De mujeres para mujeres: por una vida sin violencia
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] No es casual que sean las mujeres quienes conforman gran parte de la base social de los diversos movimientos sociales surgidos durante la historia, pues son ellas quienes han tenido que protagonizar luchas históricas contra la dominación, la reproducción y la reconfiguración del sistema patriarcal enquistado en toda clase social. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] 07 de marzo de 2019 Por: Diana López Santiago y Selene González Luján * Cada año el 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, cuyo origen data de 1857 durante la huelga de mujeres en la fábrica de textiles Sirtwoot Cotton, en Nueva York, quienes exigieron la disminución de extenuantes jornadas de trabajo, la igualdad salarial entre mujeres y varones, así como la mejora en las condiciones de higiene en las fábricas. Esta protesta ha sido trascendental en la lucha por el reconocimiento de derechos laborales de las mujeres trabajadoras, e igualmente, escalafón en la lucha por otros derechos humanos fundamentales para la vida digna de las mujeres, que, a la fecha, continúan sin ser reconocidos, ¡y mucho menos garantizados y protegidos! No es casual que sean las mujeres quienes conforman gran parte de la base social de los diversos movimientos sociales surgidos durante la historia, pues son ellas quienes se han enfrentado no sólo a la explotación y mercantilización ocasionadas por el sistema económico capitalista, sino que han tenido que protagonizar luchas históricas contra la dominación, la reproducción y la reconfiguración del sistema patriarcal enquistado en toda clase social y por supuesto, dentro de los propios movimientos sociales de los que forman parte. En esta misma línea, es indispensable mencionar que, a nivel mundial, los movimientos de mujeres y feministas, respectivamente, han señalado que el trabajo que realizan las mujeres en el hogar (cocinar, aseo del hogar, gestión y administración de los gastos de la casa, recolección de agua, trabajo en el campo, etc.) y de cuidado (principalmente de niños, personas adultas adultas mayores, personas enfermas), debe ser reconocido como un trabajo que aporta entre el 10% y el 39% del PIB¹ (de acuerdo a las condiciones de cada país), lo que significa que este trabajo sostiene gran parte de la economía de las naciones, y sin embargo, ¡no es reconocido ni garantizado como tal! A este respecto, pareciera obvio decir que gran parte de las mujeres en el mundo son quienes realizan este trabajo, aunque no cuenten con derechos laborales (como son salario, seguridad social, vacaciones, entre otros), por lo que legislar y generar políticas públicas en esta materia es una tarea urgente que tienen los Estados, pues son las mujeres y su trabajo quienes suplen las carencias que éstos no garantizan. Tampoco es coincidencia que ante el avance de la derecha y del poder económico en América Latina y el mundo, surjan movimientos internacionales como el Paro Internacional de Mujeres, en 2016, cuyos antecedentes más inmediatos son las movilizaciones en Polonia (2016) en torno a la intentona de introducir un proyecto de ley para penalizar el aborto, así como las protestas contra los feminicidios de siete mujeres ocurridos en Argentina en una semana (2016), al igual que el internacionalismo de los movimientos de mujeres y feministas, surgidos en contextos de exacerbada violencia hacia las mujeres y la negación y omisión de sus derechos más fundamentales (como la propia vida y el derecho a vivir libres de violencia). Provocado por el poder que tienen las mujeres para organizarse, solidarizarse y acompañarse, resulta conmovedor y a la vez esperanzador atestiguar la fuerza que tienen los movimientos como el Paro Internacional de Mujeres, que, como en años pasados, este 8 de marzo de 2019 también se moviliza. También el Primer Encuentro Internacional, Político, Artístico, Deportivo y Cultural de Mujeres Que Luchan, convocado por las mujeres zapatistas en el Caracol Morelia, Chiapas, en marzo de 2018, es otro referente de lucha para muchas de nosotras, y aunque pareciera que estuvo más focalizado a la región latinoamericana, en realidad hubo un llamado internacional (#PorqueAcordamosVivir). Ambos son esfuerzos que van más allá de fechas conmemorativas: ¡son luchas políticas! En los dos casos, hay una invitación y un compromiso con nosotras mismas para seguirnos encontrando, y así trabajar por generar transformaciones: “acordamos vivir, y como para nosotras vivir es luchar, pues acordamos luchar cada quien según su modo, su lugar y su tiempo”². Toca construir “Otros Mundos Posibles” para nosotras, pero para transformar y construir desde otro lugar desestructurando milenarias dinámicas de opresión, es imprescindible partir de definiciones y prácticas políticas como la sororidad. Las mujeres nos hemos visto en la necesidad de crear mecanismos de seguridad y exigibilidad de nosotras para nosotras. En este sentido, cabe señalar que es también la lucha de nosotras la que ha impactado en la jurisdicción, por ejemplo, en la creación de leyes, entre ellas, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el reconocimiento del tipo penal del feminicidio, o bien, la creación del mecanismo de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM). En este sentido, consideramos importante recordar que la Ciudad de México, la cual se ha llegado a plantear como una “ciudad segura”, “progresista” e incluso “rosa”, tiene una solicitud de AVGM desde el 7 de septiembre de 2017, la cual no se ha resuelto. Así pues, resulta trascendental mencionar que la AVGM se solicitó en la CDMX por dos razones principales: el contexto de violencia feminicida en la ciudad y la falta de acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia. Hemos constatado reiteradamente que las instituciones encargadas de la procuración e impartición de justicia cometen acciones y omisiones que obstruyen el acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia, por lo que concebimos la AVGM como una hoja de ruta que permitirá fortalecer las áreas de oportunidad de las instituciones, ya que hace posible emitir diagnósticos profundos, medidas de atención y procesos de evaluación para poder garantizar el derecho que tenemos a vivir una vida libre de violencia. El pasado miércoles 6 de marzo de 2019, en conferencia de prensa, la Secretaría de
Soberanía científica
