Exigencias mínimas para las elecciones de 2018
En los últimos años, los procesos electorales de nuestro país se han caracterizado por la incertidumbre y la desconfianza. La sociedad mexicana puede dar testimonio del dispendio de recursos públicos y de otras actividades ilícitas que redundan en coacción, compra del voto y prácticas fraudulentas que vuelven ilegítimos los resultados de los comicios. Las irregularidades se observan antes, durante y después de la jornada electoral. Son cometidas por una multiplicidad de actores que van más allá de los partidos políticos o los funcionarios públicos; involucran a otros entes sociales y económicos. Por ejemplo, la transferencia de dinero de los gobiernos locales a las campañas electorales en contravención a las leyes electorales y al artículo 134 de la Carta Magna. La triangulación de fondos ha sido denunciada por las organizaciones civiles y medios de comunicación. Esta conducta, las aportaciones de Odebrecht, OHL y la Estafa Maestra a través de empresas fantasma, de ser probadas, constituirían una causal de pérdida del registro, de acuerdo con el artículo 456.1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. El multimillonario desvío de recursos en Veracruz, Quintana Roo, Chihuahua y Tamaulipas; la participación de miembros del gabinete federal; la inaceptable omisión de las autoridades financieras del país; la apertura de procesos penales a modo contra ex gobernadores; y las represalias contra funcionarios que con autonomía han investigado estos hechos, demuestran la existencia de acciones concertadas hacia un inminente fraude electoral, cuya consumación podría confrontar gravemente al país. Debemos tener conciencia de que las irregularidades han comenzado. Por tanto, la fiscalización de los órganos electorales debe ser estricta y transparente. No debemos permitir que se repitan los acontecimientos de 1988 que retrasaron, durante una generación, la transición democrática de nuestro país. Se ha dicho que todos hablan de combatir la corrupción como bandera principal, lo cierto es que las instituciones construidas para hacerlo, están controladas y descabezadas. El esfuerzo por crear órganos electorales autónomos, de composición ciudadana, se tradujo en las elecciones libres de 1997 y 2000, que después naufragó por el secuestro de los partidos políticos y del poder público. Así, los fraudes de 2006, 2012 y los abusos incalificables en los recientes comicios del Estado de México y Coahuila, son señales ominosas de lo que podría ocurrir en 2018. Es necesario revertir el proceso de falsificación. Apostar al fatalismo significaría ceder frente al abuso del poder y arriesgar el descarrilamiento del país. Las próximas elecciones no pueden ser la repetición de nefastas experiencias que la sociedad ya no soportaría. Las leyes han atribuido facultades a las autoridades electorales y al Sistema Nacional Anticorrupción, pero estos no las han querido ejercer, o las han aplicado de manera selectiva. Es menester impedir la complicidad de las autoridades en la defraudación del sufragio público. Requerimos instancias electorales autónomas que, de conformidad con el mandato constitucional, nos brinden certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. Cada decisión fuera de estos principios, merma la democracia. Exigimos a todos los partidos políticos y candidatos cumplir estrictamente la ley y hacemos un llamado responsable a las entidades involucradas para apoyarse en la sociedad civil de manera permanente, a efecto de desempeñar su papel de garantes de la legalidad. Preocupados por el ejercicio pleno de los derechos políticos y la credibilidad de las instituciones, y ante la imposibilidad constitucional para realizar reformas electorales, este grupo de ciudadanas y ciudadanos propone medidas que, de conformidad con el marco jurídico vigente, permitirían garantizar la emisión del voto de forma libre, razonada y auténtica: Publicar informes pormenorizados de los gastos de partidos y candidatos por parte de la Unidad de Fiscalización del INE. Promover acuerdos de civilidad política entre los partidos y los candidatos. Sancionar severamente las campañas negras conforme a los artículos 247, 380, 394, 443, 446, 452 y 471 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, sin menoscabo alguno de la libertad de expresión. Instalar una plataforma digital que permita monitorear en tiempo real los gastos de campaña y que pueda alimentarse de forma permanente con datos aportados por la ciudadanía. Se habla de un Sistema Integral de Fiscalización que es preciso, cumpla sus objetivos. Coordinar a las autoridades electorales con el Sistema Nacional Anticorrupción y de transparencia, a fin de fiscalizar estrictamente el ejercicio de los recursos públicos y el uso