Una reforma constitucional para los pueblos y comunidades indígenas
El derecho a la libre determinación y autonomía está parcialmente reconocido constitucionalmente, sin embargo continúa limitado y enmarcando la capacidad jurídica de los pueblos y comunidades indígenas. 29 de agosto de 2019 Por: Ana Gómez, Ashley Semington y Carlos A Ventura La situación de los pueblos y comunidades indígenas se ha caracterizado por una histórica falta de acceso a sus derechos, por ejemplo, como resultado de la falta de acciones aplicadas por parte Estado para asegurar el mínimo esencial en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, o por acciones dirigidas a violentar a las comunidades indígenas por medio de la limitación o denegación de su derecho a la libre determinación y autonomía, el cual representa el eje central para la realización plena de todos sus derechos. Ante la falta de reconocimiento y de respeto, diversos pueblos y comunidades indígenas se han organizado y encabezado movimientos por la lucha de sus derechos; éstas no han partido de una perspectiva formalista anclada en el Estado moderno, sino desde la reivindicación histórica de sus propias formas organizativas. Uno de los ejemplos más citados es el del surgimiento público en 1994 del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), ya que marcó un precedente al apropiarse del derecho nacional e internacional para exigir y reivindicar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, dando un significado abismalmente distinto a la percepción general que existe sobre quiénes y cómo debe ser utilizado y aplicado el derecho, ya que esta facultad había sido reservada únicamente al Estado. Así pues, el proceso del EZLN también derivó en los Acuerdos de San Andrés Larraínzar, donde se plasmó la obligación del Estado de reconocer y garantizar el ejercicio de la libre determinación y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Por desgracia, dichos acuerdos fueron mutilados en posteriores procesos legislativos; fue evidente que el Estado mexicano traicionó lo acordado con el EZLN y llevó a cabo una insuficiente reforma constitucional en materia de derechos de los pueblos indígenas a inicios de la década de 2000. Esto resultó en un reconocimiento sólo individual de los derechos de las personas indígenas, y no en uno colectivo y adecuado a la forma organizativa de las comunidades y pueblos indígenas, debilitando el margen de protección y ejercicio de sus derechos. Se impidió su reconocimiento constitucional como sujetos de derechos público. El derecho a la libre determinación y autonomía está parcialmente reconocido constitucionalmente, sin embargo continúa limitado por una supuesta “unidad nacional” establecida como límite máximo de la autonomía y libre determinación. Lo cual reduce la capacidad jurídica de los pueblos y comunidades indígenas sólo a entidades de interés público, y no de sujetos de derecho público, ya que lo segundo implicaría el respeto a las formas organizativas de los pueblos y comunidades indígenas como sujeto colectivo de derecho. Por lo mencionado anteriormente, y para dar una respuesta a esta deuda histórica, el actual gobierno federal se ha dado a la tarea de lanzar una propuesta de Reforma Constitucional sobre los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Sin embargo, para entender la trayectoria de la historia de la relación entre los pueblos y comunidades indígenas y el Estado mexicano, es necesario recordar que los puntos expresados en esta propuesta de reforma no son del todo innovadores, sino más bien una reiteración de los temas centrales en los Acuerdos de San Andrés. De esta forma, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) ha iniciado un proceso de consulta con los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos en territorio mexicano y con aquellos que residen en el extranjero. El objetivo de estos espacios construidos como foros es discutir al menos los 16 temas que componen la propuesta, los cuales se podrían enmarcar en cinco puntos: la libre determinación y autonomía, el derecho a la tierra, el territorio y la consulta, el derecho a la participación efectiva, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y finalmente los derechos de grupos de atención focalizada. Tal como lo han expresado comunidades y pueblos indígenas y sus organizaciones acompañantes, los foros de consulta que concluyeron el pasado 9 de agosto, pueden ser perfectibles, dado que es considerable la necesidad de ampliar la difusión y participación. De ahí que exista una seria preocupación para que toda la información referida a las propuestas del INPI, recogidas en estos foros, así como el proceso legislativo, lleguen a los pueblos y comunidades indígenas y afros, quienes son los sujetos centrales de esta reforma constitucional. Por ello, es necesario continuar facilitando y abriendo espacios de comunicación y diálogo entre los pueblos y comunidades indígenas, y los distintos actores involucrados en este proceso. Ojalá esta reforma se logre conforme al interés de los sujetos principales que son los pueblos. Incluso, que esta reforma sea una respuesta efectiva para avanzar en uno de los pendientes históricos que México tiene con las y los indígenas. Ana Gómez*, Ashley Semington** y Carlos A Ventura** *Universidad de Wisconsin Madison **Colaboradores del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria Consultar artículo en Contralínea. Imagen destacada: Contralínea | Cuartoscuro
Denuncia sociedad civil responsabilidad de empresas en emergencia climática
Organizaciones de la sociedad civil y personas interesadas en frenar la emergencia climática que enfrenta nuestro planeta, se manifestaron este lunes frente a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a fin de generar conciencia sobre la relación que existe entre el acelerado calentamiento global y el modelo de desarrollo económico prevaleciente, el cual privilegia el consumo y la quema excesiva de combustibles fósiles por encima de la protección de los ecosistemas y los derechos humanos. De acuerdo con lo señalado por expertos del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) en el Reporte Especial de 1.5°C de calentamiento global, quedan menos de 11 años para reducir a la mitad las emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) y limitar el incremento de la temperatura global en 1.5°C para finales del presente siglo. A pesar de esta emergencia, la Agencia Internacional de Energía reporta que la tendencia del sector energético continuará al alza en los próximos años. Las y los asistentes leyeron un pronunciamiento destacando que mantener el crecimiento económico y seguir midiendo el Producto Interno Bruto (PIB) sin considerar los daños a los ecosistemas y a los derechos