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Más allá de filias y fobias, vale la pena revisar detenidamente el proyecto de restructuración del Conacyt, con el objeto de sopesar las implicaciones a futuro y el beneficio a la sociedad que pueden tener los cambios propuestos por la nueva dirección. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 02 de marzo de 2019 Miguel Concha El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, próximamente Conahcyt, por la inclusión de las humanidades en el título de la institución, se encuentra hoy en un proceso de transformación que no gusta a muchos. Cuenta ya por desgracia con una larga lista de críticas que han recibido, tanto la directora general recién nombrada, la doctora María Elena Álvarez-Buylla Roces, como sus propuestas de restructuración. No obstante, y más allá de filias y fobias, vale la pena revisar detenidamente el proyecto de restructuración del consejo, con el objeto de sopesar las implicaciones a futuro y el beneficio a la sociedad que pueden tener estos cambios. Entre algunas de las propuestas más sobresalientes está el incluir las humanidades en los ejes transversales de la institución. Lo cual permitirá, particularmente en los planes nacionales estratégicos, una visión holística. Éstos serán una herramienta para, partiendo de los grandes problemas nacionales, articular capacidades científicas, tecnológicas y humanísticas que se enfoquen en dar soluciones a temas como violencia, inseguridad, soberanía alimentaria y agua, entre otros. Estos rubros requieren, para su traducción en políticas públicas y procesos de investigación, necesariamente de una visión social y de derechos humanos. Es un avance importante, asimismo, enfocar la ciencia en la propuesta de soberanía científica. Este concepto apuesta por lograr la independencia tecnológica y por redefinir la relación entre ciencias, humanidades y el sector productivo. Lo que por décadas se redujo a transferencias directas de recursos y productos, beneficiando únicamente a intereses privados. Hoy implica desarrollar un vínculo más sano entre la ciencia pública, producida en las universidades y en los centros de investigación nacionales y el desarrollo económico y social del país. Por otro lado, las diferentes propuestas que orientan a la ciencia hacia el bienestar de la sociedad son también pieza clave en la consolidación de una sociedad más democrática. Entre los rubros en los que se planea enfocar recursos del Conahcyt, están la promoción de industrias limpias y la generación de energías renovables; el desarrollo urbano sustentable; la promoción de proyectos para mejorar mecanismos de prevención y reacción ante desastres naturales, así como investigaciones en materia de racismo y discriminación, y propuestas con enfoque preventivo, sistémico y social en materia de salud. Entre muchas otras iniciativas que marcan un claro sentido humanístico y social de la institución, están también la innovación en sistemas agroecológicos y proyectos de ciencia ciudadana y comunitaria en materia de alimentación. Un factor que demuestra más dicha perspectiva en el nuevo proyecto del Conahcyt es el énfasis que se le está dando a la búsqueda de la apropiación social de la ciencia y la comunicación científica. Valorándose, por un lado, el diálogo de saberes con las comunidades indígenas y campesinas y planteando, por otro, iniciativas de articulación comunitaria y con organizaciones de la sociedad civil, en trabajo con infancias y juventudes en el ámbito escolar, y en proyectos de intersección entre artes-ciencia-humanidades y tecnologías, para la visualización de problemáticas sociales. La concatenación de todas estas medidas, propuestas por la nueva directora del Conahcyt, coadyuvarán a la promoción del derecho humano a gozar de los beneficios del progreso científico y sus aplicaciones. El cual, según la Experta Independiente de Naciones Unidas en el campo de los derechos culturales, exige tomar medidas para garantizar a todas las personas, especialmente a los grupos marginados, el acceso a disfrutar de dichos beneficios; que su aplicación esté dirigida a propiciar una vida digna para todos, y que exista la información necesaria para que la sociedad participe en las áreas de investigación y desarrollo y en la toma de decisiones. No obvio decir que algunas de las críticas hechas a la reciente iniciativa de Ley de Humanidades, Ciencias y Tecnologías son importantes, como las relacionadas con el supuesto nivel de centralización de las decisiones en la Dirección del Conahcyt. Éstas aún podrán ser discutidas y, de ser el caso, ser incluidas, pues en el Congreso ya se ha anunciado una convocatoria a foros para discutir dicha propuesta a partir del 6 de marzo. Lo discutido en esos foros será también utilizado para consolidar un eje transversal en materia de ciencia, tecnología e innovación en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024. Durante este proceso, será importante retomar otros esfuerzos en materia de ciencia, innovación y tecnología, como el convocado por la Universidad Nacional Autónoma de México en 2018 bajo el título de Hacia la consolidación y desarrollo de políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación, y exhortar a la comunidad científica a ser partícipe de las discusiones, en un diálogo respetuoso, propositivo, riguroso, profundo y constructivo, como al que ha invitado la misma titular del Conahcyt. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Lucy Nieto [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Carta pública en respaldo al proyecto del CONACYT
25 de febrero de 2019 A la opinión pública: La Dra. Elena Álvarez-Buylla Roces es objeto de una campaña de desprestigio en redes sociales sin proporción, incluso antes de que asumiera el cargo de Directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). Es evidente que esta campaña es una respuesta cobarde de los intereses que ha tocado y que está impulsada con amplios recursos económicos, pues sus estrategias son muy sofisticadas y su alcance ha sido enorme, generando un clima de linchamiento innecesario que llama la atención. La designación de la Dra. Álvarez-Buylla Roces es parte de la política que el Gobierno actual y que el mismo Presidente Andrés Manuel López Obrador declaró el día en que asumió la Presidencia: “en México no habrá transgénicos”. La Doctora en Biología Molecular fue, hasta el momento en que tomó la responsabilidad como Directora de CONACYT, Investigadora Titular C de Tiempo Completo del Laboratorio de Biología Molecular de la Universidad Nacional Autónoma de México. La relevancia de su desempeño se cristalizó al otorgarle el Premio Nacional de las Ciencias en 2017 y se observa claramente en la reseña adjunta (1). Su postura frente a esta tecnología y en especial en el caso del maíz, fue central para detener la siembra de maíz transgénico en México por una orden judicial y está basada en el conocimiento científico que ha desarrollado en torno a la misma y a las evidencias acumuladas a lo largo de años de investigación. Ahora que el Presidente de la República ha declarado una postura firme en este rubro y existe un consenso social en torno a la prohibición de transgénicos en el área agroalimentaria, sobre todo en el maíz: nuestro alimento esencial, debemos avanzar para detener el uso ilegal de esta tecnología y hacer valer los principios de la bioseguridad. Consideramos urgente revisar ampliamente la Ley de Bioseguridad, hoy de organismos genéticamente modificados, para