Quinto Comunicado del Comité Conciudadano para la Observación Electoral 2018
-Como en anteriores elecciones, una vez más se observa una práctica extendida e impune de compra y coacción del voto –La actuación de la Sala Superior del TEPJF, con sus decisiones recientes, ha abonado a generar desconfianza y confusión -Nos preocupa la descomposición intencionada y la captura por parte de los partidos políticos del pilar ciudadano de las autoridades electorales –A cinco días de la elección, falta conformar el 10% de las mesas de funcionarios de casilla -Observamos un porcentaje alto, casi de 34%, de sustituciones de funcionarios de mesas de casilla en comparación con otros procesos electorales, así como la duplicación del número de observadores electorales en Chiapas y el Estado de México -Hay riesgo de que se anule la elección por la falta de información sobre gastos de campaña de manera oportuna -Exigimos a todos los actores de la contienda electoral, el respeto y reconocimiento de los resultados electorales Como Comité Conciudadano para la Observación Electoral lamentamos profundamente la incapacidad del Estado mexicano para frenar la violencia política y detectamos un alto grado de desconfianza a las instituciones electorales, los partidos, las coaliciones, las y los candidatos, a las instituciones federales y los gobiernos locales y al proceso electoral, en general. Ello derivado de la falta de contundencia en la actuación de las autoridades electorales para frenar el lamentable desempeño y ausencia de apego a la ley de los partidos políticos, las coaliciones y las y los candidatos, así como de la intervención ilegal del gobierno federal, los gobiernos locales y de actores no estatales como empresarios, sindicatos y sus organizaciones y medios de comunicación. Las campañas y los debates han estado plagados de mentiras, engaños, infundios, agresiones directas, verdades a medias y frases fuera de contexto, sin consecuencia alguna para quienes los emiten y difunden. Desgraciadamente, para el avance de nuestra democracia, se ha privilegiado la denostación sobre las propuestas y la construcción de un voto informado. Lamentamos el impulso y la difusión de campañas negras de parte de los medios de comunicación y las redes sociales. Una vez más, observamos una práctica extendida e impune de compra y coacción del voto por el gobierno federal, los gobiernos locales, los partidos, los empresarios y los sindicatos, y tememos que se haya repetido la transferencia indebida de recursos por parte de la Secretaría de Hacienda a los gobiernos estatales, para apoyar al PRI, mediante empresas fantasma, como ocurrió en Chihuahua. Por ello denunciamos la incapacidad o desidia de las autoridades electorales para frenar y castigar la avalancha de irregularidades. No podemos aceptar esta normalización antidemocrática. En ese sentido preocupa el elevado número de observadores electorales aprobados hasta ahora en Chiapas (4,038) y en el Estado de México (6,184) y que el mismo se haya duplicado respecto del proceso electoral de 2012. Los observadores podrían estar siendo usados para reforzar la compra y coacción del voto desde el interior de las casillas en dos estados con elevados niveles de pobreza. Con suma preocupación advertimos la “validación” por parte de la Sala Superior del TEPJF del uso de las tarjetas de dinero como medio de propaganda con las que los candidatos prometen la realización de depósitos en efectivo una vez que resulten electos. Esto es un doble atentado contra la democracia: primero porque implica solicitar el voto con una promesa de dinero y en segundo lugar, porque compromete los recursos económicos del Estado en favor de una minoría.[1] Llamamos la atención sobre la falta de certeza que genera la Sala Superior del TEPJF al resolver sólo días antes de la jornada electoral que los votos de la Candidata independiente Margarita Zavala deberán considerarse como votos nulos y agregar de manera confusa y cuestionable que, de marcarse la boleta en ese recuadro, más otro recuadro, el voto contará para esa otra opción. Con ello la Sala Superior agrega una presión desmedida sobre la capacitación electoral y abre la posibilidad de confusión durante los cómputos en casilla. [2] La intensa confrontación que ha caracterizado a las campañas políticas no ha hecho más que abundar en la extensión del conflicto a nivel de familias, comunidades y sectores sociales y económicos; con la polarización se abona a la extendida violencia que prevalece en la mayor parte el territorio nacional y se dificulta la reconciliación y la construcción de la paz que necesitan darse a partir del día después de las elecciones. Nos preocupa la incapacidad (real o intencionada) de los partidos y coaliciones, así como de las y los candidatos, de proporcionar de manera oportuna la información sobre los gastos de campaña con fines de fiscalización. Esta conducta pone en altísimo riesgo de nulidad la elección, abriendo la posibilidad de que la Sala Superior del TEPJF aplique el cuestionado criterio, aprobado en febrero pasado, que obliga al ganador a comprobar o refutar las acusaciones de que pudiera ser objeto.[3] Asimismo, nos preocupa que el carácter ciudadano del Instituto Nacional Electoral, así como de los institutos locales se ha desdibujado. El pilar ciudadano de las autoridades electorales -fincado en los consejeros generales, locales y distritales- ha sido capturado por las burocracias electorales y sus familiares, así como por miembros activos de los partidos políticos. Muchos de los nombrados como consejeros no asisten a las sesiones de consejo ni realizan las tareas de organización y vigilancia de los procesos electorales que les corresponden en el territorio, reciben prebendas por su docilidad, además de acosar y agredir a los pocos consejeros ciudadanos independientes. En esta elección la captura y descomposición de los consejos ciudadanos ha alcanzado incluso a capacitadores, observadores y funcionarios de casilla, posiciones que están siendo ocupadas por miembros activos de los partidos y de sus organizaciones afines, particularmente del PRI, que no ha dejado de tener gran influencia en las instituciones y estructuras electorales. También resulta de observarse que al 25 de junio el INE reporta un porcentaje de 33.97% de sustituciones de funcionarios de mesas directivas de casilla designados, lo cual es alto respecto a otros procesos electorales. Preocupan de manera particular cinco