humanos, es simplemente inaceptable. “Es necesario un cambio de paradigma en los modelos de producción, distribución y consumo. Apenas 100 compañías son responsables del 52% de las emisiones a la atmósfera desde la revolución industrial; 7% de la población más rica a nivel global es responsable de más de 50% de todas las emisiones acumuladas en la atmósfera, mientras que 50% de la población más pobre de este planeta no es responsable ni del 7% de las emisiones globales”. Añadieron que, del 2016 al 2018, es decir tres años a partir de la firma del Acuerdo de París, los 33 bancos más grandes del mundo reportaron una inversión de casi 2 trillones de dólares en la extracción y producción de combustibles fósiles. En 2018, el 87% del consumo primario de energía a nivel mundial seguía dependiendo de los combustibles fósiles. Ese mismo año, las emisiones globales del sector energético crecieron en un 2%. Al mismo tiempo, tan sólo en los países integrantes del G20, se invirtieron 147 mil millones de dólares en subsidios a combustibles fósiles. Con relación a lo que ocurre en México, se explicó que, de los proyectos contemplados por Petróleos Mexicanos (Pemex) se emitirán 3,305 millones de toneladas de bióxido de carbono (CO2) incumpliendo los compromisos al 2050. Recordaron que México se encuentra hoy en el puesto número 13 a nivel global como emisor de GEI; al mismo tiempo, cerca de 69% de la población y 71% de las actividades económicas son vulnerables a los efectos del cambio climático. Esta realidad obliga a tomar acciones urgentes para dejar atrás un modelo dependiente de los combustibles fósiles y transitar hacia las energías renovables con una visión de respeto a derechos humanos y distribución equitativa de consumo. De igual forma, el país debe adoptar sistemas sustentables -orgánicos y regenerativos de producción de alimentos y dejar de otorgar permisos y concesiones a empresas contaminantes. Por todo lo expuesto anteriormente, los manifestantes demandan: 1. Que el gobierno de México reconozca la existencia de una emergencia climática, integre el combate al cambio climático como una prioridad nacional, genere políticas que incidan directamente en la reducción de las emisiones y asigne presupuesto suficiente que contribuya a los esfuerzos para frenar el aumento de la temperatura en 1.5°C; 2. Que se tomen todas las medidas necesarias para que el país reduzca el 50% de sus emisiones en 2030 y alcance las emisiones cero en 2050, como lo establece el IPCC a nivel global; 3. Que el gobierno de México garantice acciones climáticas que respeten y protejan los derechos humanos de todas y todos los mexicanos, apelando a medidas efectivas de reparación y que garanticen un futuro sostenible para la presente y futuras generaciones. Pedimos la ratificación y establecimiento del marco legal necesario para cumplir con el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú). 4. Que el Estado mexicano prohíba el uso de químicos, pesticidas y productos genéticamente modificados, con el fin de rescatar las formas de producción de alimentos tradicionales y locales; y que al mismo tiempo se diseñe una política de adaptación que parta de la contribución que estos de siembra y cultivo agroecológicas tienen para el enfriamiento del planeta. 5. Que el sector privado y las instituciones financieras internacionales reconozcan su cuota de responsabilidad en la crisis climática y se comprometan a dejar de financiar proyectos etiquetados como energía limpia, pero que agravan el problema, como es el caso de las hidroeléctricas, el gas natural o la nuclear, y que dirija el apoyo hacia energías realmente sostenibles y alternativas. Finalmente, los asistentes anunciaron que se sumarán a la semana de acción global por el futuro del 20 al 27 de septiembre para demandar acción inmediata por la emergencia climática; participando con los y las jóvenes, niñas y niños en la marcha de Fridays for Future el próximo 20 de septiembre a las 2 pm del Ángel al Zócalo. Imagen destacada: Donovan Ortega
Antimilitarización y antimilitarismos
Sábado 24 de agosto de 2019 Miguel Concha Convocada por la Internacional de Resistencias a la Guerra, cada cuatro años se organiza la Conferencia Internacional Antimilitarismos en Movimiento. Este año tuvo por sede Bogotá, Colombia, del 31 de julio al 2 de agosto. La conferencia se realizó en estrecha colaboración con organizaciones y grupos locales que forman una red mundial antimilitarista y pacifista de base que trabaja por un mundo sin guerra. Si partimos de que la guerra es un crimen contra la humanidad, el compromiso radica en no apoyar ninguna de sus expresiones y erradicar todas sus causas. Así, la conferencia fue un espacio en el que personas de diversas partes del mundo compartieron prácticas y narrativas de resistencia a la guerra. Dos ejes facilitaron las discusiones: el antimilitarismo, referido a la resistencia contra modelos culturales, sociales y educativos que buscan interiorizar en las personas prácticas de ordenamiento militar de los cuerpos y cualquier expresión de la vida, y la antimilitarización, que es la oposición contra las estructuras sociales e institucionales que usan la fuerza armada pública o privada para imponer el control de las sociedades y economías. Estas aproximaciones permiten entender las estrategias y alianzas entre sistemas opresivos, como el capitalismo, el patriarcado y el colonialismo que, a través de diversas intervenciones, con distintos grados de conflictividad social, resguardan intereses geopolíticos de países hegemónicos y grandes capitales. Dichas situaciones fueron ilustradas en la conferencia por distintas problemáticas interrelacionadas que, para erradicarlas, nos desafían a todas las sociedades del planeta. En los territorios de diversas regiones del mundo se observa el uso de armas y diversos tipos de agresiones por parte de cuerpos militares y paramilitares para permitir el control de territorios y de la tierra en favor de desmedidos modelos extractivistas de bienes comunes. Conflictos que además generan crisis de deterioro ambiental, desplazamiento forzado y asesinatos de defensores comunitarios de los derechos humanos. Estas incursiones se reflejan también en la externalización de las fronteras y en controles migratorios, como se dan en los casos de América Latina y África. Con respecto a las afectaciones del militarismo hacia la diversidad, nos encontramos con un modelo cultural de exclusión y discriminación de las identidades no heteronormadas, así como con la diseminación del miedo a todas aquellas personas o grupos diferentes. Estos controles se llevan a cabo por medio de discursos de odio y de estigmatización provenientes de distintas instituciones sociales. Se proveen, asimismo, entrenamientos militares y tecnologías para