Titular de la Comisión de Atención a Víctimas de la CDMX será elegido mediante un proceso opaco y sin consulta de las víctimas y de la Sociedad Civil
-Preocupa a colectivos de víctimas, experto/as y organizaciones de la sociedad civil la falta de información y consulta en el proceso de instalación de la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México. -Exhortan a Congreso y al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a iniciar a la brevedad un proceso transparente, incluyente y participativo en el proceso de selección de la persona que ocupará la titularidad de la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México. Las organizaciones, colectivos, víctimas y expertos integrantes del “Observatorio Ciudadano sobre Derechos de las Víctimas[1]” expresamos nuestra preocupación por el opaco proceso encabezado por la Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México en la instalación de la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México y la elección de su titular. Después de una tardanza de cuatro años, es hasta diciembre de 2017 que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó la Ley de Víctimas para la Ciudad de México[2], sin ningún proceso de consulta a la sociedad civil, contraviniendo los principios de participación conjunta, publicidad, rendición de cuentas y transparencia, todos reconocidos en la Ley General de Víctimas. Ahora bien, el transitorio séptimo de la Ley de Víctimas de la Ciudad de México establecía 120 días para la elección del Titular de la Comisión, el cual venció el 21 de junio de 2018, es decir hace dos meses. Las y los firmantes expresamos nuestra preocupación respecto a la convocatoria de reunión prevista para el día de mañana en la cual se convoca a diversas instituciones de la CDMX para instalar la Junta de Gobierno de la Comisión, sin que se contemple la representación de víctimas y de organizaciones de la sociedad civil. En el marco de esta reunión, se pretende designar a la persona que ocupará “temporalmente” el cargo de Comisionada/o de Atención a Víctimas de la Ciudad de México. Rechazamos categóricamente que el nombramiento del titular de Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, se realice sin un proceso previo de consulta de los colectivos de víctimas y las organizaciones civiles y en este sentido exhortamos: Al Secretario de Gobierno de la CDMX que informe a toda la ciudadanía, y a quienes abajo firmamos, sobre las acciones realizadas para la instalación de la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, así como la lista de personas que fueron propuestas para ocupar temporalmente el cargo de Comisionado/a y cuáles fueron los colectivos de víctimas, organizaciones y/o expertos/as que les propusieron. Al nuevo Congreso de la CDMX a iniciar un proceso transparente, incluyente y participativo que implique la consulta y participación de colectivos de víctimas, experto/as y organizaciones de la sociedad civil, para la selección de la persona que ocupará la titularidad de la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, lo anterior con el fin de asegurar que cumpla con el perfil idóneo. FIRMANTES Organizaciones civiles IDHEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos A.C; Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C; Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A.C; Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noreste; Documenta A.C; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos- Todos los Derechos para Todas y Todos (RED TDT)* Representantes de los colectivos de familiares de personas desaparecidas Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM); Alondras Unidas en Búsqueda y Justicia de Nuestros Desaparecidos; Colectivo de Familiares Amigos Desaparecidos de Tamaulipas; Colectivo de Familiares en Búsqueda de Desaparecidos María Herrera; Colectivo Madres Igualtecas en Busca de sus Desaparecidos; Colectivo Voces Unidas por la Vida, Sinaloa; Desaparecidos Justicia, Querétaro; Deudos y Defensores por la Dignidad de Nuestros Desaparecidos, Estado de México; Familias de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos, Guerrero; Familias Desaparecidos Orizaba-Córdoba; Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos, Jalisco; Familias Unidas, Coahuila; Familias Unidas de Nayarit; Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos Nuevo León: Guerreras en Busca de Nuestros Tesoros. Nos Hacen Falta; Solecito de Veracruz; Uniendo Esperanzas, Estado de México. Experta: Eliana García *Integrantes de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”: Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos A.C. (ACADERH); Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (Jacala Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica)
El derecho al trabajo
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Hoy, cuando la sociedad ha ordenado avanzar en el cambio, es de esperarse que la ciudad sea innovadora en la garantía del derecho humano al trabajo. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 18 de agosto de 2018 Miguel Concha Una de las ventajas que permite el adelanto de los tiempos de la transición del gobierno en funciones al gobierno electo, es que permite la expresión de la opinión pública sobre temas de interés de la ciudadanía. Tal es el caso del próximo gobierno de Ciudad de México (CDMX) y la anunciada desaparición de la Secretaría del Trabajo y Fomento del Empleo, y la absorción de sus funciones por la Secretaría de Economía. Se ha anunciado al respecto un proceso de diálogo entre la Jefa de Gobierno electa y diversos actores del mundo del trabajo. Con el ánimo de aportar a ese importante proceso, propongo algunas ideas. El punto de partida de todo diálogo debe de ser el derecho humano al trabajo en sus dos dimensiones, tanto el derecho a trabajar, como el derecho a condiciones adecuadas en el desempeño laboral. Como todo derecho humano, tiene contenidos esenciales. Entre los principales, que el trabajo debe ser a) Disponible, es decir, con la existencia de servicios especializados para asistir y apoyar a las personas en la identificación y obtención de empleos; b) Accesible, lo que significa que debe existir un mercado de trabajo abierto a todas las personas, y c) Aceptable y de Calidad, lo que implica condiciones favorables y justas de trabajo, especialmente en lo relativo a las condiciones de seguridad, al derecho a formar sindicatos y a elegir y aceptar libremente el empleo. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) adiciona a estos contenidos otros fundamentales bajo el concepto de Trabajo Digno, el cual añade políticas de fomento de empleo de calidad. Además, el Diálogo Social incluye, de acuerdo a la OIT, todo tipo de negociación, consulta o simple intercambio de informaciones entre representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores sobre cuestiones de interés común relacionadas con la política económica y social. (http://www.ilo.org/public/spanish/ dialogue/themes/sd.htm). De lo anterior se sigue, a) que el derecho al trabajo no es un asunto sólo jurisdiccional, sino que incorpora múltiples dimensiones; entre ellas b) la política económica, sin que se reduzcan a ella, puesto que el trabajo digno va más allá de la creación de ocupación y empleo; c) la capacitación y asesoría para la obtención de empleos; d) la política social como redistribución de recursos y protección social, y e) la gobernanza, teniendo en cuenta que el diálogo social es entre gobierno y actores del mundo del trabajo. Una relación tan compleja como la del trabajo es a toda luz merecedora, no de acciones puntuales, sino de toda una política pública impulsada y ejecutada por una agencia de gobierno especializada y capaz de tener interlocución en plano de igualdad con las demás agencias, a fin de poder lograr una política transversal en materia laboral. Tarea que sería imposible por una instancia que esté subordinada a otra, como ocurre con las subsecretarías. Frente a lo anterior, es claro que resulta del todo plausible la preocupación del gobierno electo por la austeridad en el uso de los recursos públicos, misma que tiene una doble dimensión, por un lado evitar el desperdicio en obras o consumo suntuario, y por otro optimizar los rendimientos de cada peso que la sociedad le otorgue al gobierno. En el primer sentido, no parece mucho lo que se podría ahorrar con la supresión de la Secretaría del Trabajo, toda vez que hay recursos, como los de la inspección laboral, o la capacitación para la ocupación y el empleo, que son una parte importante de su presupuesto, y que en cualquier hipótesis de reorganización administrativa continuarán ejerciéndose. Por el lado de la optimización de recursos no parece una mala inversión aumentar incluso el presupuesto para cumplir, tanto las obligaciones que establece la modificación del artículo 123 de la CPEUM, como las nuevas obligaciones que en materia laboral impone la Constitución de CDMX. En consecuencia, el anunciado proceso de diálogo entre la Jefa de Gobierno electa y las organizaciones del mundo del trabajo debe ser la gran oportunidad para que de él surja una secretaría del trabajo fortalecida que se encargue tanto de la promoción de los aspectos jurídicos, como de la capacitación, la elaboración de estrategias para el fomento del trabajo digno, la protección de los derechos laborales y el diálogo social. Así como de aquellas acciones que la adaptación del trabajo al cambio tecnológico demanda, y las estrategias para la mejor vinculación de las y los jóvenes al trabajo y la igualdad de género en el ámbito laboral para la construcción de la cohesión social. Capaz de diseñar y ejecutar una amplia política laboral en todas las líneas de acción que el tiempo actual demanda. Desde hace dos décadas las innovaciones realizadas por los gobiernos de esta entidad han servido para impulsar cambios a escala nacional. Hoy, cuando la sociedad ha ordenado avanzar en el cambio, es de esperarse que la ciudad sea innovadora en la garantía del derecho humano al trabajo. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Eneas De Troya [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
En la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte se debe escuchar a la Ciudadanía
Desde sus orígenes conocemos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), hemos monitoreado sus impactos y hecho propuestas alternativas. Sobre la actual renegociación hace doce meses advertimos el riesgo de apresurarla y caer en la estrategia e intereses corporativos y políticos de los gobiernos respectivos, y propusimos posponerla hasta que hubiera un nuevo gobierno en México y después del proceso de renovación del Congreso en los Estados Unidos, para evitar caer entre las presiones e intereses electorales. En el caso de México, hemos sostenido que el gobierno de Enrique Peña Nieto ha carecido de legitimidad y representatividad para negociar en nuestro nombre. Es el nuevo gobierno electo, con la legitimidad política tras el triunfo electoral el que debe negociar una nueva agenda y relación de cooperación y complementación de América del Norte. El primero de julio la mayoría de las mexicanas y mexicanos votamos por un cambio real. La renegociación del TLCAN es uno de los temas claves que atañe a recuperar soberanía nacional y acrecentar las posibilidades de bienestar a la población. La renegociación debe superar la orientación del actual TLCAN. El TLCAN no es un simple acuerdo de circulación de mercancías es un tratado que establecerá obligaciones jurídicas así como de teoría y práctica económica para seguir limitando las facultades de los estados nacionales de regular la economía en función de un proyecto nacional y dejar como hasta ahora la dinámica de la economía y la sociedad a la ley de la oferta y demanda, bajo la lógica de maximizar la ganancia privada en prejuicio del bienestar social. El nuevo gobierno debe reorientar a fondo el sentido de las negociaciones a fin de preservar los intereses fundamentales de un Estado nacional comprometido con el desarrollo nacional, independiente y