Defensa ciudadana de la Constitución de la CDMX
Defensa ciudadana de la Constitución de la CDMX Sábado 29 de abril de 2017 Miguel Concha El pasado miércoles apareció en diversos medios de comunicación virtuales e impresos, y en la página 12 de La Jornada, un pronunciamiento suscrito por 161 organizaciones, movimientos y colectivos de la sociedad civil –entre ellas de defensa de derechos humanos, vecinales, urbano populares, etcétera–, y por más de 150 personas –académicos, intelectuales, artistas, escritores y dirigentes de organizaciones civiles y sociales–. Su propósito es bastante explícito: denunciar la forma concertada como diversas instituciones, entre ellas la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Procuraduría General de la República, la Consejería Jurídica de la Presidencia y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad presentaron acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales sobre la recientemente aprobada Constitución de la CDMX. Si uno contrasta estas acciones promovidas por el Ejecutivo federal –que además de carecer de fundamento jurídico, ponen en riesgo la credibilidad de algunas instituciones, como la de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que debiera ser siempre su activo principal–, con las opiniones sobre la Constitución de la Ciudad vertidas por organismos de las Naciones Unidas, como la Unesco y la Comisión Económica para América Latina, y más recientemente por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, que alaban enfáticamente el avance en el reconocimiento y protección de los derechos humanos, en la promoción de políticas públicas para poder realizarlos concretamente, y en la intervención de la ciudadanía en los asuntos públicos y en el control del gobierno en ese texto, uno no puede menos que preguntarse por qué las opiniones del gobierno federal son tan diametralmente opuestas a las de estos organismos, que gozan de tanto prestigio en la opinión pública internacional. El texto promovido por ciudadanos y colectivos expresa una hipótesis, al señalar que se trata de un intento de freno conservador al avance de los derechos y la democracia en la Ciudad de México, y, por lo mismo, se convierte en un freno a cualquier avance en el régimen político del país. Ciertamente el temor a que se multiplique en las distintas entidades la innovación política en la vida pública de la capital, y a que también se vuelva una exigencia de actualización de la Constitución del país, es algo que puede preocupar a una perspectiva conservadora de la política. Si así fuera, uno no puede dejar de preguntarse cómo un gobierno que presume de ser altamente modernizador en la economía, puede con su discurso y su práctica, altamente conservadores, no conciliar con la política. Es claro entonces que la perspectiva del ex presidente Salinas de Gortari sigue imperando. Cuando se le preguntó al final de su gobierno por qué había hecho la apertura económica sin hacer la correspondiente apertura política, respondió utilizando el ejemplo de la caída de la Unión Soviética, afirmando que ese hecho demostraba que no podía haber perestroika (modernización económica), al mismo tiempo que glasnost (transparencia política). Habrá que reconocer que en ese aspecto quienes en ese tiempo y ahora detentan el poder gubernamental en el país, tienen razón, pues no se pueden hacer reformas económicas impopulares y a la vez aceptar el avance de la democracia. Ésta terminaría con aquéllas, y por ello todo avance democrático les resulta incómodo. A la anterior hipótesis puede sumarse otra, que antes que contradecirla, es más bien una de sus consecuencias. Uno de los principales obstáculos a la garantía de los derechos humanos en el país son las graves deficiencias en la impartición de justicia. El capítulo correspondiente en la Constitución de la CDMX estableció correctivos bastante claros a las tendencias prevalecientes, pues propone terminar con el control que el Poder Ejecutivo ejerce sobre el Judicial –control real, aunque algunos le llamen eufemísticamente autonomía–, toda vez que es quien propone al Legislativo los magistrados que ha de confirmar. La Constitución de la Ciudad establece que estas propuestas al Legislativo tienen que estar a cargo de un cuerpo colegiado, seleccionado por un grupo de ciudadanos electos por el Legislativo, a partir de las propuestas de centros de educación superior y organizaciones de la sociedad civil, ambos de reconocido prestigio. Con lo cual también se termina con el sistema de reparto de posiciones entre los partidos políticos. Es claro que habrá quienes tengan razón en suponer que perder el control del Ejecutivo sobre el Poder Judicial puede ser riesgoso para sus intereses. A pesar de ello, y contrariamente a lo que han venido sosteniendo algunos opinadores, con la convocatoria a la sociedad civil que realizan los grupos de ciudadanos que promovieron este pronunciamiento a defender la Constitución, queda claro que sí hay ciudadanos interesados en continuar la democratización de la ciudad. Para ello proponen informar a la opinión pública internacional sobre estas supuestas acciones concertadas de inconstitucionalidad y controversia que atentan claramente contra la democracia y contra los derechos humanos; argumentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por medio de la figura de derecho internacional amicus curiae, y sobre todo informar más ampliamente a toda la sociedad acerca de los contenidos, implicaciones, beneficios y ventajas para su convivencia de la Constitución de la CDMX, pues revertir la situación artificial creada es tarea tanto del gobierno como de la sociedad civil. Ello no obstante, esta última ha dado ya un paso decisivo en el necesario proceso de defensa, y a ello estamos convocados todos los que aspiramos a que los derechos y la democracia sean los pilares de nuestra vida pública. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada (modificada) : ·júbilo·haku· Entradas relacionadas: Biodiversidad amenazada En la encrucijada del norte y el sur Premio Don Sergio Méndez Arceo Día de las trabajadoras del hogar Reacomodo neoliberal del comercio Inconstitucionalidad de la ley Atenco El derecho humano a vivir en paz Un Gramsci para nuestro tiempo Una ley eficaz contra la desaparición forzada La Constitución de la CDMX
FORO: Militarización y juventudes
