Encuentro de mujeres por una vida libre de violencia
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] El Encuentro de Mujeres por una Vida Libre de Violencia se realiza en el marco de 16a generación de la Escuela para Defensoras y Defensores Jóvenes de Derechos Humanos. Es un esfuerzo conjunto entre compañeras de la generación actual, colectivas feministas, de mujeres y organizaciones mixtas, quienes participamos en procesos de defensa de los derechos de las mujeres. Nos organizamos para denunciar la violencia estructural contra las mujeres en el Estado de México, concretamente, en los municipios de Nezahualcoyotl, Chimalhuacán y Ecatepec. Valoramos que es necesario descentralizar de la Ciudad de México los esfuerzos y articulaciones que se han venido construyendo en el marco de la legítima defensa de nuestras vidas y nuestros derechos para entonces fortalecernos con las experiencias de compañeras que realizan defensa desde las periferias así como con la comunidad, sobre todo con las mujeres de la comunidad, a partir de espacios de encuentro. PROGRAMA Panel “Las violencias de género y el feminicidio” ( 11 a 12:00 hrs) Participantes : Ana Yelli Pérez Garrido de Justicia Pro Persona A.C. Irinea Buendía, mamá de Mariana Lima Elí, mamá de Estrella, mujer desaparecida en el EdoMex. Stands de intercambio de diálogo y escucha con la comunidad (12:00 a 14:00 hrs) Temas: Mitos del amor romántico por Red Cihuame Autocuidado por Las Enredadas Seguridad y Cuidado Violencia sexual y la apropiación del espacio público por la Asamblea Nos Queremos Vivas Neza Construcción de la memoria social y de género por Cecos Intervención (14:00 a 15:00 hrs) Tendedero Mapa Convivio (15:00 a 16:00 hrs) Micrófono abierto Poesía Entrada libre. Evento en facebook PARTICIPAN: [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Explanada del Palacio Municipal de Nezahualcóyotl Av Chimalhuacán S/N, Benito Juárez, 57000 Nezahualcóyotl, Méx. 16 de junio de 2018 11:00-15:00hrs Entrada libre [siteorigin_widget class=»CL_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_GoogleMap_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget]
Alianza por la tortilla
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] En nuestras manos está la responsabilidad de decidir lo que queremos consumir, y la de defender al maíz como un patrimonio nacional, ya que existen en el país alrededor de 65 razas diferentes. Defendamos pues nuestra salud y nuestra biodiversidad cultural. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 09 de junio de 2018 Miguel Concha Cuando se habla de alimentación, pocas veces se piensa que ésta sea una cuestión de derechos humanos, y, por ende, de legislación y política pública que atienda las obligaciones del Estado para garantizarla y protegerla. Esto es de suma importancia y urgencia, dado que actualmente se observan graves afectaciones a la salud de la población, como el incremento de la obesidad, la desnutrición y la diabetes, por mencionar algunos de los padecimientos más comunes. En la dieta de los mexicanos siempre ha existido un consumo considerable de alimentos preparados a base de maíz, siendo la tortilla el más ordinario. A pesar de ello, en el panorama nacional podemos observar desgraciadamente el gradual abandono de la dieta tradicional mexicana y de tradiciones culinarias cuya base es el maíz. Que bien podría llamarse el alimento milenario de México y de toda la región mesoamericana. Para la elaboración de tortillas es necesario que el maíz pase por un proceso llamado nixtamalización, que se lleva a cabo desde hace 3 mil 500 años aproximadamente, y consiste en la cocción del maíz con agua y cal para obtener así el nixtamal, el cual se muele para dar origen a la masa de maíz. Se ha comprobado científicamente que este proceso da lugar a cambios nutricionales en la tortilla, aumentando hasta 30 veces la cantidad de calcio, dando como resultado un alto valor nutritivo a nuestras tortillas nixtamalizadas, pues también son fuente de fósforo, hierro, zinc, fibra y proteínas, así como de vitaminas B1, B2 y B3. Pero, ¿qué pasa cuando el proceso de elaboración de la tortilla no se da de esta forma? Lo primero que notamos es un cambio sensible en su sabor, ya que al incluir productos procesados en su elaboración, o al ser resultado de algún tipo de maíz transgénico, pierde las propiedades naturales que la caracterizan, disminuyendo con ello su sabor original y sus propiedades nutritivas, llegando incluso a generar a largo plazo daños en el organismo a causa de los tóxicos que contiene. Ello no obstante, son pocas las veces en las que nos ponemos a pensar de dónde provienen las tortillas que consumimos. Algo realmente alarmante, pues gran parte de ellas contienen harinas procesadas, o dejan de ser completamente provenientes del maíz nativo y criollo, pues los cultivos son por lo general transgénicos, aunados muchas veces al uso de insecticidas y pesticidas. Todo esto ha sido de poca o nula importancia para el Estado, que no ha llevado a cabo acciones para difundir la información acerca de la procedencia, ingredientes, procesos, aditivos y sustancias tóxicas de las tortillas industrializadas que se consumen a diario, violentando con ello el derecho a la información que tienen los consumidores para conocer la composición de los productos, sus características, calidad, precio real y riesgos que puedan representar. De igual manera, es importante mencionar que todas las personas que habitamos o transitamos por México tenemos derecho a recibir información por parte del Estado sobre una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, y a contar con las condiciones suficientes en el país para producir maíz y tortillas de calidad y libres de riesgos para la salud. Por desgracia hoy en México este derecho a la alimentación y a la tortilla no está siendo garantizado, ya que, como se ha dicho, la tortilla industrializada contiene elementos químicos que generan daños a largo plazo en la salud, tanto de quienes la consumen como de quienes la producen, y daños al medio ambiente y a la biodiversidad. El suelo donde nacen las semillas de maíz, contaminado con agrotóxicos, pone en riesgo la calidad del alimento, así como la vida de los animales que habitan dentro del área. Siendo ésta una de las principales razones para apostar por los policultivos, es decir, cultivos vistos como pequeños ecosistemas, como por ejemplo el sistema milpa, en los que no se cosecha un único producto, sino múltiples, que a su vez favorecen la diversidad de plantas herbáceas y evitan de esta forma la susceptibilidad que los monocultivos tienen a las plagas, evitando así el uso de insecticidas o pesticidas. Este método, usado por nuestros ancestros se llevaba a cabo con éxito y sin la necesidad de productos ajenos durante su cultivo, pues se pensaba acertadamente que en la naturaleza existía un balance tan armónico y perfecto que no había necesidad de ellos. Por esta preocupación, y por los riesgos a la salud que las tortillas industrializadas pueden causar, por el uso de productos químicos, diversas organizaciones han decidido sumar voces y acciones para defender