soberano, en donde los derechos sociales, la justicia, la libertad y la democracia sean elementos indispensables de los que goce su población y estén garantizados en un tratado trinacional. De igual forma es indispensable eliminar las disposiciones jurídicamente vinculantes que subordinan nuestra soberanía y autodeterminación a los intereses de las empresas transnacionales, del gobierno de los Estados Unidos y a los tribunales extra nacionales en los que los hacen valer. Vimos con beneplácito la disposición del nuevo gobierno mexicano de involucrarse en las negociaciones del TLCAN, pero no deja de sorprendernos una serie de declaraciones y acciones que poco o casi nada lo distinguen del gobierno que finaliza. Son de particular preocupación cuatro elementos: Que las negociaciones se mantengan orientadas por el mismo parámetro mercantilista y de limitar la capacidad de los Estados de promover un proyecto nacional de desarrollo. Que el equipo negociador designado por Enrique Peña Nieto continúe apresurando y manteniendo en secreto las negociaciones para cumplir con el requerimiento del Congreso de los Estados Unidos de ser notificado con 90 días de anticipación sobre las intenciones del Presidente Trump para firmar un acuerdo. Acelerar las negociaciones solo beneficia a la estrategia electoral de Donald Trump para utilizar a conveniencia un acuerdo o no en la renegociación del TLCAN. Que los negociadores se hayan apegado a la estrategia definida por el gobierno de Donald Trump de negociar bilateralmente con el gobierno mexicano, ya que es el que muestra mayor disponibilidad de ceder a las condiciones impuestas a favor de los intereses norteamericanos. Que los gobiernos y los parlamentos ignoren y no estén comprometidos con realizar y resolver las controversias y contradicciones entre el modelo de los tratados de “libre comercio” y otros tratados multilaterales, entre ellos los compromisos adoptados en la Carta de la Organización de Naciones Unidas, de derechos humanos y medio ambiente que han sido adoptados por lo menos por dos de los tres gobiernos y que por tanto tienen carácter jurídicamente vinculante. Tratados que de acuerdo al derecho internacional, contienen disposiciones para prevalecer por razones de precedencia o por controversias entre tratados, sobre los acuerdos de carácter mercantil. El pasado 3 de agosto el Dr. Jesús Seade Kuri, designado por el Presidente Electo, el licenciado Andrés Manuel López Obrador como jefe negociador del TLCAN declaro: “Soy cautelosamente optimista (de los avances logrados y de alcanzar un arreglo en las próximas semanas). Creo que se puede hacer, pero también puede haber problemas. Tenemos que ver”. De igual forma el Dr. Seade ha manifestado su complacencia con las propuestas de negociación del actual gobierno señalando que “técnicamente son las más idóneas”, el problema no es técnico, lo correcto técnicamente depende de los objetivos propuestos, el tipo de desarrollo que se busque y el modelo de inserción en el comercio internacional en favor de los intereses nacionales y de justicia social. Las negociaciones hasta ahora han sido totalmente cerradas, sólo han consultado y permitido la participación de la elite empresarial nacional y transnacional. El nuevo gobierno debe abrir una amplia discusión con todos los sectores de la sociedad en esta etapa de la negociación y por supuesto sobre los textos negociados antes de enviarlo al Senado para su aprobación legislativa. No hemos escuchado, ni se menciona ninguna de las numerosas propuestas constructivas que las organizaciones ciudadanas, sobre todo de la Convergencia México Mejor Sin TLCs, o la Coalición Trinacional de Organizaciones Ciudadanas (Canadá, EEUU, México), hemos hecho públicas y que se orientan a negociar un acuerdo de complementación económica y cooperación y no de competencia y explotación extrema entre desiguales. Un acuerdo que salvaguarde por encima de todo la protección y promoción de los derechos laborales y humanos, la seguridad social, la autosuficiencia alimentaria, la educación y la salud pública, la protección al medio ambiente, al igual que considerar las asimetrías en el desarrollo, el intercambio comercial desigual y los controles sobre el capital especulativo, negociando los mecanismos compensatorios y de control para resolverlos. Es de elemental sensibilidad política escuchar y conocer las voces ciudadanas que también conocen de este gran tema geoestratégico. Hacemos un firme y respetuoso llamado al Presidente Electo Andrés Manuel López Obrador, a su equipo político de gobierno y a los Senadores electos, para realizar una urgente reunión de trabajo
Actual administración se exime de realizar acciones urgentes para garantizar la seguridad y vida de las mujeres en México
Pese a que el pasado 3 de mayo el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria solicitamos públicamente, una reunión de carácter urgente al Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, a tres meses de dicha solicitud, el gobierno de Enrique Peña Nieto ha sido omiso y hasta la fecha no ha dado respuesta, a pesar de la gravedad, prevalencia eincremento de la violencia feminicida en México. La solicitud de dicha reunión se debió principalmente a la preocupación de organizaciones de la sociedad civil por las omisiones, obstáculos y retrocesos de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), particularmente la falta de implementación eficaz de las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVG), las cuales a pesar de ser un mecanismo que tendría que atenderse de manera urgente. Si bien desde el 12 de abril de 2018, hicimos llegar una carta privada al Secretario de Gobernación, a la fecha han sido desatendidas las preocupaciones que las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) hemos documentado, entre ellas: Uso a modo del reglamento, aprovechándose de sus vacíos. Actuar discrecional de las autoridades federales. Ausencia de Grupos de Trabajo para la AVG conformados por personas expertas y de manera interdisciplinaria. Procesos