Reconocimiento «El Sembrador» a Miguel Concha Malo
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] El reconocimiento «El Sembrador» es otorgado por las organizaciones civiles: Centro de Estudios Ecuménicos, Convergencia Civil AC, Centro Operacional de la Vivienda y Poblamiento (COPEVI), Servicios para el desarrollo y la paz (SEDEPAC), Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos A.C.,Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe, ADECO, Acciones para el Desarrollo Comunitario A.C. Este año, será entregado a Miguel Concha Malo en reconocimiento a su aportación a la vida democrática y la defensa de los derechos humanos. Entrada libre. Viernes 23 de noviembre del 2018. 16:00 hrs Centro Universitario Cultural | Odontología 35, Copilco Universidad, 04360 Ciudad de México, CDMX [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_GoogleMap_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widgets_ContactForm_Widget»][/siteorigin_widget]
La impunidad, el acceso a la justicia y la justiciabilidad de los DESCA en México : Informe Paralelo EPU 2018
[et_pb_section fb_built=»1″ _builder_version=»3.22″][et_pb_row _builder_version=»3.25″ background_size=»initial» background_position=»top_left» background_repeat=»repeat»][et_pb_column type=»4_4″ _builder_version=»3.25″ custom_padding=»|||» custom_padding__hover=»|||»][et_pb_text _builder_version=»3.27.4″ background_size=»initial» background_position=»top_left» background_repeat=»repeat»] Al final de su último EPU en 2013, el Estado mexicano aceptó 166 recomendaciones. Sin embargo, en los últimos años se ha constatado un retroceso significativo y una falta de voluntad por parte del Estado al desatender, rechazar e incluso descalificar las resoluciones, recomendaciones y declaraciones del sistema universal. Aunado a todo esto, el no solicitar y utilizar asesoría internacional para generar y construir una política efectiva que combata la impunidad en el país pone de manifiesto la carencia de un firme compromiso por parte del Estado en materia de cumplimiento. Consecuentemente, este informe se centra en tres temas principales que surgen de las 166 recomendaciones que México aceptó en 2013: acceso a la justicia, lucha contra la impunidad, y justiciabilidad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Este informe fue escrito por el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A.C.. El Centro es una ONG de la Orden de Predicadores. Provincia de Santiago, México. El Centro es una organización independiente y sin fines de lucro que se caracteriza por mantener una visión integral de los derechos humanos desde una posición crítica, que asume su responsabilidad en la construcción de un Estado plural, diverso, laico y democrático. El Centro tiene como fin defender y promover la integralidad de los derechos humanos, especialmente entre los sectores más vulnerables o discriminados. Dominicans for Justice and Peace (Order of Preachers) revisó el informe. Esta asociación de derecho suizo fue creada en 1998 y obtuvo el estatus consultivo ECOSOC en el 2002. La asociación tiene su sede en Ginebra y representa la Orden de Predicadores (Dominicos) ante las Naciones Unidas en ese lugar. La asociación trabaja con los mecanismos de las Naciones Unidas para apoyar el trabajo de los Dominicos(as) en el mundo en favor de la protección y de la defensa de los derechos humanos y del medio ambiente. [/et_pb_text][et_pb_button button_url=»https://drive.google.com/file/d/1QfRsTs6YpZFi8TGpqMMUZKFQD3qneuff/view?usp=sharing» button_text=»Descargar documento» _builder_version=»4.7.3″ _module_preset=»default» custom_button=»on» button_text_color=»#ffffff» button_bg_color=»#000000″ button_border_width=»1px» button_border_color=»rgba(0,0,0,0)» button_icon=»%%246%%» button_icon_color=»#2bbfd8″ hover_enabled=»0″ locked=»off» sticky_enabled=»0″ button_alignment=»center»][/et_pb_button][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]
Primer Informe del Comité Alerta CDMX
[et_pb_section fb_built=»1″ _builder_version=»3.22″][et_pb_row _builder_version=»3.25″ background_size=»initial» background_position=»top_left» background_repeat=»repeat»][et_pb_column type=»4_4″ _builder_version=»3.25″ custom_padding=»|||» custom_padding__hover=»|||»][et_pb_text _builder_version=»3.27.4″ background_size=»initial» background_position=»top_left» background_repeat=»repeat»] El presente Informe responde al proceso que surgió a partir de la Solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) para la Ciudad de México, específicamente al lapso de los seis meses que tuvo el Gobierno de la Ciudad posterior a la aceptación de las seis medidas urgentes y a lo referido en las 20 conclusiones contenidas en el Informe del Grupo de Trabajo para atenderlas. El objetivo de este Informe es dotar al Grupo de Trabajo de una herramienta que coadyuve el proceso de la Declaración de la AVGM en la Ciudad de México, así como dar