescendientes y las personas de origen indígena que no viven en pueblo, comunidad o barrio originario), encontramos en la lista la formulación de nuevos derechos, como los de las familias, al cuidado; el propio derecho a la ciudad, a la buena administración pública, a los espacios públicos y a la vía pública, y el derecho a defender los derechos humanos. Así como importantes derechos omitidos y violentados por las políticas neoliberales, como son el derecho a la vida digna, el derecho al desarrollo sostenible y el derecho al desarrollo urbano equitativo, estético y armónico. La Ciudad de México declara el proyecto, reconoce el derecho a la ciudad, fundado en principios de justicia social, democracia, equidad y sustentabilidad, que confiere a sus habitantes legitimidad de acción y de organización para ejercer sus derechos a la autodeterminación y a un nivel de vida adecuado. Y a propósito del mismo derecho, más adelante expresa que el desarrollo urbano y rural, la utilización del suelo y de los espacios y bienes públicos y privados deben otorgar prioridad al interés social, cultural y ambiental. Es también importante subrayar que en los principios de aplicación e interpretación de los derechos se establece con claridad que las autoridades deben adoptar, hasta el máximo de los recursos de que dispongan, medidas legislativas, administrativas, judiciales, económicas y las que sean necesarias, con el fin de asegurar progresivamente la realización de los derechos sociales, estableciendo además que la política fiscal y los mecanismos presupuestarios tienen que orientarse al cumplimiento efectivo de los mismos. Otra de las características del nuevo constitucionalismo, confrontado igualmente con la simulación de la representatividad política neoliberal, aunque también esgrimida por el movimiento social en su lucha por la democracia, es la participación activa de la ciudadanía no únicamente en la elección de las autoridades, sino además en la gobernabilidad del Estado, para lo cual no sólo se establecen mecanismos de información y de consulta, sino también de participación en la toma de decisiones que la afectan. En congruencia con la tradición democrática de la Ciudad de México, esta es otra de las virtudes continuamente cuidada y procurada por el equipo civil que redactó el anteproyecto de Constitución que el jefe de Gobierno entregó a la Asamblea Constituyente, y por ello en él encontramos garantizadas no únicamente estructuras más eficaces de democracia representativa, sino también mecanismos de democracia ciudadana directa, como la iniciativa ciudadana, el referendo, el plebiscito, la consulta ciudadana y la revocación del mandato, así como de democracia participativa, como la gestión, evaluación y control de la función pública, y el establecimiento del presupuesto participativo. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada: Luis Fernando Franco Entradas relacionadas: Miscelánea legislativa por las víctimas Imputaciones falsas Urgencia de seguridad ciudadana ¿Cómo se enfrenta a la minería? 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Derechos humanos frente a empresas
Derechos humanos frente a empresas Sábado 10 de septiembre de 2016 Miguel Concha La reciente visita del Grupo sobre Empresas y Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) tuvo, dado el contexto de conflictos y violaciones a derechos humanos en los que están implicadas las grandes empresas, una característica importante: las comunidades, pueblos indígenas y campesinos, barrios y habitantes de las ciudades demostraron que su fortaleza más sólida radica en su resistencia y organización para defender sus territorios y los bienes comunes; en exigir y ejercer directamente sus derechos, usando los medios a su alcance para denunciar y defenderse de los despojos y agravios que padecen. Muestra de ello fueron los 81 testimonios que se compartieron en las reuniones con los representantes de la ONU, todos relacionados con prácticas de corrupción para imponer megaproyectos, y con la validación de reglas de comercio e inversión que protegen a estas corporaciones. Parece poca cosa que uno de los principales logros de este tipo de visitas oficiales sea que los pueblos se reconozcan a sí mismos como sujetos de derechos, y reafirmen por tanto que en ellos radica mucha de la esperanza para cambiar esas estructuras de raíz. Pero no lo es, sobre todo pensando que actualmente, a escala internacional, se debate sobre la efectividad o no de los Principios rectores sobre empresas y derechos humanos de la ONU, discusión que incluso en este mismo periódico amplió Magdalena Gómez, llamando la atención sobre algunos riesgos desde su análisis crítico ( La Jornada, 06/09/16). Sin embargo, es cierto que este tipo de ejercicios ayudan a denunciar en todo el mundo las falencias de un Estado que declina de sus obligaciones en materia de derechos humanos, y también es verdad que sirven para que, en la escucha atenta, las