Justicia para Lesvy: Carta al Juez por audiencia del 9 de abril

Honorable C. Juez Alfonso Dávila Gómez, Las personas abajo firmantes, preocupadas por el desarrollo del proceso jurídico en el caso de nuestra compañera universitaria Lesvy Berlín Rivera Osorio y en solidaridad con la familia, le hacemos llegar esta carta, pues tenemos conocimiento de que el próximo 9 de abril de 2018 se llevará a cabo una audiencia en la que se expondrán las conclusiones acusatorias a las que arribó la coadyuvancia y  la Procuraduría General de Justicia luego del cierre de la investigación complementaria. Sabemos que la audiencia intermedia es crucial para garantizar el acceso a la verdad y a la justicia para las partes por lo que queremos compartirle nuestra preocupación porque las víctimas sean efectivamente consideradas en sus planteamientos y porque este caso sea juzgado con apego al Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género que surge de las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la experiencia y el trabajo del Poder Judicial de la Federación y de la incorporación de los criterios del Sistema Interamericano y del Sistema Universal de los Derechos Humanos. Por la memoria, por la verdad, por la justicia y por la no repetición. ¡Ni una asesinada más! Reciba un cordial saludo.  Atentamente:  Imagen: Rexiste

Con albazo y sin consulta Diputados de PVEM y PRI buscan aprobar Ley General de Biodiversidad

– Violatoria de derechos humanos y al servicio de intereses privados; industria minera, energética, biotecnológica y farmacéutica las más favorecidas. – Habilita el despojo a los Pueblos indígenas y comunidades campesinas. – Pone en riesgo Áreas Naturales Protegidas y especies prioritarias para la nación. Este lunes 26 a las 11 de la mañana, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Comarnat) de la Cámara de Diputados, presidida por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), pretende aprobar, en fast track, la Minuta de Ley General de Biodiversidad (LGB). Ésta abre la puerta a violaciones a derechos humanos y derechos indígenas; además, vulnera ecosistemas y especies ya de por sí amenazadas. Organizaciones campesinas, indígenas, civiles, académicas y ciudadanía en general, interesadas en garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano, a través de la Coalición Ciudadana ante la Ley General de Biodiversidad, ​hemos señalado constantemente las deficiencias de esta propuesta. El jueves 22 de febrero, el diputado presidente de la Comarnat, Arturo Álvarez Angli del PVEM, convocó la reunión para aprobar el “dictamen sin cambios”. La premura del proceso y el llamado urgente a votación pone en evidencia una fuerte presión para que la Minuta sea aprobada en sus términos. Además, la falta de transparencia y apertura del proceso legislativo, pone en evidencia conflictos de interés por parte de las y los legisladores que la impulsan. La votación de la Minuta busca llevarse a cabo sin que haya mediado un proceso de análisis y consulta de los pueblos indígenas y campesinos, e ignorando el mandato de la Mesa Directiva de la Cámara que requirió Opinión de las Comisiones de Asuntos Indígenas (presidida por el PRI) y de Cambio Climático (presidida por el PAN). A continuación se exponen algunas de las principales deficiencias de la Minuta: -Omite derechos de los pueblos indígenas previstos en el artículo 2 y otros de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. . – Se fundamenta en el Artículo 73 XXIX-G de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que da facultades al Congreso para Legislar en materia de protección al ambiente y preservación ecológica, pero no en materia indígena. – Pretende privatizar los recursos genéticos del país y también el conocimiento de los pueblos indígenas, esto último, sin su consulta y consentimiento. -Debilita las Áreas Naturales Protegidas y los programas de protección de especies en riesgo al desestimar la causa de utilidad pública para la conservación y privilegiando los intereses de la minería y la industria energética.  -Adolece de mecanismos certeros y adecuados para garantizar los derechos a la información y a la participación ciudadana. Propone la instauración de un Consejo Nacional a modo donde no se distingue entre campesinos, indígenas, mujeres o jóvenes ni entre personas y organizaciones. – Contraviene acuerdos internacionales como el Convenio de Diversidad Biológica, la Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. – Lejos de implementar el Protocolo de Nagoya lo aplica de manera laxa y creando conflictos entre las comunidades. – Dificulta la implementación del Acuerdo de París, derivado de la Convención Marco de Nacines Unidas para el Cambio Climático, el cual es de carácter transversal y requiere de una coherencia legislativa a nivel nacional. – Limita las posibilidades de que el Gobierno mexicano cumpla con los Objetivos del Desarrollo Sostenible y con ello menoscaba la puesta en acción de la Agenda 2030. Debido a lo anterior, la Coalición Ciudadana ante la Ley General de Biodiversidad, exige a la Cámara de Diputados que abra la revisión de esta Minuta a la participacipación de la sociedad; en particular a los pueblos indígenas quienes serán impactados directamente por la aprobación de esta Ley. Las y los legisladores tienen el mandato de representar a la sociedad, no solo a los intereses económicos de grupos empresariales. Pero, en el Senado y en la Cámara de Diputados parece que la norma es lo contrario. Basta recordar que esta iniciativa de ley fue propuesta, y sigue siendo promovida, por la Senadora Ninfa Salinas, parte de Grupo Salinas. Por ello, las organizaciones y personas firmantes requerimos a los Partidos Políticos en la Cámara de Diputados a detener el albazo promovido por el PVEM con apoyo del PRI, y exigir la consulta amplia. Nuestro país exige transparencia, participación y rendición de cuentas, no procesos legislativos a escondidas. Por ello, invitamos a la ciudadanía a informarse de lo que hay en juego con esta Ley y sumarse en esta petición para detenerla. Imagen destacada (modificada) : Pablo Sierra

