Pacto por la Casa Común

Sábado 02 de noviembre de 2019 Miguel Concha  Evocando el llamado Pacto de las Catacumbas, por el que un conjunto de obispos católicos latinoamericanos se comprometieron a partir de 1965 a vivir una vida sencilla, cercana a los pobres y alejada de riquezas, propiedades y privilegios, los participantes en el Sínodo Pan-Amazónico, que concluyó el 20 de octubre, decidieron acordar –también ese día– ante las iglesias que conforman los nueve países de la región, las de América Latina y El Caribe, y las solidarias de África, Asia, Oceanía, Europa y el norte de América, un pacto por una Iglesia con rostro amazónico, pobre y servidora, profética y samaritana, que denominaron Pacto de las Catacumbas por la Casa Común. Dada la trascendencia social amplia que puede traer consigo su puesta en práctica, me parece oportuno traer a colación los 15 compromisos eclesiales que decidieron asumir: 1. Ante la amenaza del calentamiento global y el agotamiento de los recursos naturales, el compromiso de defender sus territorios y la selva amazónica en pie. 2. Reconocer que no somos los dueños de la madre Tierra, sino sus hijos e hijas, f ormados del polvo de la Tierra (Génesis 2:7-8), huéspedes y peregrinos (1 de Pedro 1:17b y 1 de Pedro 2:11), llamados a ser sus celosos cuidadores y cuidadoras (Génesis 1:26). Para ello se comprometen con una ecología integral en la que todo está interconectado, el género humano y toda la creación, porque todos los seres son hijas e hijos de la Tierra y sobre ellos aletea el Espíritu de Dios (Génesis 1:2). 3. Acoger y renovar cada día la alianza de Dios con todo lo creado. 4. Renovar en las iglesias la opción preferencial por los pobres, especialmente por los pueblos originarios, y junto con ellos garantizar su derecho a ser protagonistas en la sociedad y en la Iglesia. Ayudarlos a preservar sus tierras, culturas, lenguas, historias, identidades y espiritualidades. Crecer en la conciencia de que éstos deben ser respetados local y globalmente y, en consecuencia, fomentar por todos los medios que sean acogidos en pie de igualdad en el concierto de los demás pueblos y culturas. 5. Abandonar, en consecuencia, todo tipo de mentalidad y postura colonialista, acogiendo y valorando, en un diálogo respetuoso con todas las tradiciones espirituales, la diversidad cultural, étnica y lingüística. 6. Denunciar todas las formas de violencia y agresión a la autonomía y a los derechos de los pueblos originarios, a su identidad, a sus territorios y a sus formas de vida. 7. Anunciar la novedad liberadora del Evangelio en la acogida al otro y a lo diferente. 8. Caminar ecuménicamente con otras comunidades cristianas en el anuncio inculturado y liberador del Evangelio. Y en solidaridad con los pueblos originarios, con los pobres y los pequeños, caminar con otras religiones y personas de buena voluntad en la defensa de sus derechos y en la preservación de la Casa Común. 9. Instaurar un estilo de vida sinodal, donde representantes de los pueblos originarios, misioneros y misioneras, laicos y laicas, en razón de su bautismo y en comunión con sus pastores, tengan voz y voto en las asambleas, en los consejos, y en todo lo que concierne al gobierno de las comunidades. 10. Empeñarse en el urgente reconocimiento de los ministerios eclesiales ejercidos por agentes pastorales, catequistas indígenas, ministras y ministros de la Palabra, ya existentes en las comunidades, valorando en particular su cuidado frente a los más vulnerables y excluidos. 11 . Hacer efectivo en las comunidades el paso de una pastoral de visita a una pastoral de presencia, asegurando que el derecho a la Mesa de la Palabra y a la Mesa de la Eucaristía sea real. 12. Reconocer los servicios y la auténtica diaconía de gran cantidad de mujeres que hoy dirigen comunidades en la Amazonía, y buscar consolidarlas con un ministerio adecuado de animadoras de comunidad. 13. Buscar nuevos caminos de acción pastoral en las ciudades, con el protagonismo de los laicos y los jóvenes, con atención a sus periferias y a los migrantes, los trabajadores y los desempleados; con atención a los estudiantes, educadores, investigadores, y al mundo de la cultura y de la comunicación. 14. Asumir ante la avalancha del consumismo un estilo de vida sobrio, sencillo y solidario con los que poco o nada tienen; reducir la producción de basura y el uso de plásticos; favorecer la producción y comercialización de productos agroecológicos, y utilizar más el transporte público. 15. Ponerse al lado de los que son perseguidos por su servicio profético de denuncia y reparación de injusticias, de defensa de la tierra y de los derechos de los pequeños, de acogida y apoyo a los migrantes y refugiados. Cultivar verdaderas amistades con los pobres. Visitar a las personas más sencillas y a los enfermos, ejerciendo el ministerio de la escucha, del consuelo y del apoyo, que traen aliento y renuevan la esperanza. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Vatican News