a conocer a la población en general lo que, según nuestras investigaciones y experticias, hizo y debería haber realizado el Gobierno para atender apropiadamente la Solicitud de la AVGM. El Informe se encuentra dividido por capítulos. Así pues, los capítulos I-V contienen lo concerniente a las 20 conclusiones del Grupo de Trabajo. Por esta razón, empleamos la misma clasificación que el Grupo de Trabajo, es decir: las relacionadas con el acceso a la información; las relacionadas con capacidades institucionales. Tanto de estructura como de desempeño; las referidas a procuración e impartición de justicia; las referidas a los protocolos de actuación relacionados con la no localización de mujeres; y las concernientes a la armonización del marco normativo local. Dentro de cada uno de los primeros cinco capítulos se encuentran tres apartados: Hallazgos del Grupo de Trabajo; Comprobaciones del Comité Alerta CDMX; y Deber ser. Posteriormente, el Capítulo VI: Mesa de trabajo interinstitucional para dar seguimiento a los casos de muertes violentas, hablará sobre la Medida Urgente número uno, previamente aceptada por el Gobierno de la Ciudad de México, entendiéndola como una de las medidas que, en su desarrollo, incluye mucho de lo referido en el Informe del Grupo de trabajo, pues se sientan las principaes instituciones encargadas de atender la violencia contra las mujeres. Finalmente, el Capítulo VII: Pertinencia de la AVGM en la Ciudad de México, abordará la visión del Comité Alerta CDMX con respecto a la necesidad de la declaratoria de la AVGM en la Ciudad de México, seguida de nuestras Conclusiones Generales. [/et_pb_text][et_pb_button button_url=»https://drive.google.com/file/d/1X1T-IHPL7TCne8PoQTrqcnfy-5mZEk1L/view?usp=sharing» button_text=»Descargar documento» button_alignment=»center» _builder_version=»4.7.3″ _module_preset=»default» custom_button=»on» button_text_color=»#ffffff» button_bg_color=»#000000″ button_border_width=»1px» button_border_color=»rgba(0,0,0,0)» button_icon=»%%246%%» button_icon_color=»#2bbfd8″ hover_enabled=»0″ locked=»off» sticky_enabled=»0″][/et_pb_button][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]
¿La Suprema Corte está enterada de la guerra?
Como el Presidente de la República y el Congreso de la Unión en diciembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cerró sus puertas a las víctimas de la violencia. El pasado 2 de octubre, nuestro colectivo –integrado por más de 300 organizaciones y personas– presentó una solicitud dirigida a las ministras y ministros para la realización de audiencias públicas sobre la Ley de Seguridad Interior. Para que abrieran la justicia constitucional en medio de la crisis de violencia que padecemos y que esa Ley busca perpetuar. Nos han dicho que no y no solo eso: El Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo ya ha hecho público un proyecto que empezaría a discutirse por el Pleno a partir del próximo 12 de noviembre. En sus 501 páginas el proyecto invisibiliza a las víctimas y a la guerra misma. Propone declarar inconstitucionales 7 artículos, modificar 4 y declarar la validez de 23 de los 34 que integran la ley. Aunque la propuesta invalida algunas de las partes más graves de la Ley, deja intacta la parte central de la misma y requiere que al menos 8 de las 11 ministras y ministros voten por eliminar dichas partes. Sin embargo, los riesgos de mantener al ejército en las calles, sin mecanismos efectivos de control, subsisten. Por ello, desde #SeguridadSinGuerra consideramos que el proyecto es deficiente y es también un mensaje de impunidad. No basta, por ejemplo, con quitarle la facultad al presidente para emitir una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior si no es a petición de los estados, como lo propone el Ministro. Tampoco con eliminar la reserva sobre toda la información generada bajo la aplicación de la ley por considerarse de seguridad Nacional. Una sentencia constitucional apegada a los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos no debe permitir que un concepto como el de “Seguridad Interior” , que es el corazón de la ley, sea considerado constitucional. ¿Está enterado el Ministro Pardo de los abusos que por 12 años se han cometido aun sin esa ley debido a la actuación de militares y marinos que no están capacitados para realizar labores de seguridad pública? Si el proyecto fuera aprobado en sus términos por la SCJN, establecería un procedimiento de suspensión de derechos y garantías sin los controles establecidos en el artículo 29 constitucional, lo cual además contraviene el Pacto Internacional de derechos civiles y políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Si ese proyecto es lo máximo que el Alto Tribunal puede ofrecerle a un país al que le urge la paz, la demanda al nuevo Congreso para abrogar la Ley de Seguridad Interior es más pertinente que nunca. La fuerza política vencedora en la pasada elección puede