127 sesión del Comité de Derechos Humanos de la ONU | Participación de Dominicans for Justice and Peace y CDHVitoria

[et_pb_section fb_built=»1″ _builder_version=»3.22″][et_pb_row _builder_version=»4.7.3″ _module_preset=»default»][et_pb_column _builder_version=»4.7.3″ _module_preset=»default» type=»4_4″][et_pb_text _builder_version=»4.7.3″ _module_preset=»default» hover_enabled=»0″ sticky_enabled=»0″] Dominicans for Justice and Peace y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria agradecen al Comité por el espacio. México atraviesa por una crisis de derechos humanos que ha impactado, entre otros, el derecho de asociación y participación política. A pesar de las grandes oportunidades que representan estos ejercicios democráticos, el Estado mexicano no ha generado hasta ahora las condiciones necesarias para permitir una participación integral y efectiva. Por ejemplo, las iniciativas ciudadanas reconocidas por la Constitución Política permiten que la ciudadanía pueda presentar iniciativas de ley o reforma. Sin embargo, estas no han sido respetadas desde su aprobación. Otro mecanismo es la figura del Parlamento Abierto, que busca evitar el monopolio de las autoridades electas en asuntos que interesan y preocupan a la ciudadanía. En el marco de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), personas defensoras y organizaciones de la sociedad civil solicitaron la activación del Parlamento Abierto. El Gobierno, no obstante, lo rechazó. Además, cabe señalar que, durante el sexenio pasado, se estima que al menos 110 personas defensoras fueron asesinadas, y hubo cerca de 2 mil  violaciones a sus derechos entre 2013 y 2017, incluyendo casos de criminalización y obstrucción de sus actividades; agresiones físicas y psicológicas; fabricación de delitos; campañas de desprestigio; amenazas; hostigamiento, entre otros. Aún con avances normativos en materia de protección, se reconoce que el Estado mexicano no cuenta con una política de prevención, investigación y reparación integral efectiva. En el marco del nuevo gobierno federal se ha impulsado una narrativa y acciones tendientes a la deslegitimación de la defensa de los derechos humanos y del trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, mediante declaraciones promovidas desde el Estado, que hacen más difícil el contexto en el que desarrollan sus labores. Otro aspecto de preocupación son los recursos limitados de las organizaciones, con reducción de 50% del presupuesto público aprobado para el ejercicio fiscal 2018. De las más de 44 mil organizaciones registradas legalmente en México, sólo un poco más de 2 mil recibieron recursos públicos, lo que afecta principalmente a organizaciones comunitarias que trabajan a favor de los sectores más vulnerabilizados. En este contexto, recomendamos al gobierno:  Asegurar mecanismos efectivos e integrales de participación política, que atiendantodas las demandas y exigencias presentadas por la ciudadanía y que respecten ladiversidad de condiciones sociales y contextos del país.  Fortalecer mecanismos de protección integral para las personas defensoras que seencuentren actualmente en situaciones de riesgo y promover el reconocimiento de sulabor.  Generar diálogos propositivos con las organizaciones de la sociedad civil y garantizarun ambiente propicio para su labor, asegurándose la destinación de recursos públicossuficientes para el desarrollo y promoción de sus actividades. [/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=»4.7.3″ _module_preset=»default» column_structure=»1_2,1_2″][et_pb_column _builder_version=»4.7.3″ _module_preset=»default» type=»1_2″][et_pb_text _builder_version=»4.7.3″ _module_preset=»default» hover_enabled=»0″ sticky_enabled=»0″] Declaración oral conjunta presentada por: Dominicans for Justice and Peace Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, A.C. O.P. [/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column _builder_version=»4.7.3″ _module_preset=»default» type=»1_2″][et_pb_button button_url=»https://drive.google.com/file/d/1ENJrzX5KH4ki8duNfns5iVldljxaNNZ_/view?usp=sharing» button_text=»Descargar documento» _builder_version=»4.7.3″ _module_preset=»default» custom_button=»on» button_text_color=»#ffffff» button_bg_color=»#000000″ button_border_width=»1px» button_border_color=»rgba(0,0,0,0)» button_icon=»%%246%%» button_icon_color=»#2bbfd8″ hover_enabled=»0″ locked=»off» sticky_enabled=»0″ button_alignment=»center»][/et_pb_button][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Criminalización de los campesinos mexicanos