electoral de programas sociales, para perseguir y sancionar la compra y coacción del voto. Flexibilizar y transparentar el voto de los mexicanos en el extranjero. Verificar de manera permanente a los OPLE en el cumplimiento de los acuerdos emitidos por el INE, así como la imparcialidad de los vocales ejecutivos locales y distritales, tanto de los Estados como de la Ciudad de México. Investigar el eventual conflicto de intereses por los vínculos entre el candidato de la coalición PRI-PVEM-PANAL y el titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE; y de comprobarse, proceder a la destitución del titular. Considerar la cancelación del registro de cualquier partido que se ubique en los supuestos previstos en el artículo 456.1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Si nuestras peticiones fueran desoídas, nos reservamos el derecho de acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para exigir el cumplimiento del artículo 23, b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Asimismo, acudiremos ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en virtud del artículo 25, b) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Vivimos un momento particularmente dramático en la vida del país. Cumplir la ley se convierte en una empresa de grandes proporciones y ese es el llamado que hacemos. Ustedes tienen la palabra. FIRMAN: Sergio Aguayo, Eugenio Anguiano, Alberto Aziz Nassif, Bruno Bichir, Cuauhtémoc Cárdenas, Alberto Chimal, Miguel Concha Malo, José Antonio Crespo, Alejandro Encinas, Miguel Eraña, Roberto Eibenschutz, Amalia García, Daniel Giménez Cacho, Ma. Teresa Gómez Mont, José Antonio Guevara, Agustín Gutiérrez Canet, Saúl Hernández, Diego Herrera, Eduardo Huchim May, Clara Jusidman, Guadalupe Loaeza, Ifigenia Martínez, Mario Melgar, Lorenzo Meyer, Porfirio Muñoz Ledo, Jorge Eduardo Navarrete, Santiago Nieto Castillo, Loretta Ortiz
TLCAN y los derechos humanos
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] A más de dos décadas de la implementación del Tratado, su importancia e influencia en la vida de las personas y de los pueblos que lo integran es innegable y sus supuestos beneficios, muy cuestionables. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 10 de marzo de 2018 Miguel Concha A más de dos décadas de laimplementación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), su importancia e influencia en la vida de las personas y pueblos de los países que lo integran son innegables y sus supuestos beneficios, muy cuestionables. Tanto es así que debido a las asimetrías de sus economías, en las que México ha perdido mayormente, se ha vuelto casi imperceptible la posibilidad de mantener relaciones comerciales exitosas entre las tres naciones. Tal vez sea por esto que quienes se ostentan como expertos en la materia no entiendan, confundidos, la importancia de la participación activa de todas aquellas personas y grupos que se ven afectados con sus renegociaciones, así como la urgencia de que las nuevas generaciones tomen partido sobre el futuro del TLCAN, ya que siendo el modelo económico en el que han crecido, opinan si este tratado cumplió con el sueño dorado de vida digna que prometió. Se esperaba que la actual coyuntura de renegociaciones fuera rápida y efectiva. Sin embargo, ya van siete complejas rondas y se prepara una octava, sin que tengamos certeza de qué nos depara el futuro. Y tampoco de qué y cómo ya se renegoció. Las renegociaciones del TLCAN no deberían ser exclusivas de los equipos de expertos y representantes gubernamentales. Por ello, al margen de lujosas instalaciones de negociación, se reúnen por su parte diversos sindicatos, organizaciones sociales y representantes críticos del ámbito académico de cada país en cada ronda con la finalidad de exigir que sean escuchadas personas y grupos que ven afectadas sus vidas por este Tratado. Este año se han realizado dos rondas de este tipo, una en Montreal, Canadá, a fines de enero, y otra en Ciudad de México, que recién concluyó. Simultáneamente, en ambas ciudades se llevaron a cabo actividades organizadas por distintos actores de los tres países que se reconocen como colectividades, por ejemplo, de trabajadores, quienes ven menoscabados sus derechos por el tratado, y en las que la Convergencia México Mejor Sin TLCAN estuvo muy activa. Quienes se reúnen de forma alterna han expresado contundentemente en estas últimas rondas que el acuerdo ha beneficiado exclusivamente a las corporaciones trasnacionales, a expensas de los derechos de las personas y del medio ambiente. Con justa razón advierten que esta renegociación podría conducir a un tratado comercial más perjudicial que el actual. Un tema constante ha sido también la preocupación por el respeto de los derechos de los trabajadores migratorios