Carta abierta: La Ciudad de México y su deuda con las víctimas
La Ciudad de México es una de las entidades federativas con mayor retraso en el proceso de implementación de la Ley General de Víctimas. El cambio de gobierno capitalino representa una oportunidad para avanzar hacia un mayor respeto, protección, promoción y garantía de los derechos de las víctimas en la Ciudad de México. Urge instalar la Comisión de Atención Integral a Víctimas de la Ciudad de México con presupuesto y recursos necesarios para una adecuada atención de las víctimas. Por mucho tiempo, la Ciudad de México ha sido percibida como un oasis en medio de un país aquejado por un contexto de violencia generalizada. Este Oasis se desvanece con una simple lectura de datos oficiales que nos confronta con una realidad en la que la inseguridad va creciendo, al igual que la sed de justicia de las víctimas y de la sociedad. La Ciudad de México, como muchas otras ciudades del país, se ha vuelto en los últimos años una inmensa fábrica de víctimas. Oficialmente, se ha registrado en la Ciudad de México un total de 744 casos de personas desaparecidas, incluido 327 casos de mujeres, adolescentes y niñas desaparecidas, todos investigados en el fuero común. Sólo en los últimos 10 años (2007-2017), se ha contabilizado en nuestra Ciudad un total de 8,932 homicidios dolosos y 783 secuestros. A lo anterior, se suman todos los casos de feminicidios, trata de personas, detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, tortura o ejecuciones extrajudiciales, entre otros delitos y violaciones a los derechos humanos. Todas estas víctimas y/o sus familiares no solamente han experimentado de primera mano esta violencia, sino también se han enfrentando a la indiferencia, inercia, incompetencia y/o negligencia de las autoridades que por Ley deberían de protegerlas y atenderlas. Ante esta situación, la mayoría de las víctimas ni siquiera acuden ante las autoridades para denunciar los hechos. Se estima que la cifra negra para delitos en la Ciudad de México es del 93,8%; entre las razones para no denunciar se destaca la desconfianza en las autoridades (23.2%)3. Esta cifra negra permite dimensionar la magnitud de las víctimas que hoy en día deberían ser atendidas por las autoridades. Sin embargo, parece que al momento las autoridades de la Ciudad de México no han tenido disposición de hacerse cargo de esta población agraviada que demanda lo razonable: justicia, asistencia, protección, verdad y reparación del daño. A más de cinco años de aprobarse la Ley General de Víctimas, la Ciudad de México sigue sin asumir su responsabilidad frente a las miles de víctimas de delito y de violaciones de derechos humanos. Cabe recordar que la Ley General de Víctimas fue aprobada el 9 de enero de 2013 como resultado de una proceso de demanda encabezado por las propias víctimas, sus familiares y las organizaciones civiles frente a la situación de violencia y violaciones a los derechos humanos que se vivía en el país, lo anterior con el fin de convertir a las personas víctimas en sujetos de derechos. Si bien la LGV establecía un plazo de 180 días naturales para que los Congresos Locales armonizarán todos los ordenamientos locales, fue hasta diciembre de 2017 que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó la Ley de Víctimas para la Ciudad de México4, sin ningún proceso de consulta a la sociedad civil, contraviniendo los principios de participación conjunta, publicidad, rendición de cuentas y transparencia. Esta Ley establecía un plazo de 120 días para la elección de la persona Titular de la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, el cual venció el 21 de junio de 2018, es decir hace tres meses, sin que se logrará tal objetivo. La tardada armonización de la Ley y ausencia de una Comisión de Atención Integral a Víctimas para la Ciudad de México no solamente ha impedido el acceso de las víctimas a las medidas de ayuda, asistencia y reparación previstas en la Ley, sino también, en muchos de los casos, ha acentuado su situación de vulnerabilidad. Un Estado omiso en la tutela de los bienes y los derechos de las personas se convierte en cómplice de los victimarios, por lo que éste tiene la elevada responsabilidad de crear un sistema que permita a las víctimas o a sus familiares encontrar un acceso oportuno a mecanismos que contribuyan a su protección, asistencia y a la reparación integral de los daños sufridos. Por lo anterior, las organizaciones civiles, colectivos y personas expertas que conforman el Observatorio Ciudadano sobre Derechos de las Víctimas deseamos llamar su atención sobre esta deuda impostergable que la Ciudad de México tiene con las víctimas de delito y de violaciones a los derechos humanos. Consideramos que este cambio de gobierno representa una oportunidad para avanzar hacia un mayor respeto, protección, promoción y garantía de los derechos de las víctimas en la Ciudad de México. En este sentido, le invitamos en su calidad de Jefa de Gobierno electa para la Ciudad de México a establecer como prioridad en su futura agenda de trabajo las siguientes acciones: Crear el Sistema de Atención Integral a Víctimas de la Ciudad de México, como una instancia superior de coordinación y formulación de políticas públicas, la cual tendrá por objeto proponer, establecer y supervisar las directrices, servicios, planes, programas, proyectos, acciones institucionales e interinstitucionales, y demás políticas públicas que se implementen para la ayuda, atención, asistencia, protección, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral a las víctimas, tal como previsto en el artículo 79 de la Ley de Víctimas para la Ciudad de México. Diseñar un Programa de Atención Integral a Víctimas de la Ciudad de México, mediante el cual se formularán los mecanismos, directrices y lineamientos para la ejecución de los servicios y prestaciones relacionados con los derechos de ayuda, asistencia y atención, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral. Autorizar la estructura y presupuesto para la instalación de la Comisión a partir del 1 de enero del 2019. Para tal efecto, se alienta al equipo