irregulares, falta de entrega de los informes de AVG en tiempo y forma, retardos injustificados. Falta de investigación exhaustiva sobre los problemas denunciados por las OSC al solicitar las Declaratorias de AVG. Restricción de la participación de las OSC peticionarias en el seguimiento a los procesos de las AVG declaradas. Falta de garantía a la participación con voz y voto de las OSC, desconociendo su interés legítimo y legal, así como el debido proceso administrativo, incluyendo el derecho de audiencia. Ausencia de indicadores de proceso, resultado e impacto para evaluar los procedimientos de las declaratorias de AVG. El desacato de la CONAVIM frente al reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, al argumentar que este no le es “obligatorio”. Si bien el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) realizó una propuesta de reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia esta no fue reformada, pese a la agudización de los casos de violencia, desaparición, trata, feminicidios, entre otros tipos de violencia. Asimismo, todos los vacíos se hicieron de conocimiento del Secretario de Gobernación pero nada de ello ameritó larespuesta de Alfonso Navarrete Prida, aún cuando la violencia feminicida constituye violaciones graves a los derechos humanos, principalmente porque la mayoría de los feminicidios y las desapariciones de niñas y mujeres ocurren como consecuencia de los contextos de alta criminalidad y de violencias generalizadas, y cuyos patrones fueron identificados en los informes de las AVG, en donde estados como el Estado de México, Veracruz, Guerrero, Morelos, Sinaloa, entre otros, fueron catalogados como estados con alta criminalidad. La omisión de las autoridades estatales y federales frente a la implementación efectiva de las AVG, ha propiciado que como organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres tengamos como única opción impulsar recursos judiciales como el amparo, como se ha realizado en los casos de Veracruz y Puebla. Cabe recordar que como OCNF, de 2014 a 2017 documentamos el asesinato de 8,904 mujeres, de los cuales sólo 2,188 casos fueron investigados como feminicidio, de manera alarmante preocupa la brutalidad, saña e impunidad que impera en los casos registrados, lo que hace necesario el fortalecimiento, operatividad y compromiso de las autoridades de todos los niveles de gobierno. Ante este contexto como organizaciones de la sociedad civil: -Recordamos al Gobierno de Enrique Peña Nieto y de manera particular al Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida que aún quedan 109 días para que concluya su mandato como servidores públicos por lo que reprobamos toda inacción del gobierno actual para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, sobre todo reconociendo el contexto de prevalencia y agudización. -Instamos al Gobierno Federal electo a tomar en sus manos esta problemática, a fin de evitar continuar ensanchando los retrocesos en la política de combate a la violencia hacia las mujeres. Hacemos un llamado al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador para que la CONAVIM sea fortalecida durante su mandato, reconociendo su función estratégica que -de cumplirse- abonaría a garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. -De manera específica, a la nueva Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, refrendamos la importancia de que sea la SEGOB la instancia encargada de coordinar y realizar las Decaratorias de AVG, como rectora de la política interior. Como organizaciones de la sociedad civil y defensoras de los derechos de las mujeres, estaremos atentas de las acciones que realice el gobierno actual y el nuevo gobierno, a fin de que la transición no sea un obstáculo para el actuar inmediato y eficaz de las autoridades federales, frente a la violencia feminicida. Atentamente Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT)
Presentación del Estudio de Opinión sobre: Protesta social y libertad de expresión en la CDMX
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] El próximo 28 de agosto tendremos la presentación de nuestro estudio de opinión: Protesta social y libertad de expresión en la CDMX El Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social surge en abril de 2013 conformado por diversas organizaciones de la sociedad civil, una red de más de setenta organizaciones y ciudadanos y ciudadanas preocupados por un contexto en el que por acción o por omisión surgen violaciones a los derechos de las personas que se manifiestan. Convocamos : Article 19 Mx, CDHVitoria, Centro ProDH, CEPAD, Causa, MArabunta, Propuesta Cívica, Serapaz, Red TDT y Resonar. Evento en facebook Martes 28 de agosto 11:00 hrs Sala Digna Ochoa de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal: Av. Universidad 1449, Axotla, 01030 Ciudad de México, CDMX [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_GoogleMap_Widget»][/siteorigin_widget]
Tareas apremiantes en la CDMX
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] En la Ciudad de México contamos con un tiempo político propicio para pensar y rehacer la vida pública de nuestra ciudad. La entrada en vigor de la Constitución y otras legislaciones pendientes que deberán empujarse para respetar y proteger los derechos humanos. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 04 de agosto de 2018 Miguel Concha En la Ciudad de México(CDMX) contamos con un tiempo político propicio para pensar y diseñar la forma de hacer y rehacer la vida pública. Estamos a escasas semanas de que entre en vigor la nueva Constitución para esta ciudad, que hasta hace poco tiempo no contaba con una hoja de ruta propia para guiar la forma de hacer gobierno, impartir justicia y fortalecer la democracia. Esta Constitución es un entretejido orgánico de voces de organizaciones sociales y defensoras de derechos, integrantes de la academia y colectividades que por mucho tiempo han enfrentado retos sociales en la CDMX, buscando hacer reales la dignidad y los derechos. Ahora, con el proceso de implementación de la nueva Constitución, y con el nuevo gobierno electo, la voluntad y acción para hacer transformaciones de fondo se hacen necesarias y urgentes. Abordo algunos aspectos importantes en la agenda de derechos humanos y justicia. Para ello retomo contenidos del texto La Constitución de la Ciudad de México: realidades y retos,elaborado por un grupo de especialistas de la Universidad Autónoma Metropolitana, juntamente con algunas organizaciones sociales, presentado esta semana. En cuanto a los derechos humanos, quienes están por asumir el gobierno, o integrarse al nuevo Congreso de la Ciudad, primeramente tendrán la ineludible tarea de mantener el espíritu de la Constitución, es decir, poner al centro el respeto y protección de los derechos humanos en todo el quehacer y hacer de la ciudad. Dada la importancia de tales derechos, su realización y avance progresivo, el gobierno electo deberá evitar cualquier acción que obnubile un mensaje y trabajo contundente para solventar tal tarea. Ahora bien, para el Congreso se contempla en artículos transitorios constitucionales ayudar, mediante la expedición de leyes, a reformar el sistema de justicia en la ciudad. El texto también mandata armonizar con él las instituciones encargadas de procurar, administrar e impartir justicia. Quienes conocemos la situación de los derechos en esta entidad, reconocemos que el derecho de acceso a la justicia es uno de los más violentados. Es por ello urgente atender lo que técnica y jurídicamente debe modificarse en este sistema, respetando en todo momento los derechos de todas y todos. Y después de conocer las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a las impugnaciones a algunos artículos de esta Constitución, se hará urgente conformar el Consejo Judicial Ciudadano, una figura inédita de participación directa de la sociedad civil en procesos de fortalecimiento de este sistema. La procuraduría local deberá asimismo transformarse de raíz en una fiscalía autónoma, con el nombramiento por tanto de una persona fiscal autónoma. Para ello resulta indispensable un Consejo Judicial Ciudadano a la altura, y que el Congreso lo reconozca en su conformación y con la participación debida. Apremia, además, consolidar la nueva Sala Constitucional en el Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad. Dicha sala se propone interpretar la Constitución de la CDMX y dirimir controversias para que, sin que necesariamente lleguen a la SCJN, se resuelvan lo antes posible. Aunque hay avances muy relevantes en materia de acceso a la justicia, es menester agregar que la Constitución queda en deuda con la justicia administrativa. Cierto que hubo cambios considerables en el ahora Tribunal de Justicia Administrativa, pero sería ideal que el Congreso revise con lupa las limitantes en materia de nombramientos de jueces, así como las transformaciones que amerite la propia estructura de este órgano. Por otro lado, para los primeros meses del año próximo debemos contar con una Ley Constitucional de Derechos Humanos para la Ciudad, en la que se desarrollen los principios y mecanismos de exigibilidad ya establecidos en el texto constitucional. Tarea que amerita el trabajo activo del Congreso, coordinado con la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad, ya que también será el Congreso quien deba construir una ley para el funcionamiento y atribuciones nuevas que pudiera tener esta comisión. Es igualmente importante que en estos procesos se cuente con la participación de las organizaciones sociales y especialistas en los temas correspondientes, así como con la debida difusión de estas acciones y contenidos entre la ciudadanía en general. Vale también recordar que el nuevo Congreso deberá aprobar una ley que dé forma al Sistema Integral de Derechos Humanos, cuyo objetivo es, mediante el Programa de Derechos Humanos correspondiente, garantizar la efectividad de los derechos de todas las personas. Este sistema se perfila como medular para transversalizar enfoques de derechos en toda la institucionalidad de la ciudad. Hasta aquí menciono algunos asuntos importantes por atender. Falta sin embargo hacer otras legislaciones que den como resultado un andamiaje legal que tenga la principal intención de respetar, garantizar, promover y proteger los derechos humanos. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : PebblePicJay [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Crisis socio-política en Nicaragua
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Nicaragua, tierra de lagos y volcanes, sufre desde hace tres meses una crisis profunda que inició en abril con protestas en contra de una injusta reforma al régimen de seguridad social. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 21 de julio de 2018 Miguel Concha Nicaragua, tierra de lagos y volcanes, sufre desde hace tres meses una crisis profunda que inició el 18 de abril con protestas generalizadas contra una reforma injusta al régimen de seguridad social, misma que día con día se encamina hacia la renuncia del gobierno que lideran Daniel Ortega y Rosario Murillo. Se registran ya casi 400 personas asesinadas y más de mil 200 heridas, como resultado de las manifestaciones populares llevadas a cabo en calles y recintos universitarios, en cuyo seno el régimen autoritario de Ortega-Murillo ha ejercido represión por medio del aparato policial y grupos paramilitares que durante la noche infunden pánico entre la población. La tierra pinolera acumula una larga historia de luchas revolucionarias. La que se emprendió en contra de la dinastía de los Somoza constituye quizá la más sangrienta y duradera de todas. Fueron casi 45 años en que el pueblo nicaragüense aguantó los embates de una dictadura que cometía incontables asesinatos y torturas, y gobernaba sin legitimidad popular. El inicio del fin de tal dinastía comenzó con la famosa gesta del poeta Rigoberto López Pérez, quien en 1956 le puso fin al poderío de Anastasio Somoza García y dejó el camino abierto al grupo que 20 años después se formó bajo los ideales de Augusto César Sandino