Celebran organizaciones decisión judicial a favor del Decreto contra el glifosato
Comunicados | Adhesiones del CDHVitoria 25 de mayo del 2021 La Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País y las organizaciones que la integran, celebraron la decisión del Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en el sentido de negar la suspensión definitiva que solicitó el Consejo Nacional Agropecuario (CNA), para quedar fuera del Decreto Presidencial que prohíbe el uso del glifosato y el maíz genéticamente modificado, también llamado transgénico. Aunque el juicio de amparo en su conjunto continúa, esta es una victoria de las organizaciones agrupadas en la Campaña Nacional Sin Maíz No hay País, que entre otras acciones, enviaron una carta con casi 7 mil firmas de comunidades y personas provenientes de las áreas campesinas, investigadoras, académicas, indígenas, productoras en pequeña y mediana escala, consumidoras de maíz y sociedad en general, donde se advierte la necesidad de aplicar en todos sus términos el decreto presidencial, que prohíbe el uso del glifosato y el maíz transgénico en el territorio nacional, en un plazo comprendido desde hoy y hasta 2024. Se trata de una victoria de la ciudadanía que ha venido trabajando por años en el cuidado del medio ambiente, de la diversidad biológica y la soberanía alimentaria, así como en demanda de la protección al maíz, base y fundamento no sólo de la alimentación, sino de diversas culturas y cosmogonías en México. Las organizaciones reiteran la importancia del trabajo conjunto a través de la Campaña Nacional Sin Maíz No hay País en lograr esta victoria que no es la definitiva, pues el juicio de amparo continúa y se deberá trabajar hasta que toda la discusión judicial concluya definitivamente de manera favorable para el interés general. Mayor InformaciónJuan Carlos Villarruel al 578437593 o al correo prensa.mx@greenpeace.orgVíctor Manuel Chima Ortiz al 5583280254, victor.manuelchima.ortiz@gmail.com Descarga la Nota de Prensa aquí.
Las violencias contra la niñez, agravada en contingencia
El Comité de los Derechos del Niño apremió al Estado mexicano para adoptar políticas amplias para proteger y asistir a niñas y niños víctimas de cualquier violencia.
México y el Acuerdo de Escazú
Las últimas décadas han evidenciado los graves efectos de la crisis por el cambio climático, el cual es considerado como la mayor amenaza a la vida tal como la conocemos hasta hoy.
Justicia tardía y violencia feminicida
Sin atender a las mujeres que protestan en torno a las violencias de género, la protección de la vida se vulnera, así como los sueños y propósitos de vida de miles y miles de mujeres en el país.
Por la verdad, la justicia y la memoria de Tatojke, el sembrador
A tres años del asesinato de Manuel Gaspar Rodríguez, el Estado tiene el deber y la obligación de dignificar y reconocer su figura como defensor, así como de garantizar el acceso a la verdad sobre los hechos.
Niegan Suspensión Definitiva a Bayer-Monsanto
El decreto que prohíbe el uso de glifosato y maíz genéticamente modificado en territorio mexicano, podrá ser aplicado a dicha empresa por las autoridades, mientras se resuelve si se le concede el amparo.
Construir la paz
Desde su consistente evolución institucional, hoy Serapaz entiende su servicio a la paz, la justicia, y la dignidad de las personas y colectivos mediante el fortalecimiento de actores sociales, a través de la promoción y articulación de procesos e iniciativas civiles.
