Aniversario del Centro Vitoria
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 16 de diciembre de 2017 Miguel Concha En el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, AC se apuesta diariamente por la transformación de situaciones que representan un obstáculo para un desarrollo equitativo y sustentable, y vulneran estructuralmente los derechos de personas y pueblos. Se trata de una historia de trabajo colectivo de más de tres décadas –para este 2017, 33 años–, en los que se ha cimentado el compromiso por transformar esta realidad y trabajar contra toda forma de opresión. Por luchar junto a aquellas personas que han sido vulneradas históricamente, y por estar con las y los pobres de la tierra, aprendiendo de ellos y entendiendo cómo, al formar parte de las luchas de los demás, también nosotros luchamos de forma cotidiana por nuestra propia vida digna. En este modesto centro de derechos humanos (http://derechoshumanos.org.mx/) se entiende que el esfuerzo por esta transformación se puede realizar con diversas herramientas, como el uso crítico y alternativo del derecho y de los derechos humanos, así como de los mecanismos internacionales de protección en esta materia. También mediante el desarrollo de la investigación y el análisis para promover estos derechos, sin perder de vista el acompañamiento recíproco a movimientos sociales y víctimas de violaciones a derechos humanos. Sabemos que en estos procesos el aprendizaje mutuo y colectivo que surge es inherente e importante. Mediante estos acompañamientos a diversos procesos organizativos, se ha aprendido como organización social sobre la necesidad de una perspectiva intergeneracional e intersectorial que permee la labor de defensa de derechos. Trabajar para generar puentes entre las distintas generaciones, y entender que a las personas de cualquier edad, sexo, género, etnia, raza, clase, o cualquier otro aspecto, nos toca apostar por la construcción y ejercicio de relaciones horizontales, mediante espacios de encuentro y convivencia que faciliten el intercambio y construcción colectiva de saberes, estrategias y formas de hacer la defensa de los derechos humanos. Para esto último el centro convocó a un nuevo Consejo Consultivo, que tendrá como encomienda ayudar a quienes integran la organización a continuar dirigiéndose ética y políticamente conforme a las necesidades del contexto y las coyunturas en sus trabajos diarios, pero vislumbrando y haciendo una tarea liberadora de largo aliento. Se agradece por ello que para dicho consejo hayan accedido a dar su acompañamiento académicos de reconocidas instituciones en materia de derechos humanos, como Sandra Serrano y Carlos Fazio, y personalidades como Daniel Giménez Cacho, que también realiza la defensa comprometida de derechos desde su labor artística. Es de agradecerse igualmente la empatía y cercanía con este proyecto de la antropóloga Dolores González Saravia, experta en transformación de conflictos, y quien ha dedicado su trabajo a la construcción de la paz. Se agradece también la presencia de dos personas jóvenes comprometidas desde la academia y el trabajo de base en sus comunidades con sus contextos y realidades, Alicia Hopkins y Carlos Brito, y la participación significativa de Fray Gonzalo Ituarte, de la Provincia de los Dominicos en México, quien desde su acompañamiento pastoral a pueblos indígenas se hace presente con su experiencia y conocimientos en este consejo. Para este centro de derechos humanos también es por tanto muy importante la escucha, y este es uno de los propósitos en la creación de este consejo: escuchar sus reflexiones y aportes para alimentar el rumbo de una organización defensora de derechos humanos como el Centro Vitoria. De entre las experiencias del Centro Vitoria, y las de muchas organizaciones y colectividades hermanas, hemos aprendido la importancia y necesidad de trabajar mano a mano tejiendo redes solidarias de intercambio de saberes y experiencias. Cada año sabemos más de lo fundamental que es para la defensa de los derechos humanos el conjuntar nuestros esfuerzos y pronunciarnos junto a muchas y muchos otros contra las situaciones de injusticia. Por ello se hace importante la empatía, que puede entenderse como la participación afectiva y efectiva de una persona en una realidad, en ocasiones ajena a ella, para cambiarla. Todo ello se da en el momento en que reconocemos al otro o a la otra como parte de nuestras historias y vidas; cuando aprendemos que uno depende de otros y otros dependen de uno. Lo mismo sucede cuando tomamos partido y nos hacemos parte de los trabajos y esfuerzos por la dignidad, la justicia y la paz. Esta empatía se hace también presente cuando pugnamos por la esperanza y creemos fuertemente que una realidad distinta a la que vivimos es posible. Para el Centro Vitoria una realidad es justa si se construye en colectivo y hace camino mediante la incansable búsqueda de la verdad, con la memoria de todas aquellas y aquellos que nunca se irán, y seguirán siendo fuerza para continuar. Desde su trabajo como organización, el centro agradece la energía y confianza que a pesar de los obstáculos le han brindado en este caminar las personas y colectivos. Lo que lo impulsa y motiva a seguir trabajando con más personas. Desde inspiraciones, militancias y luchas distintas, con las que comparte y colabora solidariamente, el Centro Vitoria es en este sentido fruto de confluencias y aprendizajes diversos. Tal vez al final su modesto trabajo ayude a seguir creando espacios de encuentro, diálogo y escucha, en los que se compartan motivaciones y fundamentos para realizar cambios encaminados a la construcción de un mundo más justo y digno para todas y todos, acompañándonos y animándonos siempre a seguir luchando. Ojalá que en este 2017 se haya avanzado un poco más en esta tarea, y que así lo sigamos haciendo el año venidero y los que sean necesarios. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada: Centro Vitoria [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Frente a la Imposición De La Ley De Seguridad Interior, Indispensable Activar Controles Extraordinarios