Bots y mentiras contra la Ley Federal para el fomento y protección del maíz nativo

 Cientos de cuentas-bots son utilizadas para propagar mentiras. ¿Quién paga esas cuentas bots? Más de 3 mil ciudadanos vía Change, se pronuncian a favor de la ley. En un hecho insólito, al menos para el sector rural, cientos de cuentas «bots» emprendieron una «campaña» de difamación y desinformación en contra de la Ley Federal de Fomento y Protección del Maíz Nativo. La industria agroalimentaria y sus opinólogos han realizado señalamientos inverosímiles como que, si se aprueba dicha ley, «la tortilla llegaría a 60 pesos el kg», «que se prohibirán los maíces híbridos», que “aumentarían las importaciones de maíz”, que “se frenará la investigación biotecnológica en México”, entre otras afirmaciones mentirosas y fuera de la realidad. La Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País, ha señalado que dicha ley es: Preponderantemente declarativa (no regulatoria); genera derechos culturales y de alimentación a través de declarar el maíz nativo un derecho humano del pueblo mexicano. No implica que quieran quitarse o retirarse del mercado los maíces híbridos, ni que esto sea un retroceso para el país. No es restrictiva de los Organismos Genéticamente Modificados (OGM) ni de la biotecnología moderna o de su investigación y, Busca garantizar y fomentar, a través de las autoridades competentes, que todas las personas tengan acceso efectivo al consumo informado de maíz nativo y en diversificación constante. Ante los ataques sin fundamentos de la agroindustria y sus cuentas bots, exigimos al Diputado Eraclio Rodríguez Gómez, presidente de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, a que deje atrás sus intereses personales o de grupo y se discuta y apruebe en sus términos en dicha comisión. Finalmente, como población mexicana, principal consumidora de maíz en el mundo nos toca defender al maíz nativo ante las amenazas inminentes y hacemos un llamado a las y los diputados para que representen el interés nacional en virtud de proteger al maíz nativo. Atentamente Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País Imagen destacada: Víctor Manuel Chima 

Terna para definir la presidencia de la CNDH responde a acuerdos cupulares

A pesar de que la convocatoria introdujo importantes estándares para garantizar una evaluación objetiva sobre la idoneidad de los perfiles, la terna aprobada no responde a los catorce indicadores aludidos en el dictamen aprobado. El Senado de la República tiene la obligación de hacer públicas las evaluaciones de las 56 personas candidatas, así como motivar y justificar la terna aprobada. No hacerlo evidencia la simulación del proceso. Una terna que incluye perfiles con filiaciones político partidistas y cuestionamientos al desempeño en la defensa de derechos humanos, pone en riesgo la legitimidad de la CNDH. Las organizaciones articuladas en el colectivo #CNDHautónoma manifestamos nuestro rechazo a los sucesos del día de ayer, 29 de octubre, por los cuales una terna previamente acordada de manera opaca y discrecional por la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) se aprobó en la sesión de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Justicia del Senado de la República. La convocatoria aprobada por ambas comisiones, que al inicio del proceso dio señales de un salto de calidad respecto a procesos de designación anteriores, se redujo a letra muerta y dio paso a la simulación. Por esta razón, pedimos al Pleno del Senado que devuelva la terna a las Comisiones y no apruebe ninguna alternativa hasta que se garantice la idoneidad de los tres perfiles, en función de sus méritos, trayectoria y probidad.  Solo en la medida en que se transparenten las evaluaciones de los 56 perfiles y el resultado de estas justifique la decisión de la terna, se confirmará que se anteponen los méritos y no los acuerdos partidistas. En este sentido, hacemos notar puntos cruciales que han viciado el proceso: Tras la revisión documental, no hubo una primera selección a partir de una evaluación objetiva, lo que devino en una lista larga de candidaturas, pues todas y todos los aspirantes (57) fueron aceptados. La lista larga de candidaturas impactó significativamente en los tiempos de las comparecencias, pues las y los candidatos tuvieron sólo 4 minutos para exponer sus planes de trabajo y otro tanto para responder rondas de preguntas y cuestionamientos. Nunca se dio a conocer el instrumento de evaluación empleado por las y los senadores (a pesar de que la convocatoria establecía su carácter vinculante en la toma de decisiones), impidiendo con ello un mayor acompañamiento de la sociedad al proceso, y manteniendo en la opacidad las listas de prelación que justificarían la formulación de la terna. Sin una lista de prelación objetiva y basada en evidencia, aparentemente algunos grupos políticos negociaron la composición de la terna, a partir de una lógica de cuotas y cuates. No hay evidencia de que las y los senadores hayan escrutado ampliamente los perfiles de las personas candidatas, especialmente de aquellos con señalamientos y cuestionamientos en notas periodísticas y otras fuentes de acceso público. La sesión en la que presuntamente las Comisiones Unidas discutirían la conformación de la terna partió con la lectura de un dictamen y una terna prefabricada y acordada en la opacidad. Después de una sesión larga, donde se evidenciaron los cuestionamientos sobre algunas candidaturas e incluso se propuso una terna alterna, las Comisiones optaron por aprobar por mayoría esta terna, sin introducir elementos que justificaran esta decisión. Por lo anterior, exigimos la presentación de los instrumentos de evaluación que dan cuenta de los indicadores vinculantes que señala la convocatoria, pues la terna aprobada confirma que se anteponen los intereses partidistas sobre la autonomía  e independencia que necesita una institución fundamental para la protección de los derechos humanos en el país. Exigimos al Senado que esté a la altura de la crisis de derechos humanos de nuestro país y garantice una terna con los tres mejores perfiles. Imagen destacada: #CNDHAutónoma