Sábado 12 de octubre de 2019 Miguel Concha  El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND) reconoce la importancia de la autosuficiencia alimentaria y la crisis que vive el campo. Establece que el sector agrario ha sido uno de los más devastados por las políticas neoliberales, y que las políticas oficiales han favorecido la implantación de agroindustrias y megaproyectos (que) han condenado al abandono a comuneros, ejidatarios y pequeños propietarios. Ello no obstante, el diputado Eraclio Rodríguez Gómez, del grupo parlamentario de Morena, presentó el pasado 19 de febrero una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales (LFVV) de 1996, que no sólo contradice lo establecido en el PND, sino que pone en riesgo a nuestros alimentos básicos y a millones de pequeños y medianos productores, pues criminaliza el libre intercambio de semillas nativas entre campesinos. Entre sus motivos iniciales, la propuesta expresa que se requiere imperativamente una política de Estado que incremente en el mayor grado posible el desarrollo y acceso a las innovaciones de última generación en materia de variedades vegetales y semillas que contribuya a la producción de alimentos en México (autosuficiencia alimentaria) bajo un modelo de sustentabilidad, además de asegurar la conservación y aprovechamiento de nuestra biodiversidad, así como la generación de empleos bien remunerados que propicien el arraigo al medio rural. Menciona que, en caso de no atenderla, se pone en riesgo la productividad del campo e incluso se favorece el aumento en la importación de alimentos y, en consecuencia, la dependencia alimentaria. Por ello, la reforma concluye que para revertir la situación es necesario reconocer la propiedad intelectual sobre las innovaciones en materia de variedades vegetales, y que, con ello, se ampliaría el abanico de opciones disponibles de semillas de nuevas y mejores variedades en los diversos cultivos estratégicos y de alto valor para México. El proponente de esta LFVV ignora el sistema milenario de agricultura mexicana, la domesticación de una gran variedad de especies vegetales nativas de nuestro país, como maíz, chile, frijol, calabaza, aguacate y amaranto, entre muchas otras, y que este libre intercambio da lugar a nuevas variedades de plantas en cada ciclo agrícola. De aprobarse su contradictoria e incoherente propuesta se afectaría directamente a cerca de 3 millones de pequeños y medianos productores, que representan 85 por ciento de la producción nacional, al criminalizar el libre intercambio de semillas nativas. Además, se privatizarían las semillas; se fomentaría la agroindustria; se protegerían los intereses de grandes trasnacionales, a costa de los campesinos y de los sectores económicamente más vulnerables; se promovería la propagación de semillas transgénicas y, junto con ellas, la contaminación de semillas nativas. Lo que pondría en riesgo nuestra biodiversidad y permitiría el monopolio de la agricultura por trasnacionales, violentaría nuestros derechos humanos fundamentales y pondría en riesgo la existencia misma de comunidades enteras. La propuesta de reforma a la LFVV plantea, además, en el artículo 54 criminalizar con penas de entre dos a seis años de cárcel y multas de entre 10 mil a 40 mil unidades de medida y actualización (UMA) a quien aproveche o explote una variedad vegetal protegida, su material de propagación o el producto de la cosecha para su producción, reproducción, preparación, oferta, distribución, venta, producción comercial de otras variedades vegetales o variedades esencialmente derivadas. A pesar de la magnitud del castigo propuesto, los mecanismos y las atribuciones para vigilar, analizar y juzgar dichos delitos carecen de claridad y transparencia, pues se dota al Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (Snics) de atribuciones autoritarias, siendo necesaria sólo una petición del acusador para tomar medidas preventivas contra el acusado, sin necesidad de pruebas o evidencia. Textualmente, sólo basta con la declaración de una posibilidad de sufrir un daño irreparable o el temor fundado de que las pruebas se destruyan, oculten, pierdan o alteren. Una receta, pues, para la impunidad, el abuso de autoridad, la extorsión y las prácticas empresariales desleales. La reforma tampoco toma en cuenta la alta probabilidad de contaminación de cultivos de manera involuntaria, ya que según los mecanismos descritos, al aprovecharse de una variedad vegetal protegida, la víctima se convertiría en un criminal y, así, su cosecha sería requisada o destruida, y él sería sujeto a un juicio penal. Pero eso no es todo. Las atribuciones totales del Snics no sólo lo facultan para vigilar, analizar y castigar este nuevo tipo de delitos. Le permiten también para fungir como árbitro en la resolución de controversias relacionadas con la violación a los derechos del obtentor. Es decir, tiene la posibilidad de ser al mismo tiempo juez y parte. Lo cual es aberrante. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Jorge Luis Aguilar

Carta Pública | Víctimas y familiares de víctimas de feminicidio y desaparición se unen a la exigencia de la renuncia de Titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM)