que se convierta en una normatividad que vele por nuestra seguridad en el ámbito biológico: en lo referente a los organismos genéticamente modificados, productos de la ingeniería genética y de la biología sintética y tecnologías que representan una amenaza a la salud humana y al ambiente. La bioseguridad debe cumplir con la función de monitoreo asignada al Estado. Desde las diversas instancias involucradas en la Comisión Intersecretarial de Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM) se deberá velar por la bioseguridad en México, en especial frente a nuestra condición de país centro de origen y de diversidad genética de un amplio número de cultivos de importancia comercial y a la gran riqueza en diversidad biocultural que albergamos. Construyamos un México de paz, que preserve nuestro maíz libre de contaminación transgénica y proteja a quienes nos han permitido gozar de su diversidad y calidad: a la cabeza las familias campesinas, los científicos comprometidos, como la Dra. Álvarez-Buylla, y toda la sociedad que ha salido a defender la planta sagrada, construyendo la milpa social, que sabemos, llevará a nuestro país adelante. ATENTAMENTE : Francisco Toledo Elena Kahn Cristina Barros Valero Jesusa Rodríguez Miguel Concha Malo Antonio Turrent Fernández Abraham Cruzvillegas, escultor Abogada Alejandra Carrillo Soubic Alejandro Espinosa Calderón, investigador de INIFAP, Miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, SIN Nivel III Dra Margarita Tadeo Robledo, Profesora de Carrera Titular C, FESC UNAM, Nivel I, SNI Catherine Marielle José Luis Bustamante del Valle Mercedes López Narciso Barrera Bassols Víctor Manuel Toledo Manzur Alejandro Villamar Calderón Alejandra Acosta Raúl Hernández Garciadiego Iván Jiménez Maya, Docente Facultad de Filosofía y Letras, UNAM Luis Arturo Carrillo Sánchez, Biopakal y Pakal Grun Mauricio Macossay Vallado Nelly Muñohierro Adelita San Vicente Tello Carlos A. Ventura Callejas Octavio Erick Quesnel Galván Miguel Ángel Escalona Aguilar, profesor de la Universidad Veracruzana Carlos Hector Avila Bello Dr. Arturo Pérez-Vázquez, profesor Investigador Titular Campus Veracruz Peter Rosset, PhD, .investigador Titular C con definitividad, SNI III El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) Dra. María Elena Serrano Flores, profesora Investigadora CIIEMAD, IPN. Mirna Ambrosio Montoya, miembro del comité SOCLA capitulo México Dr. Jaime Morales Hernández, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente Alejandro Cruz Juárez, Movimiento Agrario Indigena Zapatista Emilio Reza Araujo, Cooperativa de alimentos mexicanos La Milpa. Alfredo Álvarez Ramírez, Frente en defensa del maíz, de Colima Manuel Antonio Espinosa Sánchez, Universidad de Guadalajara Víctor Hugo Guzmán Cuevas Dr. Miguel Ángel Damián Huato, P-I del Centro de Agroecología, Instituto de Ciencias, BUAP Ronald Nigh, Prof./Investigador CIESAS Sureste Leticia López Zepeda Dulce M. Espinosa- Escuela Nacional de Antropología e Historia Quetzalcóatl Orozco Ramírez Alma Gómez Caballero, Chihuahua Fabián García Moya, Profesor investigador. Universidad Autónoma Chapingo Enrique Pérez Miguel Ángel Sámano Rentería Dr Pedro Moctezuma Barragan, Coordinador Proyecto Invetigación para la Sustentabilidad, UAM Elena Burns, Centro para la Sustentabilidad Incalli Ixcahuicopa, UAM Patricia Gerez Fernández- Universidad Veracruzana Patricia Moguel Viveros Natividad Miguel Jaime García, Biodiversidad Mateo Mier y Terán Giménez Cacho Maria Emilia Caballero, Miembro de la Academia de Ciencias Investigador III del Sin Dr. Carlos González Esquivel, Laboratorio de Agroecología Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad, Universidad Nacional Autónoma de México Dra. Elsa Chávez García, Profesora investigadora del Campus Tabasco, Colegio de Postgraduados Laura Trujillo Ortega, Profesora Investigadora Tiempo Completo, Universidad Autónoma Chapingo Jaime E. García González, Dr.sc.agr., Profesor Catedrático de la Universidad de Costa Rica (UCR) y de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) Rafael Calderón Arózqueta Dr. Edgar J. González Gaudiano, Instituto de Investigaciones en Educación, Universidad Veracruzana María Cuín Tovar Marta Astier Andrea Medina Laura Mendoza Kaplan Antonio Castillo Fernando Bejarano G. Citlalli López Binnquist, Universidad Veracruzana Gerardo Alatorre Frenk Juan Carlos Escalante Leal, Académico, IIMAS-UNAM Lic. Arlen Carrasco Enríquez María Dolores Cervera Montesano Bertha Elena Munguía Gil Margarita Rosales, INAH Yucatán Dra. Silvia Terán y Contreras Robin Canul Suárez (periodista y fotógrafo) Dr. Roger Orellana, Profesor Emérito del CICY Dra. Alejandra García Quintanilla Investigadora de la Unidad de Ciencias Sociales del CIR-UADY Federico Berrón Autrique Francisco Xavier Martínez Esponda María Teresa Guerrero Olivares Isabel Bueno García-Reyes,Doctoranda en Ciencias de la Sostenibilidad,UNAM Rafael Mier Paola Rodríguez Rosa Amelia Pedraza Luz María Montoya Pérez Maestro Francisco
Comité Alerta CDMX denuncia contexto actual de violencia feminicida en la Ciudad de México
26 de febrero de 2019 Son insuficientes las medidas para combatir violencia de género en la CDMX tomadas por el gobierno anterior y el actual El Comité Alerta CDMX insiste en la necesidad de declarar la Alerta de Violencia de Género Académicas, colectivas y defensoras señalan el patrón de desapariciones forzadas en contra de las mujeres que viven y transitan en la ciudad El Comité Alerta de Género Ciudad de México, conformado por académicas, colectivas de mujeres, activistas y mujeres integrantes de organizaciones de la sociedad civil; expresamos nuestra preocupación ante la situación de violencia feminicida en la Ciudad de México, la cual no sólo no se ha mitigado a partir de que se presentó la solicitud de Alerta de Violencia de Género (AVG), sino que los datos y experiencia concreta de mujeres evidencia que ni las medidas tomadas por el anterior gobierno ni las actuales han sido suficientes. La Ley de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia define la violencia feminicida como “toda acción u omisión que constituye la forma extrema de violencia contra las mujeres producto de la violación de sus derechos humanos y que puede culminar en homicidio u otras formas de muerte violenta de mujeres”. A los casos ya presentados en la solicitud de la AVG para la ciudad, se sumaron en 2018 los de otras mujeres y familias que reportaron feminicidios, desapariciones, casos de trata, abuso y violencia sexual, situación que deja de manifiesto que las medidas implementadas a partir de la solicitud de Alerta no son suficientes para erradicarla. Desde el 31 de octubre de 2018, cuando el Comité de AVG presentó el informe sombra (disponible en bit.ly/comitealertacdmx), denunciamos la falta de implementación de la totalidad de medidas ordenadas por el Grupo de Trabajo y ante dicha circunstancia la necesidad de declarar de manera urgente la alerta en la Ciudad de México. Tal