Cuestionamientos juveniles abiertos
El horizonte de las preguntas de las y los jóvenes apuntan directamente a un cuestionamiento frontal y global del régimen político existente, del modelo neoliberal predominante y de la oligarquía. Sábado 23 de junio de 2018 Miguel Concha En las próximas elecciones presidenciales estarán llamados a votar 25 millones de jóvenes; lo cual equivale a un tercio del padrón electoral. En un país signado por la desigualdad, la corrupción, la violencia, la falta de democracia y la ausencia de oportunidades para la juventud, resultan revitalizadores los esfuerzos críticos que provienen de dicho espectro de la sociedad y ponen el acento sobre temáticas que, infelizmente, no se han discutido a profundidad por los candidatos a la Presidencia. La iniciativa ¿Quién sacará a México de la barbarie? 73 preguntas que los candidatos presidenciales no se atreven a responder, difundida por medio de un video (https://bit.ly/2t5D1rT) y una petición en change.org (https://bit.ly/2sWcSMM), es un esfuerzo que resulta destacable en varios sentidos. En primer lugar por sus emisores, quienes en su mayoría son jóvenes de diversas profesiones y condiciones. Este grupo expresa la urgente necesidad que tiene la juventud, y diversos sectores de nuestra sociedad, por consolidar espacios autónomos de acción y discusión política ante la adversidad y la falta de representación en las instituciones y los partidos políticos. Y por apuntar de manera central a la impunidad y el cinismo con los cuales las instituciones se manejan en nuestro país. De hecho, el inicio del texto, dedicado a cuestionar la candidatura de Meade, comienza de esta manera: ¿es posible olvidar los grotescos casos de Odebrecht, la estafa maestra o la casa blanca? ¿Acaso un discurso repetitivo puede borrar la indignación y la memoria de los casos de los Duarte, los Yarrington, los Herrera? En ese mismo tenor, y cuestionando el discurso de Ricardo Anaya, se menciona: ¿Cómo pueden ofrecer justicia y respeto a los derechos humanos sin condenar y hacer justicia en el caso Tlatlaya? ¿O en Apatzingán? ¿Cómo pueden hacer robustos discursos sin mencionar la palabra feminicidio? Y nos preguntamos –añaden–, ¿Cómo pueden los candidatos ir repartiendo abrazos sin nombrar las palabras que indignaron a miles y miles de personas? ¿Recuerdan esos lugares? ¿Guerrero? ¿Iguala? ¿Ayotzinapa? La iniciativa resulta también vital por su contenido, ya que aborda temas que en el marco de la coyuntura electoral no se han discutido: ¿No hablarán nada sobre los cientos de conflictos por el despojo de tierras, agua y bosques que sufren los pueblos indígenas en todo el país? ¿Será que las responsables del despojo son las mismas empresas a las que llaman con vehemencia para que inviertan en México? Como en otras ocasiones, es la juventud la que atina en colocar el lente de la crítica en la ausencia de derechos para sectores marginados: ¿No les merecen ni siquiera una mención las formas de gobierno de los pueblos indígenas que hoy existen en muchas partes de la nación? ¿Olvidan que el Estado mexicano se comprometió a reconocer sus derechos como pueblos indígenas? ¿Seguirán ignorando ese compromiso? ¿Podrían enunciar sin balbucear los derechos de las mujeres? ¿Por qué evaden nombrar a las personas discriminadas por su género y su identidad sexual? En el caso de los cuestionamientos lanzados al candidato de Morena conviene destacar que la crítica proviene desde una lógica antisistémica: ¿López Obrador realmente cree que la corrupción existente puede desmontarse con el ejemplo? ¿O que los problemas del país pueden reducirse a la corrupción, sin afectar la obscena concentración de la riqueza? ¿Por qué cree que es posible establecer alianzas progresistas con sectores de la mafia en el poder y con algunos de los grandes empresarios? ¿Por qué pactar con el gran capital? ¿Por qué pactar con la derecha ultraconservadora? ¿Un gobierno de izquierda puede someter a consulta los derechos humanos? Para poder emprender algún tipo de cambio, ¿no cree necesario refundar por completo las instituciones mexicanas? En términos generales, los elementos enunciados hasta aquí apuntan directamente a un cuestionamiento frontal y global del régimen político existente, del modelo neoliberal predominante y de la oligarquía. Dicho horizonte, en mi opinión, es vital para emprender un cambio desde la raíz para nuestra sociedad. Finalmente, este saludable ejercicio apunta a continuar el esfuerzo mostrado por las movilizaciones sociales de los años recientes. Hemos sido –dicen– miles las personas que salimos a las calles en contra de las desapariciones forzadas; las violencias machistas; los fraudes electorales y el maíz transgénico, igual que en oposición a la reforma educativa y la minería extractivista. Miles hemos gritado e inundado las calles para exigir justicia por los bebés de la guardería ABC; por los migrantes desaparecidos y asesinados; por Atenco; por Nochixtlán; por Mara; por Lesvy y los cientos de feminicidios; por memoria, verdad y justicia para Pasta de Conchos, Aguas Blancas y Acteal. Por los estudiantes de Ayotzinapa y de Guadalajara. ¿No es acaso necesario seguir luchando? Quienes firmamos esta carta –concluyen–, pensamos que es esta última pregunta la única que tendrá respuesta. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Armando Simonin
Tras un año de la represión en Tiripetío, falta respuesta efectiva de instituciones de gobierno