Documenta #19s: una narrativa no oficial del sismo
Fotografía: Fernando Escobedo| A un año del 19S no podemos abordar el sismo solo como un fenómeno natural, sino también como un conjunto de procesos sociales y políticos, cuyos efectos se pueden controlar, ya que son el resultado de las fallas e irregularidades del Estado que derivan en violaciones a derechos humanos. 18 de septiembre de 2018 Por: Adèle Lepoutre y Carlos A. Ventura Callejas* La dignidad en nuestras manos A casi un año del sismo, se presentó el informe ciudadano elaborado por Documenta Desde Abajo, que nos proporciona información detallada sobre violaciones y afectaciones a derechos humanos sufridos por las personas damnificadas. Este trabajo colectivo está integrado por más de 40 brigadas formadas por 120 estudiantes y docentes de diversas universidades, así como de colectivos y organizaciones de derechos humanos, y ha dado como resultado este informe que documenta las afectaciones a derechos humanos que sufrieron y siguen padeciendo las personas damnificadas, e identifica las fallas y responsabilidades en materia de derechos humanos del Estado. A un año del sismo, si bien las autoridades publicaron un censo sobre las afectaciones a edificios, este no retrata los daños sufridos por las personas, por lo que es imprescindible recabar información de forma independiente para identificar esos daños en términos de derechos y responsabilidad, para permitir así a las personas damnificadas exigir justicia, así como el respeto y garantía de sus derechos. En las primeras etapas de la emergencia, el Estado es responsable por la ausencia de una política adecuada de vivienda temporal: se abrieron menos albergues oficiales que campamentos civiles, y los albergues oficiales cerraron más rápido y en mayor proporción. Para el 14 de octubre, solo quedaban 14 albergues oficiales abiertos, de los 48 iniciales. Por múltiples razones como la larga duración de los procesos de reconstrucción o la insuficiencia de los tres mil pesos mensuales otorgados a personas damnificadas, el cierre prematuro de albergues dejó a las personas desalojadas sin estancia temporal, afectando así su derecho a una vivienda digna. También cabe destacar los altos porcentajes de abusos e irregularidades por parte de las autoridades en albergues y campamentos, así como la inexistencia de políticas específicas para atender a poblaciones más vulnerables : infancias, mujeres, comunidades indígenas, entre otras. Las afectaciones no fueron únicamente patrimoniales: las personas siguen padeciendo daños físicos, psicológicos y psicosociales, o con relación al trabajo, la vivienda, el acceso a servicios públicos y a la justicia. Más del 50% de las personas entrevistadas siguen sufriendo afectaciones psicológicas. El sismo también ha resultado en un empobrecimiento generalizado de las y los damnificados: además del aumento de los gastos del hogar por las necesidades de vivienda temporal, casi el 20% de los entrevistados reportaron que el jefe o jefa de hogar perdió su empleo después del sismo. Un 98% de las personas entrevistadas declararon problemas o irregularidades por parte de las autoridades en relación a sus obligaciones de demoler o reconstruir. El Estado no proporcionó información transparente y precisa sobre las evaluaciones técnicas del estado de los inmuebles, o las condiciones para acceder a medidas de demolición y reconstrucción. Muy a menudo las autoridades “brillaron por su ausencia”, por ejemplo en las labores de búsqueda y rescate (22% de las personas encuestadas refirieron esto), el resguardo de objetos (96%) y el anuncio de decisiones sobre reconstrucción (85%). También se pone énfasis en las desigualdades de tratamiento que enfrentaron las personas damnificadas según su origen geográfico y socioeconómico, ya que en las delegaciones más pobres y periféricas, se denunció mayor ausencia de autoridades delegacionales, mayores problemas con los autoridades centrales por falta de apoyo, y menor provisión de servicios básicos que las delegaciones menos pobres: una vez más, la justicia es selectiva. En conclusión, y con base en el informe de Documenta Desde Abajo, creemos que no podemos mirar y abordar el desastre del sismo como un fenómeno únicamente natural, sino también como un conjunto de procesos sociales y políticos: un desastre no se puede detener, pero sus efectos se pueden controlar, ya que son el resultado de ausencias, fallas e irregularidades del Estado que desembocan en violaciones y afectaciones a derechos humanos. Frente a la acción fallida de las autoridades estatales ; la sociedad civil se movilizó en las labores de rescate, resguardo de objetos personales, atención a afectaciones psicosociales, acopio, donaciones, entre otras. Cabe destacar que la población demostró una fuerte capacidad a auto-convocarse y organizarse ; no sólo para cubrir las necesidades más urgentes, sino sobre todo en caso de las personas damnificadas, para construir una organización colectiva y exigir el cumplimiento de sus derechos. Se conformó por ejemplo la organización Damnificados Unidos de la Ciudad de México, que hoy en día sigue teniendo asambleas desde hace casi un año, empujando para que el Estado asuma su responsabilidad y proteja sus derechos. A un año del sismo, ¿qué sigue?; Numerosos grupos de damnificados siguen sufriendo afectaciones a sus derechos humanos, y el Estado debe de proporcionarles el restablecimiento de sus derechos, así como garantizar la no repetición de afectaciones que no pudieron ser evitadas. Sin embargo, no debemos de pensar que esa lucha solo es de ellas y ellos, como damnificados, el informe Contra el desamparo del Estado: Informe ciudadano sobre las violaciones a los derechos de las personas damnificadas por el sismo 19S nos permite