y como se denunció en diversas ocasiones, el gobierno anterior de la Ciudad de México retrasó el dar cumplimiento a las medidas ordenadas, existió falta de voluntad para dar seguimiento puntual a las medidas urgentes y generó una simulación en el cumplimiento de las medidas. Esto ha llevado a las mujeres que vivimos y transitamos en la Ciudad de México a estar en un contexto aún más peligroso y violento, que se invisibiliza o normaliza. Es el caso que en este año 2019, la Ciudad se ha visto conmocionada por los testimonios de decenas de mujeres sobre lo que las autoridades comenzaron a clasificar como “tentativas de robo” y que los medios de comunicación y las redes sociales han llamado como “intentos de secuestro en la modalidad de ‘cálmate mi amor’” dentro y fuera de las estaciones de metro. De acuerdo a lo documentado por organizaciones acompañantes, estos hechos no tienen la intención de robar objetos de las mujeres ni de pedir un rescate por ellas; lo que las denunciantes han reportado es que tratan de privarlas de su libertad. Desde hace más de dos décadas en este país se ha tratado de minimizar la violencia contra las mujeres: cuando las mujeres son desaparecidas, las autoridades no las buscan porque dicen que están con sus novios; y ahora, cuando se intenta desaparecerlas, se habla de tentativas de robos o secuestro que, además, se basa en la normalización de la violencia de pareja. De esta forma, es importante entender que desde una lógica de derechos humanos, si existe complicidad o inacción de las autoridades, estos casos se entienden como tentativas de desaparición forzada. Es relevante que a través de los datos públicos, se ha registrado que las principales afectadas de estas conductas son mujeres jóvenes de entre 19 y 29 años de edad, que son estudiantes o trabajadoras y que recorren sus trayectos habituales hacia sus casas, escuelas o trabajo. Sin embargo, es importante que las autoridades den seguimiento puntual a cada uno de los casos y se identifique el patrón de mujeres que se encuentran en una mayor situación de vulnerabilidad ante estas desapariciones y en consecuencia se emitan medidas para aminorar el riesgo. Con el fin de transformar este contexto de violencia feminicida es que se decidió impulsar la AVG en la Ciudad de México, en la que ya se abordaba el riesgo que corremos no sólo en nuestros hogares, sino en el espacio público. La AVG, en su Declaratoria, otorgaría al Gobierno de la Ciudad de México la oportunidad de implementar medidas de urgencia y también de profundidad que tendrán que ser evaluadas e implementados en consenso con las víctimas para avanzar en lograr una vida libre de violencia para las las mujeres que vivimos y transitamos en la Ciudad de México. Las integrantes del Comité Alerta de Género de la Ciudad de México demandamos a las autoridades locales y a la Secretaría de Gobernación a través de la Conavim que se implementen las medidas que el Grupo de Trabajo de la Alerta de Género emitió desde el 22 de marzo de 2018 en su informe, que se declare la Alerta de Violencia de Género en la Ciudad además de realizar una evaluación de las medidas hasta ahora implementadas con la participación efectiva de las víctimas. El proceso no debe dilatarse más, dado que cada momento que pasa la violencia contra las mujeres persiste. ATENTAMENTEComité de Ciudadanas en Observación y Seguimiento del Proceso de la Alerta de Violencia de Género en la Ciudad de México (Comité Alerta CDMX) Más información: Adriana Lecona 5536417448 Zúe Valenzuela 5548531446 Imagen destacada: Selene González
Justicia transicional
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] ¿Qué opciones tenemos que seguir impulsando para lograr la libertad de todos los luchadores sociales presos injustamente? Indulto, amnistía, excarcelación, revisión de expedientes… ¿Qué rutas son posibles? [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 23 de febrero de 2019 Miguel Concha Va lenta la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador de liberar a todos los presos políticos y de conciencia del país. Cada día que pasa es un día más de prisión injusta para alrededor de 100 personas, presas por motivos políticos que todavía esperan la justicia, y con ello la libertad. Qué más quisiéramos que de un plumazo salieran todos y se rencontraran con una vida trunca por la injusticia. Sin embargo, la realidad es un poco más compleja, y la voluntad política presidencial no es tan grande como pensamos. ¿Qué opciones tenemos que seguir impulsando para lograr la libertad de todos los luchadores sociales presos injustamente? Hay por lo menos cinco posibilidades. Trataremos de ir una por una, de la más noble, hasta la más restrictiva. La primera opción, la más completa y más rápida, es que se promulgue la Ley de Amnistía General. Sus beneficios no nada más son los de liberar a todos los presos por motivos políticos, también incluiría el cese de la persecución que obliga a muchos defensores de derechos humanos a seguir huyendo del largo brazo de la injusticia y permitiría, además, que en muchos casos, como el de los hermanos Cerezo –que cumplen precisamente 10 años de haber obtenido la libertad–, se limpie su fabricado expediente criminal. La amnistía también es el único reconocimiento explícito del Estado mexicano de que existen personas, injustamente, presas por disentir con el modelo económico neoliberal, incluso si alguno de estos luchadores sociales hubiera cometido algún delito, como el de ataques a las vías de comunicación o motín, se le liberaría, al reconocer que fue obligado a cometer dichos delitos ante la cerrazón del Estado para resolver de fondo las problemáticas sociales que dieron origen al ejercicio del derecho humanoa la protesta. Esta salida no es además un perdón a delitos, cometidos o no, sino que es la libertad arrancada por años de lucha de familiares y organizaciones sociales. Es un mecanismo que urge al Presidente mismo a presentar una iniciativa de ley para que la mayoría de los legisladores de Morena la apruebe. Necesitamos mayor voluntad política que haga realidad esta opción de libertad para esa gente en prisión. Una segunda opción de excarcelación, mucho más limitada, es la que se ha empleado en los 16 primeros casos de presos que recién han obtenido su libertad, y consiste en el desistimiento de la acción penal por desvanecimiento de pruebas. Esta opción es la envoltura jurídica de la voluntad política presidencial de liberar a los presos por motivos políticos. Sus desventajas son, debemos señalarlas, que se limita a los actualmente presos; no incluye a los perseguidos y tampoco reconoce las injusticias que se cometieron contra aquellos que tienen que vivir con el pesado estigma de tener antecedentes penales. Lo cual por supuesto no les facilita la vida, ni la laboral ni la social. Una tercera opción es la reposición del proceso, y en ese nuevo comienzo aplicar el desistimiento de la acción penal, como fue el caso de los seis presos