Ampliación de las investigaciones por la verdad y justicia en el caso Nochixtlán

El pasado 19 de junio se cumplieron tres años del ataque perpetrado contra el pueblo mixteco de Asunción Nochixtlán por parte de las fuerzas del Estado Mexicano que tuvo como saldo la ejecución extrajudicial de 8 de nuestros compañeros y hermanos, más de un centenar de personas heridas y decenas de personas torturadas. A raiz de este hecho, el “Comité de Víctimas por Verdad y Justicia 10 de junio” de Nochixtlán (Covic) exigimos justicia y una investigación clara para enjuiciar a quienes ordenaron y a quienes ejecutaron ese operativo desmedido y fuera de toda proporción. En las últimas semanas se han presentado algunos pasos dirigidos a ampliar la investigación sobre los hechos y responsabilidad de autoridades de alto nivel del estado de Oaxaca, así como de algunas autoridades federales, en el periodo de las agresiones contra la población de Nochixtlán en 2016. A este respecto, luego de un consante e intenso trabajo de las víctimas por la exigibilidad y justiciabilidad de sus derechos, que en un primer momento se encontró con la reticencia de la Fiscalía General de la República, pero en un segundo momento esta fiscalía fue compelida para que lleve a cabo entrevistas a quienes durante el día de las agresiones eran servidores públicos. Tal es el caso de quienes en ese momento fungían como delegado del CISEN en Oaxaca (ahora Secretario de Seguridad Pública del estado) y el Subsecretario de Operaciones de la Secretaría General de Gobierno de Oaxaca. De igual modo se ordenó la ampliación de las entrevistas al ex Secretario de Seguridad Pública de Oaxaca, al ex Secretario General de Gobierno del estado, al ex Comisionado de la Policía Estatal y al ex Coordinador General de la Agencia estatal de Investigaciones. En este mismo sentido se determinó que se desahogue la entrevista al ex Comisionado de la Policía Federal, pieza fundamental en la coordinación de las acciones de los cuerpos de seguridad. A su vez, en este camino de exigencia por verdad y justicia la FGR dió lugar a que se le solicite informes amplios al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores sobre las reuniones que sostuvo en aquel momento la Comisión de Seguimiento a los hechos ocurridos en Nochixtlán con el ex Secretario de Gobernación, el ex gobernador de Oaxaca y el ex Comisionado General de Policía Federal Ministerial. Esta ruta que empieza por el acceso a la verdad y a la justicia tiene que extenderse hasta la investigación de toda la cadena de mando, incluídos las comparecencias de los más altos funcionarios federales y estatales del sexenio anterior. En este sentido, la propuesta del ejecutivo del nuevo gobierno sobre “poner punto final y perdonar” no tiene que traducirse en un caso más de la alarmante impunidad que vivimos hoy en día, así sean varios de los máximos funcionarios federales y estatales del gobierno anterior. Es necesario que las acciones del gobierno actual, así como las de FGR transmitan certeza y voluntad a las decenas de miles de víctimas en México sobre un efectivo, objetivo e imparcial acceso a la verdad y a la justicia, a través de procesos que no sean revictimizantes ni desgastantes, sino acordes a los más altos estándares internacionales. Asimismo, el “Comité de Víctimas por Verdad y Justicia 19 de junio” de Nochixtlán consideramos irrenunciable la necesidad y exigencia por que la búsqueda por la verdad y la justicia se lleve a cabo en un total y pleno estado de derecho garantizado por los gobiernos federal y estatal, en el cual se salvaguarde la vida e integridad de todas las víctimas y defensores de derechos humanos, anulando la posibilidad de cualquier tipo de represalia contra ellas y ellos. Finalmente, llamamos a la solidaridad de los colectivos de victimas, de las organizaciones sociales y las organizaciones defensoras de derechos humanos, para mantener la articulación y exigencia conjunta en contra de la impunidad sobre las violaciones a derechos humanos, invitando a actuar por el acceso a la verdad y la justicia como una tarea común. Imagen destacada: Jorge Aguilar