y terminó por expulsar del país a Anastasio Somoza Debayle. Nadie, ni siquiera el partidario más ferviente del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), hubiera podido imaginar que hoy, en pleno siglo XXI, esta nación tuviera que padecer de nuevo violencia generada por las decisiones de despóticos que llegaron al gobierno para lograr su objetivo: hacerse de fortunas de tipo familiar, a costa del pueblo nicaragüense. A la pareja presidencial le corresponde el dominio de casi todos los canales de televisión nacional, cadenas hoteleras y negocios de casas comerciales. Los cuales les permiten a sus hijos satisfacer todo tipo de caprichos personales. Con la complicidad de Murillo, y siendo el líder absoluto del FSLN, Daniel Ortega logró en 2007 su tan ansiado objetivo, como ganador de unas elecciones que todavía se tienen por muy cuestionadas. Ahora, y a pesar de retóricas disfrazadas de lenguaje pacifista, como Nicaragua quiere paz, Aquí Nicaragua libre, Basta de odio, la única paz y amor que ha recetado al pueblo son balas de francotiradores que, para intentar destruir esfuerzos organizados de diferentes marchas nacionales, se han apostado estratégicamente en lugares altos del territorio. En la protesta del Día de las Madres, el 30 de mayo, alrededor de 15 personas fueron asesinadas por policías y paramilitares armados, y apenas el martes éstos cobraron tres muertos más y decenas de heridos, al recuperar el control policial de Monimbó, en la ciudad de Masaya. Contrario a lo que se pudiera pensar, y luego de ver a las turbas orteguistas infundiendo miedo en las calles y asesinando a quemarropa a familias completas, lo cierto es que los nicas ya le perdieron el miedo a ese gobierno. Existe un descontento contra Ortega en más de 90 por ciento de la sociedad. Sobre el Diálogo Nacional, sabemos que es una iniciativa que la Conferencia Episcopal de Nicaragua convocó, en su carácter de mediadora, para que tanto el gobierno, como quienes participan en las coaliciones que integran la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia pudieran hallar alternativas no violentas ante la crisis socio-política en Nicaragua. Estudiantes, movimientos campesinos, sindicatos e intelectuales se presentaron al diálogo con una serie de 40 opciones que se dirigen a una refundación del Estado y al adelanto de elecciones generales propuestas para marzo de 2019. Sin embargo, el gobierno se ha mantenido con la idea firme de que primero debían quitarse los tranques (retenes), pues los reclamos del sector gubernamental insisten en el tema de ellos y la obstrucción que éstos generan para la economía nacional. Incluso se afirmó que la Alianza lo único que desea es un golpe de Estado suave contra el Gobierno de Reconciliación orteguista. mediante la defensa de sus derechos frente a un poder dictatorial ya tambaleante, los nicaragüenses buscan una victoria definitiva. Resulta además necesario apuntar un último aspecto: la Iglesia, asumiendo un papel de garante en el diálogo, se ha destacado por su apoyo firme al proceso de paz. Monseñor Báez, obispo auxiliar de Managua, y monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, por conducto de su defensa del pueblo y su denuncia al gobierno, han encarnado un ejemplo de cristianismo liberador. Si tomamos en cuenta la presión interna y el desprestigio internacional que Daniel y Rosario se han ganado por sus inhumanas acciones, sería oportuno decir que su gobierno autoritario está llegando a su fin. Se hace oportuno entonces que las distintas expresiones populares disciernan colectivamente el mejor camino para encontrar una solución pacífica al conflicto, y una alternativa política viable a la situación actual. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Katie Simmons [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Declaración por la paz, la democracia y la justicia en Nicaragua
Desde el pasado mes de abril, Nicaragua vive una situación de confrontación política y social que llega a tal grado de violencia y represión, ya insostenible, que hasta la segunda semana de julio ha cobrado la vida de casi 400 personas en todo el país. Reconocemos que el conflicto tiene sus origenes en la represión desencadenada contra la amplia pluralidad ciudadana movilizada para la defensa popular de los recursos naturales y la reforma a la seguridad social y su posterior exigencia de ampliar los márgenes democráticos, cese de la violencia y la justicia social en Nicaragua. Quienes a partir de nuestra preocupación por el aumento de la represión, las violaciones a los derechos humanos y las pérdidas humanas, suscribimos este comunicado, hacemos un llamado al gobierno nicaragüense a frenar todo tipo de acción violenta contra las manifestaciones populares, así como a actuar para la desmovilización y desarme de los grupos paramilitares. Expresamos nuestra especial preocupación por la recurrente estigmatización de los defensores y defensoras de los derechos humanos, de los y las estudiantes, de los comunicadores y comunicadoras, y de todos aquellos y aquellas que participan en el diálogo nacional. Así como por la reciente modificación a la Ley Antiterrorista que no contribuye a la paz ni al cese de la represión, sino por el contrario, puede utilizarse para criminalizar a quienes se organizan y participan en las protestas pacíficas. Pensamos que la continuidad de los esfuerzos de diálogo ya iniciados, es de suma importancia para encontrar una salida política y pacífica a este conflicto. Nos mantendremos atentos a la situación de Nicaragua. Manifestamos nuestra disposición para hacer lo que esté de nuestra parte, en vistas a coadyuvar a la resolución de este conflicto. Animamos a la comunidad internacional a trabajar de manera unida, sin intervencionismos y con el pleno respeto a la soberanía de Nicaragua, para encontrar las mejores vías de solución acordes a los ideales e intereses democráticos del pueblo nicaragüense. Cuauhtémoc Cárdenas Clara Jusidman Adolfo Gilly Felix H. Gamundi Orfe Castillo Ximena Antillón Miguel Concha Malo Lydia Alpízar Carlos Ventura Marusia López Víctor García Zapata Fundación para la Democracia. Alternativa y Debate A.C. Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A.C. Imagen destacada : AP Foto