defensores del agua de San Pedro Tlanixco, estado de México, que posibilitó la libertad inmediata de tres de ellos, y posiblemente permitirá la libertad de los tres restantes. Si bien se trata de una decisión política presidencial que toma forma jurídica, no quiere decir que la lucha de familiares, organizaciones de derechos humanos y sociales no haya sido fundamental. Al contrario, es la fórmula que le da celeridad a los casos. Sin embargo no es general, y por tanto los demás presos tienen que esperar su turno en la fila de la incertidumbre de la tan anhelada libertad. Una cuarta opción, más restrictiva, pero que también permite la libertad, es una revisión del expediente jurídico de tal manera que dé lugar a identificar los vicios del mismo proceso jurídico penal. Lo cual, como en la opción anterior, llevaría a la reposición del proceso y a la libertad y a que los presos salgan libres, por tecnicismos jurídicos. Es decir, debido al reconocimiento de que no se respetó el derecho humano al debido proceso. Aunque, como en el caso de Florence Cassez Crépin, la opinión pública mantenga la idea de que sí fueron culpables del delito de secuestro, y que la mala actuación del Estado permitió su libertad. Lo que es lo más importante. Una quinta opción es el indulto, fórmula que casi ningún preso por motivos políticos quiere, ya que significa un perdón presidencial de delitos que no cometieron, pero que, sin embargo, se convierte en una opción política para casos como el del profesor Alberto Patishtán, que ante el costo político generado por las organizaciones de derechos humanos, sociales y parte de la sociedad civil, obligaron al entonces presidente Enrique Peña Nieto a otorgar este perdón no solicitado. Las últimas cuatro opciones también pueden beneficiar a los que están siendo perseguidos por motivos políticos y que por azares del destino pudieron escapar y viven huyendo. Aunque ahí la cifra y lo nombres son un asunto que debe partir de los perseguidos mismos o de sus familiares. Y de ponerlos a la vista para saber quiénes son y cómo pueden ser liberados de esas cadenas invisibles que no les permiten vivir libres del todo. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Alejandro Barragán [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Solicitud de Parlamento Abierto en las deliberaciones de la terna a Ministra de la SCJN
Apreciadas y apreciados Senadoras y Senadores, Por la trascendencia de la impartición de justicia para nuestro país, y la garantía de nuestros derechos constitucionales y convencionales, nos dirigimos a ustedes con todo respeto, para solicitarles que en las deliberaciones sobre la terna propuesta por el titular del poder Ejecutivo Federal, para sustituir a la Ministra Margarita Luna Ramos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tengan a bien decidir llevarlas a cabo con el procedimiento de Parlamento Abierto. Pensamos que de esta manera se transparentaría más y de mejor manera tal designación, pues se ha manifestado una preocupación en los medios de comunicación y en las redes sociales sobre el proceso en comento. A través del Parlamento Abierto se permitirá tomar en cuenta las consideraciones de personas expertas, académicas e integrantes de distintas organizaciones civiles y sociales con especial interés en el tema. Con la confianza de que seremos debidamente atendidas y atendidos en nuestra petición, les expresamos nuestros saludos más cordiales. ATENTAMENTE Personas Miguel Concha Malo, Cristina Barros, Mariclaire Acosta Urquidi, Emilienne de León Aulina, Ana Pecova, Daniel Giménez Cacho, Ximena Andión, Manuel Canto Chac, Alexandra Garita Edelen, David Peña Rodríguez, Karla Micheel Salas Ramírez, Jorge Fernández Souza, Gustavo Ampugnani, Martha Recasens, Saúl Escobar, Carlos Ventura Callejas. Organizaciones Católicas por el Derecho a Decidir A.C. Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A.C. Centro Nacional de Comunicación Social A.C. El Caracol A.C. EQUIS Justicia para las Mujeres Greenpeace México A.C. Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social A.C. IDHEAS Litigio Estratégico en Derechos Humanos A.C. Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB) Observatorio Ciudadano de Designaciones Públicas Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) Servicios y Asesoría para la Paz A.C. (Serapaz) Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 87 organizaciones en 23 estados de la República mexicana): Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos A.C. (ACADERH) (Hidalgo); Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Aluna Acompañamiento Psicosocial, A.C.(Ciudad de México); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (Jacala Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas, Asociación Civil (CECADDHI) (Chihuahua); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Kalli Luz Marina (Orizaba, Ver.); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (Mexicali, Baja California); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima No Gubermantal A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro,
Presos políticos y de conciencia
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Las acciones iniciadas por el gobierno federal son acordes con la garantía de justicia y no repetición, pero no basta la buena voluntad política. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 16 de febrero de 2019 Miguel Concha Disentir, criticar y protestar en contra del gobierno y sus acciones ha sido objeto de persecución y criminalización en México, hasta el punto de utilizar a las instituciones de procuración e impartición de justicia para atribuir de manera injustificada delitos en contra de personas defensoras de derechos humanos y activistas que en algún momento decidieron defenderse, organizarse, salir a las calles y ejercer su derecho a la protesta social. Es así como en los pasados años los centros penitenciarios del país han albergado a una gran cantidad de presos políticos y de conciencia, cuyos casos comparten las mismas características: procesos judiciales irregulares, en los que no se respetan los derechos y garantías de las personas imputadas; defensores públicos sumamente deficientes, y ausencia de traductores e intérpretes en varios casos en los que las personas acusadas no hablaban o dominaban el idioma español. Muchas de ellas han sido por tanto arbitrariamente víctimas de prisión preventiva oficiosa. Destacamos por último que un gran número de personas que se encuentran en estas situaciones han permanecido privadas de la libertad por años, sin recibir siquiera alguna sentencia en la que se les absuelva o se les condene por algún delito, ya que los jueces y procuradurías no cuentan con pruebas suficientes que puedan comprobar su participación o responsabilidad. El movimiento por la liberación de presos políticos y de conciencia, impulsado por colectivos de familiares, por diversas organizaciones de derechos humanos, y por organismos internacionales, es