En las últimas semanas se han presentado algunos pasos dirigidos a ampliar la investigación sobre los hechos y responsabilidad de autoridades de alto nivel del estado de Oaxaca, así como de algunas autoridades federales, en el periodo de las agresiones contra la población de Nochixtlán en 2016.
A este respecto, luego de un consante e intenso trabajo de las víctimas por la exigibilidad y justiciabilidad de sus derechos, que en un primer momento se encontró con la reticencia de la Fiscalía General de la República, pero en un segundo momento esta fiscalía fue compelida para que lleve a cabo entrevistas a quienes durante el día de las agresiones eran servidores públicos. Tal es el caso de quienes en ese momento fungían como delegado del CISEN en Oaxaca (ahora Secretario de Seguridad Pública del estado) y el Subsecretario de Operaciones de la Secretaría General de Gobierno de Oaxaca. De igual modo se ordenó la ampliación de las entrevistas al ex Secretario de Seguridad Pública de Oaxaca, al ex Secretario General de Gobierno del estado, al ex Comisionado de la Policía Estatal y al ex Coordinador General de la Agencia estatal de Investigaciones. En este mismo sentido se determinó que se desahogue la entrevista al ex Comisionado de la Policía Federal, pieza fundamental en la coordinación de las acciones de los cuerpos de seguridad.
A su vez, en este camino de exigencia por verdad y justicia la FGR dió lugar a que se le solicite informes amplios al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores sobre las reuniones que sostuvo en aquel momento la Comisión de Seguimiento a los hechos ocurridos en Nochixtlán con el ex Secretario de Gobernación, el ex gobernador de Oaxaca y el ex Comisionado General de Policía Federal Ministerial.
Esta ruta que empieza por el acceso a la verdad y a la justicia tiene que extenderse hasta la investigación de toda la cadena de mando, incluídos las comparecencias de los más altos funcionarios federales y estatales del sexenio anterior. En este sentido, la propuesta del ejecutivo del nuevo gobierno sobre “poner punto final y perdonar” no tiene que traducirse en un caso más de la alarmante impunidad que vivimos hoy en día, así sean varios de los máximos funcionarios federales y estatales del gobierno anterior. Es necesario que las acciones del gobierno actual, así como las de FGR transmitan certeza y voluntad a las decenas de miles de víctimas en México sobre un efectivo, objetivo e imparcial acceso a la verdad y a la justicia, a través de procesos que no sean revictimizantes ni desgastantes, sino acordes a los más altos estándares internacionales.
Asimismo, el “Comité de Víctimas por Verdad y Justicia 19 de junio” de Nochixtlán consideramos irrenunciable la necesidad y exigencia por que la búsqueda por la verdad y la justicia se lleve a cabo en un total y pleno estado de derecho garantizado por los gobiernos federal y estatal, en el cual se salvaguarde la vida e integridad de todas las víctimas y defensores de derechos humanos, anulando la posibilidad de cualquier tipo de represalia contra ellas y ellos.
Finalmente, llamamos a la solidaridad de los colectivos de victimas, de las organizaciones sociales y las organizaciones defensoras de derechos humanos, para mantener la articulación y exigencia conjunta en contra de la impunidad sobre las violaciones a derechos humanos, invitando a actuar por el acceso a la verdad y la justicia como una tarea común.