El día de hoy, tras ser enviado el respectivo Dictamen por el Senado, la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Seguridad Interior. Con ello culmina el debate legislativo, de modo que el Ejecutivo podrá proceder a su publicación el Diario Oficial de la Federación. Frente a la imposición de esta Ley y al término de la discusión parlamentaria, es fundamental señalar: 1. La Ley de Seguridad Interior aprobada no respeta ni la Constitución ni los tratados internacionales; amenaza los derechos humanos; no soluciona los problemas de inseguridad; no contiene contrapesos y controles para supervisar el despliegue militar extraordinario que impulsa; eleva a rango legal una estrategia en materia de seguridad que ha fallado a la largo de la última década; y trastoca profundamente la relación cívico militar, dotando de poderes sin contrapesos al sector castrense lo que conlleva un riesgo sustantivo dada la fragilidad institucional de nuestro país. 2. El PRI y su sector aliado del PAN desoyeron al cúmulo de voces que advirtieron con argumentos sólidos y técnicos los riesgos de esta Ley. Las fundadas críticas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH); la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; los relatores especiales de la ONU; los rectores de las más connotadas universidades nacionales; organizaciones internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch; especialistas en derecho y en seguridad; víctimas de violaciones a derechos humanos; artistas; organización y civiles; y más de 250,500 personas que enviaron comunicaciones externando su preocupación. Pocas veces en la historia reciente una pieza legislativa había despertado tan amplio consenso en cuanto a su rechazo y, sin embargo, el Congreso de la Unión procedió con premura e indiferencia. Peor aún, no fueron pocos las y los legisladores que incurrieron en expresiones denostativas respecto de los mecanismos internacionales de derechos humanos, propias de las más rancias visiones autoritarias. 3. El diálogo al que instó el Presidente de la República, ante la CNDH y ante la sociedad, no tuvo lugar. Las mesas que se desarrollaron en el Senado fueron un mecanismo de simulación, y no un debate real sobre el contenido de la ley. Frente a una decisión de enorme trascendencia, se impuso la premura de llevar a su término una decisión ya tomada de antemano. Es falso que se hayan escuchado todas las voces y perspectivas. 4. El Senado no introdujo cambios reales a la Minuta aprobada en la Cámara de Diputados. Los nueve artículos y un transitorio en los que se realizaron correcciones superficiales no cambian los más graves aspectos de la Ley de Seguridad Interior. Es falso que se hayan atendido las preocupaciones expresadas durante el debate. 5. La imposición de la Ley no está consumada. El Presidente de la República podría emplear su facultad de veto para detener la entrada en vigor de una norma que ha generado un rechazo unánime. Esto debería ocurrir dado que empeñó su palabra en la realización de un diálogo que no ocurrió. Ante la improbabilidad de que esto ocurra, sin embargo, es relevante señalar que deben activarse también otros mecanismos para revisar la constitucionalidad y convencionalidad de la Ley, entre otros: la minoría legislativa podría presentar una acción de inconstitucionalidad; la CNDH, en concordancia con sus posicionamientos críticos sobre la Ley, también podría presentar dicha acción; y los municipios y gobernadores que en un ejercicio de soberanía entiendan que esta Ley amenaza sus facultades, también podrían interponer una controversia constitucional. La presentación de estos mecanismos es indispensable para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)pueda analizar esta norma; la responsabilidad de la SCJN es ineludible pues como quedó de relieve en el debate en buena medida fue este tribunal, con sus fallos en la década de los noventa, el que abrió el camino a la militarización del país. 6. Pese a que la imposición de la Ley de Seguridad Interior es una imposición que socava el Estado de Derecho, la amplia oposición que se ha generado debe verse como una expresión de la creciente toma de conciencia de la sociedad mexicana sobre la necesidad de poner a revisión el fallido modelo de seguridad, desde una visión integral que incorpore también el fortalecimiento de nuestro colapsado sistema de justicia. Desde 2011, cuando irrumpió en la escena pública el Movimiento de Paz con Justicia y Dignidad, no se discutía tan ampliamente la política de seguridad que se ha seguido en la última década. Desde 2014, cuando ocurrió la hasta hoy no esclarecida desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, los mecanismos internacionales de derechos humanos no señalaban con tanta preocupación a México. La proliferación de voces que desde las más diversas perspectivas demandan una #seguridadsinguerra es sin duda un triunfo de la sociedad y en esa victoria cultural se cimentan las esperanzas que permiten transitar un día oscuro como este. 7. En la medida en que el debate sobre la Ley de Seguridad Interior ha puesto de relieve la complejidad y la hondura de nuestros problemas de seguridad, es fundamental que en el próximo proceso electoral las diversas plataformas contendientes se pronuncian explícitamente sobre sus posiciones frente a la Ley y sobre sus propuestas en materia de justicia y seguridad. En particular, para que el electorado ejerza con información su derecho a la participación, es indispensable que José Antonio Meade, Ricardo Aanaya y Andrés Manuel López Obrador y todos los candidatos y candidatas presidenciales, se pronuncien claramente sobre si en caso de acceder a la Presidencia de la República derogarían la Ley de Seguridad Interior. La aprobación de la Ley de Seguridad Interior abona a la restauración autoritaria que se cierne sobre México. Más que nunca, es fundamental no claudicar en la defensa de nuestros derechos y demostrar, con propuestas sólidas como las que desde muchas instancias se han difundido, que una #seguridadsinguerra es posible. Imagen : #SeguridadSinGuerra
Renegociando el TLCAN
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 09 de diciembre de 2017 Miguel Concha La Comisión de Pastoral Social del Episcopado Católico Mexicano y los Comités de Justicia Nacional y Desarrollo Humano, y de Justicia y Paz Internacional, de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos dieron a conocer un documento en el que, con mirada de pastores, no de técnicos, establecen una serie de criterios que, más allá de sus impactos económicos, deben ser tomados en cuenta en la evaluación de cualquier tratado comercial. Entre éstos señalan la no profundización de las pobrezas y las medidas de compensación para quienes resultaran afectados; las condiciones que impulsan a la gente a dejar sus tierras de origen; la protección dentro y fuera del propio país de los derechos de los trabajadores; la salud de las comunidades y el cuidado del medio ambiente; la salvaguardia del patrimonio de las comunidades indígenas originarias, y el trato justo en los acuerdos comerciales de sus conocimientos tradicionales y recursos naturales; la necesidad de políticas compensatorias para promover los sistemas