un tema histórico fundamental para el establecimiento de una agenda nacional en materia de derechos humanos, en un contexto en el que buscamos un modelo de justicia disruptor con el pasado. La nueva administración federal parece tenerlo en cuenta. Y por ello desde el mes de diciembre pasado se empezaron a llevar a cabo las primeras acciones en el tema. Actores clave, como la ahora senadora Nestora Salgado, entregó, para su análisis y evaluación, al subsecretario de Gobernación, una lista de 199 casos de personas consideradas presas políticas, provenientes principalmente de entidades como Oaxaca, Guerrero y el estado de México. Lo mismo hizo por su parte el Comité Cerezo. Asimismo, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, informó sobre la creación de una Mesa de Reconciliación y Justicia, instrumento que tiene como uno de sus objetivos la revisión exhaustiva, caso por caso, de personas que se encuentren privadas de la libertad en estas condiciones. A dicha mesa han llegado ya 368 casos, de los cuales 16 personas han logrado obtener su libertad. Es pertinente mencionar que esta Secretaría sólo podrá conocer de aquellos asuntos cuyas personas están acusadas por algún delito federal, o cuyo proceso se encuentre bajo la jurisdicción de tribunales del mismo ámbito. Pero es imperativo recordar que la mayoría de los presos políticos y de conciencia se encuentran acusados y privados de su libertad por autoridades meramente locales. Situación que nos lleva a la necesidad de enfatizar nuestra crítica en la exigencia del adecuado funcionamiento de las instituciones de impartición y procuración de justicia de las diversas entidades federativas. No son aislados los casos en los que se ha visto una invasión a la autonomía del Poder Judicial local por parte de gobernadores o autoridades locales. Son también numerosos los casos en los que se ha utilizado a las procuradurías y a las fuerzas policíacas para perseguir y criminalizar a integrantes de diversos movimientos sociales. Un claro ejemplo de estos grandes contrastes entre la disposición del gobierno federal de dar respuesta a una demanda social histórica, y la resistencia a un cambio en la manera de impartir justicia por parte de diversos gobiernos estatales, es el caso de la y los presos de Tlanixco, en el estado de México. Los hechos se remontan al año 2003, en el municipio mexiquense de Tlanixco, donde habitantes del municipio se opusieron al desarrollo de empresas floricultoras en la defensa de su derecho humano al agua. Tras tales hechos, la procuraduría de esa entidad les adjudicó el delito de homicidio a seis comuneros nahuas. Luego de 15 años de prisión preventiva, y después de un proceso en el que se violaron sus garantías y no tuvieron acceso a traductores, se les condenó a 50 años de cárcel. Al apelar la sentencia, se consiguió recientemente la reposición del proceso, partiendo de las violaciones procesales ya mencionadas. Los presos de Tlanixco han pasado 15 años en prisión sin ser condenados. Sin elementos que puedan comprobar su participación en algún delito, pues no hay voluntad por parte de las autoridades del estado de México para atender este asunto. Las acciones iniciadas por el gobierno federal son acordes con la garantía de justicia y no repetición, pero no basta la buena voluntad política. Es necesario que pueda establecerse un mecanismo de fácil acceso que sea efectivo especialmente a escala local. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Jorge Aguilar [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
La pirámide del odio
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] En nuestro contexto, será necesario poner sobre la mesa el debate sobre la violencia y la necesidad de pensar de manera integral lo que significa la falta de paz y las posibilidades de construirla. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 09 de febrero de 2019 Miguel Concha Ante las actitudes y experiencias de discriminación en México, develadas de manera integral, y explicitadas en forma transversal por la pasada Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis 2017), me parece oportuno dar también aquí cuenta de los distintos niveles y la trayectoria ascendente de las diferentes causas, motivaciones y expresiones de la discriminación, detectadas, analizadas e ilustradas por la Liga contra la Difamación ( Antidifamation League) con la figura de una pirámide denominada La Pirámide del Odio: actitudes prejuiciadas, actos prejuiciados, discriminación, violencia motivada por prejuicios y genocidio. Todo ello nos permitirá ampliar más el conocimiento de estas graves falencias de nuestra convivencia, para poder atenderlas y resolverlas mejor. Como explica el doctor Mauricio Meschoulam, investigador del Centro para la Paz México, a quien hemos solicitado poder hacer uso de su estudio, la pirámide manifiesta comportamientos humanos prejuiciosos o sesgados que se van agravando y volviendo más complejos de abajo hacia arriba, pues, por un lado, aunque los comportamientos de cada nivel tienen un impacto negativo en los individuos o grupos que los llevan a cabo, a medida que uno se mueve hacia arriba tienen consecuencias más peligrosas que ponen en peligro la vida. Y, por otro lado, los niveles superiores de la pirámide están apoyados en los niveles bajos, lo que significa que si las personas o instituciones tratan a los comportamientos en los niveles bajos como si fueran aceptables o normales, el resultado es que los comportamientos en el siguiente nivel se acepten más. Como resultado, la pirámide del odio demuestra que el genocidio se construye a partir de la aceptación de comportamientos que aparecen en los niveles anteriores más bajos. Y así, la Liga contra la Difamación pone en la parte de abajo de la pirámide actitudes prejuiciadas, como pueden ser los estereotipos, los comentarios desconsiderados, el miedo a las diferencias, el lenguaje no inclusivo, las pequeñas agresiones, el justificar los prejuicios buscando personas que piensen igual, el aceptar información negativa o errónea, o el descartar la información positiva. Y de allí, digo yo, la responsabilidad de los medios que difunden deliberadamente falsas noticias. En el siguiente nivel superior se encuentran ya los actos prejuiciados, como son la intimidación, la ridiculización, las burlas, las calumnias, los motes, la exclusión social, la deshumanización y las bromas prejuiciadas o denigrantes. Y más arriba nos hallamos a la discriminación, que, como sabemos, puede ser económica, política, educativa y laboral, así como tomar la forma de discriminación y segregación por vivienda, y de desigualdad en la justicia criminal. Por encima encontramos a la violencia motivada por prejuicios, la cual puede expresarse en asesinatos, violaciones, asaltos, incendios provocados, terrorismo, vandalismo, profanaciones y amenazas. Por último, en el nivel más alto encontramos al genocidio, que la Liga contra la Difamación define como el acto o intento