-La vida de Gael Solorio, estudiante normalista de Tiripetío, fue puesta en riesgo por disparo de la policía del estado de Michoacán. -Es necesario que CEAV y CNDH no retracen más la atención a Gael y sus familiares e investigaciones por violaciones a DDHH. Hace exactamente un año, en 2017, se dio lugar a un brutal acto de represión en las inmediaciones de la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga, en Tiripetío, Michoacán. En torno a la manifestación que ese día llevaron a cabo los estudiantes de dicha escuela, agentes de la policía estatal accionaron armas de fuego contra los normalistas quienes se encontraban ejerciendo su derecho a la protesta social. Uno de ellos, Gael Solorio Cruz, fue víctima de un disparo que le impactó en la mejilla izquierda y le perforó la mandíbula. Gael se encontró a lo largo de las siguientes semanas en un estado crítico de salud, al punto que se le tuvo que inducir un coma. Además, el proyectil está aún alojado en su cuerpo, sin posibilidades de ser extraído por el riesgo que esto representa, dado lo cercanía con la espina dorsal del joven. Ante la agresión perpetrada por elementos policiales de Michoacán, la respuesta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) como de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas fue nula, pues negaron el reconocimiento de víctimas de violación a derechos humanos a Gael y a su familia. De igual manera, la reacción de las autoridades estatales, lejos de proteger los derechos de los normalistas, investigar los hechos y reparar el daño, criminalizaron las acciones de protesta de estos estudiantes. Ante la negativa de la CEDH de Michoacán para atender a las víctimas conforme a sus responsabilidades, Gael y su familia solicitaron la atracción de su caso por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). La respuesta a la solicitud de atracción no ha sido notificada a la fecha. Por otro lado, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) atrajo el caso y le dio atención de emergencia en vista del grave estado de salud en que Gael se encontraba. Sin embargo, a la fecha su familia ha visto dilación poco razonable en el acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral hasta la fecha, dado los derechos que le otorga ley y su ingreso al Registro Nacional de Víctimas (RENAVI); esto provocó que la familia se endeudara para poder solventar las necesidades más inmediatas para atender a Gael, surgidas a raíz de lo sucedido. La poca efectividad del acompañamiento de esta instancia se debe a los largos y complicados procesos administrativos que la misma exige para acceder a dicho Fondo y a una atención integral. Las organizaciones firmantes exigimos que no se retrase más el acompañamiento a Gael, en vista de que su atención fue prioritaria desde el principio. En este sentido, exigimos a la CEAV que no retrace más, por cuestiones burocráticas, el proceso para acceder al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral; puesto que revictimiza a Gael y su familia al obligarles a realizar gastos que debería estar cubriendo el Estado en virtud de la atención urgente en casos de violaciones a derechos humanos cometidas. Asimismo, instamos a la CNDH a no postergar más la respuesta respecto a la atracción del caso, puesto que a 5 meses de solicitada no se ha notificado a la familia y ni a las organizaciones que les acompañamos. La intervención de la CNDH en este sentido será clave para que el Estado mexicano reconozca, sancione y repare el intento de ejecución arbitraria cometido contra Gael. No se pueden pasar por alto las violaciones a derechos humanos en medio de un contexto en el que se criminaliza la protesta social, a las personas jóvenes y a las escuelas normales rurales. Por ello es necesario que las instituciones encargadas de atender y reparar a las víctimas de violaciones a los derechos fundamentales, así como de asesorarles y representarles en la exigencia de acceso a la justicia, atiendan de manera pronta y diligente los casos donde se comprometan la integridad y el proyecto de vida de las personas. Atentamente Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P”, A.C. (CDH Vitoria) Servicios y Asesoría para la Paz A.C. (Serapaz)
La Red Universitaria y Ciudadana por la Democracia exige al INE total respeto a la legalidad en el proceso electoral
La RUCD llama a terminar con la pasividad del INE ante hechos denunciados como: compra de votos, coacción y violencia política. La RUCD exige facilitar la observación ciudadana de expertos para vigilar la jornada y evitar el “fraude cibernético”. El país se encuentra en una encrucijada que exige de la ciudadanía y de las instituciones una conducta apegada estrictamente a ley y a la paz. Frente a ello, las y los integrantes de la Red Universitaria y Ciudadana por la Democracia (RUCD) expresamos nuestra preocupación por las muestras de parcialidad o de abierta incompetencia de las autoridades del Instituto Nacional Electoral (INE) que contrastan claramente con la actitud responsable y comprometida con la democracia que ha manifestado la ciudadanía, tanto en las redes sociales como en los medios masivos de comunicación, que denuncian insistentemente los viejos y nuevos modelos en que se realizan los delitos electorales. Es evidente e injuriosa la pasividad del INE frente a los señalamientos ciudadanos de compra de votos –como la entrega de dinero realizada en las oficinas centrales del PRI, por ejemplo–, de coacción de subordinados –que ejercen patrones a las y los trabajadores de sus empresas–, de violencia política– reflejada en el asesinato de más de un centenar de candidatas y candidatos. Así como la guerra sucia instrumentada a través de spots calumniosos, noticias falsas, volantes, mensajes y llamadas telefónicas amenazantes, por lo que integrantes de la RUCD presentaron el pasado 14 de junio denuncias ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE). Del mismo modo, preocupan seriamente decisiones del INE que ponen en duda la imparcialidad de su accionar, como el nombramiento en la crucial Unidad Técnica de Fiscalización del INE de Lizandro Núñez Picaso, quien fuera subordinado en el SAT de José Antonio Meade , ahora candidato presidencial de la coalición “Todos