alimentarios de producción, distribución y consumo sociales en el sector agrícola de México, así como la protección a quienes viven en zonas rurales en Estados Unidos, y, por fin, la función social de los derechos de propiedad intelectual, en especial los relativos al acceso de los pobres a los medicamentos y alimentos, y el reconocimiento intelectual, económico y político de sus conocimientos comunitarios. Ante la incertidumbre de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América de Norte (TLCAN), los obispos expresan de arranque y con sentido evangélico que, independientemente de si se llega o no a una renegociación exitosa, los tres gobiernos (México, Estados Unidos y Canadá) deben procurar decididamente una relación mutuamente respetuosa, justa y solidaria, especialmente para los más pobres de nuestros países. Y recuerdan que de conformidad con la enseñanza social del magisterio pontificio y episcopal católico, los criterios éticos tendrían que orientar las relaciones económicas internacionales. Vale decir, la persecución del bien común y el destino universal de los bienes de la tierra para uso de todas las personas; la equidad en las relaciones comerciales, y la atención a los derechos y necesidades de los más pobres en la cooperación internacional y en las políticas comerciales. En congruencia con esto, los obispos consideran acertadamente que los acuerdos comerciales trascienden el ámbito económico, y que por ello deben ser evaluados en relación con los efectos que produzcan sobre los pueblos, las regiones y el medio ambiente en los países afectados. “La iglesia –asientan– cree que el comercio debe beneficiar en primer lugar a las personas, además de los mercados y las economías”. Y con lucidez aseveran que es crucial que todos estos acuerdos, complejos y multifacéticos, deben surgir de un sólido marco jurídico que proteja el bien común y a los más vulnerables. Por ello insisten en que los tratados, como todas las políticas económicas y comerciales, deben ser diseñados y valorados desde la perspectiva del respeto de los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, tanto a nivel individual, familiar, comunitario, así como de las naciones y de los pueblos. De no ser así, y si no se adoptan políticas económicas y sociales compensatorias que mitiguen o contrarresten sus efectos negativos –advierten con razón–, se fomentarán, como ha sido el proceso hasta ahora, mayores desigualdades entre regiones y grupos, desplazamientos forzados, migraciones desordenadas, involuntarias e inseguras, y las diversas formas de violencia. Por ello también insisten en que los acuerdos deben fortalecer el respeto de los derechos humanos, principalmente los laborales, pero también todos los sociales, culturales y ambientales, así como la seguridad humana de las comunidades a ambos lados de la frontera. Y frente a las negociaciones cupulares y opacas que como hemos visto se acostumbran en este tipo de acuerdos, los obispos defienden el derecho a participar en sus negociaciones y evaluaciones de desempeño posteriores; los derechos de los pobres; los de los pueblos originarios; los de los trabajadores; las comunidades y el cuidado de la creación, y ofrecen su disponibilidad para compartir sus perspectivas y asegurar que las políticas se basen en esos criterios. Al hablar del criterio de los pobres, los obispos expresan que no se puede volver a abandonar a los pobres; y con relación a la migración afirman que es un fenómeno multinacional y multidimensional, y que como tal debe tratarse. Por lo que, entre otras cosas, ambos países tienen que atender las condiciones económicas de las familias pobres de México y de Estados Unidos, especialmente los pequeños productores agrícolas, los servicios de baja productividad, y el creciente desplazamiento impulsado por la inseguridad y el cambio. Y teniendo en cuenta la situación de los trabajadores en el modelo industrial maquilador prevaleciente en el país, es importante también subrayar lo que dicen acerca de que es fundamental prestar especial atención a condiciones de trabajo seguras, horas de trabajo razonables, tiempo libre, salarios familiares suficientes para la vida y otros beneficios sociales reconocidos, e impedir el trabajo infantil. Así como el enfoque crítico económico y político actual, que prioriza el cuidado del medio ambiente y la salud de las comunidades, cuando hablan del vínculo esencial entre la preservación del medio ambiente y el desarrollo humano sostenible. Destaco igualmente su afirmación de que para la Iglesia los derechos de propiedad intelectual se ubican dentro del marco más amplio del bien común, y que estos derechos deben ser equilibrados con las necesidades de los pobres. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada (modificada) : Steven Taylor [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
La Ley más absurda y peligrosa del año
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] 05 de diciembre de 2017 Por: Carla Lovera (@loverovska) y Carlos A. Ventura Callejas (@carlosarveca) La dignidad en nuestras manos A puerta cerrada en la Cámara de Diputados, la Ley de Seguridad Interior (LSI) fue aprobada en lo general y en lo particular el pasado 30 de noviembre. De inmediato y sin mayor explicación, fue turnada al Senado para continuar con lo que parece ser el proceso para su inminente aplicación. A diferencia de lo que el jefe del Ejecutivo ha descrito como una ley de “imperiosa necesidad”, esta LSI no constituye un instrumento adecuado para enfrentar la crisis de violencia de nuestro país, pues formaliza un modelo de seguridad ineficaz en el combate al crimen organizado y con probadas consecuencias negativas para la población, las instituciones, y un Estado de derecho y garante de derechos humanos. En el dictamen aprobado por la Cámara de Diputados no se contempla una estrategia para el regreso paulatino de las tropas a los cuarteles ni se plantean medidas efectivas para proporcionar justicia y seguridad a las personas que se encuentran en las zonas ocupadas por elementos castrenses, cosa deseable y propuesta por diversas organizaciones de derechos humanos. Por el contrario, disuade a las autoridades locales de fortalecer a sus policías y de implementar políticas públicas eficaces para un nuevo modelo de seguridad, así como para las efectiva prevención, investigación y sanción de delitos. La LSI utiliza definiciones que promueven el uso arbitrario del término seguridad interior; proporciona a las fuerzas federales –Ejército, Armada y Fuerza Aérea- facultades de policía, incluidas acciones preventivas, con o sin previa declaratoria de amenaza a la seguridad interior; no