Lic. Andrés Manuel López Obrador Presidente de México Dra. Olga Sánchez Cordero Secretaria de Gobernación PRESENTES A través de esta carta pública familiares de víctimas de feminicidio, desaparición y sobrevivientes de diversas formas de violencia feminicida en la Ciudad de México, nos ponemos en contacto para manifestarnos a favor de la destitución de la Titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), Candelaria Ochoa. Como sabedoras de los dolores más profundos que podemos vivir en vida, quienes buscamos a una de nuestras hijas, lloramos su irreparable pérdida o vivimos diariamente con las huellas que la violencia ha dejado en nuestros cuerpos, reconocemos el retroceso y obstáculo que representa la actual titular de la institución, que se debería encargar de velar por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, lo que impide que esto sea una realidad y no solo un discurso. En algún fatídico momento, nuestra vida fue trastocada de forma irreparable, en esos tiempos oscuros no sabíamos qué pensar, qué hacer y mucho menos a quién recurrir, qué reclamar, qué exigir. Fueron las organizaciones no gubernamentales quienes nos tendieron la mano, y hasta hoy nos siguen sosteniendo. Nosotras, que vivimos en carne propia el peregrinar hacia la justicia, podemos decir que vemos este camino distante y sinuoso, pero si de por sí nos han arrebatado la vida, no le vemos sentido, si no es hasta encontrar verdad y justicia para que el virus de la violencia no se siga propagando y arrebatando la vida de mujeres y niñas. Lamentablemente, más que un derecho garantizado, como familiares y víctimas pareciera que tenemos que perseguir, suplicar y mendigar justicia cuando es responsabilidad de las autoridades. En el caso de la Ciudad de México, han sido las mesas de casos -implementadas en el marco de la solicitud de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género- y únicamente para las familias que hemos podido acceder a ellas, lo que ha permitido que nuestra voz sea escuchada, sentar a las autoridades y observar las acciones y omisiones en cada uno de nuestros casos. De no ser por ello, no tendríamos los avances que hoy tenemos, que aunque son pocos, han sido fundamentales, entre ellos la reclasificación a feminicidio y próxima sentencia de casos como el de la joven Lesvy Berlín Rivera Osorio. Nosotras, como madres, hermanas, víctimas, hemos vivido en carne propia el desaire de las y los funcionarios públicos, no solo de este año o de este gobierno, pero es intolerable saber que en esta “Cuarta Transformación” se repitan patrones que nos revictimizan y que reproducen las prácticas de los gobiernos que les antecedieron. Ante ello, nos unimos a las decenas de organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos que el día 8 de octubre de 2019 solicitaron formalmente ante la Presidencia de la República y la Secretaría de Gobernación la renuncia de la titular de CONAVIM, por sus avances nulos y la obstaculización a las organizaciones y su importante labor. A ello sumamos la ausencia de sensibilidad para el cargo que ocupa, pues a más de medio año de iniciada su encomienda, no nos ha convocado ni para escucharnos ni mucho menos para construir de manera conjunta los caminos que puedan garantizar la no repetición de los hechos, la prevención y la pronta erradicación de la violencia contra las mujeres en México. Es así que, quienes firmamos esta carta, hacemos un llamado al Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador y a la Secretaria de Gobierno Olga Sánchez Cordero para que de manera inmediata destituyan a la actual Comisionada, y su lugar sea ocupado por una verdadera funcionaria comprometida con el pueblo de México y con las problemáticas que nos dañan a diario. Como gobierno del cambio, éstos deben ser tangibles y reales, confiamos en su sensibilidad y compromiso. Como familias nos sumamos a todas aquellas funcionarias/os comprometidos de manera auténtica, pero también recriminamos y nos manifestamos en contra de todo tipo de simulación. Atentamente, Familiares, víctimas y sobrevivientes de Violencia Feminicida parte de la mesa de víctimas solicitantes de la AVGM en la CDMX. Araceli Osorio Martínez Araceli Mondragon Sanchez Mónica Borrego Kim Rosario Dafne Luján Velázquez Erika Izbeth Martinez Romero Rosa Itzel Meza Espinoza Laura Torres Martinez Luz Guadalupe Gochi Verá María Margarita Alanís Rosales Blanca Victoria López Legaria Guillermina Llegaría Sariñana Keren Abuc Cerón Imagen destacada: Angélica Díaz Molina