SOBRE EL EVENTO: Mientras la CIDH no titubea para asegurar que la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública ha permitido el aumento de violaciones a derechos humanos, el Estado mexicano a través del Poder Legislativo propone en cambio la legalización de la militarización, y bajo figuras como el de «seguridad interior», llevar a cabo la aprobación de leyes con la finalidad de hacer legal lo ilegal. Desde el Centro Vitoria, invitamos a reunirnos y reflexionar sobre el impacto que la fallida estrategia de seguridad ha tenido en las personas jóvenes y generar un espacio de intercambio de experiencias, reflexiones y saberes sobre la militarización, el derecho a la paz y las alternativas ante el intento de imposición de este modelo. Entrada libre. Evento en facebook PARTICIPAN: Julian Ovalle Fierro, Acción Colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia (ACOOC) Igor Seke, War Resisters´ International Anayeli García Martínez, Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) Carla M. Lovera González, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A. C. SALA 22 DEL Centro Universitario Cultural (CUC): Odontología 35. Colonia Copilco-Universidad. Ciudad de México, D.F. 06 de mayo del 2017 11:00-15:00hrs Entrada libre Fotografía (Modificada) : Eneas de Troya Contenido relacionado: Ley de Seguridad Interior: detrimento del poder civil frente al poder militar Organizaciones y academia exigen detener las iniciativas de la Ley de Seguridad Interior y buscar medidas de seguridad no militarizadas Seguridad Sin Guerra El derecho humano a vivir en paz Recuperando la paz
Biodiversidad amenazada
Biodiversidad amenazada Sábado 22 de abril de 2017 Miguel Concha Una vez más, la voz de las comunidades indígenas y campesinas se está silenciando, mientras el vínculo ancestral que guardan estas comunidades con la custodia de la biodiversidad es estratégico para el desarrollo nacional, la seguridad, la soberanía alimentaria y la salud en general de la sociedad. Más todavía en un país megadiverso, como México, en el que se reconocen sus beneficios para las generaciones actuales y futuras, y donde cada vez somos más conscientes de que, como seres humanos, debemos aprender a convivir armónica y respetuosamente con la madre Tierra. Resulta que al calor del debate que se tendría antes y durante la conferencia de las partes, COP13, sobre Convención de Diversidad Biológica, que se realizó en Cancún en diciembre pasado –de la que me ocupé en La Jornada ampliamente el 7 de enero–, el 25 de octubre de 2016 se presentó en el Senado una iniciativa de Ley General de Biodiversidad. Qué paradoja, que apenas pasada la discusión al final del año, ahora se acelere la aprobación de su dictamen en Comisiones Legislativas, antes de que el periodo ordinario legislativo termine el 30 de abril. El proyecto que se discute busca integrar en un sólo ordenamiento lo relativo a la biodiversidad, previsto en el Título Segundo de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que incluye las áreas naturales protegidas y las zonas de restauración, flora y fauna silvestre. Pretende asimismo aplicar los preceptos del Protocolo de Nagoya, tan cuestionados en la COP 13, e integra también en este ordenamiento la Ley General de Vida Silvestre. Toda esta sumatoria se convierte en normas administrativas para la distribución de competencias concurrentes en dichas materias; pero se deja de lado el pleno reconocimiento y protección de los derechos a la biodiversidad y su conservación, que sin embargo se atribuyen con un sesgo antropocéntrico a las y los ciudadanos. ¿Qué esconde este proyecto de dictamen? Organizaciones académicas y de la sociedad civil, como la Caravana de la Diversidad Biocultural y otras, han expresado con argumentos sólidos, y desde su experiencia, su rechazo a este proyecto y a la premura con la cual se la quiere aprobar. Resaltan como alarmantes algunos aspectos. Por ejemplo, que la propuesta de ley omite derechos humanos reconocidos en el artículo primero de nuestra Constitución, y contraviene acuerdos internacionales de derechos humanos y en la materia, como el Convenio de Diversidad Biológica, y, en específico, la Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la OIT. Por otro lado, la materia de la iniciativa incide directamente en el patrimonio biocultural: genes, especies, ecosistemas, agroecosistemas y paisajes, en los territorios y tierras de los pueblos indígenas y comunidades equiparables que albergan en su seno la mayor biodiversidad de México. Además, este proceso legislativo adolece de mecanismos de difusión y debate de forma amplia, democrática y plural, en las diferentes lenguas de los pueblos y comunidades indígenas; y no otorga el debido tiempo para garantizar su participación efectiva. Urge una amplía deliberación más allá del Congreso, en la que las voces de los guardianes ancestrales de la biodiversidad, es decir, los pueblos campesinos e indígenas, sean debidamente escuchados, ya que ellos han preservado, domesticado y usado la biodiversidad como un bien común; lo cual les permitió generar, a través del uso de su memoria colectiva, un enorme patrimonio biocultural que implica fondos genéticos comunitarios de plantas y animales domesticados y semidomesticados, plantas medicinales, conocimientos tradicionales y formas simbólicas de apropiación de territorios. La iniciativa afecta además gravemente el principio de libre determinación y los derechos constitucionales de los pueblos indígenas y comunidades equiparables, y echa por tierra el reconocimiento de México como un Estado pluricultural, basado en su conformación diversa y en el reconocimiento de derechos. Al proponer una política pública destinada a regular el ordenamiento territorial, las actividades productivas, y el uso de los recursos naturales en una amplia porción de los territorios, donde habitan los pueblos indígenas, sin haber efectuado la más mínima consulta, pasa en efecto por alto el artículo 2 de la Constitución, que establece claramente el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación. Violenta igualmente los derechos establecidos en la fracción IV de ese mismo artículo, que establece la obligación del Estado a preservar, enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyen su cultura e identidad; así como la fracción V, que define el derecho a conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras, y la fracción VI, que instituye su derecho al respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra, establecidas en la Constitución, así como al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades. En resumen, lo que se propone en el Poder Legislativo se inclina a la explotación comercial de los recursos genéticos y de sus conocimientos asociados, dejándolos a disposición de lo que se denomina biopiratería, una práctica de las empresas privadas interesadas en la bioprospección, sin contemplar mecanismos reales para evitar privatizaciones y garantizar su conservación. Dicho proceso debe suspenderse hasta que se conozcan las opiniones de diversos sectores de la sociedad, mediante un amplio debate nacional que incluya, de manera prioritaria, a los pueblos indígenas y comunidades campesinas en México. Un agravio más a los pueblos campesinos e indígenas es inadmisible. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada (modificada) : Bandelier Entradas relacionadas: En la encrucijada del norte y el sur Premio Don Sergio Méndez Arceo Día de las trabajadoras del hogar Reacomodo neoliberal del comercio Inconstitucionalidad de la ley Atenco El derecho humano a vivir en paz Un Gramsci para nuestro tiempo Una ley eficaz contra la desaparición forzada La Constitución de la CDMX Protección a personas defensoras
La vida pública de la Ciudad de México en riesgo