vigilar pautas colectivas que avizoren formas autónomas de organización social, como es el caso de Estados Unidos e Israel sobre los pueblos latinoamericanos y palestino, sólo por mencionar dos ejemplos. En la búsqueda de estados justos y democráticos, el control se ejerce por medio de modelos represivos a la protesta y la organización social en varias regiones del mundo, restringiéndose el espacio público; así como por medio de la militarización de las juventudes y el reclutamiento forzoso en varios países latinoamericanos y asiáticos. La militarización, igualmente, se lleva a cabo en las transiciones políticas de algunos gobiernos, al militarizar los cuerpos policíacos encargados de la seguridad pública. Por tanto, una apuesta de transformación hacia sociedades más pacíficas busca articulaciones en torno a procesos de paz paulatinos que sean sustentables, diversos y justos. Sustentables, con la finalidad de alcanzar una justicia climática para los ecosistemas mediante relaciones cooperativas en las que se garanticen para todas las personas el acceso al agua, los territorios y la movilidad, así como una distribución equitativa de la riqueza y la generación de economías alternativas. Para las diversas pacificaciones es también indispensable el ejercicio pleno de los derechos individuales y colectivos, con perspectiva de multiculturalidad, así como la incorporación de las reivindicaciones de los movimientos feministas y de mujeres, la diversidad sexogenérica y las de los pueblos y comunidades indígenas y afros. Mientras que las pacificaciones justas requieren dar lugar a nuevos modelos de justicia desde las comunidades, al igual que a formas efectivas de justicia transicional, disruptores con relación al pasado, sostenidos por paradigmas de memoria, restauración y restitución, los cuales también contemplen el diálogo con distintas espiritualidades y cosmovisiones para la construcción de la paz. Como propuesta para resistir desde el antimilitarismo y la antimilitarización de estructuras y relaciones sociales, la conferencia invita a contar con elementos de análisis y acción directa no violenta, aparte de los vínculos cotidianos que establecemos entre personas y comunidades para poder ser partícipes en la construcción de mundos pacíficos. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Antimilitarismo en movimiento
Urgen a la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, emita la Alerta de Género de forma inmediata #AlertaInmediataYA
La ley faculta a la Secretaría de las Mujeres, pedir de forma inmediata la emisión, ante la Secretaría de Gobierno de la CDMX. Casos, manifestaciones y protestas, hacen notoria la demanda de medidas urgentes para atender la violencia feminicida. Justicia Pro Persona A.C. y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A.C. con el acompañamiento del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, exigen a la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, presidida por Gabriela Rodríguez, solicitar a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México la emisión de la Alerta de Género. Luego de que fuera negada por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM), al ser solicitada desde el 7 de septiembre de 2017, los casos que acompañamos y tal como lo han dejado ver las recientes manifestaciones, la demanda de las mujeres que han sufrido violencia de género en la Ciudad, exige respuestas contundentes de las autoridades, de todos los niveles de gobierno. Ante la negativa de la CONAVIM, es facultad de la Secretaría de las Mujeres solicitar la Declaratoria de dicha Alerta de forma inmediata a la Secretaría de Gobierno, por lo que, como organizaciones peticionarias de la primer solicitud, hoy 23 de agosto entregamos de manera formal ante la Secretaría de las Mujeres, una carta solicitando haga ejercicio de dicha facultad. Vivir una vida libre de violencia es un derecho humano fundamental, por lo que es arbitrario y contraproducente esperar más tiempo para evaluar medidas, siendo una realidad que desde el año 2017, cuando se realizó la solicitud de la primer Alerta, se inició ya un proceso legal que por mucho tiempo se alargó de manera dilatoria para evitar su emisión, sin embargo, se desarrollaron medidas e indicadores por atender, a las que el Gobierno de la Ciudad de México tendría que apegarse para dar seguimiento puntual a la erradicación de la violencia de género,de forma conjunta con organizaciones de la sociedad civil y agrupaciones de mujeres y víctimas de la violencia. La declaratoria inmediata es una oportunidad para encaminar un proceso que a pesar de los avances legislativos e institucionales sigue siendo insuficiente para garantizar los derechos de las mujeres, sin embargo, la Secretaría de las Mujeres la puede solicitar de manera inmediata, según sus facultades marcadas en la Ley la declaratoria de AVGM en la Ciudad de México. Esto posibilita la emisión de un mecanismo vinculante que permitirá atender de manera integral la violencia feminicida. Cabe mencionar que de enero a junio de 2019 fueron asesinadas 1,812 mujeres en el país, es decir, un promedio de 10 mujeres al día. A casi dos años de la solicitud de la Alerta de Género, seguimos exigiendo este mecanismo como una posibilidad para, de manera conjunta con organizaciones y víctimas, construir acciones que puedan erradicar la violencia contra las mujeres y nos permita vivir de manera plena, libre y segura. Es urgente, que se tomen decisiones que se traduzcan en hechos que impacten de manera positiva en la vida y seguridad de mujeres, niñas y adolescentes que viven o transitan en la Ciudad de México, dilatar esta decisión significa aumentar la deuda histórica con quienes representamos más de la mitad de la población. ATENTAMENTE, organizaciones peticionarias de la Alerta de Violencia de Género para la Ciudad de México: -Justicia Pro Persona A.C. -Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A.C. -Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) -Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) Imagen destacada: Víctor Manuel Chima
Foro «Por una Legislación Popular. La voz del pueblo y de los trabajadores» | Participación del CDHVitoria