#19S: a 2 años de un desastre socialmente construido

08 de octubre de 2019 Por: CDHVitoria En días pasados se conmemoraron 2 años del sismo del 19 de septiembre de 2017 (en adelante #19S) y 34 años del acaecido durante el 19 de septiembre de 1985. Por tal motivo, diversos colectivos, académicas, organizaciones, ciudadanas y ciudadanos, entre ellos madres y padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, participamos en las actividades conmemorativas del #19S, solidarizándonos y acompañando a numerosas víctimas del sismo. Entre las actividades estuvieron el acto religioso donde una vez más comprendimos que lo espiritual también es político, cuya celebración estuvo a cargo del padre Miguel Concha en el edificio 1C del Multifamiliar Tlalpan y en el que igualmente participó el Ensamble Vocal Experimental “No Coro”. Después tomamos parte en el minuto de silencio en punto de las 13:14 horas, a la altura de la Calzada de Tlalpan y la Avenida del Taller, en el que alzamos nuestro puño izquierdo durante 60 segundos en memoria de las personas que murieron. Luego, en el mismo lugar, presenciamos la acción de protesta ante diversos medios de comunicación, que fue realizado por compañeras y compañeros de Damnificados Unidos de la Ciudad de México y de Bolívar 168. Aunque lo anterior es de suyo loable, creemos que si narramos este segundo aniversario únicamente desde lo sentimental, sólo veríamos (recordando una técnica del Nobel de Literatura Ernest Hemingway), la punta del iceberg y no todo lo que está debajo del agua. Ahora bien, si observamos detenida y concienzudamente lo que está debajo, descubriremos que la conmemoración del segundo aniversario del terremoto del 19 de septiembre de 2017 (teniendo también en la memoria el de 1985), nos lleva a constatar una verdad dolorosa e incuestionable: el desastre que desencadenó el #19S no sólo no ha terminado, sino que continúa, porque como terminantemente nos dijo una de las personas afectadas del Multifamiliar Tlalpan, “la emergencia real apenas comienza”. A este respecto, la Recomendación 12/2018, publicada el 18 de septiembre de 2018 por la entonces Comisión de Derechos del Distrito Federal (ahora de la Ciudad de México), permite identificar que el #19S hizo que emergieran o se agravaran diversas problemáticas, entre ellas, obstáculos en el acceso a la justicia para las víctimas, desplazamiento forzado a causa del desastre, ineficiencia en la garantía del derecho a la vivienda adecuada, digna y segura, así como ausencia de una cultura de prevención de riesgos y deficiencias en la garantía del derecho de acceso a la información y la transparencia. (https://bit.ly/2SpRZnD) Si analizamos esto desde el enfoque de los derechos humanos –de la mano de la Recomendación 12/2018–, estaremos en condiciones para decir que antes, durante y después del #19S se cometieron hechos violatorios de derechos humanos, concretamente, a un nivel de vida y a una vivienda adecuados, a la vida, a la integridad personal, a la seguridad jurídica y principio de legalidad, a la propiedad privada y a la información, por mencionar sólo algunos ejemplos. Evidentemente, el gobierno de la Ciudad de México se vio rebasado el #19S, debido a que fue incapaz de brindar una respuesta efectiva ante un sismo de semejantes magnitudes. Asimismo, en otros espacios hemos suscrito una tesis surgida a partir de la elaboración del informe Documenta Desde Abajo, el cual fue presentado el pasado 20 de septiembre en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, e igualmente a través de la colaboración con personas especialistas, organizaciones, movimientos, y muy especialmente mediante el contacto directo con víctimas. (https://bit.ly/2lmAR7C) Así pues, la tesis es la siguiente: el #19S es un desastre socialmente construido. De este modo, consideramos que las devastadoras consecuencias del #19S, y por consiguiente las violaciones a derechos humanos, no sólo se deben a un fenómeno natural provocado por la liberación de energía a partir del desplazamiento de la corteza terrestre, sino por la falta de prevención, planificación y acción humana adecuadas (véase Recomendación 12/2018). De lo que se sigue que las 228 personas que murieron en la Ciudad de México y las más de 30 mil damnificadas (atendiendo las cifras oficiales), tal vez hoy estarían en medio de nosotras y nosotros y vivirían en el calor de su hogar, de no ser por las violaciones a derechos humanos cometidas antes del sismo, entre otras razones por la no implementación de políticas gubernamentales de prevención y reducción de riesgos (como la publicación de un Atlas de riesgos), las cuales habrían reducido sobremanera los impactos. Sin embargo, no todo sucedió antes y durante el #19S, sino que nuestra tesis del desastre socialmente construido nos lleva a constatar que las violaciones a derechos humanos continúan, porque las víctimas siguen padeciendo múltiples afectaciones. Prueba de ello son: 1) el carpetazo dado a diversas investigaciones relacionadas con el #19S por parte de autoridades de la pasada administración, o bien, el intento de hacerlo como en el caso de Bolívar 168; 2) los retrasos temporales y los incrementos de costos en la reconstrucción de diversos inmuebles afectados, por ejemplo, en el Multifamiliar Tlalpan; e igualmente 3) los múltiples problemas a los que se han enfrentado las personas damnificadas, tales como enfermedades físicas y psicológicas, divisiones, desatención de las autoridades y políticas de castigo, dificultades con las empresas constructoras, así como las muertes de personas después del terremoto. Si bien el gobierno de la Ciudad de México ha emprendido acciones para atender a las víctimas del #19S, como la creación de la Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, las compensaciones a algunas personas damnificadas y la reconstrucción de viviendas, es igualmente oportuno señalar que las autoridades deben garantizar plenamente los derechos de las víctimas y reconocer en mayor medida sus obligaciones para con las personas damnificadas, a fin de que éstas participen activamente en todo el proceso y estén siempre al centro. Finalmente, una de las tantas vías que el Estado puede seguir para garantizar, proteger, promover y respetar los derechos humanos de las víctimas del #19S, es el hecho de que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México provea las debidas diligencias y la línea de investigación más idónea, entre ellas la inclusión de peritajes o