de la agroindustria al maíz mexicano y evitar la inclusión de productos químicos o procesados durante la elaboración de las tortillas. Y esto, para defender las tortillas que queremos. Quienes integran la Alianza por la Tortilla buscan exigir al Estado que garantice nuestros derechos como mexicanos, y en general como consumidores, toda vez que observamos que no se respeta nuestro derecho a decidir sobre los productos que deseamos consumir y no existe información sobre su procedencia. Debido a la falta de producción de tortillas cien por ciento nixtamalizadas, y a la ausencia de apoyos del Estado a los productores campesinos, se impone otro modelo alimentario. En nuestras manos está también la responsabilidad de decidir lo que queremos consumir, y la de defender al maíz como un patrimonio nacional, ya que existen en el país alrededor de 65 razas diferentes. Defendamos nuestra salud y nuestra biodiversidad cultural, pues también origina la diversidad gastronómica que poseemos, considerada patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Thomassin Mickaël [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] La Ley de Seguridad Interior es tan vaga en su objeto, conceptos y alcances, que dota de facultades arbitrarias a las fuerzas armadas para actuar contra conductas que –a su criterio– puedan ser consideradas riesgos para la seguridad interior. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 02 de junio de 2018 Miguel Concha El 21 de diciembre de 2017 fue publicada la Ley de Seguridad Interior (LSI), instrumento legal solicitado por la Secretaría de la Defensa Nacional, quien en múltiples ocasiones y de manera pública manifestó la necesidad de que se le diera certeza jurídica sobre el actuar de sus elementos en tareas de seguridad pública. Como ya ha sido ampliamente discutido, la LSI, lejos de dar certeza jurídica a las fuerzas armadas, establece una serie de atribuciones y facultades que por su propia naturaleza cuestionan el carácter civil de la seguridad pública, reconocido por la Constitución (CPEUM). Ante este problema, y muchas otras atribuciones inconstitucionales, organizaciones de la sociedad civil tramitaron amparos que buscaban que el Poder Judicial de la Federación (PJF) determinara si la LSI atentaba contra los derechos humanos. Uno de estos amparos fue el tramitado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), cuya sentencia, emitida el 10 de mayo pasado por el juez octavo de distrito en materia administrativa de Ciudad de México, es un primer e importante paso hacia el posicionamiento del PJF sobre la suerte de la LSI. La CMDPDH y la R3D en su amparo plantearon, de inicio, un tema fundamental que afecta a todas las organizaciones de derechos humanos: la falta de certidumbre sobre el uso que se le dará a la LSI. Es preciso recordar que en México existen muchas organizaciones de la sociedad civil que defienden y promueven los derechos humanos. Con esta labor visibilizan públicamente problemáticas que se encuentran ocultas; vigilan y llevan a instancias judiciales de control la actuación del Estado; apoyan y acompañan el derecho de las víctimas a denunciar, e impulsando la vigencia del estado de derecho y detonando transformaciones hacia una sociedad más justa, luchan en contra de la impunidad. Como consecuencia de la inseguridad jurídica de muchas de sus disposiciones, en opinión de la CMDPDH y de la R3D, la LSI viola los artículos 1, 6, 14, 16, 17, 129, 89 y 129 de la CPEUM, lo cual afecta de manera perniciosa e inhibitoria la defensa de los derechos humanos, en cuanto aumenta el miedo o temor de que las actividades de defensa puedan ser consideradas como riesgos a la seguridad interior. De acuerdo con estas organizaciones, la ley es tan vaga en su objeto, conceptos y alcances, que dota de facultades arbitrarias a las fuerzas armadas para identificar, prevenir y atender de manera permanente conductas que –a su criterio– puedan ser consideradas riesgos para la seguridad interior. Con ello establece obstáculos al acceso a la información, y aumenta los costos de la defensa de derechos humanos, como la vida, la integridad, la propiedad y el territorio, derechos que en el contexto de inseguridad, criminalización y riesgo que viven las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, las colocan en mayor peligro. Señalaron que estos elementos derivan en un efecto inhibidor indebido de actividades constitucional y convencionalmente protegidas, como lo es la defensa de derechos humanos. Otras acciones inconstitucionales que se derivan de la LSI es lo relacionado con su artículo 51, ya que contraviene el texto que señala que la información pública se podrá clasificar como reservada temporalmente por motivos de seguridad nacional conforme a lo establecido en las leyes de la materia. Además de que todo tipo de información que se genere a raíz de la LSI será considerada de seguridad nacional e incluso podrá ser clasificada como reservada a priori. Ante éste y otros argumentos que se esgrimen en las más de 100 hojas que componen la demanda de amparo inicial, el juez Fernando Silva García ofreció una sentencia que se deben celebrar, ya que encuentra en su principal conclusión que la LSI es inconstitucional, como consecuencia de que dicha ley incorpora a las fuerzas armadas en funciones de seguridad interior en tiempos de paz, en contravención a lo señalado en el artículo 129 de la Constitución. Con una afirmación contundente, el juzgador señaló que la LSI es “una pieza más de un proceso tendente a institucionalizar la militarización de la seguridad pública y seguridad interior del Estado en contra del narcotráfico y la delincuencia organizada”. Y en el ámbito específico de las afectaciones a la sociedad civil, determinó que tanto la CMDPDH como la R3D pueden cuestionar mediante el juicio de amparo diversos aspectos de la política pública en tareas de seguridad que suponen un riesgo a los derechos humanos. Los efectos de la sentencia son algo que debe considerarse con detenimiento. La CMDPDH y R3D fueron amparadas y protegidas por la justicia de la Unión, por lo cual no pueden ser susceptibles de ningún acto de privación o molestia como consecuencia de la aplicación de una disposición señalada en la LSI. Más importante aún es la determinación de que 13 de los 34 artículos que componen la LSI fueron señalados como inconstitucionales (artículos 4, fracciones I y IV; 6, párrafo primero; 9 y 11, párrafos primero y último; 15, segundo párrafo; 16, 17 y 20, fracciones I, II y III y IV; 21, 22, 26, 30 y 31), poniendo en evidencia las graves consecuencias e impactos que tiene la LSI en el ámbito de los derechos humanos reconocidos en la Constitución. La sentencia no es perfecta. Adolece de un análisis más profundo ante la ambigüedad de la LSI. Y si bien la batalla por determinar su inconstitucionalidad no ha terminado, ya que aún falta para que estas determinaciones queden firmes, lo que esperamos del PJF y de la participación de la SCJN es una decisión garantista y centrada en un análisis de lo que ha vivido México en años recientes, como consecuencia de la militarización. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Alejandro Melendez [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget]