entender que las consecuencias desastrosas del sismo en cierta medida se pueden evitar, ya que resultan también del no cumplimiento por el Estado de sus obligaciones jurídicas internacionales y nacionales en materia de derechos humanos y desastres. Es imprescindible, por tanto, exigir que las autoridades estatales hagan lo necesario para que en caso que suceda un nuevo desastre, no suframos los mismos daños. El informe enfatiza por ello recomendaciones concretas en base a las normas internacionales y nacionales, que pueden servir de fundamento sólido a nuestras reivindicaciones de derechos: Prevención: reducción de las condiciones de vulnerabilidad y marginalidad socio-económica, con evaluación de riesgos y protección de los derechos económicos y sociales. Protección y garantía de derechos durante la emergencia: adopción de protocolos de rescate, dictaminación y demolición, políticas de
Documentar desde abajo
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Mediante este informe se hace evidente la falla del Estado no únicamente durante el sismo, sino posterior, pues se ha confirmado que la atención en albergues fue brindada y ofrecida principalmente por colectivos de organizaciones sociales. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 15 de septiembre de 2018 Miguel Concha A días de conmemorar el aniversario del sismo del pasado 19 de septiembre, la iniciativa académica y ciudadana Documenta Desde Abajo 19s presentó un informe denominado Contra el desamparo del Estado: Informe ciudadano sobre las violaciones a los derechos de las personas damnificadas por el sismo 19S. En él se da cuenta de omisiones y fallas del Estado mexicano para atender necesidades y garantizar derechos de las personas que se vieron afectadas por el sismo. Documenta desde abajo 19s es un proyecto de documentación de afectaciones desde un enfoque de derechos humanos que incluye no sólo los daños patrimoniales más visibles, sino también datos significativos sobre las mayores repercusiones en derechos humanos, como los perjuicios inmediatos a la vida, a la integridad personal, a la salud física y sicológica, y al tejido social. Así como afectaciones de más largo aliento a los derechos sociales, económicos y culturales, derivadas de la imposibilidad definitiva o temporal de volver a hogares, fábricas, escuelas, lugares de recreación y espacios que antes habitaban. Este esfuerzo articula a organizaciones defensoras de derechos, academia, sociedad civil y brigadas de estudiantes de diversas universidades, quienes los meses posteriores al terremoto se dieron a la tarea de documentar directamente dichas afectaciones en albergues siniestrados, entre damnificados y entre familiares de quienes perdieron la vida. Se trata pues de un trabajo inédito que ha construido un archivo no oficial de las afectaciones causadas por los sismos. El informe, que se dio a conocer el pasado miércoles en el Centro Universitario Cultural (CUC), se da también cuenta de la difícil situación que enfrentaron las personas y comunidades por esa circunstancia, y se subraya la responsabilidad del Estado por acción u omisión en esas afectaciones. Algo fundamental es que este informe se centra en las personas y no en los edificios que registraron daños, y porque nos muestra que los colapsos de estos inmuebles han generado daños de muy distinta índole para las personas que los padecieron. Vale decir, que es un documento que incluso se adelanta a las informaciones oficiales que a un año del sismo debieran de dar autoridades de los ámbitos federal y local, así como instituciones autónomas de derechos humanos. Se hace pues necesario leer y retomar este informe en virtud de varios de sus aspectos. Por un lado por su innovación, profesionalismo y compromiso contundente con los derechos de las personas que resultaron damnificadas por el sismo. Y por otro porque desde un enfoque de derechos contiene un aspecto metodológico que es relevante para documentar desastres naturales o desastres socialmente construidos. Me refiero a su particular metodología relacionada con recabar información de manera independiente desde brigadas ciudadanas y usando los derechos humanos como guía. De lo que resulta información importante para prevenir, denunciar y atender violaciones a los derechos humanos. Además, mediante este informe se hace evidente la falla del Estado no únicamente durante el sismo, sino posterior, pues se ha confirmado que la atención en albergues fue brindada y ofrecida principalmente por colectivos de organizaciones sociales. Incluso, gracias a la organización ciudadana hoy sabemos que hubo atención a personas que se quedaron sin hogar, pues el Estado había ya retirado su apoyo en los albergues. El documento da cuenta también de que los damnificados padecen ahora por desgracia una agudización de sus afectaciones, pues se registran pérdidas de empleo, empobrecimiento, además de que se han tenido que enfrentar a un constante abuso por parte de diversas autoridades. De conformidad con la información contenida en el documento, hoy podemos también identificar y denunciar que el trato que recibieron fue diferenciado. En efecto, quienes elaboraron el informe sostienen que hubo una evidente desigualdad en la presencia y actuar del gobierno entre la población que habita delegaciones más y menos pobres y periféricas. En estás últimas se enfrentaron a una mayor vulnerabilidad y falta de atención adecuada, dado el desamparo en que los dejó el gobierno. Además de los datos que nos proporciona y analiza este informe, nos ofrece también una clave de lectura y de interpretación frente a estas situaciones, cuando sostiene que los desastres no pueden comprenderse sólo como fenómenos naturales, sino sobre todo como procesos sociales en los que hay responsabilidad de las autoridades en términos de derechos humanos, ya sea porque dejaron de cumplir algunas de sus obligaciones, o porque cometieron actos que los violan. Con la finalidad de desplegar al interior del Estado las condiciones de cumplimiento de sus obligaciones frente a desastres socialmente construidos, y para garantizar que no haya repetición de estas desgracias, se hace urgente que se retomen las recomendaciones formuladas en este informe. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : _LennaRarara_ [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Familiares y víctimas de violencia feminicida se reúnen con la Jefa de Gobierno Electa
