Miembros de la academia y líderes civiles de los Estados Unidos hacen un llamado al Congreso para asegurar neutralidad y respeto por las normas democráticas en las elecciones mexicanas | Carta

Estimados miembros del Senado y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, El 1ro de julio en México tendrán lugar las elecciones para presidencia, representantes del Senado y de la Cámara de Diputados, así como miles de funcionarias y funcionarios locales. Como miembros de la academia y representantes de organizaciones de la sociedad civil con enfoque en México, nos preocupan los fuertes desafíos que se presentan en estas elecciones. Asimismo, en vista de las recientes declaraciones de la actual administración y tomando en cuenta los antecedentes del gobierno estadounidense en lo que respecta a apoyar la democracia en México y otros países de este hemisferio nos preocupa que el papel de éste resulte contraproducente. Es importante que México, uno de los aliados y socio comerciales más cercanos de Estados Unidos, sostenga una democracia real, en la que la ciudadanía pueda hacer libre ejercicio de su derecho al voto, sin restricción alguna o intervenciones extranjeras. Es por esto que, de la manera más respetuosa lo instamos a usted y a sus colegas del congreso a hacer todo lo que esté en su poder para asegurarse que la política del gobierno de los Estados Unidos en relación con las elecciones en México sea neutral y con fundamento en las normas básicas de democracia. En México se han documentado fuertes irregularidades electorales, tales como compra del voto y manipulación de los resultados. Las elecciones presidenciales de 1988 y de 2006 fueron denunciadas como fraudulentas tanto por el partido político de oposición como por grupos independientes de la sociedad civil. La legitimidad de las elecciones presidenciales más recientes, las de 2012, también ha sido puesta en tela de juicio debido al uso de financiamiento ilegal, una vasta estrategia de compra de votos y la falta de autonomía de las instituciones electorales así como de la mayor parte de las cadenas televisivas. De igual manera, las recientes elecciones locales de 2017 en el Estado de México y en Coahuila son ejemplos de que las prácticas fraudulentas representan aún un grave problema. En ambos procesos electorales, se han hecho denuncias fiables con respecto del uso ilegal de fondos públicos y privados en las campañas de los candidatos electos –ambos de los cuales pertenecen al partido actualmente en el ejecutivo federal–, hay también muchos reportes de compra del voto, de actos de intimidación en contra de las campañas de oposición, y dudas generalizadas en relación con la legitimidad del conteo de votos. Aunado a lo anterior, nos preocupan ciertos acontecimientos recientes que resultan en el menoscabo de libertades fundamentales, como los derechos de libre asociación, de libertad de expresión y de manifestación pública; los cuales son necesarios sin excepción para garantizar un proceso electoral legítimo. Entre otras cosas, se ha reportado que el gobierno mexicano participó en operaciones de espionaje a activistas de la oposición a través del software Pegasus, y encubrió la participación de agentes de seguridad pública en la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, en 2014. Recientemente el gobierno aprobó la Ley de Seguridad Interior la cual da a las fuerzas armadas mayor capacidad de vigilancia, lo cual provoca miedo en la población ante la posibilidad del uso de estas fuerzas para reprimir protestas políticas y sociales legítimas. Al mismo tiempo, hay una creciente sensación de descontento en México por los elevados niveles de corrupción y violencia. El año pasado, cuatro ex-gobernadores fueron arrestados con cargos de corrupción. México está entre los países con más bajos resultados en el Índice de Transparencia Internacional, en donde el 61% de los votos afirman que la corrupción ha incrementado. También se reportan más crímenes violentos, siendo que el 2017 es el año con mayor número de homicidios. Y, como en el caso de los 43 desaparecidas de Ayotzinapa, las denuncias respecto del involucramiento de agentes de seguridad pública en desapariciones y homicidios rara vez son investigadas. Tanto los conflictos antes mencionados como otros tanto que actualmente asolan México únicamente pueden ser resueltos por el pueblo mexicano. Sin embargo, para que puedan solucionarlos colectivamente y de manera efectiva necesitan establecer instituciones así como funcionarias y funcionarios confiables. Para lo cual es indispensables que las elecciones sean legítimas. Bajo este contexto, es imperativo que el gobierno de los Estados Unidos apoye a que éste sea un proceso electoral democrático y justo, evitando declaraciones prematuras o acciones que pudieran legitimar resultados electorales en disputa por acciones fraudulentas. Desafortunadamente, en múltiples ocasiones las administraciones estadounidenses han adoptado posturas de escasa utilidad en relación con los procesos electorales en México y en otros países de la región. En las elecciones de Honduras del año pasado, el gobierno estadounidense no tardó en reconocer y apoyar resultados electorales que levantaban serias sospechas, tanto en Honduras como a nivel internacional. Los mismo ocurrió en México después de las elecciones presidenciales de 1988 y 2006. Dichas posturas incentivan a ciertos actores políticos a continuar con acciones fraudulentas y a sostener prácticas electorales ilegítimas. Este escenario no debería repetirse en el próximo proceso electoral en México. Con base en todo lo anterior, les instamos a usted y a sus colegas a hacer todo lo posible para garantizar que los Estados Unidos respalde la democracia mexicana apoyando una transición de poder pacífica y condenando públicamente cualquier irregularidad electoral o violaciones de derechos humanos promoviendo así que se lleven a cabo prácticas electorales justas y legales. El gobierno de los Estados Unidos debe sostener el máximo respeto por la soberanía nacional mexicana y el voto popular, además de expresar su compromiso por establecer una relación sólida con cualquier nueva administración mexicana. También le alentamos a seguir de cerca la selección del próximo embajador de los Estados Unidos en México, después de que la actual embajadora Roberta Jacobson salga del puesto el 1ro de mayo, a fin de garantizar que quien ocupe el puesto tenga la experiencia necesaria y las habilidades diplomáticas para equilibrar la compleja y crítica relación bilateral entre ambos países. En las próximas elecciones habrán muchos observadores y observadoras electorales mexicanas e