Carta Pública | Ante omisión y falta de eficacia de la CONAVIM

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.  OLGA SÁNCHEZ CORDERO DÁVILA Secretaria de Gobernación  de los Estados Unidos Mexicanos.   PRESENTES Las organizaciones y defensoras de derechos humanos firmantes, estamos conscientes de la importancia de las instituciones creadas con el fin de  cumplir en la coadyuvancia para una vida libre de violencia para las mujeres mexicanas, sin embargo en este momento histórico, cuando la creciente gravedad de la situación del feminicidio en todo el país  nos demanda instituciones fuertes y comprometidas, vemos con preocupación que quien está a cargo no esté a la altura de la problemática. Por este motivo exigimos al Gobierno Federal la renuncia de la Titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM), María Candelaria Ochoa Ávalos, ante su evidente falta de compromiso, inacción y sobre todo por la obstaculización que desde su puesto realiza a la garantía de los derechos de las mujeres en México.  Como organizaciones ubicadas en distintas partes del país, hemos atestiguado que a más de seis meses de que tomara posesión del cargo, la actual Comisionada no ha impulsado ni realizado acciones contundentes que puedan atender la problemática actual que cada día acaba con la vida de 10 mujeres en nuestro país. El ejemplo más reciente es la promoción de un recurso de revisión contra el amparo concedido el pasado 13 de septiembre a las organizaciones de la sociedad civil peticionarias de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) para la Ciudad de México, por el Juzgado Tercero de Distrito en materia Administrativa. Además de que esta acción -en sí misma dilata la necesaria activación de la Declaratoria de AVG y el cumplimiento del amparo concedido por el Poder Judicial de la Federación a las organizaciones peticionarias, víctimas y familiares de víctimas- el recurso interpuesto por la CONAVIM, cuya titular paradójicamente se reivindica como feminista, cuestiona la participación de la sociedad civil, su experiencia y su interés legítimo en actuar en defensa de los derechos humanos de las niñas y mujeres que viven en un contexto de violencia. Incluso, argumenta que la concesión del amparo y sus efectos no tienen un alcance al que como autoridad responsable pueda dar cumplimiento. Esto se traduce en manifestar que no depende de ella la designación de recursos ni el deber de transparentar las acciones gubernamentales,  particularmente, sobre los informes generados por los grupos encargados para dar seguimiento a las acciones emanadas de la Declaratoria, pues menciona que todo ese trabajo es “información reservada”, lo que propicia también la falta de transparencia de los recursos y acciones que el Estado está obligado a realizar en cualquier tipo de gobierno. Además de la negativa de la Declaratoria de AVG para la CDMX, la actual Comisionada ha llevado a las organizaciones peticionarias a interponer demandas ante el Poder Judicial de la Federación, quien ha reconocido mediante los diversos juicios de amparo, el actuar ilegal de CONAVIM, como fue el caso también en el estado de Zacatecas.  Ahí el Poder Judicial, determinó que no se había fundado y motivado la negativa de la solicitud, ordenando se volviera a resolver sobre la admisión, tomando en consideración los hechos planteados por las organizaciones de la sociedad civil.   Por otra parte, actualmente está pendiente de resolverse un tercer amparo, en este caso relacionado con la tercera solicitud de AVG para el estado de Veracruz, en donde la CONAVIM nuevamente actuó de manera irregular para impedir el adecuado trámite de dicha solicitud, acumulándola a una previa, invisibilizando la problemática de desaparición de mujeres y niñas, denunciada por las organizaciones. Es decir, en lugar de dar cumplimiento a sus obligaciones en la implementación del mecanismo de AVG, de diseñar los planes de implementación y la metodología de seguimiento y evaluación de las 19 AVG declaradas y de convocar a los grupos de seguimiento -como se le ha solicitado en diversos estados- la actual Comisionada se ha dedicado a orillar a las organizaciones a judicializar los derechos de las mujeres, en lugar de garantizarlos como lo establece su mandato. Otro ejemplo de actuar indebido por parte de la CONAVIM, que tuvo como fin obstaculizar la participación de la sociedad civil y de las defensoras de los derechos humanos en el mecanismo de AVG, se vivió en el estado de Jalisco el 20 de abril de 2019, cuando la Titular de la CONAVIM quiso impedir la presencia de las organizaciones peticionarias, advirtiendo que sólo estarían presentes si el Gobernador estaba de acuerdo, a lo que él respondió que las organizaciones deben estar no sólo por ser peticionarias sino para dar seguimiento, por lo que finalmente se garantizó su presencia; sin embargo, esta decisión no debería ser una concesión sino una garantía  en cumplimiento de la ley. Cabe señalar, que el pasado 2 de octubre de 2019, en el marco de la Plataforma de Dublín para Personas Defensoras de Derechos Humanos 2019, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet reconoció la labor de las defensoras de los derechos de las mujeres. En ese momento  advirtió la importancia de la sociedad civil en la defensa de los derechos humanos, pues a pesar de que el próximo año se cumplen 25 años de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995) y de haber sido aprobada la Plataforma de Acción que fuera adoptada por unanimidad por 189 gobiernos, refirió que: “pareciera que la discusión no es ir hacia adelante sino en cómo no ir hacia atrás, por eso es que las defensoras de derechos humanos son tan necesarias, porque necesitamos hacer retroceder a quienes nos quieren hacer retroceder”. Por otra parte, el propio Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres (Comité CEDAW) en julio de 2018 en sus Observaciones Finales sobre el Noveno Informe de México que se realiza cada cuatro años, recomendó al Estado mexicano: “elaborar un plan de acción nacional, en cooperación con las organizaciones de la sociedad civil de mujeres, para garantizar la

