Megatratados comerciales y soberanía alimentaria
Sábado 29 de octubre de 2016 Miguel Concha El mundo atraviesa por un proceso de reconfiguración de regiones en megarregiones comerciales, lo que nos convoca a reflexionar sobre el presente, aunque, con base en experiencias del pasado, sobre lo que debemos evitar para el futuro. Estamos en un momento clave para prevenir, en el caso de algunos países, o bien para evitar a toda costa en otros, la continuidad e implementación de políticas económicas basadas solamente en la lógica de la acumulación y la concentración de la riqueza. Este es, pues, un momento que nos obliga a hacernos cargo ética y políticamente de una realidad que se caracteriza por estar en medio de una crisis de la civilización capitalista que, como diría Armando Bartra, con un origen unitario, el modelo capitalista tiene expresiones multidimensionales y de alcances planetarios. Es por ello importante en este sentido cobrar conciencia de que hoy se negocian decenas de tratados comerciales que se caracterizan por abarcar dimensiones intercontinentales y conexiones entre regiones mundiales que ahora se consideran estratégicas, como la región Asia Pacífico, o que pretenden ampliar el control y la conservación de privilegios, como en el caso de algunos países de Europa, y de Estados Unidos. Todo bajo la conducción e intereses del poder corporativo, el cual se apresta a definir las reglas de esta reconfiguración mediante, por ejemplo, megatratados comerciales. Convocadas por la Comunidad de Estudios Jaina, el Instituto Agropecuario de San Andrés, así como por la oficina en Bolivia de la Fundación Friedrich Ebert, entre otras instituciones, diversas representaciones de movimientos, organizaciones e instituciones académicas críticas de Ecuador, Argentina, Uruguay, Canadá y Bolivia se reunieron del 25 al 28 de octubre en las ciudades de Tarija y La Paz en torno a las jornadas Megaacuerdos, el impacto en la soberanía alimentaria y alternativas desde los pueblos. En dicho encuentro se dieron cita también la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País, de México, y la Convergencia México Mejor Sin ATP, articulaciones que están contra los tratados de libre comercio y defienden la soberanía alimentaria. La discusión versó sobre los impactos de los tratados de libre comercio en los países que los han firmado, los retos a los que se enfrentan bajo la lógica de la competitividad los que todavía no lo han hecho y los desafíos que tenemos como pueblos ante esta reconfiguración mundial. La manera en que ha sido concebido el libre comercio estuvo constantemente bajo consideración. Algunos países de la región andina hablan del paradigma de la complementariedad, que estimula y alienta la solidaridad entre países. Una integración de apoyo mutuo desde abajo, que pone en el centro la dignidad de las personas, los pueblos y la Madre Tierra. Por otro lado, y contrariamente al anterior, tenemos el paradigma de la competitividad, en el que priman la ganancia y el interés de acumular riqueza. Paradigma que a costa de avasallar la soberanía de los países busca mantener los privilegios y proteger las inversiones de las grandes corporaciones. Se dio también cuenta del avance del poder corporativo, pues en países que no participan formalmente en tratados comerciales de talante competitivo se experimenta la invasión de empresas trasnacionales, así como el despojo de sus identidades y sus bienes comunes. México es el país que por desgracia ejemplifica los estragos de la implementación legalizada de tratados competitivos. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) generó desde su puesta en marcha situaciones económicas que, contrariamente al sueño del crecimiento y la generación de riqueza, han colocado a la población con mayores índices de pobreza extrema. Experimenta además la invasión de megaproyectos que han acarreado enorme conflictividad y violencia en su territorio, así como la precarización del trabajo y la violación sistemática de los derechos de los pueblos y las personas. En relación con la soberanía alimentaria, en este periodo del TLCAN los diferentes gobiernos mexicanos han renunciado a su obligación de garantizarla. Por el contrario, el país tiene ahora 40 por cierto de dependencia alimentaria, lo que ha provocado el olvido del campo y la chatarrización de la alimentación, obteniendo con ello en cambio millones de personas con enfermedades asociadas a la mala alimentación. Como producto también de los tratados comerciales observamos cómo el Estado mexicano ha sido refuncionalizado para garantizar que las inversiones de las corporaciones no corran riesgos, y cómo no vacila en aceptar la claudicación de sus obligaciones de proteger y garantizar la dignidad de las personas y las comunidades. Sin embargo, afortunadamente también sabemos que hay posibilidades de revertir esta situación. Una de ellas es la conservación e impulso a un modelo campesino de producción de alimentos. En estas jornadas se compartieron experiencias de cómo los pueblos y movimientos sociales se están organizando en los países participantes para hacer frente al despojo y la crisis, reconociendo que es mediante la agricultura a pequeña escala, familiar y basada en los saberes campesinos e indígenas como podemos obtener la soberanía alimentaria que requerimos. Entendida ésta como aquella que no sólo pone atención en la disponibilidad, sino también en el modo de producción y el origen de los alimentos. Se consideró de relevancia igualmente la capacidad de las naciones para satisfacer sus propias necesidades internas y tomar decisiones de manera soberana, privilegiando un modelo de agricultura que se aleje del agroindustrial, canalizando apoyos e incentivos hacia los pequeños campesinos. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada (modificada) : Antonio Marín Segovia
El derecho negado a quienes sobreviven en las calles
El derecho negado a quienes sobreviven en las calles “De por sí vivir en la calle ya es un delito”, dijo un policía capitalino a Luz, quien se encontraba viviendo en la calle con sus dos hijos. La policía le quitó a sus dos hijos, a dos años de ser separados, siguen padeciendo de dicriminación y criminalización de diversas autoridades. 25 de octubre de de 2016 Por: Johana Sánchez La dignidad en nuestras manos “De por sí vivir en la calle ya es un delito”, dijo un policía capitalino a Luz, quien se encontraba viviendo en la calle con sus dos hijos. Luego de eso, el policía le pidió que se subiera a la patrulla junto con los niños, pues había una denuncia en su contra por maltrato hacia ellos. Esto ocurrió en noviembre de 2014. Desde ese día los niños se encuentran separados de su madre. La Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes le inició una averiguación previa por omisión de cuidado. Luz no entendía qué pasaba; nunca le explicaron que iniciarían una investigación para determinar si había cometido el delito imputado; tampoco que tenía derecho a una defensa adecuada, y mucho menos le avisaron que sus hijos permanecerían por tiempo indefinido lejos de ella. Al leer dicha averiguación, Luz supo que la persona que la denunció fue la misma que en días pasados le había pedido que le regalara o vendiera a su hijo más pequeño. –Seguro que esa mujer se enojó porque yo no quise venderle a mi hijo; por eso inventó cosas y me denunció; pero los hijos no se venden, cómo cree.