mexicanos, puestos en riesgo por las políticas racistas y discriminatorias del actual gobierno de Estados Unidos. Han pasado ya más de 20 años de TLCAN y la organización social trinacional continúa presente como al principio. Las organizaciones sociales siguen convergiendo para exigir que los derechos humanos económicos, sociales, culturales y ambientales sean respetados, protegidos y garantizados. Demandan, además, que las personas, los pueblos y el planeta sean considerados antes que el lucro de empresas, las que con un discurso burdo de crecimiento económico infinito negocian y velan sólo por sus intereses. Uno de los temas más presentes entre movimientos y organizaciones sociales, aunque menos atendido por los Estados en las últimas rondas, es el de las afectaciones directas a derechos humanos vinculadas con los tratados de libre comercio e inversión. Llama la atención que la postura del Estado mexicano, sus negociadores y ex negociadores siga siendo la misma: desinformación y desinterés en relación con los derechos de las personas y pueblos. Argumentan que los tratados de libre comercio no son de derechos humanos o de derechos ambientales. Y por ello, enarbolando la falsa e interesada división entre comercio y derechos humanos, piden a algunas organizaciones sociales que dejen de satanizar tratados hechos e implementados para progresar. Quienes piensan así obvian que el Sistema Internacional de Derechos Humanos se haya pronunciado en distintas ocasiones sobre estas materias. Como ejemplo tenemos que hace dos años, cuando se intentaba por primera vez aprobar el Tratado de Asociación Transpacífico (TPP) –que ahora parece resurgir– relatores especiales y expertos independientes de la ONU realizaron distintos informes con múltiples recomendaciones a los Estados y sus instituciones nacionales de derechos humanos para atender lo que activamente venían denunciando organizaciones sociales. El Sistema de la ONU los invita a revisar esos tratados a la luz de los derechos humanos, toda vez que el desarrollo económico y el respeto de los derechos tienen conexión directa. Urge entonces que las instituciones nacionales de derechos humanos mexicanas, e incluso las canadienses y estadunidenses, participen directamente en las renegociaciones del TLCAN, y que el Estado mexicano, por medio de sus dependencias administrativas, evite obstaculizar el involucramiento de otras entidades que puedan ayudar a poner al centro el respeto de los derechos humanos. Paradójicamente los tiempos del tratado han servido para generar solidaridad y acompañamiento entre movimientos internacionales, con el único fin de intercambiar experiencias y reconocer que nunca los impactos o beneficios han sido en ellos y entre ellos iguales, pero sí semejantes y equiparables. Hoy sabemos que por la acelerada e inaceptable explotación humana y por el mal uso de la naturaleza, el planeta, como nunca, está en riesgo. Por ello vuelve a hacerse importante el pregonarlo, aunque no se quiera oír. Basta con una sola queja relacionada con los sufrimientos ocasionados por el TLCAN para no callar. Es preciso escucharlo, tomarlo en cuenta y resolverlo para proteger la naturaleza y todo derecho humano. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Wikifreund [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Graves riesgos a la biodiversidad
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] La Ley General de Biodiversidad lejos de dar claridad sobre los derechos de las comunidades, abrirá la puerta a la rapiña de grandes empresas, que, sobra decirlo, están ávidas de esta riqueza. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 03 de marzo de 2018 Miguel Concha Además del deterioro por las condiciones de explotación extrema que ya de por sí sufre la diversidad de seres vivos que habitan sobre la tierra, la clase política pretende poner a la venta esta inconmensurable riqueza de la que nuestro país es privilegiado. En octubre de 2016 la senadora Ninfa Salinas presentó una iniciativa de Ley General de Biodiversidad (LGB), elaborada de prisa y con graves fallas, incluso a nivel de su constitucionalidad, que refleja los intereses del grupo empresarial al que pertenece. El objeto de esa regulación es supuestamente establecer las facultades de los distintos órdenes de gobierno. Es decir, disposiciones de carácter administrativo para aprovechar legalmente la biodiversidad. Se señala que se busca garantizar el derecho a un medio ambiente sanoy, como parte de los fines, se establece regular en beneficio social la conservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los elementos naturales que componen la biodiversidad. También se busca supuestamente lograr la participación justa y equitativa en (sic) los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos y del conocimiento tradicional asociado, admitiendo que los recursos genéticos están en posesión de comunidades indígenas. De esta manera, con un discurso conservacionista y pretendidamente de protección a la naturaleza y a los pueblos indígenas, se busca despojar a éstos de una diversidad biológica que se ha generado en un largo proceso que implica el conocimiento de quienes por siglos han convivido con ella, conservándola, transformándola y haciéndola útil para la humanidad. Como se sabe cada una de las especies está ligada a un cúmulo de conocimientos que esta ley considera como conocimiento asociado, pues la ciencia occidental necesita de ellos para acceder a los llamados recursos genéticos. Será difícil que un investigador o empresa sepa dónde encontrar y cómo obtener los beneficios de una especie si los pueblos que las han usado por años no se lo explican. En suma, la biodiversidad es un complejo entramado en el que se conjunta la naturaleza, el conocimiento, las condiciones ambientales y las necesidades humanas específicas. Elementos culturales éstos que nos llevan a definirla con mayor claridad como diversidad biocultural, pues en realidad la biodiversidad no existe sin las personas que la crean, recrean, conservan, disfrutan y comparten. Por el contrario, la LGB busca diseccionar la biodiversidad dentro de una concepción que consiste en ir aislando los recursos genéticos que son susceptibles de uso y apropiación por quienes detentan la tecnología. Generalmente las grandes empresas, pues de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (Cepal) 90 por ciento de las patentes del mundo pertenecen a enormes corporaciones. En la exposición de motivos la senadora Salinas plantea que el término de biodiversidad deja de tener una dimensión de país, para pasar a un ámbito internacional y político, lo cual sorprende, porque, como en el caso del petróleo y la energía, dejaremos que otros exploten, administren y aprovechen como un negocio privado una riqueza que pertenece a todos los mexicanos. La Constitución señala en el artículo 27 que los recursos naturales son de la nación. En este sentido, la LGB, que fue aprobada el 15 de diciembre pasado, mientras se discutía en el Senado la polémica Ley de Seguridad Interior, pretende regular elementos naturales establecidos en el 27 constitucional, lo cual la lleva a ser justamente inconstitucional. Pretende, en cambio, fundamentarse en el artículo 73 XXIX-G de la Constitución, el cual da facultades al Congreso de la Unión para legislar en materia de protección al ambiente y preservación ecológica, pero no en materia indígena y menos en recursos naturales. La LGB es, en definitiva, una norma de distribución de competencias, pero no de reconocimiento de derechos. Viola en este sentido los derechos humanos de los mexicanos, pues la biodiversidad es estratégica para el desarrollo nacional, la seguridad alimentaria y la salud de la sociedad, que goza de sus beneficios como de un derecho humano básico. Pasa por alto además los derechos de los pueblos indígenas previstos en el artículo 2 de la Constitución. Como también se sabe, el contenido de éste fue producto de una larga lucha del movimiento zapatista por el reconocimiento en 1994 de los derechos de los pueblos indígenas. Y uno de los pendientes de los Acuerdos de San Andrés fue precisamente el de la propiedad sobre los recursos naturales que se asientan en sus territorios. Recordemos que más de 50 por ciento del territorio del país está en manos de ejidos y comunidades. El debate, pues, sigue en el aire. Sin embargo, y como una nueva traición a las comunidades indígenas, se pretende emitir esta regulación poniendo en peligro su integridad, y apropiándose violentamente de sus conocimientos. Lejos de dar claridad, deja sin ninguna definición a quienes son los sujetos de derecho, con lo cual se crearán graves conflictos y se abrirá la puerta a la rapiña de grandes empresas, que, sobra decirlo, están ávidas de esta riqueza. Hablamos de miles de millones de dólares que las industrias biotecnológica, farmacéutica y cosmética, entre otras, buscan generar apropiándose de la biodiversidad. Organizaciones indígenas, campesinas, defensoras de derechos humanos, sociales y académicas hemos denunciado los graves riesgos de esta normatividad, y hemos llamado a impedir que se apruebe. Quienes nos oponemos a ella conocemos el mandato que la humanidad debe atender: el cuidado del planeta y de todo ser vivo que habite en él. No todo lo que existe en la Tierra nos pertenece y es susceptible de mercantilizarse. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada (modificada) : CIAT [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Hello world!
Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!