Organizaciones celebran apertura de Jefa de Gobierno para tratar el tema de erradicación y prevención de violencia feminicida Es prioritario agilizar las investigaciones de casos de feminicidios en la Ciudad de México. Familiares, víctimas de violencia feminicida y organizaciones defensoras de derechos humanos se reunieron ayer con Jefa de Gobierno electa, Claudia Sheinbaum, para tratar el problema de la violencia feminicida en la Ciudad de México. Se trataron temas concernientes a la impunidad de los casos de feminicidio, la falta de debida diligencia en las investigaciones y la necesidad de prevenir la violencia feminicida en la entidad. Las y los asistentes a la mesa celebran la apertura y disposición a escuchar por parte de la futura Jefa de Gobierno, para atender el problema de la procuración de justicia para las mujeres, y prevenir la situación de violencia feminicida en la capital. En la Ciudad de México se encuentra abierto el proceso de declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG), solicitado por organizaciones que, acompañando a los casos de violencia feminicida, damos constancia de la gravedad de la situación en la capital. En esta ocasión, los casos que se encuentran referidos en la solicitud de AVG fueron dados a conocer a la Jefa de Gobierno electa, quien se comprometió a coadyuvar para que los casos accedan a la verdad y la justicia, reiterando así que la prevención y erradicación de la violencia feminicida se encuentra de manera prioritaria en su agenda. Se hizo un llamado para abordar el tema de violencia contra las mujeres de manera integral y a continuar de manera diligente con las investigaciones de los casos, priorizando el tratamiento del tema de procuración de justicia, enfocado en la necesidad de una Fiscalía que tenga la capacidad para responder de manera eficaz ante la gravedad de la problemática real en la Ciudad. Consideramos que este encuentro es el potencial inicio de un proceso que garantice una ciudad libre de violencia feminicida, por medio de una transformación real en el sistema de justicia en el que la prevención del delito de feminicidio sea una política de gobierno en la capital. En el encuentro estuvieron presentes familiares de víctimas de violencia feminicida y las organizaciones acompañantes de los casos, quienes son también las organizaciones peticionarias de la AVG para la CDMX: Justicia Pro Persona A.C., el Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A.C. y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. ATENTAMENTE Justicia Pro Persona A.C. Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A.C. Para mayor información: Jorge Luis Aguilar Pantoja CDH Vitoria 5659 6797 ext. 227 / comunicacion.centrovitoria@gmail.com
245 organizaciones llaman a la nueva cancillería mexicana a establecer diálogo público en torno a recomendaciones EPU
Informe presentado muestra el incumplimiento del Estado mexicano de las recomendaciones hechas por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2009 y 2013. Solicitan al Consejo considerar las exigencias del Colectivo y dar seguimiento al cumplimiento de las nuevas recomendaciones del próximo EPU. Cada cuatro años el Consejo de Derechos Humanos de la ONU revisa la situación de derechos humanos de los países de manera igualitaria a través del Examen Periódico Universal (EPU). Resulta muy relevante para la comunidad de derechos humanos de nuestro país que esta edición del EPU coincida con una transición histórica. Tenemos la certeza de que la orientación que este proceso aporte a la sociedad mexicana puede ser muy importante. Por ello 245 organizaciones de la sociedad civil mexicanas que conformamos el #ColectivoEPUmx realizamos un respetuoso llamado a la cancillería del nuevo gobierno electo a informar sobre la manera en que procesarán este mecanismo internacional. En el contexto de reflexión nacional esta inédita articulación civil presentó este informe conjunto ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Destacamos algunos elementos que nos permiten afirmar que el resultado de este proceso tendrá un impacto fundamental en la agenda de DH del nuevo sexenio. México ha incumplido con las recomendaciones emitidas en los anteriores exámenes de 2009 y 2013 en las administraciones de los presidentes Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. Si bien corresponderá a Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, expresar su aceptación o rechazo a las recomendaciones, estas se refieren a responsabilidades del Estado mexicano en su conjunto. Las organizaciones tenemos diversas reivindicaciones y protestas: un sistema integral de seguridad ciudadana, un adecuado modelo de atención a víctimas, una Fiscalía autónoma, atención efectiva a las víctimas, la abrogación de la Ley de Seguridad Interior y un mecanismo de seguimiento a recomendaciones internacionales, como mínimos para demostrar un compromiso real para resolver las graves violaciones estructurales de derechos humanos. El informe busca visibilizar la situación actual de los derechos humanos en México y resaltar las deficiencias del cumplimiento de las obligaciones del Estado mexicano. Es importante resaltar que las recomendaciones serán emitidas en los primeros días de diciembre, ya con el nuevo gobierno en funciones. En este sentido las organizaciones consideramos pertinente tener un espacio de diálogo en torno al tema en el contexto del 20 aniversario de la Declaración de la ONU sobre el derecho a defender derechos humanos y el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los días 9 y 10 de diciembre de este año. El informe puede ser consultado en el sitio web http://colectivoepu.mx. Estarán disponibles las ediciones del informe para descargar en español e inglés. A través de la web también se podrán consultar las 15 fichas temáticas que sustentan las afirmaciones y exigencias expresadas en el informe hecho público hoy. De la misma forma se pueden encontrar postales y videos explicativos. Más información Quetzalcoatl g. Fontanot Comunicación Red TDT comunicacion@redtdt.org.mx cel: 5517966731 Oficina 55239992
