Secretario de Gobernación de los Estados Unidos Mexicanos
PRESENTE
Ante el incremento y la agudización de la violencia feminicida en México, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF)1, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT)2 y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria nos ponemos en contacto con Usted para solicitar una reunión con carácter urgente. El motivo de dicho encuentro es expresarle de manera personal las preocupaciones y obstáculos que desde la sociedad civil vemos para lograr que se garantice el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
Recientemente el OCNF hizo público el Estudio “Implementación del tipo penal de feminicidio en México: Desafíos para acreditar las razones de género 2014-2017”. En él –con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) a partir de información proporcionada por las Fiscalías y Procuradurías Estatales en ese periodo– registró 8,904 asesinatos de mujeres, de los cuales sólo 2,188 casos fueron investigados como feminicidio. Ello significa apenas el 24% y la mayoría de estos crímenes permanecen en la impunidad.
En este contexto hemos observado con suma preocupación que de enero a la fecha –-mes en el que asumió el cargo como Secretario de Gobernación– se han estancado procesos que desde las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) hemos impulsado para fomentar el cese de la violencia contras las mujeres. Una de las principales acciones que ha quedado detenida es la publicación de la Reforma al reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), misma que presenta diversos vacíos legales que fomentan su uso arbitrario y discrecional, al tiempo que obstaculiza la implementación del mecanismo de las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVG).
A pesar de que existía ya una propuesta de reforma trabajada y consensuada entre las autoridades y las OSC, a la fecha –a casi cinco meses de su llegada– desconocemos la situación procesal del reglamento. Esto es alarmante debido a que actualmente existen en el país 28 solicitudes de AVG, de las cuales sólo 13 han sido declaradas. La ambigüedad de la LGAMVLV hace permisible que las propias peticionarias desconozcan el porqué de la dilación para realizar la investigación de solicitudes, la emisión de los informes, así como su notificación a las autoridades responsables, como es el caso en los estados de Puebla, Tlaxcala y la Ciudad de México.
A los retardos injustificados en los procedimientos de las declaratorias de AVG, se suma la restricción de la participación de las OSC peticionarias en el seguimiento a los procesos de las AVG declaradas, sin que se garantice su participación con voz y voto, desconociendo el interés legítimo y legal de las organizaciones, así como el debido proceso administrativo, incluyendo el derecho de audiencia.
De igual manera hacemos de su conocimiento que el OCNF tiene documentado un grave retroceso en el establecimiento de indicadores de proceso, resultado e impacto para evaluar los procedimientos de las declaratorias de AVG. Esto es preocupante porque se ha hecho caso omiso a las recomendaciones realizadas por la del Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y Amnistía Internacional (AI).
Ante estos retrocesos en la política de combate a la violencia hacia las mujeres, reiteramos que diversas disposiciones legales establecen que corresponde a la Secretaría de Gobernación promover la reforma al Reglamento de la LGAMVLV, como lo señala el Artículo 3:
“Corresponde a la Federación, a través de la Secretaría de Gobernación, formular, conducir y vigilar el cumplimiento de la Política Nacional Integral, para lo cual suscribirán los instrumentos de coordinación con las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias”.
De la misma manera, dentro de las facultades de SEGOB el artículo 42 señala como una de ellas:
[…] “Formular las bases para la coordinación entre las autoridades federales, locales, del Distrito Federal y municipales para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres”.
Incluso, ateniéndonos a la normatividad interna de SEGOB, el Manual de Organización General de la Secretaría de Gobernación, señala como facultad de esta Secretaría:
“Recomendar acciones y reformas al marco jurídico para asegurar el reconocimiento y atención eficaz y oportuna a las víctimas u ofendidos de delitos”.
Finalmente queremos hacer de su conocimiento que no nos parece pertinente la canalización dada a nuestra misiva del 12 de abril de 2018, en la cual le hicimos llegar estas preocupaciones de manera más puntual. En esa ocasión no recibimos respuesta directamente de la Secretaría de Gobernación, sino de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), instancia responsable de muchas de los cuestionamientos motivo de dicha carta.
Las omisiones señaladas en esta comunicación, así como en las anteriores, impactan de manera directa la vida y la integridad física de las mujeres en México. Por ello a través de la presente reiteramos la necesidad de reunirnos con usted a la brevedad, a fin de tomar acciones de manera conjunta que puedan derivar en el beneficio de las mujeres en México. Cabe destacar que, con fundamento en el artículo 8°constitucional, por este escrito solicitamos pacífica y respetuosamente, tenga la amabilidad de dar respuesta personalmente a nuestras peticiones.
Atentamente
Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF)
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos
“Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT)
Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A.C. (CDH Vitoria)
1 El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio está conformado por 40 organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres en 22 estados del país.
2 La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” está conformada por 85 organizaciones en 23 estados de la República.