Peticionarias de alerta de género exigen atender urgentemente violencia de género en CDMX
-Autoridades responsables no han notificado la recepción del Informe del Grupo de Trabajo de la AVG, por lo que se encuentran en un retardo injustificado. -El espíritu de la AVG es responder de manera urgente a la violencia feminicida. -Debe priorizarse la seguridad y la justicia para las víctimas por sobre los cambios en la administración pública. Han pasado más de 5 meses desde que organizaciones sociales defensoras de derechos humanos realizamos la solicitud de Declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) para la Ciudad de México, sin que a la fecha tengamos una respuesta por parte de las autoridades. Las mujeres, familiares de víctimas de la violencia de género, colectivos y organizaciones sociales peticionarias, dimos cuenta que, a pesar de que el informe del Grupo de trabajo para atender la solicitud de Declaratoria de AVG para la Ciudad de México fue concluido desde la primera semana de diciembre de 2017 -y aprobado para su respectiva notificación al gobierno local, desde enero de este año-; el cambio de la titular de la CONAVIM y los anunciados cambios en el ejecutivo de la Ciudad de México, han retrasado los plazos del procedimiento de AVG. La AVG es un mecanismo de emergencia con la que cuentan las mujeres para hacer valer y defender sus derechos. El espíritu de esta herramienta es responder de manera pronta y efectiva al problema de violencia feminicida que prevalece en la CDMX, la cual mitiga el libre tránsito de las mujeres en el espacio público, impide el acceso a una vida libre de violencia en todos los ámbitos, y priva a las mujeres y a sus familiares de un proyecto de vida digno y pleno, por lo que el retraso en la activación del mecanismo en la Ciudad de México tiene como consecuencia que se prolonguen los efectos de la violencia feminicida y persistan las violaciones a los derechos humanos de las mujeres, incluido el acceso a la justicia. El informe del grupo de expertas debe contener una serie de recomendaciones que el gobierno de la Ciudad deberá implementar en un plazo de 6 meses para reducir de manera efectiva y significativa la violencia feminicida en los rubros señalados por las peticionarias. Por ello, vemos con preocupación la falta de cumplimiento de los plazos por parte de las instancias federales y locales para activar el mecanismo de AVG. Los casos de feminicidio y desaparición de niñas y mujeres en la Ciudad de México siguen en aumento, y hemos constatado la ausencia de perspectiva de género en las investigaciones y en la administración de justicia. Para atender al carácter urgente de esta situación, es necesario evitar el retardo injustificado del procedimiento de la AVG y llevar a cabo la implementación de las medidas de prevención, seguridad y justicia para que a corto y mediano plazo, se reduzca en la capital la persistencia de la violencia feminicida. Por lo anterior, instamos a las autoridades federales y locales para que a la brevedad notifiquen formalmente al ejecutivo local y a las peticionarias el Informe del Grupo de Trabajo y transparenten el procedimiento de cara a la sociedad para que se efectúen de manera inmediata las acciones necesarias para reducir el contexto de violencia feminicida en la capital. Atentamente: Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A.C. Imagen destacada : Exs Queso
La Santa Furia
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] El legado de Fray Bartolomé consistió en un auténtico mensaje de liberación, y por ello en la crítica a un imperio. No la política renacentista de anteponer la seguridad y el poder de un imperio, sino más bien aquella de la mejor Utopía. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 24 de febrero de 2018 Miguel Concha En el marco de los 800 años de la fundación de la Orden de Predicadores (dominicos y dominicas), se estrenó anoche, 23 de febrero, a nivel mundial, El Oratorio La Santa Furia, obra sinfónica para solistas, coros y orquesta sobre fray Bartolomé de las Casas, de la misma orden, del compositor, investigador y pedagogo musical César Tort, fallecido en septiembre de 2015. Fue un estreno póstumo, que volverá a ser presentado mañana domingo 25 a las 12:00 horas en el mismo lugar. El maestro Tort, originario de Puebla, realizó sus primeros estudios musicales en México, y posteriormente estudió contrapunto, armonía y composición en Madrid, España. En Morelia, Michoacán, estudió también contrapunto y canto gregoriano, y en el Berkshire Music Center de Massachussets realizó estudios de orquestación y formas musicales. Fue investigador de tiempo completo de la UNAM en el campo de pedagogía musical infantil, donde dio forma y origen al Método de Educación Musical Infantil que lleva su nombre, basado en algunas tradiciones de la lírica infantil y el folclor de México. Para esta tarea adaptó instrumentos vernáculos y de origen precolombino, y publicó doce libros sobre sus investigaciones. Recibió varios premios y distinciones por su labor en educación