y debe impulsar su eliminación del orden jurídico mexicano de una vez por todas. No se puede construir paz con una ley que, al mantener el paradigma de la militarización de la seguridad pública, camina en contra de los legítimos esfuerzos por escuchar a las víctimas del país y construir mecanismos de justicia transicional. ¿Morena y el presidente electo están realmente oyendo lo que se ha dicho en las escuchas nacionales? No hay necesidad de esperar la sentencia de la SCJN. El momento demanda congruencia y responsabilidad. Entender que lo que deberíamos estar construyendo es una auténtica política de fortalecimiento y dignificación de las policías en todo el país en vez de falsas soluciones y hasta peticiones de aplicación de la Ley de Seguridad Interior, como la aprobada desde el Congreso de Sonora, impulsada por Morena. No a la militarización disfrazada de guardia civil ni al aumento de tropas. No a sentencias como salidas políticas. Atentamente #SeguridadSinGuerra Imagen destacada : #SeguridadSinGuerra
Justicia para Tepoztlán
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Requerimos un sistema de justicia que ayude a poner fin a conflictos que profundizan los problemas sociales y abren la posibilidad de salidas negociadas ilegalmente. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 27 de octubre de 2018 Miguel Concha En 1995 Tepoztlán llamó la atención del mundo por oponerse a la construcción de un club de golf que se anunciaba como el más moderno de América Latina. Este proyecto implicaba cortar árboles, sembrar hectáreas con un solo pasto, aplicar herbicidas, desperdicio, contaminación del agua y la construcción de un fraccionamiento de lujo. A todas luces un grave daño al medio ambiente. Para impedirlo, el pueblo luchó con el apoyo de personas avecindadas, y otras aliadas a escala nacional e internacional. La historia inició desde la década de los años 60 del siglo pasado, cuando para construir el club de golf algunos empresarios se apropiaron ilegalmente de 280 hectáreas de las tierras comunales de Tepoztlán. En ese entonces el pueblo se opuso y lo detuvo con la movilización y una trágica muerte. Sin embargo, 30 años después el proyecto nuevamente revivió. En los años 90 el triunfo costó otra vida y el megadesarrollo se paró. En ese entonces se destituyó también a las autoridades que lo habían autorizado y se nombraron otras en asamblea. Con la fuerza acumulada, en 1999 el pueblo decidió acudir a los tribunales, pues sólo de esa manera se pensaba que no volvería la amenaza a su territorio. Con fundamento en la resolución presidencial, por la que el gobierno le reconoció a Tepoztlán la propiedad de 26 mil hectáreas, se planteó e inició un juicio de restitución en contra de la empresa Pirámide y Convento. El proceso judicial cumple 19 años y ha pasado por diversas instancias. Ha recibido cuatro resoluciones en su favor del Tribunal Unitario Agrario, y siete del Superior Agrario. Con poca fortuna, el pasado 5 de septiembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hizo público un proyecto de sentencia que propone amparar a la empresa, el cual sería votado por su segunda sala. La resolución sería contraria a los derechos de la comunidad por varias razones. La primera, porque durante estos 19 años la empresa no ha logrado probar que la superficie en disputa es privada, pues la normatividad señalaba que para que éstas procedieran era necesario cumplir con estos requisitos: 1) La resolución presidencial debió señalar la existencia de propiedades particulares dentro de su perímetro comunal. Esta posibilidad no se abrió en la resolución de Tepoztlán. 2) La solicitud de exclusión debió presentarse dentro de los cinco años posteriores a la titulación de Tepoztlán (1929). Por tanto los interesados tuvieron hasta 1934 para iniciar el procedimiento de exclusión; lo que no sucedió. 3) Los interesados debieron acreditar la posesión cuando menos cinco años antes de la fecha de la solicitud del núcleo agrario (1921); lo que tampoco sucedió. 4) Dentro del supuesto procedimiento de exclusión se debió oír a la comunidad, y ésta debió manifestar su conformidad; lo que nunca tuvo lugar. 5) El procedimiento de exclusión debió culminar con una resolución administrativa del Cuerpo Consultivo Agrario, lo que tampoco sucedió, pues los oficios de exclusión presentados por la empresa fueron firmados por un funcionario menor, sin las atribuciones de ley, y por tanto resultan inválidos. En consecuencia la superficie en disputa es comunal, y por naturaleza inalienable, imprescriptible e inembargable. Además, el proyecto de la SCJN en ninguna de sus páginas hace alusión a alguna normatividad de origen nacional o internacional relacionada con pueblos originarios. ¿Dónde queda entonces la obligación de proteger los territorios indígenas establecida en los artículos 1, 2 y 27 constitucionales? ¿Y el parámetro de regularidad constitucional conformado