Una nueva política económica y social
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Las medidas anunciadas, como son las pensiones para adultos mayores, son indudablemente necesarias para impulsar el estado de bienestar social. No serán sin embargo suficientes si no vienen acompañadas con acciones que en forma simultánea impulsen el desarrollo económico del país. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 08 de septiembre de 2018 Miguel Concha Después de 40 años deconvivir en un pacto social de globalización neoliberal, con reducida regulación gubernamental, el resultado desafortunadamente ha sido el incremento de la pobreza, la acumulación de la riqueza en pocas manos, y, consecuentemente, el aumento de la desigualdad social. Lo cual en esas dimensiones no sucede en países como los escandinavos y Nueva Zelanda. Por el contrario, es claramente evidente que esos efectos negativos se maximizan en aquellos países en los que su estado de derecho es débil, vulnerable, y, peor aún, corrupto. Esta situación ha generado un malestar social colectivo en muchas sociedades, que se ha visto expresado en diversos procesos electorales recientes, incluido el nuestro, con el triunfo sin precedentes y aplastante de López Obrador y Morena. En esencia, la causa principal de lo anterior es que no se ha creado una cantidad suficiente de empleos bien pagados que beneficien a la mayor parte de la población, originada en el hecho de que el ejercicio a ultranza del modelo económico y social ha provocado que la riqueza creada no se reparta eficazmente y llegue exiguamente a la mayor parte de la población. Y ello también debido a que las empresas, por la puesta en práctica de un elemento esencial del modelo neoliberal, reducen su gasto laboral, utilizando el menor número de trabajadores y empleados, con los menores salarios posibles, para lograr ser competitivas y tener costos y gastos equiparables o mejores que sus competidoras. Panorama que se ha agudizado con la incorporación de la tecnología, la robótica, el uso de la inteligencia artificial y la nueva forma de hacer negocios. Todo lo cual acentuará las posibilidades de desempleo y las actividades informales. Las medidas anunciadas por nuestro presidente electo, como son las pensiones para adultos mayores y personas pobres discapacitadas, así como las becas para el desarrollo educativo de las y los jóvenes, son indudablemente necesarias para impulsar el estado de bienestar social en nuestro país. No serán sin embargo suficientes si no vienen acompañadas con acciones que en forma simultánea impulsen el desarrollo económico del país. Y para lo cual es igualmente indispensable contar con nuevas políticas con perspectiva de derechos humanos, particularmente en materia económica, social y medioambiental, pues ya no se deben seguir separando la política económica y la política social. Entre las acciones que hay que desarrollar en el ámbito económico sobresale el regular con eficacia las desviaciones del mercado, eliminando los privilegios empresariales que evitan que se dé una auténtica competencia. Elemento éste fundamental en el sistema para la fijación de precios justos a los consumidores, con el que se reduciría al menos a corto plazo la pobreza y la desigualdad. Otras acciones prioritarias deberían ser el incrementar las inversiones gubernamentales en infraestructura, que a la vez que crean fuentes de trabajo impulsan la productividad en el país. Lo anterior deberá complementarse con la creación de un clima que facilite la inversión privada, simplificando los trámites, castigando la corrupción, minimizando las decisiones discrecionales de las autoridades y obligando al sistema bancario a una competencia auténtica. Todo ello en un clima de verdadera ética pública, y cortando de tajo la evasión y elusión del pago de impuestos. No es posible en efecto que las autoridades no hayan hecho nada hasta ahora para dejar que el fisco pierda cada año 2 billones de pesos por el uso de facturas apócrifas por parte de empresas bien pertrechadas para cometer estos y otros fraudes bien conocidos ahora. Y tampoco es admisible que en el medio empresarial algunos de sus exponentes hayan venido aprendiendo a vivir con la corrupción, y muchos la consideren casi como una segunda naturaleza que simplemente hay que calcular entre las pérdidas y ganancias, sin necesidad de eliminarla como prioridad. Tampoco es dable que en los años recientes se haya venido minimizando en las empresas la solidaridad con los diferentes grupos que la integran: los empleados y trabajadores, los consumidores, los agentes y los proveedores, otorgándole en cambio una prioridad absoluta a los inversionistas. Debe entonces exigirse por parte de la sociedad civil la puesta en práctica en las empresas de una auténtica responsabilidad social. Los tiempos que vienen a corto plazo van a prestarse posiblemente a problemas sociales y políticos que podrían ser graves. Y por ello la ciudadanía tendrá que preguntarse qué se está haciendo y qué se ha dejado de hacer para generar la injusta convivencia que mantenemos en los campos de la pobreza y la desigualdad en los que estamos inmersos. Y sobre todo qué se debe hacer ética y políticamente para evitarlo. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Darij & Ana [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Informe ciudadano sobre las violaciones a los derechos de damnificados por el sismo del 19S