- dijo Luz a las organizaciones de la sociedad civil a las que se acercó para que le ayudaran a recuperar a los niños. El trato en la Fiscalía En repetidas ocasiones la mujer acudió a la Fiscalía para preguntar qué ocurría con sus hijos y cuándo se los iban a regresar. -A ver señora, yo no tengo a sus hijos; se encuentran en la estancia transitoria de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF); vaya y pregunte allá; aquí yo investigo si usted es culpable de lo que la acusan-, le dijo, en tono grosero, el agente del Ministerio Público (MP). Cuando su abogada se presentaba, el trato era muy diferente. -Lic., ¿sí sabe por qué le quitaron a la señora a sus hijos?; vivía con ellos en la calle, imagínese; ellos tienen derecho a ser protegidos, no a que los ande arriesgando así su mamá. Nosotros como institución estamos preocupados por el interés superior del niño; es mejor que estén en una casa hogar y ella vaya a visitarlos-. De esa manera el MP intentaba hacer ver que la mejor opción era la “institucionalización” del cuidado de los niños. Durante la investigación se presentaron pruebas en las que constaba que la madre en todo momento había brindado cuidados, alimentación, educación y servicios médicos a sus pequeños; incluso, que había solicitado a las instituciones del gobierno de la Ciudad de México acceder a un lugar de estancia que garantizara su seguridad y la de su familia, para ya no vivir en la calle. El proceso ante el DIF Los niños estuvieron cerca de un año en la estancia transitoria de la PGJDF. Dos o tres veces a la semana Luz se comunicaba para saber cómo estaban. –Estables-, era la única respuesta de la trabajadora social. En una ocasión la respuesta fue diferente. –Ellos ya no están aquí- y le colgaron. Ante la angustia que le provocó, Luz acudió al DIF. Ahí le informaron que sus hijos ya estaban en una Casa Hogar de Monterrey. La devastadora noticia le hizo creer que ya no volvería a verlos. No entendía por qué se los llevaban tan lejos y sin avisarle. Quien entonces era encargado del caso en el DIF señaló que ellos podían enviarlos a donde quisieran, siempre y cuando hubiera convenio con esa Casa, lugares disponibles, y que los niños tuvieran la edad requerida para ser admitidos en la misma. Por lo tanto no veía ningún problema en que estuvieran allá. Luego de 15 meses, el agente del MP determinó el no ejercicio de la acción penal. Luz no había cometido ningún delito. Por lo tanto se suponía que sus hijos debían regresar con ella. El nuevo personal del DIF solicitó el traslado de los niños a otra Casa Hogar en la Ciudad de México, pues aun cuando ya había una determinación ministerial, Luz tenía que demostrar que “era viable” para estar con sus hijos. Es decir, recibir atención psicológica, comprobar que ya no vivía en la calle y que tenía un trabajo. En mayo de 2016, una vez que la madre recibió apoyo psicológico y previa aprobación del DIF, se reunió nuevamente con sus hijos. Tenía miedo y nervios. Habían pasado más de 500 días sin verse, y no sabía cómo reaccionarían los niños. Sin embargo el anhelado encuentro se llevó a cabo. No es un caso aislado El Caracol A.C. aplicó una encuesta a 44 mujeres que sobreviven en las calles, para saber cuántos hijos o hijas tienen, dónde se encuentran y en qué condiciones. De los 126 niños, niñas y adolescentes, 38% se encuentran con familiares de sus mamás; 18.25 %, se encuentran viviendo en las calles; 12.6%, están institucionalizados, y 2.3% se encuentran desaparecidos. Las y los niños que permanecen institucionalizados, 56.25% de sus mamás no saben si tienen algún documento de existencia legal; mientras que 31.25%, saben que tienen por lo menos acta de nacimiento. El 100 por ciento de las mujeres entrevistadas, y que les han quitado a sus hijos o hijas, no ha recibido apoyo del gobierno para recuperarles. Del total de mujeres entrevistadas, y que les han quitado a un hijo o hija, 65.90% dejaron de dormir, comer; sienten tristeza y culpa[1]. El informe “El derecho del niño y la niña. Cuidado Alternativo. Poniendo fin a la institucionalización en las américas”, de la Comisión Interamericana
Libre comercio y movilidad humana
Libre comercio y movilidad humana Sábado 22 de octubre de 2016 Miguel Concha Del 29 de septiembre al primero de octubre se realizó en Bruselas el encuentro El libre comercio y el derecho a no migrar, al que acudieron expertos de distintas instituciones públicas y privadas de diferentes países, como la New School for Social Research; el Grupo Parlamentario de Izquierda Alemana; Peoples United Nations; el Centro Eclesiástico del África Meridional; la organización Migration Programme Coordinator of Public Services International; el Executive Committee of Development Alternatives with Women for a New Era; la Coordinación Europea de Vía Campesina y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, AC. En dicho acto se analizaron los impactos de los tratados de libre comercio, cuyo objetivo principal es adaptar la estructura de todas las economías, sociedades y políticas a las exigencias de las empresas trasnacionales y los gobiernos de los países hegemónicos. Esta invasión en la soberanía de los estados y las autonomías regionales crea mayor nivel de desigualdad e injusticia, en la que los grupos en condiciones de mayor vulnerabilidad se ven afectados de manera diferenciada. Afectaciones vinculadas con la destrucción de las economías locales, de los bienes comunes y las culturas comunitarias, mediante la aplicación forzada de la privatización, la desregulación del comercio y la liberalización, con el consiguiente incremento de la pobreza y el número de personas que se ven obligadas a migrar, en búsqueda de seguridad, trabajo y mejora de sus condiciones de vida y las de sus familias. Por ello, cuando se habla de las causas estructurales de la migración, ya sea por cuestiones económicas y/o en busca de protección internacional, no se puede dejar de lado valorar los impactos de las políticas comerciales y de seguridad nacional, e incluso militar, que les van anexas, en las distintas regiones del mundo. El segundo tema que se reflexionó fue el de la importancia de analizar las implicaciones de los tratados de libre comercio con una perspectiva y lenguaje de derechos. Puntualmente, el derecho a migrar y a no migrar. El primero encuentra su fundamento en el derecho a la libertad de circulación y de decidir el lugar de residencia; y se vincula con otros tantos derechos, como los civiles y políticos, y los económicos, sociales, culturales y ambientales. Pero sobre todo implica la responsabilidad de los países de origen, tránsito y destino de generar condiciones de vida dignas y seguras, para que las personas en situación de movilidad ejerzan sus derechos de manera plena. Por su parte, el derecho a no migrar se vinculó principalmente con el derecho al desarrollo; es decir, con las condiciones sociales que los países de origen deben garantizar para evitar la migración forzada de miles de personas, incluyendo mujeres, niñas, niños y adolescentes no acompañados, indígenas, adultos mayores, defensoras y defensores de derechos humanos, personas con discapacidad y de la comunidad LGBTI. Sus derechos, cuyo ejercicio debe ser una realidad, no mera