LA VIDA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN RIESGO Ciudad de México, 20 de abril de 2017. Los que suscribimos, Ciudadanos soberanos de la Ciudad de México, nos dirigimos a la opinión pública y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para externar nuestra posición sobre la forma concertada en que diversas instituciones, entre ellas la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Procuraduría General de la República, la Consejería Jurídica de la Presidencia, el Tribunal Superior de la Ciudad, presentaron acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales sobre la recientemente aprobada Constitución de la CDMX. 1.- El contenido del conjunto de los recursos presentados constituye un intento de freno conservador al avance de los derechos y la democracia en la Ciudad de México y, por lo mismo, se convierte en un freno a cualquier avance en el régimen político del país, lo que anticipa la tónica de intolerancia que privará en los comicios del 2018. 2.- El freno que se trata de imponer desde la Presidencia de la República pone en riesgo la institucionalidad de la vida pública de la Ciudad de México, al generar incertidumbre sobre los procesos de regulación legislativa en marcha, a la vez que pone en duda la credibilidad de organismos que debieran ser autónomos, o por lo menos independientes de la misma Presidencia. 3.- Este intento conservador continúa el menoscabo de la soberanía de los habitantes de la Ciudad de México que se nos impuso con la restricción de elegir sólo al 60% de la Asamblea Constituyente, reservándose los poderes constituidos, algunos de los que ahora impugnan su resultado, el 40% de la “representación” de la Ciudad. 4.- No obstante, la restricción anterior, la Constitución aprobada, si bien no refleja todas las aspiraciones democráticas y de garantía de derechos que muchos ciudadanos propusimos, sí es un avance que, entre otros aspectos: i) trata de erradicar la corrupción del poder judicial, ii) establece la revocación de mandato para los funcionarios electos que no cumplan su compromiso con la sociedad que los eligió; iii) aumenta la defensa efectiva de los derechos humanos. Por lo anterior hacemos un llamado a: a)Las autoridades de la Ciudad y a los directamente involucrados en el proceso constituyente, a asumir sin reticencia alguna la defensa de la Constitución de la Ciudad. b)A la SCJN, a no aceptar este atropello a la ciudadanía y desechar los recursos presentados. c)A la ciudadanía de la Ciudad de México, a ejercer el legítimo derecho de soberanía que nos reconoce el artículo 41 de la constitución del país, sobre el cual el dictamen aprobado por el Congreso para su modificación aclaró: “…la Ciudad será considerada en cuanto le competa, el medio a través del cual el pueblo ejerza su soberanía” (C. Diputados, Gaceta Parlamentaria 9/12/2015). La defensa de ésta podrá hacerse, entre muchos otros medios, a través de: i)Cartas a la SCJN dando argumentos, por medio de la figura de derecho internacional Amicus Curiae, para impedir el menoscabo de nuestra soberanía.[1] ii)Informando a toda la sociedad sobre los contenidos de la Constitución de la CDMX y sobre las implicaciones de los recursos interpuestos. iii)Informando a la opinión pública internacional sobre estas acciones concertadas que atentan contra la democracia y contra los derechos humanos. Si estás de acuerdo con estas propuestas adhiérete y si quieres más información comunícate a: endefensaconstitucioncdmx@gmail.com [1] El amicus curiae (amigo de la corte o amigo del tribunal) es una expresión latina utilizada para referirse a presentaciones realizadas por terceros ajenos a un litigio, que ofrecen voluntariamente su opinión frente a algún punto de derecho u otro aspecto relacionado, para colaborar con el tribunal en la resolución de la materia objeto del proceso. Habitualmente se presentan amicus curiae en juicios en los que está en juego alguna libertad o derecho fundamental, debido al interés general que provocan en la sociedad este tipo de causas. Es decir, se acostumbran a realizar en litigios en que el asunto controvertido involucra directa o indirectamente a los derechos humanos y, que por tanto, puede incidir o afectar la vigencia o extensión de algún derecho fundamental. https://es.wikipedia.org/wiki/Amicus_curiae Imagen destacada: A.Luna * Imagen: Canal del Congreso Entradas relacionadas: A la Mesa Directiva de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México La Constitución de la CDMX, a debate Nuevo constitucionalismo en la CDMX Ciudadanizar la Constitución Una ciudadanía política, el reto de la nueva CDMX Constituyente y ciudadanía
Albazo: Partido Verde pretende privatizar los recursos genéticos del país con Iniciativa de Ley General de Biodiversidad
ALBAZO: PARTIDO VERDE PRETENDE PRIVATIZAR LOS RECURSOS GENÉTICOS DEL PAÍS CON INICIATIVA DE LEY GENERAL DE BIODIVERSIDAD Ciudad de México, 18 de abril de 2017 -No se reconocen los derechos comunitarios de los pueblos indígenas y campesinos a su territorio y los recursos que en ellos se encuentran. -La Iniciativa no ha sido sometida a consulta previa, libre e informada, de buena fe, en los idiomas de los pueblos indígenas, campesinos y a la sociedad en general. -Se afectarán gravemente el principio de libre determinación y los derechos constitucionales de pueblos indígenas y campesinos. -Exigimos que el dictamen de la iniciativa se suspenda y se deseche por improcedente. Con una artimaña legislativa las comisiones unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales[1], y la de Estudios Legislativos Primera[2] pretenden dictaminar en fast track la Iniciativa de Ley General de Biodiversidad impulsada por la Senadora Ninfa Salinas. La comunidad científica, intelectual, organizaciones civiles y productivas, los y las abajo firmantes, nuevamente hacemos un llamado enérgico de atención para que se detenga esta intentona de privatizar los recursos genéticos del país aprobando la Iniciativa de Ley General de Biodiversidad Esta iniciativa busca integrar en un solo ordenamiento lo previsto en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), en el Título Segundo relativo a la Biodiversidad, que incluye: (a) las áreas naturales protegidas; (b) las zonas de restauración, y (c) flora y fauna silvestre; asimismo, busca aplicar los preceptos del Protocolo de Nagoya e integra también la Ley General de Vida Silvestre (LGVS). Cabe aclarar que la versión presentada por la Senadora, tenía errores en la numeración de los artículos y en la sintaxis. Diversas voces de organizaciones de la sociedad y académicas rechazamos esta Iniciativa y la premura con la cual se quiere aprobar. En este texto se resumen algunas consideraciones por las que nos oponemos a esta Iniciativa, particularmente al Título Segundo, sobre diversidad genética: 1. La biodiversidad es estratégica para el desarrollo nacional, para la seguridad alimentaria y la salud de la sociedad, máxime en un país megadiverso como es México, que goza de los beneficios de la misma como un derecho humano básico, no sólo de las generaciones actuales sino también de las futuras. La Iniciativa omite derechos humanos de los ciudadanos enunciados en el Artículo Primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y contraviene acuerdos internacionales sobre la materia, como es el Convenio de Diversidad Biológica, y de derechos humanos; en específico, la Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la OIT. 2. La materia de la iniciativa incide directamente en el patrimonio biocultural (genes, especies, ecosistemas, agroecosistemas y paisajes), en los territorios y tierras de los pueblos indígenas y comunidades equiparables que albergan en su seno la mayor biodiversidad de México. Además de que la iniciativa carece de mecanismos de difusión y debate de forma amplia, democrática, plural, en las diferentes lenguas de los pueblos, y comunidades indígenas, ni otorga el tiempo pertinente para garantizar la participación efectiva de estas comunidades, como lo establecen varios tratados internacionales de los que México es signatario. 