Juventudes en México: todavía precarizadas y sin derechos humanos plenos

-Reto del actual gobierno: mejorar condiciones reales en la vida de personas jóvenes.  -Erradicar discriminación estructural y situaciones de vulnerabilidad que los jóvenes enfrentan. En el marco del Día Internacional de la Juventud, y dada la postura del actual Gobierno Federal de atender a las personas jóvenes, es necesario saber que este grupo de población se enfrenta a una crisis de derechos humanos que atraviesa al país. Es igualmente importante implementar una perspectiva de juventudes que permita garantizar de manera integral el cumplimiento de sus derechos, tomando en cuenta la diversidad de sus condiciones de vida. En un contexto nacional de extrema violencia y desigualdad, donde cerca de la tercera parte de la población son personas jóvenes, hablar de juventudes en plural, implica un reconocimiento  político más amplio; es valorar la diversidad de experiencias en las que se encuentran las personas jóvenes en el país, buscando identificar condiciones sociales diferenciadas que influyen en el acceso a derechos como la educación, la salud, al trabajo, a la vivienda, a la participación ciudadana, a la seguridad, a la integridad personal, al derecho a la no discriminación, a decidir y a la autonomía corporal, por mencionar sólo algunos ejemplos.  México es considerado uno de los países de América Latina con mayor desigualdad social y pobreza extrema, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2018), la situación se agudiza cuando se colocan enfoques como la diversidad de género, la diversidad sexual, la diversidad funcional, la diversidad cultural y lingüística y la condición de clase. De acuerdo con datos del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED, 2014), el empobrecimiento es el principal problema de las juventudes en México, porque casi la mitad de esta población se encuentra en dicha condición, a la que se le aúnan situaciones de discriminación por su condición social, su apariencia física (ligada a su condición económica), la escuela donde estudiaron, el lugar donde viven e incluso por sus publicaciones en redes sociales. Frente a una estructura de precarización económica, social y simbólica, basada en décadas de políticas neoliberales, debe ser prioridad del Estado garantizar los derechos humanos de estas personas, dedicando todos los medios y recursos posibles para revertir la situación tan difícil que hasta hoy enfrentan las juventudes que habitan o transitan por México.  Es urgente pasar de un paradigma de la juventud como momento preparatorio a la edad adulta, etario o de perspectiva sociodemográfica, a otro que pone de relieve características referidas a rasgos identitarios o de sentidos de pertenencia sobre las culturas juveniles, donde se evite un supuesto de homogeneidad tras la noción de juventud.  No es suficiente la formulación de una política pública sexenal dirigida a atender a estos sectores, porque lo que México también requiere con urgencia hoy para garantizar la vida digna de todas las personas jóvenes, es la consolidación de una perspectiva de juventudes y de derechos humanos transversal a todas las políticas y quehacer del Estado, que permita garantizar, promover, defender y respetar derechos efectivos, desde la participación política configurada por, para y desde las juventudes. Reiteramos nuestro compromiso y trabajo por los derechos de las juventudes, desde y con ellas. Llamamos a las juventudes a continuar organizándose, a continuar en la defensa de los derechos humanos, buscando una democracia y un país más justo, digno y en paz. Atentamente Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A.C. Imagen destacada: Jorge Aguilar