retórica, están relacionados con su derecho al trabajo, a la salud, la vivienda digna, la alimentación adecuada y la justicia objetiva, pronta y expedita, entre otros. El tercer tema al que se hizo referencia en el encuentro fue la urgente necesidad de diseñar políticas de integración o de acogida, las cuales no deben ser paralelas a una política de Estado, sino parte de la misma. Ejemplo de ello es la falta de este tipo de políticas en México, así como la dramática situación de las personas haitianas y de nacionalidad africana que llegaron a Tapachula, Chiapas, hace dos meses, muchas de las cuales siguen todavía en espera de un oficio de abandono del país, para poder llegar de manera segura a la frontera norte y solicitar asilo en Estados Unidos, ejerciendo así este derecho. Por su parte, el Instituto Nacional de Migración ha declarado que dejará de otorgar estos oficios a personas de nacionalidad haitiana, para evitar situaciones como las de Tijuana, Baja California. Es decir, la respuesta nuevamente es la implementación de una política de administración y control de flujos migratorios, no de acogida ni respeto a la dignidad humana. Finalmente se reflexionó sobre el papel de las personas defensoras de derechos humanos, quienes están en riesgo, debido a las denuncias que realizan de violaciones a derechos fundamentales cometidas en contra de estas poblaciones. Generalmente en ellas están implicados diferentes actores, como el crimen organizado, las empresas, y desde luego la aquiescencia de distintas autoridades. Ejemplo de ello es lo ocurrido a la 72 Hogar-Refugio para Personas Migrantes de Tenosique, Tabasco, el 6 de octubre pasado, cuando fueron de nuevo víctimas de amenazas e intimidación hacia su labor como defensoras y defensores de derechos humanos. Cabe mencionar que estas amenazas se realizaron apenas tres días después de que hicieron una denuncia pública sobre una nueva ola de violencia contra las personas migrantes y refugiadas; y en particular acerca del funcionamiento de las redes de secuestro contra estos grupos, así como la participación de autoridades municipales y en algunos casos federales. En síntesis, es fundamental que por una parte los estados retomen sus obligaciones de garantizar y proteger los derechos humanos de las personas que habitan y/o transitan por su territorio sin distinción alguna. Inclusive frente a empresas, el crimen organizado y otros estados con mayor poder e influencia. Por otro lado, es también fundamental que asuman su responsabilidad en la eliminación de las causas estructurales que ocasionan la migración forzada, como la aprobación de los tratados actuales de libre comercio y el apoyo a los conflictos bélicos, que ya de por sí violentan la dignidad y los derechos humanos. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada: pies cansados Entradas relacionadas: Tercera cumbre mundial sobre el hábitat Por el maíz y la milpa Miscelánea legislativa por las víctimas Imputaciones falsas Nuevo constitucionalismo en la CDMX Derechos humanos frente a empresas Normalización de la represión política FSM: logros y retos ¿Una reforma garantista con las familias? Discriminación social contra migrantes
Sociedad civil exige cumplimiento de recomendaciones del Alto Comisionado de la ONU
Sociedad civil exige cumplimiento de recomendaciones del Alto Comisionado de la ONU Ciudad de México, 21 de octubre de 2016. –Indispensable, romper el círculo de impunidad por medio de instituciones autónomas. -Es urgente la aprobación de Leyes Generales contra Tortura y Desaparición acordes con el derecho internacional y escuchando a las víctimas. -El Estado no ha mostrado la suficiente voluntad para cumplir a fondo las recomendaciones internacionales. Las organizaciones de la sociedad civil exigimos el pleno cumplimiento de las catorce recomendaciones formuladas al Estado mexicano por el Alto Comisionado para Derechos Humanos de la ONU, el Sr. Zeid Ra’ad Al Hussein, producto de su visita al país en octubre de 2015 y de posteriores intercambios con el Estado que le permitieron tomar en cuenta las políticas y acciones ya en curso en materia de derechos humanos. La catorce recomendaciones para el Estado se derivan de las cuatro medidas urgentes que el Alto Comisionado señaló al concluir su visita hace un año: fortalecer las procuradurías para asegurar que las violaciones de derechos humanos sean propiamente investigadas, conduciendo a resultados en tiempo; fortalecer la capacidad de la policía para llevar a cabo sus funciones de seguridad pública en línea con las obligaciones de derechos humanos, incluyendo el desarrollo de un marco legal sobre el uso de la fuerza; adoptar un cronograma para el retiro de las fuerzas militares de las funciones de seguridad pública e implementar las recomendaciones del GIEI y considerar mecanismos similares de seguimiento para otros casos graves. Desde diversos espacios y articulaciones de la sociedad civil hemos trabajado propuestas que van en concordancia con y profundizan las recomendaciones del Alto Comisionado; en ese sentido, manifestamos que la respuesta del Estado a las recomendaciones no muestra la suficiente voluntad de avanzar para resolver la profunda crisis de derechos humanos que se vive en México, constatada por este organismo internacional y sus diversos mecanismos en los años recientes, así como por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Consideramos particularmente importante el llamado a crear nuevos mecanismos contra la impunidad, en concreto un Consejo compuesto por renombrados expertos y expertas en derechos humanos para asesorar al Estado, realizar un diagnóstico nacional y propiciar una discusión pública de las acciones prioritarias. Esta recomendación refleja un análisis que compartimos al identificar a la impunidad como el principal obstáculo estructural que impide la consolidación del Estado de Derecho, la seguridad y el respeto por los derechos de la población. En esta línea también es imprescindible acatar la recomendación de crear una fiscalía especializada para investigar graves violaciones a derechos humanos y un instituto nacional forense autónomo a disposición de todos los órganos de administración de justicia, pues sólo de esta forma se darán pasos hacia una investigación efectiva e imparcial de las violaciones que hoy padece la población más allá de renombrar instituciones. La aprobación de las Leyes Generales en materia de tortura y desapariciones forzadas de acuerdo al derecho internacional aplicable, otro tema prioritario identificado por el Alto Comisionado, constituye una deuda pendiente a más de 10 meses de la presentación de las iniciativas en la materia. Exigimos al Congreso que priorice el cumplimiento de esta recomendación, recordando que la Ley General contra la Tortura está pendiente de aprobación en la Cámara de Diputados, mientras la Ley General contra las Desapariciones Forzadas sigue pendiente en el Senado. Adicionalmente, el Alto Comisionado incluyó recomendaciones para prevenir graves violaciones, en particular un registro nacional unificado de toda detención (medida también ordenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que no se cumple con el sistema vigente) y, de manera más amplia, la reorientación de las políticas de seguridad hacia un enfoque de seguridad ciudadana. Reiteramos que las recomendaciones formuladas por las Naciones Unidas muestran una ruta para salir de la grave crisis de derechos humanos que hoy padecemos, ruta a la que han abonado también las recomendaciones emitidas por el GIEI y la propia CIDH en ocasión de su visita de país. Es deber del Estado demostrar que está escuchando no sólo a la sociedad civil mexicana sino a los organismos internacionales. Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL) Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, O.P. A.C. Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, A.C. Centro Nacional de Comunicación Social A.C. (Cencos) Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC) Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad A.C. Colectivo Resonar Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C. Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) Equis, Justicia para las Mujeres Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho Fundar, Centro de Análisis e Investigación I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 80 organizaciones en 21 estados de la República mexicana): Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua);
Persisten violaciones al derecho a la consulta del Pueblo Maya sobre soya transgénica
Persisten violaciones al derecho a la consulta del Pueblo Maya sobre soya transgénica Ciudad de México y Mérida, Yucatán, 19 de octubre de 2016 – SENASICA no brinda información clara y completa sobre la siembra de soya genéticamente modificada en Campeche – Misión de observación exige a las autoridades que cumplan con los principios de buena fe y consulta libre e informada, establecidos por la SCJN y la CNDH El pasado sábado 15 de octubre se llevaron a cabo en los municipios de Hopelchén y Tenabo las terceras sesiones de la etapa de «Acuerdos Previos» de la consulta al pueblo maya sobre la siembra de soya genéticamente modificada, en el marco del cumplimiento de diversos fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que ordenaron a la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM) y a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) la realización de un proceso apegado a los principios de buena fe, consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada. En el encuentro se presentó el informe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), denominado “Informe de Inspección y Vigilancia de Soya en Campeche”, sobre la siembra ilegal de soya genéticamente modificada en el estado, solicitado por la comunidades consultadas y acordado en la segunda sesión de Acuerdos previos, el pasado 30 de junio. En la exposición de SENASICA se informó, con apoyo en dos diapositivas, que del 10 de agosto al 23 de septiembre del presente año se realizaron 3 visitas de vigilancia a diferentes predios y bodegas de los municipios de Hecelchakan, Champotón y Hopelchén, de las cuales se obtuvieron 55 muestras y, de éstas, después de la verificación, se confirmó que 5 eran de soya transgénica. Esta siembra confirmada de soya transgénica es una violación a la sentencia de la SCJN, y además viola por segunda ocasión el carácter de consulta previa. Ante esta situación, representantes de las comunidades mayas solicitaron al SENASICA, CIBIOGEM y CDI, información precisa sobre los predios donde se sembró ilegalmente, cuántas son las hectáreas, cuáles corresponden al municipio de Hopelchén, así como qué tipo de sanciones se aplicarán a los responsables. Sin embargo, las autoridades no respondieron con claridad y precisión a dichas preguntas, a pesar de la reiterada exigencia de las comunidades ahí presentes de conocer esta información. Ante la información incompleta e imprecisa por parte de las autoridades, los representantes de las comunidades expresaron sentirse burlados y que el informe era una farsa, cuyo objetivo era confundir y engañar a las comunidades. No cumplir este primer acuerdo, así como la forma en que se rindió el informe no contribuye a crear un ambiente de confianza entre las autoridades y las comunidades En vista de los reclamos, las autoridades acordaron con las comunidades que el próximo 25 de octubre, SENASICA presentará un informe oral y escrito específicamente del municipio de Hopelchén y tomando en cuenta todas las observaciones y dudas presentadas y manifestadas por los asistentes. La sesión transcurrió en un ambiente de mejor comunicación que las dos anteriores, a excepción de las interrupciones de parte de un grupo de sembradores de soya, de tono violento, que fue invitado a abandonar la sesión. Si bien las autoridades reaccionaron a tiempo, notamos que persiste el riesgo de conflicto e instamos a las autoridades a prevenir en lo posible y evitar que éste ambiente siga creciendo. Finalmente, en estas sesiones las comunidades de Hopelchén y Tenabo hicieron entrega a las autoridades responsables de su propuesta de “Programa de trabajo” de la consulta, quienes devolverán una versión integrada antes del 10 de diciembre con el fin de ser discutida los días 28 y 29 de enero del siguiente año en estos Municipios. Por lo tanto, la Misión de Observación hace un llamado urgente a la CIBIOGEM y a la CDI para que vigilen el cuidado de este proceso, basados en lo que estableció la SCJN, y cumplan cabalmente con la información solicitada por la población maya consultada. La Misión Observación también solicita que se asegure la integridad de los representantes de comunidades mayas y asesores que participan en la consulta y que eviten incidentes que pongan en peligro su integridad y el diálogo respetuoso y de buena fe que deben caracterizar este proceso. MISIÓN DE OBSERVACIÓN DE LA CONSULTA AL PUEBLO MAYA: Asociación de Consumidores Orgánicos Campaña Sin Maíz no hay país Centro de Investigación de la Efectividad de los Derechos Humanos Centro de Derechos Humanos, Fray Francisco de Vitoria Colegio de Antropólogos de Yucatán, A. C. Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos Diálogo y Movimiento, A.C. Educación, Cultura y Ecología, A. C. Fundación para el debido proceso (DPLF) Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C. Greenpeace México Investigador/es del Centro Peninsular en Humanidades y en Ciencias Sociales Nacional Autónoma de México Investigador/es de la Universidad Autónoma de Campeche Investigador/es de la Universidad Autónoma de Yucatán Investigador/es del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Península de Yucatán Investigador/es del Instituto Nacional de Antropología e Historia-Centro INAH, Yucatán Kookay, Ciencia Social Alternativa A.C. México vía Berlín e. V. Oxfam México Proyecto Utopía de Yucatán, A.C. Radio Yúuyum Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos Servicios y Asesoría para la Paz, A. C. (SERAPAZ) Vía Orgánica A.C. CONTACTO: Olinca Marino : olinca.marino@serapaz.org.mx Rodrigo Llanes : rodrigo.llanes.s@gmail.com Página de la Misión de Observación de la Consulta Indígena Maya : Enlace Entradas relacionadas: Miscelánea legislativa por las víctimas Imputaciones falsas Nuevo constitucionalismo en la CDMX Derechos humanos frente a empresas Normalización de la represión política FSM: logros y retos ¿Una reforma garantista con las familias? Discriminación social contra migrantes Debate sobre la protesta social Defensa contra megaproyectos mineros
Clausura de la 14a generación de La Escuelita (EDJDH).