El Sínodo de la Amazonia

Sábado 19 de octubre de 2019 Miguel Concha  Del 6 al 27 de octubre, el papa Francisco convocó en Roma al Sínodo de obispos para la región panamazónica. El anuncio se dio desde el 15 de octubre de 2017, y por medio de 65 mil consultas y 2 mil 200 reuniones, en su preparación participaron 87 mil 200 personas. En estos días se reúnen en aquella ciudad 180 obispos, arzobispos y cardenales con otros tantos especialistas, teólogos, laicos y agencias católicas de desarrollo. En la Iglesia católica un sínodo es un grupo de obispos, escogidos de varias regiones de la Tierra, que en determinadas épocas se reúnen para fomentar la unión estrecha entre ellos y el Papa, en orden a robustecer la integridad e incremento de la fe, las costumbres y la disciplina eclesiástica, prestarle ayuda con sus consejos, y para tratar los temas relativos a la acción de la Iglesia en el mundo. El documento preparatorio, que suele elaborarse a partir de las opiniones de las conferencias nacionales de obispos de la región, sirve para orientar los temas a debatir durante los sínodos, pide en lenguaje teológico para este Sínodo señalar nuevos caminos. Es decir, pasar de una pastoral y ministerios de visita esporádica, dado lo alejado de las comunidades, sobre todo indígenas, y la insuficiencia de los sacerdotes célibes para atenderlas, así como la ausencia de la mujer de las instancias de decisión de la Iglesia, a una pastoral y ministerios de presencia. Lo que implica abrirse de nuevo en la Iglesia al espinoso debate de la posibilidad de la ordenación sacerdotal, ahora para personas ancianas, preferentemente indígenas, respetadas y aceptadas por sus comunidades, aunque ya tengan una familia constituida y estable, y al acceso de la mujer al ministerio ordenado diaconal. Pide también que los pueblos originarios se adueñen de la Iglesia, y que en un proceso deinculturación de la fe sean sujetos activos de la evangelización, y la Iglesia adquiera un rostro amazónico. En contraste, el misionero debe dar el protagonismo a la comunidad local. Todo esto implica cambios estructurales que de algún modo han venido siendo preparados, aunque sea remotamente, desde el Concilio Ecuménico Vaticano II (1962-1965) y las Conferencias Episcopales de Medellín (1968), Puebla (1979), Santo Domingo (1992) y Aparecida, Brasil (2007). Pero también el reconocimiento de derechos fundamentales postergados en la Iglesia, como el que tiene toda comunidad cristiana a sus ministerios ordenados y a la misma celebración eucarística, fuente y culmen de la vida cristiana, y que no es tanto una prerrogativa, cuanto más bien un derecho. De acuerdo con la enseñanza de Francisco, en su Encíclica Sobre el cuidado de la casa común del 24 de mayo de 2015, el documento de trabajo pide que la Iglesia supere la ecología verde y asuma junto al pobre, aunque escuchándolos, el cuidado de la casa común (la Tierra), con todas sus implicaciones. Como se sabe, la Panamazonia es una región que comparten nueve países latinoamericanos –Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Suriname, Guyana y Guyana Francesa– y está habitada por 34 millones de personas, de las cuales más de 3 millones son indígenas, pertenecientes a más de 390 grupos étnicos. Muchos de sus desafíos, empero, son compartidos por otras naciones de la región y el mundo, México entre ellas. Como explica en uno de sus últimos textos a este respecto, el teólogo colombiano Edgar Beltrán, el obispo de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz, también buscó la conversión estructural de un ministerio sacerdotal importado a un ministerio sacerdotal autóctono indígena, fruto de sus mismas comunidades. No creía en el diaconado permanente (de varones casados), porque no solucionaba el celebrar la Eucaristía, y en cambio le restaba al laico lo poco que ya había adquirido. No obstante, llegó a ordenar unos 400 diáconos permanentes indígenas. Pero intuyó siempre ese ministerio como una etapa necesaria a escala antropológica, histórica y sacramental, hacia un sacerdocio autóctono en sus mismas comunidades indígenas. Para allá iba en su proceso pastoral. Con un grupo de obispos, a escala colegial, quiso llegar a la ordenación sacerdotal de indígenas. Esta acción de potestad colegial la había explicitado el Concilio en el número 4 del decreto sobre los obispos, y un buen número de ellos estaba conformando esa potestad colegial para la ordenación sacerdotal de indígenas. Pero el mismo Concilio, a petición de Paulo VI, requería que el Papa aprobara cualquier acción colegial o la aceptara libremente. Y eso no fue posible en este caso. Todos esos diáconos eran realmente viri probati, varones probados. No en el sentido usado vulgarmente de ancianos de sexo cansado. Estaban arraigados en sus comunidades y eran parte permanente de ellas, con una pastoral de permanencia. Las comunidades necesitaban la Eucaristía, los candidatos a celebrarla estaban probadamente listos, y así lo demandaban a su pastor. Pero la autoridad eclesiástica suprema lo impidió. ¿Será posible ahora? Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Vatican News