comunidades y organizaciones encontremos algunos objetivos en común, entre los que podemos incluir el cuidado de la casa y el respeto irrestricto de los derechos humanos. Todo esto cobra especial relevancia en medio de la crisis que enfrentamos. Ante todos los intentos que grandes corporaciones hacen para continuar con la refuncionalización de los estados en favor de sus intereses particulares, no podemos hacer a un lado la crítica y la denuncia. Por el contrario, estos ejercicios, revitalizados con la participación social, deberían coadyuvar necesariamente a recordar que el Estado debe proteger derechos y evitar a toda costa que las empresas se eximan de sus responsabilidades y sanciones por los daños que cometen. Por tanto, no podemos obviar que éstas tienen implicación en el sistemático despojo de territorios y explotación de recursos naturales, que nos han llevado a una situación límite y sin precedente. Los planteamientos preliminares al final de la visita de este Grupo de la ONU, dados a conocer el pasado miércoles, ponen énfasis en que las empresas están efectivamente violentando derechos humanos de pueblos y comunidades, tanto en el campo como en la ciudad, al no respetar, por ejemplo, la debida diligencia en la realización de los megaproyectos. Sin duda, la mala o nula implementación de la consulta previa, libre e informada es un hecho innegable, ya que no ha sido seriamente realizada y garantizada por el Estado. Por el contrario, y debido a la refuncionalización de sus instituciones y políticas, en la actualidad, y a voluntad de las grandes corporaciones, se instrumentaliza para garantizar que las empresas lleven a cabo todos sus proyectos. A decir de los dos integrantes del grupo de trabajo, se requiere fortalecer el derecho a la consulta y generar más vías de diálogo social que permitan resolver los conflictos. Siempre reconociendo que la razón de ser de un Estado se cimenta en el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo mismo, en la realización plena e integral de los derechos humanos de las personas y pueblos. Por tanto, el Estado tiene la obligación de rescatar una institucionalidad que le permita garantizar los derechos humanos frente a las grandes corporaciones. La visita de este grupo de la ONU permitió también conocer el proceso que se lleva a cabo para la creación de un Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos, del que desde ahora sabemos que tiene que ser más transparentado y que requiere que el grupo de actores que participan en su deliberación sea ampliado con el fin de llegar a consultar más directamente a comunidades, pueblos indígenas, campesinos, integrantes de sindicatos que luchan por sus derechos laborales y a barrios y colonias de grandes ciudades, que también se ven afectadas por la actividad empresarial, e incluir a más organizaciones sociales interesadas en estos asuntos. Es importante reconocer la visita que hizo el Grupo sobre Empresas y Derechos Humanos, pues señaló puntos que vale la pena considerar. Sin embargo, debemos también ser muy claros en reconocer que el Estado, insisto, ha estado siendo refuncionalizado para garantizar no los derechos humanos, sino los derechos mercantiles, financieros y de propiedad privada de las grandes empresas y las corporaciones multinacionales. Cosa paradójica, ya que aparentemente existe la buena voluntad de las empresas y el Estado para remediar la situación de crisis que se han provocado con los megaproyectos, y no vemos del todo claro cómo efectivamente podrían garantizar su no repetición cuando casos como las reformas estructurales, la negociación de tratados comerciales y la subordinación del propio Estado ante las exigencias de las empresas configuran sin duda lo que ahora llamamos refuncionalización del Estado y desvío de poder en favor de los intereses empresariales. El Estado se devela como el ejecutor administrativo de los grandes capitales transnacionales, pero también como el brazo armado que controla a la población que disiente y se organiza frente al poder corporativo. Ese es el reto. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada: Lú Moguel Entradas relacionadas: Miscelánea legislativa por las víctimas Imputaciones falsas Nuevo constitucionalismo en la CDMX Urgencia de seguridad ciudadana ¿Cómo se enfrenta a la minería? Ley general contra la tortura Hacia la convergencia social Campaña difamatoria contra el GIEI Ciudadanizar la Constitución Hidrocarburos y criminalización de la protesta social
Empresas, derechos humanos y comunidades en vilo