SOBRE EL EVENTO: Desde el año 2003, en el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A.C. hemos apostado por construir un espacio de formación, en ese entonces de jóvenes promotoras y promotores de Derechos Humanos. Con los años y el cambio del contexto nacional toma el nombre de «Escuela para Defensoras y Defensores Jóvenes de Derechos Humanos». «La Escuelita», como de forma cariñosa se le nombra, es un espacio colectivo generado por las juventudes, donde se intercambian saberes y se entretejen experiencias y esfuerzos para defender la dignidad de las personas y los pueblos. La Escuela es un espacio en donde nos indignamos y nos organizamos frente a una realidad de abrumadoras violaciones a los derechos humanos y constante deshumanización. El cierre de la 14 generación se llevará a cabo el día 29 de octubre, invitamos a todas y todos a a acompañar a las y los integrantes de esta generación este día. Entrada libre. SALA 22 DEL CUC (Centro Universitario Cultural): Odontología 35 Col. Copilco-Universidad, Del. Coyoacán, Ciudad de México. Contenido relacionado: 2015. Control del espacio público: Tercer informe sobre protesta social en México 2014. Control del Espacio Público. Informe sobre retrocesos en las libertades de expresión y reunión en el actual gobierno.
Comunicado: Al Gobierno Federal y el Senado de la República: el TPP no pasará
Al Gobierno Federal y el Senado de la República: el TPP no pasará 17 de octubre de 2016 -El gobierno mexicano busca aprobar el TPP antes de la elección presidencial en Estados Unidos -Tanto la candidata demócrata como el republicano se han manifestado en contra de este Tratado -Organizaciones sociales, sindicatos, defensores de derechos humanos y ciudadanos y ciudadanas rechazamos tajantemente la aprobación del TPP El pasado 9 de octubre, el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, afirmó que México debería votar el Tratado de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés) antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos el 8 de noviembre. La intención, declaró Guajardo, es que “independientemente de lo que pase en Washington, mandar un mensaje claro de que esta negociación está cerrada”. Organizaciones sociales, sindicatos, defensores de derechos humanos y ciudadanas y ciudadanos rechazamos tajantemente esta pretensión por sus diversas implicaciones para la vida en nuestros territorios y pueblos, y entre todas las personas que habitan y transitan en México. El TPP, negociado durante cinco años en secreto a espaldas de la sociedad, no puede ser modificado por México y representa un grave peligro para los derechos laborales, el acceso a la salud, la libertad de expresión en Internet, el medio ambiente, la seguridad y soberanía alimentaria, entre otros temas cruciales para los derechos humanos y la vida de las personas. El TPP, de ser aprobado, vulneraría gravemente la democracia al limitar las capacidades de los poderes Legislativo, que no puede modificar o aprobar leyes si afectan derechos de las transnacionales pactados en los tratados; Judicial, ya que cede jurisdicción a tribunales privados internacionales, y Ejecutivo, ya que le impide regular la economía, si ello tiene como resultado disminuir las ganancias “esperadas” por las transnacionales, así como de la sociedad civil, al permitir que las grandes empresas puedan demandar al Estado mexicano por emitir leyes que protegen a las personas y afectan de algún modo sus intereses. El gobierno federal pretende aprobar el TPP sin discusión pública aún cuando en el mundo se multiplican las voces que llaman a detenerlo. Debido a sus efectos nocivos, Relatores y Expertos Independientes de la Organización de las Naciones Unidas han solicitado a los 12 Estados firmantes que no aprueben este Tratado. Incluso los dos candidatos a la Presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton y Donald Trump, así como numerosos miembros de ambos partidos, han mostrado su rechazo al TPP debido a las implicaciones sobre sus propios ciudadanos. Los firmantes condenamos y rechazamos las declaraciones del Gobierno Federal y hacemos un llamado a la sociedad, excluida de las negociaciones sobre su propio futuro, a informarse y sumarse a las acciones en contra de este acuerdo y en defensa de los derechos humanos y la democracia. El TPP no pasará. ORGANIZACIONES FIRMANTES: Alianza Mexicana contra el Fracking Amigos del Río San Rodrigo Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo AUAS, A.C. Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo A.C. (ANEC) Asociación Nacional de Industriales de Transformación (ANIT) Central Campesina Cardenista (CCC) Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, A.C. Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS) Centro de Reflexión y Acción Laboral Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos A.C. (CEPAZDH) Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos DECA Equipo Pueblo, A.C. Derechos Digitales ONG (Latinoamérica) Fomento Cultural y Educativo Foodfirst Information and Action Network. Sección México (FIAN – México) Freshwater Action Network Mexico Fundación para el Conocimiento y la Cultura Digital (FUNCO) Greenpeace México, A. C. Grupo de Estudios Ambientales (GEA) Grupo Tacuba – México Horizontal Indignación, A.C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos Iniciativas para el Desarrollo de la Mujer Oaxaqueña, A.C. MAELA-México No fracking NL No Fracking Tamaulipas Nueva Central de Trabajadores (NCT) Red de Acción en Plaguicidas y Alternativas en México (RAPAM) A.C. Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio – RMALC Servicios para una Educación Alternativa A.C. EDUCA, OAXACA Servicios y Asesoría para la Paz A.C. (Serapaz) Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (Stunam) Unión de Comités Autónomos de Agua del Oriente del Estado de México Vías Verdes A.C. REDES DE ORGANIZACIONES FIRMANTES: Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA) Convergencia de Organizaciones Sociales y Ciudadanxs «México Mejor Sin TPP» Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los Derechos para Todas y Todos» (RedTDT) FIRMAS INDIVIDUALES: Miguel Concha Malo, Larisa de Orbe, Cuauhtémoc Arturo Juárez Pérez, Estrella Soria, Erik Huesca. Entradas relacionadas: Derechos humanos frente a empresas Defensa contra megaproyectos mineros Megaproyectos y criminalización ¿Cómo se enfrenta a la minería? Empresas, derechos humanos y comunidades en vilo Las reformas estructurales y su impacto en los derechos humanos La amenaza del fracking
