Reconocemos que el conflicto tiene sus origenes en la represión desencadenada contra la amplia pluralidad ciudadana movilizada para la defensa popular de los recursos naturales y la reforma a la seguridad social y su posterior exigencia de ampliar los márgenes democráticos, cese de la violencia y la justicia social en Nicaragua.

Quienes a partir de nuestra preocupación por el aumento de la represión, las violaciones a los derechos humanos y las pérdidas humanas, suscribimos este comunicado, hacemos un llamado al gobierno nicaragüense a frenar todo tipo de acción violenta contra las manifestaciones populares, así como a actuar para la desmovilización y desarme de los grupos paramilitares. Expresamos nuestra especial preocupación por la recurrente estigmatización de los defensores y defensoras de los derechos humanos, de los y las estudiantes, de los comunicadores y comunicadoras, y de todos aquellos y aquellas que participan en el diálogo nacional. Así como por la reciente modificación a la Ley Antiterrorista que no contribuye a la paz ni al cese de la represión, sino por el contrario, puede utilizarse para criminalizar a quienes se organizan y participan en las protestas pacíficas.

Pensamos que la continuidad de los esfuerzos de diálogo ya iniciados, es de suma importancia para encontrar una salida política y pacífica a este conflicto.

Nos mantendremos atentos a la situación de Nicaragua. Manifestamos nuestra disposición para hacer lo que esté de nuestra parte, en vistas a coadyuvar a la resolución de este conflicto. Animamos a la comunidad internacional a trabajar de manera unida, sin intervencionismos y con el pleno respeto a la soberanía de Nicaragua, para encontrar las mejores vías de solución acordes a los ideales e intereses democráticos del pueblo nicaragüense.