Carta a Juez Octavo y Secretaria de Juzgado Octavo, en donde exigimos NO dar suspensión definitiva al CNA
Comunicados | Adhesiones del CDHVitoria 07 de mayo del 2021 Expediente: Amparo Indirecto 289/2021 Ciudad de México a 7 de mayo de 2021 MARTÍN ADOLFO SANTOS PÉREZJUEZ OCTAVO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA CLAUDIA MARCELA VARGAS ZAMARRONISECRETARIA DEL JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA P R E S E N T E Espero se encuentre con bien,Por este conducto, desde la Campaña Nacional Sin Maíz no hay País y las organizaciones y personas firmantes, le manifestamos nuestra preocupación por haber concedido una suspensión provisional al Consejo Nacional Agropecuario (CNA), para eximirla de la aplicación del Decreto Presidencial que busca eliminar progresivamente el uso de glifosato hasta enero de 2024, así como del maíz genéticamente modificado en la alimentación, y ya no permitir su siembra en México, emitido por el Ejecutivo federal el 31 de diciembre del 2020. Nos inquieta, sobre todo, que de ratificar su decisión se estaría poniendo en riesgo la soberanía alimentaria, y la salud del planeta y las personas. Atentando contra el interés común del pueblo de México que es consumidor de maíz, café entre otros productos, atenta contra la biodiversidad de las generaciones presentes y futuras en México, así como contra el derecho constitucional a un ambiente sano y a una alimentación adecuada. Es de señalarse que laRelatora de la ONU sobre este derecho indicó que ningún alimento contaminado por plaguicidas puede considerarse adecuado.1 En este tenor, debe recordarse que el glifosato fue calificado como “probablemente cancerígeno” por la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC por sus siglas en inglés), de la Organización mundial de la Salud (OMS) en marzo de 2015. Es preocupante que en la suspensión no se consideren elementos que otros órganos jurisdiccionales tomaron en cuenta para negar la suspensión y, por el contrario, atienda todos los argumentos que esgrime una empresa que ha afectado la salud de millones de personas en el mundo. En otro caso, se examinaron los considerandos del Decreto, en los cuales se afirma que una de las razones que sustenta su creación es la protección del interés general de la sociedad mexicana en conseguir la autosuficiencia y la soberanía alimentaria, mediante la adopción de prácticas de agricultura sostenible.2 De igual manera, la juzgadora consideró que el otorgamiento de la suspensión atenta contra la preocupación de la población de que se proteja la salud y se prohíba el uso de sustancias nocivas para la salud, como el referido herbicida. Teniendo en cuenta lo anterior, una de las obligaciones que tiene cualquier órgano jurisdiccional es que las suspensiones de los juicios de amparo que conceda no impliquen un perjuicio al interés social ni contravengan disposiciones de orden público.3 En concreto, que no se otorgue esta medida en detrimento de la salud de las personas ni respecto a otros elementos de interés colectivo, como la producción nacional. De lo contrario, se estarían violentando las propias reglas de la suspensión, contenidas en la Ley de Amparo, específicamente en el artículo 128, fracción II en relación con el artículo 129, por otorgarse una suspensión contra el interés público. En este caso, suspender la aplicación del Decreto al CNA representa una vulneración a la salud de los y las mexicanas, pues, el uso de esta sustancia tiene una sólida evidencia científica que respalda el daño a la salud que causa. Numerosas investigaciones han alertado que dicha sustancia química tiene efectos nocivos en la salud, tanto de los seres humanos como en algunas especies animales,4 y como ya se mencionó, ha sido identificada como probable carcinogénico en humanos.5,6 En ese sentido, la protección de la salud, como una cuestión de interés público, obliga a todos los actores del Estado a emprender las acciones necesarias para atender los problemas de salud que afectan a la sociedad,7 por lo que la Ley de Amparo obliga a negar la suspensión. Así, conceder la suspensión al CNA implica perjudicar el interés social dado que el uso de semillas de maíz transgénico y de glifosato ponen en riesgo la soberanía alimentaria8 y la salud de la población. Debe recordarse que el derecho a una alimentación adecuada implica la