musical, entre los que destacan el haber sido integrante del Buró de Investigadores de la Isme-Unesco en 1988, y la Cédula Real de la Fundación de la Ciudad, otorgado por el estado de Puebla en 1996. El Oratorio La Santa Furia fue la última obra sinfónica que compuso. Recordar en estos tiempos de zozobra y de crisis a fray Bartolomé de las Casas, ese doctor y padre de la americanidad, es imprescindible. Se nos impone para alumbrar nuestros caminos en esta terrible encrucijada de la historia. No como un mito que sacraliza su mensaje, ni como un analista que descubre un nuevo mundo y trasplanta la idea de una Europa jerarquizante, sino como un reformador que en nombre del buen cristianismo –el del evangelio–, no el de la cristiandad –el de las instituciones históricas cristianas–, se rehúsa en trasplantar las instituciones de dominio, comunes en la Europa renacentista, y como el crítico de un imperio que trata de descolonizar y liberar a los primeros habitantes de estas tierras. Fray Bartolomé no vino a imponer un evangelio, ni a someter a la Corona a quienes los encomenderos subyugaban. Su quehacer cristianísimo tampoco consistió en subirse al carro de los triunfadores, sino más bien en iniciar en América, de una manera radical, una práctica política que conllevara a una real transformación de las instituciones. No tan sólo la enseñanza de un humanismo abstracto, aquel que deja intacta las estructuras, sino el que lleva a la práctica-práctica la Doctrina Christi de su contemporáneo Erasmo de Rotterdam. La de fray Bartolomé fue la otra cara de Europa, no la que acentuaba la espada, sino la que privilegiaba la cruz que salva y libera. Fruto ésta de la pedagogía de las Reelecciones de un Francisco de Vitoria en la Universidad de Salamanca. Su legado consistió en un auténtico mensaje de liberación, y por ello en la crítica a un imperio. No la política renacentista de anteponer la seguridad y el poder de un imperio, sino más bien aquella de la mejor Utopía, la que escribiera el célebre Tomás Moro. Fray Bartolomé entonces se separaba del horizonte humanista de un Ginés de Sepúlveda o un Palacios Rubio. No era por ende partidario de un imperio universal del Papa, crítica obligada al cesaropapismo. Dentro de la doctrina humanista de la Escuela de Salamanca recogía la mejor tradición grecolatina. Su práctica evangelizadora no hacía en general, sino transmitir y expresar el humanismo renacentista de Erasmo, de Luis Vives, de Moro. Recordemos, por ejemplo, su tratado Del único modo de atraer a todos los pueblos a la verdadera religión. Tenía razón Gabriel Méndez Plancarte en haber llamado a fray Bartolomé un belicoso humanista medieval. En su revolucionaria práctica política heredaba los viejos acentos del humanismo social comunitario. O sea, esa idea de comunidad que la modernidad en Europa y en América empezaba a marginar. Él, en cambio, trataría de resucitarla y recrearla. Cierto, fray Bartolomé no era el acucioso y exacto investigador de datos históricos. Era, en todo caso, el polemista, el apologista que no se detenía en precisiones secundarias. Es el cristiano indignado que no se somete al poder y pugna por una evangelización liberadora. Que tal vez se parecía en América a la que propugnaba en Europa su hermano en religión Giordano Bruno. Fray Bartolomé seguía el texto de San Pablo a los romanos (Rom. 2, 14-15): Que los gentiles, si obran conforme a su razón natural, cuando tengan ley escrita serán para sí mismos su propia ley. En conclusión, Bartolomé hilvanaba en este continente, no una pedagogía ad usum principis, sino la Doctrina Christi de un humanismo que aterrizaba en lo político. Es decir, en la creación de nuevas y liberadoras instituciones. A Bartolomé le parecería insultante el requerimiento, el documento que de parte del rey se debería leer a los indígenas. Se daba cuenta de la contradicción de esa gobernatio con la auténtica interpretación del evangelio. Y por ese motivo le parecía injusta la Conquista. Con ello heredaba lo mejor de la jurisprudencia medieval de los siglos XIII y XIV. Para él, los pueblos originarios, los indios de América, eran los verdaderos dueños, no los europeos. No había, para él, derecho de conquista; albergaba además una mente abierta a todas las culturas. Todos deberían tener el mismo estatuto de igualdad y libertad, y la conversión tendría que ser con consenso, con amor y mansedumbre. Ideas y paradigmas que hoy necesitamos para esta modernidad de zozobra y tiniebla. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada (modificada) : Adam Jones [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Organizaciones de la sociedad civil urgen a que autoridades registren a las y los damnificados en la Plataforma CDMX