Corrupción y derechos humanos

[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] La CIDH insiste en que la lucha contra la corrupción está firmemente «ligada al ejercicio y disfrute de los derechos humanos» y por lo mismo es urgente atender mecanismos efectivos para erradicarla. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 31 de marzo de 2018 Miguel Concha  Entre el 13 y 14 de abril tendrá lugar en Lima, Perú, con el tema de La gobernabilidad democrática frente a la corrupción, la VIII Cumbre de las Américas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aprobó con esa oportunidad a comienzos de este mes una resolución titulada Corrupción y Derechos Humanos. En ella recuerda que el año pasado formuló una resolución sobre los derechos humanos y la impunidad, en la que afirmó que la lucha contra la corrupción está indisolublemente ligada al ejercicio y disfrute de los derechos humanos, y que por lo mismo el establecimiento de mecanismos efectivos para erradicar la corrupción es una obligación urgente para lograr un acceso efectivo a una justicia independiente e imparcial, y garantizar los derechos humanos. Dada la importancia del tema, y más allá del uso imperialista y faccioso que en efecto puede hacerse de la próxima cumbre contra gobiernos que en la práctica defienden la democracia representativa y participativa o directa en América Latina, me parece interesante dar a conocer esta nueva resolución de la CIDH, que por primera vez proporciona una aproximación integral al tema. En el diagnóstico sobre sus efectos, la CIDH establece que la corrupción es un complejo fenómeno que afecta a los derechos humanos en su integralidad, debilita la gobernabilidad y las instituciones democráticas, fomenta la impunidad, socava el estado de derecho y exacerba la desigualdad. Dice también que se caracteriza por el abuso o desviación del poder, público o privado, que desplaza el interés público por un beneficio privado (personal o para un tercero), y debilita las instituciones de control, administrativas y judiciales. Reconoce que la corrupción tiene un impacto grave y diferenciado en el goce y ejercicio de los derechos humanos de grupos históricamente discriminados, y que frecuentemente, como consecuencia de investigar, informar y denunciar actos de corrupción, funcionarios públicos, operadores de justicia, periodistas, personas defensoras de derechos humanos, líderes sociales, jóvenes y líderes de pueblos indígenas y de comunidades afrodescendientes son víctimas de ataques contra su vida, su integridad, libertad y seguridad personal. Para la CIDH, la corrupción se genera mediante esquemas diversos, muchos de los cuales conocemos bien en México. Entre ellos, la adopción irregular de decisiones gubernamentales, como contratos u obras públicas, nombramientos o ascensos, y leyes o exoneraciones tributarias que afectan los principios de igualdad, transparencia, debido proceso e imparcialidad. Además de la valoración de contratos u obras públicas de manera desviada, para favorecer el interés privado sobre el público, afectando con ello los recursos con que cuenta el Estado, y el requerir a los funcionarios públicos prebendas indebidas a cambio de servicios públicos (moches). Influir en los procesos electorales mediante el financiamiento ilícito de campañas y candidaturas es otro de los esquemas de corrupción estructural que captura a las entidades estatales. Con el propósito de enfrentar este cáncer de nuestra vida pública y privada, la CIDH propone cuatro ejes fundamentales, haciendo en cada uno de ellos una serie de pertinentes recomendaciones : 1. Independencia, imparcialidad, autonomía y capacidad de los sistemas de justicia, en el que recomienda entre otras cosas el establecimiento normativo de procesos de selección y nombramiento de operadores de justicia con criterios objetivos de selección o designación, así como requisitos y procedimientos previsibles para toda persona que desee participar, y mecanismos de transparencia en esos procesos, incluyendo a las altas cortes.  2.Transparencia, acceso a la información y libertad de expresión, en el que recomienda “establecer obligaciones de aquella información necesaria para la efectiva rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción, en particular en relación con, a) sistemas de convocatoria, contratación, empleo y salarios de los funcionarios públicos; b) mecanismos para prevenir conflictos de interés; c) contratación pública y gestión del presupuesto e inversiones de infraestructura; d) actividades de lobby; e) identidad de las personas jurídicas y naturales involucradas en la gestión de empresas del sector privado, y f) financiamiento de las campañas electorales y funcionamiento de los partidos políticos.  3. Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, en el que recomienda adoptar medidas necesarias para poner en marcha o fortalecer sistemas de supervisión y fiscalización de actividades de extracción, explotación o desarrollo de manera coherente con las obligaciones de derechos humanos, orientadas a evitar la vulneración de los derechos de la población en el área de influencia en que estas actividades tienen lugar. Es indispensable que dichas medidas contemplen para todas las personas, grupos y colectividades que se vean potencialmente afectados por un proyecto o actividad extractiva o de desarrollo mecanismos de participación activa en los procesos de toma de decisiones. Mecanismos de evaluación y control que por lo demás tienen que ser transparentes e independientes de las estructuras de control de las empresas y cualquier tipo de influencia. Adoptar además medidas para prevenir, investigar y sancionar agresiones y hostigamientos contra dirigentes u otras personas involucradas en procesos de defensa de derechos de las comunidades, población o pueblos indígenas y tribales afectados por actividades de extracción, explotación o desarrollo, y de personas que denuncian actos de corrupción en esos proyectos, es otra de las propuestas que hace la CIDH. Y, 4. Cooperación Internacional, mediante la creación de unidades de investigación multilaterales y medidas regionales de reparación para las víctimas. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Internet [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]