Tercer Comunicado del Comité Conciudadano para la Observación Electoral 2018
-Es inaceptable que se coaccione el voto de los mexicanos en situación de pobreza y vulnerabilidad. -En los procesos electorales de 2017 y aún más en los de 2018 se observa una intensa competencia entre los partidos políticos y los candidatos en la compra de votos sin que las autoridades electorales intervengan para frenarla. -Hay un incremento considerable de programas sociales sin la normatividad adecuada, sin padrones de beneficiarios, ni reglas de operación, lo que permite su uso discrecional. -Tres secretarías elevaron su gasto presupuestal entre 53 y 548 por ciento en los programas sociales y direcciones operativas en el primer trimestre del año. -PROSPERA pasó de 14 mil millones de pesos a 20 mil millones y el IMJUVE de 26 millones a 146 millones en tan sólo tres meses. -Durante el actual proceso electoral se han destinado mayores recursos a los programas sociales para comprar y coaccionar el voto. -El manejo de los programas sociales se encuentra en manos de operadores políticos. -Lamentamos la decisión del TEPJF al haber cancelado los criterios emitidos por el INE para garantizar la imparcialidad en el uso de los recursos públicos. Fue una decisión inoportuna y significó un retroceso en lo poco que se había avanzado. El Comité Conciudadano para la Observación Electoral considera que el uso de las condiciones de pobreza y de inseguridad económica de la población para inducir, coaccionar u obligarla a votar en favor de un candidato o partido constituye el mayor problema de los procesos electorales en curso y es el factor que más contribuye a la inequidad en las contiendas. La compra y coacción del voto es también la más clara expresión de los niveles de desigualdad que existen en nuestro país y de la ausencia de un Estado que haga efectivos los derechos humanos de la población. Con las decisiones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de revocar resoluciones aprobadas por el INE, -entre otras: la de garantizar la equidad en el uso de recursos públicos en la contienda; la de suspender los programas sociales que no contaran con reglas de operación o padrón de beneficiarios, y la de suspender durante el proceso electoral la entrega de tarjetas que implicara el ofrecimiento de un beneficio personal directo o de una futura incorporación condicionados a un determinado resultado electoral- se produjo un gran retroceso en lo poco que se había avanzado. Cuando las personas se encuentran en situaciones de vulnerabilidad económica son susceptibles de ser engañadas ante el temor de perder los beneficios de un programa social o el empleo o ante la promesa de recibir algún pago a cambio. Sin sustento legal alguno y con engaños, les son solicitadas copias de su credencial para votar o son tomados los datos de las mismas haciéndoles creer que ello las obliga a votar por un determinado candidato o candidata. Desde hace más de tres décadas en México la política social se realiza con programas focalizados para superar la pobreza; sin embargo, se ha mantenido prácticamente igual el número de personas pobres (53.4 millones de personas). Se trata en realidad de programas para administrar la pobreza que permiten a los gobernantes en turno y a sus partidos utilizarlos de manera clientelar para obtener su voto. Así, en todos los órdenes de gobierno se desarrollan programas sociales porque les rinde frutos electorales a quienes los promueven. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL) ha logrado detectar casi 6,500 programas incluyendo los federales, los estatales y los municipales. Los recursos destinados a nivel federal en los 154 programas sociales ascienden en 2018 a más de 910 mil 283 millones de pesos. El gobierno federal gestionó préstamos por 300 millones de dólares del Banco Mundial para ampliar el programa PROSPERA en 2018. En las nueve entidades que tienen elecciones para gobernador se incrementaron considerablemente los fondos para programas sociales. En el primer trimestre de este año; las secretarías de Desarrollo Social (SEDESOL), Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) elevaron su gasto presupuestal entre 53 y 548 por ciento en los programas sociales y direcciones operativas. PROSPERA pasó de 14 mil millones de pesos a 20 mil millones y el IMJUVE de 26 millones a 146 millones en sólo tres meses.[1] La mayoría de los programas sociales se llevan a cabo con un alto grado de discrecionalidadlo que permite usarlos con fines distintos al desarrollo social; no cuentan con la normativa necesaria para su implementación y control; no tienen padrones de beneficiarios o no están actualizados, ni tienen reglas de operación o éstas son complejas a fin de permitir espacios para su uso electoral. Asimismo, como responsables de los programas sociales, los gobiernos designan a operadores políticos más que a especialistas en desarrollo social, como ocurre actualmente en la SEDESOL y en el Gobierno de la CDMX. Desde hace varios procesos electorales diversas organizaciones han denunciado el uso electoral de programas sociales, sin que las autoridades hagan algo al respecto. En el Estado de México por ejemplo, para el proceso electoral de 2017 se mantuvo la promoción de prácticamente todos los programas sociales a pesar de que la Ley señala que sólo se podrán difundir los relativos a servicios educativos, salud y protección civil. Los recursos que se destinaron a los programas sociales se incrementaron y se ejercieron durante el primer semestre en su totalidad. En Veracruz se alteraron los padrones de beneficiarios para registrar a militantes de partidos políticos. En el actual proceso electoral se ha denunciado el uso político electoral de los programas sociales en diversos estados de la República y en varias delegaciones de la Ciudad de México. Acción Ciudadana Frente a la Pobreza ha documentado en su portal democraciasinpobreza.mx, 151 reportes ciudadanos de situaciones de coacción del voto de prácticamente todos los partidos: Estos intercambios no son solo a cambio del voto en sí, sino a cambio de la credencial para votar o su fotocopia.[2] En razón de lo anterior exhortamos al
Manifiesto ético en el actual contexto político del país