regula el uso de la fuerza ni adopta protocolos de actuación; no genera controles para verificar el respeto de los derechos humanos; permite a las Fuerzas Armadas (FFAA) actuar contra protestas sociales cuando éstas puedan considerarse como no pacíficas; determina genéricamente que toda la información sobre las medidas de seguridad interior será clasificada y dispone que no se aplicará la Ley Federal de Procedimiento Administrativo en la materia; y establece que las medidas excepcionales de seguridad interior no necesariamente tendrán que acotarse a un área geográfica específica, ni impone límites temporales precisos a las acciones de seguridad interior. Por si fuera poco, la LSI permite la intervención militar en áreas de inteligencia civil por cualquier medio lícito, sin la responsabilidad de hacer públicas esas investigaciones y determina que los organismos constitucionales autónomos (comisiones de derechos humanos, Instituto Nacional Electoral, universidades autónomas, etc.) deben proporcionar la información que les requieran las autoridades en contextos de afectaciones a la llamada seguridad interior. Esta errónea Ley que formaliza la militarización de la seguridad pública, afirmación que quienes gobiernan hoy dicen que es “absurda”, adscribe la coordinación de las acciones de seguridad interior a la Secretaría de Gobernación, pero asignando el mando a las FFAA en caso que éstas intervengan, aunque la Suprema Corte de Justicia de la NacióN (SCJN) ha establecido que los militares deben subordinarse a los civiles cuando colaboren en tareas diferentes a su mandato constitucional; asimismo omite que las FFAA ajusten su organización, medios y adiestramiento en apego a los derechos humanos para intervenir en esas labores. La LSI es uno de los retrocesos más graves, absurdos y peligrosos en el camino hacia la democracia y la vigencia de los derechos humanos dentro de la historia reciente de México y América Latina. Es imperativo señalar que sus iniciativas de seguridad interior fueron creadas para satisfacer la queja del Secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, a la autoridad federal por el “desgaste” que sufrenlas FFAA; obviando el cúmulo de sentencias, relatorías, informes y observaciones que la CNDH, el Sistema ONU, y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos han emitido acreditando la participación y responsabilidad de las fuerzas armadas en múltiples, reiteradas y graves violaciones a derechos humanos. En un escenario global de militarización es necesario defender principios basados en la democracia y los derechos humanos, encaminados a la construcción de la paz y la recuperación de la seguridad ciudadana. Con la opacidad en su redacción y acelerada aprobación, la LSI tan sólo promueve la impunidad de delitos, más violaciones graves a derechos humanos y actos continuados de corrupción; al mismo tiempo que deja entrever más claramente el mensaje autoritario del partido en el poder, de los grupos parlamentarios aliados y de las autoridades que han asegurado su aprobación, paradójica y sospechosamente, previo a la coyuntura del 2018. Es urgente para México, una #SeguridadSinGuerra y otro y mejor modelo de seguridad. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] *Carla Lovera es activista feminista y especialista en DDHH; Carlos A. Ventura Callejas es colaborador del @CDHVitoria. Consultar en Animal Político. Imagen destacada : numbdog [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Comunicado de organizaciones de América Latina sobre la situación de Honduras y la suspensión de garantías
Con motivo del Decreto Ejecutivo número PCM-084-2017 (en adelante, el Decreto Ejecutivo) emitido el pasado 1° de diciembre de 2017 por el Presidente de la República de Honduras en Consejo de Ministros, a través del cual determinó la suspensión del derecho a la libertad de tránsito previsto en el artículo 81 de la Constitución de la República de Honduras, que reconoce “el derecho a circular libremente, salir, entrar y permanecer en el territorio nacional” por un periodo de diez días contados a partir de su entrada en vigencia. Lo anterior se realiza en el marco de las elecciones presidenciales que se verificaron el pasado 26 de noviembre y que han derivado en diversas protestas sociales. El Decreto Ejecutivo señala como justificación y fundamentos para su emisión, entre otros, los siguientes: “Que la misma Ley de Policía y Convivencia Social en el Artículo 51 párrafo tercero establece que la policía podrá disolver a los grupos que protesten en toma de calles, puentes, carreteras, edificios e instalaciones afectando a servicios públicos cuando impidan la libre circulación o el acceso a los mismos si contrarían el orden público, la moral y las buenas costumbres y dañan la propiedad pública y privada.” Asimismo, refiere: “Que es deber ineludible del Presidente de la República, en Consejo de Ministros, tomar las acciones necesarias para mantener el orden y la gobernabilidad en la Nación la cual está siendo afectada seriamente por las acciones apuntadas.” En este sentido, mediante el Decreto Ejecutivo, “se prohíbe la libre circulación de las personas, prohibición que podrá aplicarse en horario de 6:00 p.m. a 6:00 a.m., en todo o parte del territorio nacional en atención a los hechos que ocasiona la restricción de esta libertad a recomendación de autoridad competente.” Asimismo, habilita a las Fuerzas Armadas para apoyar a la Policía Nacional, conjunta o separadamente, “cuando la situación así lo requiera”, “debiendo poner en ejecución los planes necesarios para mantener el orden y la seguridad de la República y garantizar el ejercicio de los derechos democráticos.” Por tanto, el Decreto Ejecutivo faculta a detener a toda persona encontrada fuera del horario de circulación establecido, o que de alguna manera sea sospechoso de causar daños a las personas o sus bienes, aquellos que se asocien con el objeto de cometer hechos delictivos o esté en peligro su propia vida”, así como a proceder al desalojo de toda instalación pública, carreteras, puentes y otras instalaciones públicas y privadas que haya sido tomado por manifestantes o se encuentren personas en su interior realizando actividades prohibidas por la Ley.” Es importante referir que el derecho a la libertad de expresión es el bastión y piedra angular de todo sistema democrático, tal como lo ha reconocido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por lo que, en la medida en que sea plenamente garantizado, podrán verificarse condiciones para que exista un importante flujo de información y el desarrollo de un debate público, abierto, plural y robusto. Asimismo, conforme a los estándares que tanto la Comisión como la Corte Interamericanas de Derechos Humanos han establecido, las expresiones o discursos políticos o sobre asuntos de interés público, forman parte de discursos que deben encontrarse especialmente protegidos. En efecto, este tipo de expresiones deben recibir especial protección “por su importancia para el ejercicio de los demás derechos humanos o para la consolidación, funcionamiento y preservación de la democracia. En la jurisprudencia interamericana, tales modos de discurso especialmente protegidos son los tres siguientes: (a) el discurso político y sobre asuntos de interés público; (b) el discurso sobre funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones y sobre candidatos a ocupar cargos públicos; y (c) el discurso que configura un elemento de la identidad o la dignidad personales de quien se expresa.”