por todos los instrumentos internacionales ratificados por México aplicables a estos pueblos? Ante esta omisión, el proyecto no puede ser aprobado. Se puede entender que el proyecto de sentencia que perfila la SCJN apoya los intereses económicos que están involucrados, como los del ex presidente Luis Echeverría y sus hijos; los de Óscar Fernández Malvido, del grupo Maizoro; los del empresario salinista Luis Slim Sayeg, del Grupo Carso; los de Xóchitl de Garay, Gabriel Haddad y Eduardo Abud, del Grupo ICA; así como los de Rafael Fernández McGregor, del Grupo Ixe; de Carlos González Barquera, de Té Laggs y de Ricardo Salinas Pliego de TV Azteca, como lo documentó en 2012 el investigador Luciano Concheiro Bórquez en su libro Zapata cabalga por el Tepozteco. El tema de fondo es si se respeta la decisión de las comunidades de seguir manteniendo sus tierras, protegiendo el ambiente y conservando sus costumbres. En suma, decidir el modelo de vida que quieran seguir, o si se les impondrán ilegalmente proyectos depredadores llamados de muerte. Exigimos que la SCJN resuelva en favor de la comunidad de Tepoztlán y dé por concluido un problema que por tantos años genera tensión social y amenaza con la imposición de un club de golf. Requerimos un sistema de justicia que ayude a poner fin a conflictos que profundizan los problemas sociales y abren la posibilidad de salidas negociadas ilegalmente. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : EjAtlas [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Clausura de la 16a generación de La Escuelita (EDJDH)
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] La Escuelita es un proyecto de formación política de ocho meses de duración para jóvenes en donde se aprende y comparten experiencias y saberes sobre la defensa y promoción de los derechos humanos desde una visión crítica y propositiva de la realidad. Durante 16 años consecutivos, la Escuelita se ha nutrido de toda una gama de experiencias, saberes, conocimientos y perspectivas para la defensa y promoción de los derechos humanos que ha acompañado a cientos de personas jóvenes en sus tareas encaminadas a la búsqueda de condiciones más justas y dignas. Es un espacio en donde nos indignamos y nos organizamos frente a una realidad de abrumadoras violaciones a los derechos humanos y constante deshumanización. Con el motivo del cierre de la 16a generación, les invitamos a encontrarnos, conocer algunos de los proyectos que lxs integrantes de esta generación realizarán en sus comunidades y universidades y también para compartir experiencias a lo largo de los años en el marco de este proyecto y proceso, fundamental para el CDHVitoria. Entrada libre. Sábado 27 de octubre SALA 22 DEL CUC (Centro Universitario Cultural): Odontología 35 Col. Copilco-Universidad, Del. Coyoacán, Ciudad de México. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_GoogleMap_Widget»][/siteorigin_widget]
Parlamento abierto
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Las decisiones que nos afectan a todos ya no pueden ser monopolio de las autoridades electas, sino que la ciudadanía tiene el derecho humano de intervenir en las mismas, tal y como lo establece Declaración Universal de los DH [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 20 de octubre de 2018 Miguel Concha Diversos son los temas en los que la Constitución política de Ciudad de México pretendió innovar en la conducción de la vida pública, y cuya puesta en práctica podría contribuir al mejoramiento de las prácticas políticas, no sólo de la capital, sino de todo el país. Una de estas innovaciones es la que establece el artículo 29.A.4, que reza: El Congreso de Ciudad de México se regirá por los principios de Parlamento Abierto. Las diputadas y diputados establecerán mecanismos de audiencia y rendición de cuentas que garanticen su responsabilidad frente al electorado. Desde hace varios años se ha venido discutiendo este asunto, no siempre entendido de la mejor manera. Para algunos, por gobierno o por Parlamento Abierto se entiende que dispongan de páginas electrónicas; para otros que abran su información al público, y que ésta sea proporcionada con datos abiertos. Tales cosas son importantes y necesarias, pero no suficientes. Trascender las nociones inmediatistas del asunto, requiere tener en cuenta dos cambios fundamentales que se han operado en la vida pública. Por un lado, que las decisiones que nos afectan a todos ya no pueden ser monopolio de las autoridades electas, sino que la ciudadanía tiene el derecho humano de intervenir en las mismas, tal y como lo establece el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la observación general correspondiente, en el sentido de que las legislaciones establezcan las facultades y los medios por los cuales cada ciudadano ejerce el derecho a participar en la gestión de los asuntos públicos. Lo que se ha reconocido como democracia participativa. Por