Ante el incremento y agudización de la violencia y feminicidios, OSC’s solicitan al Secretario de Gobernación una reunión de carácter urgente

C. Alfonso Navarrete Prida  Secretario de Gobernación de los Estados Unidos Mexicanos PRESENTE Ante el incremento y la agudización de la violencia feminicida en México, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF)1, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT)2 y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria nos ponemos en contacto con Usted para solicitar una reunión con carácter urgente. El motivo de dicho encuentro es expresarle de manera personal las preocupaciones y obstáculos que desde la sociedad civil vemos para lograr que se garantice el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Recientemente el OCNF hizo público el Estudio “Implementación del tipo penal de feminicidio en México: Desafíos para acreditar las razones de género 2014-2017”. En él –con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) a partir de información proporcionada por las Fiscalías y Procuradurías Estatales en ese periodo– registró 8,904 asesinatos de mujeres, de los cuales sólo 2,188 casos fueron investigados como feminicidio. Ello significa apenas el 24% y la mayoría de estos crímenes permanecen en la impunidad. En este contexto hemos observado con suma preocupación que de enero a la fecha –-mes en el que asumió el cargo como Secretario de Gobernación– se han estancado procesos que desde las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) hemos impulsado para fomentar el cese de la violencia contras las mujeres. Una de las principales acciones que ha quedado detenida es la publicación de la Reforma al reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), misma que presenta diversos vacíos legales que fomentan su uso arbitrario y discrecional, al tiempo que obstaculiza la implementación del mecanismo de las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVG). A pesar de que existía ya una propuesta de reforma trabajada y consensuada entre las autoridades y las OSC, a la fecha –a casi cinco meses de su llegada– desconocemos la situación procesal del reglamento. Esto es alarmante debido a que actualmente existen en el país 28 solicitudes de AVG, de las cuales sólo 13 han sido declaradas. La ambigüedad de la LGAMVLV hace permisible que las propias peticionarias desconozcan el porqué de la dilación para realizar la investigación de solicitudes, la emisión de los informes, así como su notificación a las autoridades responsables, como es el caso en los estados de Puebla, Tlaxcala y la Ciudad de México. A los retardos injustificados en los procedimientos de las declaratorias de AVG, se suma la restricción de la participación de las OSC peticionarias en el seguimiento a los procesos de las  AVG declaradas, sin que se garantice su participación con voz y voto, desconociendo el interés legítimo y legal de las organizaciones, así como el debido proceso administrativo, incluyendo el derecho de audiencia. De igual manera hacemos de su conocimiento que el OCNF tiene documentado un grave retroceso en el establecimiento de indicadores de proceso, resultado e impacto para evaluar los procedimientos de las declaratorias de AVG. Esto es preocupante porque se ha hecho caso omiso a las recomendaciones realizadas por la del Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y Amnistía Internacional (AI). Ante estos retrocesos en la política de combate a la violencia hacia las mujeres, reiteramos que diversas disposiciones legales establecen que corresponde a la Secretaría de Gobernación promover la reforma al Reglamento de la LGAMVLV, como lo señala el Artículo 3:  “Corresponde a la Federación, a través de la Secretaría de Gobernación, formular, conducir y vigilar el cumplimiento de la Política Nacional Integral, para lo cual suscribirán los instrumentos de coordinación con las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias”. De la misma manera, dentro de las facultades de SEGOB el artículo 42 señala como una de ellas: […] “Formular las bases para la coordinación entre las autoridades federales, locales, del Distrito Federal y municipales para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres”. Incluso, ateniéndonos a la normatividad interna de SEGOB, el Manual de Organización General de la Secretaría de Gobernación, señala como facultad de esta Secretaría: “Recomendar acciones y reformas al marco jurídico para asegurar el reconocimiento y atención eficaz y oportuna a las víctimas u ofendidos de delitos”. Finalmente queremos hacer de su conocimiento que no nos parece pertinente la canalización dada a nuestra misiva del 12 de abril de 2018, en la cual le hicimos llegar estas preocupaciones de manera más puntual. En esa ocasión no recibimos respuesta directamente de la Secretaría de Gobernación, sino de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), instancia responsable de muchas de los cuestionamientos motivo de dicha carta. Las omisiones señaladas en esta comunicación, así como en las anteriores, impactan de manera directa la vida y la integridad física de las mujeres en México. Por ello a través de la presente reiteramos la necesidad de reunirnos con usted a la brevedad, a fin de tomar acciones de manera conjunta que puedan derivar en el beneficio de las mujeres en México. Cabe destacar que, con fundamento en el artículo 8°constitucional, por este escrito solicitamos pacífica y respetuosamente, tenga la amabilidad de dar respuesta personalmente a nuestras peticiones.  Atentamente Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A.C. (CDH Vitoria) 1 El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio está conformado por 40 organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres en 22 estados del país. 2 La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” está conformada por 85 organizaciones en 23 estados de la República. Imagen : Jorge Aguilar