[1] La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH ha manifestado claramente que “en nuestra región es frecuente que las autoridades subordinen el ejercicio del derecho a la protesta social al presunto mantenimiento de intereses colectivos como el orden público y la paz social, basándose en la vaguedad o ambigüedad de estos términos para justificar decisiones restrictivas de los derechos. La noción de orden público y paz social que se impone parece preocupada únicamente en garantizar el orden como una expresión del poder del Estado y privilegiar los derechos e intereses de quienes se puedan ver afectados circunstancialmente por las protestas.” Por tanto, cuando los Estados pretendan emprender acciones o políticas tendientes a preservar cuestiones relacionadas con el “orden público”, la “paz pública”, así como la “moral o buenas costumbres” que menciona el Decreto Ejecutivo, deben realizarlo en clave de derechos humanos, con un enfoque de seguridad ciudadana, lo cual cumpla con las obligaciones de respetar, proteger y garantizar el ejercicio pleno de derechos humanos, sin que vayan en detrimento de estos, y observando en todo momento los principios de legalidad, proporcionalidad y necesidad, bajo normas claras y precisas. En este sentido, el Decreto Ejecutivo en referencia, además de determinar como medida extrema la suspensión de garantías en Honduras, contiene disposiciones y fundamentos sumamente preocupantes que, por su ambigüedad, abren la posibilidad de realizar un uso excesivo de la fuerza pública por parte de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. De entrada, limita en forma desproporcionada el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, al prohibir que las personas circulen y se manifiesten de manera totalmente libre, sin que existan restricciones de lugar u horarios para hacerlo. Además, contiene disposiciones sumamente ambiguas y amplias como las ya referidas, que pretenden preservar “el orden público, la moral y las buenas costumbres” con la facultad de detener a toda persona que circule o transite dentro de los horarios que prohíbe el Decreto Ejecutivo y que “sea sospechosa de causar daños a las personas o sus bienes”, así como desalojar cualquier instalación donde se encuentren personas manifestantes o que “en su interior estén realizando actividades prohibidas por la ley”. Esto sin duda, coloca en grave riesgo la libertad e integridad de las personas, ante el posible uso de
Tribunal en el Estado de México confirma resolución ejemplar en materia de libertad de expresión y protesta social
-Sentencia evidencia persecución y criminalización de la protesta social -Tribunal insiste en la protección de derechos frente a detenciones arbitrarias -Autoridades deben dejar de utilizar el derecho para inhibir la protesta social El Tribunal Unitario Especializado en Materia Penal del Segundo Circuito en Almoloya de Juárez ha reafirmado en días pasados una resolución judicial de no vinculación a proceso a integrantes de la ANUEE (Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica) que anteriormente habían sido criminalizados por la CFE al intentar imponer obras sin consulta ni justificación. La resolución resulta ser justa y sin precedentes para la protección de los derechos de las personas , en especial del derecho a la protesta y libertad de expresión. Integrantes de la ANUEE, particularmente en diversos municipios del Estado de México, se han visto hostigados por cuerpos de policías municipales y federales en contextos del ejercicio de la libertad de expresión y manifestación, por medio del cual exigen el detener los altos cobros de luz por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el reconocimiento de la energía eléctrica como un derecho humano, y exteriorizan su oposición al “proyecto de modernización de infraestructura eléctrica”, consistente en la instalación impuesta de medidores de luz y de cableado de aluminio, sin que esta empresa consulte o avise a las personas afectadas. En este contexto, en el municipio de Naucalpan el 9 de agosto de 2017 se detuvo de manera arbitraria e ilegal a Manuel Damián Mendoza y a José Pedro Moreno Herrera por manifestar, de manera pacífica, su rechazo a la instalación de medidores de luz de la CFE, acusándolos del delito de “oposición a obra o trabajo públicos”, previsto en el Artículo 185 del Código Penal Federal. A pesar de que la Procuraduría General de la República obstaculizó deliberadamente su defensa, en audiencia de 16 de octubre, el juez Saúl Cota Murillo resolvió apegado a derecho que no podía vincularse a estas personas a dicho delito, y dejó constancia de que la imputación al mismo consistía en un acto de criminalización de la protesta social. Luego de que la CFE apeló esta primer resolución, el Auto de No Vinculación a Proceso fue confirmado por el Tribunal Unitario de Almoloya de Juárez, insistiendo en la protección del derecho a la protesta y a la libre expresión de los movimientos sociales. En el periodo de abril a noviembre del presente año, se han detenido de manera arbitraria a por lo menos 18 personas por el supuesto delito ya mencionado, el cual es inconstitucional puesto que contraviene el derecho de libertad de expresión y manifestación. Con base en este tipo penal, se ha criminalizado y judicializado a integrantes de este movimiento social, representando un hecho clave para observar cómo autoridades estatales utilizan el derecho para inhibir la protesta social. En medio de este contexto, saludamos la resolución que confirma el Auto de No Vinculación a Proceso. Dicha decisión es una muestra de cómo las resoluciones judiciales pueden ser tomadas bajo una perspectiva de Derechos Humanos y reconociendo las obligaciones del Estado. Atentamente Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria, O.P”, A.C.