2do Encuentro de procesos político-educativos para la transformación crítica de nuestros mundos

[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] A las organizaciones y colectividades que participen con comunidades y grupos de base en procesos político educativos como alternativa para la construcción de mundos más justos, incluyentes y dignos, les invitamos a participar en el proceso de inscripción al “Segundo Encuentro de Procesos político-educativos para la transformación crítica de nuestros mundos”. Este espacio busca reflexionar y compartir herramientas desde las prácticas pedagógicas críticas como espacios para incidir en la constante construcción de personas sujetas políticas con perspectivas emancipatorias y liberadoras, en el contexto de violencia patriarcal, capitalista y colonial que vivimos hoy en día. En caso de tener interés en participar, envía un correo a : transformacion.critica@gmail.com 17, 18 y 19 de octubre del 2019 📅 Ciudad de México 📌   [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_GoogleMap_Widget»][/siteorigin_widget]

Consejo judicial ciudadano

Sábado 05 de octubre de 2019 Miguel Concha  La Constitución Política de la Ciudad de México (CDMX), que entró en vigor el 17 de septiembre de 2018, es quizás una de las constituciones más modernas y progresistas de México y del mundo. Habida cuenta de los vectores de la protección de los derechos humanos y la participación ciudadana, que permean todo su texto, en el artículo 37 se estableció la creación de un Consejo Judicial Ciudadano (CJC), integrado por 11 personas propuestas por instituciones académicas, civiles o sociales designadas por el Congreso de la ciudad. Su encargo no sería remunerado, pues sus integrantes no serían servidores públicos, sino ciudadanos, a quienes se les designa para funciones específicas. Y entre éstas, la de nombrar a los integrantes del Consejo de la Judicatura, que como todos sabemos es el órgano encargado de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial. El consejo se encargaría de proponer al Congreso a los candidatos a magistrados del Tribunal Superior de Justicia, con lo que se planteó un cambio fuerte respecto a la manera de nombrar a los magistrados, pues hasta entonces la propuesta de éstos era facultad del jefe de Gobierno, y su ratificación o aprobación de la entonces Asamblea Legislativa. Con ese cambio se eliminaba una de las circunstancias que más cuestionan la autonomía de los magistrados, con lo que esto podía acarrear de subordinación de ellos al titular del Ejecutivo, con la consiguiente posibilidad de consignas, obediencia a indicaciones de éste en asuntos o casos importantes. Por otra parte, en la Constitución el CJC quedó también facultado para integrar las ternas para fiscal general de la Ciudad, fiscal anticorrupción y fiscal para delitos electorales. En el primer caso, para enviar la terna a la jefa o al jefe de Gobierno, con el fin de que sometan la designación al Congreso; y en los otros dos casos para enviarlas directamente al propio Congreso, para que éste resuelva. Con esta participación del CJC se fortalece la búsqueda de la autonomía de esas fiscalías de la Ciudad de México. Como se sabe, lamentablemente la primera de las facultades, la de nombrar a los consejeros del Consejo de la Judicatura, fue anulada por una resolución de la Suprema Corte de Justicia (SCJN), cuando en junio dictó una sentencia sobre una controversia constitucional interpuesta por el Tribunal Superior de Justicia de la CDMX (TSJ). De esta manera, una disposición constitucional que abría el camino a la participación ciudadana y a la transparencia en los nombramientos del TSJ fue anulada, y con ello lo que hubiera sido un avance en el derecho de acceso a la justicia. Felizmente, despuésde la resolución de la Suprema Corte subsistió la facultad del CJC para integrar las ternas de los fiscales. Lo que puede significar un avance en la procuración de justicia, y, por tanto, así fuera de manera indirecta, en el acceso a la misma. El pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó el pasado viernes 27 de septiembre, por 50 votos a favor, la integración del CJC y tomó protesta a sus 11 integrantes. Para darle una dimensión no sólo jurídica, sino también social a las necesidades y expectativas que tendrán que tomar en consideración en la designación de los futuros fiscales, con ello dio también cumplimiento a la disposición constitucional de que siete de sus miembros sean profesionales del derecho y cuatro no. Igualmente, porque se estableció que se tratara de un consejo paritario, en el que seis de sus integrantes son varones y cinco son mujeres. Desde mi punto de vista, y a pesar de la resolución adversa de la SCJN, que castró, en parte, nuestra propuesta de autonomía del Poder Judicial en la Ciudad de México, el establecimiento del CJC es muy importante para la democratización, autonomía y mayor eficiencia del órgano de procuración de justicia, pues en el ánimo del constituyente y de quienes elaboraron y aportaron al proyecto de Constitución, estaba la dependencia que se tenía de la procuraduría respecto del Ejecutivo. Ahora éste sólo podrá seleccionar a uno o una de la terna que le presente el CJC y el Congreso lo o la ratificará. Y en esta designación, si el voto del Congreso fuera negativo, el proceso regresará al CJC tantas veces como fuera necesario. Con ello el proceso de selección de los aspirantes a la Fiscalía General de la Ciudad se acerca también a la ciudadanía, toda vez que en el CJC confluyen profesionales vinculados en muchos casos a distintas organizaciones de la sociedad civil, y sostienen distintas posiciones ideológicas. Es, además, pertinente que el CJC sea integrado por personas especializadas en distintas disciplinas, teniendo en cuenta que el perfil y responsabilidades de la nueva Fiscalía General van más allá que las de la anterior Procuraduría: establecer una política de persecución criminal que le permita gestionar estratégicamente los delitos del fuero común, y diseñar los protocolos para la observancia de los derechos humanos de los sujetos intervinientes en el proceso penal. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Internet