Jornadas a un año del feminicidio de Lesvy Berlín en CU

[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] CAMINATA SAGRADA POR LA VIDA Y LA PAZ |  Inicia el día 2 de mayo, la cita es a las 7:00 am y saldrá del kilómetro 13 1/2 (zona donde son encontrados muchos cuerpos sin vida de mujeres en la CDMX) y llegará a la Ciudad Universitaria lugar del Feminicidio de Lesvy Berlín Rivera Osorio. La invitación es abierta a toda persona que quiera sumar una oración contra la violencia que aqueja al país, es una caminata sin fines partidistas, ni políticos ni religiosos. Evento civil Evento en facebook  [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] MARCHA CONTRA LOS FEMINICIDIOS | A un año del feminicidio de nuestra compañera Lesvy Berlín Rivera Osorio, la Asamblea Interuniversitaria de Mujeres convoca a lxs estudiantes, la sociedad civil y a las organizaciones a la Marcha contra los feminicidios.Por la memoria de Lesvy y de todas las que nos han arrebatado. Ruta: Rectoría de Ciudad Universitaria a Caseta telefónica del Anexo de Ingeniería  Organización de la Marcha* Al frente madres, padres y familiares de las víctimas y desaparecidxs * Contingentes de Mujeres* Contingentes mixtos No pintas — No banderas Si lo desean pueden llevar:-Flores-Veladoras Evento en facebook  [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] LESVY VIVE. JORNADA CULTURAL, ANIVERSARIO LUCTUOSO DE LESVY BERLÍN | En el marco del primer aniversario luctuoso de Lesvy, se realizará una jornada cultural, académica y política en instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, en las inmediaciones de la caseta telefónica del anexo de ingeniería.  MAPA [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget]

Ley de víctimas de CDMX

[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] El 19 de febrero pasado fue publicada la Ley de Víctimas para CDMX, con el fin de reconocer sus derechos y establecer mecanismos y medidas que pudieran atender su problemática. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 28 de abril de 2018 Miguel Concha  La deuda del Estado con las víctimas del delito y violaciones a los derechos humanos es grande. Tanto víctimas organizadas como organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil denunciaron el nulo papel que los agraviados tenían en su lucha por el acceso a la justicia. Si bien la situación de las víctimas tenía una invisibilización histórica, fue en el sexenio 2006-2012, en el contexto de la guerra contra el narcotráfico, cuando tomó preponderancia. Las víctimas de desapariciones, secuestros, ejecuciones y desplazamiento interno se multiplicaron con cifras que incluso en valoraciones modestas llegaron a números indignantes. Entre ellos 127 mil personas asesinadas, más de 35 mil desparecidas, y alrededor de 200 mil desplazadas. No obstante, jamás se implantaron estrategias para atender a todas las víctimas, directas e indirectas, de estos actos. Razón por la cual se conformaron diversos movimientos a nivel nacional, como el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, creado en 2011. En 2012, a partir de las presiones de la sociedad, se aprobó por unanimidad en el Senado y en la Cámara de Diputados el proyecto de Ley General de Víctimas, con el fin de reconocer sus derechos y establecer mecanismos y medidas que pudieran atender su problemática. Desde su exposición de motivos, esta Ley se describe como una respuesta concreta a la demanda, hoy universal, de visibilidad, dignificación y reconocimiento de los derechos de las víctimas del delito y violaciones de sus derechos humanos, así como del reconocimiento por el Estado mexicano de sus obligaciones directas para atenderlas. Como muestra de este extraño rasero con el que se valora a las víctimas en el país, esta ley no fue avalada por el Ejecutivo. Por el contrario, por conducto de la Secretaría de Gobernación, Felipe Calderón interpuso una controversia constitucional que impidió la publicación de la ley durante su mandato. En diciembre de 2012 tomó protesta el actual titular del Ejecutivo Enrique Peña Nieto, quien en un acto más político que de convicción, y con el ánimo de congraciarse con el movimiento de víctimas, retiró la controversia constitucional, y publicó la Ley General de Víctimas el 9 de enero de 2013. Ésta contemplaba la obligación de las entidades federativas de legislar en materia local para lograr la adecuada armonización con la ley general. Sin embargo, las entidades, incluyendo Ciudad de México (CDMX), fueron omisas en adoptar las medidas pertinentes para contar con un adecuado sistema de protección a víctimas. Aunado a ello, la misma Ley General de Víctimas era ambigua y adolecía de indefiniciones sustanciales para víctimas en los estados. En específico, cuando tratándose de casos del orden del fuero común se pretendía acceder al apoyo de la Comisión Nacional de Atención a Víctimas. Lo que motivaba la revictimización de las personas. Por ello, en 2017 se modificó la ley, misma que en su transitorio décimo establece lo siguiente: Las entidades federativas, en un plazo de 90 días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deberán integrar su Comisión de Atención a Víctimas (CAV). Si bien la disposición de establecer comisiones locales no es la panacea para los problemas que enfrentan las víctimas de violación a sus derechos humanos en las entidades, el establecer un organismo responsable y, por supuesto, las disposiciones presupuestales necesarias para su funcionamiento, así como aquellas destinadas a constituir un fondo para la reparación integral, es un avance importante que pretende ayudar en la falta de definición que frecuentemente se encuentra frente a casos de carácter local. Como consecuencia de lo ordenado por la ley, el 19 de febrero pasado fue publicada la Ley de Víctimas para CDMX, en ella se reconocen los derechos de las víctimas y contempla un modelo de atención de casos, e incluye previsiones presupuestarias para su efectiva puesta en marcha. Con el fin de garantizar el acceso efectivo de las víctimas a sus derechos, la ley contempla también la creación de la CAV en CDMX, como ente encargado de desarrollar mecanismos de coordinación entre dependencias e instituciones públicas y privadas, y de procedimientos y servicios. No podemos pasar por alto que la ley de CDMX establece la obligación de que la Asamblea Legislativa realice las adecuaciones normativas a otras legislaciones para su armonización, además de nombrar una persona titular de la CAV en un plazo no mayor a 120 días naturales a partir de su publicación. La integración de la comisión local, así como el nombramiento de su titular, no sólo es un compromiso legal derivado de una ley interna, es una obligación resultado de aquellas contempladas en el artículo primero constitucional y en los tratados internacionales que obligan a las autoridades de la capital a respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos de las víctimas. Razón por la cual es indispensable que se considere que el plazo que la ley establece para nombrar al titular de la CAV se encuentra próximo a fenecer, y que el periodo legislativo ordinario concluirá el 30 de abril, sin que hasta hoy se haya realizado dicho nombramiento. Se corre el riesgo de que esa demora legislativa impacte en forma negativa las acciones positivas que se han dado en CDMX en torno a las víctimas, toda vez que nos encontramos en tiempos electorales complejos, ya que a partir del próximo periodo legislativo la Asamblea Legislativa contará con una nueva conformación. El apoyo a las víctimas debe verse reflejado en actos concretos, y no sólo en el blanco y negro de la ley. Estamos ante la gran oportunidad de contar con un sistema de atención. No demoremos más el cumplimiento de esta obligación. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : CIDH [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]