por México”. Además de que el INE confió la seguridad del PREP a la empresa Scitum, propiedad de Carlos Slim e Hildebrando. También provoca preocupación la entrega de la transportación de los paquetes electorales a la empresa MyM de la que es accionista el expresidente Vicente Fox. Se suman a esta cadena los “errores” sobre las bodegas donde se resguardan los votos de personas mexicanas en el extranjero. En cuanto a la infraestructura tecnológica del INE, es evidente que la tecnología digital brinda una herramienta eficiente y rápida para el acopio de datos y el cómputo interno de este organismo, en especialmente para el Programa de Resultados Electorales previos (PREP). Es importante que esta información que se recaba no sea manipulada por terceros y se vicie el sistema de datos. Por todo lo anterior la RUCD hace un llamado a las autoridades electorales, y en particular al Presidente del Consejo General de INE, Lorenzo Córdova, para proteger la seguridad e inamovilidad de la información de las casillas por medio de la tecnología blockchain, la cual impide la alteración de datos y evita el fraude. Asimismo, solicitamos que la ciudadanía, a través de expertas y expertos de reconocida labor en el ámbito nacional e internacional en el manejo de este sistema, se incluyan en el Comité Asesor del Conteo Rápido para su vigilancia. En esta etapa final del proceso electoral deben existir de nuestras autoridades muestras claras y contundentes del respeto a la ley, transparencia y se coloque a la altura de la vocación democrática que la ciudadanía demanda. Atentamente, Red Universitaria y Ciudadana por la Democracia Contacto: democracia2018mx@gmail.com
Después de 9 meses del sismo las violaciones a Derechos Humanos continúan
-Han pasado 9 meses desde el sismo del 19S y autoridades muestran poco avance en atención a víctimas. -Víctimas están en riesgo ante impunidad y faltan garantías para acceder a la justicia y debida reparación. El día 19 de septiembre de 2017, la Ciudad de México, junto con varios pueblos y otras ciudades de la zona centro del país, experimentó un sismo de magnitud 7.1 en la escala de Richter, el cual dejó a miles de personas afectadas no solamente en sus condiciones de vivienda y trabajo, sino en su proyecto de vida. Ante la contingencia, las autoridades locales y federales mostraron ser insuficientes para garantizar el bienestar de la población, mientras la sociedad civil se organizó efectiva y solidariamente desde el primer momento. El sismo ocasionó una gran cantidad de daños a la vida de cientos de familias y personas, además de lamentables pérdidas humanas. Esto, aunado a la afectación material y a los impactos psicosociales que tuvo en las personas, se tradujo también en violaciones a los derechos humanos debido a las acciones y omisiones de integrantes de protección civil de la Ciudad de México, de las policías local y federal, del ejército, y del personal encargado de la atención de albergues, entre otros; así como por parte del entonces Jefe de Gobierno, quien no estuvo a la altura de las emergencias. Las organizaciones defensoras de derechos humanos abajo firmantes vemos con preocupación que, a nueve meses del sismo, las violaciones a derechos humanos continúan e incluso podrían multiplicarse. Por un lado, observamos el irrazonable retraso en cuanto a llevar a cabo acciones concisas para la reconstrucción, siendo que se cuenta con recursos destinados específicamente para ello. Por el otro, en lo referente a procesos de familias que buscan y exigen su derecho de acceso a la justicia, observamos que instancias como la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, encargadas de investigar los hechos registrados en los edificios colapsados, están en evidente retraso y estancamiento respecto a estas investigaciones. A la fecha, víctimas que perdieron familiares han visto impedido su derecho a una debida indemnización, y mucho menos han obtenido información de parte de las autoridades sobre los avances en las investigaciones y las responsabilidades que deben fincarse no sólo a particulares, que podrían sustraerse de la justicia, sino también a funcionarios públicos por las correspondientes violaciones a derechos humanos derivadas de la corrupción. El Estado mexicano no puede, tras nueve meses de ocurrido el siniestro, eximirse de sus responsabilidades bajo pretexto de lo impredecible del sismo; al contrario, debe garantizar en todo momento el acceso a los derechos fundamentales, así como las condiciones necesarias para que no vuelvan a repetirse las lamentables situaciones que detonó, en esta ocasión, el 19S. Por ello, las organizaciones firmantes seguiremos atentas a que no se deje en el olvido a las y los damnificados y familias de personas que perdieron la vida en los hechos. Asimismo, hacemos un llamado tanto a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, a continuar con las investigaciones por violaciones a derechos humanos, con base en el acompañamiento efectivo a las víctimas y dando cuenta de la información que organizaciones defensoras derechos humanos les hemos allegado. A 9 meses, la justicia y la reparación deben ser temas que asuma el Estado sin menoscabo. Los desastres socialmente construidos deben investigarse con una perspectiva de combate a la corrupción, haciendo todo lo que se tenga al alcance para la no repetición de los daños ocasionados por las irregularidades registradas antes del sismo y la falta de actuación efectiva del Estado. Atentamente Alternativas Comunitarias para el Desarrollo Cacamatl, A.C. ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A.C. Centro Nacional de Comunicación AC (Cencos) Dirección de Programas de Incidencia de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México Documenta desde Abajo 19S Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C. Instituto para las Mujeres en la Migración A.C. Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL) PODER, Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales A.C. (ProDESC) Servicios y Asesoría para la Paz A.C. (Serapaz) Imagen destacada : b de baca