-El registro debe hacerse antes del 16 de marzo para garantizar el acceso a los beneficios de la reconstrucción. -La falta de publicidad de la entrada en vigor de la Ley para la reconstrucción puede tener como consecuencia la vulneración de derechos de las y los damnificados. -El acceso a los programas, beneficios y estímulos contemplados en la Ley para la reconstrucción depende de la inscripción en la plataforma. -Los programas también deben darse a conocer ampliamente después de su publicación. El 15 de diciembre del 2017 fue reformado el Reglamento de Construcciones del Distrito Federal, con lo que entró en vigor la “Ley para la reconstrucción, la recuperación y transformación de la Ciudad de México en una cada vez más resiliente. Sin embargo, no fue publicitado debidamente por las autoridades de la Ciudad de México. Este hecho resulta sumamente preocupante toda vez que, a partir de la entrada en vigor de la Ley para la reconstrucción, comenzaron a correr plazos legales que pueden tener como consecuencia la vulneración de derechos de las y los damnificados. La situación más grave es aquella que se encuentra regulada en el artículo transitorio vigésimo primero en el que se señala que las personas tienen un plazo de 90 días naturales para ser registradas en la Plataforma CDMX. Por otro lado, el Programa para la Reconstrucción, publicado el 12 de enero del 2018, no cumple con los objetivos estipulados por la Ley para la Reconstrucción. El artículo 4º transitorio de la ley exige que el programa defina los distintos modelos a través de los cuales se atenderá a la población afectada por el Sismo del 19 de septiembre. Sin embargo, el programa hace un listado de programas sin detallar los derechos que se derivan de ellos y las condiciones para acceder a ellos. La Comisión de Reconstrucción ha señalado que dichos programas serán desarrollados por cada dependencia de gobierno y la publicidad dependerá de cada una de ellas. Esto hace muy complicado que las personas puedan hacerse de información vital sobre sus derechos ya que ésta se encuentra desperdigada en distintas plataformas electrónicas. Si bien las organizaciones firmantes rechazan el Programa para la Reconstrucción ya que lo consideran limitado, poco accesible y que en él persisten las carencias de la Ley para la Reconstrucción, denunciadas con anterioridad, es de suma importancia que las autoridades unifiquen esfuerzos para publicitar los programas relacionados con la Reconstrucción para facilitar el acceso a los mismos de las y los damnificados. Se debe garantizar que los programas sean ampliamente publicitados por la Comisión de Reconstrucción apenas sean adoptados, ya que contienen información esencial para las y los damnificados y la sociedad civil en general. Asimismo, es urgente que las autoridades de la Ciudad de México realicen todas las medidas pertinentes para hacer del conocimiento de las y los damnificados lo relevante y apremiante que es su inscripción en la Plataforma CDMX y que de ello dependerá, en gran medida, el goce de los beneficios contenidos en la Ley para la Reconstrucción. Imagen destacada : b de baca
There’s a voice that keeps on calling me
Ulysses, Ulysses – Soaring through all the galaxies. In search of Earth, flying in to the night. Ulysses, Ulysses – Fighting evil and tyranny, with all his power, and with all of his might. Ulysses – no-one else can do the things you do. Ulysses – like a bolt of thunder from the blue. Ulysses – always fighting all the evil forces bringing peace and justice to all. There’s a voice that keeps on calling me. Down the road, that’s where I’ll always be. Every stop I make, I make a new friend. Can’t stay for long, just turn around and I’m gone again. Maybe tomorrow, I’ll want to settle down, Until tomorrow, I’ll just keep moving on. Hey there where ya goin’, not exactly knowin’, who says you have to call just one place home. He’s goin’ everywhere, B.J. McKay and his best friend Bear. He just keeps on movin’, ladies keep improvin’, every day is better than the last. New dreams and better scenes, and best of all I don’t pay property tax. Rollin’ down to Dallas, who’s providin’ my palace, off to New Orleans or who knows where. Places new and ladies, too, I’m B.J. McKay and this is my best friend Bear.
80 days around the world
80 days around the world, we’ll find a pot of gold just sitting where the rainbow’s ending. Time – we’ll fight against the time, and we’ll fly on the white wings of the wind. 80 days around the world, no we won’t say a word before the ship is really back. Round, round, all around the world. Round, all around the world. Round, all around the world. Round, all around the world. I never spend much time in school but I taught ladies plenty. It’s true I hire my body out for pay, hey hey. I’ve gotten burned over Cheryl Tiegs, blown up for Raquel Welch. But when I end up in the hay it’s only hay, hey hey. I might jump an open drawbridge, or Tarzan from a vine. ‘Cause I’m the unknown stuntman that makes Eastwood look so fine. Ulysses, Ulysses – Soaring through all the galaxies. In search of Earth, flying in to the night. Ulysses, Ulysses – Fighting evil and tyranny, with all his power, and with all of his might. Ulysses – no-one else can do the things you do. Ulysses – like a bolt of thunder from the blue. Ulysses – always fighting all the evil forces bringing peace and justice to all.