Ayotzinapa : complicidades intocables

[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Se cumplen 43 meses y la búsqueda de justicia y verdad no se rinde ante los tiempos electorales. Por el contrario, de gran oportunidad sería escuchar propuestas para resolver este doloroso episodio, quizás el que más claramente desnudó la crisis de derechos humanos que vivimos. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 21 de abril de 2018 Miguel Concha  Hace unos días, el diario Reforma publicó que la Procuraduría General de la República (PGR) recibió información de las autoridades judiciales estadunidenses, relativa al caso Ayotzinapa. En el marco de una investigación por el trasiego de drogas desde el estado de Guerrero hacia Estados Unidos, concretamente se trata de mensajes interceptados que sobre los hechos del 26 y 27 de septiembre se habrían intercambiado presuntos mandos de la organización Guerreros Unidos. Basándose en que el presunto motivo del ataque habría sido que los perpetradores confundieron a los estudiantes con integrantes de un cártel rival, a partir de la publicación de la nota, se ha pretendido hacer una interpretación forzada en el sentido de que la información confirmaría la verdad histórica. Sin embargo, se dejan de lado aspectos fundamentales que desmienten la teoría oficial y han sido reiteradamente señalados como decisivos por las familias de los 43 muchachos y sus representantes legales. A saber: la implicación de funcionarios de distintos niveles de gobierno, y el hecho de que los estudiantes estarían vivos para cuando la imposible teoría oficial los daba por incinerados junto con sus pertenencias. En efecto, los mensajes intercambiados entre los presuntos criminales que se encontraban en Iguala y en Chicago, hacen referencia explícita a la relación del referido cártel con autoridades de Guerrero, y mencionan a otros posibles implicados, cuyos sobrenombres o apellidos apuntarían hacia integrantes del Ejército. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH (GIEI), y la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, han dado sólidos elementos para que la PGR pueda actuar en este sentido, incluyendo a elementos federales que, aunque están identificados con nombre, no están rindiendo cuentas ante la justicia. Aquí es necesario subrayar que el GIEI –quien desde hace tres años mencionó la necesidad de investigar el trasiego trasnacional de droga, y pedir la cooperación de las agencias estadunidenses– ya había señalado que un operativo de la magnitud del desplegado, para detener y desaparecer a los muchachos, necesitaba de una amplia coordinación y dominio del territorio, imposible de realizar sin la participación por acción u omisión de distintas autoridades presentes en la zona. En forma contraria a los intentos discursivos por delimitarla a ese ámbito, la información revelada confirma que esta complicidad va mucho más allá del nivel municipal. Esto apuntala la urgencia de realizar las diligencias necesarias para agotar esta línea de investigación, incluyendo a diversas personas que hasta la fecha permanecen sin comparecer ante la justicia. Además de la información que de seguirse esta línea puede aportarse al caso en términos de justicia y verdad, llevar a cabo una profunda investigación sobre estos indicios podría dar luz sobre el modo como hoy se configuran las complejas redes de complicidad entre autoridades constituidas y el crimen organizado, no sólo en Guerrero, sino en grandes extensiones de la vida nacional, las cuales son un pilar principal de la inédita ola de violencia que se padece en México. Sólo a quienes se benefician con estas redes les conviene que su manera de operar no salga a la luz. Es lamentable que las autoridades hayan tardado tres años en concretar una colaboración que puede proveer de información sumamente útil. Entre estos datos objetivos se cuenta con uno al que hay que prestar atención: que los presuntos dirigentes del cártel aún deliberaban qué hacer con los normalistas, al tiempo que la teoría oficial sostiene que ya habían sido incinerados. Como los peritajes científicos presentados por el Equipo Argentino de Antropología Forense y el GIEI, como la información de telefonía obtenida anteriormente –que comprueba la actividad de los teléfonos de los muchachos horas después de su supuesta incineración–, y los indicios de que fueron desaparecidos en dos rutas y no en un grupo único, como señala la teoría del caso de la PGR, este extremo viene a reforzar el cúmulo de pruebas que desestiman la verdad histórica. Los mensajes dejan ver también que los estudiantes no estaban infiltrados por un cártel, como en distintos momentos se ha aventurado desde la parte oficial, y que los integrantes de Guerreros Unidos lo supieron muy pronto. Este cúmulo de información que obraba en poder de las autoridades estadunidenses desde 2014, más otras diligencias que todavía no se agotan, confirman no sólo que el GIEI tenía razón en pedir que se investigaran exhaustivamente estos indicios que la PGR no había querido ver. Nos recuerdan también que han pasado ya 43 meses, y que las autoridades responsables no han logrado esclarecer con pruebas firmes lo ocurrido aquella noche, ni el destino de los normalistas. El informe reciente de la representación en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que documenta el uso de la tortura como método de investigación, y en el que se sustenta, en buena medida, la teoría oficial del caso, representa un golpe más a la ya de por sí desacreditada verdad histórica, que tanto dolor ha causado a las familias. La enésima vuelta a la arena pública en estos días del caso Ayotzinapa, nos recuerda que la búsqueda de justicia y verdad no se rinde ante los tiempos electorales. Por el contrario, de mostrar sensibilidad será una oportunidad para que los candidatos a la Presidencia de la República ofrezcan en el debate de mañana propuestas para resolver este doloroso episodio, quizás el que más claramente desnudó la crisis de derechos humanos que vivimos. El gobierno actual tampoco puede irse dejando esta herida abierta en la convivencia nacional. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : CIDH [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]