[Dado en el marco del Encuentro ¿Qué hacer frente a las elecciones? Desafíos desde el Estado laico y los derechos humanos, Ciudad de México, 24-25 mayo 2018] Los días 24 y 25 de mayo del presente año nos reunimos integrantes de diversas organizaciones y agrupaciones sociales de inspiración cristiana, para reflexionar sobre el momento histórico que como nación estamos viviendo con el objetivo de asumir con esperanza y compromiso el desafío de reconstruir el tejido social y comunitario que ha sido desgarrado por la imposición, en nuestro país, de un proyecto político y económico altamente nocivo, un proyecto de muerte contrario a la dignidad humana y a la sacralidad de la Tierra. Con el clamor de los pueblos, especialmente los más pobres y oprimidos, resonando en nuestros corazones, en esta hora decisiva de nuestra historia hacemos un llamado a la clase política y económica de nuestro país y a todos los sectores de la sociedad a no aplazar más la esperanza en un mundo de justicia y de paz, a no eludir más el compromiso del bien común como eje inspirador del quehacer democrático en lo político, lo social y lo económico en nuestro México. Somos conscientes de que los desafíos que hoy vivimos como pueblo son tan profundos que requieren un esfuerzo consistente de articulación de voluntades y sueños que trasciendan el complejo momento electoral que hoy nos abruma; por lo tanto, convocamos a la participación política y social con una mirada de largo alcance, con una visión de futuro que entienda que la autonomía soñada por muchas y muchos se construye desde abajo, desde los pueblos, mediante la unidad de nuestras diversidades, la suma de esfuerzos y la lucha permanente contra el odio, el miedo, la desesperación y la injusticia. En medio de la violencia exacerbada que nos divide y polariza, soportando sobre nuestros hombros el pesado fardo de la corrupción y la impunidad institucionalizadas, rechazamos rotundamente la continuidad de un régimen político y unas condiciones sociales insostenibles e insoportables para la mayoría de la población y expresamos nuestra voluntad inquebrantable de trabajar codo con codo, como ciudadanos y ciudadanas, como personas creyentes, unidos a comunidades y movimientos que día a día hacen realidad el bienaventurado sueño de que las y los pobres y humildes hereden la tierra. Por ello, en lo inmediato, de cara al presente proceso electoral en que, como nación, elegiremos no sólo el mayor número de puestos públicos de nuestra historia, sino también un nuevo y definitivo rumbo en medio de un escenario nacional e internacional complejo y adverso, hacemos un llamado a la reflexión colectiva para un voto informado, razonado y acrisolado en la empatía y la fraternidad frente a las campañas de odio, la construcción de pos-verdades en torno a proyectos emancipatorios con el fin de crear temor; las descalificaciones infames, el despilfarro, la compra de votos que abusa de las necesidades fundamentales de la gente, la violación al Estado laico y la configuración a modo de nuestras instituciones electorales, que prefiguran de nueva cuenta elecciones empañadas por el fraude, la corrupción y el intervencionismo estadounidense; y en consecuencia, resultados electorales faltos de transparencia y legitimidad. Frente a ello exigimos un apego estricto a derecho y el respeto a la voluntad ciudadana que de manera rotunda e histórica está expresando su voluntad de un cambio real, profundo y su rechazo a la perpetuidad de las actuales condiciones políticas. Para lograr esto, llamamos a la organización para la vigilancia del proceso electoral y para lograr hacer efectiva una democracia más allá de lo electoral, una democracia más completa que no solo abarque lo político sino se extienda también a lo económico y lo social. Invitamos a no caer en la trampa triunfalista que concentra demasiadas expectativas en los resultados electorales, que no significan de forma automática una transformación democrática de la sociedad, sino sólo el comienzo de dicha transformación, que no es factible en el corto plazo y no será posible sin una agenda social y política amplia, de acuerdos máximos desde puntos mínimos que respondan a los ya inevitables clamores de pueblos que viven en la pobreza, la explotación laboral y la precariedad, la violencia generalizada y la ausencia total del estado de derecho, la desaparición forzada y sistemática de sus seres queridos, el secuestro y la trata con fines de explotación sexual y comercial, la violación y estigmatización de los derechos humanos y de quienes los defiendes, la violencia de género que se manifiesta en incontables feminicidios y crímenes de odio, la corrupción gubernamental y la impunidad, la consolidación de fundamentalismos religiosos y políticos, el terror cotidiano que genera división y desconfianza, el exilio por la violencia exacerbada y la necesidad de sobrevivir, la destrucción irrestricta de la naturaleza considerada madre, maestra, hermana… siendo estas y muchas otras más, manifestaciones de una crisis civilizatoria más profunda, de carácter global y cuyas raíces más profundas son económicas, producto del desesperado intento de mantener vivo el capitalismo neoliberal, para lo cual se intensifican y sofistican estrategias de dominación de espectro completo que justifican y multiplican las violencias. Desde la espiritualidad profética que nos une y nos inspira, hacemos un llamado a evadir la indolencia frente a estos rostros y rastros del desastre, a tomar conciencia de que la participación política por un cambio social (desde la sociedad) es un valor ético y cristiano necesario para abatir el individualismo, lograr la unidad de las izquierdas desde las bases populares y sentar las bases de un cambio estructural desde una comprensión integral de la democracia en la que han de articularse de manera armónica el desarrollo, la diversidad y los derechos humanos. Este sueño no es sólo nuestro, en él nos han precedido ancestralmente los pueblos originarios y luego los movimientos sociales, que nos dan esperanza y certidumbre en medio de la desolación. En especial las juventudes, las madres y padres de personas desaparecidas y los movimientos de víctimas, hoy nos alientan con su resistencia y creatividad y nos permiten mirar más allá del 1º de julio, más allá de nuestra debilitada y corroída democracia electoral, para poner en marcha un renovado esfuerzo
Campañas y políticas públicas
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] El modelo económico actual ha privilegiado al mercado y anulado la capacidad del propio Estado para atender las necesidades de la población, dejando sin fundamentos la formulación de políticas sociales en el contexto electoral. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 26 de mayo de 2018 Miguel Concha Para que la población votante tenga más información y criterios el 1 de julio, la ciudadanía espera que quienes aspiran a la Presidencia comiencen a definir las ofertas al electorado. Entre tanto se han observado distintos esfuerzos por elevar el nivel propositivo de las campañas, con énfasis en los temas de la política social y económica. En su edición de abril , la revista Brújula Ciudadana recoge varias reflexiones respecto a la insuficiencia de las políticas social y económica impulsadas en el país, las cuales impiden salir de la crisis y orillan desde hace décadas a buena parte de la población a vivir en pobreza y cruzar, o intentar pasar, la frontera con Estados Unidos. Un primer tema que merece nuestra atención son los riesgos y amenazas que enfrenta la política social como tal en México. Un artículo de la revista destaca que dicha política se ha vuelto cada día más compleja por su fundamento en concepciones simplistas del modelo económico predominante, que ha privilegiado al mercado y anulado la capacidad del propio Estado para atender las necesidades de la población. Parte del problema, dicen los analistas, está en el error