Encuentro Itinerante | Juventudes y Memoria: Entretejiendo Procesos de Verdad, Justicia y Reparación.

[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] El Centro de Derechos Humanos Fr. Francisco de Vitoria y la Escuela para Personas Jóvenes Defensoras de Derechos Humanos les extendemos la cordial invitación para acompañarnos al 3 Encuentro Itinerante Juventudes y Memoria: Entretejiendo Procesos de Verdad, Justicia y Reparación. La intencionalidad es compartir experiencias en torno a los procesos y caminos que han emprendido personas víctimas de violaciones graves a derechos humanos y de desaparición forzada, para poder mirar colectivamente los pasos iniciados para exigir y cristalizar justicia. Personas y organizaciones invitadas: -Camilo Vicente -Colectivo Liquidámbar -Centro Cultural Comunitario La Roca -Espacio Libre e Independiente Marabunta A.C. 05 de octubre 📅 | Centro cultural Comunitario La Roca, Cabo Faro esq. Faro Gris, Col. Gabriel Hernández,  Alcaldía de Venustiano Carranza📍 | 11 hrs – 15 hrs 05 de octubre 📅 Centro Cultural Comunitario La Roca, Cabo Faro esq. Faro Gris, Col. Gabriel Hernández, Alcaldía de Venustiano Carranza📍 Ciudad de México | 11 hrs – 15 hrs [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_GoogleMap_Widget»][/siteorigin_widget]

Fiscalía CDMX: Organizaciones y colectivos de víctimas exigen asesoría jurídica autónoma e independiente