Por un modelo económico que ponga al centro los derechos humanos y el cuidado del medio ambiente

Las organizaciones y movimientos sociales expresamos nuestra preocupación por la ratificación del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) o TPP-1 por el Senado el día de ayer. Demandamos que el Estado garantice los derechos humanos y el cuidado de la naturaleza por encima del beneficio económico de las empresas. El día de ayer (24 de abril), México se convirtió en el primer país en aprobar el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) o TPP-1 por sus siglas en inglés. El Senado aprobó su ratificación con 74 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones. La ratificación se dio con base en un documento que todavía no ha sido finalizado, pues incluso Estados Unidos  no ha definido su participación y las condiciones que incluiría en el Tratado si se une. Es importante recordar que los procedimientos especiales de Derechos Humanos de Naciones Unidas han expresado sus preocupaciones por las consecuencias negativas que puede tener la implementación del este Tratado en los derechos humanos. Lo anterior ha sido resaltado por la Relatora Especial en la esfera de los derechos culturales; el Experto independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo; el Relator Especial sobre la promoción y la protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; el Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental; la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas; la Experta independiente sobre los derechos humanos y la solidaridad internacional; y el Relator Especial sobre el derecho a la privacidad, de conformidad con las resoluciones 28/9, 27/9, 25/2, 24/6, 24/9, 26/6, y 28/16 del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. Por otro lado, el Senado no ha cumplido con la Ley sobre Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica, donde se mandata hacer procesos amplios de consulta a sectores diversos de la sociedad en México. La ratificación del TPP-1 se dio a pesar de que varios actores sociales, entre ellos la Convergencia de Organizaciones Sociales y Ciudadanos “México mejor sin TLCs” solicitaron audiencia a la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado para expresar sus apreciaciones y alternativas contenidos del Tratado que comprometen los derechos humanos y el cuidada de la tierra, por desgracia a la fecha no se nos ha recibido para profundizar en nuestras preocupaciones.. Exigimos: -No publicar la ratificación del Senado -Que el Ejecutivo no implemente el Tratados -Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación garantice el cumplimiento de las obligaciones del Estado de garantizar los Derechos Humanos! -Que los Órganos Autónomos de Protección de Derechos Humanos se pronuncien sobre los contenidos de este Tratado y los daños y afectaciones que se cometerían contra los Derechos Humanos.  ¡Demandamos que no se ratifique y negocie este Tratado en nuestro nombre sin transparencia y sin participación ciudadana! ATENTAMENTE  CONVERGENCIA DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y CIUDADANXS “MÉXICO MEJOR SIN TLC´s”