Acceso a la justicia

Cada vez se generaliza entre las organizaciones civiles la necesidad de solicitar a la Fiscalía General de la República (FGR) el ejercicio de su facultad de atracción para garantizar el acceso a la justicia Sábado 06 de julio de 2019 Miguel Concha  Cada vez se generaliza entre las organizaciones civiles la necesidad de solicitar a la Fiscalía General de la República (FGR) el ejercicio de su facultad de atracción para garantizar el acceso a la justicia en casos graves de derechos humanos que quedan impunes a escala estatal. Hoy me ocupo urgentemente de uno de ellos. La noche del 13 de diciembre de 2018 Leonardo Reyes Cayente fue presuntamente ejecutado extrajudicialmente por Fuerzas de Seguridad Pública del estado de Guanajuato en hechos que hasta ahora no se han investigado a fondo, debido a la complicidad que la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEG) tiene con la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno de Diego Sinhué Rodríguez Vallejo. Leo, como lo conocían sus familiares, era un migrante mexicoamericano de 23 años que residía en Texas desde cinco años antes, originario de la comunidad Corralejo de Abajo, en San Miguel de Allende. Había viajado con sus padres desde Texas a pasar las fiestas navideñas en Guanajuato, y lo que encontró fue la muerte. Esta comunidad, de menos de 200 habitantes, tiene un grado de marginación alto y no cuenta con servicio telefónico. Por ello, para hacer llamadas y conectarse a Internet, sus habitantes requieren trasladarse a un lugar en el cerro denominado La Caseta, rumbo a San Damián. Según los familiares, Leo había regresado de un partido de futbol y se trasladó a La Caseta para llamarle a su novia en Estados Unidos. Y ahí es cuando la historia de la familia difiere diametralmente de la versión oficial del gobierno del estado. Según ella, escucharon tiros, se acercaron entre los matorrales y presenciaron cómo elementos de la policía estatal movían el vehículo de Leo y disparaban sobre la camioneta para hacer cuadrar su dicho: “Vamos a meterle tres balazos a los asientos de la troca”, dijo uno de ellos. Por su parte, la versión oficial señala que Leonardo viajaba con dos supuestos acompañantes que huyeron, y que fueron ellos quienes dispararon primero a los oficiales. Es importante mencionar que el relator especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de la ONU presentó en 2014 las conclusiones de la visita que realizó un año antes a México. En éstas señala que el derecho a la vida está gravemente amenazado en nuestro país, y que se debe actuar decididamente para evitar más muertes. Señala también que con el fin de castigar a los responsables y otorgar reparación a las víctimas o a sus familiares, se deben investigar sin demora las muertes de migrantes. Se entiende que una ejecución extrajudicial es la privación de la vida por parte de agentes del Estado, o con la complicidad, tolerancia o aquiescencia de éstos, sin un proceso judicial o legal que lo disponga. De conformidad con lo narrado al Ministerio Público por los familiares, Leonardo fue ejecutado extrajudicialmente por policías de Guanajuato. Señalan incluso que en el transcurso de la noche y después de los disparos escucharon con vida a Leonardo, sin que los oficiales hicieran algo para salvarlo. La FGJEG, cuyo titular fue fuertemente cuestionado por haber sido nombrado por medio del denominado pase automático, no ha investigado a fondo la ejecución de Leonardo Reyes. Con ello comprueba su falta de autonomía. El Ministerio Público en el que se inició la denuncia amenazó además a la familia e intentó que firmaran una declaración que no habían hecho. Han pasado seis meses y la investigación no ha avanzado. Mención aparte merece la tibia intervención de la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado, que inició de oficio su investigación sobre el caso, y cuyo titular se negó a recibir a los familiares de Leo en febrero pasado. El gobernador ha señalado que en este caso es buscar que se aclaren los hechos; he estado al pendiente de derechos humanos (en la investigación de la procuraduría). Ello durante una protesta que realizaron familiares de Leonardo en el consulado de Texas, cuando el gobernador realizaba una visita oficial. Cuatro meses después los hechos no han sido aclarados. El padre Alejandro Solalinde se ha unido también a la exigencia de justicia que han hecho la familia y organizaciones de migrantes residentes en Estados Unidos, reforzando la petición de que la FGR atraiga el caso. La ejecución extrajudicial es una violación grave a los derechos humanos, y la FGJEG carece de autonomía en esta investigación. Así lo han señalado familiares que han solicitado desde el primer momento la atracción del caso, al indicar que no existen garantías para una investigación independiente en Guanajuato, y que la participación de funcionarios o servidores públicos puede incluso obstaculizarla. Por ello la atracción federal abriría una oportunidad para el acceso a la justicia en el caso de Leonardo Reyes. En ello coincide el pleno del Senado de la República, que el 30 de abril aprobó un exhorto para que la FGR atraiga el caso. Me sumo públicamente a la petición de todas aquellas personas que demandan que la FGR atraiga el caso. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Internet

Conversatorio en el Senado sobre el Protocolo Facultativo del PIDESC | Participación del CDHVitoria