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Este informe es el resultado del trabajo de documentación de brigadas estudiantiles y de organizaciones de la sociedad civil que evidencia violaciones a los derechos humanos cometidas por las autoridades después del sismo del 19 de septiembre del 2017. Martes 12 de septiembre 10:00 hrs Centro Universitario Cultural | Odontología 35, Copilco Universidad, 04360 Ciudad de México, CDMX [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_GoogleMap_Widget»][/siteorigin_widget]
Protesta social y opinión pública
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Nos enteramos que la legitimidad de las protestas no está en duda para las personas encuestadas y entrevistadas, sabemos también que al menos el 70 por ciento de ellas ha participado en alguna protesta alguna vez en su vida. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 01 de septiembre de 2018 Miguel Concha El Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS), articulación conformada por diversas organizaciones defensoras de derechos humanos, presentó el pasado martes 28 de agosto, en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, un Estudio de Opinión sobre la Protesta Social en la Ciudad de México. En ese documento, realizado también en alianza con el Colectivo de Investigación y Análisis Estratégico en Ciencias Sociales y Salud, se da cuenta de la opinión de quienes habitan o transitan esta ciudad sobre los diferentes ejercicios de protesta que se realizan en la capital, la cual, dicho sea de paso, dado que concentra los tres poderes del país, y casi la totalidad de las secretarías del nivel federal, es el espacio donde se realizan más marchas, plantones, mítines y otros tipos de protesta. De acuerdo con información de la Cámara de Comercio y Turismo en Pequeño de Ciudad de México (Canacope), desde el año 2012 se lleva a cabo en la capital por lo menos un promedio de 26 protestas al día, lo cual da un significativo balance de alrededor de 10 mil protestas a lo largo de cada año. Estos datos hacen notar que la ciudad está indudablemente familiarizada con las manifestaciones y protestas como con un escenario constante y cotidiano, por lo que los resultados del estudio de opinión, realizado a solicitud del FLEPS, son reveladores de cara a un discurso sostenido por los grandes medios de comunicación tradicionales y por las instituciones de gobierno, que insisten y se empeñan en destacar sólo aspectos relacionados con las supuestas afectaciones que provoca este tipo de ejercicios de derechos; nunca sobre su trasfondo ni porqué se originan. En el estudio de opinión, se señala de entrada que las personas entrevistadas perciben a la protesta social como una vía legítima para resolver alguna problemática, usualmente ocasionada por la acción, aquiescencia o desatención de las autoridades. Y de acuerdo con el FLEPS es indudable que entre la población se reconoce a la protesta como un derecho humano. Lo que, hay que decirlo, hoy es también reconocido en la nueva Constitución de Ciudad de México. En 57 por ciento de las personas encuestadas se registró una percepción relacionada con el hecho de que quienes protestan lo hacen porque es un derecho, y porque las personas que se manifiestan lo llevan a cabo por la necesidad de ser escuchadas y lograr resolver un determinado problema. Este hallazgo es significativo y contrasta con el habitual razonamiento de las autoridades, quienes durante los años recientes se han dedicado a fortalecer un andamiaje jurídico que intenta legalizar la represión y cancelar la posibilidad de la protesta, como un espacio de solidaridad, encuentro y demanda de derechos. Basándonos en estudios de opinión pública tan importantes como el que ahora analizamos, nos enteramos que la legitimidad de las protestas no está en duda para las personas encuestadas y entrevistadas, y hoy sabemos con un poco más de certeza que al menos 70 por ciento del universo significativo en este estudio ha participado en alguna protesta alguna vez en su vida. Se reveló asimismo que para las personas es muy importante la presencia de las víctimas directas de violaciones a derechos humanos, o de sus familiares, como una de las razones que impulsan a las personas a participar, pues las diferentes formas de protesta social dan cabida también a expresiones de solidaridad, identificación y participación política. Aspectos éstos notables tras eventos como las ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de los normalistas de Ayotzinapa, o la fuerte represión experimentada hace casi ya seis años, en el contexto de la toma de protesta del presidente Enrique Peña Nieto, el primero de diciembre de 2012. Otro de los descubrimientos más reveladores de este estudio, y que también contrasta con la narrativa oficial, es que las personas entrevistadas no identifican en su percepción una serie de características específicas en el perfil de las personas que protestan, tomando en cuenta su vestimenta, su edad, su profesión o su posición socioeconómica. Con ello podemos también sostener que los estigmas de quienes protestan de distintas maneras son construidos –insiste el estudio– por los grandes medios de comunicación. Otra virtud del estudio es que se basó en la aplicación de encuestas en línea y entrevistas de profundidad con actores claves, tanto del gobierno como de la sociedad civil que inciden en la realización de protestas. Se usaron igualmente metodologías de tipo etnográfico, lo que permitió recoger in situ percepciones de personas que se manifiestan o conviven de distintas maneras con las protestas en el espacio público. Impulsados desde la sociedad civil, este tipo de ejercicios se convierten también en un importante insumo para rectificar la legislación o las políticas públicas que atentan contra tan preciado derecho para la sociedad. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : FLEPS [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