Resumen del Caso : Lesvy Berlín Rivera Osorio

[et_pb_section fb_built=»1″ _builder_version=»3.22″][et_pb_row _builder_version=»3.25″ background_size=»initial» background_position=»top_left» background_repeat=»repeat»][et_pb_column type=»4_4″ _builder_version=»3.25″ custom_padding=»|||» custom_padding__hover=»|||»][et_pb_text _builder_version=»3.27.4″ background_size=»initial» background_position=»top_left» background_repeat=»repeat»] Ilustración de portada : Rexiste   «Lesvy Berlín Rivera Osorio nació el 7 de enero de 1995, hija de Araceli Osorio y de Lesvy Rivera. Fue parte de la comunidad universitaria desde muy temprana edad. Estudió la primaria en la escuela para hijas e hijos de trabajadores de la Universidad, y después ingresó a Iniciación Universitaria, donde estudió la secundaria. El bachillerato lo realizó en el Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Sur, donde se integró a la estudiantina femenil de la UNAM». Fragmento Desde que acontecieron los hechos que privaron de la vida a Lesvy, el CDHVitoria en conjunto con otras organizaciones comprometidas con la defensa de los derechos humanos ha dado acompañamiento a sus familiares. Además de darle pleno seguimiento al caso en todas las etapas procesales hasta ahora recorridas, hemos señalado y denunciado aquellas omisiones e irregularidades que, por parte de las autoridades correspondientes, se han presentado a lo largo de la investigación; y hoy sabemos que han obstruido considerablemente los trabajos encaminados a esclarecer los hechos sobre el feminicidio de Lesvy.  Este resumen del caso que actualmente se prepara para la etapa de juicio contiene la situación, avances y retos del proceso luego de que la PGR rectificara su hipótesis y luego de la aportación de pruebas y peritajes independientes que ayudan a entender el feminicidio de Lesvy y su contexto. También se hacen visibles algunos aspectos estructurales e institucionales de los que habrá que hacernos cargo como sociedad civil, academia, instituciones educativas y gobiernos, para erradicar la violencia feminicida y de género en nuestro país.  [/et_pb_text][et_pb_button button_url=»https://drive.google.com/file/d/16mmqdvuZZCR0haB6T1dw-lBAAG4AKi-c/view?usp=sharing» button_text=»Descargar documento» _builder_version=»4.7.3″ _module_preset=»default» custom_button=»on» button_text_color=»#ffffff» button_bg_color=»#000000″ button_border_width=»1px» button_border_color=»rgba(0,0,0,0)» button_icon=»%%246%%» button_icon_color=»#2bbfd8″ hover_enabled=»0″ locked=»off» sticky_enabled=»0″ button_alignment=»center»][/et_pb_button][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Ley de publicidad oficial

[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] El PRI, en alianza con el PVEM y el Panal impusieron una Ley de Comunicación Social mediocre, creada para legitimar malas prácticas y que fortalece la inequidad de la contienda electoral. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 14 de abril de 2018 Miguel Concha  El 15 de noviembre de 2017,la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Congreso de la Unión emitir la ley reglamentaria sobre publicidad oficial. El 7 de febrero de 2018, el colectivo #MediosLibres entregó en las instalaciones del Senado un decálogo que contiene las bases mínimas para regularla, haciendo además un llamado para iniciar el proceso de creación de la ley, y generando una ruta crítica y una agenda en la que se incluyeran voces de distintos sectores que participaran en las discusiones del proceso legislativo. Organismos constitucionalmente autónomos, como el INE, el INAI y la CNDH urgieron también a iniciar el proceso legislativo de una manera abierta, plural e incluyente. Hasta el 13 de marzo fueron presentadas en la Cámara de Senadores y en la de Diputados más de 20 iniciativas al respecto. Ese día, sin embargo, el PRI presentó la suya y esta última sería la que se dictaminaría dentro de la Comisión de Gobernación, el 3 de abril. En dicha sesión, lo que se pudo apreciar fue un acto de simulación legislativa, en la que a toda costa y sin argumentos razonables aprobaron la ley con 15 votos a favor, ocho en contra y una abstención. El PRI, en alianza con el PVEM y el Panal impusieron una agenda legislativa mediante una ley que no cumple con los estándares mínimos que debe tener la publicidad oficial, legitima las malas prácticas y no garantiza el ejercicio de la libertad de expresión ni el derecho a la información. Para no caer en desacato ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sólo se buscó cumplir con un formalismo, retomando lineamientos ineficientes que existen desde hace tres sexenios a nivel federal. Entre los puntos críticos del predictamen se cuentan: 1. uso proselitista de la publicidad oficial. La Constitución prevé que la propaganda deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social y que en ningún caso incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. La CIDH, por conducto de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, ha señalado que en una sociedad democrática los ciudadanos tienen derecho a saber, esto es, a conocer las actividades oficiales, las políticas de gobierno y los servicios que presta el Estado, y que la información derivada de la publicidad oficial debe ser de interés público, no utilizarse con fines discriminatorios, para violar derechos humanos, ni con fines electorales o partidarios. Sin embargo, el predictamen (artículo 4, f.I) considera que las campañas de comunicación pueden tener como objeto la difusión de logros de las autoridades, abriendo con ello la posibilidad de que se siga utilizando como herramienta para promover figuras públicas o partidos políticos, generando así su sobreexposición a la sociedad e impactando directamente en la equidad de la contienda electoral. En el mismo sentido está la excepción que se prevé en el artículo 14 respecto de la publicidad de los informes anuales de labores, los cuales son actualmente utilizados para la promoción personalizada de funcionarios y no para rendir cuentas a la ciudadanía. Se prevé también la posibilidad de difundir mensajes o campañas extraordinarias a las originalmente planteadas en el Programa Anual de Comunicación Social, sin señalar claramente el tipo de mensajes que podrían significar, violando así el principio de planeación adecuada del gasto. 2. Ineficiencia y discrecionalidad en el uso de los recursos. La sentencia de la SCJN señala la falta de criterios claros y objetivos de asignación de la publicidad oficial. La ley no prevé nada al respecto. Simplemente remite a la creación de lineamientos por parte de la Secretaría de Gobernación, lo cual no cambia la asignación discrecional y excesiva de este concepto de gasto, y representa una violación del artículo 7 de la Constitución y 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Por esto #Medioslibres ha insistido en la necesidad de que los recursos publicitarios se asignen según criterios que evalúen factores como el perfil del público al que van destinados, los precios, la circulación, la audiencia del medio y distintos criterios de equidad. La idoneidad, el público objetivo –con acciones afirmativas hacía contenidos asociados a grupos vulnerables– y la no discriminación son criterios que también hay que tener en cuenta. 3. Centraliza más el control del gasto en publicidad oficial. El principio 7 de la Relatoría Especial señala la necesidad de contar con un control externo de la asignación de pauta. Salvo las referencias al rol de la Auditoría Superior de la Federación (o contraloría estatal equivalente), se omite en el predictamen la elaboración de controles descentralizados para vigilar y fiscalizar el uso de la publicidad oficial. 4. La ausencia de fomento al pluralismo de medios y trato diversificado a los medios de uso social, comunitarios e indígenas, así como de transparencia y regulación de la medición de audiencia, circulación, visitas y raiting. No obstante estas lagunas, el 10 de abril se aprobó en el pleno de la Cámara de Diputados la Ley General de Comunicación Social, con 205 votos a favor y 168 en contra. Llamó la atención la urgencia que tenían de dar por cumplida en términos mediocres la sentencia de la primera sala de la Corte, sobre todo cuando su trabajo legislativo inició a escasas semanas del plazo establecido en la sentencia (30 de abril). Se trata de una ley impuesta, creada para legitimar las malas prácticas e institucionalizarlas. El Senado tiene la oportunidad de generar un contrapeso ante el dictamen emanado de la Cámara de Diputados. Lo malo es que el PRI tiene mayoría en ambas cámaras. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Jorge Aguilar [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]

