La solicitud de dicha reunión se debió principalmente a la preocupación de organizaciones de la sociedad civil por las omisiones, obstáculos y retrocesos de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), particularmente la falta de implementación eficaz de las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVG), las cuales a pesar de ser un mecanismo que tendría que atenderse de manera urgente. Si bien desde el 12 de abril de 2018, hicimos llegar una carta privada al Secretario de Gobernación, a la fecha han sido desatendidas las preocupaciones que las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) hemos documentado, entre ellas:
- Uso a modo del reglamento, aprovechándose de sus vacíos.
- Actuar discrecional de las autoridades federales.
- Ausencia de Grupos de Trabajo para la AVG conformados por personas expertas y de manera interdisciplinaria.
- Procesos irregulares, falta de entrega de los informes de AVG en tiempo y forma, retardos injustificados.
- Falta de investigación exhaustiva sobre los problemas denunciados por las OSC al solicitar las Declaratorias de AVG.
- Restricción de la participación de las OSC peticionarias en el seguimiento a los procesos de las AVG declaradas.
- Falta de garantía a la participación con voz y voto de las OSC, desconociendo su interés legítimo y legal, así como el debido proceso administrativo, incluyendo el derecho de audiencia.
- Ausencia de indicadores de proceso, resultado e impacto para evaluar los procedimientos de las declaratorias de AVG.
- El desacato de la CONAVIM frente al reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, al argumentar que este no le es “obligatorio”.
Si bien el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) realizó una propuesta de reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia esta no fue reformada, pese a la agudización de los casos de violencia, desaparición, trata, feminicidios, entre otros tipos de violencia.
Asimismo, todos los vacíos se hicieron de conocimiento del Secretario de Gobernación pero nada de ello ameritó larespuesta de Alfonso Navarrete Prida, aún cuando la violencia feminicida constituye violaciones graves a los derechos humanos, principalmente porque la mayoría de los feminicidios y las desapariciones de niñas y mujeres ocurren como consecuencia de los contextos de alta criminalidad y de violencias generalizadas, y cuyos patrones fueron identificados en los informes de las AVG, en donde estados como el Estado de México, Veracruz, Guerrero, Morelos, Sinaloa, entre otros, fueron catalogados como estados con alta criminalidad.
La omisión de las autoridades estatales y federales frente a la implementación efectiva de las AVG, ha propiciado que como organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres tengamos como única opción impulsar recursos judiciales como el amparo, como se ha realizado en los casos de Veracruz y Puebla.
Cabe recordar que como OCNF, de 2014 a 2017 documentamos el asesinato de 8,904 mujeres, de los cuales sólo 2,188 casos fueron investigados como feminicidio, de manera alarmante preocupa la brutalidad, saña e impunidad que impera en los casos registrados, lo que hace necesario el fortalecimiento, operatividad y compromiso de las autoridades de todos los niveles de gobierno.
Ante este contexto como organizaciones de la sociedad civil:
- -Recordamos al Gobierno de Enrique Peña Nieto y de manera particular al Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete
Prida que aún quedan 109 días para que concluya su mandato como servidores públicos por lo que reprobamos toda inacción del gobierno actual para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, sobre todo reconociendo el contexto de prevalencia y agudización.
-Instamos al Gobierno Federal electo a tomar en sus manos esta problemática, a fin de evitar continuar ensanchando los retrocesos en la política de combate a la violencia hacia las mujeres. Hacemos un llamado al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador para que la CONAVIM sea fortalecida durante su mandato, reconociendo su función estratégica que -de cumplirse- abonaría a garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
-De manera específica, a la nueva Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, refrendamos la importancia de que sea la SEGOB la instancia encargada de coordinar y realizar las Decaratorias de AVG, como rectora de la política interior.
Como organizaciones de la sociedad civil y defensoras de los derechos de las mujeres, estaremos atentas de las acciones que realice el gobierno actual y el nuevo gobierno, a fin de que la transición no sea un obstáculo para el actuar inmediato y eficaz de las autoridades federales, frente a la violencia feminicida.
Atentamente
Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF)
Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT)