Aniversario del Centro Fray Julián Garcés
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] El Fray Julián es una organización de avanzada nacional en la reflexión colectiva, que busca, con la participación comunitaria, erradicar delitos como la trata de mujeres en Tlaxcala y el resto del país. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 16 de junio de 2018 Miguel Concha Al terminar este sexenio se habrán cumplido 12 años de una de las etapas de mayor violencia en la historia del país. La mal llamada guerra contra la delincuencia organizada y el narcotráfico no sólo no frenó la expansión de las redes de la economía criminal, sino que por el contrario propició que la espiral de violencia se extendiera a todos los rincones del territorio nacional y a todos los sectores de la población, particularmente las mujeres y los jóvenes. Por otro lado, las llamadas reformas estructurales del régimen reflejaron un panorama adverso en el respeto y garantía de los derechos humanos, pues además de que facilitaron a intereses particulares el acceso a la lucrativa apropiación y depredación del territorio, los recursos naturales y la salud de los trabajadores, también abrieron la posibilidad para omitir e impedir el ejercicio de los derechos fundamentales de los pueblos, las comunidades y los defensores de esos derechos, pues, frente a la voracidad de tales intereses, limitaron al mínimo la capacidad de los instrumentos jurídicos para su defensa. Tlaxcala no escapa a esa dolorosa realidad, y es en este contexto que el Centro Fray Julián Garcés –que presentó su 16 informe institucional Comunidad, signo de luz y esperanza– refrenda desde hace 16 años su misión de promover y defender con una perspectiva integral y de género los derechos humanos. Por ello a lo largo del último año ha continuado su labor de investigación y denuncia en torno a la prevención de la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, así como los daños generados a las comunidades por la contaminación de la cuenca Atoyac-Zahuapan, que tanto aqueja a esa entidad. El Fray Julián es una organización de avanzada nacional en la reflexión colectiva, que busca, con la participación comunitaria, erradicar este delito en Tlaxcala y el resto del país. Resultado de ello es la actualización del Diagnóstico de percepción ciudadana sobre la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual en Tlaxcala, el cual evidencia que la ineficacia gubernamental para la elaboración y aplicación de políticas públicas pertinentes y adecuadas ha impactado directamente en el aumento de municipios con presencia de trata (¡17 municipios más de los reportados en 2008!). Por ello, en su 16 informe urge a la implementación del Programa Estatal contra la Trata de Mujeres y Niñas con Fines de Explotación Sexual, y de un Programa Educativo de Prevención de la Trata dirigido a niños y niñas. Por otro lado, junto con la Coordinadora por un Atoyac con Vida y la Red de Jóvenes en Defensa de los Pueblos, inició un proceso colectivo de análisis, difusión y diálogo comunitario en torno a la Recomendación 10/2017 de la CNDH, primer documento del Estado mexicano que reconoce los impactos de la contaminación del agua en la salud de la población y la responsabilidad de las autoridades por no cumplir con la obligación de garantizar el derecho a un medio ambiente sano a los pobladores de la cuenca. Fruto central de ese proceso es la Propuesta comunitaria para el saneamiento integral de la cuenca Atoyac-Zahuapan y la reparación del daño a las comunidades, que cuenta con el respaldo de científicos solidarios de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) e incorpora principios técnico-científicos necesarios para el saneamiento del agua y la restitución del entorno que favorece la vida del río y las comunidades a partir de la reivindicación del derecho a la reparación integral del daño y las garantías de no repetición. En el contexto de la presentación de su 16 informe, fueron muy valiosos los comentarios de Raúl García Barrios, investigador de la UNAM, respecto a que no existe mayor daño en el cuerpo de las comunidades que la destrucción de los cuerpos de las mujeres y niñas y la destrucción del cuerpo de la naturaleza que las integra. Igualmente significativas resultaron las palabras de la antropóloga Ixchel Yglesias, quien concluyó que la prevención de la trata de mujeres y niñas y la violencia sexual feminicida deben ser consideradas problemas estructurales cuya solución depende de la aplicación de políticas públicas con participación comunitaria. El informe Comunidad, signo de luz y esperanza representa el llamado que el Fray Julián hace, al cumplir 16 años de servicio comunitario, en la defensa y promoción de los derechos humanos para que colectivamente se asuman las acciones que nos conduzcan a alcanzar la paz y terminar con la violencia feminicida y la destrucción de nuestra Casa Común. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Centro Fray Julián Garcés (Facebook) [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Cuarto Comunicado del Comité Conciudadano para la Observación Electoral 2018