Crisis de DH en México ante próximo Examen Periódico Universal
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] El informe «La impunidad, el acceso a la justicia y la justiciabilidad de los DESCA» da cuenta de la falta de voluntad y/o incapacidad de parte del Estado mexicano para reconocer y enfrentar la grave crisis de derechos humanos. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] 17 de julio de 2018 Por: Donovan Jiménez Ortega y Carlos A Ventura Callejas El próximo 7 de noviembre México se presentará ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para ser sujeto del Examen Periódico Universal (EPU), donde se evaluará la situación de los derechos humanos en el país. A través de este semanario realizamos una primera entrega donde explicamos la relevancia del EPU, sus objetivos, alcances y el papel de México en este mecanismo (Contralínea 5 de junio de 2018). En esta segunda entrega se abordará el contexto y situación de derechos humanos con el que llega México a su próxima evaluación, a partir del informe paralelo a la información oficial el gobierno actual, presentado por el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP, AC (CDH Vitoria), organización independiente y sin fines de lucro con más de 30 años en la defensa de los derechos humanos de grupos históricamente vulnerabilizados, y la Dominicans for Justice and Peace, asociación de derecho suizo y representante de la Orden de Predicadores (Dominicos) ante las Naciones Unidas en Ginebra, creada en 1998, con estatus consultivo ECOSOC desde el año 2002. El informe titulado La impunidad, el acceso a la justicia y la justiciabilidad de los DESCA es un documento que presentaron ambas organizaciones como insumo para el EPU de México, y da cuenta de la falta de voluntad y/o incapacidad de parte del Estado mexicano para reconocer y enfrentar la grave crisis de derechos humanos. Asimismo, hace explícita la falta de compromiso en materia de cumplimiento y seguimiento de acuerdos y recomendaciones que ha recibido México por parte de mecanismos internacionales y relatores del sistema de Naciones Unidas. El diagnóstico paralelo señala que el sistema de justicia mexicano carece de políticas sólidas y eficaces para el acceso e impartición de justicia, y la ausencia, distorsión y manipulación del mismo han resultado en un contexto de violencia generalizada y de violaciones graves a derechos humanos. A pesar de importantes avances en materia legislativa, éstos se vuelven nulos frente a la falta de capacidad técnica de las instituciones encargadas de aplicar los estándares y políticas de derechos humanos, y la ausencia de un efectivo acompañamiento y espacios poco efectivos de participación para las víctimas y las organizaciones de la sociedad civil. En gran medida, de ahí se explica la impunidad estructural en el país. La violencia generalizada, se explica en el informe, deriva de un proceso histórico, en donde primero estuvo focalizada y era de tipo selectiva hacia personas y/o grupos que se encontraban en contextos de resistencia; sin embargo, a partir de la estrategia de combate en contra del crimen organizado que instauró el gobierno de Felipe Calderón, la violencia se ha generalizado, y existe una falta de respuesta efectiva por parte del Estado mexicano y ha incrementado el número de víctimas. Asimismo, se señala que los grupos históricamente discriminados y vulnerabilizados se encuentran ante un panorama de mayor adversidad y riesgo, dado que las políticas y medidas diseñadas para enfrentar esta situación resultan deficientes y con grandes limitaciones, ya que las acciones en su mayoría son reactivas más que preventivas; resulta evidente la falta de una perspectiva integral, interseccional y preventiva en la política estatal y en las instituciones para atender a estos grupos. Se abunda sobre situaciones graves que enfrentan las personas y colectivos. El caso Ayotzinapa evidenció la práctica generalizada de tortura y tratos inhumanos y degradantes en el país, y el involucramiento por parte de las fuerzas de seguridad en éstas acciones. El aumento de violaciones a la libertad de expresión y la protesta social son una constante, y el uso excesivo de la fuerza deriva en detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y ejecuciones arbitrarias, sumado a la aprobación de legislación discrecional y ambigua en la materia; tal es el caso de la recién aprobada Ley de Seguridad Interior o la llamada Ley Bala en Puebla. La violencia generalizada impacta de manera diferenciada a las mujeres, y la impunidad es una constante por la falta de perspectiva de género de instancias encargadas de atender e investigar las denuncias, resultando, en la mayoría de los casos, en la revictimización y criminalización de las mujeres. La falta de voluntad por parte del Estado mexicano queda en evidencia al no establecer mecanismos sólidos de prevención y respuesta, y la falta de reconocimiento de los altos índices de feminicidio en el país, además de la negativa a instrumentar acciones efectivas en contra de la violencia de género. La aplicación del Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas no ha frenado el aumento de asesinatos y actos en contra de estas personas. En particular, la defensa de derechos en procesos de tierra y territorio encuentra una mayor adversidad y criminalización al enfrentarse a acciones por parte del Estado y actores privados. Diversos grupos que exigen la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) se ven afectados por la legislación contraria a estos derechos. Ejemplo de ello es la reforma en materia energética, que ha dejado de lado la consulta a pueblos y comunidades indígenas, y les ha sometido a los intereses corporativos y empresariales. Enfrentamos un contexto de crisis en materia de derechos humanos y el EPU servirá para evaluar la administración de Enrique Peña Nieto debido al periodo que comprende esta tercera evaluación (2013-2018). Es necesario evidenciar los grandes retos a los que deben hacer frente los actores políticos que asuman la nueva administración, para que retomen efectivamente las denuncias y propuestas que organizaciones de la sociedad civil y colectivos de víctimas han expuesto en informes paralelos para esta evaluación, e incorporarlas a la agenda de derechos humanos que enfrente de manera contundente la violencia y el contexto de violaciones y