¿Qué es el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PF-PIDESC)? y ¿por qué es importante su pronta ratificación? Buenos días senadoras, senadores, organizaciones sociales y asistentes en general. A nombre de nuestro director Don Miguel Concha Malo y de todo nuestro equipo de trabajo, agradecemos la invitación para participar en este Conversatorio de suma importancia para los derechos humanos en México. Para el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) son derechos esenciales para que personas y comunidades cuenten con condiciones de vida digna, y puedan ejercer su autonomía, vivamos sin miedo y en libertad. Recordamos que el 23 de marzo de 1981 el Estado mexicano ratificó el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) a partir del cual reconoció la importancia de este conjunto de derechos, y por tanto se obligó a adoptar medidas técnicas y económicas para su plena efectividad y ejercicio. Sin embargo, aún con la ratificación de este Pacto el Estado mexicano hasta ahora no ha garantizado efectivamente el ejercicio de estos derechos; inclusive ha adoptado algunas medidas violatorias a los mismos en los últimos años. Cuando se adoptó el Pacto Internacional no se estableció mecanismo alguno de vigilancia, ni de cumplimiento que garantizará el compromiso adquirido por los Estados, ni que permitiera que las víctimas de violaciones de sus DESC tuvieran un mecanismo de exigibilidad y denuncia. Por esta razón, y después de muchos años de la aprobación del Pacto, el 10 de diciembre de 2008 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PF-PIDESC). La importancia del Protocolo Facultativo resulta en ser una vía de exigibilidad y justiciabilidad que permite a las víctimas de violaciones relacionadas con los DESC defender  y protegerse, así como exigir medidas de reparación a los Estados. El Protocolo establece tres mecanismos para atender las violaciones: Un procedimiento de comunicaciones individuales y colectivas: el cual permite a las víctimas presentar una petición o queja antes el Comité DESC  (el cual es un grupo de 18 personas expertas que examina los avances y desafíos que tienen los Estados en materia de los DESC). Un mecanismo de quejas interestatales o comunicaciones entre Estados: lo que posibilita que un Estado parte pueda presentar una comunicación a otro Estado señalando la falta de cumplimiento de sus obligaciones con respecto a los DESC, ésto se hará bajo mutuo acuerdo de reconocimiento del mecanismo. Un mecanismo operativo de comunicación: el cual permitirá al Comité DESC realizar una investigación a partir de recibir información fiable con respecto a la falta de cumplimiento del PIDESC. Hasta el momento alrededor de 45 Estados lo han firmado y 24 de éstos lo han ratificado. México es uno de los Estados que hasta la fecha no ha ratificado el Protocolo Facultativo, resultado del poco o nulo interés hasta ahora mostrado, y más grave aún por la falta del pleno reconocimiento a este grupo de derechos, los cuales históricamente han sido desplazados a un segundo nivel frente a los Derechos Civiles y Políticos. Durante la última década, el Estado mexicano ha considerado a los DESCA como servicios que puede o no conceder (incluso que se acceda a ellos según puedan o no pagarlos la población), resultando en que sólo un parte de la población mexicana puede tener acceso y por ende ejercerlos, dejando de lado principalmente a las poblaciones más vulnerabilizadas. Los DESCA no son servicios, no son mercancías, ni concesiones que el Estado tenga que darle a la población, son derechos que tienen el mismo nivel de importancia que otros, atendiendo el principio de indivisibilidad e integralidad, acorde al texto constitucional, que establece que los derechos tienen la misma jerarquía y que el Estado no tendría que priorizar unos sobre otros, por lo que su garantía, protección, promoción y respeto es una obligación del Estado. Frente a la grave crisis de derechos humanos que vivimos en el país, los DESCA también están siendo afectados, y las personas y sus comunidades violentadas. Mecanismos de justiciabilidad y exigibilidad de los DESCA son urgentes frente un contexto de impunidad estructural predominante, principalmente en el acceso a la justicia, derivado de las acciones y omisiones del Estado mexicano, en relación a este grupo de Derechos. Durante el sexenio pasado vimos cómo estos derechos fueron fuertemente violentados. Las Reformas Estructurales, por ejemplo en materia energética, y su correspondiente normativa secundaria, afectan directamente a las comunidades y pueblos indígenas, sin atender, por ejemplo el derecho a la consulta según estándares internacionales; por el contrario, es reforma da beneficios a empresas sobre las comunidades en el aprovechamiento de las tierras, entre otras cuestiones. Además, como organizaciones defensoras de derechos humanos hemos documentado falta de garantía de derechos como el medio ambiente sano, al agua, el impulso de la soberanía alimentaria y/o a la salud, con todas las implicaciones que corresponden. La ratificación del PF-PIDESC permitirá que víctimas cuenten con un mecanismo de exigibilidad y denuncia, que es urgente. En un contexto como el nuestro, en el cual muchas comunidades y personas han sufrido violaciones a sus derechos, la ratificación del Protocolo supone saldar una deuda que el Estado mexicano debe resarcir en aras de promover, asumir y reconocer los DESCA y establecer  mecanismo de vigilancia, con el firme compromiso de que las personas puedan acceder a la justicia a través de este medio. Este momento político en México, es sin duda una oportunidad para que la ratificación del Protocolo se concrete. Distintos mecanismos internacionales han exhortado al Estado mexicano a ratificar el Protocolo, la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas se ha pronunciado al respecto y en su momento, fue una fuerte impulsora junto a distintas organizaciones de la sociedad civil de la “Campaña mexicana por la ratificación del PF-PIDESC”. Esperamos que en este nuevo gobierno hallemos una mayor sensibilidad para poder aprobar el Protocolo, y no seguir argumentando