-Su desempeño ha generado una desconfianza profunda en la sociedad por la inconsistencia de sus fallos y por el exceso y frivolidad en el uso de sus presupuestos. -La integración actual de la Sala Superior genera recelo a partir de la extensión indebida del mandato de cinco de sus siete integrantes, guiada por acuerdos políticos indeseables. -En el 2017 la Sala Superior del TEPJF avaló todas las irregularidades cometidas y denunciadas en las elecciones de Coahuila y el Estado de México. -En lo que va de proceso electoral 2017-2018, el Tribunal ha echado abajo medidas tomadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) dirigidas a inhibir la compra y coacción del voto; se ha otorgado facultades discrecionales para anular elecciones; ha restringido la defensa de los derechos humanos; ha permitido que un candidato con visiones ilegales, anticonstitucionales y antidemocráticas compita por la Presidencia de la República y ha avanzado la cultura de la simulación constitucional. El Comité Conciudadano para la Observación Electoral hace un llamado a toda la población, a los organismos internacionales, asociaciones de abogados, organizaciones de la sociedad civil, observadores electorales y expertos en derecho electoral a vigilar estrictamente el desempeño de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), así como a denunciar cualquier acto o decisión que aleje a ese Tribunal de la recta conducta que todo órgano de justicia debe tener. La Sala Superior del TEPJF es una institución que se encuentra históricamente en deuda con el desarrollo del estado de derecho democrático del país, pues no ha contribuido a generar confianza ni hacia su trabajo ni hacia el proceso electoral. Desde su puesta en marcha para arbitrar las elecciones de 1997, la Sala Superior no ha cumplido con su obligación principal: evitar la falta de certeza y garantizar la absoluta libertad de sufragio. Hoy existe una fuerte desconfianza entre la población con relación a la libertad electoral, así como a la pulcritud y corrección con la que se llevan a cabo las elecciones en el país. Existen algunas señales ominosas sobre la actuación de la Sala Superior del TEPJF en funciones que ponen en tela de duda su imparcialidad e independencia: 1. Poco después de haber sido designados y mediante un acuerdo político poco transparente y de dudosa legitimidad constitucional, el nombramiento de algunos integrantes de la Sala Superior del TEPJF se amplió de tres a siete y de seis a ocho años, pasando por alto las reglas constitucionales que fundaron el procedimiento por el que fueron convocados a participar en el proceso de selección . Esta maniobra legislativa sirvió de marco para que la Sala Superior resolviera que las elecciones celebradas en los estados de México y Coahuila en el año 2017 fueron impecables, pasando por alto todas las evidencias de compra y coacción del voto que se acumularon a lo largo de esos procesos. La nueva Sala Superior del TEPJF se inauguró así, avalando las peores prácticas de nuestra tradición electoral y que significaron un retroceso de por lo menos 30 años. 2. La Sala Superior echó para atrás las medidas aprobadas por el Consejo General de INE, conocidas como Piso Parejo, que no tenían otro objetivo que el buscar una mayor equidad en la contienda, desincentivando y obstaculizando la compra y coacción del voto, lo que genera serias dudas sobre la voluntad o el propósito de su actuación. (Sentencias del TEPJF: SUP-RAP-232 y SUP-RAP-607). 3. La Sala Superior del TEPJF prohibió que cualquier otra autoridad electoral del país, incluido el Instituto Nacional Electoral, maximice la protección de los derechos humanos (jurisprudencia 14/2018). Para la Sala Superior, el acceso a la protección de los derechos humanos debe restringirse y no ampliarse, lo que significa una violación a la obligación que la Constitución les impone. 4. La Sala Superior se otorgó facultades inmensas para anular las elecciones en el país, al ordenar que, en el caso de que la diferencia entre el primero y el segundo lugar en una elección sea menor de 5% de los votos y alguien alegue la causal de nulidad por rebase de más del 5% de los gastos de campaña autorizados, corresponde a quien va a la delantera probar que no ha rebasado los topes de campaña (jurisprudencia 2/2018). Resulta preocupante que la Sala Superior renuncie a sus obligaciones de ordenar las investigaciones más exhaustivas y completas en materia de fiscalización. Esto no sólo viola el principio de presunción de inocencia sino que aparece como una intención de anular las elecciones, para lo que se amplía sus facultades mediante un procedimiento muy cuestionable. 5. La Sala Superior avaló la candidatura independiente del señor Jaime Rodríguez a la Presidencia de la República, a pesar de la gran cantidad de irregularidades que el Instituto Nacional Electoral detectó en la recolección de firmas. Esto permitió que un discurso de odio, enarbolado por un personaje que ha demostrado una y otra vez su desprecio a la ley, esté presente en la contienda electoral. Mediante una resolución jurídicamente frágil la máxima autoridad electoral permitió que partícipe en la campaña presidencial un candidato que expone en forma impune posturas, puntos de vista y criterios abiertamente contrarios al régimen constitucional de derechos que caracteriza a México y que la propia Constitución prohíbe. En manos de la Sala Superior del TEPJF se encuentra todavía la posibilidad de enmendar la historia de sospecha que ha rodeado al órgano desde su creación, por lo que hacemos un llamado enérgico para que haga uso de las facultades que ostenta, cumpliendo con las obligaciones de independencia, imparcialidad, integridad, corrección, equidad, competencia y diligencia de fuente nacional e internacional a las que se vincula en virtud de su carácter como órgano jurisdiccional con rango constitucional. Firman: Elisa Alanís, Hugo Almada, Jorge Alonso, Socorro Apreza, Ivabelle Arroyo, Abelardo Ávila, Elena Azaola, Alberto Aziz, Bernardo Barranco, Julio Miguel Bazdresch, Isabel Blanco, Julio César Bonilla, Joaquín Borrell, Sergio Caloca, Angélica Carrasquedo, Ingrith Carreón, Héctor Castillo Berthier, Isabel Castro, Alfonso Celestino, María Enriqueta Cepeda, Miguel Concha, Paola Contreras, Gabriel Corona,
Exigimos el pleno respeto a los derechos a la libertad de expresión y a la protesta social en Guadalajara