Empresas, derechos humanos y comunidades en vilo Representantes de la ONU se han reunido estos días con integrantes de comunidades, movimientos y organizaciones sociales para revisar a detalle el cumplimiento o no en México de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de Naciones Unidas. 6 de septiembre de 2016 Por: Lucía Moguel y Carlos A. Ventura Callejas La dignidad en nuestras manos “Pedimos que sean nuestra voz ante el mundo de lo que está pasando en México, que hagan que aflore la verdad”, esta fue la petición que más de 28 representantes de pueblos indígenas, defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil solicitaron al Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), durante la última reunión con actores sociales que se realizó el pasado domingo, en el municipio de San Francisco Xochicuautla, Estado de México, y antes de que los integrantes de este grupo den a conocer su informe preliminar este miércoles 7 de septiembre. Esta visita oficial comenzó la semana pasada en la Ciudad de México, y a lo largo de estos días se han encontrado en seis ocasiones con representantes de comunidades, movimientos y organizaciones sociales en distintos estados de la República bajo un mismo objetivo: revisar a detalle el cumplimiento o no en México de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de la ONU. Niñas, niños, mujeres y hombres de distintos lugares de México recibieron a dos integrantes del Grupo de Trabajo, Dante Pesce y Pavel Sulyanziga (actual presidente del Grupo), y cuatro representantes más de Naciones Unidas entre cantos, música, collares de flores y abrazos; uno por uno expusieron casos en donde denunciaron violaciones a sus derechos humanos con un factor común: empresas transnacionales y nacionales buscando despojarles de sus tierras y bienes comunes para beneficio económico privado. Ante una ofrenda tradicional de la región, el humo blanco del copal, velas, flores y constantes consignas de resistencia, las y los representantes de pueblos y comunidades indígenas y campesinas aseguraron ser ellos quienes deben resolver sus problemas, enfrentar la lucha como lo han hecho desde hace varios años y trabajar para recuperar sus tierras, al tiempo que enfatizaron que “cualquiera que estuviera en nuestra situación defendería la cuna que los vio nacer y es por eso que les pedimos ayuda”. Tras tres horas de escucha, el Grupo de Trabajo se comprometió a no dejar archivado ninguno de los casos, pero dejaron claro que ellos no pueden garantizar la resolución de éstos, ya que su única facultad es realizar recomendaciones al gobierno mexicano, quien decide aceptarlas o no. Pese a esto, la esperanza y resistencia de los pueblos no da marcha atrás, por el contrario, el Grupo de la ONU dejó un sentimiento de fortaleza y esperanza entre las y los asistentes, quienes seguramente seguirán con sus procesos comunitarios, que se ha extendido por siglos, que no están perdidos y que están dispuestos a continuar; sin duda el Grupo de la ONU contempló a pueblos y comunidades en resistencia que les expresaron desde su sinceridad y calidez sus preocupaciones, pero también la fortaleza de sus procesos organizativos, cosa que esperamos inspiren al Grupo para recomendar contundentemente al Estado mexicano cumplir con sus obligaciones, por ejemplo, de protección de derechos frente a terceros y reparación de daños cometidos en territorios indígena y campesinos. Es importante resaltar que esta visita es de carácter oficial, por lo tanto lo que este Grupo de la ONU concluya, si bien está sujeto a la valoración y aceptación del Estado mexicano, lo cierto es que son argumentos que nos permiten sustentar todavía más la seria crisis de derechos humanos en México, las formas en que las empresas atropellan los derechos humanos de pueblos, comunidades y barrios urbanos, y la connivencia del gobierno en sus tres niveles en estas violaciones. Las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos no dudamos en denunciar que el Estado se encuentra coptado por capitales transnacionales que ahora disponen las reglas del juego, no solamente en el marco normativo interno, recordemos las recientes reformas estructurales que benefician a estas empresas, sino también imponen sus reglas en los tratados de libre comercio a nivel mundial, muestra de ello es el Tratado de Asociación Transpacífico (TPP), del cual se ha dado información al Grupo de Trabajo de la ONU. En este panorama complejo, que las comunidades sostengan procesos de ejercicio y exigibilidad de sus derechos se vuelve piedra de toque para generar realidades donde la democracia y la justicia sean concretas, palpable, y no simulaciones de garantías de derechos como ha hecho el Estado mexicano. En los procesos organizativos que le hacen frente al despojo y la violación sistemática de los derechos humanos, experiencias como convocarnos para reunirnos con la ONU son pretextos para, en realidad, fortalecernos en el encuentro. Esto se experimenta entre quienes ahora se organizan y defienden. * Lucía Moguel es integrante de la 14 generación de la Escuela para Defensores de Derechos Humanos del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y Carlos Ventura es colaborador del mismo Centro. Consultar en Animal Político. Imagen destacada: Lucía Moguel Entradas relacionadas: Empresas, derechos humanos y comunidades en vilo