otro lado, la ciencia política ha avanzado en esta misma línea, cuando pone en el centro de la discusión contemporánea de la vida pública el tema de la gobernanza, comprendiendo por ello la intervención en el gobierno de actores no estatales, y la formación de redes entre actores de la sociedad civil y gobiernos. Con apoyos conceptuales tan fuertes como éstos, algunos especialistas hablan no sólo de gobierno abierto, sino incluso de Estado abierto, lo cual implica no únicamente los datos, sino también los procesos. Esta tendencia se asienta en valores fundamentales, como la transparencia, el hacer pública la información que de suyo es de todos, pero también la participación, entendiendo por tal el derecho de la ciudadanía a participar activamente en la formulación de políticas públicas, y el colaborar y aportar así a las administraciones el conocimiento y la experiencia de los ciudadanos. Es cierto que la mayor parte de las reflexiones y experiencias son más sobre el Poder Ejecutivo que sobre el Legislativo, pero crecientemente se demanda lo mismo a los parlamentos. Lo que tiene que ver con tres asuntos básicos para la democratización en la formulación de las leyes: a) circular la información de manera accesible, apropiada y reutilizable, con el fin de que se pueda hacer el monitoreo a los legisladores; b) establecer canales para recabar la información de las propuestas de los ciudadanos, con el propósito de que tengan respuesta en las leyes, y c) establecer, para el mayor alcance y legitimidad del resultado legislativo, instrumentos eficaces para la deliberación entre las comisiones parlamentarias y el público interesado. Tales asuntos podrían parecer un exceso en las demandas de participación de la ciudadanía, pero en el propio proceso de elaboración de la Constitución de la ciudad las prácticas de Parlamento Abierto fueron más benéficas que perjudiciales. Cuando la Asamblea Constituyente abrió las puertas, se recibieron diversas iniciativas de temas o capítulos, tanto de legisladores como de grupos académicos y civiles, y de cerca de mil 500 recibidas, casi dos terceras partes fueron de la ciudadanía, mismas que fueron sistematizadas y puestas también a disposición del público. Quienes elaboraron propuestas tenían abierta la opción de ir a argumentar a favor de sus planteamientos con las comisiones correspondientes. Con todo ello la Constitución no sufrió ningún retraso en el tiempo establecido para su promulgación y sí, en cambio, enriqueció sus contenidos, generándose un texto cuya calidad ha sido ratificada por la Suprema Corte de Justicia, a partir de la respuesta que dio a las diversas impugnaciones políticamente intencionadas que se formularon. La puesta al día de la vida pública de la ciudad, por medio de su democratización, es un asunto que continúa estando en los primeros lugares de la agenda de las organizaciones civiles. Particularmente de aquellas que han anunciado su proposito de promover el Parlamento Abierto en la ciudad, especialmente necesario ahora que se abre la discusión sobre las leyes que le darán mayor concreción a los mandatos constitucionales. Esperemos que esta colaboración ciudadana se transforme en las normas, canales e instrumentos que nos permitan tener mejores leyes y más democracia. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Jorge Aguilar [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Pese a agudización de los feminicidios, CONAVIM frena Declaratoria de AVG en la CDMX
-Gobierno de la Ciudad de México incumple su obligación de presentar en tiempo el informe de las acciones implementadas, derivadas de la solicitud de (Alerta de Violencia de Género) AVGM -Dilata organismo estatus de la solicitud de AVGM para CDMX -Familiares de víctimas de feminicidio y Organizaciones de la Sociedad Civil exigen que la Declaratoria sea emitida en el periodo de este gobierno sin mayores dilaciones. Ante la violencia feminicida desbordada en la ciudad de México, Justicia Pro Persona, A.C. y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, O.P., A.C., solicitamos la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) el 07 de septiembre de 2017. Desde el momento de la solicitud, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) ha dilatado el cumplimiento de sus obligaciones, situación que ha llevado a que exista un retraso en la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género contra las mujeres en la Ciudad de México, misma que tiene por objeto detener y erradicar la violencia feminicida a través de acciones gubernamentales de emergencia. El 02 de octubre de 2018 venció el plazo de los seis meses establecidos en el Reglamento para que la Comisión Nacional solicitara al titular del Poder Ejecutivo de la Ciudad de México el informe en el que dé cuenta sobre las acciones implementadas para cumplir las recomendaciones hechas por el grupo de trabajo, tanto en las medidas urgentes como en el