México sin transgénicos y con bioseguridad

Ciudad de México, a 26 de junio de 2019 -Más de 200 personas y 30 organizaciones saludan que el Presidente de México declare que en este país no habrá transgénicos. -Solicitan Decreto presidencial para asegurar un México sin transgénicos y profundizar medidas de bioseguridad. -Prioritario proteger la economía campesina, los derechos y bienes comunes: la salud, la alimentación, las semillas y la diversidad biocultural. En carta enviada al Presidente Andrés Manuel López Obrador, integrantes de comunidades indígenas, campesinas, científicas, cocineras, defensoras de derechos humanos, ambientalistas y artistas, saludan las declaraciones del presidente, afirmando que en México “no se permitirá el uso de transgénicos”. Miguel Concha Malo señaló que esta declaración es muy relevante para el país y que es fundamental darles un carácter vinculante, con base en la facultad para decretar que le confiere la Constitución Política Mexicana, en la fracción primera del artículo 71 y en los artículos 89 y 92 para emitir este tipo de actos. Pánfilo Hernández, campesino de Tlaxcala del Grupo Vicente Guerrero -que por 29 años ha celebrado Ferias en Defensa del maíz-, mencionó que es fundamental el compromiso del gobierno con instrucciones claras para proteger los derechos y bienes comunes de la población mexicana: la salud, la alimentación, las semillas, la diversidad biocultural y la economía campesina. Hernández también señaló que “nuestro país es centro de origen del maíz y de otras especies fundamentales para la alimentación mundial, humana y animal que deben preservarse no sólo para la alimentación de las y los mexicanos, sino para el futuro  de la humanidad”[1]. La propuesta es “emitir un Decreto para establecer condiciones de una política integral de bioseguridad en México, que incluye legislación y acciones de gobierno que aseguren los derechos señalados. Si bien en México se logró detener judicialmente la siembra de maíz transgénico por una Demanda colectiva interpuesta por actores de la sociedad; se está consumiendo y sembrando ilegalmente maíz genéticamente modificado, de acuerdo a investigaciones científicas recientes. El gobierno anterior no hizo nada al respecto, incluso litigó en contra de la Colectividad demandante: campesinos, científicos, ambientalistas”, dijo Ana Ruiz, integrante de la Demanda Colectiva contra la siembra de maíz transgénico. Se subraya que además de los transgénicos, los organismos genéticamente modificados (OGM) comprenden los productos obtenidos con técnicas nuevas, como edición genética, mutagénesis y a los organismos con impulsores genéticos (OIG); estos últimos tienen como propósito propagar el rasgo modificado en poblaciones de su misma especie[2], e incluyen, entre otros, plantas, insectos y algas, “una tecnología severamente cuestionada a nivel mundial”, hizo saber el Dr. Alejandro Espinosa, Presidente de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad. Destacados cocineros mexicanos de renombre internacional como Elena Reygadas, Enrique Olvera, Marcela Briz, Mónica Patiño y Ricardo Muñoz, junto con artistas como Francisco Toledo y Rubén Albarrán -entre muchos más-, dieron su apoyo a esta iniciativa, pues con las acciones propuestas en este Decreto, se apoyará a los campesinos para continuar sembrando milpa –que brinda los ingredientes para la tan laureada comida mexicana-, se protegerán los derechos de las personas consumidoras a acceder a alimentos sin residuos tóxicos y se detendrá el daño y muerte de abejas e insectos polinizadores vitales para la sobrevivencia. Carlos Ventura Callejas, a nombre de los firmantes, señaló que se entregó una carta el pasado 20 de junio en Presidencia, con copia a la Dra. Elena Álvarez Buylla, Directora de Conacyt y al Dr. Emmanuel González, secretario de CIBIOGEM, con la propuesta y fundamentos del Decreto. Finalmente, dijo que se espera la respuesta de Presidencia para trabajar conjuntamente las medidas del Decreto propuestas. Se anexa la Carta con propuesta de Decreto. _______________________________ [1] CONABIO considera que uno de cada 7 alimentos que hoy consume la humanidad, tuvieron su origen en la región que incluye México y Centroamérica, entre ellos: jitomate, frijol, chile, calabaza, papaya, aguacate, amaranto y maíz. [2] Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 25 julio 2018, páginas 7, 11, 14 y 20 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:62016CJ0528