La sociedad civil en la nueva transición
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] En la sociedad civil, como en cualquier ámbito social, hay diversas orientaciones políticas e ideológicas que en la historia reciente del país se han expresado. En tiempos de reconciliación, aún de aquello que no sabemos si estuvo confrontado, es útil proponer varias aclaraciones. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 07 de julio de 2018 Miguel Concha Todo indica que iniciaremos una etapa de cambios en la vida pública. La demanda social expresada en las urnas; la oferta de cambios de fondo, y la obsolescencia de los modelos económico y político, así lo anuncian y lo hacen necesario. No sabemos sin embargo qué tan hondo se avanzará. Está el objetivo, pero falta aún el programa para realizarlo. El rezago político no permitió que las compañas fueran la ocasión para discutir los cómo, pero claramente tenemos el qué. Y por ello en este tiempo oportuno para el cambio necesitamos responder a la pregunta ¿cuál es el papel que le toca a la sociedad civil? Respuesta indispensable, porque quedaron en el aire temas surgidos a partir de la expresión desconfío de todo eso que llaman sociedad civil. En tiempos de reconciliación, aun de aquello que no sabemos si estuvo confrontado, es útil proponer varias aclaraciones. La primera es que en la sociedad civil, como en cualquier ámbito social, hay diversas orientaciones políticas e ideológicas que en la historia reciente del país se han expresado. La sociedad civil que se hizo visible en la solidaridad con los damnificados del sismo en 1985; la que propició el diálogo como salida al levantamiento indígena en Chiapas, estableciendo un cinturón de paz y una conferencia civil por la paz, entre otras iniciativas; la que logró el reconocimiento de la institución autónoma de derechos humanos y la independencia del Ejecutivo del órgano electoral, era ésa en la que predominaba el compromiso con lo popular y con los derechos económicos y sociales. Después del 2000 aparecieron nuevas agendas que destacaron la lucha contra la corrupción, el mejoramiento de la administración e impartición de justicia y la seguridad. Cada una con sus aliados y sus preferencias políticas, enfatizaron los derechos civiles y políticos. En una perspectiva de integralidad de derechos ambas son legítimas y en una de interdependencia de los derechos las dos son necesarias, pues no se pueden pensar las libertades sin la igualdad y viceversa. Además, en una perspectiva de autenticidad de los comportamientos concretos, éstos dependen de la argumentación, los resultados, la independencia respecto a los poderes y la sujeción al escrutinio social. Con el concepto de sociedad civil se comprende a todos aquellos que luchan por un cambio para democratizar la vida pública; por la justicia, el bienestar y el reconocimiento de la diversidad. Por ello le toca ser no aliada, sino punta de lanza de los cambios. Y por ello quienes tienen poder de decisión y comparten la vocación de cambio tendrán que escuchar e interactuar corresponsablemente. Lo que quiere decir, cada quién con su responsabilidad en la construcción del programa para el cambio que ordenó la sociedad mexicana. Habrá ocasiones para demostrar que esta corresponsabilidad es posible. Propongo cuatro. 1) El 31 de mayo próximo el Ejecutivo tendrá que enviar a la Cámara de Diputados la formulación del Plan Nacional de Desarrollo. Pero a diferencia de los sexenios anteriores ésta será la primera vez en que el Legislativo no sólo lo conocerá, sino que también lo aprobará. La mayoría del partido del Ejecutivo en el Congreso le asegura la aprobación, pero será la ocasión para demostrar que hay un real aprecio por la opinión de la sociedad, oyendo y tomando en cuenta sus propuestas. Como condensación clara del cambio, para ello la sociedad civil deberá pugnar por un gobierno y un parlamento abiertos. 2) Se demanda el fin de la corrupción. El diagnóstico del candidato triunfante se centró en ella. Hay instrumentos surgidos no sólo del gobierno anterior, sino con la participación de la sociedad civil, que se diseñaron para combatirla. El nuevo gobierno tendrá que manifestar su decisión de consolidar el Sistema Anticorrupción, y con ello de paso diferenciarse del anterior, el cual fue omiso en cumplir con el acuerdo legislado. 3) La corrupción es resultado de otros problemas, de la impunidad ciertamente, y ésta a su vez de la falta de equilibrio entre poderes. Los beneficios de una reforma del régimen político, que asegure independencia y redistribución de funciones entre ellos, trascenderán sin duda al periodo de gobierno por iniciar. Éste tiene la responsabilidad y la oportunidad única de impulsarla. Dado que el próximo presidente tiene la mayoría en el Congreso, no podrá prestarse a interpretaciones de que semejante reforma tendría dedicatoria. No sabemos si más adelante se repita esta convergencia. Por ello la sociedad civil debe poner el tema en la agenda pública. 4) El mandato social es de cambio, de fin de la corrupción. Es necesario, pero no suficiente para cambiar. La demanda de cambio es también de mejores condiciones de vida, de empleo, de seguridad social, de recuperación del campo, de mejor educación. Recuperar la agenda de los derechos sociales, relegada por la violencia y la opacidad, será otra tarea de la sociedad civil ante el posible cambio de régimen en el país. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Scott Campbell [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