Riesgos de ilegalidad e inconstitucionalidad

Sábado 10 de agosto de 2019 Miguel Concha  Como se sabe, el gobernadorde Tabasco, Adán Augusto López Hernández, envió el pasado 24 de julio al Congreso del estado una iniciativa consistente en una serie de reformas a diversas disposiciones del Código Penal de la entidad, que fue aprobada por una amplia mayoría de los diputados locales. Tal iniciativa ha sido nombrada por algunos medios de comunicación y miembros de la sociedad civil como la ley garrote, precisamente porque gran parte de las reformas, al ser aplicadas, propiciarían un escenario donde se criminalizará el derecho de reunión, la libertad de expresión y el derecho a la protesta social. Ley que, por razones meramente económicas y políticas de grupos con intereses muy particulares, pone en riesgo principios constitucionales e instrumentos internacionales de derechos humanos. Después de un proceso opaco, en el que no hubo procedimientos de participación ciudadana, ni se convocó a mesas de parlamento abierto para poder escuchar a personas expertas y organizaciones de la sociedad civil, la iniciativa fue aprobada sin obstáculos. La famosa ley garrote argumenta en su iniciativa que por muchos años Tabasco ha presentado altos índices delictivos relacionados con el delito de extorsión, lo cual ha repercutido directamente en la economía local, reportando para ello diversos casos de grupos que extorsionan o piden una cuota económica a empresas para dejarlas realizar sus proyectos, con lo que provocan que éstas decidan abandonar su inversión en la zona. Sin embargo, la reforma presentada dista bastante entre lo que se pretende atender y lo que se propone. Una serie de aumentos en las penas y sanciones económicas; la ampliación de supuestos en varios delitos, y la creación de un nuevo tipo penal denominado Impedimento de ejecución de trabajos u obras, han sido las principales características de esta nueva ley, ahora ya vigente, que han generado una gran discusión y preocupación por parte de diversas organizaciones de derechos humanos. Más allá de querer sancionar y erradicar el delito de extorsión, pareciera más bien que se pretende castigar a todo grupo o personas que, en oposición a la construcción de megaproyectos, protesten en espacios públicos. En efecto, la manera como se redacta esta reforma nos ofrece la posibilidad de percibir que la extorsión queda en un segundo plano, pues en todo el texto se da un gran énfasis como causal de un delito a la oposición a la cons-trucción de alguna obra, tanto pública como privada, como si éste fuera el tema principal, y se reduce a una simple agravante el asunto respecto al lucro económico. Esto lo podemos ver reflejado en los artículos 199 bis, 299 y 308 del Código Penal de Tabasco, que a letra dice: artículo 196 bis. “Al que, careciendo de facultad legal impida o trate de impedir por cualquier medio la ejecución de trabajos u obras privadas (y públicas en el caso del ar-tículo 299), se le impondrá prisión de seis a 13 años. Las mismas penas se aplicarán a quien obstruya el acceso de personal o de maquinaria al lugar destinado para la ejecución, artículo 308. Se aplicará prisión de uno a ocho años y multa de 80 a 200 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización (UMA), al que obstruya, interrumpa o dificulte el servicio público local de comunicación, obstaculizando alguna vía local de comunicación. A la luz de los derechos humanos, la reforma que se plantea puede ser considerada regresiva e incluso inconstitucional, especialmente en relación con los derechos de reunión, libertad de expresión y a la protesta social, pues parece que no se previeron los múltiples alcances que puede llegar a tener su aplicación, ya que es limitante y restrictiva para el adecuado ejercicio de estos derechos. Además, al dejar en su redacción diversas disposiciones del Código Penal en una forma tan amplia y laxa, pueden usarse en su práctica de manera discrecional, inclusive en contextos de manifestaciones. Situación bastante alarmante, especialmente en un país como México, donde en la década pasada personas defensoras de la tierra y el territorio han sido perseguidas y criminalizadas por oponerse a la construcción de megaproyectos. Aprobar una iniciativa, en la forma como se hizo, es ignorar décadas de historia de movimientos y colectivos sociales en nuestro país. Es olvidar las historias de personas que fueron encarceladas y perdieron la vida por conquistar nuestro derecho a la protesta social. Gracias a ellas podemos hoy en día salir a las calles a ejercer nuestros derechos y posicionar nuestras exigencias. Ante un escenario tan contradictorio, en el que la Comisión de los Derechos Humanos del estado de Tabasco ha puesto a consulta su actuar legal y su posicionamiento político, abdicando de sus obligaciones y olvidando las características propias de los derechos humanos, sería oportuno que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pudiera atender debidamente los reclamos populares en torno a esta ley, y conforme a sus facultades analizara su inconstitucionalidad y la presentara ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Jorge Aguilar