Documento compartido con la ANUEE sobre participación en el Foro: «Por una Legislación Popular. La voz del pueblo y de los trabajadores» convocado por la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica (ANUEE) y diversas organizaciones sociales. ________________________________________________________________________________ ¿Por qué derogar el Artículo 185 del Código Penal Federal? La protesta social, un derecho Como bien sabemos, los derechos de asociación y de reunión, así como a la protesta social, están reconocidos y protegidos por la Constitución y por diversos tratados internacionales. Estas acciones han sido a lo largo de la existencia humana un motor de cambio, enfocado a mejorar las condiciones de vida para todas y todos. La protesta social es, pues, un instrumento que le permite a la sociedad civil renovar, reformar o inclusive derribar las viejas estructuras opresivas y avanzar hacia un mejor equilibrio de los derechos individuales y colectivos. Por tales motivos, a medida que el Estado intente contradecir la Constitución a través de imposiciones legales para la defensa de intereses particulares, podremos realizar acciones que fomenten la restitución, modificación o derogación de leyes que obstruyan la defensa y promoción de los derechos humanos. Actualmente se desarrollan múltiples proyectos de inversión tanto pública como privada en el territorio mexicano, los cuales afectan diversos bienes y recursos comunes de distintas comunidades, como la energía eléctrica, el agua, los bosques, los minerales y las tierras, violentando así sus derechos humanos. ¿Qué contempla el artículo 185 del Código Penal Federal? Básicamente, que quien obstruya o impida la ejecución de alguna obra pública, será castigado de tres meses a un año de prisión si se opone a tal cometido sin violencia, y si ésta fuere con violencia, la pena será de hasta dos años de prisión. Tres razones para derogar el artículo 185 del Código Penal Federal 1.Porque no menciona específicamente qué acciones son consideradas como violentas para poder castigar sin que se reprima la libertad de expresión y los derechos de reunión, manifestación de ideas, asociación, petición, entre otros. 2.Además, en el marco de una protesta social, las autoridades están obligadas a asegurar la expresión y libre manifestación de las personas que protestan, en la exigencia de algún derecho fundamental que se estuviera violando con dicho trabajo público. 3.Ante un contexto en el cual diversas organizaciones y actores políticos han decidido manifestarse, principalmente por la reivindicación y respeto a sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, este artículo resulta especialmente preocupante, ya que limita, restringe y condiciona nuestros derechos de reunión, asociación y protesta social. Una ruta a seguir Tal situación no solamente es preocupante por el hecho de perseguir y criminalizar la protesta social, sino que también este delito ha sido replicado por los Congresos Locales, así como en el aumento de manera drástica el número de casos y carpetas de investigación en contra de defensores de derechos humanos y personas integrantes de movimientos sociales. Por lo tanto, no sólo debemos buscar la derogación de este artículo a nivel federal, sino también en las legislaciones de los estados en que haya disposiciones legales que criminalicen y limiten los derechos de reunión, libertad de expresión y protesta social, aspecto que se ha generalizado en diversas entidades del país, como es el caso de Tabasco, donde el Congreso local aprobó recientemente la llamada “ley garrote”, que limita y criminaliza la protesta social, y aumenta penas hasta por 20 años.. La electricidad, un derecho humano El derecho humano a la energía eléctrica, tal como lo ha reivindicado la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica (ANUEE), y de acuerdo a instrumentos internacionales en materia de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), puede encontrar su fundamentación en la conjugación de contenidos y derechos explicitados en diversos instrumentos, por ejemplo, los desarrollado por el Comité DESC de la ONU, el cual destaca el derecho a una vivienda adecuada el componente de energía eléctrica en sus observaciones generales en materia de derechos a la vivienda. En este sentido, una vivienda adecuada ha de contar con la disponibilidad de servicios indispensables para la salud, la seguridad, la alimentación y conforme a una vida digna, entre otros tantos, para lo cual es imprescindible la energía eléctrica. Supuesto lo anterior, es necesario que la energía eléctrica sea considerada un derecho humano y no una mercancía a la que sólo pueden acceder única y exclusivamente quienes tienen posibilidades de pagarla. Dicho de otra forma, la energía eléctrica no puede ser un lujo, debido a que es un derecho para todas y todos. Se requiere revertir la política neoliberal que en lugar de reconocer DESCA, como derechos humanos, los convierte en mercancías. Por tales motivos, nos parece inaceptable que un persona tenga que debatirse entre pagar la luz o comprar un pan para tener en la mesa de su familia o comunidad, entre pagar la luz o atender las necesidades más indispensables de sus seres queridos, como la salud, la vivienda y la educación, por mencionar sólo algunos ejemplos. Finalmente, y como hemos señalado en ocasiones anteriores desde el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, O.P., A.C., debemos ver la energía eléctrica como un bien común público, por lo que, sin dejar lugar a dudas, afirmamos lo siguiente: es obligación, deber y responsabilidad del Estado mexicano asegurarse de que todas las personas tengamos energía eléctrica de manera accesible y asequible. Fotografía destacada : ANUEE
Defender los derechos humanos en México: ¿el fin de la impunidad? | Participación de Miguel Concha en la presentación del Informe
El Informe Defender los derechos humanos en México: ¿el fin de la impunidad?, tiene por cometido presentar los resultados de la documentación de violaciones graves a derechos humanos contra personas, organizaciones y comunidades defensoras de derechos humanos. El gran aporte de este Informe consiste en proporcionar una herramienta que podremos usar para la defensa de los derechos humanos y, así, continuar procurando el acceso a la verdad, la búsqueda de la justicia, la reparación integral del daño y garantías de no repetición para las personas, organizaciones y comunidades defensoras de derechos humanos que han sido víctimas de violaciones graves a derechos humanos. Participación presentada por Miguel Concha Malo en la mesa de presentación del Informe realizado por el Comité Cerezo y ACUDDEH. ________________________________________________________________________________ Buenas tardes a todas y a todos. Agradezco mucho la oportunidad que me brinda el grupo organizador para participar en esta presentación. Saludo a todas y a todos, especialmente a Jan Jarab, Representante en México de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; a Jade Ramírez, de la Red de Periodistas de a Pie; a Alejandro Cerezo Contreras, Coordinador de Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos ACUDDEH A.C.; a Fernando Ríos Martínez, Secretario Ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos. Todos los Derechos para Todas y Todos; a Francisco Cerezo Contreras, Coordinador