Lesvy Berlín: ganó la justicia

ONG reconocen perspectiva de género en la sentencia por feminicidio de Lesvy Berlín Rivera Osorio. Familiares y organizaciones acompañantes, apelaremos la reparación integral del daño para que ésta sea garantizada bajo los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos. “Desde los cinco años a Lesvy le gustaban los libros, con el tiempo se hizo extremadamente lectora y uno de sus sueños era recorrer ese mundo que había conocido en papel. Quería viajar y ser ciudadana del mundo. No tenía miedo de irse, sino de quedarse. Aprendió hablar inglés, francés, italiano, rumano y catalán, al mismo tiempo que trabajaba en cafeterías. Le llamaba la atención la filosofía, la pintura, participaba en concursos de cuento en la UNAM. Era alegre y se divertía. Tenía una misión muy grande y ahora estoy empezando a entenderla, a veces se nos olvida que no sólo somos cuerpo”:  Araceli Osorio Martínez, madre de Lesvy Berlín Rivera Osorio. El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), Justicia Pro Persona A.C, Católicas por el Derecho a Decidir A.C., el Centro de Derechos Fray Francisco de Vitoria, O.P, A.C. y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos Para Todos (RED TDT) saludamos el fallo del Tribunal de Enjuiciamiento del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México y la incorporación de la perspectiva de género en la sentencia por el feminicidio de la joven universitaria Lesvy Berlín Rivera Osorio. El día jueves 24 de octubre de 2019,  el Tribunal dio lectura final y explicación de la sentencia entorno al caso, la cual dicta 45 años de prisión por el delito de Feminicidio Agravado contra Jorge Luis González Hernández, quien en ese entonces era pareja de la joven. Como organizaciones acompañantes, reconocemos que el Tribunal conformado por los jueces: José Juan Pérez Soto, Octavio Israel Ceballos Orozco y Adolfo Rodríguez Campuzano, logran identificar las razones de género que permitieron deliberar el delito como feminicidio. Las razones de género reconocidas por dicho Tribunal fueron: Haberse infligido lesiones infamantes. Haber existido datos que establecieron que se cometieron violencia del sujeto activo contra  la víctima. Y haber expuesto el cuerpo de la joven en un lugar público, como lo es Ciudad de Universitaria.  Asimismo, se acreditó la relación sentimental entre Lesvy y su agresor, por lo que también se actualizó la agravante del delito. Con esta sentencia, el Tribunal actuó conforme al llamado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el que advierte que el Poder Judicial debe: “impartir justicia sobre la base del reconocimiento de la particular situación de desventaja en la cual históricamente se han encontrado las mujeres” […] -por lo que- “la obligación de juzgar con perspectiva de género exige a quienes imparten justicia que actúen remediando los potenciales efectos discriminatorios que el ordenamiento jurídico y las prácticas institucionales pueden tener en detrimento de las personas, principalmente de las mujeres”. Sin embargo, cabe señalar que como familiares y organizaciones acompañantes, estaremos apelando lo referente a la reparación integral del daño para que sea garantizada bajo los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos, por lo que estaremos informando a la opinión pública cuando dicho proceso se desarrolle. Como organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, hacemos un reconocimiento especial a la señora Araceli Osorio y al señor Lesvy Rivera, madre y padre de la joven Lesvy Berlín Rivera Osorio, quienes a pesar de esta pérdida irreparable, transgredieron el dolor para continuar la exigencia de justicia, convirtiéndose en nuestro motor y guía, así como un referente en la exigencia de justicia a nivel nacional. Reconocemos y agradecemos, la presencia siempre amorosa y solidaria de las colectivas feministas, familiares de víctimas, especialistas, medios de comunicación defensoras de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil, que hasta el último paso han estado presentes. Hasta que la dignidad se haga costumbre, es una frase que compartimos, y que sin duda seguirá marcando nuestros pasos para lograr combatir y erradicar la violencia contra las mujeres en México. A ti Lesvy, a quien conocimos después del fatídico 3 de mayo de 2017, agradecemos las lecciones de vida que sin pretenderlo nos has entregado. Te recordaremos como cada hermoso momento que tu madre y padre han compartido con nosotras y en tu nombre, como en el nombre de las mujeres víctimas que acompañamos continuaremos ejerciendo nuestra labor para que la violencia feminicida no quede impune. Atentamente : Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF). Justicia Pro Persona A.C. Católicas por el Derecho a Decidir A.C. Centro de Derechos Fray Francisco de Vitoria, O.P, A.C. Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos Para Todos (RED TDT). Imagen destacada: Angélica Díaz Molina