Protesta social creativa

Sábado 03 de agosto de 2019 Miguel Concha  El alza al transporte público en la zona metropolitana de Guadalajara y la aprobación de la llamada ley garrote en Tabasco, tienen algo en común: la criminalización de la protesta social. Ambos acontecimientos violan y ponen en riesgo varios derechos humanos importantes, cuyo reconocimiento ha sido la consecuencia de una larga serie de luchas sociales a lo largo de la historia. Por ejemplo, los derechos a la libertad de reunión y asociación, a la libertad de expresión, de petición y de participación, los cuales se expresan de una manera particular mediante la protesta social o manifestación pública. Es pertinente volver a repetir que la protesta social tiene entre sus principales cometidos colocar en el espacio público exigencias o denuncias de personas o grupos afectados por la acción, omisión o aquiescencia de las autoridades en torno a una problemática legítima que no ha sido debidamente atendida o resuelta, buscando ante la sociedad su visibilización para incidir en actores clave, contar con el apoyo social y lograr que el Estado actúe adecuadamente y restituya los derechos violentados. Resulta por ende necesario volver también a preguntarnos qué podemos hacer ante este contexto que pareciera que sigue absurdamente criminalizando la protesta social y cómo podemos generar mecanismos ciudadanos creativos para realizarla. Además de la indispensable lucha constitucional, legal y política, de la que nos ocuparemos en nuestra próxima colaboración, organizaciones de la sociedad civil (OSC) nos proporcionan una vez más una guía concreta para responder a los cuestionamientos anteriores, el Manual de Protesta Creativa, realizado por el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS), conformado por diversas OSC y personas defensoras de los derechos a la libertad de expresión y a la protesta social. Sólo para puntualizar más el fondo del asunto, recordemos que un manual es un instrumento, que además de ser un texto de divulgación, caracterizado por su fácil comprensión, tiene como finalidad principal brindar una serie de pasos específicos para que personas o grupos logren un determinado propósito. Tal es el caso del Manual de Protesta Creativa, el cual contiene valiosas recomendaciones para realizar creativa y eficazmente protestas sociales. Básicamente, el manual propone las siguientes siete herramientas: 1) Planeación y creación, con el fin de modificar el orden de cosas injustas o de situaciones que violentan los derechos humanos. Lo cual exige indiscutiblemente un conjunto de acciones colectivas cargadas de planeación. Es decir, de visión u horizontes, objetivos generales, específicos y estrategias (jurídicas, políticas, organizativas, comunicativas) que nos ayuden a cumplir las metas, así como de acciones concretas para la creación de un cambio social. 2) Generación de procesos creativos, con lo cual se busca potenciar la creatividad de las organizaciones y/o colectivos sociales, para que éstos desarrollen estrategias de comunicación y protesta que incidan eficazmente. 3) Diseño de la protesta. Se recomienda pensar detenidamente cómo diseñar la campaña para impulsar cambios sobre ideas, valores, políticas y/o prácticas en la sociedad. Dicho diseño comprende algunos pasos. Por ejemplo, elaborar un mapa de actores que influyen o trabajan el problema. 4) Creatividad y protesta en acción. Su intención es poner sobre la mesa los elementos básicos de las protestas sociales para que, a partir de ellos, se propongan una serie de herramientas, técnicas y sugerencias que potencien el diseño creativo de las organizaciones y/o colectivos sociales. 5) Amplificación del mensaje. La elaboración de una estrategia de comunicación debe ser un elemento imprescindible en las protestas sociales creativas, porque ella permitirá que llegue a más personas mediante la difusión efectiva, empleando, por ejemplo, una cobertura mediática, las redes sociales y/o las calles. 6) Seguimiento. Una protesta no sólo tiene un antes y un durante, sino también un después. De ahí que éste sea clave para valorar el impacto obtenido por la protesta creativa o la campaña. Informar al público y mejorar futuras acciones son también parte del seguimiento. 7) Redirección. Lo cual significa enfrentarse a situaciones indeseadas o inesperadas. Esto implica que nos preguntemos si la forma en que estamos realizando la protesta es la mejor para no quemarla acción. Por ello, en caso de ser necesario, debemos considerar el cambio de la acción de protesta creativa, incluso cuando esté en marcha. Sin temor a equivocarnos, el Manual de Protesta Creativa es una herramienta para reflexionar y hacer, para planear y actuar, para tomar las calles y levantar puños, voces, mantas y carteles, para luchar y exigir derechos, para organizarnos y manifestarnos creativa y pacíficamente en el espacio público, aún en medio de contextos que criminalizan la protesta social. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : FLEPS