Nochixtlán: tres años de impunidad

Buscamos que este tercer aniversario de las agresiones contra la comunidad de Nochixtlán en Oaxaca se sume a la memoria colectiva de los pueblos y colectivos, con la firme convicción de continuar exigiendo justicia y verdad para todas las víctimas de la masacre. Sábado 29 de junio de 2019 Miguel Concha  Han pasado tres años desde aquel 19 de junio de 2016, cuando la comunidad de Asunción Nochixtlán, en el estado de Oaxaca, fue atacada por centenares de elementos de las policías municipal, estatal y federal, dejando como saldo una cantidad de víctimas incalculable hasta la fecha. En la mañana de ese día integrantes de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) protestaban en la carretera México-Oaxaca contra la reforma educativa. En cuestión de minutos las y los maestros que se encontraban en el bloqueo fueron atacados sin ningún aviso previo de persuasión por los contingentes de policías, sino únicamente mediante un ataque frontal y directo. Éste no sólo se quedó en el bloqueo de la carretera, ni exclusivamente se limitó hacia los integrantes del magisterio, ya que la situación se extendió a la comu-nidad de Nochixtlán y a otras de la entidad oaxaqueña, como San Pablo Huitzo, Hacienda Blanca y Trinidad de Viguera, donde la violencia contra la población se caracterizó por el uso excesivo de la fuerza, la gran cantidad de personas detenidas y heridas por armas de fuego, y lo peor, la comisión de ejecuciones arbitrarias. A raíz de estos hechos, el 17 de octubre de 2017 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una polémica recomendación, en la que calificó estos acontecimientos como graves violaciones de derechos humanos detonadas a partir de un enfrentamiento entre elementos de la policía e integrantes del magisterio. Por considerarla revictimizante, tal recomendación ha sido criticada por las víctimas y sus familiares, pues de acuerdo con lo que han manifestado, parte del supuesto de que los miembros del magisterio tienen cierto grado de responsabilidad en ellos. Versión que en un escenario, en el que casi un millar de policías irrumpieron violentamente, disparando a la población con armas de fuego, y en medio de un ejercicio ciudadano de libertad de expresión y protesta social pacífico, simplemente no tiene cabida. Tres años después no podemos compartir la idea de un enfrentamiento, cuando todos los fallecidos fueron civiles desarmados, porque simplemente eso es totalmente desproporcionado. Tres años después, cuando todavía no hay avances significativos en las investigaciones, sanciones y reparaciones correspondientes del daño, la impunidad continúa. Es, pues, necesario que las autoridades abandonen el silencio. Debo reconocer que son justo las víc-timas y sus familiares quienes se organi-zan para impulsar las demandas de jus-ticia, como es el caso del Comité de Víctimas por Justicia y Verdad 19 de junio de Nochixtlán, colectivo que atiende la representación jurídica de algunas de las víctimas ante diversas instancias. Para compartir experiencias de lucha y resistencia, se han entretejido además redes con muchos colectivos de víctimas de todo el país. Esfuerzos que se tradujeron, por ejemplo, en la realización del Primer Encuentro Internacional de Defensores y Víctimas de Graves Violaciones a Derechos Humanos, en Nochixtlán, Oaxaca, del que ya me ocupé anteriormente ( La Jornada 24/11/18). Ante la llegada de la actual administración federal, las demandas y exigencias por parte de las víctimas y sus familias siguen siendo legítimas y vigentes: acceso a la verdad, impartición de justicia, reparación del daño y garantías de no repetición. Es indispensable, también, insistir a propósito del tercer aniversario de Nochixtlán, que para poder hablar verdaderamente de posibles transiciones y auténticos cambios de regímenes, la justicia efectiva y verdadera juega un papel fundamental. Y así, la manera como se atienden las demandas de los afectados, y las formas de sancionar a los responsables, podrían ser indicadores que nos permitan saber el grado de autonomía y disrupción que tiene el gobierno actual con respecto a administraciones anteriores. Con ello, sin duda, vislumbraríamos algún mínimo avance en el cambio incluso estructural. Ahora bien, aunque en una de sus conferencias matutinas el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió un comentario en el sentido de que, si era necesario, se instalaría por decreto una comisión semejante a la del caso Ayotzinapa, para darle seguimiento al caso de Nochixtlán, hasta el día de hoy las víctimas continúan sin ser efectivamente atendidas. Por el contrario, seguimos escuchando de algunas de ellas que persisten de forma constante los hostigamientos de autoridades locales y, más grave aún, ninguno de los responsables de más alto rango ha comparecido ante los tribunales. Porque no hubo discusión, sino únicamente imposición, el caso de Nochix-tlán reflejó la incapacidad del anterior gobierno para atender inconformidades frente a las reformas estructurales de ese sexenio. Además, demostró cuál fue el doble papel que jugó el Estado mexicano en los pasados años: por una parte violador de los derechos humanos y por otra principal encubridor y promotor de impunidad. Que este tercer aniversario se sume a la memoria colectiva de los pueblos y colectivos, con la firme convicción de continuar exigiendo justicia y verdad para todas las víctimas de los ataques en Nochixtlán. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Jorge Luis Aguilar

A.R.D.E.R. | Acción de Reencuentro Desde Experiencias de Resistencia

El encuentro (Acción de Reencuentro Desde Experiencias de Resistencia) pretende ser un espacio divertido, seguro y de aprendizaje, donde se generen reflexiones, se intercambien saberes, y donde las juventudes defensoras, juventudes creativas y personas defensoras de diversas luchas en las últimas décadas compartamos experiencias e intereses, así como generar redes y articulaciones que fortalezcan las distintas expresiones de lucha y resistencia. 3 días continuos de actividades simultáneas 25 espacios de formación, diálogo, compartición de saberes y experiencias en torno a la defensa de los derechos humanos 8 formatos de experiencias y espacios VISITA EL MICRO SITIO WEB  http://derechoshumanos.org.mx/arder 27, 28 y 29 de junio del 2019 📅 Jueves desde las 15 hrs 🕒 (Horarios en micrositio) Centro Universitario Cultural (CUC) Odontología 35 Col. Copilco-Universidad 📌