de igualar la política social y los programas diseñados para superar la pobreza. Quienes igualan la política social y dichos programas, se escudan en la supuesta falta de capacidad de las personas para aprovechar todas las oportunidades abiertas por el libre mercado. Este pensamiento no ha hecho más que degradar el nivel de vida de la población, agudizar el problema de la desigualdad y la discriminación y, al mismo tiempo, generar el caldo de cultivo para la violencia crónica que se ha expandido por todo el país. Son políticas para administrar la pobreza, no para superarla. La referencia es directa a los programas de transferencia monetaria focalizados, que fomentan el individualismo al tiempo que desmantelan las visiones colectivas, comunitarias y solidarias. Un segundo tema que llama la atención es la política salarial, que en uno de los artículos de Brújula Ciudadana se describe como una antipolítica social, porque va en sentido contrario a la dignificación del trabajo, desincentiva a la juventud y mantiene en la pobreza a gran parte de las familias del país. Pese a los escasos o nulos resultados de la política social, es preocupante observar cómo han proliferado los programas sociales. Los datos de Coneval señalan que existen más de 6 mil 400 programas de este tipo en los tres niveles de gobierno. Además de los problemas ya apuntados, la mayoría funciona en total desarticulación y es común que se dupliquen, haciendo que algunas personas se benefician de varios servicios o apoyos, mientras otras no reciben ni uno. A todo ello se suma la facilidad con que la clase política utiliza los programas sociales en tiempos electorales para ampliar o mantener sus clientelas a nivel nacional. Se trata de una de las manifestaciones de la corrupción más arraigadas en las estructuras partidarias que resisten a cualquier tipo de blindaje, como en más de una ocasión se ha intentado, porque cada año se destinan a ellos millones, y su verificación se ha hecho muy difícil hasta hoy. De esto da cuenta el reportaje titulado La Estafa Maestra, que rastrea el destino de los fondos aprobados para la Sedesol en 2013 y 2014. Otro de los textos de la revista profundiza en el tema salarial, y explica cómo el modelo de crecimiento económico predominante en México ha fomentado tres grandes problemas: una caída de la ocupación en el campo de casi 1.7 millones de personas; la ampliación del sector dedicado a actividades por cuenta propia, y el flujo de migrantes hacia el país del norte. No sólo eso, la población que tuvo la suerte de tener un empleo, se tuvo que contentar con negocios de muy baja productividad (micronegocios), en contraste con las proyecciones que se tenían de que se ubicarían en empresas más modernas del sector exportador. A esto se le denomina precarización del empleo. Un problema al que también ha contribuido la liberación de los mercados y la inserción de México en el mercado global. Al depender de la exportación de manufacturas y de tratados comerciales como el TLCAN, México ha consolidado una política laboral que tiene como fundamento principal el deterioro planeado de la calidad del empleo para atraer y preservar inversiones. En este contexto de desigualdad social también puede uno referirse al tema de la política educativa, que debería ser uno de los pilares para generar mejores condiciones para el desarrollo personal y la dinámica social. Según otro artículo de Brújula Ciudadana, los esfuerzos que un gobierno tiene que hacer en el área de la educación deberían concentrarse en el desarrollo profesional del magisterio y el fortalecimiento de la escuela pública. Sin embargo, la política educativa en México se desvió de esas metas y se pusieron todos los esfuerzos en una reforma educativa que padece tres grandes problemas: le asignó a la evaluación una función correctiva que intenta resolver problemas de naturaleza administrativa y política, con lo cual se alentó la simbiosis SEP-SNTE; no se ha planteado en la administración Peña Nieto cómo mejorar la calidad educativa en los centros escolares, y uno de los puntos de partida de la reforma ha sido la desconfianza hacia los docentes, la escuela y las autoridades de los estados. Urgen más acciones sistemáticas educativas y menos publicidad envolvente. Poner el acento en la necesaria reorientación de los programas sociales y las políticas salarial y educativa, es un desafío importante que no debe soslayarse. Por el contrario, se requieren más esfuerzos para que las campañas electorales trasciendan los espots, y se asuma en serio la discusión de los temas nacionales y sus soluciones. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Eneas De Troya [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
La Alianza por Nuestra tortilla
La tortilla nixtamalizada es insustituible, es un aval para la comida del presente y del futuro Ante la adversidad de las políticas neoliberales, el maíz en milpa es la base de la resistencia de los pueblos y la tortilla el principal sustento. Diferentes derechos humanos están siendo violentados en las actuales condiciones dominantes de producción, transformación y comercialización del maíz y la tortilla, hoy tomamos la construcción de una Alianza para sumar voces y acciones en defensa de la Tortilla que queremos. En México 62 pueblos originarios y millones de familias campesinas cuidan y cultivan unas 65 razas y miles de variedades de maíz, adaptadas a la gran diversidad de condiciones ecológicas, de climas, suelos y gustos culinarios; las intercambian libremente, junto con sus conocimientos tradicionales y, en miles de experiencias, con innovaciones agroecológicas que permiten mejorar los suelos, combatir las plagas y duplicar o triplicar las cosechas, sin agrotóxicos. Esas semillas nativas o criollas también van adquiriendo, ciclo tras ciclo, mayor capacidad de resiliencia ante los efectos negativos del cambio climático (sequías prolongadas, huracanes). Nuestra tortilla ha de ser elaborada con la gran diversidad de maíces que han resguardado por siglos las y los campesinos de Mesoamérica, sólo así aseguraremos la calidad y variedad de tortillas. Cada región tiene un tipo de tortilla de acuerdo a la cocina que realizan, por ejemplo la región maya se caracteriza por la tortillas pequeñas, en tanto Oaxaca nos regala las inmensas tlayudas, especial lugar tienen las tortillas hechas de maíz pepitilla en la región de Morelos y Guerrero: tortillas suaves y flexibles, que se recalentientan y vuelven a inflarse. La nixtamalización y el uso del metate y el comal son compañeros de la tortilla de maíz nixtamalizado. Aunque el maíz ha convivido con nosotros por más de ocho mil años, la presencia de la tortilla es más reciente: hay indicios de hace entre mil y mil quinientos años. Está asociada con dos estados muy poderosos en expansión, cuyo centro de gobierno fueron grandes ciudades: Teotihuacan y Tenochtitlan. La nixtamalización permitió que el maíz duplicara su volumen, pues por cada kilo de maíz nixtamalizado y molido, se obtienen casi dos kilos de masa. Así hubo comida suficiente y a bajo costo, para una población numerosa. Además se generó empleo para