OSC presentan estudio de opinión sobre la protesta social en la CDMX
-Las personas que viven o transitan en la CDMX consideran que la protesta social es un derecho. -Existe interés de la sociedad en conocer las demandas y exigencias de actores movilizados. -No todas las personas que no protestan, están en contra de las protestas. Las y los habitantes de la Ciudad de México, así como quienes transitan en ella, consideran que la protesta social es un ejercicio legítimo, democrático y de derechos, revela el Estudio de Opinión sobre Protesta Social en la Ciudad de México presentado el 28 de agosto de 2018 en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF). Dicho estudio, realizado a solicitud del Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS) por el Colectivo de Investigación y Análisis Estratégico en Ciencias Sociales y Salud (Colectivo iae), busca conocer la percepción de quienes habitan o transitan por la capital respecto al constante flujo de marchas y otros ejercicios de protesta social. Para ello, se llevaron a cabo una encuesta en línea, entrevistas a personas transeúntes durante manifestaciones, reuniones de trabajo con movimientos sociales, y entrevistas a profundidad a actores referentes sobre el tema y a personas para las que la protesta es parte de la cotidianidad. Las organizaciones que conforman el FLEPS han realizado acciones de incidencia y comunicación en torno al respeto y protección del derecho a la protesta social desde 2013. Por ello, se realizó este Estudio de Opinión como un insumo para la discusión pública y la toma de decisiones en torno al respeto, protección y garantía de los derechos a la libertad de expresión, a la libertad de asociación y a la libertad de tránsito, así como a la participación política y a la protesta social, derecho ya reconocido en la Constitución de la Ciudad de México. Un resultado que arroja el Estudio de Opinión es que 57% de las personas encuestadas y entrevistadas perciben que quienes protestan lo hacen en ejercicio de un derecho, que tienen necesidad de resolver un problema generalmente ocasionado por el gobierno. En el mismo estudio se encontraron dos narrativas: una considera que quienes protestan lo hacen para defender privilegios o porque son manipulados, y por tanto sólo participarían al verse afectadas directa o indirectamente; y otra, la cual se sostiene en la opinión de 8 de cada 10 personas, indica que participarían en manifestaciones cuando se simpatice con la causa que la motiva aunque no les afecte de manera directa (tal y como lo vimos con las protestas masivas por la presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa). Asimismo, 4 de cada 10 se movilizarían si se vieran afectadas y afectados por alguna situación. Estas cifras son de gran relevancia debido a que contrastan con la supuesta percepción de la protesta que se difunde por los medios de comunicación y las informaciones del gobierno: como un problema que afecta sobre todo al tránsito vehicular y al comercio de la Ciudad de México. La mayoría de las personas (90%) percibe que los medios de comunicación tradicionales (televisión y radio) hacen más énfasis en las supuestas afectaciones que conllevan las protestas, y no informan sobre las demandas y motivaciones. Es importante resaltar el hallazgo sobre la reacción de las personas que tienen negocios o trabajan en un contexto donde ocurren protestas, pues el Estudio demuestra que “está fuertemente influenciada por lo que el Gobierno de la Ciudad les recomienda. Esto infunde temor sobre las protestas, además que con sus políticas públicas maximizan las afectaciones responsabilizando de ellas a quienes protestan”. Igualmente, “las personas que habitan la Ciudad de México consideran que hay un vínculo de comunicación roto entre la ciudadanía y los actores que se manifiestan. Se reconoce que las personas no logran conocer las demandas de los grupos que se movilizan”, y se percibe que éstos dirigen sus mensajes a grupos de población muy específicos, dejando de lado al resto de las personas que habitan la Ciudad. Éstas consideran que debería haber un canal por el cual se puedan conocer las demandas y problemáticas de los grupos que hacen uso de la protesta social. También se ubicaron diferencias generacionales importantes; por ejemplo, los y las jóvenes con ingresos más bajos y de entre 15 a 25 años, representan el rango que presenta menor participación en protestas y reconoce menos beneficios para el ejercicio de sus derechos como resultado de las mismas. Al contrario, las personas que se encuentran en los rangos de 25 a 45 años son las que más presencia tienen en las protestas. El Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social reconoce la importancia del derecho a la protesta social en la construcción de países más democráticos. El Estudio que ahora damos a conocer es reflejo de una ciudadanía que pone énfasis en el legítimo uso del espacio público para protestar y dirimir los asuntos públicos sensibles para grupos específicos y agendas amplias para la vigencia de los derechos humanos. El Estudio de Opinión se puede consultar en el sitio: http://libertadyprotesta.org/ Para mayor información del estudio y del FLEPS: contactofleps@gmail.com ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, A.C., Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C., Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo CEPAD, A.C., Centro Nacional de Comunicación Social A.C. Cencos, Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios CAUSA, Espacio Libre e Independiente Marabunta A.C., Fundar Centro de Análisis e Investigación, A.C., Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C., Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica, A.C., Servicios y Asesoría para la Paz, A.C., Red de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos”, A.C., Resonar.
