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Durante los últimos 10 años el Informe sobre la Situación de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales en México ha sido la única publicación que de manera anual da cuenta de los avances y retrocesos que en materia de DESCA se presentan, y que permite mantener una fuente actualizada de información sobre la situación del país desde una perspectiva de derechos humanos. El Centro Vitoria se ha convertido en un referente al realizar y publicar una investigación que aborda específicamente seis derechos sociales en específico: alimentación, educación, medio ambiente, salud, vivienda y derechos laborales.
En estos informes se aborda también la manera como dicha situación impacta en grupos que por su condición se ven discriminados. Además, en cada uno de estos informes se han venido incorporando diferentes ejes de análisis, como son la perspectiva de género o de no discriminación. Los últimos trabajos realizados por el área de investigación del Centro Vitoria, tanto a nivel nacional, como en el Distrito Federal, se han centrado en los mecanismos de exigibilidad; los resultados brindan elementos teóricos, conceptuales y prácticos para la exigibilidad de los DESCA.
En esta ocasión el Informe pretende ampliar el análisis en cómo, dentro de estas estrategias, y ante la falta efectiva de mecanismos de participación ciudadana en la toma de decisiones, los movimientos sociales buscan generarlos, a través del diálogo y acercamiento con las autoridades. Es así como el primer capítulo de esta investigación proporciona un marco teórico conceptual sobre lo que es participación ciudadana y su perspectiva desde los derechos humanos. También ofrece un ejemplo de participación ciudadana efectiva, a través del la reflexión sobre el proceso de elaboración del Diagnóstico y Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal.
El Informe de este año coincide también con el término de la administración federal a cargo de Felipe Calderón Hinojosa, por lo que en el segundo capítulo se incorpora un breve balance del sexenio, principalmente en cuestiones relativas a pobreza y seguridad pública, así como su impacto en el pleno goce de tres derechos en específico: alimentación, vivienda y derechos laborales.
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