Violencias e interseccionalidad

Sábado 26 de octubre de 2019 Miguel Concha  El pasado 15 de octubre se llevó a cabo un seminario de derecho crítico titulado Violencias extremas y cotidianas: una mirada interseccional, el cual tuvo como objetivo reflexionar, en un diálogo plural, sobre violencias extremas dirigidas a personas y sus cuerpos, grupos, comunidades y modos de vida particulares, como el feminicidio, el genocidio y la desaparición forzada. Con una visión interseccional, se discutieron además aquellas violencias cotidianas vividas por causa del entramado social en que nos encontramos, mismas que están sostenidas por categorías cuestionables que atraviesan la realidad de las personas: raza, género, clase, etnia y orientación sexual, entre otras. Se identificó una estructura política, social y económica que impone un sistema de jerarquías desde el que se valora que existen vidas que no son dignas de ser vividas y muertes que no son dignas de ser lloradas. Y, asimismo, la mirada crítica se dirigió hacia otras categorías que generan barreras lingüísticas y epistemológicas para nombrar e identificar esas violencias extremas, así como hacia las corporalidades y comunidades que son objeto de ellas. Para referir la violencia extrema contra mujeres indígenas se problematizó igualmente la base teórica, jurídica y el uso de conceptos como feminicidio o genocidio, cuestionando si el uso de una u otra favorece la explicitación de la forma y el sentido en que operan las violencias estructurales o si tienen el efecto de invisibilizar la propia cosmovisión de las comunidades. Otro de los ejes de la discusión fue el análisis de la interrelación entre el patriarcado, el colonialismo y el capitalismo en el mantenimiento de una estructura de poder mediante distintos mecanismos operados en muchas ocasiones por acción u omisión del Estado. Por ejemplo, la violencia y el control ejercidos de manera selectiva contra mujeres y pueblos indígenas. Y de la misma manera la violencia del crimen organizado en la región latinoamericana, expresada en la desaparición forzada y la explotación de la vida en favor de la concentración de la riqueza. Todo lo cual está relacionado con despojos de bienes comunes y con el desplazamiento de comunidades campesinas que habitan territorios de gran interés para capitales trasnacionales. Estas estructuras de poder, con ejercicios extremos de violencia vividos cotidianamente, han generado en décadas recientes una gran cantidad de víctimas y sobrevivientes, a quienes los Estados tienen la obligación de garantizar el acceso a la verdad para conocer las razones por las que fueron violentadas. Así como su acceso a la justicia, y ésta no sólo desde sistemas occidentales. Para ello es indispensable que los Estados incorporen las aportaciones de los distintos campos disciplinares que se aproximan a una comprensión integral de las violencias, como es el caso de las nuevas ciencias forenses que favorecen el acceso a la verdad de las víctimas, pues problematizan y documentan las violencias con un enfoque diferenciado. Por otra parte, la antropología permite comprender y esclarecer quiénes son las personas que están siendo afectadas por conflictividades actuales. Y de esta manera, en la medida en que se identifiquen las prácticas diferenciadas y focalizadas de violencia, se podrán impulsar mejor los procesos de justicia y la reparación para las diversas víctimas. Por consiguiente, es obligatorio que los Estados dispongan de recursos para llevar a cabo acciones encaminadas a la verdad y la justicia, garantizándose igualmente la reparación integral. Es cierto que la violencia extrema genera pérdidas irreparables, como la vida, por lo que vale la pena preguntarnos ¿qué entendemos por reparación y para qué buscarla? En el seminario se abordaron a este respecto prácticas de pueblos indígenas en las que la reparación es un proceso colectivo que busca que los perpetradores entiendan y reconozcan los agravios cometidos y las afectaciones al territorio, buscando un proceso afianzado en su relación con la naturaleza. Es decir, al hablar de reparación se hace necesario generar narrativas transformadoras y reivindicativas sobre los distintos modos de vida. Es necesario contraponerse a los ejercicios revictimizantes de las instituciones y sus esquemas de mantenimiento de estructuras de poder violentas. De ahí que también la reparación, como una de las principales medidas de no repetición, busque transformar al Estado. Finalmente, el seminario convocado por el Ciesas y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, con la participación del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, forma parte de la larga y fecunda relación de diálogos y reflexiones articulados entre colectivos de víctimas de violencia, academia y organizaciones de la sociedad civil. Por lo que estos lugares apuntan a ser fundamentales para la participación amplia de diversos actores en la construcción de espacios de reflexión y acción que permitan vislumbrar condiciones de vida más justas y dignas. Consultar artículo en La Jornada Imagen destacada: Angélica Díaz Molina

¿A quién debe servir la CNDH?