Juez penal determina a favor del acceso a la justicia para Lesvy y su familia

Hubo resolución favorable para las víctimas, a más de 11 meses de ocurridos los hechos. Víctimas y acompañantes siguen exigiendo el efectivo acceso a la justicia y a la verdad para Lesvy. El día 9 de abril de 2018, se llevó a cabo la Audiencia Intermedia en las inmediaciones de Reclusorio Oriente referente al caso del feminicidio de Lesvy Berlín Rivera Osorio. En dicha audiencia, la Unidad de Gestión Judicial Número Seis del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) apuntó a que la acusación contra el imputado será por el delito de feminicidio agravado. Desde que se dio a conocer la muerte de Lesvy Berlín Rivera Osorio en Ciudad Universitaria, se ha sostenido de manera arbitraria y contraria a las evidencias del caso que la joven se suicidó. En este sentido, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX) formuló posteriormente la hipótesis de un homicidio simple doloso en comisión por omisión; lo cual equivalía a sostener la misma hipótesis de suicidio. Por ello, las víctimas, su asesoría jurídica y acompañantes se vieron en la necesidad de aportar pruebas y peritajes que aseguraran una investigación efectiva y con perspectiva de género, de tal manera que se avanzara en la búsqueda de verdad y justicia para Lesvy. Además, más de 1300 personas, activistas, feministas, académicas y académicos entregaron al Juez Alfonso Dávila Gómez un carta firmada solicitando que el proceso se siga con perspectiva de género, dicho documento tuvo también el respaldo de más de 60 organizaciones civiles y sociales. De esta manera, dicho juez apuntó en la ya mencionada audiencia a que se unificaran las teorías del caso de la familia y acompañantes con la de la PGJCDMX, resultando así que la acusación al imputado proceda definitivamente por el delito de feminicidio agravado. Así, se podrá entrar en etapa de juicio, para que con base en las pruebas y el respeto de los derechos de las víctimas, se dicte sentencia por medio de la cual se conozca la verdad y se obtenga justicia y reparación de daño para Lesvy. En pocas palabras, la Audiencia Intermedia logrará corregir el actuar de la PGJCDMX gracias al acompañamiento dado por diversos sectores sociales a la familia. El actuar de la Procuraduría se caracterizó, a lo largo de todo el desarrollo del caso, por la falta de perspectiva de género en las investigaciones, lo cual ha violentado los derechos de las víctimas, faltado a estándares nacionales e internacionales, y obstaculizado el acceso a la justicia para Lesvy y su familia. Contra el dolo y la negligencia de las autoridades de la Ciudad de México, los esfuerzos de la familia de Lesvy, de las organizaciones acompañantes, de las personas asesoras jurídicas, de grupos y personas de la comunidad universitaria, y de las organizaciones y colectivas feministas y de mujeres han abonado para avanzar en la exigencia de justicia y verdad para Lesvy y, por medio de ésta, para garantizar una vida libre de violencia para las mujeres que habitan y transitan en la Ciudad. ¡Ni un feminicidio más! ¡Justicia para Lesvy! ¡Justicia para todas las mujeres!   Atentamente: Familiares de Lesvy Berlín Rivera Osorio Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A.C. Imagen destacada: Esx Queso Dossier del Caso