del Comité Cerezo México; y a Clara Meyra, de la Fundación Rosa Luxemburgo Stiftung, Oficina Regional México. El Informe denominado Defender los derechos humanos en México: ¿el fin de la impunidad?, elaborado conjuntamente por las organizaciones Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos, A.C., el Comité Cerezo México y la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada, presenta información importante sobre violaciones graves a derechos humanos contra personas, organizaciones y comunidades defensoras de éstos, las cuales fueron cometidas por el Estado mexicano desde el 1 junio de 2018 al 31 de mayo de 2019, es decir, en los últimos seis meses del sexenio de Enrique Peña Nieto y los primeros seis del periodo del presidente en turno, Andrés Manuel López Obrador. Asimismo, el Informe también da cuenta de quienes se beneficiaron en algún sentido con las violaciones a derechos humanos: autoridades estatales y/o personas o grupos particulares. Antes de pasar de lleno al Informe que nos congrega el día de hoy, creo oportuno mencionar un punto elemental para comprender y valorar más la riqueza del propio Informe: esclarecer la importancia de la documentación en el marco de las violaciones graves a derechos humanos. Así, la documentación es un proceso de recopilación, análisis, sistematización y organización de información relevante y documentos que se consideran importantes. Ahora bien, ¿qué importancia reviste el hecho de documentar violaciones graves a derechos humanos? Básicamente, digamos que este tipo de documentación es una herramienta que se usa para el acceso a la verdad, la búsqueda de la justicia, la reparación integral del daño y la garantía de no repetición, por lo que es una estrategia de exigibilidad y justiciabilidad de derechos humanos. Dicho de otra forma, la documentación permite, en primer lugar, construir memoria para no olvidar, y en segundo, defender derechos humanos, ya que la documentación se convierte en posibles pruebas para denunciar y atender las violaciones graves a derechos humanos[1]. Así pues, el Informe documenta violaciones graves a derechos humanos que sufrieron personas, organizaciones y comunidades defensoras a manos de autoridades estatales, y lo hace a través de una metodología rica en contextos, definiciones, fundamentos de instrumentos nacionales e internacionales en materia de violaciones graves a derechos humanos; cifras, comparativos y conclusiones. Igualmente importante es señalar algunos tipos de violaciones graves a derechos humanos registrados en el Informe: ejecución extrajudicial, desaparición forzada, detención arbitraria y otras como amenazas, hostigamiento y ataques físicos. Después de revisar el Informe, podremos notar que éste no ofrece un registro de todo el universo de las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y las amenazas, hostigamientos y ataques físicos, sino que se concentra en aquellas violaciones a derechos humanos que cumplen con los siguientes dos criterios: en primer lugar, la identidad de las víctimas: personas, organizaciones y comunidades defensoras de derechos humanos; y en segundo, la de quien realizó las violaciones: el Estado mexicano, ya sea por acción, omisión o aquiescencia, es decir, de las autoridades que violaron derechos directamente, que se abstuvieron de hacer algo para impedirlas, o bien, que las permitieron o consintieron de una u otra manera. Las cifras del Informe son crudas: a lo largo de los 12 meses señalados se presentaron 105 eventos de violaciones a derechos humanos contra personas, colectivos y organizaciones defensoras, que implicaron mil 153 actos que afectaron a 42 organizaciones, 19 comunidades, 42 personas defensoras, un familiar de éstas y 542 personas integrantes de alguna organización defensora de derechos humanos. Por lo tanto, de las cifras totales, 64 eventos con 822 actos ocurrieron durante los últimos seis meses del gobierno de Enrique Peña Nieto, mientras que 41 eventos con 331 actos sucedieron en el primer semestre del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Si traducimos lo cuantitativo en cualitativo, lo anterior significa que la comparación entre el final de un sexenio y el principio del otro nos da a conocer que, si bien es cierto que las violaciones a derechos humanos disminuyeron en el gobierno del actual Presidente, entre ellas las detenciones arbitrarias (194 con Peña Nieto y 154 con López Obrador), otras cosas no se han modificado, por ejemplo, el hecho de que los funcionarios y funcionarias públicos o autoridades sigan violentando, por acción, los derechos humanos de las personas, organizaciones y comunidades defensoras de derechos humanos; o por otro lado, el mantenimiento de las ejecuciones extrajudiciales como mecanismo de represión estatal. Comparar el final de un sexenio y el principio de otro tiene, sin lugar a dudas, un claro objetivo estratégico: demostrar, por medio de datos, evidencias, razonamientos e interpretaciones la continuidad o discontinuidad del actual gobierno con respecto a la represión estatal, la cual es una forma
Impunidad, factor principal que obstaculiza el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia
El hartazgo social: consecuencia de falta de acceso a la justicia, violencia y dilación de las autoridades. Hoy por hoy, la realidad nos indica que las acciones emprendidas en todos los niveles de gobierno para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia son insuficientes, para la dimensión del problema que cada día impacta negativamente en la vida de las mujeres. De acuerdo a los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) de enero a junio de 2019 fueron asesinadas 1,812 mujeres en México, es decir, un promedio de 10 mujeres por día. A ello se suman las denuncias por violación sexual. En 2018 se registraron un total de 15,322 denuncias por violación sexual a nivel nacional. De igual forma, la vida de las mujeres se desarrolla en un contexto de militarización de la seguridad pública que lejos de garantizar su integridad física y libertad, atenta contra ella. Como organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres que acompañamos y visibilizamos casos de violencia feminicida, hemos documentado una ruta de impunidad y patrones que responsabilizan a las mujeres de las agresiones y violaciones en su contra; la reproducción de los estereotipos de género por parte de las propias autoridades, y lo que ello implica para ellas y sus familias. Ante ello, es indispensable señalar que no basta abrir las carpetas de investigación por los delitos que ponen en riesgo la vida de las mujeres, sino que es urgente y necesario que realmente se garantice el acceso a la justicia de una manera pronta y efectiva. Las organizaciones firmantes reivindicamos que la impunidad y la falta de respuestas eficaces por parte de las autoridades en todo el país, agudiza la indignación y acrecienta el hartazgo social que necesita ser atendido sin descalificaciones, sino como el pulso que nos permite sentir y reconocer el nivel de afectación que hay en el tejido social, por la ausencia de una política pública integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia que sufren las mujeres del país. En este sentido, desde el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) red conformada por 43 organizaciones de la sociedad civil, ubicadas en 23 estados de la República, y demás organizaciones firmantes, nos sumamos a las exigencias de colectivas, víctimas, familiares de víctimas y defensoras de los derechos de las mujeres, y exigimos que a la brevedad el Gobierno Federal, los gobiernos estatales y municipales 1.