23 de octubre de 2019 Por: Jorge Luis Aguilar (@JorgeLuisAP) Nos encontramos a unas semanas de que la actual administración de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) termine su mandato. Frente a este momento se plantea un enorme reto: la elección de la persona que ocupe su titularidad en el próximo periodo que habrá arrancado en noviembre próximo, ya que en medio de la complejidad de estos tiempos políticos, la CNDH sigue siendo reconocida como una de las instituciones autónomas más importantes en la estructura del Estado ya que su principal función consiste en vigilar la garantía y la protección de los derechos humanos de todas las personas que habitan y/o transitan por el país. Así, una vez que el Senado emitió la convocatoria correspondiente, éste ha recibido en los últimos días 57 postulaciones de ciudadanas y ciudadanos interesados en participar durante el proceso de evaluación de sus perfiles y experiencias, los cuales permitirán definir al propio Senado quién habrá de ocupar la presidencia de la CNDH. Esta designación tiene buenas posibilidades de ser inédita y de avanzar en el nivel de participación de la ciudadanía, y es que desde antes del anuncio de la misma Comisión de Derechos Humanos del Senado con respecto a la convocatoria, había ya gran expectativa de diversos sectores para impulsar una CNDH fortalecida tras el momento de definición que atraviesa. Uno de estos esfuerzos se refleja en #CNDHAutónoma, articulación desde la cual diversas organizaciones de la sociedad civil han insistido en que se garantice transparencia y certeza en todo el proceso de selección de la nueva persona titular. Por lo tanto, gran parte de la legitimidad de ésta vendrá del proceso de su elección y de que cumpla con los criterios imprescindibles para realizar responsablemente sus tareas, entre ellos, amplios conocimientos en torno al tema de derechos humanos, así como cualidades para establecer un modelo que permita amplificar de manera eficiente el impacto nacional e internacional de sus actividades. La CNDH debe caracterizarse, entre otras tantas cosas, por tener una visión objetiva y responsable, e indudablemente por un rasgo sustancial: su autonomía. Basta sólo recordar que uno de los propósitos de organismos como la CNDH es el de fungir como un contrapeso frente al poder institucional del gobierno (esté en manos de quien esté), teniendo la suficiente fuerza y autoridad moral e institucional para señalar con todo rigor los momentos y actos donde el Estado no garantiza la protección de las condiciones básicas de vida para las personas, e igualmente denunciar con firmeza las acciones estatales que lastiman la dignidad de quienes viven y transitan por el país. Asimismo, es importante señalar que la CNDH no debe ser contraria u opositora a quienes ocupan espacios de autoridad en la estructura del gobierno; en cambio, sí debe ser incómoda y vigilante, pues de ninguna forma sería útil si no persiste su espíritu de inagotable observación ante los atropellos, omisiones e ilegalidades que cometen los gobiernos y autoridades, pues es bien sabido que el poder cierra los ojos ante los actos que le parecen incómodos, y quienes lo ostentan suelen estar en tentación de servirse del mismo para lograr fines particulares o de sus grupos. Lamentablemente, lo anterior ha sido una constante real e innegable en todos los partidos políticos, todos los niveles y en todas las formas de gobierno, algo que difícilmente cambiará de la noche a la mañana. Frente a esto, la protección suprema de la dignidad