CONAVIM da revés a los derechos de las mujeres en México

CONAVIM obstaculiza implementación de las alertas de violencia de género  Organizaciones peticionarias de Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVG) en diversos estados del país, denunciamos los graves retrocesos de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) para garantizar los derechos de las mujeres en México. A pesar de que el propio Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública documentó de 2015 a 2017 el asesinato de 8,190 mujeres en todo el país, de los cuales sólo 1,640 fueron investigados como feminicidio -es decir en 20% de los asesinatos- existe una omisión por parte de las autoridades federales para realizar acciones urgentes y efectivas para erradicar la violencia feminicida que prevalece en diversas entidades. A casi tres meses de la llegada de la nueva Comisionada de la CONAVIM, Angela Quiroga, organizaciones de diversos estados del país, vemos con preocupación el estancamiento, retroceso y dilación de la nueva administración, lo que pone en riesgo los avances logrados para garantizar los derechos de las mujeres.   El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) conformado por 40 organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres en 22 estados del país, la Red  Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” A.C., Justicia Pro Persona A.C. y el Centro de Derechos Humanos Fr. Francisco de  Vitoria O.P. A.C. hemos documentado acciones, omisiones e irregularidades de la CONAVIM en los procedimientos de AVG como: -Retardos injustificados en la notificación de los informes sobre las AVG, lo que se contradice con la imperiosa necesidad con la que se deben atender, ante la gravedad y urgencia de problemáticas como el feminicidio y las desapariciones de niñas y mujeres. Esto ha ocurrido ante las solicitudes de las Declaratorias en la Ciudad de México, Tlaxcala y el estado Puebla. -Detenimiento de las mesas de trabajo para la elaboración de dictámenes sobre el cumplimiento de las medidas de las AVG declaradas en estados como: Nuevo León, Estado de México y Chiapas. Lo que impide realizar una evaluación y saber si es necesario emitir nuevas medidas. -Limitación de la participación de organizaciones de la sociedad civil en el procedimiento de AVG. No tener voz, ni voto y condicionar su participación al arbitrio de la CONAVIM, es una de las recientes prácticas documentadas. -Caso omiso a los indicadores de resultado y de impacto para medir el cumplimiento de las medidas y recomendaciones de las AVG y el cese de la violencia feminicida, elaborados con Amnistía Internacional y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. -Detenimiento de la publicación de la reforma al Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) con la cual se busca fortalecer el mecanismo de la AVG, mismo que es un resultado de los Amparos realizados por las OSC en los procedimientos del Estado de México, Nuevo León y Chiapas. Aunado a estos retrocesos graves, es de nuestro conocimiento que en los últimos dos meses la CONAVIM se ha reunido con los gobiernos -sin que participe el Grupo de Trabajo y mucho menos las organizaciones peticionarias de las AVG-, para acordar las situaciones relacionadas con las alertas.Cabe destacar que éstos no están dentro del procedimiento del propio mecanismo, y que son contrarias al propio objetivo de la AVG, ya que emitir los informes de recomendaciones, declarar los alertas o levantarlas, no depende de la voluntad de los estados sino del cumplimiento de las recomendaciones y del cese de la violencia. Como organizaciones defensoras de los derechos humanos, particularmente los derechos de las mujeres exigimos a la Secretaria de Gobernación: -Acciones inmediatas y efectivas para salvaguardar la vida e integridad de las mujeres en México. -Cese de la simulación y atención urgente a los pendientes y vacíos en las solicitudes  y seguimiento  a las alertas realizadas en el Estado de México, Veracruz, Jalisco, Tlaxcala, Puebla y la Ciudad de México. -Cumplimiento de la recomendación del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en la que pide al Gobierno mexicano eliminar las barreras para la implementación del mecanismo de la AVG y así como la realización de políticas públicas garantizar la seguridad e integridad de las mujeres. Recordamos a las autoridades, sociedad civil y a las organizaciones nacionales e internacionales que trabajamos a favor de los derechos de las mujeres que el mecanismo de las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres fue hecho para proteger a las víctimas y sus derechos, no a los gobiernos. De enero de 2014 a diciembre de 2017 el OCNF registró 8,904 asesinatos de mujeres en todo el país, de los cuales sólo 2,188 casos han sido investigados como feminicidios, por lo que estaremos atentas de las acciones y omisiones que a partir de esta fecha realice el organismo federal, pues hasta la fecha su actuar pone en duda un compromiso auténtico con las mujeres en México. Atentamente Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF)  Red  Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos  “Todos los Derechos para Todas y Todos” A.C. Justicia Pro Persona A.C. Centro de Derechos Humanos Fr. Francisco de  Vitoria O.P. A.C.

