Miscelánea legislativa por las víctimas

Sábado 1º de octubre de 2016

Miguel Concha 

Como hace más de tres años, hoy nuevamente está en proceso una reforma a la Ley General de Víctimas, y por ello me surgen otra vez algunas preguntas al respecto. Nuestras legisladoras y legisladores, ¿han escuchado lo que realmente necesitan las víctimas? ¿Cómo se acercan las y los políticos al sufrimiento de una joven secuestrada y mutilada? ¿Desde cuándo sufren la pena de ver a un hijo acribillado? ¿Cuándo han abrazado a una madre en el momento exacto en que le avisan que su hija fue asesinada el mismo día que dejó de verla? ¿Cómo aprenden el lenguaje del dolor? Los colectivos de víctimas y las organizaciones que las acompañamos empezamos desde hace meses a trabajar un conjunto de reformas a varias leyes de aplicación nacional, con el fin de no dejar al arbitrio del Congreso federal o de los congresos locales la regulación de todas y cada una de las acciones institucionales que una víctima de secuestro, desaparición, tortura, lesiones, desplazamiento, feminicidio, violencia sexual, trata, homicidio doloso o ejecución arbitraria requiere al llegar a una dependencia federal o estatal, más allá de las fracasadas comisiones de víctimas, las cuales, por cierto, no son sólo aquellas personas que han sufrido la anulación, el daño o el menoscabo de sus derechos, como consecuencia, por ejemplo, de la desaparición de un familiar o allegado, sino desde luego la persona directamente afectada.

A medida que se ha ido avanzando en la procuración para la protección de sus derechos, aparecía y tenía que tomarse en cuenta la aplicación de una nueva ley, como se puso de relieve en el conversatorio sobre los derechos de las víctimas realizado el 24 de agosto pasado, cuando se elaboraron las medidas para que la ley de víctimas y la que eventualmente se apruebe contra la desaparición de personas tengan correlatos normativos para hacerlas efectivas y exigibles. Queremos entonces garantizar que todas las víctimas tengan todos los derechos, y sobre todo que los puedan ejercer. La propuesta, presentada a nombre propio y de un grupo plural de senadores y senadoras de la República por la legisladora michoacana Iris Vianey Mendoza, incluye 23 nuevos ordenamientos, entre ellos la reforma a la legislación de las instituciones nacionales de salud, del Seguro Social, del Issste y de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, con el objetivo de proteger los derechos a la salud y a la seguridad social de las víctimas. Se incluyen también reformas a las leyes de Educación, de Desarrollo Social, Vivienda y Ayuda Alimentaria para los Trabajadores, con el fin de generar una política pública en el ámbito social y proveer las bases para recuperar condiciones de vida dignas, para que las y los hijos de las víctimas puedan mantener su actividad escolar o acceder a programas de vivienda y a oportunidades de desarrollo económico y social.

Se precisa igualmente que el actual registro administrativo de detenciones debe ser un instrumento generado en tiempo real, para que se evite la tortura y la desaparición; por eso se propone la reforma a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Es también urgente que se reconozca la personalidad jurídica de las víctimas de desaparición, a través de una declaración especial de ausencia, y por ello se propone la reforma a los códigos Penal Federal, Nacional de Procedimientos Penales, Civil Federal y Federal de Procedimientos Civiles, así como a las leyes de Amparo, Federal contra la Delincuencia Organizada, y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que faculta a los jueces para conocer del procedimiento. Teniendo en cuenta las bárbaras situaciones y los hallazgos macabros de los que hemos sido testigos en varios estados de la República, se incluyó en la Ley General de Salud y en el Código Federal Penal regulación para combatir inhumaciones oficiales irregulares o clandestinas; para penalizar a quienes exterminen a las personas, y procedimientos dignos para identificar a las personas fallecidas.

Se incluyeron igualmente regulaciones a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, con el propósito de poder acreditar responsabilidad a quien no cumpla con los derechos victimales, y para aliviar la carga crediticia cuando se asesina o se le priva ilegalmente de la libertad a un ser querido se propone igualmente reformar la Ley de Instituciones de Crédito y la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Se modifican además la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares; la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, con el objetivo de operar un mecanismo de búsqueda urgente con información sobre tarjetas bancarias, teléfonos móviles y huellas dactilares, aunque estableciendo como excepcional la obtención de esta información, con el único fin de buscar personas desaparecidas. Esta iniciativa, que, como se ha dicho, propone reformar 23 leyes, es la primera miscelánea legislativa que se presenta para proteger los derechos y la dignidad de las personas, en este caso las víctimas. Esperamos que haya sensibilidad en las y los legisladores para analizarla y aprobarla. Queremos pensar que han aprendido a escuchar el lenguaje del dolor, y que saben que el fin de la violencia y la recuperación de la paz en nuestro país sólo puede construirse con las víctimas. Queda pendiente, desde luego, la aprobación, de conformidad con los estándares internacionales, de una ley general contra la desaparición forzada y la desaparición de personas cometida por particulares, apremiada reiteradamente al país desde hace algún tiempo por distintos mecanismos internacionales de protección a los derechos humanos.

 

Consultar artículo en La Jornada.

Imagen destacada: Jorge Aguilar

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