informe realizado por el Grupo de Trabajo a fin de detener la violencia feminicida. No obstante, hoy se cumplen 15 días del vencimiento del plazo y no conocemos el Informe que el Gobierno está obligado a entregar al Grupo de Trabajo, para que éste último pueda emitir un dictamen. En ese sentido, tenemos conocimiento de que el Gobierno de la Ciudad de México solicitó una prórroga y el Grupo de Trabajo determinó otorgarla. Al respecto, es importante mencionar que las organizaciones peticionarias, mismas que formamos parte del proceso no fuimos consultadas. Derivado de lo anterior, hacemos hincapié en la importancia de atender la Solicitud de AVGM de manera pronta y expedita, puesto que es un mecanismo de emergencia diseñado para reaccionar de forma urgente frente a la grave situación de violencia feminicida en un territorio determinado y las dilaciones en las que han incurrido tanto CONAVIM como el Gobierno de la Ciudad de México derivan en el incumplimiento de sus obligaciones para garantizar a las mujeres que vivimos y transitamos en la Ciudad de México una vida libre de violencia. Además, es pertinente señalar que las acciones que hasta el momento hayan emprendido los diferentes poderes de la Ciudad de México dirigidas para detener y erradicar la violencia feminicida, son solo un piso mínimo, pues el período de seis meses resulta insuficiente para atacar las causas estructurales de esta violencia, por tanto es imperioso que se declare a la brevedad la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, toda vez que a través de esta declaratoria se permite implementar las medidas urgentes que ataquen de manera estructural la violencia feminicida y de esta forma detenerla y erradicarla. En ese sentido, desconocemos la prórroga para que el gobierno de la Ciudad de México emita su informe y exigimos al Gobierno que entregue dicho informe de manera inmediata a fin de que el Grupo de Trabajo pueda emitir el dictamen correspondiente y finalmente se declare la Alerta de Violencia de Género en la Ciudad de México. Frente a esta dilación y la omisión de las autoridades federales y de la Ciudad de México como organizaciones peticionarias de la Alerta de Violencia de Género para la Ciudad de México exigimos al Gobierno Federal actual: -Que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) declare de manera inmediata la Alerta de Violencia de Género, previo la emisión correspondiente del dictamen del Grupo de Trabajo. -Informe a las y los familiares de víctimas de feminicidio y desaparición, y organizaciones peticionarias, la situación actual del proceso de solicitud de AVG, así como de las medidas implementadas y el plan de trabajo propuesto por la CONAVIM para garantizar la efectiva implementación del dictamen. -Atienda de manera urgente la problemática de los feminicidios, desaparición de mujeres y niñas, los cuales pueden estar ligados a otros delitos como la trata de personas, sin deslindarse o delegar desde ya estas responsabilidades a los nuevos gobiernos. ATENTAMENTE Justicia Pro Persona A.C. Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A.C. Fotografía destacada : Esx Queso
La Batalla del Volcán
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] México intenta ahora iniciar un proceso de “pacificación”, no en las mismas condiciones de la guerra civil salvadoreña, pero sí teniendo en común una espiral de violencia que parece interminable. Casos como el salvadoreño nos comparten pistas de lo que no se debe volver a repetir: legitimar y legalizar regímenes militares, ni mucho menos usar la fuerza del Estado en contra de su propia población. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] 14 de octubre de 2018 Por: Carlos A. Ventura* América Latina y el Caribe cuenta, por desgracia, con historias de dolor y represión. Se cuentan además errores y acciones de gobierno en el uso de modelos de seguridad de corte militarista; con ello se ha violentado la dignidad de las personas y sus derechos humanos. Esto lo podemos constatar nada más con revisar la última mitad del siglo veinte. El uso de lo que se conoce como la doctrina de la seguridad nacional hizo que miles de personas fueran ejecutadas, violentadas, y se arrastren secuelas e impactos profundos, después de décadas, en las vidas e historias de las personas y de la sociedad en general. En particular Centroamérica, mayormente en la década de los ochenta, enfrentó momentos de conflictos violentos, donde el Estado usó toda su maquinaria militar para exterminar a quienes se oponían al régimen autoritario y opresor que se imponía. Así sucedió en El Salvador, donde el proceso de búsqueda de justicia y libertad que emprendió, por ejemplo, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) duró más de una década. Hoy sabemos ampliamente que la injusticia que enfrentaba el pueblo salvadoreño también se combatió con la postura revolucionaria que exigía, de distintas y legítimas