Corrupción en la reconstrucción en Chiapas
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 02 de diciembre de 2017 Miguel Concha A dos meses del terremoto que sacudió con violencia la costa de Chiapas y Oaxaca, la situación de emergencia persiste. Aún hay casas derruidas y familias que no han recibido apoyo de parte de las autoridades. Hay también escuelas que no están en posibilidades de reanudar clases, así como escuelas que operan bajo altas condiciones de riesgo. Esto es lo que comprobó la Misión de Observación Civil integrada por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los derechos para todas y todos; Voces Mesoamericanas; Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas; Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova; Servicio y Asesoría para la Paz, y el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, con el acompañamiento de observadores internacionales del Movimiento Sueco por la Reconciliación y el Servicio Internacional para la Paz. Visitó las comunidades de Bahía de Paredón y Huizachal, del municipio de Tonalá, y las de Gustavo López y Nuevo Urbina del municipio de Pijijiapan, en Chiapas, y pudo constatar las severas afectaciones en las viviendas, aunque la gran mayoría sólo con daños parciales que pueden ser reparados. Sin embargo, hay casos muy específicos donde el daño fue total y las casas, o se derrumbaron, o tuvieron que ser demolidas ante los riesgos que implicaban. Los servicios de salud, que de por sí tienen serias fallas estructurales –como lo muestra la huelga de hambre que enfermeras chiapanecas iniciaron a principios de año por diversas demandas, incluyendo abasto de medicamentos e insumos médicos–, se han visto mermados, pues no hay servicio en las clínicas. El sector educativo se encuentra también seriamente afectado, desde aquellos planteles que no cuentan con instalaciones seguras, y aquellos en los que se imparten clases en zonas de alto riesgo, hasta casos en los que les tocará asumir a los maestros y padres de familia algunos gastos para su reconstrucción. La generalidad en estas cuatro comunidades es la indolencia y el maquillaje de las autoridades federales; la inoperancia institucional y la falta de coordinación entre los tres niveles de gobierno. Las personas que integraron la Misión escucharon los testimonios de los llamados damnificados. Los de aquellos que en segundos lo perdieron todo, y los de aquellos que vieron desvanecerse el patrimonio de años, cuando apenas terminaban de poner sus vidas a salvo. Para la Misión ha resultado particularmente preocupante todo lo relacionado al uso y distribución de recursos del Fondo Nacional de Desastres, pues se detectaron irregularidades que ponen en riesgo la aplicación adecuada de este apoyo económico, y su llegada segura a quienes más lo necesitan. Prevalecen la desinformación, la discrecionalidad y el uso opaco de los mismos. Hay personas censadas que no han recibido sus tarjetas, o porque sin avisarles cambió su situación de afectación, o porque les afirman que ya fueron enviadas, y no hay funcionario o institución que se haga responsable de informar. Menos aún de corregir las irregularidades. Hay también casos en los que las casas fueron determinadas como de daño total, pero recibieron recursos como daño parcial, así como casos en los que la gente recibió una parte del recurso, pero no tienen idea de cuándo recibirán el resto, y si de verdad lo recibirán. Hay pues una seria vulneración del derecho a la información, pues las personas beneficiarias nunca accedieron a información clara sobre su situación y sobre la acción gubernamental, y aquellos osados que se atrevieron a preguntar, o que expresaron inconformidad, fueron callados y amenazados con perder el beneficio. Bajo estas condiciones, la gente de las comunidades tiene razones para pensar que hay inequidad y discriminación en los criterios de asignación de apoyos. Y por si esto fuera poco, la Misión recibió información sobre la participación inadecuada de fundaciones que bajo el discurso gris de la caridad, llegaron a estas comunidades a ofrecer la construcción de casas, como donación. Sin embargo, y una vez que la gente accede y las casas ya tienen cierto grado de construcción, les han hecho firmar contratos donde renuncian al recurso que por derecho les es otorgado por el Fonden, en favor de la fundación. Lo cual es preocupante, pues nos encontramos ante un evidente caso de corrupción, en el que no dudamos que estén involucrados funcionarios públicos. A esto hay que agregar que las casas que ofrece la fundación son construidas bajo términos que no son negociables: son muy pequeñas; tienen alrededor de 45 metros cuadrados; están hechas de tabicón, y los techos son muy bajos y de láminas metálicas. Todo lo cual las hace además muy calientes para una zona donde en abril la temperatura puede sobrepasar los 40 grados. Sus cimientos y castillos son muy delgados, con varillas angostas, y sin amarres; lo que reduce su posibilidad de sobrevivir a otro terremoto. Con ello se está violando el derecho de las personas damnificadas a una vivienda digna, una vivienda de calidad y con perspectiva sociocultural. En este contexto sobresale el trabajo que realiza el Centro Digna Ochoa –cuya sede se encuentra en Tonalá–, que se ha enfocado en el fortalecimiento de la organización y participación comunitaria para las labores de reconstrucción y reactivación de las economías locales. Ha constituido una esperanza para quienes quedaron fuera de los censos de damnificados, pues no sólo se ha dedicado a documentar las violaciones de derechos humanos cometidas en esta situación de emergencia, sino que se encuentra buscando la forma de promover la construcción autogestiva y la ayuda mutua frente a la imposición de las autoridades y las fundaciones. Sin embargo, la documentación y denuncias que realiza han causado que se enfrente a hostigamientos, intimidación y amenazas. Exigimos que se dé seguimiento a la denuncia interpuesta ante la Fiscalía estatal, y que la investigación se lleve a cabo con perspectiva de derechos humanos, siempre tomando en cuenta la labor que realizan las personas como defensoras. Exigimos que los gobiernos federal, estatal y local garanticen el derecho a defender derechos humanos de todas las personas que
De Tlatelolco a Ayotzinapa, la lucha por la dignidad humana