miles de campesinos que sembraban sus milpas, que eran autosuficientes, y que generaban excedentes. Con la masa de nixtamal no sólo se elaboraron tortillas, sino que gracias a la creatividad de las mujeres mexicanas, las tortillas se convirtieron en enchiladas, tacos, tostadas; también con masa se hicieron memelas, sopes chalupas y muchas otras preparaciones, ya desde la antigüedad. Esta estrategia de nuestros antepasados los antiguos mexicanos, ha rendido frutos hasta hoy. En 2004, el embajador Jesús Puente Leyva planteaba que “con el maíz la población de México cubre su alimentación básica a un costo bajísimo: a precios de mercado, el valor de las tortillas a que corresponde dicho consumo equivale solamente a uno por ciento del producto interno bruto. Ciertamente es difícil imaginar, en cualquier parte del mundo, un costo tan bajo para sostener la alimentación básica de un país de importantes dimensiones demográficas.” Lo que sin lugar a dudas Nuestra tortilla debe tener es el maíz que se produce en el campo mexicano utilizando variedades nativas y sobretodo bajo manejo campesino. Hoy reconocemos que en las diversas parcelas se realiza un manejo virtuoso de la diversidad de maíces y que si bien, puede introducirse maíz hibrido, los campesinos saben cómo resguardar sus variedades nativas o criollas que son las de mayor gusto en su propia mesa. Este manejo de la biodiversidad ha permitido que hoy sigamos contando con el reservorio de maíz más importante del mundo. Por ello, “Nuestra tortilla” debe estar elaborada con el maíz que se mantiene en manos campesinas para preservar tanto la diversidad de maíces, como de tortillas y de la multiplicidad de alimentos que se producen con maíz. La defensa de Nuestra tortilla significa, al mismo tiempo, la defensa de una herencia milenaria; y base de la alimentación. La tortilla hecha con masa nixtamalizada es fuente de calcio, fósforo, hierro, zinc, calorías, fibra y proteínas así como Vitamina B1, B2 y B3. Gracias a la nixtamalización se han logrado detectar beneficios para la nutrición humana ya que aumenta hasta 30 veces la cantidad de calcio en las tortillas y hace que las proteínas junto a la Vitamina B3 se absorben mejor y más rápido dentro del cuerpo. Además, la fibra aumenta en cantidad y calidad con mayor rendimiento en la masa, dicha fermentación produce el llamado almidón resistente útil para aumentar las bacterias buenas en el colon relacionadas con el bajo riesgo de cáncer y diabetes. La nixtamalización resalta la calidad nutricional propia del maíz para ofrecer proteínas y calorías más baratas a personas desde los 6 meses de edad en adelante, su inclusión en la dieta habitual es compatible con tratamientos tanto para desnutrición como obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares. Hoy más que nunca se hace necesario repensar algunos conceptos como la biodiversidad, soberanía alimentaria y la nixtamalización; frente a otros conceptos como la dependencia o la tortilla industrializada. La buena tortilla es un patrimonio biocultural arraigado en las comunidades, en parcelas, solares y cocinas, en el corazón de la gente que le da vida: mujeres, hombres, ancianos, niños y jóvenes… Proteger la tortilla nixtamalizada hecha con maíces nativos o criollos es parte de la defensa más integral de los territorios, el agua y otros bienes comunes, de la cultura y soberanía alimentaria. Tenemos que honrar esta herencia milenaria tan eficiente, con políticas públicas orientadas a la protección del maíz, a la autosuficiencia en este grano básico, al apoyo a las pequeñas parcelas, a la valoración de la milpa no sólo como una unidad productora de maíz, sino como un conjunto en el que están presentes decenas de productos, y a valorar el trabajo campesino que alimenta de manera sustentable a buena parte de la población. La Alianza por Nuestra Tortilla que hoy nace reconoce los procesos
Sin respuesta efectiva, violencia feminicida en la CDMX: ONG
Llaman a conformar Mecanismo Ciudadano de Seguimiento a la AVG en la capital del país A 9 meses de su solicitud, continúan sin gestarse medidas efectivas para combatir la violencia feminicida en la CDMX Recomendaciones del Grupo de Trabajo de la AVG: no dan respuesta efectiva a las problemáticas denunciadas por organizaciones peticionarias Ante el incremento y la agudización de la violencia feminicida en la Ciudad de México, las organizaciones defensoras de los derechos humanos Justicia Pro Persona A.C. y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A.C. el 7 de septiembre de 2017 realizamos la solicitud de Declaratoria de Alerta de Violencia de Género ante la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM). Seis meses después, el 2 de marzo de 2018, dicho organismo notificó al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México seis medidas de carácter urgente, y el 26 de marzo se presentó el Informe del Grupo de Trabajo de la AVG en el que se realizó un diagnóstico y recomendaciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, sin embargo, las organizaciones peticionarias de la AVG consideramos que éstas no responden de manera efectiva a la dimensión del problema del feminicidio, la desaparición-trata y la violencia sexual (siendo estas problemáticas las que motivaron dicha solicitud). Como organizaciones de la sociedad civil, valoramos que en el informe no se establecen indicadores efectivos de proceso, resultado e impacto idóneos -y mucho menos- se observa su implementación de manera inmediata y efectiva. Por otra parte, recomendar la realización de un “inventario de instancias que atienden a mujeres víctimas de violencia”, evidencia la falta de coordinación interinstitucional de las propias autoridades, que deriva en el desconocimiento y desatención de mujeres y niñas que muchas veces son revictimizadas por las propias instituciones. En el caso del feminicidio, expresión más violenta de odio contra las mujeres, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), quien junto con la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos acompaña el proceso de solicitud de AVG en la CDMX, documentó de 2014 A 2017 -con datos oficiales- el asesinato de 677 mujeres, de los cuales 482 fueron homicidios dolosos y 195 fueron investigados como feminicidio, es decir el 29%. A pesar de que la Ciudad de México lleva seis años con un tipo penal de feminicidio autónomo y que fue la primera entidad en tipificar con elementos objetivos para acreditar las razones de género a nivel nacional, además de contar con una agencia especializada y ha capacitado a sus operadores jurídicos en materia de feminicidio; el OCNF ha documentado que existen fuertes resistencias por parte de las autoridades, tanto para iniciar las investigaciones desde la hipótesis de feminicidio, como para considerar acreditadas las razones de género durante el desarrollo de las investigaciones. Frente a la incidencia delictiva y los obstáculos que enfrentan las víctimas y sus familiares para acceder a la justicia se ha creado un clima de impunidad que propicia la continuidad del delito, lo que pone en riesgo la vida y la integridad física y emocional de las