Las organizaciones que integramos el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS), manifestamos nuestra preocupación por los hechos ocurridos el pasado lunes 11 de junio, donde fueron detenidas nueve personas de manera arbitraria por elementos de la policía municipal, cuando vecinos y estudiantes se manifestaban de manera pacífica en contra de la construcción de un desarrollo inmobiliario dentro del Bosque Arboledas del Sur, de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Los gobiernos municipales de Guadalajara, incluyendo el actual, tienen antecedentes ampliamente conocidos por las violaciones de derechos humanos cometidas en contra de las personas que ejercen la libertad de expresión y la libre manifestación, sin que existan consecuencias para quienes coartan esos derechos fundamentales. Es importante recordar que la libertad de expresión y la protesta social son derechos que no pueden ser limitados, pues ser restringidos arbitrariamente o de manera desproporcional como ocurrió en este caso, ya que se trata de instrumentos mediante los cuales las y los ciudadanos pueden expresar sus opiniones e ideas, así como evidenciar públicamente las problemáticas que les afectan. En consecuencia, resulta preocupante la criminalización en contra de quienes ejercieron su derecho a la manifestación, quienes sabemos han cobrado su libertad como consecuencia del “perdón” otorgado por el gobierno municipal. Por lo tanto, le exigimos al gobierno municipal que las violaciones al debido proceso, a la libertad de expresión y libre manifestación ocurridas en el Bosque Arboledas del Sur, sean investigadas y sancionadas de manera imparcial. De igual manera, el FLEPS, hace un llamado a las autoridades estatales y municipales del Estado de Jalisco, para que cumplan con sus obligaciones de proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas, en especial los derechos a la libertad de expresión y a la protesta social; y se abstengan de criminalizar y atentar contra la integridad física y psicológica de las personas manifestantes. ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, A.C., Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C., Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo CEPAD, A.C., Centro Nacional de Comunicación Social A.C. Cencos, Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios CAUSA, Espacio Libre e Independiente Marabunta A.C., Fundar Centro de Análisis e Investigación, A.C., Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C., Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica, A.C., Servicios y Asesoría para la Paz, A.C., Red de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos”, A.C., Resonar. Imagen destacada: Internet
México, a Examen Periódico Universal
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Conforme a lo revisado por más de 200 organizaciones sociales articuladas para el examen de 2018, se puede decir que el Estado mexicano ha incumplido con las recomendaciones señaladas por organismos internacionales respecto a sus responsabilidades de proteger los derechos humanos. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] 05 de junio de 2018 Por: Donovan Jiménez Ortega y Carlos A Ventura Callejas Este 2018 el Estado mexicano acude a distintos mecanismo internacionales para ser evaluado por la comunidad internacional en relación con su desempeño en el cumplimiento de sus responsabilidades respecto a los Derechos Humanos. Una de esas evaluaciones es ante la comunidad conformada en el marco de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Pretendemos, en diferentes entregas a este medio, abordar uno de esos mecanismos: el Examen Periódico Universal (EPU) al Estado México. En esta primera entrega abordaremos lo que significa el EPU, sus objetivos y alcances. Asimismo, los tiempos del EPU 2018 y el papel de México en dicho mecanismo internacional. El 15 de marzo de 2006 se estableció el Consejo de Derechos Humanos (CDH) como un órgano de la Asamblea General de la ONU con facultades para revisar la protección y cumplimiento de los derechos humanos en todos los países miembros. Dicho Consejo cuenta con el mecanismo conocido como Examen Periódico Universal (EPU), que tiene como objetivo revisar la situación de los derechos humanos en cada uno de los Estados miembros de la ONU y, de esa forma, mejorar la situación de derechos humanos en todos los países. Dicho proceso cuenta con tres etapas claves. La primera, relacionada con el examen de la situación de los derechos humanos del Estado examinado. La segunda tiene que ver con la implementación de las recomendaciones recibidas, las promesas y compromisos voluntarios hechos. Y, por último, informar en la próxima revisión de la implementación de las recomendaciones y la situación de los derechos humanos desde la evaluación anterior. Para poder realizar esta evaluación, el mecanismo se basa en tres fuentes de información. Primero, la presentada por el Estado revisado en forma de un Informe Nacional, que consiste en un reporte de la condición a nivel nacional de los derechos humanos. Otra fuente es la información de personas expertas independientes en derechos humanos y grupos conocidos como procedimientos especiales, cuyo mandato ante la ONU es brindar informes y asesoría que abarca a todos los derechos humanos: civiles, culturales, políticos y sociales. También retoma de manera importante información de otras partes interesadas, en las que se incluyen las organizaciones no gubernamentales (ONG) y la “institución nacional de derechos humanos” (INDH), que para México sería la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). La revisión de la información presentada es responsabilidad de una selección de tres Estados miembros del Consejo elegidos al azar, llamada Troika. En la fase de diálogo del examen participan los 47 Estados miembros y pueden asistir otros Estados de la ONU aunque no sean parte del Consejo de Derechos Humanos, así como otros actores interesados como las ONG y la INDH. La sesión tiene una duración de 3 a 5 horas y se realiza en el Palais des Nations, la sede de la ONU en Ginebra, Suiza. El objetivo del ejercicio es que el Estado examinado corrija las deficiencias en la vigencia y cumplimiento de todos los derechos humanos. Durante la sesión debe informar sobre la implementación de recomendaciones anteriores y la situación nacional de los derechos humanos a partir de la última evaluación, además de responder a las preguntas anticipadas presentadas por otros Estados miembros. Posteriormente, a partir de un diálogo interactivo, el Estado examinado