El sexenio de la impunidad
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Aún no termina este sexenio, y tenemos la esperanza de que con el inicio del próximo las violaciones a derechos humanos dejen de ser una práctica sistemática del Estado para impedir la defensa de la vida digna. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 25 de agosto de 2018 Miguel Concha El séptimo informe de violaciones a derechos humanos (vdh) elaborado por las organizaciones Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos AC, Comité Cerezo México y la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada, refleja la magnitud y gravedad de las vdh cometidas por el Estado en contra de las personas defensoras de derechos humanos, quienes, por ejercer o defender uno o varios derechos, fueron agredidas. Las violaciones documentadas en este informe son la ejecución extrajudicial, la desaparición forzada, la detención arbitraria y las amenazas, hostigamiento y ataques físicos. En todos los casos reseñados el perpetrador es (por comisión, omisión o aquiescencia) el Estado mexicano, y los hechos documentados que constituyen la violación a los derechos humanos son consecuencia de la denuncia política o la defensa de los derechos humanos que realizaba la víctima. Las tres organizaciones han elaborado y publicado desde 2012 siete informes, uno por año, y por ello prácticamente han documentado todo el actual sexenio. A ello se debe el título del actual, Defender los derechos humanos en México: El sexenio de la impunidad. Junio de 2017 a mayo de 2018, que resume lo vivido por una parte de la población del país. Desde el punto de vista de estas organizaciones, la impunidad es consecuencia de que las vdh son resultado de una práctica sistemática y generalizada. De una estrategia de represión política dirigida con mayor recurrencia en contra de quienes denuncian que las reformas estructurales neoliberales aprobadas al final del sexenio de Felipe Calderón, y a lo largo del actual sexenio, violan legalmente los derechos humanos de grandes capas de la población. He aquí algunos datos documentados durante el año que sustentan lo que las organizaciones autoras del informe afirman: “(…) el primer lugar lo ocupan, con 224 actos de vdh, quienes denuncian la reforma educativa, de corte neoliberal, aprobada en este sexenio; en segundo lugar, con 219 actos de vdh, están aquellos que ejerciendo el derecho humano a la protesta, son reprimidos; el tercer lugar, con 74 actos de vdh, corresponde a los defensores que de manera general defienden la tierra y el territorio, indígenas y no indígenas, e incluso comunidades urbanas que resisten a las políticas extractivistas o privatizadoras del territorio. Y siguen los ambientalistas, con 72 actos de vdh. En el séptimo lugar, con 38 actos de vdh, agrupamos a las organizaciones sociales nacionales o grandes a escala territorial que defienden una gran variedad de derechos humanos y son reprimidos no necesariamente por la defensa exclusiva de algún derecho, sino por la labor que realizan en pro de una vida digna como sinónimo de los derechos humanos”. Desde el punto de vista de estas organizaciones, hay también una correspondencia entre el modelo económico que se ha implementado en México y el alza en el número de vdh, pues esta política económica neoliberal antepone el lucro, el despojo, la explotación y el capital, a la dignidad y a la seguridad humanas; al desarrollo armónico entre el ser humano y la naturaleza, y entre los mismos hombres y mujeres que ocupamos distintas posiciones en el modelo de sociedad vigente. El presente sexenio todavía no culmina, y sin embargo las organizaciones hacen todavía el esfuerzo por contabilizar desde diciembre de 2012 hasta mayo de 2018 las vdh más graves. He aquí los números duros, expresión sangrante del sufrimiento de miles, quizás millones, de compatriotas: Del año 2006 a la fecha 3 mil 967 personas han sufrido detenciones arbitrarias con el objetivo de interrumpir su labor de defensa de los derechos humanos o disolver actos en los que se ejerce el derecho humano a la protesta. De 2006 a la fecha 228 defensores de derechos humanos o luchadores sociales han sido ejecutados como una forma para detener su trabajo de defensa de los derechos humanos. “El uso de la ejecución extrajudicial, en el periodo que abarca este informe, se recrudece en contra de periodistas…”. E igualmente en contra de los defensores de la tierra y el territorio, indígenas y no indígenas. Y por último, tenemos la cifra de las víctimas de desaparición forzada: 165 defensores de derechos humanos han sido víctimas de esta grave vdh, a pesar de que el caso de los 43 normalistas de la normal rural de Ayotzinapa obligó al Estado a disminuir esta práctica y tratar de ocultarla. Ello no obstante, éste continuó con la desaparición de personas defensoras de derechos humanos. Lo que hace que para las organizaciones que documentaron esa cifra esta práctica sea sistemática, generalizada y transexenal, pues Felipe Calderón también es responsable de desapariciones forzadas por motivos políticos. Aún no termina este sexenio, y tenemos la esperanza de que con el inicio del próximo las vdh dejen de ser una práctica sistemática del Estado para desarticular, desorganizar y controlar a la población que exige el respeto a su dignidad y el acceso a condiciones de vida dignas. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Jorge Aguilar [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