humana es un principio que la defensa de los derechos humanos permite sostener como parte del fortalecimiento de los Estados que se nombran democráticos y de derecho. Por otro lado, el centro de la resistencia y la gran reserva moral que han empujado numerosas transformaciones democráticas en nuestro país está en las víctimas, solas o agrupadas en grandes movimientos, quienes por los últimos años han dado argumentos éticos para darle sentido a las luchas, por mencionar un ejemplo. De este modo, no habrá legitimidad de una persona “defensora del pueblo / ombudsperson” sin empatía, cercanía y camino recorrido junto a las víctimas. Por ende, la siguiente persona titular tendrá que responder por todas las víctimas, por las de hoy y las del pasado, y su voz deberá ser contundente en medio del momento de gran crisis pero también de ansias de transformación que atraviesa el país. En este momento, con un afán de transparencia con la sociedad, el Senado se ha comprometido a valerse de diversos indicadores surgidos del derecho internacional, así como de las experiencias y prácticas que las organizaciones de la sociedad civil hemos estado recomendando desde el principio del proceso de designación. Así, este proceso de participación se ha dado en un diálogo continuo y neutral, sin la intención de favorecer a ninguna persona candidata en específico, sino más bien para dar un aval crítico y propositivo al ejercicio, insistiendo en que el establecimiento de altos estándares de elegibilidad en los procesos de designación permitirán ir “subiendo la vara” en este tipo de decisiones. Finalmente, la CNDH necesita fortalecer su legitimidad garantizando una designación de la siguiente persona titular que responda a criterios claros y a una demostrada autonomía, de manera que la decisión final habrá de nombrar sólo a quien demuestre su capacidad, conocimiento y una fuerte lealtad no a sus compromisos políticos, sino a las víctimas y a nadie más que a ellas. *Jorge Luis Aguilar es defensor de derechos humanos y es colaborador del @CDHVitoria. Consultar artículo en Animal Político. Imagen destacada: Internet

Clausura de la 17a generación de La Escuelita (Escuela para Personas Jóvenes Defensoras de DH)

[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Desde el año 2003, en el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A.C. hemos apostado por construir un espacio de formación, en ese entonces de jóvenes promotoras y promotores de Derechos Humanos. Con los años y el cambio del contexto nacional toma el nombre de «Escuela para Personas Jóvenes Defensoras de Derechos Humanos». «La Escuelita», como de forma cariñosa se le nombra, es un espacio colectivo generado por las juventudes, donde se intercambian saberes y se entretejen experiencias y esfuerzos para defender la dignidad de las personas y los pueblos. La Escuela es un espacio en donde nos indignamos y nos organizamos frente a una realidad de abrumadoras violaciones a los derechos humanos y constante deshumanización. El cierre de la 17 generación se llevará a cabo el día 26 de octubre, invitamos a todas y todos a a acompañar a las y los integrantes de esta generación este día. Entrada libre. Sábado 26 de octubre SALA 22 DEL CUC (Centro Universitario Cultural): Odontología 35 Col. Copilco-Universidad, Alcaldía de Coyoacán, Ciudad de México. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_GoogleMap_Widget»][/siteorigin_widget]

Exhortamos a las y los diputados de la LXIV Legislatura a aprobar la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo

Por un nuevo modelo agroalimentario con alimentos campesinos para todas y todos No a la privatización de nuestras semillas Durante 12 años la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País ha luchado por revalorar el campo mexicano y defender el maíz nativo y la biodiversidad que acompaña la milpa, dignificando a las y los campesinos y pueblos originarios que producen en pequeña y mediana escala y alimentan a quienes habitamos y transitamos por México. Este 29 de septiembre, a 10 años de que la Campaña lanzó la propuesta ciudadana para celebrar el Día Nacional del Maíz, abrazamos la iniciativa de Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo, presentada el 23 de abril de este mismo año por las senadoras Ana Lilia Rivera Rivera y Jesusa Rodríguez Ramírez, aprobada el 26 de septiembre en la Cámara Alta por 81 votos a favor, 1 en contra y 28 abstenciones y turnada a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales. Recuperar la soberanía alimentaria es parte toral de la construcción del nuevo país que impulsa el gobierno, y la 4T, pero vemos con preocupación que esta iniciativa no sea objeto de dictamen en la Cámara de Diputados, por lo que exhortamos a la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria a que emita el dictamen correspondiente para que la propuesta pueda ser votada en el Pleno de la Cámara de Diputados. Vivimos tiempos de cambio. Transformemos a México con un nuevo modelo agroalimentario orientado hacia la soberanía alimentaria y la reconstrucción del tejido social, reconociendo la diversidad productiva a cargo de millones de familias, comunidades y organizaciones que trabajan a diario, de norte a sur en nuestro país, por la protección y conservación de semillas en manos campesinas, bosques, agua y suelos, los cuales representan la oportunidad de alimentos nutritivos y sanos. Sobre todo, promovamos la defensa del maíz nativo en México, centro de origen y biodiversidad. Atentamente Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País Imagen destacada: Víctor Manuel Chima 

La situación de los derechos civiles y políticos en México: Del sexenio pasado al cambio de gobierno. Informe paralelo CCPR127

[et_pb_section fb_built=»1″ _builder_version=»3.22″][et_pb_row _builder_version=»3.25″ background_size=»initial» background_position=»top_left» background_repeat=»repeat»][et_pb_column type=»4_4″ _builder_version=»3.25″ custom_padding=»|||» custom_padding__hover=»|||»][et_pb_text _builder_version=»4.7.3″ background_size=»initial» background_position=»top_left» background_repeat=»repeat» hover_enabled=»0″ sticky_enabled=»0″] El presente informe recoge algunos de los principales pendientes y retos para la debida protección y garantía de los derechos reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ratificado por México en el año 1981. La situación descrita en este documento recoge mayormente la información, hechos e impactos generados en el sexenio anterior (2012-2018), sin embargo, y dado el cambio de gobierno en julio 2018, el presente informe también aborda los primeros meses de la actual gestión y las acciones de gobierno nuevas, de continuidad o ausentes en materia de derechos humanos. El documento es un Informe alternativo a las respuestas de parte del Estado mexicano con relación a la lista de cuestiones relativas al informe periódico de México ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Este informe fue escrito por el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A.C.. El Centro es una ONG de la Orden de Predicadores. Provincia de Santiago, México. El Centro es una organización independiente y sin fines de lucro que se caracteriza por mantener una visión integral de los derechos humanos desde una posición crítica, que asume su responsabilidad en la construcción de un Estado plural, diverso, laico y democrático. El Centro tiene como fin defender y promover la integralidad de los derechos humanos, especialmente entre los sectores más vulnerables o discriminados. Dominicans for Justice and Peace (Order of Preachers) revisó el informe. Esta asociación de derecho suizo fue creada en 1998 y obtuvo el estatus consultivo ECOSOC en el 2002. La asociación tiene su sede en Ginebra y representa la Orden de Predicadores (Dominicos) ante las Naciones Unidas en ese lugar. La asociación trabaja con los mecanismos de las Naciones Unidas para apoyar el trabajo de los Dominicos(as) en el mundo en favor de la protección y de la defensa de los derechos humanos y del medio ambiente. [/et_pb_text][et_pb_button button_url=»https://drive.google.com/file/d/1INj7iNzak2k4PZqKYMlNyIy1wMpDL5sE/view?usp=sharing» button_text=»Descargar documento» button_alignment=»center» _builder_version=»4.7.3″ _module_preset=»default» custom_button=»on» button_text_color=»#ffffff» button_bg_color=»#000000″ button_border_width=»1px» button_border_color=»rgba(0,0,0,0)» button_icon=»%%246%%» button_icon_color=»#2bbfd8″ hover_enabled=»0″ locked=»off» sticky_enabled=»0″][/et_pb_button][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]