Aprobación de Ley Garrote en Tabasco criminaliza el derecho a la protesta: Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social

Hoy lunes 29 de julio, el Congreso de Tabasco aprobó, con 24 votos a favor y 1 en contra, un dictamen de reformas y adiciones al Código Penal de ese estado que impactan de manera negativa y ponen en riesgo el ejercicio de la protesta social. Dicha iniciativa fue presentada por el gobernador del estado, Adán Augusto López Hernández. El dictamen aprobado, conocido como #LeyGarrote, busca sancionar con penas de prisión de hasta 13 años a quienes “impidan o traten de impedir, por cualquier medio, la ejecución de trabajos u obras públicas y privadas”, tal como se aprecia en las reformas a los artículos 196 Bis y 299. Asimismo, la propuesta inicial pretendía establecer una pena de prisión de 1 a 5 años “al que careciendo de facultad legal, impida total o parcialmente el libre tránsito de personas”.  La iniciativa buscaba “combatir el incremento desmedido y alarmante de la extorsión” en Tabasco, según su exposición de motivos. Sin embargo, el contenido de la misma criminaliza y menoscaba el ejercicio de derechos. Cabe señalar que el proceso legislativo se caracterizó por opaco y carecer de debate público y participación social. Esto generó un gran descontento y rechazo frente a su aprobación, además de que el dictamen no fue publicado en la página del Congreso y fue dictaminada y aprobada en menos de una semana de que fuera presentada, sin mayor transparencia, discusión ni participación de la ciudadanía, contrario a lo que un espacio parlamentario debe promover e impulsar. Derivado de las críticas y el rechazo social, el día de hoy las y los legisladores terminaron por modificar el contenido del artículo 308 Bis como estaba propuesto originalmente, para quedar de la siguiente manera: “al que extorsione, coercione, intente imponer o imponga cuotas, e impida total o parcialmente el libre tránsito de personas, vehículos, maquinaria, equipo especializado o similar para la ejecución de trabajos u obras públicas o privadas en las vías y medios de comunicación de jurisdicción local, se le impondrá prisión de 6 a 13 años y multa de mil a 2 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida de Actualización”. A pesar de estos cambios, el dictamen aprobado constituye un riesgo para el ejercicio de la protesta social. Es decir, ahora existe la posibilidad de que las personas que en ejercicio de su libertad de expresión, realicen protestas en contra de alguna obra o trabajo que afecte derechos, propiedades, el medio ambiente, etc., y expresen su rechazo u oposición, tal como llega a suceder frente a megaproyectos, por ejemplo, pueden encuadrar en los tipos penales que han sido aprobados por el Congreso estatal y sujetarse a un procedimiento penal, por ejercer su derecho a la protesta. Desde el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS) rechazamos de manera contundente este tipo de iniciativas que menoscaban el ejercicio de derechos fundamentales, a partir de la justificación de otras cuestiones como el fortalecimiento y desarrollo económico, así como un contexto de “extorsiones” que argumentaron actores políticos y funcionarios del estado. No obstante los cambios realizados, debido al rechazo social generado, la redacción de los tipos penales ahora aprobados, continúa vulnerando la libre expresión y poniendo en riesgo el ejercicio de la protesta social. Exhortamos a la Comisión de Derechos Humanos de Tabasco, así como a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a tomar nota de lo sucedido, y conforme a sus facultades, ejerzan las acciones jurídicas correspondientes para impugnar las normas aprobadas por el Congreso de Tabasco. Cabe señalar que el Ejecutivo estatal tiene la facultad de realizar observaciones al proyecto aprobado por el Congreso, dentro de los veinte días naturales a su recepción, conforme al artículo 35 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Tabasco, y en este caso, dicho proyecto debe regresar al Congreso para discutir las observaciones realizadas y una vez aprobado de nueva cuenta, se envía para su promulgación al Ejecutivo. Por lo que aún cabe la posibilidad de revisar dicho proyecto por el Gobernador del Estado y este cumpla con las normas y estándares nacionales e internacionales que protegen la libertad de expresión. Finalmente, exigimos a las autoridades ejecutivas y legislativas de Tabasco a que cumplan con sus obligaciones de prevenir, proteger y garantizar los derechos humanos, en particular la libertad de expresión y la protesta social, y se abstengan de realizar cualquier acto que vaya en contra de los mismos. El Congreso local también aprobó con 24 votos a favor y 1 voto en contra, reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Penal para el estado de Tabasco, para establecer que ‘ante extorsiones, coerciones, que intente imponer o imponga cuotas, e impida total o parcialmente el libre tránsito de personas, vehículos, maquinaria, equipo especializado o similar para la ejecución de trabajos u obras públicas o privadas en las vías y medios de comunicación de jurisdicción local, a que se refiere el artículo 306, se le impondrá prisión de 6 a 13 años y multa de mil a 2 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida de Actualización, sin perjuicio de las penas que corresponda por otros delitos que resulten, la pena se incrementará en una mitad más, cuando en la comisión del delito el sujeto activo se haga acompañar de personas menores de edad o se emplee violencia’. Previo a la aprobación del dictamen, se pronunciaron a favor del mismo los legisladores de Morena, Exequias Braulio Escalante Castillo, Julia del Carmen Pardo Contreras y Rafael Elías Sánchez Cabrales, así como los diputados del PRD, Agustín Silva Vidal y Ricardo Fitz Mendoza, y en rectificación de hechos, el diputado independiente José Manuel Sepúlveda Del Valle. En contra del dictamen se manifestaron las legisladoras del PRD, Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita y Elsy Lydia Izquierdo Morales, mientras que por el PRI, se manifestaron en contra los diputados Gerald Washington Herrera Castellanos, Ingrid Margarita Rosas Pantoja y Katia Ornelas Gil. Cabe destacar que el diputado Agustín Silva Vidal, solicitó modificar el artículo 308