Los DESC en México

[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] El Estado mexicano olvidó reconocer ante Naciones Unidas que ahora es evidente el impacto negativo que tienen, o potencialmente tendrán, las reformas estructurales. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 24 de marzo de 2018 Miguel Concha  Los pasados días 12 y 13 de marzo sustentó México ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (Comité DESC) su V y VI informe conjunto de cumplimento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Aunque hay que aclarar que este ejercicio se da después de más de 11 años que el Estado mexicano enviara su último informe, y ello a pesar de estar obligado a informar cada cinco años a dicho comité sobre el estado que guardan los llamados Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC). En un primer momento esta revisión estaba programada para el 28 y 29 de septiembre de 2017, pero debido a los sismos de septiembre pasado se pospuso para marzo de este año. El Comité DESC, compuesto por 18 personas expertas independientes, examina los avances y desafíos que tienen los Estados parte del PIDESC respecto a los derechos establecidos en el mismo. Y para tal examen diferentes organizaciones de la sociedad civil, nacionales e internacionales, redactaron informes alternos al presentado por el Estado mexicano, en los que dieron cuenta sobre la situación de los DESC en el país, y sobre el lento y limitado avance en atender recomendaciones hechas por este mismo comité desde 1999. En particular, más de 83 organizaciones mexicanas se articularon para la redacción del Informe conjunto de sociedad civil sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en México 2017. Es importante señalar que ante el cambio de fechas se entregó también un addendum, con el fin de actualizar al comité sobre los derechos en el periodo posterior a los sismos, los presupuestos públicos para 2018, la legislación y el desplazamiento forzado. En estos documentos se exponen preocupaciones de la sociedad civil, y se solicita al comité considerar atentamente sus observaciones y recomendaciones. Se trata, pues, de un informe que diagnostica la situación de los DESC desde la mirada de las organizaciones sociales que acompañan la defensa de estos derechos entre los movimientos sociales, las comunidades y las colectividades de personas afectadas. Sus recomendaciones están relacionadas con la poca garantía de los DESC, y con que muchos de éstos siguen siendo considerados por el Estado como servicios a los que sólo tiene acceso una pequeña parte de la población, afectando sobre todo a los grupos más vulnerabilizados. Señalan además que el Estado mexicano se niega a ratificar el Protocolo Facultativo del PIDESC, y, lo que es peor, que en el último sexenio se han llevado a cabo reformas legislativas contrarias al disfrute y garantía de los DESC. Frente a este proceso, las instancias gubernamentales prepararon en paralelo el informe del Estado, el cual presentaron a las organizaciones de la sociedad en julio de 2017, cuando ya había sido enviado al comité. Con lo cual obviaron experiencias de organizaciones sociales que conocieron sobre su respuesta ante el examen en Naciones Unidas. Ello no obstante, la cancillería mexicana declaró que su elaboración fue un proceso en el que existió el diálogo entre ambos actores, y que su informe era resultado de tal interacción. Durante el 63 periodo de sesiones del Comité DESC, la delegación mexicana destacó que desde 2006 se han adoptado y emprendido reformas estructurales que buscan fortalecer los derechos humanos y asegurar el desarrollo económico, cultural y social. Pero contrariamente a la postura de las organizaciones sociales, olvidó reconocer que ahora es evidente el impacto negativo que tienen, o potencialmente tendrán, esas reformas. Por ejemplo, la reforma energética que sólo favorece intereses empresariales e incentiva proyectos a grande escala que implican daños ambientales y sociales irreversibles. El comité por su parte mostró preocupación por la corrupción y la impunidad, y cuestionó acerca de la alta tasa de desempleo y su relación con la economía informal. Llamó también la atención sobre los niveles de pobreza, las asimetrías regionales, y la grave situación de violaciones a los derechos humanos de periodistas y defensores. Alertó además sobre la violencia por razones de género y el necesario enfoque diferenciado en el trato a diferentes grupos. Durante el examen, la delegación mexicana centró sus respuestas en las acciones llevadas a cabo por la administración actual, sin tomar en cuenta que el periodo por el cual se le examinaba era mayor a éste, y que su responsabilidad abarcaba la de las administraciones pasadas que también conocieron sobre la situación de los DESC en México. Como es costumbre, el gobierno mexicano reafirmó sus compromisos con el cumplimiento de las recomendaciones derivadas de esta evaluación. Es necesario sin embargo recordar que hasta 2014 el Estado mexicano había recibido mil 885 recomendaciones de diferentes mecanismos y relatores en materia de derechos humanos, de las cuales no existe un proceso de rendición de cuentas, ni un seguimiento sobre su atención y cumplimiento afectivo. Por ello es posible cuestionar si realmente estas nuevas recomendaciones se atenderán, implementarán y cumplirán. El comité emitirá sus recomendaciones sobre México hacia el 29 de marzo próximo. Al final del día, estos mecanismos internacionales son propicios para volver a poner la atención del mundo en México. Pero lo más importante es que los temas y derechos urgentes deben resolverse lo antes posible, atendiendo, sí, al escrutinio internacional, pero sobre todo haciendo caso a las exigencias de la población que habita o transita por territorio mexicano. Y por ello en la coyuntura nacional es tarea de la sociedad exigir que el Estado responda de manera integral, efectiva y conforme a sus obligaciones en materia de derechos humanos. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Toño Hernández [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]