-Ante la negativa de la CONAVIM para declarar la Alerta de Violencia de Género para la Ciudad de México, solicitamos que la Jefa de Gobierno realice dicha declaratoria, retomando las recomendaciones realizadas por el Grupo de Trabajo y la propia CONAVIM, en el marco de la solicitud realizada desde el 7 de septiembre de 2017 por las organizaciones: Justicia Pro Persona A.C.; el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A.C. con el acompañamiento de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos Para Todos (RED TDT) y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. 2.-Se realicen investigaciones con perspectiva de género, que den con el conocimiento de la verdad y el esclarecimiento de los hechos ocurridos de violencia sexual perpetrados por integrantes de cuerpos de seguridad pública. 3.-Se sancione a las autoridades responsables de la filtración de información, violentando el debido proceso y la seguridad de las víctimas y sus familias. 4.-Se conformen cuerpos de policías de género, formados específicamente para atender las problemáticas que ponen en riesgo a las mujeres. 5.-Se realicen acciones inmediatas para la reparación del daño a las víctimas y se den garantías de no repetición. 6.-Se realice la actualización de protocolos de actuación para las y los funcionarios públicos, a fin de garantizar su implementación con perspectiva de género, derechos humanos y la debida diligencia. 7.-Acciones y políticas públicas firmes, coherentes, sostenibles y basadas en el respeto y la garantía de los derechos humanos. 8.-Participación social y política de las mujeres en el desarrollo e implementación de las estrategias que garanticen el derecho a una vida libre de violencia. 9.-Los gobiernos eviten la criminalización de la protesta social contra las mujeres, niñas y adolescentes que de manera legítima ejercen el derecho a defender sus derechos, por el contrario, facilitar canales efectivos de diálogo directo con las víctimas, las organizaciones, y colectivas de mujeres. 10.-Se generen los marcos legales para sancionar a las autoridades que desde el Gobierno Federal, Estatal y Municipal por su acción u omisión violenten los derechos de las mujeres. En el caso específico de la Ciudad de México es indispensable que la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum genere el espacio y canal de comunicación que permita dar seguimiento a las mesas de trabajo y acciones emprendidas, hasta ver materializadas las propuestas de acción, iniciativas y políticas públicas que emprenderán para la atención dicha problemática. Estamos convencidas, que lo que sucede en la Ciudad de México, es un indicador de lo que pasa en otros estados de nuestro país, por lo que, las acciones desde la Presidencia de la República, la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM), el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), y los gobiernos de las entidades deben realizarse sin dilación, con eficacia y respetando las manifestaciones de indignación y repudio, consecuencia de la ausencia de una política integral que proteja a las mujeres de México. Hacemos un llamado al movimiento de mujeres, al movimiento feminista, a defensoras de los derechos de las mujeres, a las organizaciones de la sociedad civil y a la sociedad en general, a continuar buscando y fomentando los canales de diálogo con las autoridades para construir de manera conjunta las acciones que puedan erradicar la violencia contra las mujeres y nos permita vivir de manera plena, libre y seguras. ATENTAMENTE, Organizaciones peticionarias de la Alerta de Violencia de Género para la Ciudad de México: Justicia Pro Persona A.C Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A.C. Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF)
Causas de la desigualdad y la pobreza
Sábado 17 de agosto de 2019 Miguel Concha Estamos viviendo en la historia de nuestra nación un momento de crisis, de desconfianza hacia las medidas de nuestro gobierno y de incertidumbre sobre nuestro futuro. Nuestra reacción ha sido por parte de algunos la crítica violenta y viral a las decisiones de las autoridades, sin analizar con hondura y responsabilidad las causas de esta situación. Como acaba de mostrar el Consejo Nacional de Evaluación (Coneval) en su informe acerca de los pasados 10 años de desarrollo de la política social, de 2008 a 2018, la pobreza en nuestro país se ha incrementado en 3 millones de personas, pasando de 49.5 a 52.4 millones. Además, la población que carece de suficientes ingresos para su alimentación es igual que la que había en 2008, y son ya 21 millones las personas que se levantan cada día sin saber si tendrán dinero para comer. Lo más preocupante es que en todas las naciones de Latinoamérica sin excepción, incluyendo a los centroamericanos, se ha reducido en los pasados 10 años sustancialmente la pobreza e incluso en alguno, como en Uruguay, prácticamente ha desaparecido. ¡Increíble! ¿No? Las razones que explican esta realidad son diversas. Como han dicho varios expertos, una de ellas es que hemos actuado económicamente motivados por la necesidad técnica de ser competitivos a escala mundial mediante mano de obra barata, lo cual asimétricamente fue aprovechado desde dentro en el Acuerdo Económico de América del Norte, y denunciado ventajosamente desde fuera 20 años después. Lo que implícitamente establece para las empresas que para tener éxito deben incrementar conti-nuamente su productividad. Lo que en es-te paradigma económico consiste en su relación entre ingresos y salarios, y las obliga a reducir el número de empleados y a pagar los salarios mínimos posibles. Uno de los rasgos subrayados por el reciente informe del Coneval para explicar el aumento de la pobreza es precisamente la inseguridad social de las familias y los bajos salarios de los trabajadores. Otra política muy peculiar nuestra, y que también explica nuestra situación, pero que en cambio no se aplica