3. Los pueblos indígenas y comunidades equiparables han preservado, domesticado y usado la biodiversidad como un bien común, lo cual les permitió generar, hasta nuestros días, a través del uso de su memoria colectiva, un enorme patrimonio biocultural que implica fondos genéticos comunitarios de plantas y animales domesticados y semi-domesticados, agroecosistemas (paisajes bioculturales), plantas medicinales, conocimientos (tradicionales), rituales y formas simbólicas de apropiación de los territorios. Podemos citar al maíz, tal vez como la planta más emblemática, pero al menos se podrían anotar 31 especies diferentes domesticadas a lo largo de casi 10 mil años. La Iniciativa no sólo afectará gravemente el principio de libre determinación y los derechos constitucionales de los pueblos indígenas y comunidades equiparables en un Estado pluricultural, también lo hará con el patrimonio biocultural del país, hipotecando el futuro y la independencia nacional (más que la venta de PEMEX), dejando en manos de transnacionales y particulares del país la riqueza que hasta nuestros días han conservado los pueblos indígenas y campesinos, quienes sin pedir nunca dinero alguno, se han interesado en el bien común, no el beneficio individual. 4. La Iniciativa pasa por alto el Artículo 2º de la Constitución Política Mexicana que establece claramente “el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación” al proponer un política pública destinada a regular el ordenamiento territorial, las actividades productivas, y el uso de los recursos naturales en una amplia porción de los territorios donde habitan los pueblos indígenas, por no haber haber efectuado la más mínima consulta al respecto. La iniciativa violenta también los derechos establecidos en la fracción IV del mencionado Artículo 2º constitucional que establece la obligación a “preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad”, así como, la fracción V que define el derecho a “conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras” y la fracción VI que a la letra instituye su derecho “al respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en esta Constitución y… al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades”. 5. La Iniciativa es sólo una norma administrativa para la distribución de competencias concurrentes en las materias que señala y no así de reconocimiento de derechos a los ciudadanos, en especial a los pueblos indígenas. Establece cómo el presidente decreta, las instituciones tutelan concurrentemente el acceso de la diversidad biológica (genes, especies y paisajes) y la iniciativa privada internacional y nacional controla el patrimonio biocultural, excluyendo a los pueblos indígenas y comunidades equiparables, En resumen, la Iniciativa se vuelca a la explotación comercial de los recursos genéticos y sus conocimientos asociados; dejándolos sujetos a la biopiratería por parte de las empresas privadas interesadas en la bioprospección, sin contemplar mecanismos reales para evitar su apropiación por particulares,
En la encrucijada del norte y el sur
En la encrucijada del norte y el sur Sábado 15 de abril de 2017 Miguel Concha Del 3 al 5 de abril se realizó en el plantel CDMX de la Universidad Iberoamericana (Uia) el coloquio internacional En la encrucijada del Norte y el Sur. Participaron 22 ponentes de Brasil, Bolivia, Centroamérica y México en seis conversatorios, al final de los cuales Boaventura de Sousa Santos, uno de nuestros principales científicos sociales, ofreció también reflexiones sintéticas sobre las ponencias. En consonancia con la misión de la Uia, de generar conocimiento académico con incidencia social, integrantes de movimientos sociales e investigadores reflexionaron juntos sobre cómo las resistencias del Sur global permiten vislumbrar sociedades más justas, equitativas y democráticas. Como se explica en una nota ejecutiva preparada para la prensa por los organizadores, las sesiones del coloquio convergieron en al menos tres puntos. En el diagnóstico desde distintas disciplinas de la opresión interseccional ejercida por el Estado entre capitalismo, colonialismo y patriarcado, cuando en principio debería garantizar el bienestar de la sociedad. Como felizmente sucede en otros espacios de América Latina, los participantes insistieron también en la importancia de identificar lo que hay de común entre las distintas resistencias, y en tejer alianzas a partir de lo compartido entre los movimientos sociales, para trascender de las tragedias particulares a la lucha colectiva. Finalmente, las reflexiones de Boaventura de Sousa Santos y las de los participantes coincidieron en señalar la necesidad de abrigar las esperanzas en tiempos de incertidumbre, y sostener como principio ético irrenunciable la dignidad humana y la vida, toda vida, nuevo nombre de las espiritualidades que los pueblos del continente han venido cultivando desde hace milenios. Al finalizar el coloquio, los planteles de la Uia en Ciudad de México, Tijuana y Puebla, así como el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente y el Instituto Superior Intercultural Ayuuk, de Oaxaca, le otorgaron el doctorado honoris causa a Boaventura de Sousa Santos, por su fructífera labor académica en favor de los derechos humanos, y por su excepcional contribución a escala mundial en el ámbito de la sociología jurídica. Boaventura de Sousa Santos nació en Coimbra, Portugal, el 15 de noviembre de 1940, donde estudió derecho. Estudió también filosofía en Berlín y sociología en la Universidad de Yale, donde obtuvo el doctorado en Sociología del Derecho. Actualmente es director del Centro de Estudios Sociales y del Centro de Documentación 25 de Abril de la Universidad de Coimbra, donde es también investigador y catedrático. Ha sido además profesor distinguido del Institute for Legal Studies de la Universidad de Wisconsin-Madison, y es conocido por sus aportaciones en los campos de la sociología, la epistemología, la ciencia política y los derechos humanos. Sin embargo, como resalta la Uia en la