DE TLATELOLCO A AYOTZINAPA, LA LUCHA POR LA DIGNIDAD HUMANA Noviembre de 2017 Ponencia presentada en el Marco de la Cátedra Sergio Méndez Arceo por Fray Miguel Concha Malo, O.P., Director General del Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria, O.P.”, A.C., en la Universidad La Salle de la Ciudad de Cuernavaca, Morelos Para el desarrollo de la presente ponencia echo mano de los siguientes textos universitarios: Tesis de Licenciatura sobre Historia Contemporánea de México, presentada en 1999 por Armando López Arcos, ex colaborador del Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria, O.P.”, A.C., en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, con el título de Intentamos un cambio por razones de fe. Tesis de Doctorado en Estudios Latinoamericanos presentada en su Examen de Grado este año por la Mtra. María Patricia González Chávez, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, con el título “El CIDOC de Cuernavaca en el Colegio de México. Contribuciones de un archivo a la lectura crítica de la historia reciente de Latinoamérica”. Libro titulado “La participación de los cristianos en el proceso popular de liberación en México”, coordinado por Miguel Concha Malo, Óscar González Gari, Lino F. Salas y Jean-Pierre Bastian, publicado en su primera edición el año de 1986 por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y la Editorial Siglo XXI. El libro ha tenido varias reediciones. Artículo titulado Centros de derechos humanos: su misión y servicio”, publicado en la Agenda Latinoamericana mundial del Año 2015 por Miguel Concha Malo. Artículo titulado Solidaridad social nacional, publicado en 2015 por Miguel Concha Malo, en el libro compilado por Nayar López, en Ayotzinapa. Un grito desde la humanidad, a cargo de la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad, y editado por Ocean Sur. Como sabemos, por la presencia del movimiento estudiantil, que desembocó en la masacre del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, 1968 marcó un hito en la historia contemporánea de nuestro país. Lo que en un principio fue una riña entre estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (unam) y los del Instituto Politécnico Nacional (ipn), se fue transformando en un importante movimiento con demandas sociales. Conforme se fue desarrollando, bajo la dirección del Consejo Nacional de Huelga (cnh), se realizaron distintas marchas, huelgas, mítines en Tlatelolco y en el Zócalo de la Ciudad de México. Sin embargo, ante el avance del movimiento social y estudiantil, el gobierno respondió con una mayor cerrazón, y con medidas cada vez más represivas. Ante la situación provocada por este conflicto, el Secretariado Social Mexicano; el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); algunos profesores de la Universidad Iberoamericana; dirigentes y profesionistas de la Corporación de Estudiantes Mexicanos, y monseñor Sergio Méndez Arceo, VII Obispo de Cuernavaca, así como obreros y asesores de la Juventud Obrera Católica y otros cristianos, se reunieron y elaboraron un documento de información y reflexión –firmado por 37 sacerdotes–, para ayudar a grupos de la Iglesia a comprender el trasfondo estructural y las aspiraciones de justicia que estaban en el fondo de las demandas del movimiento estudiantil. En realidad la única voz de la Iglesia que se escuchó durante la crisis fue esta declaración “Al pueblo de México”, publicada en Excélsior el 10 de septiembre de aquel año. A esta declaración se adhirieron los sacerdotes que trabajaban en la Unión Mutua de Ayuda Episcopal, la Juventud Obrera Católica y la Acción Católica Obrera. No interpretaron los acontecimientos como derivados de “la conjura comunista internacional”, lo cual hizo que fueran vistos con desconfianza por sectores oficiales y empresariales. Por su parte, la misma jerarquía eclesiástica intentó silenciarlos. El 14 de septiembre la curia del arzobispado de México minimizó la declaración de los 37 sacerdotes y demás grupos solidarios, y dio la impresión de desautorizarla. En la carta los sacerdotes planteaban que el movimiento estudiantil les llevaba a reflexionar sobre su responsabilidad en el cambio y el desarrollo integral del país. Veían que la juventud tomaba conciencia de “ser un factor importante de influencia en el pueblo para el cambio social”. Reconocían también que nuestro país necesitaba cambios para lograr el desarrollo. Y en ese sentido declaraban: no, “al uso sistemático de la violencia”; y no, “a los que rechazan todo cambio por disfrutar de una situación privilegiada. Asimismo señalaban: sí, al diálogo; al pluralismo ideológico; a la reforma educativa y universitaria; a la “necesidad de cambios para la promoción y el progreso de las personas”; “a la creación de una sociedad nueva, basada en estructuras justas”, y “a la responsable participación política en orden al bien común”. Por último, llamaban a buscar la paz y la justicia, rechazando el odio y el temor: “Como sacerdotes y como mexicanos –decían– nos hacemos solidarios del actual despertar de la juventud, calculando que si son muchos sus riesgos, son mayores sus posibilidades para el futuro de un México mejor. Mientras el movimiento estudiantil cada vez tomaba más fuerza, el gobierno mostraba una mayor cerrazón y un más intenso autoritarismo. El 18 de septiembre el ejército tomó las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ante esos acontecimientos, en Cencos dieron a conocer su postura. Aclaraban sin embargo que en esa ocasión no lo hacían necesariamente como voceros de la Iglesia, sino como “cristianos comprometidos en la promoción y servicio de los medios de comunicación social”. Una semana después, tras un mensaje de Paulo vi, en torno a los conflictos estudiantiles en muchas partes del mundo, Cencos realizó un análisis en el que resaltaba que el Papa no condenaba a la juventud, sino que enjuiciaba a “las malas estructuras que deben ser cambiadas”. Y de manera excepcional, en los últimos días de aquel septiembre el obispo de Cuernavaca, Sergio Méndez Arceo, también hizo sonar su voz de protesta ante los hechos que se estaban viviendo en el país. En una de sus homilías señaló que le atemorizaba la idea de “ser perro mudo”, y
Colectividad del maíz logra mantener la suspensión de siembra por tiempo indefinido
Ciudad de México, 12 de julio de 2017 Remite a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que constitucionalidad sea estudiada #AlertaMaíz cientos expresiones de preocupación, solidaridad Llamado a seguir reaccionando ante el embate de desinformación En la sesión del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, integrado por los magistrados José Rigoberto Dueñas Calderón, María del Carmen Aurora Arroyo Moreno y Marco Antonio Rodríguez Barajas, se decidió sobre la medida que tiene suspendida la siembra de maíz transgénico en todo el país. Al salir de los tribunales, integrantes de la Colectividad informaron que la resolución es que se mantiene dicha suspención y remite a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que sea estudiada la constitucionalidad del Código Federal de Procedimientos Civiles. Integrantes de la colectividad expresaron que es un logro mantener la suspensión de siembra por un tiempo indefinido. “Estamos contentos por ello y felicitamos a todos por el gran esfuerzo que cada quien ha aportado. En el equipo jurídico estamos listos para seguir dando la batalla litigiosa” declararon. La Colectividad defensora del maíz nativo hace un llamado a la sociedad a seguir de cerca esta resolución, que hoy da una alegria al pueblo del maíz, en medio de la batalla que se libra en tribunales. Al mismo tiempo pide continuar reaccionando ante el embate de desinformación que rodea al tema de los transgénicos, “en cada lugar de la sociedad se puede compartir la información al respecto de los impactos de los trangénicos”, puntualizaron. Ante la #AlertaMaíz cientos de expresiones de preocupación y solidaridad se cruzan por los ojos del mundo expectantes en México, por el proceso jurídico histórico en el que peligra la planta que constituye el 69% del sostenimiento alimentario de toda la población y en su mayoría lo comemos sin procesamiento industrial. Por otro lado, el 66% de toda la superficie cultivada en el país corresponde a maíz. Consumimos como alimento tres cuartas partes del maíz blanco que producimos, al tiempo que destinamos como forraje el 75% de maíz amarillo mayormente importado. Informes: René Sánchez Galindo, 55-5436-4248 Francia Gutiérrez Hermosillo Comisión de Comunicación Demanda Colectiva Maíz