Autoridades de la Ciudad de México deben respetar el derecho a la memoria por los mineros de Pasta de Conchos
Fotografía : Daniel Lobato | El día de hoy, conmemorando 12 años ocurridos tras la explosión en la mina de Pasta de Conchos en Coahuila, la Organización Familia Pasta de Conchos, con el apoyo de Organizaciones de la Sociedad Civil, ha decidido instalar en Paseo de la Reforma esquina con Río Rhin, el Antimonumento por las Víctimas de este acontecimiento . La explosión en la mina de Pasta de Conchos, ocurrido el 19 de febrero del 2006, provocó que 65 mineros perdieran la vida, de los cuales 63 no han sido rescatados. Esto ha dejado una herida abierta en las familias y la comunidad, especialmente cuando dicha mina presentaba una serie de irregularidades que estaban documentadas por la Secretaria del Trabajo desde el año 2000. Por ello, los gobiernos federal y estatal tenían conocimiento de estas condiciones; sin embargo la irresponsabilidad, la corrupción, la negligencia y la inacción de las autoridades llevaron a la tragedia que nos atañe el día de hoy. El Antimonumento tiene la finalidad de recordar a la sociedad mexicana y al Estado Mexicano que esta tragedia fue provocada por actos de corrupción en beneficio de GRUPO MÉXICO, del Sindicato Minero bajo la dirección de Napoleón Gómez Urrutia, y del Gobierno Federal a expensas y en detrimento de los derechos laborales y las condiciones dignas de trabajo de los mineros, cosa que provocó su lamentable muerte. Su instalación representa, además, una forma de exigir rescate, verdad, justicia y reparación del daño para las y los familiares, para la comunidad y para la sociedad mexicana. La colocación del Antimonumento responde al ejercicio de nuestro derecho colectivo a la memoria, pues es importante recordar las omisiones que provocaron esta tragedia, así como exigir la justicia y la reparación del daño para las víctimas. Además, constituye una invitación consciente de no olvidar y una demanda ética de lucha por la justicia, partiendo de la idea de que el olvido de la tragedia de Pasta de Conchos refuerza la violencia hacia las víctimas, invisibiliza la impunidad con la cual actuaron los actores involucrados antes y después de la tragedia, y permite la repetición de este tipo de hechos. Cualquier intención o acción de retirar el Antimonumento constituiría una violación al derecho a la memoria para las víctimas, así como un intento de mitigar las exigencia de justicia y de reparación del daño ocasionado a las familias y a la comunidad. Exigimos a las autoridades el respeto a este símbolo de memoria y justicia para los 65 mineros que perdieron la vida, en contra de la corrupción e impunidad que se ha normalizado en el país y permite que este tipo de tragedias se repitan. El Antimonumento no permanecerá como un recordatorio sino como una exigencia hacia el Gobierno Federal para que haga el rescate de los restos de los mineros y reconozca la tragedia de Pasta de Conchos como una parte de nuestra historia, la cual no debe repetirse sino repararse. Asimismo, repudiamos todo intento de agresión u hostigamiento a la Organización Familia Pasta de Conchos a raíz del legítimo ejercicio de su derecho a la memoria de la tragedia provocada por las omisiones del Estado. Organizaciones Asamblea General de Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán. Cauce Ciudadano A.C. Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A.C. Centro de Estudios Ecuménicos. Círculo de Estudios Central. Consultoría Especializada en Justiciabilidad de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Espacio DESC). Espacio Libre Independiente Marabunta A.C. Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco. Iglesias por la Paz. Jóvenes ante la Emergencia Nacional. Movimiento Estudiantil Cristiano por la Equidad. Nueva Constituyente Ciudadana Popular. Observatorio Eclesial. Organización Popular Francisco Villa, Izquierda Independiente. Servicios y Asesoría para la Paz A.C. PERSONAS Obispo Raúl Vera, O.P. Fr. Miguel Concha Malo, O.P. Fr. Julián Cruzalta. Alberto Híjar Serrano Alfonso Arroyo. Daniel Gershenson – Alarbo, A.C. Francesca Gargallo Celentani. Francisco Barrios “El Mastuerzo”. Helena Scully Gargallo. Jesus Maldonado García – Miguel Agustín ProDH Juan José Sánchez González Fotografía : Daniel Lobato