semblanza sobre su persona que repartió el pasado 5 de abril, a raíz de una estancia de investigación en una favela de Río de Janeiro, en 1970, conoció la realidad de lo que significa ser el Sur en un mundo dominado por el modelo de desarrollo capitalista, y se fue gestando así una mirada académica crítica, que fue el punto de partida de la Sociología de las Emergencias. Su interés fue el de acercar la ciencia al sentido común, el análisis científico a la articulación simbólica de la realidad dirían otros, con el fin de promover la generación de un conocimiento auténticamente democrático. Y por ello en su obra teórica y trayectoria vital se ha esforzado siempre por superar la brecha entre el mundo académico y los movimientos sociales, para enfrentar con un optimismo trágico el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado, que son la nueva expresión de la hegemonía planetaria. A él le debemos, entre otras cosas, un análisis importante sobre la interculturalidad de los derechos humanos, en el que, además de criticar la supuesta universalidad de derechos humanos localizados en la particular cultura hegemónica occidental que los formalizó, resultado a su vez de varias culturas históricamente eliminadas y oprimidas, propone lo que concibe como un diálogo diatópico sobre el común principio de la dignidad humana, para fundamentar una verdadera universalización de los derechos humanos, localizados en las diferentes culturas. Lo que le ha permitido poder también, por ejemplo, detectar los elementos comunes y las diferencias entre el cristianismo, el islam y el budismo, con el fin de que éstos puedan encontrarse en un diálogo fructífero, comprenderse mejor y enriquecerse en la práctica sobre todas las dimensiones de la dignidad de las personas. Análisis intercultural que por cierto también ha propuesto y ensayado en el diálogo sobre derechos humanos con y entre las culturas aborígenes del Sur. A él también se debe, por otro lado, el rescate de los derechos humanos como instrumentos de interpretación y lucha de las víctimas del sistema, como una de las aportaciones valiosas de las teologías cristianas y musulmanas progresistas. Sus numerosas investigaciones, dice la semblanza aludida, han contribuido a redefinir los enfoques hegemónicos del pensamiento social contemporáneo, rompiendo con las teorías más convencionales y rescatando precisamente conceptos como interculturalidad y emancipación, que han sido claves para pensar en formas alternativas y críticas la democracia. Obras que adquieren un mayor valor porque, frente a una realidad injusta, han venido acompañadas de un posicionamiento que busca ante todo dar voz a quienes no la tienen. Por ello, al dar las gracias por su merecido doctorado, Boaventura de Sousa Santos invitó a construir una nueva sociedad en el seno de una sociedad condenada; a vencer el miedo y luchar juntos por una vida digna, en una sociedad indignada. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Internet Entradas relacionadas: Premio Don Sergio Méndez Arceo Día de las trabajadoras del hogar Reacomodo neoliberal del comercio Inconstitucionalidad de la ley Atenco El derecho humano a vivir en paz Un Gramsci para nuestro tiempo Una ley eficaz contra la desaparición forzada La Constitución de la CDMX Protección a personas defensoras Niveles superiores de acción cívica
Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social denuncia graves retrocesos en la Ley sobre el Uso de la Fuerza Pública en el estado de Sonora
FRENTE POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y LA PROTESTA SOCIAL DENUNCIA GRAVES RETROCESOS EN LA LEY SOBRE EL USO DE LA FUERZA PÚBLICA EN EL ESTADO DE SONORA. Ciudad de México, 11 de abril de 2017 -La iniciativa de Ley sobre el uso de la Fuerza Pública en el estado de Sonora no restringe tácitamente el uso de armas letales en reuniones. -El FLEPS considera que la ley carece de un enfoque de protección y garantía al ejercicio del derecho de reunió -El FLEPS externa su preocupación ante el uso de calificativos sobre las reuniones, tales como “ilícitos” y “violentas”. Días después de acontecidos los hechos de la brutal represión con armas largas en contra de población civil desarmada en la carretera hacia Bahía de Kino en Sonora, el Congreso del Estado retomó la discusión de la iniciativa de Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública de las Instituciones Policiales del Estado de Sonora, presentada el 26 de octubre de 2016. Dicha iniciativa fue sacada del “congelador” para ser dictaminada el 5 de abril por las Comisión de Justicia y Derechos Humanos y aprobada por el pleno del Congreso al día siguiente, apenas unos días después de aquellos ominosos hechos de abuso policiaco. Destaca que la Ley establece el previo agotamiento de medios no violentos antes de recurrir al uso de la fuerza, además de reconocer los principios básicos en el uso de la fuerza; obliga a los policías a brindar informes detallados sobre el uso de la fuerza; y reconoce los enfoques de seguridad ciudadana y protección al ejercicio del derecho de reunión. No obstante, el FLEPS considera que la Ley carece de un verdadero enfoque de seguridad ciudadana y de protección y garantía al ejercicio del derecho de reunión. Al respecto, en la sección correspondiente al “Uso de la Fuerza Pública en Reuniones Públicas”, la Ley adopta en el artículo 29 fracciones I, II y III caracterizaciones vagas e imprecisas respecto a las asambleas en el espacio público tales como “reuniones lícitas y pacíficas”; “reunión ilícita pero no violenta”; y “reunión violenta”. El FLEPS considera que éstas categorizaciones pasan por alto el principio de distinción de actos violentos que implican el uso de tácticas para aislar a aquellas personas que cometen actos que pongan en peligro la vida e integridad, respecto de quienes no lo hacen, así como el principio de presunción de legalidad en el ejercicio de derechos, al distinguir entre reuniones lícitas e ilícitas. Así, las calificaciones previas de una protesta, conllevan –en el caso de reuniones ilícitas y violentas– el uso de la fuerza pública como una forma clara de criminalización cuando en la experiencia la idea de violencia puede ser interpretada por los propios policías o sus mandos como cualquier cosa Más preocupante aún es que en las “reuniones violentas” se establece que “sólo podrán usarse armas de fuego”. A pesar de que la Ley acota este supuesto a la actualización de situaciones que pongan en peligro la vida y la integridad de las personas, y prohíbe disparar indiscriminadamente a la multitud, la Ley adopta una definición confusa y demasiado abierta sobre reunión violenta, lo cual permite la arbitrariedad al momento de aplicarse. Al respecto, la Ley se considerará violenta una asamblea “cuando haya concurrencia real de actos delictivos, y la existencia o inminente amenaza de violencia o actos que inciten a la materialización real de discriminación y discurso de odio”. En este sentido, es evidente que la Ley no prioriza la protección de la vida y la integridad, sino que protege una