Declaración de la relatora de pueblos indígenas
Declaración de la relatora de pueblos indígenas Sábado 25 de noviembre de 2017 Miguel Concha La relatora especial de la Organización de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, presentó el pasado 17 de noviembre una Declaración de cierre de Misión en México, llevada a cabo entre el 8 y el 17 de este mes. Durante su visita, la relatora se reunió con 200 representantes de pueblos indígenas, la mitad de los cuales son mujeres pertenecientes a 23 pueblos indígenas de 18 estados del país. Y llevó a cabo igualmente una evaluación al Estado mexicano sobre lo que ha hecho en relación con las recomendaciones que en 2003 hiciera Rodolfo Stavenhagen, de feliz memoria, entonces relator especial. Luego de conocer información sobre casos de violaciones y violaciones graves a los derechos de los pueblos indígenas; de tomar nota de datos que las mismas autoridades le proporcionaron –por cierto que limitados, expresó, al referirse a reuniones e intercambios que sostuvo con diversas instancias de gobierno–, y de recibir las informaciones que organizaciones defensoras de derechos humanos le compartieron, la relatora dijo que persiste una brecha de implementación, tanto en relación con las recomendaciones del relator especial Stavenhagen, como en relación con la implementación de la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas. Y poniendo énfasis en los grupos específicos, que por ser indígenas, y por compartir otras características que los colocan en situación de vulnerabilidad, le parece que padecen mayores impactos, en su declaración se concentró en seis grandes temas. Por lo que se refiere al tema de tierras, territorios y recursos naturales, la relatora fue enfática, y en su mensaje hace notar una distancia grave entre las medidas legales, administrativas y políticas implementadas por el Estado mexicano –en la creación e implementación, por ejemplo, de las llamadas reformas estructurales–, y el respeto y cuidado de la tierra y territorio que pertenecen y en los que habitan pueblos y comunidades indígenas. La relatora es clara al señalar que la reforma agraria que ahora cargamos a cuestas en muchos de los conflictos territoriales debiera ser revisada a profundidad, de tal forma que se respete y proteja la propiedad social y comunal de la tierra, evitando incentivar cualquier limitación en el reconocimiento de los derechos de pueblos enteros. Otro tema que recalcó, tiene que ver con la autonomía, la libre determinación y la participación política de pueblos y comunidades indígenas. Respecto a esto, observó que siguen existiendo candados que hacen difícil el cumplimiento de estos derechos. Es por demás sabido –aunque pareciera que no por el Gobierno mexicano– que conforme al artículo primero de la Constitución Política lo relacionado con la libre determinación y la autonomía debe ser interpretado a la luz de estándares internacionales. Es decir, el Convenio 169 de la OIT, la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y la Declaración de la ONU sobre pueblos indígenas. Todo lo cual es fuente idónea de esos estándares y orientaciones para el ejercicio de esos derechos. No existe forma alguna para que el Estado pueda eximirse de su observancia. Y debido a la crítica situación en los territorios indígenas, hoy más que nunca se hace urgente garantizar el derecho de los pueblos indígenas a determinar sus prioridades de desarrollo. La relatora acogió con preocupación la denuncia de decenas de representantes de los pueblos indígenas que le mostraron cómo sus prioridades y estrategias de desarrollo no están contempladas en el actual marco legal y políticas relacionadas con el llamado desarrollo económico del Gobierno, ya que el desarrollo propuesto por los pueblos entra en colisión directa con el desarrollo impuesto por el Estado mexicano. En este sentido, la relatora afirmó: he escuchado quejas reiteradas sobre proyectos de desarrollo económico que no fueron adecuadamente consultados y han inducido al despojo de tierras e impactos ambientales, a conflictos sociales y criminalización de los miembros de las comunidades indígenas que se oponen a ellos. Esa ha sido la forma como el Estado mexicano resuelve los conflictos que enfrentan los pueblos indígenas ante megaproyectos. Otro de los asuntos más sentidos tiene que ver con la consulta y el consentimiento libre, previo e informado. La experta no titubeó en señalar que en México se registra una mala e inadecuada aplicación, lo que contribuye a divisiones y conflictos dentro de las comunidades. Y yo añadiría que cuando los pueblos dan seguimiento a esos procesos, con la intención de que la consulta ayude a salvaguardar sus bienes comunes, el Estado se empeña en obstaculizar su debido y adecuado procedimiento. Además, en su declaración estuvo más que presente el tema de la violencia, la impunidad y el acceso a la justicia. La relatora pudo también constatar cómo entre los pueblos indígenas se cuentan casos alarmantes de violaciones graves a derechos humanos, y asimismo el papel del crimen organizado, al que muchos jóvenes se integran debido a la falta de oportunidades para una vida digna en sus comunidades, y porque de no hacerlo, deben enfrentar tortura, desaparición o asesinato. Además, por si fuera poco, si los pueblos denuncian estas graves violaciones, entonces lo que encuentran es el obstáculo de un sistema de justicia que les revictimiza y discrimina. Así es como la impunidad queda instalada en la difícil situación que enfrentan. Por último, la experta dijo que los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de los pueblos indígenas cada vez se violentan más. Sistemáticamente vemos cómo la discriminación histórica no se erradica, y cómo el Estado queda alejado de poder evitar la pobreza multidimensional que les azota. No se garantizan en efecto derechos básicos, suficientes y adecuados para una buena vida. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada (modificada) : Tlachinollan Entradas relacionadas: Colectividad del maíz logra mantener la suspensión de siembra por tiempo indefinido Alerta: siembra de maíz transgénico se podría decidir este viernes 24 Defensa indígena del agua Se extiende investigación por feminicidio de Lesvy Berlín FORO: Los rostros de la impunidad: Violencia Feminicida en la CDMX Investigación por feminicidio de Lesvy debe continuar Estado Mexicano rinde cuentas ante