en la mayoría de los países, es la de otorgar incrementos anuales al salario mínimo inferiores a la inflación anual. Lo cual implicó, como ya se ha también dicho, que de 1977 a 1995 los trabajadores perdieran 70 por ciento de su capacidad adquisitiva. Y ello sin considerar que los incrementos al salario mínimo se convierten en referencia para el resto de los sueldos de los trabajadores, como la experiencia nos lo ha probado. Por último, otra razón de peso es eviden-temente la corrupción, tanto en el sector público, como en el privado, la cual incrementa claramente la desigualdad y la pobreza, al permitir entre otras cosas lapresencia de múltiples monopolios y oligopolios que encarecen ilegal e indebidamente los precios de los productos, originando con ello de manera injustificada una reducción significativa en los ingresos de las personas de escasos recursos, quienes deben pagarlos en beneficio de los multimillonarios del país. No hay poder en efecto que les vaya a la mano en los precios de sus productos y servicios, que desde luego no son regulados por la famosa ley de la oferta y la demanda. Como dato adicional, puede afirmarse que la pobreza que se origina por el sensible incremento del desempleo, del empleo informal o por grupos de personas que ni siquiera buscan trabajo, es igualmente factor de la creciente inseguridad que asola nuestra sociedad, y que incluso mediante la extorsión ha comenzado a afectar el crecimiento de nuestra economía. Me atrevo a hacer algunas propuestas que implican la participación, tanto del gobierno, como de las empresas, las que, con gran sentido de responsabilidad social, están obligadas moralmente a participar solidariamente en ellas. La primera es el establecimiento de sólidos sistemas de seguridad social, que incluyan el acceso efectivo a la salud y a la educación, estancias infantiles (las oficiales y las auténticas), pensiones para adultos mayores y fondos de ahorro para la vivienda. Considero indispensable que el salario mínimo se duplique gradualmente en los próximos tres años, lo cual no sólo reducirá sustancialmente la pobreza, sino que motivará el aumento del PIB al aumentar el consumo. Y, desde luego, es prioritario que se combata la corrupción, incluyendo la necesidad de que en el mercado se supriman los monopolios y se fijen los precios en auténtica competencia. Pues, como han expresado muchos especialistas, se trata de restablecer el círculo virtuoso entre trabajo digno, salario justo, consumo popular, mercado interno, inversión productiva, producción suficiente y crecimiento de la economía. De no tomar estas medidas y otras similares, los 60 millones que realmente viven en pobreza seguirán aferrados, querámoslo o no, al populismo. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Internet
Del Plan Nacional de Desarrollo al Programa Nacional de Derechos Humanos
En los meses por venir, organizaciones sociales, personas y grupos interesados en los derechos humanos debemos vigilar que lo diagnosticado por organismos internacionales sea efectivamente plasmado y recogido en el PNDH. 15 de agosto de 2019 Por: Leonora Rojas Mena y Carlos A. Ventura Callejas (@carlosarveca) En vísperas de comenzar la integración del Programa Nacional de Derechos Humanos 2019-2024 (PNDH), se vislumbran ya necesidades entre las personas y comunidades, por ejemplo las relacionadas con siempre obtener la mayor participación en la elaboración y aprobación de políticas públicas con enfoque de derechos. Después de contar con la publicación del Plan Nacional de Desarrollo (PND), toca pensar y hacer de forma participativa programas más específicos para focalizar esfuerzos y transversalizar perspectivas en el quehacer y vida pública en México, como es el enfoque de derechos humanos. Recordemos que el PND encuentra su fundamento en el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se establece que el Estado, más concretamente el Poder Ejecutivo, tiene entre sus atribuciones la rectoría y rumbo económico que tendrá el país cada nuevo sexenio, con base en una correlación entre el desarrollo, la responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado. La Organización de Naciones Unidas (ONU) define el “desarrollo” como el fomento de la prosperidad y oportunidades económicas, en consecuencia, esto implica que el PND debe contener apuestas en áreas estratégicas y prioritarias que permitan un desarrollo integral para la sociedad, así como el bienestar de las familias mexicanas a partir de establecer también mecanismos de vigilancia del cumplimiento de estos objetivos, e implementando el fomento del crecimiento económico, la equidad social y la soberanía nacional. No sobra decir que otros dos fundamentos legales son la Ley de Planeación y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, cuyos antecedentes datan del año 1928 con la Ley de Consejo Nacional Económico y 1930 con la Ley Sobre Planeación General de la República; sin embargo, no fue hasta 1983 que el presidente Miguel de la Madrid presentó una reforma constitucional con lo que fue creada la Ley de Planeación y emitió el primer PND; este contenía, además de un propósito, los objetivos y estrategias para vencer la crisis nacional que se apreciaba en el momento. Así que la estructura esencial del mismo no ha cambiado mucho desde entonces. Para este 2019, el PND fue presentado ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para su aprobación, conforme el artículo 21 de la Ley de Planeación. Después del proceso legislativo, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el pasado 12 de julio de 2019. Derivado de ello, ahora nos encontramos en la consolidación y creación de uno de los Programas más importantes para uno de los ejes principales del PND: el Programa Nacional de Derechos Humanos (PNDH) 2019-2014. Se trata de un documento dirigido a materializar todavía más la visión de derechos humanos impresa en el PND, es decir, ayudar a que los derechos humanos se entretejan en los diversos ejes que buscan dar la protección más amplia a todas las personas que habitan o transitan por el país, con especial atención a aquellos grupos en mayor situación de vulnerabilidad. A inicios de junio de este 2019 arrancaron los trabajos para la elaboración del PNDH, cuando la Secretaría de Gobernación además presentó a un consejo asesor que ayuda a construir este Programa. En dicho consejo participan reconocidas expertas y expertos como Clara Jusidman Rapoport, José Ramón Cosío Díaz, Dolores González Saravia, Mauricio Merino Huerta, Miguel Concha Malo y Consuelo Morales Elizondo. Posterior a ello, arrancaron una serie de Foros que tienen como objetivo recoger propuestas que se pueden convertir en líneas de acción del PNDH, con sus respectivos responsables, metas e indicadores para verificar