Carta de Consejeras y Ex-Consejeros de la CDHDF sobre proceso de elección de nueva presidencia

Carta de Consejeras y Ex-Consejeros de la CDHDF sobre proceso de elección de nueva presidencia

Ciudad de México

Agosto de 2017

 

Dip. Leonel Luna Estrada

Presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura.

 

Dip. Luciano Jimeno Huanosta

Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura.

 

P r e s e n t e s

 

Quienes suscribimos la presente, un grupo conformado por algunas y algunos Consejeros y Exconsejeros de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHDF), nos dirigimos respetuosamente a ustedes a efecto de hacer referencia a la conclusión del cargo de la doctora Perla Gómez Gallardo como presidenta de la CDHDF, quien fue designada para el periodo 5 de noviembre de 2013 al 31 de octubre de 2017.

En razón de ello, y en términos de lo establecido en el artículo 106 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que establece la competencia de la ALDF para el nombramiento de la persona que presidirá dicho organismo autónomo, manifestamos lo siguiente:

Recuperar el piso mínimo de credibilidad en éste organismo autónomo, dependerá del perfil de la o el ombusperson que se designe, para ello resulta necesario que la persona que encabezará los trabajos de la Comisión demuestre cabalmente que cuenta con una amplia trayectoria y vasto conocimiento en torno al tema de derechos humanos, así como las cualidades gerenciales para establecer un modelo de gestión que coloque nuevamente a la institución como un organismo de contrapeso y un referente, como en gestiones anteriores, de las Comisiones locales por el impacto nacional e internacional que generaron sus actividades.

Consideramos relevante señalar, la espiral de debilitamiento institucional que se ha generado durante los últimos cuatro años, es evidente la nula articulación y colaboración con las organizaciones de la sociedad civil (OSC) las cuales, junto con la academia y la ciudadanía, son actores clave para el fortalecimiento, promoción y educación de la cultura de los derechos humanos.

Las OSC han contribuido históricamente con un arduo trabajo que se traduce en acciones concretas en favor de la agenda de  derechos políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales en la Ciudad. En esa lógica, reiteramos que el rol pasivo que ha establecido el organismo como un espectador de graves violaciones a los derechos humanos, así como la falta de incidencia en temas del orden legislativo que abonen efectivamente a la agenda pendiente de los derechos humanos, claramente, han restado fuerza a la Comisión.

Adicionalmente, ponemos el acento en los problemas internos que han caracterizado a la gestión que concluye. Los constantes movimientos de personal han tenido como consecuencia habituales prácticas de acoso y hostigamiento laboral, gran cantidad de despidos injustificados, rotación excesiva de personas con perfiles deficientes en puestos estratégicos del cuerpo directivo —Seis Secretarios Ejecutivos, dos Directores Ejecutivos de Administración, Tres Coordinadores de Investigación en Derechos Humanos (Uno de ellos con quince días en el cargo), dos Directores de Comunicación, por mencionar algunos, y lo más grave –en detrimento de eficiente política de austeridad y racionalidad–, la erogación aproximada de cuarenta millones de pesos destinada al pago de liquidaciones del personal.

En la misma lógica, resulta indispensable que la persona electa para presidir la Comisión asuma un compromiso verdadero para colaborar y reposicionar la figura de su Consejo como un espacio de reflexión e intercambio amplio de opiniones para establecer de manera conjunta los lineamientos generales para las actividades de este organismo. El detrimento de esta figura, así como la limitada interlocución e interacción con la Presidencia actual de la institución, ha repercutido directamente sobre el prestigio de la Comisión. 

Es así que hacemos patente nuestra preocupación por el rumbo que durante estos cuatro años ha tomado la CDHDF. Reiteramos respetuosamente la necesidad de reconfigurar al organismo como un espacio cercano a la ciudadanía, a la academia, a los organismos internacionales y a las organizaciones de la sociedad civil, pero sobretodo un organismo público autónomo con un proyecto de gestión —articulado, progresista y colaborativo—  que abone a la defensa efectiva y pleno goce de los derechos fundamentales de las personas que habitan y transitan la Ciudad de México.

En virtud de todo lo anterior y considerando la inviabilidad para un segundo periodo de gestión, solicitamos a la ALDF que, en términos de lo dispuesto en el artículo 106 de su Ley Orgánica, convoque a los organismos no gubernamentales, entidades, instituciones y personalidades que estime convenientes y que se han distinguido en la promoción y defensa de los derechos humanos, a proponer a un candidato o candidata para hacerse cargo de la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

 

Firman:

Elena Azaola Garrido, ex Consejera.

José Antonio Caballero Juárez, ex Consejero.

José Luis Caballero Ochoa, ex Consejero.

Miguel Concha Malo, ex Consejero.

Santiago Corcuera Cabezut , ex Consejero.

Denise Dresser Guerra, ex Consejera. 

Tania Espinosa Sánchez, Consejera.

María de los Ángeles González Gamio, ex Consejera.

Clara Jusidman Rapoport,  ex Consejera.

Ernesto Lopez Portillo Vargas, ex Consejero.

Nancy Pérez García, Consejera.

Nashieli Ramírez Hernández, ex Consejera.

José Woldenberg Karakowsky , ex Consejero.

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