Tercera cumbre mundial sobre el hábitat
Tercera cumbre mundial sobre el hábitat Sábado 15 de octubre de 2016 Miguel Concha Del 17 al 20 de octubre se llevará a cabo en Ecuador la tercera Cumbre Mundial de Naciones Unidas sobre el Hábitat (Hábitat III), que reunirá a los gobiernos nacionales para discutir una agenda, que deberá observarse durante los próximos 20 años, sobre el desarrollo urbano y los asentamientos humanos. La primera cumbre hábitat se llevó a cabo en 1976, y acordó que se repitiera cada 20 años para su actualización. Aun cuando se consideran alcanzados los compromisos establecidos en Estambul en Hábitat II (1996), la realidad es que la situación de las ciudades y asentamientos humanos ha empeorado drásticamente durante las últimas dos décadas por causa de las políticas neoliberales que han promovido, en lugar de la función social, la competitividad y la especulación de las ciudades. Los actuales gobiernos han declarado que están comprometidos con implementar políticas que acaben con la falta de vivienda, sobre todo para las personas con menos recursos o en situación de extrema pobreza. Sin embargo, crece cada vez más el número de personas sin techo y sin un hábitat digno. En realidad los gobiernos han preferido enriquecer a los capitales inmobiliarios y de la construcción, los que no producen vivienda para los grupos más necesitados, pero sí para quienes les dejan jugosas ganancias. En estos tiempos, cuando existen decenas de millones de personas que no cuentan con un hogar, un techo seguro, y ni siquiera un sitio mínimo para vivir, violentándose en todo sentido el derecho a una vivienda digna, no es posible hablar de un hábitat adecuado, ni del cumplimiento de los derechos humanos. Tomando en cuenta los censos de población y vivienda de 1990, 2000 y 2010, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) considera que en México aún existen 20 millones de personas sin acceso a una vivienda adecuada. La situación se agrava con la migración forzada que afecta a miles de personas, y es provocada por la violencia, el deterioro del medio ambiente, el desarrollo de megaproyectos y la pobreza. Todo como resultado del modelo de desarrollo vigente, que lejos de colocar la dignidad humana y la vida del planeta en su centro, busca la concentración de la riqueza en pocas manos. Ahora la humanidad enfrenta una intensificación del modelo extractivista, que lo único que le importa es la ganancia, aun a costa de la depredación y extinción de la naturaleza y del destino de las generaciones futuras. Con lo anterior se vuelve relevante que la Cumbre Hábitat III incluya el sentido y contenido del derecho a la ciudad. Sin embargo, el 3 de octubre pasado, en el contexto del Día Mundial del Hábitat, las organizaciones que conforman la Plataforma Mexicana por el Derecho a la Ciudad y la Defensa del Territorio (PMDCDT) declaran con preocupación que el derecho a la ciudad ha quedado en una mera declaración de intenciones, pues en el documento de la ONU sobre el hábitat se favorece la construcción de un mundo urbano que excluye al campo y su población. Consideran que las áreas rurales y naturales sólo son vistas como objeto mercantil frente a los megaproyectos depredadores, y que se prioriza la construcción de un mundo de hierro, cemento y dispositivos tecnológicos como la visión más avanzada de la humanidad, vaciando así el verdadero contenido del derecho a la ciudad, dejándolo al servicio de los intereses del poder económico. Por ello, los movimientos sociales y otros actores de la sociedad civil se reunirán en la Universidad Central de Ecuador para llevar a cabo el Foro Social Frente a Hábitat III, como acto paralelo a la cumbre oficial. Dicho foro social tiene el respaldo de organizaciones de la sociedad civil y de movimientos internacionales como la Alianza Internacional de Habitantes y la Coalición Internacional de Hábitat. Este foro trabajará de manera alternativa, reconociendo que el derecho a la ciudad es el resultado de décadas de creación colectiva de abajo hacia arriba, y significa el derecho de las personas y los habitantes presentes y futuros, temporales y permanentes, a usar, ocupar, producir, gobernar y disfrutar en paz de las ciudades, pueblos y asentamientos justos, inclusivos y sostenibles, entendidos como un bien común esencial para una vida plena y digna. El significado del derecho a la ciudad se basa en un hábitat digno para todas las personas, sin discriminación alguna. Sus principios fundamentales son la igualdad de género, el diálogo intergeneracional y el reconocimiento y respeto de la diversidad cultural. Es fundamental proteger y favorecer la función social del suelo y de las ciudades, en vez de su uso comercial. La armonía entre el campo y la ciudad es posible con el cumplimiento pleno de los derechos humanos y con mecanismos garantes de consulta que le permitan a la población participar en la toma de decisiones sobre el futuro de las ciudades, los asentamientos humanos urbanos y rurales, y las exigencias del hábitat y el planeta. El derecho a la ciudad incluye el de una vida digna con una dimensión territorial e integral, pues la ciudad y el campo no deben ser antagónicos, sino complementarios. Las ciudades deben ser nodo de desarrollo para el campo, sin urbanizar áreas naturales y rurales. Implica que las autoridades deben reconocer las desigualdades espaciales que dificultan el cumplimiento de los derechos humanos en las ciudades. Por ello, la PMDCDT suma su voz y sus fuerzas con diferentes referentes del Movimiento Urbano Popular que estarán presentes en Quito, Ecuador, participando en el Foro de Resistencias Populares H3. Y desde allí instarán a los líderes mundiales a comprometerse con una definición sólida del derecho a la ciudad como eje principal de las acciones que decidan que formen parte de la nueva agenda Hábitat III. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada: Hector Milla Entradas relacionadas: Por el maíz y la milpa Miscelánea legislativa por las víctimas Imputaciones falsas Nuevo constitucionalismo en la CDMX Derechos humanos frente a empresas Normalización de la represión