serie de bienes jurídicos que abarcan demasiadas conductas y que permitirían el uso de armas de fuego, en supuestos demasiado amplios. Posteriormente, en el artículo 30 pretende establecer requisitos para la dispersión de una reunión violenta, mediante el uso de armas incapacitantes no letales. El artículo 30 de la Ley adopta otra definición de reunión violenta, caracterizando así a las reuniones que deliberen armadas “o bien en la petición o protesta que se realiza ante la autoridad, se hace uso de amenazas para intimidar u obligar a resolver en el sentido que deseen, se atenta contra los derechos de otras personas, se provoca la comisión de un delito o se perturba la paz pública y la seguridad ciudadana”. Una vez más se establecen conceptos amplios y ambiguos como “perturbación de la paz pública” o “derechos de las personas” para calificar a una reunión como violenta, además de dejar al criterio de las autoridades qué expresiones o exigencias son pacíficas. Finalmente, el artículo 34 de la Ley establece una definición demasiado amplia de “instalaciones estratégicas”, para cuyo resguardo se deberán aplicar protocolos de uso de la fuerza, e incluso se permite a los elementos de policía armas de fuego. Estas “instalaciones estratégicas”, no son las previstas en la Constitución. Sino que se amplían a servicio público de transporte masivo de pasajeros o de mercancías de importancia para la economía del Estado de Sonora; centros culturales y artísticos, escuelas, museos, teatros, centros de convenciones y demás inmuebles en que se celebren espectáculos masivos de naturaleza educativa, pedagógica, artística o cultural; monumentos bajo el cuidado del Gobierno del Estado de Sonora, federal o locales y los que se consideren como tales por el Gobierno, de acuerdo al artículo 2 fracción XI. Es decir, se prevén una multiplicidad de lugares e incluso la propia autoridad puede decidir discrecionalmente cuando catalogar un espacio como instalación estratégica. Por ello, para el FLEPS resulta urgente que previo a la promulgación y publicación de esta Ley por parte del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, se revisen estos aspectos que, de entrar en vigor, pueden derivar en violaciones graves a derechos humanos. Para ello es necesaria una discusión en el marco de un diálogo abierto con diversos actores como movimientos sociales, sociedad civil organizada, y personas expertas en el tema, con la finalidad de adoptar efectivamente un enfoque de seguridad ciudadana y de protección y garantía del ejercicio del derecho a la reunión. Frente por
Premio Don Sergio Méndez Arceo
Premio Don Sergio Méndez Arceo Sábado 08 de abril de 2017 Miguel Concha La memoria está viva. Es pasado y sobre todo es presente. Cada una de las experiencias de liberación en América Latina y el Caribe quedaron plasmadas en sendos libros de análisis y reflexión, así como en testimonios de vidas entregadas a la lucha social, como huellas en la vida de muchos pueblos y comunidades. Igualmente, en reconocimientos que hacen remembranza de historias compartidas. Tal es el caso del Premio Nacional de Derechos Humanos Don Sergio Méndez Arceo, que año con año se entrega para reconocer, estimular y promover la solidaridad entre organizaciones, colectivos y personas que se dedican a la defensa y promoción de los derechos humanos en nuestro país. El nombre del premio es en memoria y reconocimiento del séptimo obispo de Cuernavaca, el entrañable para muchos, creyentes y no creyentes, don Sergio, quien con su testimonio nos compartió cómo asumir la opción por las y los excluidos de este mundo, por las y los condenados de la tierra. Insistió en que no sólo hay quienes no se resuelven a superar la desigualdad, sino por el contrario, quieren mantenerla y establecerla más firmemente. Se refería entonces proféticamente a los regímenes militares de la llamada seguridad nacional, pues es más patente el mantenimiento de la desigualdad económica, política y cultural por medio incluso de la crueldad y la muerte. Hoy, en esta época de creciente militarización de la seguridad, de violaciones sistemáticas de los derechos humanos y de despojo de los bienes comunes, este fragmento de una de sus homilías nos convoca a pensar seriamente cómo entonces hacer posible la paz con justicia y dignidad. Es decir, para los cristianos, el Reinado de Dios. ¿Cómo hacerlas posibles en tiempos de endurecimiento y de violencia venidos desde los actuales regímenes políticos y otros actores? ¿Cómo enfrentar la crueldad y la muerte tan predominantes en nuestro suelo? Por fortuna existen testimonios que ya se hacen cargo de enfrentar esta situación tan desesperanzadora. Están de una u otra manera en la senda de la continuidad de ese proyecto que también asumió en su momento don Sergio: el de la liberación de los pueblos y la eliminación de toda forma de opresión. Dos ejemplos en México nos sirven hoy de inspiración para seguir transformando este mundo roto. Este año también han sido reconocidas para este premio nacional experiencias de lucha y entrega en la defensa y promoción de los derechos humanos. En la categoría individual, el galardón es para la hermana Leticia Gutiérrez Valderrama, quien es directora y fundadora de la organización SMR Scalabrinianas (sic), Misión para Migrantes y Refugiados, desde donde realiza trabajo de acompañamiento a migrantes que se encuentran en México. Desde hace 20 años es parte de esa comunidad católica, de los cuales ha dedicado 10 al trabajo sostenido en la defensa y protección de los derechos humanos de las personas migrantes. Entre sus actividades se encuentra la atención solidaria a migrantes que han sido víctimas de delitos, como privación arbitraria de la libertad, secuestros, violencia sexual y extorsiones. La mayor parte de las personas en movilidad que la hermana Leticia acompaña migran de América Central. Como mujer religiosa y defensora de derechos humanos ha criticado también fuertemente la situación de guerra y la violencia en México, que obligan a las personas a dejar sus lugares de origen y buscar otro sitio dónde sobrevivir. Ha denunciado este sistema que privilegia a unos cuantos y se ha apropiado de los recursos y despojado a las mayorías. Que arrebata territorios y expulsa a sus habitantes de sus hogares. Ha igualmente luchado por el reconocimiento de la diversidad de las sociedades, todas, en sus palabras, llenas de culturas diversas y de pluralidad, además de contribuir en la construcción de procesos de defensa de derechos, siempre a partir del diálogo, la humanidad y el amor. En el caso de la categoría grupal, el premio es para el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, fundado en 2012 por estudiantes, catedráticos y activistas del estado de México. Este centro ha contribuido de manera significativa con los procesos que luchan por revertir, mayormente en esa entidad, las violaciones de derechos humanos y los despojos provocados por el Estado y las empresas trasnacionales. En esta entidad federativa, en la que es notable lo que ahora denominamos crisis de derechos