habitantes de la Ciudad. Ante ello, como organizaciones defensoras de los derechos humanos exigimos a las autoridades del Gobierno Federal y a las autoridades capitalinas: Dimensionar y atender de manera urgente y efectiva la violencia feminicida en la CDMX. Se contemplen y tomen acciones específicas para cada una de las problemáticas denunciadas en la solicitud de AVG: feminicidio, desaparición-trata y violencia sexual. Exista una coordinación institucional que pondere la vida de las mujeres frente a mecanismos burocráticos que revictimizan y no atienden de manera efectiva a las mujeres víctimas. Atención inmediata a familiares de víctimas y garantía de su acceso a la justicia, sin que esto signifique su revictimización. En cumplimiento a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), como organizaciones defensoras de los derechos humanos, hacemos un llamado para que las autoridades federales y capitalinas materialicen su compromiso con los derechos de las mujeres, apegados al cumplimiento de los compromisos que a nivel nacional e internacional, el Gobierno mexicano ha realizado para garantizar los derechos de las mujeres. Atentamente: Justicia Pro Persona A.C. Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A.C. Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos HumanosTodos los Derechos para Todas y Todos Imagen destacada : Jorge Aguilar
Segundo Comunicado del Comité Conciudadano para la Observación Electoral 2018
-Los niveles de violencia alcanzados en el actual proceso electoral no tienen precedente y afectan las relaciones familiares, comunitarias, políticas y sociales. -Según Ettelekt los ataques y agresiones en contra de actores políticos y familiares aumentaron 400% en relación con el proceso electoral anterior.[1] -Las mujeres han sido particularmente afectadas por la violencia política. -La violencia afecta el entorno de libertad para participar en las elecciones. -Llamamos a todos los contendientes a respetar la legalidad y a ejercer su libertad de expresión dentro de un discurso democrático y de respeto a los derechos humanos. -Demandamos a las autoridades aplicar la ley de manera imparcial y sin reticencias. -Solicitamos a las autoridades garantizar la paz y la libertad durante el proceso electoral. El Comité Conciudadano, conformado por personas de la sociedad civil y de la academia, manifiesta su preocupación y su más enérgico rechazo ante la violencia que se ha desatado durante este proceso electoral. Hasta el 8 de mayo con tristeza contabilizamos 305 agresiones directas e indirectas, en contra de actores políticos y familiares durante estas elecciones. Se han asesinado a 93 políticos, de los cuáles 35 eran candidatos y precandidatos y 44 eran familiares de actores políticos.[2] La violencia en los discursos de los candidatos y partidos y especialmente las agresiones y los asesinatos por razones políticas, son un atentado a los derechos humanos y afectan la competencia y el entorno de libertad indispensable para participar. Particular respuesta de las autoridades y atención de las organizaciones de la sociedad civil merece el alarmante crecimiento de la violencia política contra las mujeres ya que durante este proceso han sufrido personalmente o a través de sus familiares, amenazas, secuestros, asesinatos y violaciones únicamente por ejercitar sus derechos políticos y participar en las contiendas electorales. Según la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) de 2016 a la fecha se han denunciado 200 casos de violencia política en contra de las mujeres.[3] Exigimos que las autoridades investiguen, persigan y castiguen con toda oportunidad y diligencia y conforme a las leyes, a los responsables de los delitos contra candidatas, candidatos y otros actores políticos, comunicadores y activistas sociales. Asimismo que se desarrollen y pongan en práctica protocolos de actuación que protejan a quienes se han visto amenazados o sean particularmente vulnerables por el entorno en que actúan. Hacemos un enérgico llamado al Instituto Nacional Electoral (INE), a los organismos electorales de los estados, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a los tribunales electorales estatales y a la FEPADE a aplicar la ley de manera imparcial y sin reticencias por ser la única manera de abonar a la claridad y construir un clima de certeza y tranquilidad en las elecciones. Demandamos a todas las autoridades de los tres órdenes de gobierno a que contribuyan desde la esfera de sus atribuciones a garantizar la paz y la libertad para que el proceso electoral llegue a su término de manera satisfactoria. Exhortamos a las autoridades, partidos políticos y candidatos a no fomentar el clima de violencia con declaraciones, acciones u omisiones irresponsables o haciendo apología de la violencia y daño a la paz pública. No queremos vivir terrorismo electoral como se presentó en la elección del Estado de México que busca inhibir la participación libre de la ciudadanía. Las autoridades electorales deben sancionar a aquellos candidatos y candidatas, coaliciones o partidos que realicen propuestas claramente violatorias de los derechos humanos. El Comité Conciudadano reprueba la impunidad de la retórica de la violencia generada en la contienda electoral. No debemos olvidar que los derechos políticos son interdependientes de otros derechos humanos como los relativos a la vida, a la integridad, la seguridad y a la libertad de expresión. Los derechos humanos no tienen jerarquía entre ellos. En democracia necesitamos que las instituciones del Estado garanticen por igual todos los derechos humanos. Hacemos un llamado general al respeto de las ideas y las convicciones de cada persona, así como a respetar el voto de todas las personas sin importar el nivel socioeconómico, educativo o la pertenencia a cualquier minoría o grupo de la población. Contribuyamos todos y todas informándonos y debatiendo con altura y en forma pacífica en las aulas, en los medios de comunicación, en las redes sociales, en los espacios públicos y en las mesas de cada casa. Evitemos las descalificaciones hacia las personas que tengan convicciones o ideas políticas distintas a las nuestras, respetemos el derecho de cada persona a pensar diferente. Llamamos a no abonar a la confusión y a la desinformación malintencionada. No podemos olvidar que la diversidad hace la democracia. Inyectemos serenidad y cordura al proceso electoral, aportemos ideas al debate democrático y hagamos un esfuerzo por reducir el encono y la violencia. Honremos y defendamos nuestro voto y nuestro derecho a vivir en paz y en un Estado de Derecho. Firman: Hugo Almada, Jorge Alonso, Socorro Apreza, Ivabelle Arroyo, Abelardo Ávila, Alberto Aziz, Bernardo Barranco, Julio Miguel Bazdresch, Julio César Bonilla, Héctor Castillo, Berthier, Joaquín Borrell, Angélica Carrasquedo, Sergio Caloca, Ingrith Carreón, Alfonso Celestino, María Enriqueta Cepeda, Miguel Concha, Paola Contreras, Gabriel Corona, Magdalena Cos, Carlos Cruz, Gabriela Delgado, Miguel Eraña, Esteban Garaiz, Aidé García, Vivette García, Brenda Gómez, Ana Vanessa González, Francisca Jiménez, Lucina Jiménez, Eduardo