Perfil de vacante | Área jurídica

[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Puesto de trabajo: Abogada/e/o Área: Defensa Jurídica. Vigencia de la convocatoria: Abril 2018 Puestos disponibles: 1 Condiciones laborales: La sede del Centro Vitoria se encuentra en la Ciudad de México. Temporalidad: Contrato inicial de 3 meses de prueba, con posibilidad de extensión hasta fin del 2018 y renovación en función de desempeño. Horario: Tiempo completo Fecha de inicio: Inmediato Idioma: Español, inglés Indispensable disponibilidad para viajar. Descripción de la organización El Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria es una organización con más de 30 años de experiencia en la defensa y promoción de los derechos humanos entre los sectores más vulnerables o discriminados. Nuestro trabajo se fundamenta en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, especialmente los ratificados por México, y en las leyes nacionales. El área de Defensa jurídica tiene como objetivo defender, proteger y promover los derechos humanos mediante el uso alternativo y crítico del derecho en la asesoría y acompañamiento jurídico a víctimas de violaciones a los derechos humanos. Perfil requerido. Persona titulada en Derecho y con cédula vigente, con experiencia en el litigio de casos y capacidad de comunicación asertiva, además de un fuerte sentido de ética laboral con el equipo de trabajo y con las personas a las que acompaña la organización en sus procesos de defensa. El Área de Defensa responde directamente a la Coordinación General y a la Dirección General, y trabaja de manera muy cercana con el resto de áreas que forman el Centro Vitoria, por lo cual es sumamente importante la comunicación y coordinación interna de forma constante para el acompañamiento integral de los casos y procesos. Requisitos. Formación académica y experiencia laboral. Escolaridad mínima: Título de licenciatura en Derecho con cédula profesional vigente. Experiencia mínima: 1 año de experiencia comprobable en litigio ante tribunales nacionales y  2 años en procesos de acompañamiento a casos preferiblemente con organizaciones no gubernamentales, organizaciones sociales u organizaciones internacionales. Deseable Experiencia de trabajo ante instancias internacionales de defensa de derechos humanos. Experiencia previa de trabajo en la sociedad civil organizada desde una perspectiva de derechos humanos.   Conocimiento comprobable del derecho nacional e internacional de los derechos humanos, en particular en el ámbito de los derechos económicos, sociales culturales y ambientales, el derecho a la protesta social y derechos de las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad. Experiencia en el diseño e implementación de líneas de defensa integral, jurisdiccionales y no jurisdiccionales, a través de recursos que permitan el acceso al sistema de justicia de las personas. Conocimiento del sistema procedimental mexicano, regional e internacional, para el seguimiento ante los tribunales de casos de violaciones de derechos humanos Experiencia y capacidad para la redacción de informes que documentan violaciones a los derechos humanos de las personas.   Conocimientos necesarios. Computación: Suit de Office, software libre, servicios de mensajeria, servicios de google. Habilidades profesionales requeridas: Uso de lenguaje incluyente Trabajo con perspectiva interseccional y de género, tanto en la organización como con los actores que ésta atiende y con los que se relaciona. Excelente redacción y ortografía. Sensibilidad para el trato con personas en condiciones de vulnerabilidad Habilidades en comunicación asertiva Capacidad de argumentación y análisis Capacidad para trabajar bajo presión, en equipo y en red con otros actores sociales y profesionales de otras disciplinas. Capacidad organizativa Capacidad de comunicación interna. Capacidad de análisis y propuesta en equipo para llegar a objetivos estratégicos. Capacidad de implementar estrategias de justiciabilidad en casos de violaciones colectivas a derechos humanos, sobre todo relacionadas con DESCA Actividades y responsabilidades del puesto. Contribuir en la implementación, seguimiento y evaluación de una estrategia de defensa integral de los derechos humanos. Orientación y seguimiento legal de casos de violaciones a derechos humanos, en particular respecto a derechos económicos, sociales culturales y ambientales, el derecho a la protesta social y derechos de las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad en particular de las juventudes. Colaborar en el uso y mantenimiento de la base de datos de casos acompañados por la organización. Elaborar documentos, demandas, denuncias, artículos, informes de casos y otros escritos jurídicos, incluyendo juicios de amparo, procedimientos en instancias de Procuración e Impartición de Justicia, procedimientos administrativos y otros mecanismos de protección a los derechos humanos. Colaborar en la presentación y seguimiento de quejas ante CNDH o cualquier otra instancia no jurisdiccional, tanto del ámbito nacional como del internacional (sistema interamericano y sistema universal).   Aportar a la implementación de estrategias de litigio estratégico puestas en marcha por la organización en casos de violación de derechos humanos en particular respecto a derechos económicos, sociales culturales y ambientales, el derecho a la protesta social y derechos de las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad. Colaborar en la elaboración de informes que documenten graves violaciones de derechos humanos.   Asistir y asesorar legalmente a personas en condiciones de vulnerabilidad. Apoyo en la elaboración de amicus curiae para fortalecer la defensa de los casos propios y de otras organizaciones. Participar en espacios de profesionalización en temas de derechos económicos, sociales culturales y ambientales, el derecho a la protesta social y derechos de las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad en particular de las juventudes. Participar en reuniones con organizaciones de sociedad civil, movimientos sociales y civiles, academia, medios de comunicación y otros actores en el diseño, implementación, evaluación, seguimiento y consulta de políticas públicas. Participar en espacios de articulación y vinculación con actores gubernamentales, organizaciones de sociedad civil, movimientos sociales y civiles, academia, medios de comunicación, y otros actores respecto a los temas de prioridad para la organización. Participar en la implementación de medidas de seguridad y de autocuidado PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Las personas interesadas en la convocatoria deben remitir los siguientes documentos:  Currículum vitae. Una carta de motivos de una cuartilla en donde explique su interés en participar en el Área de Defensa del Centro Vitoria. 2 cartas de recomendación laborales (de preferencia de organizaciones civiles de derechos humanos). Tras la finalización del plazo de recepción de documentos, el comité de selección realizará una preselección de las candidaturas que más se adecuen al