El T-MEC

[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]  Frente a la imposición del T-MEC, y con la convicción de que este tratado no es la única ni la mejor salida, tenemos el reto de no declinar en el propósito de seguir pensando creativamente alternativas de modelos o formas distintas de relaciones económicas, echando mano de las valiosas experiencias que conocemos en el país mismo. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 22 de junio de 2019 Miguel Concha  Ante la ratificación del dictamen sobre el nuevo acuerdo de libre comercio o Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), por parte del Senado de la República, es necesario reflexionar seriamente y advertir algunas de las graves consecuencias de su aprobación para nuestro país, en su controversial estado actual. Especialmente dos, que de manera indiscutible están relacionadas con los derechos humanos: la participación ciudadana y las serias afectaciones que el T-MEC traerá en diversos ámbitos. Uno de ellos el que comprende al mundo agrícola, al cuidado de la naturaleza y al rescate del campo. De conformidad con lo dicho, una primera problemática del T-MEC es la violación del derecho a la participación ciudadana, estrechamente vinculado con el de información. Por desgracia, el éxodo centroamericano de miles de personas que siguen cruzando nuestro país para llegar a Estados Unidos, en búsqueda de una vida mejor, así como la amenaza de la administración del presidente Trump de imponer aranceles a México, si no detiene a como dé lugar los flujos migratorios, entre otros acontecimientos, han sido el escenario perfecto para que las autoridades mexicanas implicadas en el T-MEC lo negocien en la oscuridad y a espaldas de la opinión pública. Por ello, más de 100 organizaciones y redes de la sociedad civil solicitaron el lunes pasado a las senadoras y senadores la aplicación del Parlamento Abierto en las deliberaciones acerca del T-MEC, antes de su ratificación. Recurso que no buscaba otra cosa que la puesta en marcha de los derechos a la información y a la participación que tenemos las ciudadanas y los ciudadanos para conocer con transparencia lo que realmente sucede, con el fin de poder emitir nuestra opinión sobre las decisiones que afectan al país, y que ésta sea considerada, una de ellas precisamente la ratificación del T-MEC. Sin duda alguna, la aplicación del Parlamento Abierto habría generado las condiciones para transparentar el proceso de la negociación del T-MEC y contrarrestar los intereses empresariales y del sector privado que están comprometiendo el ejercicio de los derechos humanos, así como para fortalecer la democracia mediante la participación ciudadana de personas expertas, académicas e integrantes de las distintas organizaciones civiles y sociales con especial interés en el T-MEC, y la de los grupos más directamente implicados. Ahora bien, una segunda problemática radica en las afectaciones que el T-MEC traerá a diversos ámbitos, debido a las asimetrías y desigualdades económicas, políticas, tecnológicas y culturales entre México, Estados Unidos y Canadá. ¿Cuáles son, pues, algunos de esos ámbitos? Entre ellos destacan el laboral, el campesino, la salud, la alimentación, las mujeres, el medio ambiente, la resolución de controversias entre empresas y Estados, el enfoque intergeneracional y los movimientos sociales. Sólo para explicitar ciertas afectaciones a uno de esos ámbitos, pongamos por ejemplo la vulnerabilidad agroalimentaria que traerá la ratificación del T-MEC, porque, de conformidad con declaraciones de personas investigadoras y especialistas, permitirá, entre otras cosas patentar genes y variedades de semillas, limitará el uso e intercambio de éstas por parte de los agricultores, atentará contra la biodiversidad y abrirá la posibilidad del cobro de regalías por parte de empresas trasnacionales. Asimismo, por el consumo de alimentos potencialmente dañinos y riesgosos para la población, como son los procedentes de numerosos cultivos transgénicos, los ultraprocesados, y aquellos con aditivos químicos, la ratificación del T-MEC afectará el derecho a una buena alimentación. Dicho de otra manera, por no exigir suficientes barreras y restricciones que verdaderamente lo garanticen, la ratificación del T-MEC violará el derecho humano a la alimentación. Desde la falta de transparencia en las negociaciones, hasta la afectación contra los grupos más vulnerables y más directamente implicados de la sociedad, resulta evidente que la presurosa ratificación del T-MEC por parte del Senado mexicano pondrá en riesgo la promoción, el respeto, la protección y la garantía del derecho a la alimentación de las mexicanas y los mexicanos. Finalmente, es indispensable manifestar el desconcierto de la ciudadanía por la falta de apertura a la aplicación del Parlamento Abierto, por la ausencia de la discusión pública y la participación ciudadana, así como por las afectaciones que empiezan a tener la ratificación del T-MEC. Pero no sólo eso, sino que, frente a su imposición, y con la convicción de que este tratado no es la única ni la mejor salida, tenemos un gran reto por delante: no declinar en el propósito de seguir pensando creativamente alternativas de modelos o formas distintas de relaciones económicas, echando mano de las valiosas experiencias de comunidades, movimientos, redes, organizaciones, productores, y personas expertas y académicas. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Bernardino Hernández, Cuartoscuro. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]

Colectividades y víctimas de graves violaciones a los DH acompañamos a comunidad de Nochixtlán en 3er aniversario de la masacre e informamos de próximas acciones