humanos, y donde además los gobiernos, regionales y locales, contrariamente a la vida y la dignidad de pueblos y comunidades, se han distinguido por su complicidad con poderosos intereses económicos, el Centro Zeferino Ladrillero ha dado un nuevo aliento a los movimientos populares y sociales. Sin embargo, pese a sus grandes problemas, todavía se tiene poca visibilidad de los grupos u organizaciones defensoras de derechos humanos en esa entidad. Padecen pues de invisibilidad, como si no se quisiera contar con ellos en los procesos de mejora de la vida de las personas y sus comunidades. Su posicionamiento claro y explícito por la construcción de una sociedad más libre, justa, igualitaria y solidaria, los ha llevado a comprometerse con diversas agrupaciones, movimientos y luchas que resisten a megaproyectos, despojos, ataques y a la criminalización de las autoridades. Todo esto los ha llevado también a enfrentar una situación de riesgo significativo, encarando de forma constante amenazas y agresiones de autoridades o de grupos políticos afines al gobierno en turno. Ambos galardonados son una brújula en medio del caos que vivimos, una inspiración para seguir luchando. Enhorabuena, pues, por los dos reconocimientos de este 2017. Los recibirán el 22 de abril en la ciudad de Cuernavaca, en el contexto de un foro sobre la situación de los derechos humanos en México. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada (modificada): UAEM Entradas relacionadas: Día de las trabajadoras del hogar Reacomodo neoliberal del comercio Inconstitucionalidad de la ley Atenco El derecho humano a vivir en paz Un Gramsci para nuestro tiempo Una ley eficaz contra la desaparición forzada La Constitución de la CDMX Protección a personas defensoras Niveles superiores de acción
Los pueblos latinoamericanos decimos NO a los Tratados de Libre Comercio
Las organizaciones y coaliciones de lucha contra los Tratados de Libre Comercio (TLC) abajo firmantes rechazamos el intento de los gobiernos de la Alianza del Pacífico y del Mercosur de unificar América Latina bajo el signo del libre comercio. La reunión de presidentes de ambos bloques planeada para este 7 de abril,significa avanzar en la agenda de libre comercio entre nuestros países, la cual nos traerá más hambre y pobreza. Hoy alzamos nuestra voz contra este intento de construir un “nuevo ALCA” que otorga privilegios a las corporaciones y quita derechos a nuestros pueblos. Los TLC y sus efectos no son nuevos para los pueblos latinoamericanos. Nuestras organizaciones han sido parte de la lucha contra el ALCA y el libre comercio en el continente durante los últimos veinte años. Esta experiencia nos permite correr la cortina sobre el mito de los supuestos beneficios de la liberalización comercial.Las consecuencias atroces de la apertura indiscriminada son notorias en los países que ya avanzaron por este camino.En México, se ha pasado a depender del maíz importado de EEUU a partir del TLCAN; en Colombia, el TLC con Corea del Sur está destruyendo la industria de “línea blanca”; en Perú, el sector textil ha sido impactado negativamente por la apertura indiscriminada al entrar en vigencia el TLC con China; en Chile, el neoliberalismo ha tenido como vehículo la firma compulsiva de decenas de acuerdos de liberalización comercial.Estos TLC han significado la reprimarización y desindustrialización de nuestras economías, además de la destrucción masiva de la naturaleza. Estos son sólo algunos ejemplos que muestran que los beneficios del libre comercio no son para las mayorías, sino sólo para los grupos económicos más concentrados que se benefician de que nuestros países se transformen en plataformas de exportación. Los gobiernos neoliberales de América Latina han tomado el dogma del libre comercio como una verdad revelada, sin siquiera mostrar estudios de impacto que puedan reflejar algún mínimo beneficio para las grandes mayorías. Se involucran en negociaciones secretas y a espaldas de las poblaciones pero no pueden justificar cuáles son los supuestos efectos positivos de tal liberalización. Por el contrario, la experiencia nos muestra que la libertad de comercio significa bajar los estándares laborales, sociales y medioambientales para ser “competitivos” y poder insertar a nuestros países en las cadenas globales de valor.Pero todo esto está en el plano del discurso y del deseo: la realidad muestra que el libre comercio es una carrera al precipicio, donde los que pierden son las grandes mayorías y la Madre Tierra. Sabemos que los TLC no son meros acuerdos sobre aranceles, ya que incluyen además temáticas tan sensibles como la propiedad intelectual (patentes de medicamentos, semillas, software, etc.), los servicios (incluyendo salud y educación), las compras públicas, las telecomunicaciones, la agricultura, el comercio electrónico, las inversiones y también las cláusulas que otorgan la posibilidad a los inversores extranjeros de demandar a los países en centros arbitrales internacionales como el CIADI. Estas cláusulas aseguran los derechos de propiedad de los inversores extranjeros, mientras impactan negativamente sobre los aparatos económicos nacionales, especialmente sobre las pequeñas y medianas empresas, generando así aumento del desempleo. Es por ello que hoy nos alzamos contra la agenda del libre comercio y los privilegios para las grandes corporaciones. Entendemos que estas políticas sólo plasman legalmente el poder de las empresas transnacionales, dejando de lado los derechos humanos y medioambientales. Por eso rechazamos la agenda de liberalización en todas sus formas: tanto los TLC como la agenda impuesta por la Organización Mundial de Comercio, que este año se reunirá en Buenos Aires para avanzar en la agenda corporativa, contraria a los pueblos. Por ello, exigimos: -Frenar las negociaciones de Tratados de Libre Comercio y Tratados de Inversión entre los países de la región y con terceros países, como la Unión Europea o países asiáticos; -La realización de estudios de impacto de los efectos que el libre comercio ha tenido en los países de la región, analizando sus consecuencias laborales, sociales y medioambientales; -Llamar a un diálogo abierto, transparente y vinculante con las organizaciones sociales, sindicales y políticas de los bloques de la Alianza del Pacífico y el Mercosur; -Avanzar en otras formas de integración regional que no pasen por el libre comercio y la profundización de los privilegios de las grandes corporaciones. ¡No más TLC en la región! Firman: Argentina: Asamblea “Argentina mejor sin TLC” Brasil: Red Brasilera por la Integración de los Pueblos (REBRIP) Chile: Plataforma “Chile mejor sin TPP” Colombia: Iniciativa “TLC al banquillo” México: México Mejor Sin TLC’s. Por una integración democrática y desde los pueblos. Paraguay: BASE-IS Perú: Plataforma “Perú mejor sin TPP” Uruguay: REDES-Amigos de la Tierra Primeras firmas: ATTAC Argentina Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE) Red Latindadd Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País – México Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A.C. – México Bia´lii, Asesoría e Investigación, A.C – México Medios Comunes – México Imagen destacada : Internet