obligación de mantener los diversos sistemas sociales y culturales, así como preservar los sistemas físicos y biológicos que sirven de soporte a la vida de los seres humanos,9 por lo que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, deben respetarlo. Consideramos que la suspensión provisional que concedió al CNA prioriza los intereses económicos de una empresa que ha afectado la salud de millones de personas en el mundo, recordando que tan solo en Estados Unidos esta empresa ha recibido 18,400 demandas por las afectaciones del glifosato. Respecto al maíz genéticamente modificado, valoramos que su resolución viola el principio precautorio al ser México centro de origen y diversificación constante del maíz y de cultivos nativos, entre ellos el chile, el frijol, la calabaza, la vainilla, el algodón, el aguacate, el amaranto, el chayote, el cacao y el maguey. Asimismo, consideramos que podría tener efectos adversos en la suspensión otorgada por un juez contra la siembra comercial de maíz genéticamente modificado en México en septiembre de 2013, a partir de una demanda colectiva de acción difusa presentada por 20 organizaciones civiles y 53 personalidades. En el sector agrícola, la realidad es que el uso de estas tecnologías transgénicas y del paquete tecnológico asociado, incluyendo al glifosato, están relacionados con la pérdida de soberanía y autosuficiencia alimentaria, debido a que la venta de semillas y agrotóxicos está controlada por unas cuantas empresas que son las que toman las decisiones de qué comemos y cómo se produce. Le informamos que desde la Campaña Nacional Sin Maíz no hay País -integrada por más de 300 organizaciones campesinas, indígenas, de derechos humanos, científicas, académicas y en la defensa del ambiente- y las organizaciones y personas firmantes estamos muy atentos a su actuación y los pasos futuros en este juicio. Le hacemos un llamado para que en su labor como juez considere las acciones favorables al interés común como las alternativas agroecológicas
Carta a Lic. Francisco Javier Rebolledo, en donde exigimos NO dar suspensión definitiva a Bayer-Monsanto
Comunicados | Adhesiones del CDHVitoria 07 de mayo del 2021 Expediente: Amparo Indirecto 313/2021 LIC. FRANCISCO JAVIER REBOLLEDO PEÑAJUEZ SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVAP R E S E N T E Señor Juez, por este conducto, desde la Campaña Nacional Sin Maíz no hay País y las organizaciones y personas firmantes, le manifestamos nuestra preocupación por haber concedido una suspensión provisional a Monsanto, filial de Bayer, para eximirla de la aplicación del Decreto Presidencial que busca eliminar progresivamente el uso de glifosato hasta enero de 2024, así como del maíz genéticamente modificado en la alimentación, y ya no permitir su siembra en México, emitido por el Ejecutivo federal el 31 de diciembre del 2020. Nos inquieta, sobre todo, que de ratificar su decisión se estaría poniendo en riesgo la soberanía alimentaria, y la salud del planeta y las personas. Atentando contra el interés común del pueblo de México que es consumidor de maíz, café entre otros productos, atenta contra la biodiversidad de las generaciones presentes y futuras en México, así como contra el derecho constitucional a un ambiente sano y a una alimentación adecuada. Es de señalarse que la Relatora de la ONU sobre este derecho indicó que ningún alimento contaminado por plaguicidas puede considerarse adecuado.1 En este tenor, debe recordarse que el glifosato fue calificado como “probablemente cancerígeno” por la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC por sus siglas en inglés), de la Organización mundial de la Salud (OMS) en marzo de 2015. Es preocupante que en la suspensión no se consideren elementos que otros órganos jurisdiccionales tomaron en cuenta para negar la suspensión y, por el contrario, atienda todos los argumentos que esgrime una empresa que ha afectado la salud de millones de personas en el mundo. En otro caso, se examinaron los considerandos del Decreto, en los cuales se afirma que una de las razones que sustenta su creación es la protección del interés general de la sociedad mexicana en conseguir la autosuficiencia y la soberanía alimentaria, mediante la adopción de prácticas de agricultura sostenible.2 De igual manera, la juzgadora consideró que el otorgamiento de la suspensión