Pronunciamiento | Se constituye la «Red Universitaria y Ciudadana por la Democracia (RUCD)»

-Súmate a los esfuerzos por detener un posible fraude electoral en las elecciones presidenciales del 1 de julio en México Preocupados por el estado precario en que se encuentra la democracia mexicana y ante la crisis de credibilidad en que se encuentran las instituciones electorales en el país, un grupo de académicos, periodistas, activistas e integrantes de la comunidad cultural, en México y en el extranjero, hemos acordado conformar una Red Universitaria y Ciudadana por la Democracia (RUCD). La experiencia con las elecciones presidenciales de 1988, 2006 y 2012, así como con las elecciones para gobernador en el Estado de México y en Coahuila en 2017, entre otros casos recientes, demuestran que hay muchos actores (políticos, económicos, institucionales, mediáticos, sociales e internacionales) que todavía no han asumido plenamente las reglas del juego democrático. En general, la grave crisis de impunidad, corrupción, censura y violaciones a los derechos humanos que afecta de manera profunda la institucionalidad democrática y el Estado de derecho en todo el país ha sido ampliamente documentada por numerosos estudios académicos, periodísticos e informes de organismos nacionales e internacionales. Ante los peligros que acechan a la vida democrática en México, hacemos un llamado a la sociedad civil, nacional e internacional, a estar alerta y a tomar medidas concretas para garantizar que se respete la soberanía popular en las elecciones del próximo 1 de julio de 2018. Específicamente, convocamos a tomar las siguientes acciones: Movilizar una vasta red de observadores electorales ciudadanos, nacionales e internacionales, para cubrir la mayor cantidad de casillas electorales posibles tanto el día de la elección como durante los conteos distritales del 4 y 5 de julio. Denunciar de manera sistemática y rigurosa, frente a las instituciones electorales, en los organismos internacionales y con los medios de comunicación, todas y cada una de las violaciones a la normatividad que se cometan durante el proceso electoral. Organizar y articular las diferentes iniciativas ciudadanas existentes, o en proceso de construcción, a favor de la celebración de elecciones libres y limpias en México, al nivel nacional e internacional, con el fin de aumentar su impacto a favor de la autenticidad de las elecciones del 1 de julio. Como Red Universitaria y Ciudadana por la Democracia (RUCD) nos proponemos ser un espacio abierto y plural de articulación, divulgación y acción a favor de la democracia en México. Convocamos a todos los mexicanos, y a todos los ciudadanos del mundo solidarios con el pueblo mexicano, a que se registren desde ahora como observadores electorales y que articulen sus esfuerzos con esta nueva iniciativa. El presente y el futuro de la democracia mexicana no debe quedar solamente en manos de las instituciones electorales o los partidos políticos. Los ciudadanos y la sociedad civil también tienen una responsabilidad histórica. De nuestra participación dependerá que se respete el derecho constitucional del pueblo mexicano a elegir libremente a sus gobernantes en las urnas este próximo 1 de julio. Para información sobre como registrarse como observador electoral acreditado por el Instituto Nacional Electoral se recomienda consultar la siguiente página:  http://dialogosdemocracia.humanidades.unam.mx/participa/ Invitamos a todos los individuos y agrupaciones, en México y el extranjero, que quisieran articular sus acciones con la RUCD a comunicarse al correo: Democracia2018MX@gmail.com [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Button_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Button_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Button_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Button_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Button_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Slider_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget]

Se constituye la “Red Universitaria y Ciudadana por la Democracia (RUCD)”