Por el maíz y la milpa
Por el maíz y la milpa Sábado 8 de octubre de 2016 Miguel Concha El 29 de septiembre se celebró de nuevo en México el Día Nacional del Maíz. Desde hace ocho años y a iniciativa de la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País, festejamos en esta fecha la vida comunitaria en torno a este grano que genera comunidad, cultura, historia, proyectos colectivos e identidades diversas, y nos recuerda la importancia de la biodiversidad y su conservación. Los elotes, las mazorcas y los granos de maíz se desarrollan en los campos en un pequeño ecosistema, al que denominamos milpa. Este sistema se caracteriza por albergar una diversidad biológica y cultural inmensa, que logra además contener los requerimientos nutricionales necesarios para alimentarnos saludablemente. Se trata también de un cúmulo de saberes ancestrales conservados por nuestros pueblos y comunidades, cuyo valor inmenso radica en que hoy día es también patrimonio de la humanidad, pues las formas de cultivo y cuidado del entorno y la Madre Tierra nos han sido heredados creativamente con el paso de los siglos. Se trata además de un sistema de producción de alimentos que a nuestro país le asegura la soberanía alimentaria. Es asimismo garante de la diversidad de alimentos que ofrece la cocina mexicana, que valga decir es de las más apreciadas en el mundo. Sin embargo, no ha sido sólo un sistema de cultivo atacado, por desgracia, por las malas políticas públicas para el campo de los gobiernos en las décadas recientes, sino ahora también de manera agresiva y acelerada por las grandes empresas trasnacionales. Estos dos elementos combinados intentan poco a poco despojar a los pueblos indígenas y campesinos del sistema de milpa, para imponer el monocultivo, el cual se sostiene con el uso de agrotóxicos y la explotación comercial de la tierra. Este nuevo sistema es agresivo con el medio ambiente, elimina la diversidad y coloca ante daños considerables a la salud humana. Basa también su lógica en la ganancia y el lucro y deja de lado tanto los derechos de los pueblos y las personas como el respeto a la Madre Tierra. Estos dos paradigmas de agricultura se disputan hoy en México. Uno, incentivado y conservado por las comunidades y pueblos, y el otro, que solamente se define y se desarrolla en función de la acumulación y la ganancia. Por ello la celebración del maíz cobra sentido en medio de tantas crisis, pues reconocemos que, como bien señalaron Cristina Barros y Marco Buenrostro en su columnaItacate ( La Jornada, 20/9/2016), el maíz es un producto natural y cultural de los pueblos ancestrales que lo adaptaron a través de siglos, de generación en generación, seleccionando semillas y desarrollando variedades y tipos de maíz aptos para los climas, suelos y condiciones agroecológicas. Valga esto para saber y aceptar que en esta planta la resistencia se palpa y está viva, y que en las tierras cultivadas y en la agricultura campesina radica la esperanza ante tanta desmesura y abuso del capital, pues en torno a la milpa se constituyen pueblos que ahora siguen resistiendo, del mismo modo que lo hace esta planta milenaria. Tantos siglos han pasado, y el maíz se mantiene como el principal alimento básico de las y los mexicanos, aunque también de diversas regiones del mundo. Por esto celebramos este don que nos ha dado la naturaleza. He ahí la importancia de conservarlo en modelos de producción que lo conciben como bien común, y no como un grano que busca ser manipulado como medio de control social por ambiciosas empresas trasnacionales. En esta disputa de modelos y organizaciones agrícolas, agrupaciones campesinas e indígenas, así como colectividades ambientalistas, grupos defensores de derechos humanos y agrupaciones de consumidores se organizaron en México para hacerle frente al embate corporativo. Y para nuestra alegría se ha detenido la siembra de maíz transgénico en su fase comercial y se observan, además, con mayor atención, otras modalidades de siembra que pretenden realizar empresas como Monsanto, Bayer, Syngenta, Dow Agrosciences o Dupont. La importancia de esta demanda colectiva, herramienta judicial con la cual se logró también en tribunales la suspensión de otras siembras de maíces transgénicos, radica en que se acompaña con otras estrategias de defensa de nuestros maíces nativos y de nuestro patrimonio biocultural. La oposición en los territorios contra megaproyectos hace posible este clima de lucha y resistencia, aunque también de celebración y esperanza en la vida que viene de nuestros campos y de las comunidades y pueblos que conocen las pautas del buen vivir. El embate corporativo pretende, por su parte, seguir afianzándose mediante nuevos tratados de libre comercio, como el críptico Acuerdo de Asociación Transpacífico (ATP). Sin embargo, la sociedad civil organizada a escala local y global está recurrentemente haciéndole frente. Por ejemplo, en relación con Monsanto, una de las empresas más dañinas del planeta y de la humanidad, próximamente se celebrará un tribunal internacional –esfuerzo colectivo que tendrá lugar en La Haya, Países Bajos, entre el 14 y el 16 de octubre–, y cuyo objetivo es que esta empresa se responsabilice de graves violaciones a los derechos humanos e incluso de crímenes contra la humanidad y ecocidio. En este contexto, jueces internacionales, entre ellos un mexicano, recogerán testimonios de víctimas y emitirán, en consecuencia, una opinión consultiva, al amparo de los procedimientos de la Corte Penal Internacional. Experiencias de organización social, como las que aquí menciono, nos dan cuenta de que, desde lo local a lo global, los pueblos se organizan, se encuentran y resisten, pero también celebran las bondades de la Madre Tierra, como el maíz y la milpa. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada: Jorge Aguilar Entradas relacionadas: Miscelánea legislativa por las víctimas Imputaciones falsas Nuevo constitucionalismo en la CDMX Derechos humanos frente a empresas Normalización de la represión política FSM: logros y retos ¿Una reforma garantista con las familias? Discriminación social contra migrantes Debate sobre la protesta social Defensa contra megaproyectos mineros Una consulta trucada Otra oportunidad fallida para la justicia Tlatlaya: caso abierto Diálogo incluyente y verdadero Constituyente