el cumplimiento y avance de este programa. Su objetivo se tendrá que relacionar con transversalizar los derechos humanos en todos los niveles de gobierno, así como propiciar que estos derechos estén al centro de todos los poderes del Estado. No es menor lo que pretende este programa, pues se trata de hacer cada vez más efectivo lo que mandata el artículo 1ro de la Constitución Política mexicana. Después de la realización de los foros correspondientes, en diversos estados de la República comenzará la integración de lo que será un documento rector en materia de la política del actual gobierno en materia de Derechos Humanos. Sin duda, lo que en este instrumento se plasme deberá reflejar las preocupaciones más sentidas de las personas y grupos en el país relacionadas con atender la grave crisis de derechos humanos que aún enfrenta México. En los meses por venir, como organizaciones sociales, personas y grupos interesados en sus derechos, debemos vigilar que lo que se discuta en los Foros y lo que se ha diagnosticado, por ejemplo, por organismos internacionales o por órganos autónomos nacionales de protección de derechos humanos, sea efectivamente plasmado y recogido en el PNDH. No sobra decir que si bien todas las personas y grupos debemos ser convocados a opinar sobre lo que se requiere que haga el Estado para ejercer y vivir los derechos humanos, también debemos cuidar que sean las personas y grupos más vulnerabilizados en las últimas décadas quienes deban ser debidamente escuchadas. Nos referimos a las víctimas de graves violaciones a derechos humanos, a los grupos discriminados y excluidos, así como las organizaciones sociales defensoras de derechos humanos. Dada la crisis de derechos humanos y violencia que enfrentamos en México, esperamos que los derechos humanos ganen un lugar central en el actual gobierno. No esperamos menos. __________________________________________________________- * Leonora Rojas Mena es Codirectora de la colectiva Transelemental. Carlos Ventura es Coordinador General del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A. C. (@CDHVitoria). Consultar artículo en Animal Político. Imagen destacada: Donovan Ortega
La protesta social es un derecho, jamás una provocación
-El Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS) urge al gobierno de la ciudad abstenerse de actos y declaraciones que criminalicen la protesta. -El reto principal es atender las causas de la misma: la violencia feminicida que enfrentan día a día las mujeres. El día de ayer, 12 de agosto de 2019, mujeres de diversos colectivos y organizaciones se manifestaron frente a la PGJ-CDMX en un acto de indignación y exigencia de justicia por el caso de una joven de 17 años violada por elementos de la policía de la CDMX y por la violencia sexual y feminicida, así como la impunidad que enfrentan día a día por parte del estado. La jefa de Gobierno de la Ciudad de México se refirió en declaraciones a la protesta realizada por colectivas de mujeres frente a la PGJ-CDMX como una «provocación», señalando que se abrirían carpetas de investigación. En ese sentido es necesario recordar que como se estableció en la Constitución de la Ciudad de México, las autoridades tienen estrictamente prohibido realizar actos que den pauta a la criminalización del ejercicio de la protesta, es decir, que intenten amedrentar o inhiban el ejercicio de este derecho, esencial para la participación ciudadana a través del espacio público. Recordamos a las instancias encargadas de coordinar labores de seguridad que actualmente está vigente el Protocolo de Actuación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México para la Protección de Personas en el Contexto de Manifestaciones o Reuniones, expedido en marzo de 2017, mismo que es de observancia obligatoria, protege el derecho a la protesta y debe aplicarse en contextos de manifestaciones públicas. Por tal motivo, resulta preocupante que la jefa de gobierno y la titular de la PGJ-CDMX declaren ante medios de comunicación y redes sociales que se iniciarán investigaciones penales para determinar responsabilidades hacia manifestantes por la supuesta comisión de delitos durante una manifestación, calificados como “provocaciones”, lo cual interpretamos como un claro acto de intolerancia de la autoridad. De continuarse con los procesos penales, estaríamos frente a la configuración del uso faccioso y selectivo del derecho penal, es decir, de actos de criminalización en contra del libre ejercicio de la protesta social y la libertad de expresión. Siendo así, los daños mínimos hacia un edificio gubernamental en el contexto de manifestaciones deberían considerarse fuera del rango de persecusión, en tanto son un reflejo de una problemática social que debe atenderse de raíz, no dentro del ámbito penal hacia quienes expresan su descontento contra las acciones y omisiones gubernamentales en asuntos de interés público, como lo es la violencia de género. Es necesario escuchar la voz de las mujeres que participaron en la protesta de ayer sobre la necesidad de realizar trabajos urgentes y efectivos por parte del gobierno de la Ciudad de México, para erradicar la violencia contra las mujeres. Frente a la legítima exigencia de justicia, el gobierno, lejos de hacer uso del derecho penal como primera herramienta frente a la protesta, debe buscar soluciones y atender las causas que la originan. El FLEPS llama al gobierno de la ciudad, particularmente a las autoridades encargadas de la procuración de justicia y de la seguridad, a cumplir su responsabilidad de abstenerse de pronunciarse o iniciar cualquier acto que polarice, deslegitime, inhiba o criminalice la protesta social. Seguiremos reivindicando la importancia de contar con un gobierno e instituciones que reconozcan la importancia de la protesta social; la diversidad de expresiones en las calles es un indicador del nivel democrático de la ciudad. Como organizaciones del FLEPS, también nos solidarizamos con las mujeres, defensoras y organizaciones feministas que, ejerciendo su derecho a la protesta, luchan por visibilizar y erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas de esta ciudad, exigiendo al estado el pleno respeto y garantía de todos sus derechos humanos Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social: ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, A.C., Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C., Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo CEPAD, A.C., Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios CAUSA, Espacio Libre e Independiente Marabunta A.C., Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica, A.C., Servicios y Asesoría para la Paz, A.C., Red de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos”, A.C., Resonar. Imagen destacada: FLEPS