Hasta el momento, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México ha incumplido con sus obligaciones de respetar, proteger, garantizar y promover los derechos de las víctimas. La asesoría a víctimas debe gestionarse de manera autónoma a la fiscalía para no poner en riesgo el desarrollo de una defensa adecuada y protección judicial de la víctima. Deben asignarse recursos adecuados y suficientes para la operación de la Comisión de Atención a Víctimas y de la Asesoría Jurídica para la Ciudad de México. Por medio de la presente, las organizaciones civiles y colectivos de víctimas firmantes saludamos la emisión de la propuesta de la Comisión Técnica para la transformación de la procuraduría a fiscalía de la Ciudad de México. Ante las múltiples y recientes quejas por violación, filtración de información, omisión, negligencia sobre casos penales desde el interior de la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJ-CDMX), coincidimos con la Comisión Técnica en la imperiosa necesidad de fortalecer las capacidades de las y los integrantes de la futura Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para el cumplimiento de sus obligaciones de respetar, proteger, garantizar y promover los derechos de las víctimas. Deseamos recordar que las reformas constitucionales de 2008 y 2011 redefinieron el carácter de la víctima dentro de los procesos penales, reconociéndole un papel más activo en el desarrollo de su defensa y protección judicial. Lo anterior dio paso a que en 2013 se publicara la Ley General de Víctimas, y posteriormente de la Ley de Víctimas para la Ciudad de México, las cuales surgen como resultado de un proceso de carácter político-social que demandaba el surgimiento de un modelo integral de atención a víctimas que canalizara sus necesidades en el marco de los procesos penales. Sin embargo, el retraso en el proceso de armonización de la Ley y en la instalación de la Comisión ha ocasionado que la procuraduría continuará asumiendo la asesoría jurídica de las víctimas a través de la Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad, área que ha carecido de capacidades humanas, financieras y técnicas para atender adecuadamente a las víctimas. Conservar la asesoría jurídica dentro de la nueva estructura de futura Fiscalía significaría mantener la subordinación que hoy en día tiene el asesor jurídico respecto a la institución investigadora,  pues implica un posible conflicto de interés en detrimento de una defensa adecuada de las víctimas. En este contexto, debe consolidarse con carácter urgente y paralelamente al proceso de transición de la procuraduría en fiscalía, una asesoria jurídica como eje fundamental para la defensa adecuada y protección judicial de las víctimas, lo cual supone independencia y autonomía frente a la futura fiscalía. Tal como establecido en el artículo 162 de la Ley de Víctimas para la Ciudad de México, la Asesoría Jurídica, “área especializada en asesoría, asistencia y acompañamiento jurídico para víctimas en materia penal, civil, laboral, familiar, administrativas y de derechos humanos” deberá depender directamente de la Comisión de Atención a Víctimas. Lo anterior permitirá asegurar que las asesoras y los asesores jurídicos cumplan con su función de “vigilar la efectiva protección y goce de los derechos de las víctima en las actuaciones del Ministerio Público, en todas y cada una de las etapas del procedimiento penal y, cuando lo amerite, suplir las deficiencias de ésta la autoridad jurisdiccional correspondiente, cuando considere que no se vela efectivamente por la tutela de sus derechos por parte del Ministerio Público”[1]. Por lo expuesto anteriormente, consideramos urgente fortalecer a la Comisión de Atención a Víctimas para la Ciudad de México, en particular dotando de personal idóneo y recursos materiales suficientes a la Asesoría Jurídica para que cumpla efectivamente con su funciones de representar a la víctima de manera integral, garantizando así la equidad procesal de las partes, y con ello el desarrollo de una defensa adecuada y protección judicial de la víctima. Imagen destacada: Internet

El proyecto de convocatoria para la designación de la presidencia de la CNDH introduce elementos que favorecen una evaluación amplia, integral y objetiva de los perfiles

Las organizaciones de la sociedad civil firmantes saludamos el trabajo realizado por las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y Justicia para que la convocatoria cumpla con los Principios de París y sea vinculante que la valoración de los perfiles se realice a partir de un conjunto de indicadores de idoneidad y probidad.  Está en manos de la Junta de Coordinación Política del Senado garantizar que el proceso conserve esta característica, inédita para un proceso de designación tan relevante como el de la CNDH, y se lleve a cabo mediante parlamento abierto. El pasado 24 de septiembre, las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Justicia del Senado de la República aprobaron el proyecto de convocatoria a partir del cual se desarrollará el proceso de designación de quien asuma la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para los próximos cinco años. Esto, luego de introducir varios ajustes positivos, en términos de transparencia, participación, rendición de cuentas e idoneidad. Entre los elementos que destacan está el carácter vinculante de una lista de indicadores que se usará para valorar la idoneidad y probidad de las y los candidatos, lo cual marca una mejora sustantiva respecto al proceso anterior (2014) y hace manifiesta la apuesta de llevar a cabo una designación basada en evidencia y criterios objetivos. La definición de estos indicadores quedará a cargo de un grupo de trabajo integrado por las y los Senadores Emilio Álvarez Icaza, Marta Guerrero Sánchez, Citlali Hernández Mora, Kenia López Rabadán, Nestora Salgado García, y Antares Vázquez Alatorre, quienes considerarán propuestas de la sociedad civil. Con este marco, las organizaciones que hemos dado seguimiento puntual al proceso saludamos la determinación de las y los Senadores al aprobar este proyecto y confiamos que la Junta de Coordinación Política (JUCOPO): Apruebe este proyecto de convocatoria, producto de un proceso de deliberación democrático al interior de las Comisiones Unidas; Garantice las condiciones necesarias para que el proceso de designación cumpla con los más altos estándares de parlamento abierto, transparencia, máxima publicidad, participación ciudadana y rendición de cuentas; Mantenga el carácter vinculante de los indicadores de evaluación, y promueva que las y los senadores funden y motiven sus decisiones a lo largo del proceso; y Responda favorablemente a la solicitud de reunión que las organizaciones firmantes hemos enviado. En los próximos días, el Senado podría sentar un importante precedente para las designaciones de puestos titulares en otros órganos de control, contrapeso y/o garantía de derechos, y con ello contribuir a una nueva forma de hacer política. Está en manos de la JUCOPO marcar este hito para la vida democrática de nuestro país. Imagen destacada: #CNDHAutónoma