Miscelánea legislativa por las víctimas
Miscelánea legislativa por las víctimas Sábado 1º de octubre de 2016 Miguel Concha Como hace más de tres años, hoy nuevamente está en proceso una reforma a la Ley General de Víctimas, y por ello me surgen otra vez algunas preguntas al respecto. Nuestras legisladoras y legisladores, ¿han escuchado lo que realmente necesitan las víctimas? ¿Cómo se acercan las y los políticos al sufrimiento de una joven secuestrada y mutilada? ¿Desde cuándo sufren la pena de ver a un hijo acribillado? ¿Cuándo han abrazado a una madre en el momento exacto en que le avisan que su hija fue asesinada el mismo día que dejó de verla? ¿Cómo aprenden el lenguaje del dolor? Los colectivos de víctimas y las organizaciones que las acompañamos empezamos desde hace meses a trabajar un conjunto de reformas a varias leyes de aplicación nacional, con el fin de no dejar al arbitrio del Congreso federal o de los congresos locales la regulación de todas y cada una de las acciones institucionales que una víctima de secuestro, desaparición, tortura, lesiones, desplazamiento, feminicidio, violencia sexual, trata, homicidio doloso o ejecución arbitraria requiere al llegar a una dependencia federal o estatal, más allá de las fracasadas comisiones de víctimas, las cuales, por cierto, no son sólo aquellas personas que han sufrido la anulación, el daño o el menoscabo de sus derechos, como consecuencia, por ejemplo, de la desaparición de un familiar o allegado, sino desde luego la persona directamente afectada. A medida que se ha ido avanzando en la procuración para la protección de sus derechos, aparecía y tenía que tomarse en cuenta la aplicación de una nueva ley, como se puso de relieve en el conversatorio sobre los derechos de las víctimas realizado el 24 de agosto pasado, cuando se elaboraron las medidas para que la ley de víctimas y la que eventualmente se apruebe contra la desaparición de personas tengan correlatos normativos para hacerlas efectivas y exigibles. Queremos entonces garantizar que todas las víctimas tengan todos los derechos, y sobre todo que los puedan ejercer. La propuesta, presentada a nombre propio y de un grupo plural de senadores y senadoras de la República por la legisladora michoacana Iris Vianey Mendoza, incluye 23 nuevos ordenamientos, entre ellos la reforma a la legislación de las instituciones nacionales de salud, del Seguro Social, del Issste y de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, con el objetivo de proteger los derechos a la salud y a la seguridad social de las víctimas. Se incluyen también reformas a las leyes de Educación, de Desarrollo Social, Vivienda y Ayuda Alimentaria para los Trabajadores, con el fin de generar una política pública en el ámbito social y proveer las bases para recuperar condiciones de vida dignas, para que las y los hijos de las víctimas puedan mantener su actividad escolar o acceder a programas de vivienda y a oportunidades de desarrollo económico y social. Se precisa igualmente que el actual registro administrativo de detenciones debe ser un instrumento generado en tiempo real, para que se evite la tortura y la desaparición; por eso se propone la reforma a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Es también urgente que se reconozca la personalidad jurídica de las víctimas de desaparición, a través de una declaración especial de ausencia, y por ello se propone la reforma a los códigos Penal Federal, Nacional de Procedimientos Penales, Civil Federal y Federal de Procedimientos Civiles, así como a las leyes de Amparo, Federal contra la Delincuencia Organizada, y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que faculta a los jueces para conocer del procedimiento. Teniendo en cuenta las bárbaras situaciones y los hallazgos macabros de los que hemos sido testigos en varios estados de la República, se incluyó en la Ley General de Salud y en el Código Federal Penal regulación para combatir inhumaciones oficiales irregulares o clandestinas; para penalizar a quienes exterminen a las personas, y procedimientos dignos para identificar a las personas fallecidas. Se incluyeron igualmente regulaciones a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, con el propósito de poder acreditar responsabilidad a quien no cumpla con los derechos victimales, y para aliviar la carga crediticia cuando se asesina o se le priva ilegalmente de la libertad a un ser querido se propone igualmente reformar la Ley de Instituciones de Crédito y la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Se modifican además la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares; la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, con el objetivo de operar un mecanismo de búsqueda urgente con información sobre tarjetas bancarias, teléfonos móviles y huellas dactilares, aunque estableciendo como excepcional la obtención de esta información, con el único fin de buscar personas desaparecidas. Esta iniciativa, que, como se ha dicho, propone reformar 23 leyes, es la primera miscelánea legislativa que se presenta para proteger los derechos y la dignidad de las personas, en este caso las víctimas. Esperamos que haya sensibilidad en las y los legisladores para analizarla y aprobarla. Queremos pensar que han aprendido a escuchar el lenguaje del dolor, y que saben que el fin de la violencia y la recuperación de la paz en nuestro país sólo puede construirse con las víctimas. Queda pendiente, desde luego, la aprobación, de conformidad con los estándares internacionales, de una ley general contra la desaparición forzada y la desaparición de personas cometida por particulares, apremiada reiteradamente al país desde hace algún tiempo por distintos mecanismos internacionales de protección a los derechos humanos. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada: Jorge Aguilar Entradas relacionadas: Urgencia de seguridad ciudadana ¿Cómo se enfrenta a la minería? Ley general contra la tortura Hacia la convergencia social Campaña difamatoria contra el GIEI Ciudadanizar la Constitución Hidrocarburos y criminalización de la protesta social Redes internacionales de solidaridad Intento de ejecución extrajudicial Exigencia de resoluciones judiciales de fondo