Sobre la iniciativa de Ley general de Biodiversidad
SOBRE LA INICIATIVA DE LEY GENERAL DE BIODIVERSIDAD Ciudad de México, 01 de abril de 2017 –De aprobarse afectará gravemente el principio de libre determinación y los derechos constitucionales -La Iniciativa se elaboró sin la consulta previa, libre e informada y de buena fe , a los pueblos indígenas, campesinos y a la sociedad en general. -Exigimos que se suspenda este dictamen y se dé cabida a las opiniones de diversos sectores de la sociedad Los abajo firmantes científicos, escritores, organizaciones civiles y productivas llamamos la atención a las y los Senadores integrantes de las Comisiones de Medio ambiente y Recursos Naturales (1) , y la de Estudios Legislativos Primera (2) que pretenden dictaminar la Iniciativa de Ley general de Biodiversidad impulsada por la Senadora Ninfa Salinas. De aprobarse esta iniciativa afectará gravemente el principio de libre determinación y los derechos constitucionales de los pueblos indígenas y comunidades equiparables en un Estado pluricultural y que se articulan a los derechos humanos y a la formación pluricultural del país. La materia de la iniciativa incide directamente en el patrimonio biocultural (genes, especies, ecosistemas, agroecosistemas y paisajes), en los territorios y tierras de los pueblos indígenas y comunidades equiparables que albergan en su seno la mayor biodiversidad de México. Los pueblos indígenas y comunidades equiparables han preservado, domesticado y usado la biodiversidad como un bien común, lo cual les permitió generar, hasta nuestros días, a través del uso de su memoria colectiva, un enorme patrimonio biocultural que implica bancos genéticos comunitarios de plantas y animales domesticados y semi-domesticados, agroecosistemas (paisajes bioculturales), plantas medicinales, conocimientos (tradicionales), rituales y formas simbólicas de apropiación de los territorios. En la redacción de la iniciativa deja ver sólo una norma de distribución de competencias concurrentes en las materias que señala y no así de reconocimiento de derechos a los ciudadanos, en especial a los pueblos indígenas. El presidente decreta, las instituciones tutelan concurrentemente el acceso de la diversidad biológica (genes, especies y paisajes) y la iniciativa privada internacional y nacional controla el patrimonio biocultural, excluyendo a los pueblos indígenas y comunidades equiparables. La Iniciativa se elaboró sin consulta previa, libre e informada y de buena fe, a los pueblos indígenas, campesinos y a la sociedad en general. Contraviniendo los acuerdos internacionales sobre derechos humanos, particularmente la Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la OIT. Por lo anterior, exigimos que se suspenda este dictamen y se dé cabida a las opiniones de diversos sectores de la sociedad, a través de foros y la consulta previa, libre informada, en las diferentes lenguas de los pueblos indígenas y de buena fe hacia ellos, las comunidades equiparables y la sociedad en general. ATENTAMENTE Organizaciones y movimientos: Caravana de la Diversidad Biocultural. Campaña Nacional Sin Maíz No hay País. Grupo de Estudios Ambientales (GEA). Semillas de Vida. Asociación de Consumidores Orgánicos. Regeneration International. Enlace, Comunicación y Capacitación. Carnaval del Maíz. Greenpeace México, A.C. Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A C. Proyecto de Desarrollo Rural Integral Vicente Guerrero A. C. de Tlaxcala. Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la vida en Baja California Sur (compuesta por 36 organizaciones). Personas: Elena Poniatowska. Sergio Aguayo. Víctor Toledo Manzur. Carlos H. Ávila Bello. Luis Felipe Crespo Oviedo. Catherine Marielle. Gustavo Ampugnani. Francia Gutiérrez. Aída Castilleja. Arturo Argueta. Eckart Boege. Luisa Paré. Alberto Betancourt. Adelita San Vicente. Jaime Cuevas. Mercedes López Martínez. Emma Estrada Martínez miembro coordinador de la Red Latinoamericana por la Defensa del Patrimonio Biocultural. Carlos Meade de la Cueva de Yaxché, Árbol de la Vida. Amparo Borja de la Rosa de División de Ciencias Forestales, Universidad Autónoma Chapingo. Cecilia Jiménez Sierra de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa. Héctor Mario Aguilar Reyes Coordinador Técnico de Cocodrilianos Sin Fronteras. Patricia Colunga García Marín del Colegio de la Frontera Sur-Ecosur. Sonia Teresa Cruz Vasconcelos estudiante del Colegio de Postgraduados. Licet Olguín Hernández estudiante de maestría CIIDIR-Oaxaca del Instituto Politécnico Nacional. María Angélica Padilla García prestadora de Servicios Técnicos Forestales. Marina Villegas y de Gante jubilada de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Marco Antonio Vásquez Dávila del Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca. Mariana Pizarro Cepeda pasante de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Miguel Ángel Pinkus Rendón del Centro Peninsular en Humanidades y en Ciencias Sociales UNAM. Leopoldo Mohedano Caballero de la División de Ciencias Forestales, Universidad Autónoma Chapingo. Elada Miriam Aldasoro Maya del Colegio de la Frontera Sur. Guadalupe Yesenia Hernández Marquez consultora particular, Oaxaca. Alba Torres García de la Universidad Autónoma Chapingo. Claudia E. González Romo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Atzin Elihu Calvillo Arriola de Tierra Nueva, A C. Gerardo Rodríguez Quiroz del Departamento de Acuacultura, CIDIR instituto Politécnico Nacional. Eugenio Alberto Aragón Noriegadel Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste. María de Lourdes Jiménez Badillo de la Universidad Veracruzana. Aurora Margarita Breceda Solis Camara del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste. Jorge de Jesús Cancino Hernández del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste. Patricia Galina Tessaro del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste. Susana Ochoa Gaona del Colegio de la Frontera Sur – Unidad Campeche. Rodolfo Campos Bolaños del la División de Ciencias Forestales, Universidad Autónoma Chapingo. Marisela Cristina Zamora Martínez del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Víctor Iván Sombra Argüelles estudiante en el Colegio de Postgraduados. Alma Rosa Pizano del Departamento de Sociología Rural Universidad Autónoma Chapingo. Lilia Pérez Ramírez de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Eréndira Juanita Cano Contreras Doctorante del El Colegio de la Frontera Sur. Gabriela Linares Sosa de la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez, Oaxaca, Sociedad Civil. Karina Yanet Hernández Alavavez de la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez, Oaxaca, Sociedad Civil. Josué David Mendoza de la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez, Oaxaca, Sociedad Civil. Luz Laila Pérez Alavez de la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez, Oaxaca, Sociedad Civil. Moisés Martinez Francisco de la