-La RUCD participará en la defensa de la legalidad y la autenticidad de las campañas electorales y de los comicios que tendrán lugar el próximo 1 de julio. -Hace un llamado a la sociedad civil nacional e internacional a registrarse como observadores electorales para hacer respetar la voluntad popular. -Entre los firmantes de la iniciativa figuran personalidades de universidades, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil de México, EEUU, Canadá, Europa y América Latina. En su comunicado inaugural, la nueva “Red Universitaria y Ciudadana por la Democracia” (RUCD) emite un llamado a la sociedad civil mexicana e internacional a “sumarse a los esfuerzos por detener un posible fraude electoral en las elecciones presidenciales del próximo 1 de julio”. La Red, integrada por más de 170 firmantes, de 77 diferentes universidades y 12 organizaciones de la sociedad civil provenientes de 13 países en Europa y las Américas, señala que está “preocupada por el estado precario en que se encuentra la democracia mexicana y la crisis de credibilidad en que se encuentran las instituciones electorales”. Los firmantes del comunicado publicado en español, inglés, francés, ruso, náhuatl y tseltal indican que las irregularidades y la poca legitimidad de los recientes procesos electorales tanto en el Estado de México como en el estado de Coahuila han evidenciado que en México “hay muchos actores que todavía no han asumido plenamente las reglas del juego democrático”. Frente a esa situación, la Red Universitaria y Ciudadana por la Democracia (RUCD) se propone ser un espacio plural y de articulación, divulgación y acción a favor de un proceso democrático transparente y justo donde se garantice el respeto a la voluntad popular. Entre las acciones impulsadas y convocadas se encuentra la invitación a crear y movilizar una vasta red de observadoras y observadores electorales ciudadanos, nacionales e internacionales, que cubran las casillas electorales tanto el día de la elección como durante los conteos distritales. También se convocó a denunciar de forma rigurosa frente a las autoridades electorales nacionales, organismos internacionales y medios de comunicación las violaciones a la normatividad y otras irregularidades que se cometan durante el proceso electoral, así como la articulación de las diversas iniciativas ciudadanas a favor de la celebración de elecciones libres y transparentes. La iniciativa es respaldada por personalidades como Boaventura de Sousa Santos, Immanuel Wallerstein, Roberto Gargarella, Noam Chomsky, John Ackerman, Elena Poniatowska, Sergio Aguayo, Greg Grandin, Gabriela Ippolito-O’Donnell, José Del Val, Miguel Concha Malo y Alejandro Solalinde, así como por académicos y académicas del Tecnológico de Monterrey, el Colegio de México, la Universidad Autónoma Metropolitana, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad de Guadalajara, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad Veracruzana y 15 diferentes entidades académicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, entre otras universidades nacionales. Asimismo, entre los firmantes extranjeros se incluyen académicos y académicas de Yale University, Massachusetts Institute of Technology, Harvard University, Columbia University, University of California, University of Michigan, Sorbonne, Utrecht University, University of London, Universidad Carlos III y otras. La RUCD cuenta también  con la participación de organizaciones de la sociedad civil como el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A.C., el Center for Internacional Policy, el North American Congress for Latin America (NACLA), Justice Mexico Now, Dictámen Ciudadano, Frente Refundación, Ni Un Fraude Más y el Centro Universitario Cultural, A.C.   Para más detalles o información adicional contactar a: Lisseth Pérez en lmpm3008@gmail.com

