Agradecemos a la Alta Comisionada su actualización oral sobre las respuestas de los Estados frente a las pandemias. Los Estados son responsables de atender los impactos en la pandemia que han sido diferenciados en la población.
Las juventudes no fueron consideradas como población de riesgo o prioritaria, sin embargo han enfrentado barreras para ejercer sus derechos humanos. El acceso a la educación ha sido una de las principales problemáticas. El 65% de los jóvenes considera que este derecho se ha visto afectado desde el comienzo de la pandemia.
Si bien se dieron clases en línea no hubo opciones viables para las personas que no contaban con aparatos electrónicos o internet, y como resultado aumentó la suspensión y el abandono de estudios.
De acuerdo con la OACNUDH antes de la COVID-19 aproximadamente uno de cada cinco jóvenes del mundo carecía de empleo. Esto refleja una ausencia estatal que priorice y promueva los derechos laborales de las juventudes. Durante la pandemia, se exacerbó la precarización laboral, por ejemplo con la disminución de salarios, lo que tiene impacto en el acceso a otros derechos.
Exhortamos a que los gobiernos implementen acciones integrales y tomen en cuenta las voces de las juventudes para contrarrestar las consecuencias por la COVID-19.