atenta contra la preocupación de la población de que se proteja la salud y se prohíba el uso de sustancias nocivas para la salud, como el referido herbicida. Teniendo en cuenta lo anterior, una de las obligaciones que tiene cualquier órgano jurisdiccional es que las suspensiones de los juicios de amparo que conceda no impliquen un perjuicio al interés social ni contravengan disposiciones de orden público.3 En concreto, que no se otorgue esta medida en detrimento de la salud de las personas ni respecto a otros elementos de interés colectivo, como la producción nacional. De lo contrario, se estarían violentando las propias reglas de la suspensión, contenidas en la Ley de Amparo, específicamente en el artículo 128, fracción II en relación con el artículo 129, por otorgarse una suspensión contra el interés público. En este caso, suspender la aplicación del Decreto a Bayer-Monsanto representa una vulneración a la salud de los y las mexicanas, pues, el uso de esta sustancia tiene una sólida evidencia científica que respalda el daño a la salud que causa. Numerosas investigaciones han alertado que dicha sustancia química tiene efectos nocivos en la salud, tanto de los seres humanos como en algunas especies animales,4 y como ya se mencionó, ha sido identificada como probable carcinogénico en humanos.5,6 En ese sentido, la protección de la salud, como una cuestión de interés público, obliga a todos los actores del Estado a emprender las acciones necesarias para atender los problemas de salud que afectan a la sociedad,7 por lo que la Ley de Amparo obliga a negar la suspensión. Así, conceder la suspensión a Bayer-Monsanto implica perjudicar el interés social dado que el uso de semillas de maíz transgénico y de glifosato ponen en riesgo la soberanía alimentaria8 y la salud de la población. Debe recordarse que el derecho a una alimentación adecuada implica la obligación de mantener los diversos sistemas sociales y culturales, así como preservar los sistemas físicos y biológicos que sirven de soporte a la vida de los seres humanos,9 por lo que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, deben respetarlo. Consideramos que la suspensión provisional que concedió a Bayer-Monsanto prioriza los intereses económicos de una empresa que ha afectado la salud de millones de personas en el mundo, recordando que tan solo en Estados Unidos esta empresa ha recibido 18,400 demandas por las afectaciones del glifosato. Respecto al maíz genéticamente modificado, valoramos que su resolución viola el principio precautorio al ser México centro de origen y diversificación constante del maíz y de cultivos nativos, entre ellos el chile, el frijol, la calabaza, la vainilla, el algodón, el aguacate, el amaranto, el chayote, el cacao y el maguey. Asimismo, consideramos que podría tener efectos adversos en la suspensión otorgada por un juez contra la siembra comercial de maíz genéticamente modificado en México en septiembre de 2013, a partir de una demanda colectiva de acción difusa presentada por 20 organizaciones civiles y 53 personalidades. En el sector agrícola, la realidad es que el uso de estas tecnologías transgénicas y del paquete tecnológico asociado, incluyendo al glifosato, están relacionados con la pérdida de soberanía y autosuficiencia alimentaria, debido a que la venta de semillas y agrotóxicos está controlada por unas cuantas empresas que son las que toman las decisiones de qué comemos y cómo se produce. Le informamos que desde la Campaña Nacional Sin Maíz no hay País -integrada por más de 300 organizaciones campesinas, indígenas, de derechos humanos, científicas, académicas y en la defensa del ambiente- y las organizaciones y personas firmantes estamos muy atentos a su actuación y los pasos futuros en este juicio. Le hacemos un llamado para que en su labor como juez considere las acciones favorables al interés común como las alternativas agroecológicas en el campo sin químicos o plaguicidas lesivos como el glifosato, así como la defensa de nuestros maíces nativos con sus 64
Código de ética (CDH Vitoria)
El CDH Vitoria, institución comprometida con la búsqueda de un mundo más digno, equitativo y democrático, comparte el presente Código de Ética con la finalidad de construir pisos comunes que permitan orientar el trabajo y el actuar de las personas integrantes del Centro en sus respectivas actividades.