debe responder a los cuestionamientos de los que sea objeto. La Troika emite y presenta un informe que resume lo discutido en el Examen. Durante las primeras 2 semanas, el Estado puede realizar modificaciones editoriales y también aclarar cualquier punto expuesto por alguno de los actores en el proceso. El Estado mexicano ha sido revisado por el mecanismo de evaluación dos veces. La primera en 2009, de la cual recibió 91 recomendaciones principalmente en materia de justicia, seguridad, derechos de las mujeres, periodistas, niñez y pueblos indígenas. Mientras que la segunda evaluación se llevó acabo en 2013, y en ésta recibió 173 recomendaciones, enfatizando nuevamente en ciertas temáticas y agregando temas como derechos de las personas refugiadas, población lésbico gay bisexual transexual e intersexual (LGBTI), y personas con discapacidades. Conforme a lo revisado por más de 200 organizaciones sociales articuladas para el examen de 2018, se puede decir que el Estado mexicano ha incumplido con las recomendaciones señaladas por organismos internacionales y que ha avanzado poco respecto a los señalamientos de exámenes anteriores. La próxima revisión del Estado México está programada para el 7 noviembre de este año. Este ciclo pretende evaluar el periodo de 2013-2018, lo que resultaría de facto en una evaluación a la administración de Enrique Peña Nieto en materia de Derechos Humanos. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México es el encargado de sintetizar los insumos presentados tanto por la CNDH, como por otras organizaciones o colectivos que hayan realizado algún informe. Se espera que para agosto se presente el informe nacional, con lo cual el mecanismo contaría con todos los insumos necesarios para realizar la evaluación. En nuestra próxima entrega abordaremos asuntos relacionados con el contexto y situación de derechos humanos con el que llega el Estado mexicano a la cita del EPU, desde su última versión hace 5 años. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] * Colaboradores del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP, AC Consultar artículo en Contralínea. Imagen destacada: Internet [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
El Congreso de Hidalgo tiene una oportunidad para derogar los delitos contra el honor aún vigentes en el estado
El pasado 29 de mayo, la diputada local Mariana Bautista de Jesús presentó ante el Congreso del Estado de Hidalgo, una iniciativa que propone derogar los delitos contra el honor (difamación y calumnias) previstos en los artículos 191 al 202 del Código Penal estatal. Lo anterior podría representar un avance para la libertad de expresión, en caso de aprobarse dicha iniciativa, en cuanto a que este tipo de delitos siguen siendo utilizados para criminalizar este derecho, sobre todo en el ámbito periodístico, a través del inicio de procedimientos penales con motivo del ejercicio de sus derechos. Además, han sido constantes y claras las recomendaciones por parte de organismos internacionales hacia el Estado mexicano para que derogue estos delitos. Dentro de un contexto adverso para el ejercicio de la libertad de expresión, la protesta social y el periodismo en México, tal como ARTICLE 19 ha dado constancia en su informe anual 2017 “Democracia simulada. Nada que aplaudir”, resulta importante y apremiante este tipo de iniciativas, cumpliendo con las recomendaciones internacionales y lograr mejores condiciones en el ejercicio de las libertades. Es por ello que desde el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS), así como desde ARTICLE 19, hemos manifestado nuestra preocupación por el uso arbitrario del sistema penal para restringir tanto la libertad de expresión como la protesta social. Por ello, hemos enviado dos cartas a las y los diputados del Congreso de Hidalgo, expresándoles la importante oportunidad que tiene para aprobar la iniciativa y con ello derogar los delitos contra el honor, aún vigentes en el estado de Hidalgo. El Congreso de Hidalgo tiene una oportunidad para derogar los delitos contra el honor aún vigentes en el estado. Asimismo, les manifestamos un claro ejemplo del uso arbitrario de este tipo de delitos lo ocurrido con el señor Leonardo García, quien actualmente se encuentra bajo proceso penal por el delito de difamación, después de haber protestado y dado a conocer úblicamente las irregularidades en la estructura del drenaje y otros servicios, por parte de la empresa SYLMA SA de CV en la construcción de su vivienda dentro del fraccionamiento La Esmeralda, en Zempoala, Hidalgo, lo cual tuvo como consecuencias severas inundaciones y daños en su inmobiliario. Frente a este contexto, ARTICLE 19 y desde el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, exigimos a diputadas y diputados locales de los estados Campeche, Colima, Hidalgo, Michoacán¹, Nayarit, Nuevo León, Sonora, Yucatán, deroguen los delitos contra el honor aún vigentes en sus códigos penales, y garanticen la libertad de expresión, derecho a la información y la protesta social, como cumplimiento del mandato de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas y todos. ¹ Si bien el código penal de Michoacán no regula estrictamente calumnias, difamación o injurias, sí regula figuras que tienen los mismos efectos: Ataques contra el honor, Ataques a la intimidad, Ataques a la propia imagen. Organizaciones conformantes FLEPS ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, A.C., Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C., Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo CEPAD, A.C., Centro Nacional de Comunicación Social A.C. Cencos, Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios CAUSA, Espacio Libre e Independiente Marabunta A.C., Fundar Centro de Análisis e Investigación, A.C., Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C., Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica, A.C., Servicios y Asesoría para la Paz, A.C., Red de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos”, A.C., Resonar. Imagen destacada: Jennifer Moo