Red por la democracia

[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] En estas elecciones 2018 el tema de la observación electoral se convierte en un ejercicio cívico y político que ayuda a prevenir un posible fraude y hacer que se respete la decisión popular que surja de las urnas. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 07 de abril de 2018 Miguel Concha  Este 2018 México acude a la cita sexenal de las elecciones, cuando como país enfrentamos un clima de tremenda inestabilidad política y de brumas publicitarias que nos impiden conocer y ver con más certeza lo que nos deparan los próximos meses. Las campañas electorales arrancaron el pasado fin de semana, y hasta ahora la vorágine de información comienza a fluir de tal forma que, con el paso de los días, existen ya elementos y contenido sustancial. Se sabe ya incluso de algunas irregularidades que permiten observar la forma y comportamiento en que se van y podrían seguirse desarrollando estas elecciones. En medio de esta coyuntura, también contamos sin duda con incertidumbres acerca de cómo las instituciones encargadas de garantizar el ejercicio de derechos políticos, como el voto, querrán o no garantizar y aferrase a principios rectores constitucionales, como la certeza, la legalidad, la independencia, la imparcialidad y la objetividad. Es decir, una actuación sin filias ni fobias, oportuna, transparente y contundente, como corresponde a órganos de Estado –no de gobierno, que son– y un proceso electoral legítimo que nos saque al paso este año, sin tener que lamentar violencia y violaciones a derechos humanos. Como algunas y algunos han sentenciado con mucha razón, lo contrario comprometería aún más en los próximos comicios del primero de julio la armonía y desarrollo de una sociedad que debiera resolver este acontecimiento por la vía más justa y democrática. La urgencia de actuar como sociedad civil en estos tiempos electorales se impone por la poca credibilidad y legitimidad que se ha observado en los años recientes en las elecciones sexenales e intermedias, y en varios estados de la República. Esto ha generado en la sociedad un sentimiento de desconfianza frente a las instituciones creadas por el Estado para garantizar procesos electorales que fortalezcan la democracia real y efectiva en México. En este contexto, el pasado 21 de marzo se dio a conocer la creación de la Red Universitaria y Ciudadana por la Democracia (RUCD), conformada por personas académicas de distintas universidades y organizaciones civiles nacionales e internacionales que, conforme a su declaratoria inicial, tiene entre sus objetivos el ser un espacio abierto y plural de articulación, divulgación y acción en favor de la democracia en México. La RUCD pretende convocar a todas y todos los mexicanos, y a las y los ciudadanos del mundo solidarios con el pueblo mexicano a que se registren desde ahora como observadores electorales y articulen sus esfuerzos con esta nueva iniciativa. Esta articulación y esfuerzo plural, al que se invita a adherirse a más personas universitarias y ciudadanas, cuenta con el acompañamiento de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que mediante su Programa Universitario Diálogos por la Democracia ha sido fundamental para su constitución. Es importante decir que en estas elecciones 2018 el tema de la observación electoral se convierte en un ejercicio cívico y político que ayuda por un lado a prevenir un posible fraude. Con ello estaremos también generando un efecto inhibitorio y disuasivo que busque evitar que de manera desviada se use el sistema electoral y se utilice para proteger los intereses de unos cuantos, en lugar de que se respete la decisión popular que directamente surja de las urnas. Asimismo, la participación y observación en el contexto de las elecciones es un importante proceso pedagógico en el que aprendemos cómo funciona el sistema electoral y cómo se hacen ejercicios de derechos humanos –en este caso políticos– al tiempo que la sociedad se apropia de una vía para consolidar la democracia. Es decir, con la participación en las elecciones se ciudadaniza también el sistema electoral, y, en el caso de que se respete la ley –como debiera ser– podría incluso legitimarse entre la población, de tal forma que se convierta en una verdadera opción para contar con una sociedad más justa y digna. Con este esfuerzo ciudadano se pretende movilizar a una amplia red de personas observadoras electorales ciudadanas, nacionales e internacionales, para cubrir la mayor cantidad posible de casillas tanto el día de la elección como durante los conteos distritales del 4 y 5 de julio. Por otro lado, se pretende también denunciar de manera sistemática y rigurosa ante instituciones nacionales e internacionales, y medios de comunicación, toda violación a derechos que se comentan durante el proceso, así como dialogar y ayudar en la articulación entre las diferentes iniciativas ciudadanas existentes, o en proceso de construcción, en favor de la celebración de elecciones libres, limpias y dignas en México. La Red está integrada hasta ahora por más de 170 personas firmantes de 77 diferentes universidades y 12 organizaciones de la sociedad civil provenientes ambas de 13 países en Europa y las Américas. En ella se comparte la preocupación por el estado precario de la democracia mexicana y la crisis de credibilidad en la que se encuentran las instituciones electorales. Mediante un comunicado que se ha ya publicado en seis lenguas la articulación señala claramente que las irregularidades y la poca legitimidad de determinados procesos electorales en la historia de México, han evidenciado que en el país existen muchos actores que todavía no han asumido plenamente las reglas del juego democrático. Queda sumarnos a esta Red y a otros esfuerzos ciudadanos que ahora impulsan importantes procesos de incidencia, observación y participación en los próximos comicios. Para la situación que enfrenta el país, no es poco continuar organizándonos en esta etapa electoral y defender nuestros derechos. Para mayores informes, dirigirse a Valentina Melgar Bermúdez en el siguiente correo: democracia2018mx@gmail.com Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Jorge Aguilar [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]