de aniquilar deliberada y sistemáticamente a todo un pueblo. La Liga contra la Difamación es una organización fundada contra el antisemitismo y la intolerancia en 1913. Hoy continúa luchando contra todas las formas de extremismo y de odio, y proporciona distintos medios de educación en contra de los prejuicios y fanatismos. Su objetivo final es un mundo en el que ningún grupo o persona sufra sesgo, discriminación u odio. Y por su parte el Centro de Investigación para la Paz México tiene entre sus objetivos investigar de manera más sistemática y científica las situaciones de violencia que padecemos, y ofrecer propuestas concretas de política pública y/o recomendaciones para seguir profundizando el debate sobre la violencia y la necesidad de pensar de manera integral lo que significa la falta de paz y las posibilidades de construirla. Por su parte la pasada Enadis 2017, presentada apenas en 2018, proporciona con su propia metodología información significativa para conocer la prevalencia de la discriminación en México y sus permanentes y/o eventuales apariciones. Gracias a ella hoy sabemos que el tono de piel, la manera de hablar, el peso, la estatura, la forma de vestir o el arreglo personal, así como la clase social, las creencias religiosas, el sexo, la edad y la orientación sexual, son condiciones, situaciones o motivos que disparan la discriminación. Gracias a ella hoy también sabemos que 20.2 por ciento de la población de 18 años y más declaró haber sido discriminada en 2017 por alguna de esas características y/o circunstancias personales, y que 23.3 por ciento de esa misma población consideró que en los pasados cinco años se le negó injustificadamente algún derecho. Mientras la Enadis 2017 permite detectar que hay personas o grupos que padecen en sí mismas distintas formas de la discriminación, la pirámide del odio permite prevenir su radicalización y educar contra ella con mayor éxito. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : ADL [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
La próxima ratificación del Tmec: debate y futuro para México
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Las organizaciones campesinas y las alianzas que éstas han generado (tal es el caso de la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País) son un potencial punto de encuentro para fomentar el diálogo intergeneracional y el intercambio de saberes. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] 11 de febrero de 2019 Por: Balbina Pérez y Layla Vázquez En los últimos años, en las ciudades se ha visto un creciente interés por las problemáticas vinculadas con la salud alimentaria y el medio ambiente. No obstante, pudiera ser que estos esfuerzos han carecido de dos consideraciones importantes para generar impactos significativos y estructurales de transformación: el diálogo intergeneracional y el vínculo con los movimientos campesinos con propuestas alternativas al neoliberalismo. Si bien es esperanzadora la proliferación en ciudades de esfuerzos tales como los huertos urbanos, la venta y producción de alimentos cultivados sin agrotóxicos, la promoción de dietas ancestrales y el comercio justo, entre muchos otros ejemplos, resulta fundamental no perder de vista la continuidad histórica entre estos movimientos campesinos y los ecológicos. Tomando una postura crítica que busca transformar la realidad en los niveles estructural y local, compartimos la preocupación de que la mayor parte de estas iniciativas ambientalistas y saludables tienden a estar construidas de tal manera que sólo son accesibles para sectores privilegiados de la población urbana, e incluso se han convertido en mecanismos de gentrificación de las zonas populares, como en el caso de la Ciudad de México. La experiencia del auge de la comida orgánica es particularmente interesante: anuncia como una innovación, cada vez más mercantilizada, a pesar de ser práctica durante milenios en la producción indígena y campesina. Hacernos esta crítica es necesario, ya que la alimentación saludable está en riesgo de ser cooptada por los intereses privados, en lugar de favorecer a los pueblos que han sido despojados de su modo de vida, enraizado en la tierra y sus territorios. En espacios como la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País, nacida hace más de 11 años, se ha levantado la consigna “alimentos campesinos para todas y todos”. Hoy es fundamental retomar dichas exigencias como un paradigma para evitar que los proyectos de agricultura campesina y/o ecológica, así como los alimentos de calidad, se transformen en privilegios exclusivos de las clases medias altas o en una fuente de lucro. Este tipo de esfuerzos, tanto en el campo como en las ciudades, deben configurarse en apuestas colectivas del cuidado de la naturaleza, así como para garantizar el derecho a la salud, al medio ambiente sano y a la alimentación adecuada de todas las personas. En este mismo sentido, es crucial reconocer el camino ya recorrido por las generaciones anteriores y aprender de ellas. El planteamiento del diálogo intergeneracional, a diferencia del relevo generacional, no busca que las personas jóvenes sustituyan a las mayores, sino una colaboración e intercambio de saberes entre jóvenes, personas adultas, adultas mayores y también las infancias. La apuesta por formas de organización y diálogo donde la toma de decisiones no se concentre únicamente en las personas de determinado rango de edad o un género, sino que sean reflejo de una reflexión colectiva; es también una manera de cuestionar, desde la práctica, las dinámicas de poder que se implantan por inercia dentro de las colectividades; dinámicas que se dan por supuestas debido a una cultura adultocéntrica. Una expresión común de ésta es que, dentro de estructuras organizativas, el rol de las juventudes suele acotarse al aprovechamiento de su “fuerza física”, a su facilidad con el uso de tecnologías y redes sociales, y/o a su “capacidad creativa”. El actuar de las juventudes dentro de los movimientos y las colectividades debe ser tan amplio como amplias son las capacidades de las personas, y ser parte activa de la dinámica de los procesos colectivos en el campo y la ciudad. Asimismo, el diálogo intergeneracional es una herramienta para recuperar la memoria colectiva y, con ella, los referentes históricos, las experiencias cercanas y la posibilidad de nuevas utopías. La urgencia de este diálogo se hace patente en el contexto político actual. En los últimos años, durante las discusiones alrededor del modelo del libre comercio, y particularmente sobre la renegociación del TLCAN (ahora llamado Tmec), fueron evidentes las dificultades y la falta de información de las generaciones más jóvenes para tomar una postura crítica y consciente respecto a las implicaciones de dicho modelo. Las personas jóvenes tenemos el reto de recuperar la memoria histórica sobre el origen de la actual situación de precariedad y despojo generalizado, por un lado, y las esperanzas