maneras, un cambio de raíz. Para el año de 1989, ya había transcurrido casi una década de conflicto. Es precisamente esta etapa de la historia, que aborda con detalle el documental “La Batalla del Volcán” (2018), presentado en el marco del Festival DocsMx 2018. Se trata de un largometraje, dirigido por Julio López, que nos acerca a la voz de aquellas y aquellos que fueron parte de uno de los momentos más álgidos del conflicto salvadoreño: la ofensiva hasta el tope. El documental nos plantea la importante labor de hacer memoria histórica. Entendida ésta como la que emerge desde las historias de las y los de abajo, de aquellas y aquellos que fueron perseguidos, criminalizados, vilipendiados, y, por muchos intentos, quisieron borrarles de la memoria oficial (la que construyen desde el status quo). Sin embargo, y para nuestra fortuna, documentales como este se esfuerzan en traer a nuestra memoria personal, las memorias directas de aquellas personas protagonistas de episodios de liberación para los pueblos oprimidos. Por otro lado, deja constancia de lo que enfrentaron pueblos enteros para avanzar en la lucha por la justicia y el respeto de sus derechos. Así también, nos invita a reflexionar sobre lo que suscita el paso de los años, y cómo se enfrentan los recuerdos, reconociendo que preponderó en la historia un relato de resistencia y esperanza compartida en otros mundos posibles, y no el fatalismo y la derrota que muy seguramente es conveniente para unos cuantos. Incluso nos pide atender lo que allí se plasma, para no repetirlo, y también para concientizar más que somos producto de muchas décadas atrás de procesos de búsqueda de justicia, por lo menos desde la segunda mitad del siglo pasado, y los primeros lustros del veintiuno. Así, a través del documental, conocemos un reservorio de fuerza moral para alimentar la esperanza en la crisis multidimensional de nuestro inicio de siglo. Valga la mención de la cercana canonización del Arzobispo de El Salvador, Mons. Óscar Arnulfo Romero, quien en el año de 1980 fue asesinado por el régimen autoritario que gobernaba ese país, debido a su postura firme a favor de los derechos humanos y la denuncia de la injusticia. Tal como sucedió también con los mártires de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), en el año de 1989. Qué importante para la memoria histórica, pero sobre todo para la vigencia de los derechos humanos, contar con testimonios de este tipo. Me explico. México intenta ahora iniciar un proceso de “pacificación”, un tipo de “cese a la guerra”, muy seguramente no en las mismas condiciones de la guerra civil salvadoreña, pero sí teniendo en común una espiral de violencia que parece interminable. Lo cierto es que casos como el salvadoreño nos comparten pistas de lo que no se debe volver a repetir: legitimar y legalizar regímenes militares, ni mucho menos usar la fuerza del Estado en contra de su propia población. Una lección más: la importancia de atender efectivamente procesos de construcción de Paz, de Verdad, Memoria, Justicia, Reparación y Atención a la Víctimas y las necesarias Garantías de No Repetición, que llevan tiempo, y se enfrentan a intentos de regresión y obstaculización. El caso salvadoreño es ejemplo de esos pueblos que pasaron de un conflicto a un estado de posconflicto, buscando en todo momento revertir las causas estructurales que les llevaron a esos niveles de violencia. ¿Se logró esto? Lo que sí sabemos es que los procesos de liberación, acceso a la justicia y construcción de paz pasan por etapas de largo tiempo. Para El Salvador todavía existen muchos pendientes desde la firma de sus Acuerdos de Paz; para México, toca avanzar en el camino que debemos seguir para hallar la verdad y la justicia. En América Latina y el Caribe, vale decir: seguir organizándose social y políticamente para hacer real la vigencia y centralidad de los derechos humanos, frente al avance de grupos que, a su particular manera, atentan contra la vida y dignidad de personas y pueblos. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] * Carlos A. Ventura Callejas es Coordinador General del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A. C. (@CDHVitoria). Consultar artículo en Animal Político. Imagen destacada: Francisco Chico Campos [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Defensor de los derechos de los pobres