Municipio en defensa del maíz

Sábado 27 de julio de 2019 Miguel Concha  Con fundamento en las atribuciones que le otorgan la Constitución federal y estatal, así como las leyes locales y los ordenamientos municipales, y teniendo en cuenta los tratados, convenios y disposiciones legales internacionales, nacionales, estatales y municipales aplicables en la materia, el 19 de marzo se aprobó en la capital poblana el dictamen que permite emitir la declaratoria para La Protección De Los Maíces Nativos de ese ayuntamiento, uno de los documentos de mayor relevancia en la nueva administración municipal. Con ello adquiere una vez más protagonismo a escala local el interés de establecer instrumentos e implementar acciones encaminadas a proteger las razas de maíz nativo, ahora en el territorio agrícola del municipio de Puebla, con el firme propósito de preservar esta especie y sus variedades locales, garantizando su conservación y utilización sostenible e inhibiendo la siembra y cultivo de semillas genéticamente modificadas. Tal acontecimiento, que se aprobó por unanimidad de las diversas bancadas de los partidos políticos que integran ese cuerpo colegiado, tuvo lugar en sesión de cabildo. Esa disposición convergente demuestra que el ayuntamiento de Puebla está decidido a poner todo su empeño en prohibir el mal uso del suelo y evitar el problema de consumir organismos genéticamente modificados, salvaguardándose con ello la seguridad alimentaria. Lo que ha sido bien recibido por los críticos del gobierno de la presidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco. Pareciera entonces que la ciudadanía municipal poblana cuenta con el respaldo de sus autoridades para rescatar la producción y consumo de productos-milpa cosechados de manera saludable. Con ello, la comuna deja en claro que se halla a la altura en el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales para que los pequeños productores puedan continuar conservando la diversidad genética, social, cultural y ambiental como parte de su patrimonio. Además, diversas dependencias municipales, como la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad, la Secretaría de Turismo, la Coordinación General de Comunicación Social y la Secretaría de Desarrollo Social municipales, con las que se pretende asegurar el mejor manejo de la milpa en todo su territorio, tendrán un papel primordial en la política antitransgénica. La primera, por ejemplo, promoverá el uso de semillas nativas para conservar la biodiversidad en el municipio y fomentará la creación de un padrón de productores encargado de conservar y mejorar los recursos genéticos del maíz. Llevará a cabo acciones de muestreo con la finalidad de establecer un área geográfica libre de maíz genéticamente modificado e impulsará la mejora del suelo con vocación agrícola encaminada a la siembra de semillas nativas. Igualmente, estimulará con incentivos la producción de maíz entre quienes realicen las mejores producciones, ferias, intercambios y promociones de actividades productivas. La segunda, la Secretaría de Turismo, promoverá el patrimonio cultural del maíz, mediante la creación de rutas gastronómicas y agroecoturísticas relacionadas con la milpa, y asesorará proyectos turísticos que incluyan el maíz nativo, con el propósito de valorizar las tradiciones y el patrimonio tangible e intangible del municipio de Puebla. Finalmente fortalecerá la colaboración con organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas y privadas para promover el patrimonio biocultural, priorizándose el uso del maíz nativo e impulsando la gastronomía poblana como elemento de identidad. La tercera, la Coordinación General de Comunicación Social, propiciará el desarrollo de planes y programas de inclusión de enfoques de igualdad sustantiva de género en grupos indígenas y fomentará la incorporación del lenguaje incluyente y no sexista, el lenguaje de señas mexicano, así como la traducción a lenguas indígenas en los mensajes de comunicación gubernamental. Finalmente, la cuarta, la Secretaría de Desarrollo Social, tendrá que impulsar el desarrollo de las capacidades de la población indígena, al promover su inclusión, la equidad social y la igualdad de género, con apego a su cultura y costumbres, su identidad y los derechos humanos, así como realizar acciones que mejoren las condiciones de vida de la población indígena y fortalezcan su identidad, con inclusión e igualdad entre géneros y generaciones. Los poblanos proyectan con todo ello la mejora en la productividad y competitividad, así como el mejoramiento en ingresos y en su calidad de vida, salvaguardándose siempre los derechos y la inclusión de la población indígena. Ahora se espera que el recientemente electo gobierno estatal ponga su granito de arena para que la política de la capital poblana permee en todo la entidad. Eso esperamos. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Twitter 

Rechazamos los actos represivos y la detención de personas manifestantes contra el incremento a la tarifa del transporte público en Guadalajara

Las organizaciones que integramos el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS), rechazamos los hechos ocurridos el día de ayer donde fueron detenidas cinco personas de manera arbitraria por elementos de la policía antimotines de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, cuando se manifestaban en contra del aumento a la tarifa del transporte público en el centro histórico de la ciudad de Guadalajara. Queremos recordarle al gobierno de Jalisco que la libertad de expresión y la protesta social son derechos reconocidos por el orden constitucional y convencional, y que no pueden ser restringidos arbitrariamente, pues se trata de instrumentos mediante los cuales las personas, grupos, colectivos y pueblos pueden expresar sus opiniones e ideas, así como evidenciar públicamente las problemáticas que les afectan. En consecuencia, resulta preocupante la represión por parte de las autoridades estatales y municipales de Guadalajara y el uso de la fuerza en contra de quienes se manifestaron ayer, y particularmente por las personas detenidas: cuatro hombres y una mujer. Hacemos también un llamado para que cumplan con sus obligaciones de protección y garantía de los derechos humanos, respetando el ejercicio de la libertad de expresión de todas las personas que se están manifestando contra el alza en la tarifa del transporte público, y se abstengan de toda aquella actuación que vulnere la libertad, seguridad e integridad física y psicológica de quienes de manera libre ejercen sus derechos de disentir. Asimismo, exigimos a las distintas corporaciones policiales, tanto a nivel estatal como municipal, a que se abstengan de realizar cualquier conducta que derive en algún uso arbitrario y excesivo de la fuerza pública, debiendo privilegiar en todo momento el diálogo y velar por la seguridad de las personas conforme a sus obligaciones legales y protocolarias, en virtud a los estándares internacionales sobre uso de la fuerza. De igual forma, exhortamos a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) a que cumpla con su mandato de protección, a efecto de que envíen personal a su cargo para monitorear y vigilar el desarrollo de las protestas. Además solicitamos que, conforme a sus facultades legales, ejerza las medidas precautorias correspondientes para que las autoridades garanticen y velen por el pleno desarrollo del derecho a la protesta, evitando cualquier acto u omisión que vaya en detrimento de la seguridad, libertad e integridad de las personas. También, que de manera oficiosa inicie las investigaciones necesarias para determinar las violaciones a los derechos humanos cometidas ayer y la responsabilidad de las autoridades involucradas. Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social: ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, A.C., Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C., Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo CEPAD, A.C., Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios CAUSA, Espacio Libre e Independiente Marabunta A.C., Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica, A.C., Servicios y Asesoría para la Paz, A.C., Red de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos”, A.C., Resonar. Imagen destacada: Twitter