Audiencia en la CIDH

[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Las y los comisionados externaron su preocupación por la LSI, resaltando que la formación y capacitación castrense tiene objetivos y finalidades distintos a la preparación que reciben los policías. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 17 de marzo de 2018 Miguel Concha  En el marco del 167 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizado en Bogotá, Colombia, del 22 de febrero al 2 de marzo, diversos representantes del Estado mexicano y de la sociedad civil solicitaron audiencia para plantear diversas peticiones en relación con la Ley de Seguridad Interior (LSI). Como he expresado en este espacio, la LSI es, por medio de acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, la ley más impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en toda la historia. Además de los cerca de 700 amparos promovidos, actualmente son cuatro las demandas de acción de inconstitucionalidad y nueve las controversias constitucionales admitidas. Para que se analice la compatibilidad de su texto y de la política pública fallida que representa con los estándares internacionales –perpetuando la actividad militar en tareas de autoridades civiles–, en esa ocasión se llevó ante las instancias regionales en materia de derechos humanos la LSI. Y así, para expresar su rechazo acudió ante la CIDH un conjunto de académicos y representantes del colectivo Seguridad sin Guerra –integrado por más de 120 organizaciones de la sociedad civil que pugnan por un modelo de seguridad de corte ciudadano–, acompañado por la Federación Nacional de Organismos Públicos Autónomos de Derechos Humanos, representada por la Ombusperson de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Nashieli Ramírez Hernández, quien a su vez compartió un mensaje del Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). En la audiencia, los representantes de la sociedad civil externaron sus peticiones, consistentes entre otras cosas en someter ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos una Opinión Consultiva sobre la compatibilidad de la LSI con los estándares internacionales de derechos humanos. Exigieron que se reiteraran al Estado mexicano las recomendaciones realizadas por el organismo en visitas previas, en particular sobre el desarrollo de un plan gradual de retiro de las fuerzas armadas de tareas de seguridad pública y el fortalecimiento de la capacitación de la policía civil, así como remitir a la SCJN el acervo de las recomendaciones de la propia CIDH sobre la materia. En un mensaje contundente, el presidente de la CNDH compartió con los representantes de la sociedad civil, del Estado, y con los integrantes de la CIDH, reflexiones en torno al proceso de formulación, contenido, impugnación y prospectiva de la LSI, desde una perspectiva de derechos humanos. El Ombudsperson nacional hizo patente que desde el inicio del proceso legislativo de esa ley, la CNDH, en consonancia con académicos, expertos, organizaciones de la sociedad civil e instancias internacionales, señaló su preocupación porque su contenido implica múltiples riesgos de que se vulneren derechos y libertades básicos y porque afecta el diseño y equilibrio entre la Federación y los estados, y entre las instituciones, órganos y poderes del Estado establecidos en la Constitución. Recordó que de manera reiterada, la CNDH exhortó a las instancias involucradas en la emisión de la LSI a que se diera paso a una reflexión amplia e informada sobre los temas de seguridad y justicia dentro de ese proceso legislativo y se iniciara la revisión urgente de los problemas que nuestro país enfrenta en este tema, y lamentó que se dejara de lado la oportunidad de llevar a cabo un diálogo honesto, plural, incluyente e informado sobre dicho ordenamiento. Y así, tras establecer de manera pública las objeciones para la promulgación de la ley y solicitar infructuosamente su amplia discusión, el pasado 19 de enero, la CNDH apeló a su último recurso y, en uso de sus facultades, promovió ante la SCJN una acción de inconstitucionalidad, de la cual hemos hablado en este mismo espacio. Como he hecho patente, el contenido de la demanda de acción de inconstitucionalidad de la comisión fue producto de un trabajo con organizaciones de la sociedad civil, académicos, expertos en el asunto y representantes de organismos vinculados a la protección y defensa de los derechos humanos. El presidente de la CNDH indicó que la impugnación realizada no pretende atacar a las instituciones o debilitar al Estado democrático de derecho en México. Por el contrario, por respeto a las instituciones y a las leyes se plantearon ante la instancia jurisdiccional correspondiente los problemas que la LSI presenta para preservar la integridad de nuestro sistema constitucional y convencional. El Comisionado Interamericano, Luis Ernesto Vargas Silva, compartió plenamente lo expresado por el Ombusperson nacional y reconoció el ejercicio de sus funciones como defensor del pueblo, y manifestó su posición en el sentido de impulsar ante la Corte Interamericana la opinión consultiva, con el fin de lograr la protección de los derechos humanos. La comisionada Flavia Piovesan se manifestó también a favor de una opinión consultiva y recordó que antes de la publicación de la LSI, la CIDH externó su preocupación, ya que si bien por un lado es necesario fortalecer el derecho a la seguridad, la ley compromete, por otro, derechos y libertades fundamentales, pues la formación y capacitación castrense tiene objetivos y finalidades distintos a la preparación que reciben los policías. Resulta claro que aún queda mucho trabajo por hacer para conseguir la seguridad que nuestra sociedad necesita y exige. Una seguridad sustentada en el respeto irrestricto a los derechos humanos. Pero para ello es fundamental contar con la participación y cooperación entre autoridades nacionales e internacionales y, sobre todo, con la sociedad civil. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : CIDH [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]

Se emitieron medidas provisionales de carácter urgente para atender violencia feminicida en la CDMX

-Medidas provisionales relacionadas con las fallas en investigaciones y mecanismos de búsqueda. -En próximos días será publicado el informe con recomendaciones que deberán ser implementadas en los próximos 6 meses para reducir violencia feminicida. Luego de más de cinco meses desde que diversas organizaciones de la sociedad civil realizamos la solicitud de Declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) para la Ciudad de México, autoridades de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer (CONAVIM) que atienden dicha solicitud han emitido una serie de medidas provisionales que deben atenderse de manera urgente e inmediata. Entre ellas se establece la instalación de una mesa de trabajo con víctimas para dar seguimiento a sus casos, y revisar los errores que persisten en las actividades de investigación de muertes violentas de mujeres, entre ellas la falta de perspectiva de género y de debida diligencia que hace que persista la impunidad. Asimismo,, se emitió la instalación de  mecanismos claros de búsqueda y localización de mujeres y niñas desaparecidas. Dichas medidas provisionales fueron emitidas el pasado día 2 de marzo, sin que hasta el día de hoy  autoridades de la Ciudad de México hayan informado sobre su respuesta a estas medidas provisionales. Hacemos un llamado al Gobierno de la Ciudad de México a atender de manera urgente estas medidas solicitadas. En próximos días, será publicado el informe del grupo de personas expertas , que detalla el contexto y diagnóstica la situación sobre violencias hacia las mujeres en esta Ciudad,  que también motivaron estas medidas precautorias. Así también una serie de observaciones que el gobierno de la Ciudad de México deberá implementar en un plazo de 6 meses, para reducir de forma efectiva y significativa la violencia feminicida en sus diversas manifestaciones.  Las organizaciones peticionarias permanecemos a espera de la publicación de dicho informe y atentas a la implementación de las medidas que ya han sido emitidas con la intención de reducir la violencia feminicida en esta Capital. Atentamente: Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A.C. Justicia Pro Persona A.C. Imagen destacada : Exs Queso