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Monseñor Romero defendió los derechos humanos de los pobres no desde fuera, como persona que contempla el conflicto desde la neutralidad, sino implicándose en él hasta mancharse las manos y tomar partido. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 13 de octubre de 2018 Miguel Concha Mañana, domingo 14 de octubre, Francisco proclamará oficialmente como santo en el Vaticano a Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, arzobispo de San Salvador entre los años 1977 y 1980, y quien fuera asesinado por un sicario cuando celebraba misa el 24 de marzo de aquel año, como resultado de una conspiración en la que estuvieron envueltos el mayor del ejército salvadoreño Roberto d’Aubuisson y el capitán Álvaro Rafael Saravia. Con ello el Papa da cumplimiento a las expectativas de muchos creyentes y no creyentes, quienes desde su muerte lo reconocieron como profeta y mártir de la justicia en América Latina y el Caribe. Esclarecidas las incomprensiones y animadversiones de las que fue objeto, incluso por parte de algunos de sus hermanos en el episcopado, y seguido puntualmente el proceso canónico que aprueba sus enseñanzas y actuación como pastor en la Iglesia católica, el 23 de mayo de 2015 fue también declarado beato a nombre de Francisco por el cardenal italiano Angelo Amato, prefecto de la congregación católica para las causas de los santos, en una celebración multitudinaria. Son muchas las significaciones que en el mundo han pretendido desentrañarse de su trayectoria y, sobre todo, de su obra como pastor de la arquidiócesis de San Salvador en los años previos a la guerra civil en este hermano país. Por razones de brevedad me quiero referir aquí a las que subraya Juan José Tamayo, director de la Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones Ignacio Ellacuría, en la Universidad Carlos III de Madrid, en la conferencia inaugural del Encuentro Internacional sobre Cultura de Paz en El Salvador, Educación, Memoria y Justicia Transicional, en septiembre del año pasado. Para este teólogo español, preocupado por las mistificaciones acríticas que pueden hacerse de la figura de Monseñor Romero después de su canonización, y quien forma parte de la red Amerindia de católicos con espíritu ecuménico, abiertos al diálogo y a la cooperación interreligiosa con otras instituciones, es necesario en nuestros días recuperar su figura como modelo y ejemplo de un cristianismo liberador y de una ciudadanía crítica, activa y participativa. Además de estas dos especificaciones, Tamayo también subraya su pedagogía conscientizadora desde la opción por los pobres; su profunda espiritualidad cristiana liberadora; el haber sido para creyentes de diferentes religiones, y para no cristianos de distintas ideologías, un referente en la lucha por la justicia; su rescate de la democracia participativa, hoy sometida al asedio del mercado y acorralada por múltiples sistemas de dominación más fuerte que ella, que amenazan con derribarla; su trabajo por la paz y la justicia por conducto de la no violencia activa y su invitación a la utopía, hoy excluida de todos los campos del saber y del quehacer humano y natural. Pero de todas las características que pueden señalarse, me interesa destacar su defensa histórica y concreta, no de manera genérica ni conforme a un universalismo abstracto, sino en la realidad salvadoreña, donde eran sistemáticamente pisoteados por los diferentes poderes del Estado y la oligarquía en santa alianza de los derechos humanos de los pobres. Para Tamayo, el teólogo europeo quizá más cercano a los postulados y contenidos de la teología de la liberación de América Latina, Monseñor Romero defendió los derechos humanos de los pobres no desde fuera, como persona que contempla el conflicto desde la neutralidad, sino implicándose en él hasta mancharse las manos; no evadiéndose, bajo la justificación de que su misión era sólo religiosa y espiritual, sino tomando partido críticamente en el conflicto por las mayorías y organizaciones populares, defendiendo siempre con integridad y valentía los derechos humanos de las personas y colectivos, a quienes se les negaba. Especial atención prestó –añade– a la defensa de la vida de quienes la tenían más amenazada, de quienes, como dijera Bartolomé de las Casas de los indígenas, morían antes de tiempo. Tamayo encuentra además un paralelismo entre las enseñanzas sociales de Francisco y el pensamiento pastoral de Óscar Arnulfo Romero. Pareciera que aquél hubiera leído sus homilías y se hubiera inspirado en ellas cuando escribió la exhortación apostólica titulada La Alegría del Evangelio, en la que en noviembre de 2013 expresa sus razones más radicales de rechazo del actual modelo capitalista en su versión neoliberal: NO a una economía de la exclusión (nn. 3, 54); NO a la nueva idolatría del dinero (nn. 55 y 56); NO a un dinero que gobierna, en lugar de servir (nn. 57 a 58), y NO a la inequidad que genera violencia (nn. 59 y 60). Probablemente esto explique el aprecio que el papa Francisco ha tenido de Monseñor Romero desde muchos años antes de que fuera designado por el cónclave de cardenales como sucesor de Pedro. Y por ello hoy lo presenta al mundo como un modelo al que hay que seguir, pues es siempre ésta una de las razones principales para canonizar en la Iglesia católica a las personas santas. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Eric E Castro [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