OSC presentan informe sobre discriminación ante la ONU

-OSC han elaborado un Informe conjunto que destaca las principales violaciones de derechos humanos en materia de discriminación racial. -Llaman a auditar las nuevas políticas migratorias que ha adoptado gobierno de AMLO en el contexto de las llamadas “Caravanas Migrantes” y las negociaciones con Donald Trump. -Llaman a poner especial atención en el tema de las “consultas” en torno a megaproyectos que constituyen un riesgo para personas o comunidades que se atreven a oponerse. Los próximos días 8 y 9 de agosto tendrá lugar en Ginebra, Suiza el examen de México ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) que evaluará los retos y avances del Estado mexicano en materia de discriminación contra los pueblos indígenas, la población afrodescendiente y las personas migrantes y refugiadas. Dada la importancia de esta temática para el panorama general de derechos humanos en el país, organizaciones de la sociedad civil mexicana han elaborado un Informe Alternativo conjunto que destaca las principales violaciones de derechos humanos que han sufrido estas poblaciones, tanto en el sexenio anterior como en los primeros meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En el informe se destaca: la discriminación contra las personas indígenas en el acceso a la justicia, los contextos de desplazamiento forzado, los impactos de los megaproyectos, los atentados contra la libertad de expresión de los pueblos indígenas y la violencia diferenciada que sufren las mujeres indígenas; por otro lado, también se subraya el racismo estructural e institucional contra las personas migrantes y refugiadas, que afecta de manera muy especial a la niñez migrante. El Informe Sombra señala la necesidad de que el Comité esté al tanto y se pronuncie sobre las nuevas políticas migratorias que ha adoptado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el contexto de las llamadas “Caravanas Migrantes” y las negociaciones con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Estas políticas han llevado a la militarización de la Frontera Sur y a que las autoridades hagan declaraciones que criminalizan a las personas que defienden los derechos de las y los migrantes. El informe también enfatiza la necesidad de que el Comité conozca y se pronuncie sobre las “consultas” impulsadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Recientemente, la Relatora Especial sobre Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, publicó una nota técnica sobre la consulta y el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas de México que “quiere subrayar que los procesos de consulta ciudadana diseñados para la población nacional en general no garantizan las salvaguardas de los derechos de los pueblos indígenas consagradas en los estándares internacionales de derechos de los pueblos indígenas.”  En la práctica, estas “consultas” constituyen la imposición de un megaproyecto y constituyen un riesgo para todas aquellas personas o comunidades que se atreven a oponerse ya sea al megaproyecto o a esta forma de “consulta”, defendiendo su tierra y territorio. El Informe abarca estudios de casos de diferentes temáticas de los estados de  Oaxaca, Hidalgo, Sonora y Puebla, que ilustran de manera detallada los impactos personales y sociales de la discriminación racial, así como una serie de recomendaciones elaboradas por las organizaciones que elaboramos el Informe Alternativo y dirigidas al Estado mexicano, con el objetivo de atender las problemáticas más urgentes y prioritarias en materias de discriminación racial y derechos humanos en México. Tenemos la esperanza de que el próximo examen de México ante el CERD sea no sólo una oportunidad de visibilizar la situación real de vulnerabilidad y vulneración de derechos humanos que padecen las poblaciones indígenas, afrodescendientes, migrantes y refugiadas en el país, sino que también el Estado aproveche la ocasión para adquirir compromisos reales, comprobables y medibles, para superar esta crisis de derechos humanos. El informe alternativo y otros insumos al CERD pueden ser consultados en: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Countries.aspx?CountryCode=MEX&Lang=EN Fotografía destacada :  Internet

Carta Pública a AMLO y autoridades ambientales

Carta Pública a AMLO y autoridades ambientales En estos días nos hemos enterado de un nuevo desastre ambiental ocasionado por Grupo México, el derrame de 3 mil litros de ácido sulfúrico al Mar de Cortés, uno de los sitios de mayor biodiversidad del mundo, Patrimonio de la Humanidad y cuna de la vaquita marina. Esta tragedia se suma a decenas de otras, en México y en otras latitudes, que por más de 20 años han sido responsabilidad directa de Grupo México, propiedad de Germán Larrea, el segundo hombre más rico del país. (Continúa)