gestadas principalmente en el sur del país y del globo, por el otro; y para ello es necesario escuchar a las personas que, haciéndose cargo de su realidad, ya reflexionaron y se siguen organizando y actuando por la construcción de alternativas al neoliberalismo. Este cruce entre el diálogo intergeneracional y la alianza con los movimientos campesinos en México nos lleva a comprender que el campo es nuestra primera línea de defensa de otros derechos humanos. A las denuncias históricas del desmantelamiento de la economía y del tejido social de las comunidades indígenas y campesinas, dado en las últimas décadas del siglo XX y las del presente siglo, se aúna que la crisis de derechos humanos que se vive actualmente en el país es consecuencia, entre diversas razones, de este paulatino desmantelamiento, que tuvo como resultado enormes flujos migratorios a las ciudades, así como la proliferación del narcotráfico y el crimen organizado precisamente en las zonas rurales. De igual manera, las políticas económicas que afectaron la producción campesina y proliferaron la importación masiva de alimentos desencadenó la epidemia de malnutrición que hoy aqueja a la población. Las organizaciones campesinas y las alianzas que éstas han generado (tal es el caso de la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País) son un potencial punto de encuentro para fomentar el diálogo intergeneracional y el intercambio de saberes, en el que se puede y debe aprovechar las condiciones actuales que favorecen posturas a favor de la soberanía alimentaria y
Prisión preventiva oficiosa
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Diversos organismos internacionales de derechos humanos han externado su preocupación respecto a esta iniciativa, que es riesgosa en un país como México, en el que las detenciones arbitrarias y la falsa imputación de delitos es una constante diaria. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 02 de febrero de 2019 Miguel Concha El Senado de la República aprobó el pasado 6 de diciembre, con 91 votos a favor y 18 en contra, un proyecto por el cual se busca reformar el artículo 19 de la Constitución, con el propósito de aumentar el catálogo de delitos, cuya prisión preventiva es de carácter oficioso. Entre ellos destacan el abuso sexual contra menores; el feminicidio; la desaparición forzada; la desaparición por particulares; el robo a transporte en cualquiera de sus modalidades; el uso de programas sociales con fines electorales, así como delitos en materia de hidrocarburos y corrupción. Cabe señalar que la prisión preventiva es una medida cautelar contemplada en el artículo 19 de la Constitución y en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y consiste en una excepción a la libertad, que tiene por finalidad, de acuerdo con las normas, garantizar la integridad y seguridad de las víctimas y testigos, evitando así que el indiciado se sustraiga de la justicia. Es pertinente mencionar que si un delito no es contemplado en el catálogo de conductas sujetas a prisión preventiva oficiosa, el Ministerio Público, como lo señala el citado artículo constitucional, puede solicitarla, siempre y cuando sea justificable, obren elementos que demuestren la existencia de un riesgo para las víctimas, y que el uso de las demás medidas cautelares no sean suficientes para garantizar su seguridad. Diversos organismos internacionales de derechos humanos han externado su preocupación respecto a esta iniciativa. En múltiples comunicaciones emitidas al Estado mexicano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha mencionado que esta figura, además de atentar contra la libertad personal y el principio de presunción de inocencia, es utilizada como una pena anticipada, calificándola también como una intervención directa del Poder Legislativo en el Judicial, al dictar de qué manera éste debe proceder al valorar el uso de esta medida. La CIDH ha señalado, asimismo, que cuando la aplicación de la prisión preventiva se hace con base en criterios, como el tipo de delito por el que se procesa a la persona, y por tanto se vuelve obligatoria por imperio de la ley, la situación es aún más grave, porque está codificando por vía legislativa el debate judicial, y por tanto limitándose la posibilidad de los jueces de valorar su necesidad y procedencia de acuerdo al caso en específico. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU ha manifestado en este mismo sentido que la imposición de la prisión preventiva automática u oficiosa para ciertos delitos constituye una eliminación de la presunción de inocencia, pues aquellos acusados de dichas ofensas son detenidos automáticamente sin una consideración ponderada de las medidas restrictivas alternativas de la detención, distintas a la privación de la libertad. Tal situación es especialmente preocupante en un país como México, en el que las detenciones arbitrarias y la falsa imputación de delitos es una constante, impactando, por ejemplo, en personas de escasos recursos, defensoras de derechos humanos y líderes de movimientos sociales. Ante tal situación, no podemos ser omisos sobre la realidad de nuestra nación. La de un México que atraviesa su peor crisis en materia de derechos humanos, caracterizada por las altas tasas de delitos que quedan en la impunidad. Un país de miles de desaparecidos, cientos de fosas clandestinas y con una creciente violencia feminicida en los años recientes. Si bien es cierto que es necesaria la implementación de medidas que contribuyan a combatir estos males sociales, es imperativo regular el uso de la prisión preventiva bajo los principios de excepcionalidad, justificación, legalidad y necesidad, siempre en apego a los más altos estándares internacionales en la materia. Esto, además de la necesidad de enfocar nuestras críticas y exigencias en el adecuado funcionamiento de las instituciones de procuración e impartición de justicia. Espacios donde se gesta el ciclo de la impunidad y la corrupción. Esta iniciativa será discutida en el periodo ordinario de sesiones que inicia la Cámara de Diputados la próxima semana, para lo cual, en un formato de audiencias públicas, se ha convocado a la instalación de mesas de trabajo con la participación de diversos académicos, especialistas y organizaciones de la sociedad civil, con la finalidad de profundizar más en su discusión y análisis. Lo que, dado las opiniones diversas que se han manifestado, es más que pertinente. Pienso que al igual que en otros temas, en el Congreso de la Unión no debieran precipitarse y mucho menos constitucionalizar un asunto tan delicado para el futuro de la nación. Sería oportuno, además, no convertir a la Constitución en un manual de casuística, habiendo como hay, o debe haber, otro tipo de ordenamientos jurídicos y sobre todo de procedimientos institucionales eficaces, para hacer efectiva la justicia. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Juanky Pamies Alcubilla [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