Huchim, Clara Jusidman, Flavio Lazos, Erika Llanos, Consuelo Morales, Jorge Eduardo Navarrete, Alberto Olvera, Joaquín Osorio, Herminia Pasantes, Ivet Pérez, Andrea Pérez, Carlos Pérez, Ana Saiz, Alberto Serdán, Maylí Sepúlveda, Mónica Tapia, Francisco Tortolero, Enrique Valencia, Marcela Velázquez, Karina Vaquera, Gustavo Vela, Elio Villaseñor, Flor Zamora, Carlos Zetina. Centro por un Recurso Efectivo AC (CREF), Circo Volador, Cause Ciudadano, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, AC (CADHAC), Controla Tu Gobierno AC, Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social AC (Incide Social), Iniciativa Ciudadana para el Diálogo para la Promoción de la Cultura del Diálogo AC. [1] http://udgtv.com/featured/violencia-asesinatos-candidatos-elecciones-2018/ [2]Datos de Ettelekt. Cuarto Informe de Violencia Política en México 2018. http://www.etellekt.com/reporte/cuarto-informe-de-violencia-politica-en-mexico.html#. Según la misma consultora aumentaron en 400% con respecto al Proceso Electoral de 2015. EFE Noticias 14 de mayo de 2018. [3] http://www.lja.mx/2018/04/encabeza-fepade-mesa-de-trabajo-sobre-violencia-politica-contra-mujeres/ Más información: Nelly
Recomendación en el caso Lesvy
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] La CDHDF ha confirmado violaciones a derechos humanos y la falta de debida diligencia en la investigación del feminicidio de Lesvy Berlín Rivera Osorio, así como la negligencia en la atención a sus familiares. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 19 de mayo de 2018 Miguel Concha La Comisión de Derechos Humanos de Ciudad de México (CDHDF), por medio de su presidenta, Nashieli Ramírez, dio a conocer el pasado 2 de mayo el contenido de la recomendación 01/2018 sobre la falta de debida diligencia reforzada en la investigación del feminicidio de Lesvy Berlín Rivera Osorio, y la negligencia en la atención a sus familiares. Las autoridades responsables por estas violaciones a los derechos humanos son la Procuraduría General de Justicia de Ciudad de México (PGJCDMX), el Tribunal Superior de Justicia (TSJCDMX) y la Secretaría de Seguridad Pública local (SSPCDMX). La debida diligencia en las investigaciones de muertes violentas de mujeres se traduce en la exacta aplicación del protocolo de investigación ministerial, policial y pericial del delito de feminicidio, así como en el uso de la perspectiva de género en cada caso. La CDHDF acreditó con rigor la aplicación negligente de las normas de protección existentes; la resistencia a investigar por razones de género; la revictimización del afectado y su familia; el mal manejo del lugar del hallazgo; la pérdida de evidencia; la falta de análisis de contexto; la obstaculización para que la sociedad y los familiares de Lesvy puedan conocer la verdad; la obstrucción para el acceso al expediente y, por consiguiente, acreditó de manera fundada la violación al derecho al debido proceso, el acceso a la justicia y al derecho a la verdad, el derecho a la integridad personal, todos ellos con enfoque de derechos humanos, en relación con el derecho a la memoria de la persona fallecida, y a derecho a la intimidad y la vida privada con perspectiva de derechos humanos. La familia de Lesvy y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria aportaron toda la información disponible para la debida integración del expediente, y facilitaron a cada momento la comunicación y el acompañamiento de la Comisión. El documento contiene un exhaustivo análisis del caso y 18 puntos recomendatorios que a continuación enumeramos, en parte: 1) Indemnización a las víctimas por daño material e inmaterial. 2) Rehabilitación de las víctimas, lo cual se traduce en proporcionarles atención médico-sicológica especializada. 3) Investigar a las autoridades que actuaron de manera negligente en la investigación penal, así como en la atención a las víctimas. 4) Implementar un mecanismo de supervisión, evaluación y monitoreoen la aplicación del Protocolo de Actuación Policial para la Preservación del Lugar de los Hechos, o del Hallazgo y Cadena de Custodia. 5) Contar con un sistema de información que permita determinar la efectividad del servicio que presta el personal ministerial, policial, pericial y de atención a víctimas, que interviene en investigaciones relacionadas con violencia contra la mujer y muertes de mujeres. 6) Actualizar, conforme al Sistema Penal Acusatorio, y para hacerlo más efectivo en la persecución y sanción de la violencia contra las mujeres, y en específico en materia de presuntos feminicidios, el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial del Delito de Feminicidio, utilizando para ello la perspectiva de derechos humanos, con un enfoque de género diferenciado y atención a víctimas y sus familiares, con respecto a su dignidad y necesidades. 7) Revisión y actualización de la Guía Técnica para la elaboración de necropsias en caso de Feminicidios. 8) Realizar una jornada cultural que promueva las expresiones artísticas de interés para la población juvenil, cuya finalidad sea promover el respeto al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, y específicamente, en honor a Lesvy, la temática del feminicidio. 9) Llevar a cabo una disculpa pública a las víctimas por los agravios sufridos. A partir de su legal notificación, las autoridades responsables cuentan con 15 días hábiles para responder a este llamado y definir si aceptan o no la recomendación. Aún nos encontramos dentro de ese periodo. El impacto que tendrían el reconocimiento de responsabilidad y el compromiso de la PGJCMDX, el TSJCDMX y la SSPCDMX en el cumplimiento de las medidas que les fueron indicadas, indudablemente se traduciría en asegurar a las mujeres que viven y transitan por la capital el acceso a una vida libre de violencia con un poderoso mensaje: se aplicarán las normas vigentes conforme al estándar más alto, y no habrá impunidad para los servidores públicos que no actúen conforme a la ley. De conformidad con el informe La Violencia feminicida en México, aproximaciones y tendencias 1985-2016, de la ONU-Mujeres, en 10 años, la violencia feminicida ha cobrado la vida de más de 23 mil 800 mujeres en el país. Actualmente, la incidencia asciende a ocho mujeres al día. Su atención requiere del compromiso, colaboración y coordinación de todas las autoridades y la sociedad. ¿Cuándo vamos a empezar a restar y no a sumar?, decía la madre de Lesvy, Araceli Osorio, durante la develación de la placa que en memoria de su hija fue develada el 4 de mayo en Ciudad Universitaria, refiriéndose a esta cifra atroz. Esa pregunta nos la hacemos todos. Allí está el nodo de lo que queremos. La consigna de los colectivos feministas y de mujeres #NiUnaMás, #NiUnaMenos se traduce en que comience a bajar la cifra, hasta llegar a cero. Cero muertes de mujeres por la expresión más violenta de discriminación en su contra. Ese es el indicador más claro de que las autoridades hacen su trabajo. Y en ello también depositamos nuestros esfuerzos y esperanzas. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Jorge Aguilar [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