Nueva Fiscalía en Derechos Humanos: Una oportunidad histórica para las víctimas

Con la entrada en vigor de la Ley Orgánica de la recién creada Fiscalía General de la República (FGR) en diciembre de 2018, una de las principales apuestas de dicha ley es la creación de una Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, una instancia que por primera vez responda a las demandas y exigencias de la lucha contra la impunidad en las últimas décadas en el país. La creación de la primera Fiscalía Especializada en Derechos Humanos a nivel federal es una oportunidad histórica para que el Estado mexicano investigue todos aquellos hechos violatorios de derechos humanos, los cuales hasta el día de hoy siguen impunes, cuyo número de víctimas es incalculable, y se sancione a los responsables de estas graves violaciones. Víctimas de graves violaciones a derechos humanos, colectividades, organizaciones y especialistas consideramos que el cuidado del proceso de designación de la persona titular resulta sumamente importante para el adecuado funcionamiento de esta Fiscalía especializada. Por ello, este proceso debe garantizar los principios de transparencia y máxima publicidad, así mismo debe contar con una amplia participación ciudadana, escuchando principalmente las voces de las víctimas y a sus familiares, así como a las diversas organizaciones de la sociedad civil que les acompañan, retomando también lo establecido en la Ley Orgánica. De igual modo, es deseable que la o el nuevo Fiscal cuente con un perfil caracterizado por el pleno dominio en el conocimiento de los derechos humanos, con un trabajo previo reconocido en el acompañamiento a víctimas y que garantice la plena autonomía e imparcialidad en la procuración de justicia. Lo anterior es indispensable para que el Estado mexicano dé certeza a las víctimas sobre garantías para acceder a sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y a la no repetición, respetando y reconociendo los largos caminos de exigibilidad que han recorrido víctimas, sus colectividades y organizaciones acompañantes defensoras de derechos humanos. Organizaciones y Colectivos Biofilia A.C. Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban, A. C. Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A.C. Centro de Derechos Humanos Ku’untik Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos, A.C. Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño, A. C. Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, A. C. Colectivo de Grupos de la Asamblea de Barrios de la Ciudad de México Colectivo Liquidámbar Colectiva Margarita Neri Colectivo Zapata Vive Colores, A.C. Comité Enrique Guerrero Comité de Familiares de Desaparecidos de San Miguel Cajonos Comité de Víctimas por Justicia y Verdad 19 de junio, Nochixtlán (COVIC) Comités de Enlace Tecoanapa, Dos Ríos y Huamuxtitlán-Olinalá, CRAC-PC Comunidad Indígena Náhualt de San Pedro Tlanixco, Estado de México Consejo Comunal Indígena de Gobierno de Arantepacua, Michoacán Convergencia de Organismos Civiles, A.C. Convivencia Sin Violencia, A.C. Coordinación de Familiares de Estudiantes Víctimas de la Violencia Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional (CNPA-MN) Coordinadora de Personas Desplazadas de Chiapas Defensoría de los Derechos Humanos por la Justicia, A. C. Documenta Desde Abajo Efecto Útil, Monitoreo de Organismos Públicos de Derechos Humanos El Caracol, A.C. Espacio Progresista, A.C. Frente Ciudadano Salvemos la Ciudad Frente Nacional de Movimientos y Organizaciones Populares Fundación Arcoiris por el Respeto a la Diversidad Sexual AC Casa de los Pueblos México Brigadas Emiliano Zapata de México Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, A.C. Grupo Internacionalista Grupo Socialista Obrero Grupos de Amigos con VIH, A. C. Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, A. C. Instituto Pro Infancia y Juventud Femenina A. C., “Centro Madre Antonia” Liga de Juristas «26 de septiembre», A. C. Movimiento Apolat Talpan Tajpiani Movimiento de Diversidad Progresista, A.C. Movimiento por la Libertad de los Presos Políticos del estado de Guerrero (MOLPPEG) Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (Red de 43 organizaciones en 23 estados del país) Observatorio Designaciones Públicas Oficina para América Latina de la Coalición internacional para el Hábitat (Hic-AL) Periódico el Zanzontle Puebla Vigila, A.C. Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) Red de Género y Medio Ambiente (RGEMA) Saber para la Vida, A.C. Unión General de Trabajadores de México Unión de Lucha Anticapitalista. Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de octubre Universidades en Emergencia Asociación Latinoamericana de Medicina Social Red de Juventudes Trans Personas Araceli Osorio Martínez, madre de Víctima de Feminicidio, CDMX María Margarita Alanís Rosales, madre de Campira víctima de feminicidio Yadira Miranda Terán, sobreviviente de violencia familiar María de Lourdes Mejia Aguilar, madre de Carlos Sinuhé Cuevas Mejía, víctima de ejecución extrajudicial Luz Guadalupe Sánchez Gochi, víctima indirecta de feminicidio Jhonatan Hernández Hernández, sobreviviente a Tortura y graves violaciones a derechos humanos Jaime Luna Campos, sobreviviente a Tortura y graves violaciones a derechos humanos Daniel Giménez Cacho, actor Rita Canto Vergara, profesora UAM Iztapalapa Norma Evelín López Ángeles, Abogada del CDHZL Dr. Manuel Canto Chac, Universidad Autónoma Metropolitana Baltimore Beltrán, actor Sophie Alexander-Katz, actriz María Teresa Munguia Gil Azyadeth Adame Antonio Rueda Cabrera Brahim Zamora Salazar Laura Torres Martínez Susana Chanfón Kung, CDMX Rosario Dafne Luján Velázquez Dra. Pilar Berrios Navarro, Universidad Autónoma Metropolitana Dr. Carlos Ricardo Aguilar Astorga, UAM Lerma Beatríz Reyes, activista Arely Orozco Rolón, Sorece Juan Francisco Aguirre Riveros Lizeth Mejorada Ángeles Navarro Ana Paula Muñoz Karla Marlene Contreras Ortega, egresada pedagogía FES Acatlán UNAM Beatríz Reyes, activista de Batucada Feminista Mariela Cristell Hernández Pérez Jorge Fernández Souza Lic. Joaquín Quintana P. Javier Morales Carvente Marco Antonio Rojas González Alejandro May Noemí Luján Ponce, profesora UAM Xochimilco Emilienne de León Aulina, ILSB Alicia Mesa Bribiesca, CAM Teresa González Molina, UAM Iztapalapa Iraís Delgado Rocha, antropóloga social UAM Mayra Irasema Terrones Medina, profesora UAM Xochimilco Kenia Inés Hernández Montalván, CRAC-PC y Movimiento por la libertad de los presos políticos del estado de Guerrero. América Aparicio Morán, Colectivo Zapata Vive Claudia Alejandra Fajardo Castrejón, Colectivo Zapata Vive Elizabeth Hernández Dávila, Colectiva Margarita Neri Grecia Mosso Hernández, Colectiva Margarita Neri Briseyda Hermenegildo Flores, Colectiva Las del Aquelarre Karla Micheel Salas Ramírez David Peña Rodríguez Fabián Bautista Ortiz Flor Elen Hernández Hernández, Colectivo