A la sociedad mexicana Al Poder Ejecutivo Federal A la Secretaría de Gobernación (SEGOB) A la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) A la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) A los medios de comunicación A las organizaciones y movimientos sociales A las organizaciones defensoras de derechos humanos A víctimas de graves violaciones a derechos humanos El día de ayer, martes 18 de junio de 2019, tuvo lugar la reunión general de balance entre las víctimas, colectivas y organizaciones integrantes del Segundo Encuentro Internacional de Defensores y Víctimas de Graves Violaciones a los Derechos Humanos (derechoshumanos.org.mx/encuentroarantepacua). Dicha reunión tuvo como objetivo hacer la valoración de las mesas de trabajo que están en curso en la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Estas mesas se derivaron de la movilización del 24 de abril del presente año y buscan hacer efectivo y real el acceso a la verdad, a la justicia, a la reparación integral y a las medidas de no repetición en casos de graves violaciones a derechos humanos. Además del balance general, nos encontramos reunidas y reunidos para efecto de acompañar y respaldar a las víctimas de Nochixtlán en la tercera conmemoración de las agresiones perpetradas por el Estado en contra de la población, evento que resultó en la ejecución extrajudicial de 8 personas, más de un centenar de personas heridas y heridos y muchas más con afectaciones  psicológicas y a la salud producto de estas agresiones. En este marco, comunicamos que la siguiente semana están programadas mesas con autoridades de las instancias antes mencionadas en donde se espera el informe de los avances en la atención a las peticiones por verdad y justicia de los distintos casos presentados. Del mismo modo, informamos que como una de las conclusiones está refrendar la convicción de continuar en la exigencia de verdad y justicia verdaderas, así como la articulación en torno a rutas de exigencia jurídica, social y política, a través del establecimiento de interlocuciones eficaces con el gobierno, así como del ejercicio del derecho a la protesta y a la movilización. Asimismo, las y los integrantes del Segundo Encuentro hacemos un extrañamiento sobre la designación de Omar Hamid García Harfuch como nuevo Jefe General de la Policía de Investigación y Coordinador de Inteligencia del gabinete de gobierno y seguridad de la Ciudad de México, en el sentido que desde 2016 los padres de los 43 de Ayotzi en conjunto con sus abogados pidieron una investigación sobre la participación de García Harfuch como parte del grupo de Coordinación Guerrero durante el 2014, fecha en que sucedió la desaparición. Como una posible medida de no repetición creemos indispensable que se revisen los perfiles de las y los funcionarios para evitar que se sigan tolerando y permitiendo prácticas que derivan en graves violaciones a los derechos  humanos. Los referentes de víctimas del Segundo Encuentro nos seguiremos organizando para caminar por rutas comunes en la búsqueda por el acceso a la verdad, a la justicia, a la reparación integral y a las garantías de no repetición, que cuenten con la participación central de víctimas y sobrevivientes. LAS ORGANIZACIONES INTEGRANTES DEL SEGUNDO ENCUENTRO INTERNACIONAL DE DEFENSORES Y VICTIMAS DE GRAVES VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS: Coordinadora de Personas Desplazadas de Chiapas Centro de Derechos Humanos Ku´untik (CDH Ku´untik) Consejo de Gobierno Comunal Indígena de Arantepacua Comité de Víctimas por Justicia y Verdad de Nochixtlán 19 de Junio (COVIC) Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria (CDH VITORIA) Defensoría de los Derechos Humanos por la Justicia A.C. (DDHHJUSTICIA) Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban A. C. (CDHAE A. C.) Colectivo Liquidámbar Coordinación de Familiares de Estudiantes Víctimas de Violencia Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional (CNPA MN) Comité de Familiares de Desaparecidos de San Miguel Cajonos CNPA MN Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre (UPVA 28 de Octubre) Movimiento por los Presos Políticos del Estado de Guerrero (MOLPPEG) Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI) Unión de Lucha Anticapitalista (ULA) Colectivo de Grupos de la Asamblea de Barrios de la Ciudad de México (CG-ABCM) Brigadas Emiliano Zapata de México (BEZ-MÉX) Frente Popular de la Montaña de Guerrero (FPG-G) Unión General de Trabajadores de México (UGTM) Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) Sección XXII – Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Comisión Magisterial de Derechos Humanos sección XXII (COMADH) Sección XVIII – Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Sector IX de Educación Indígena – Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Encuentro Nacional por la Unidad del Pueblo Mexicano (ENUPM) Liga de Juristas “26 de septiembre” A. C. Imagen destacada: Carlos A. Ventura

Parlamento Abierto TMEC

La participación social es necesaria para contrarrestar el interés empresarial que compromete el ejercicio de los Derechos Humanos. Las discusiones en torno a la ratificación del TMEC, deben considerar la participación ciudadana para el fortalecimiento de nuestra democracia. 17 de junio de 2019 Apreciadas y apreciados Senadoras y Senadores: Por la trascendencia de la situación actual en materia de derechos humanos, del cuidado del medio ambiente, de la soberanía y de la democratización para nuestro país, y con la finalidad de que se respeten nuestros derechos constitucionales y convencionales, nos dirigimos a ustedes, con sumo respeto, para solicitarles de la manera más atenta que, en las deliberaciones sobre el Protocolo por el que se sustituye el Tratado de Libre Comercio de América del Norte por el Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá (T-MEC), tengan a bien realizarlas a través del procedimiento de Parlamento Abierto, para así facilitar un ejercicio de transparencia y participación ciudadana de personas expertas, académicas e integrantes de distintas organizaciones civiles y sociales con especial interés en el tema, así como de los grupos más directamente implicados. Lo anterior tiene fundamento en los artículos 6 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, e igualmente en el artículo 11 de la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica. Con la plena confianza de que habremos sido debidamente atendidas y atendidos en esta solicitud, les expresamos nuestros saludos más cordiales. ATENTAMENTE Asociación de Consumidores Orgánicos ACO Asociación de Figuras Económicas Rurales y Agroindustriales los Picachos de Michoacán. Organización Campesina Nacional. AFERAMICH Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, ANEC Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, CIOAC JDLD Central de Organizaciones Campesinas y Populares, COCYP Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, A.C. Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical, CILAS Consejo de la Mujer de Mexico, CMM Frente Auténtico del Trabajo (FAT) Greenpeace Mexico, A.C. Grupo de Estudios Ambientales GEA A.C. Movimiento Agrario Indígena Zapatista, MAIZ Movimiento Campesino, Indigena, Afroamericano “Plan de Ayala Siglo XXI” Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación, PODER Promotora de Gestión y Enlace para el Desarrollo Rural, PROGEDER R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales Seminario Sindical, Sociedad y Ecología / RMALC Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, STUNAM Unidad de La Fuerza Indígena y Campesina, UFIC Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas, UNORCA / EL BARZON Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata, UPREZ Union Campesina Democratica (UCD) Agrónomos Democráticos Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (REDTDT) (conformada por 87 organizaciones en 23 estados de la República mexicana): Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos A.C. (ACADERH) (Hidalgo); Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Aluna Acompañamiento Psicosocial, A.C.(Ciudad de México); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (Jacala Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas, Asociación Civil (CECADDHI) (Chihuahua); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Kalli Luz Marina (Orizaba, Ver.); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (Mexicali, Baja California); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas

Exigencias al gobierno mexicano

[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Diversas redes defensoras de Derechos Humanos, como el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, solicitan al Estado mexicano no contribuir a discursos y políticas violatorias de derechos humanos de los gobiernos de la región, en particular del vecino del norte. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 15 de junio de 2019 Miguel Concha  El Colectivo de Información y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste, integrado por organizaciones defensoras de derechos de las personas en contextos de movilidad en México, ha venido realizando desde el último trimestre del año pasado una estricta vigilancia de la situación que viven las personas que transitan, buscando mejores oportunidades de vida, y en muchos casos incluso salvaguardarla, principalmente por territorio chiapaneco. Realizan supervisión en los lugares en los que el Instituto Nacional de Migración, en colaboración con otras fuerzas de seguridad del Estado, lleva a cabo el control migratorio, así como en centros de detención, como la Estación Migratoria Siglo XXI, y en garitas a lo largo de la costa chiapaneca. Con la finalidad de fortalecer este trabajo, alrededor de una veintena de organizaciones y colectivos, provenientes de Centroamérica, México y Estados Unidos, realizaron del 29 al 31 de mayo un trabajo de documentación y reuniones de estudio con albergues de la sociedad civil, autoridades federales y municipales de cinco ayuntamientos de la costa de Chiapas, Organismos Públicos de Derechos Humanos y oficinas de agencias de las Naciones Unidas, como el Alto Comisionado para los Refugiados, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y la Organización Internacional para las Migraciones. La estrategia de desgaste, control y disuasión para que las personas migrantes y solicitantes de protección no sigan su camino; la mirada perdida de niñas, niños y adolescentes al ser detenidos por agentes migratorios y de seguridad pública; la desesperación de mujeres y hombres al ser subidos a los camiones que los llevarían a la Estación Migratoria más grande de América Latina; la incertidumbre de las personas que esperaban bajo la lluvia a ser atendidas en las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), y las condiciones precarias en las extensiones migratorias, fueron imágenes constantes durante el trabajo de vigilancia. De cara a esta situación, las autoridades federales y municipales argumentaron de manera constante la insuficiencia de recursos financieros, humanos y de infraestructura; la falta de claridad de la política migratoria del Estado mexicano y de facultades y protocolos de actuación, como los relacionados con el uso de la fuerza; la escasa coordinación entre diversas instituciones y, sobre todo, la vinculación con el tema de la seguridad pública y la seguridad nacional. Algo que se observó y documentó puntualmente fue el actuar de la Guardia Nacional en labores de revisión y salvaguardia de la Estación Migratoria. Y ello incluso antes de las declaraciones del secretario de Relaciones Exteriores respecto a que se enviarían a la frontera sur 6 mil agentes de ese cuerpo de seguridad. Ante esta situación, redes, como el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, formulan al gobierno mexicano una exigencia para, a) transitar hacia una política de Estado garantista de derechos no sólo en el contexto federal, sino también en el estatal y municipal, y no únicamente desde el punto de vista migratorio; b) brindar una respuesta integral, efectiva y garantista de derechos, asegurando la participación de organizaciones de la sociedad civil; c) eliminar la detención migratoria como una medida de represión y control de las personas migrantes y necesitadas de protección internacional y como una estrategia de disuasión para la defensa de sus derechos, como es el derecho al asilo; d) resolver de manera inmediata y con garantías de no repetición asuntos de salud física y mental, como pueden ser deshidratación, problemas gastrointestinales, crisis nerviosas y depresión, sobre todo en los grupos considerados con mayores condiciones de vulnerabilidad, como pueden ser el de menores de edad, el de las mujeres embarazadas o el de las personas con algún padecimiento particular; e) ofrecer información clara, completa y accesible sobre las formas y trámites de adhesión a la protección internacional y a la regularización migratoria, ya que muchas de las personas serán deportadas sin que necesariamente se haya realizado una valoración seria de sus casos y sin que las causas estructurales por las que salieron de sus lugares de origen hayan mejorado. Esto, además, contribuiría a evitar la incertidumbre y desincentivación, así como a erradicar la corrupción y los abusos tanto de autoridades como de particulares. Hacen, además, un llamado al Poder Legislativo para que el próximo año se asigne un presupuesto suficiente para la operación efectiva de las instituciones responsables de la atención y protección de las personas migrantes y refugiadas, como pueden ser la Comar y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Por último, y haciendo eco de las opiniones respecto a los recientes acontecimientos de la agenda entre Estados Unidos y México en materia migratoria, solicitan al Estado mexicano no contribuir a discursos y políticas violatorias de derechos humanos de los gobiernos de la región, en particular del vecino del norte. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Colectivo Monitoreo Sureste [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]