La mal llamada guerra contra la delincuencia organizada y el narcotráfico no sólo no frenó la expansión de las redes de la economía criminal, sino que por el contrario propició que la espiral de violencia se extendiera a todos los rincones del territorio nacional y a todos los sectores de la población, particularmente las mujeres y los jóvenes.

Por otro lado, las llamadas reformas estructurales del régimen reflejaron un panorama adverso en el respeto y garantía de los derechos humanos, pues además de que facilitaron a intereses particulares el acceso a la lucrativa apropiación y depredación del territorio, los recursos naturales y la salud de los trabajadores, también abrieron la posibilidad para omitir e impedir el ejercicio de los derechos fundamentales de los pueblos, las comunidades y los defensores de esos derechos, pues, frente a la voracidad de tales intereses, limitaron al mínimo la capacidad de los instrumentos jurídicos para su defensa.

Tlaxcala no escapa a esa dolorosa realidad, y es en este contexto que el Centro Fray Julián Garcés –que presentó su 16 informe institucional Comunidad, signo de luz y esperanza– refrenda desde hace 16 años su misión de promover y defender con una perspectiva integral y de género los derechos humanos.

Por ello a lo largo del último año ha continuado su labor de investigación y denuncia en torno a la prevención de la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, así como los daños generados a las comunidades por la contaminación de la cuenca Atoyac-Zahuapan, que tanto aqueja a esa entidad.

El Fray Julián es una organización de avanzada nacional en la reflexión colectiva, que busca, con la participación comunitaria, erradicar este delito en Tlaxcala y el resto del país. Resultado de ello es la actualización del Diagnóstico de percepción ciudadana sobre la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual en Tlaxcala, el cual evidencia que la ineficacia gubernamental para la elaboración y aplicación de políticas públicas pertinentes y adecuadas ha impactado directamente en el aumento de municipios con presencia de trata (¡17 municipios más de los reportados en 2008!).

Por ello, en su 16 informe urge a la implementación del Programa Estatal contra la Trata de Mujeres y Niñas con Fines de Explotación Sexual, y de un Programa Educativo de Prevención de la Trata dirigido a niños y niñas.

Por otro lado, junto con la Coordinadora por un Atoyac con Vida y la Red de Jóvenes en Defensa de los Pueblos, inició un proceso colectivo de análisis, difusión y diálogo comunitario en torno a la Recomendación 10/2017 de la CNDH, primer documento del Estado mexicano que reconoce los impactos de la contaminación del agua en la salud de la población y la responsabilidad de las autoridades por no cumplir con la obligación de garantizar el derecho a un medio ambiente sano a los pobladores de la cuenca.

Fruto central de ese proceso es la Propuesta comunitaria para el saneamiento integral de la cuenca Atoyac-Zahuapan y la reparación del daño a las comunidades, que cuenta con el respaldo de científicos solidarios de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) e incorpora principios técnico-científicos necesarios para el saneamiento del agua y la restitución del entorno que favorece la vida del río y las comunidades a partir de la reivindicación del derecho a la reparación integral del daño y las garantías de no repetición.

En el contexto de la presentación de su 16 informe, fueron muy valiosos los comentarios de Raúl García Barrios, investigador de la UNAM, respecto a que no existe mayor daño en el cuerpo de las comunidades que la destrucción de los cuerpos de las mujeres y niñas y la destrucción del cuerpo de la naturaleza que las integra. Igualmente significativas resultaron las palabras de la antropóloga Ixchel Yglesias, quien concluyó que la prevención de la trata de mujeres y niñas y la violencia sexual feminicida deben ser consideradas problemas estructurales cuya solución depende de la aplicación de políticas públicas con participación comunitaria.

El informe Comunidad, signo de luz y esperanza representa el llamado que el Fray Julián hace, al cumplir 16 años de servicio comunitario, en la defensa y promoción de los derechos humanos para que colectivamente se asuman las acciones que nos conduzcan a alcanzar la paz y terminar con la violencia feminicida y la destrucción de nuestra Casa Común.