La tortura en México

Sábado 13 de julio de 2019 Miguel Concha  La Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la Organización de las Naciones Unidas define a la tortura como todo acto por el cual se inflijan intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con la finalidad de obtener de ella información o una confesión, castigarla, intimidarla o coaccionarla, a ella o a otras, cuando dichos dolores o sufrimientos sean causados por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de sus funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. En la historia de México la tortura ha sido una práctica regularmente empleada por autoridades y fiscalías para la obtención de información respecto de delitos y movimientos sociales o políticos. Sin embargo, en años recientes se ha empleado como medio para castigar y generar terror entre la población, causando con ello graves violaciones a los derechos humanos y dejando una gran cantidad de víctimas. Tal fenómeno ha alcanzado en el país niveles tan alarmantes, que diversos organismos internacionales han puesto su mirada en México. Claro ejemplo es el de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que hace poco sentenció al Estado mexicano en el caso Atenco por hechos de tortura sexual. El Comité Contra la Tortura (CAT) de la Organización de las Naciones Unidas, creado en 1988, tiene entre sus principales tareas evaluar periódicamente a los diferentes Estados parte de la Convención Contra la Tortura, y por ello en diversas ocasiones (siete) el Estado mexicano se ha sometido a este escrutinio, siendo la última en mayo pasado. Organizaciones de la sociedad civil presentaron informes paralelos frente al CAT, en los que dan cuenta de que la tortura en México es una práctica generalizada que impacta de manera diferenciada a ciertos grupos poblacionales más vulnerables, y que parte de la impunidad estructural que persiste en distintas instancias y niveles de gobierno. Durante la reciente revisión ante el comité denunciaron que la delegación mexicana no pudo respon-der a los cuestionamientos realizados, entre otros factores por la falta de una implementación efectiva de los instrumentos jurídicos existentes. Entre las observaciones finales, el CAT resaltó que si bien en años recientes se han presentado avances legislativos en el tema, como lo es la implementación de la Ley General contra la Tortura –que homologa en toda la nación los tipos penales sobre tortura y malos tratos, y prescribe, además, la imprescriptibilidad para la investigación y sanción de tal delito– la tortura en México presenta niveles alarmantes de incidencia, ya que conforme a datos proporcionados por el propio Estado, en enero de 2019 la Fiscalía General de la República contaba con 4 mil 296 averiguaciones previas y 645 carpetas de investigación en trámite por este delito. Asimismo, entre 2013 y 2018 los tribunales federales dictaron 45 sentencias condenatorias por actos de tortura. Lo cual no solo indica que dicha práctica se ejerce constantemente, sino que también revela que miles de casos quedan en la impunidad. Factor que ha fomentado la continuidad de esta práctica. Uno de los casos más recientes fue el de Carlos Canto Salgado, que se conoció mediante la difusión de un video en redes sociales. En él se muestra a un hombre atado de manos, con los ojos vendados con cinta adhesiva, y a personas, a las que se identifica como elementos de seguridad de Guerrero, que lo torturan e interrogan respecto a los hechos relacionados con los 43 normalistas de Ayotzinapa. Tal suceso no únicamente refleja el crudo panorama de la tortura en la República Mexicana, también demuestra uno de sus efectos más graves, como lo es la toma de declaraciones y recolección de pruebas a partir de tormentos y tratos crueles. Dicho caso es particularmente alarmante, pues desde hace alrededor de un año organismos internacionales denunciaban que la mayoría de las declaraciones retomadas en la llamada verdad histórica para el caso Ayotzinapa carecían de legitimidad al presentar señales de tortura, dejando al descubierto una línea de investigación ya totalmente desacreditada. Ante este panorama, la nueva administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador tiene la tarea de generar líneas de acción encaminadas a combatir tal problema. Y entre sus principales encomiendas está la de diseñar el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura correspondiente a este sexenio, el cual deberá tomar en cuenta las experiencias y opiniones de las diversas organizaciones de la sociedad civil que por años han trabajado para visibilizar y erradicar dicha práctica, además de recoger las voces de aquellas personas y sus familiares que han sido víctimas de diversos episodios de tortura en los sexenios anteriores. Ello con la finalidad de diseñar una política pública contra la tortura en apego a los más altos estándares internacionales en derechos humanos. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Jorge Aguilar