El doble rasero de la justicia
El doble rasero de la justicia Sábado 04 de noviembre de 2017 Miguel Concha La atención de la opinión pública se volcó en días recientes hacia la abrupta remoción del titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade). De entre las muchas aristas, a partir de las cuales se puede analizar este suceso, una muy relevante estriba en contrastarlo con el largo proceso de búsqueda de verdad y justicia que hasta el día de hoy impulsan de modo ejemplar las familias de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. No obstante todo este tiempo, el caso, como es sabido, continúa sin ser resuelto, y fue de nuevo ventilado en el más reciente periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), celebrado en Montevideo, Uruguay, del 23 al 27 de octubre pasados, conforme a la dinámica del Mecanismo Especial de Seguimiento que la propia Comisión estableció para su investigación. Durante esa audiencia fue nuevamente ventilada la falta de avances en el esclarecimiento del paradero de los jóvenes. “La Comisión Interamericana agradece la información recibida en la audiencia –se lee en el comunicado de prensa emitido al final de las sesiones–, pero lamenta que aún no se tenga conocimiento del paradero de los estudiantes desaparecidos, y reitera nuevamente su preocupación ante la falta de celeridad en alcanzar conclusiones, tanto en las actividades de búsqueda, como en el esclarecimiento efectivo de las líneas de investigación señaladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes”. Don Emiliano Navarrete y doña Blanca Nava, en representación de las familias, al dar su testimonio sobre los estragos que después de todo este tiempo ha causado la desaparición de sus hijos en sus familias, dieron en cambio una muestra de dignidad. La CIDH por su parte reiteró a las víctimas y al Estado que no dejará de exigir verdad y justicia en el caso. El contraste entre el proceso de Ayotzinapa y el de la Fepade, fue también abordado en la audiencia. Y es que la comparación es inevitable en al menos dos niveles. Por un lado, al fiscal electoral se le cesó de forma fulminante, aduciendo la violación del Código de Conducta de la Procuraduría General de la República, a partir de ciertas declaraciones que efectuó a la prensa. Por el contrario, ese Código de Conducta ha brillado por su ausencia en Ayotzinapa a lo largo de todo este tiempo. Nunca se esgrimió para sancionar a los funcionarios de la institución que a su arbitrio, y como verdadera política de comunicación social, filtraron actuaciones de la indagatoria, con la abierta intención de criminalizar a los normalistas al comienzo de la investigación. Y tampoco se aplicó para sancionar a los funcionarios, hoy impunes, que usaron la tortura como método de investigación en el caso. Mucho menos se invocó para sancionar las graves irregularidades en que incurrió quien fuera titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, hoy cobijado por la Presidencia de la República en la Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional. A este funcionario nunca le fue aplicado el Código de Conducta de la Procuraduría, a pesar de que, ocultando su actuación –y en la que incluso interrogó a dicha persona sin abogado, que a la postre apareció torturada–, trasladó a un detenido sin registrar su desplazamiento. Lejos de ser sancionado, fue ascendido. Por otro lado, trazar un paralelo entre ambos sucesos pone de relieve también las nocivas continuidades de la justicia mexicana: en la PGR del actual régimen es más riesgoso ser independiente que torturar. Más peligroso actuar con autonomía que romper la ley. En efecto, el fiscal electoral no es el primer funcionario alejado de la institución por hacer su trabajo. Ocurrió, por ejemplo, con el ex visitador general de la institución, César Chávez, quien por concluir que Zerón de Lucio cometió irregularidades graves, que podrían tener trascendencia penal en el caso Ayotzinapa, y señalar que las detenciones de los acusados fueron arbitrarias, fue alejado súbitamente de la Procuraduría. En suma, lo que queda en evidencia de Ayotzinapa al escándalo de la Fepade es una procuración de justicia que literalmente se encuentra en ruinas. Una PGR que aplica groseramente un doble rasero, en el que la ley se supedita siempre a los intereses políticos. Lo cual es una mala noticia para el proceso electoral en ciernes. También para las familias de Ayotzinapa, porque el tiempo se acaba en este sexenio para que accedan a la verdad y a la justicia, a las que tienen derecho. Ambos sucesos, empero, muestran la relevancia que hoy adquieren los esfuerzos de la sociedad para revertir la crisis de impunidad que atraviesa el país. Desde aquellos que impulsan las organizaciones e instituciones académicas que buscan incidir en el desarrollo de un nuevo modelo de procuración de justicia, comenzando con la designación de personas verdaderamente autónomas, apartidistas y honestas en las principales fiscalías, hasta aquellos que siguen generando las familias de Ayotzinapa y las organizaciones que les acompañan. Respecto de estos últimos, cabe también hacer mención especial de los esfuerzos de los especialistas de Arquitectura Forense que llevaron al desarrollo de la Plataforma Ayotzinapa, hoy expuesta en el Museo de Arte Contemporáneo de la UNAM y disponible en Internet, misma que reconstruye formidablemente la noche de Iguala con herramientas de cartografía digital, dando con ello a la PGR una lección sobre cómo investigar delitos complejos con tecnología de punta. Esfuerzos como estos nos muestran que frente a una justicia politizada, que hace del doble rasero su regla de actuar, no queda más que seguir demandando desde la sociedad una Fiscalía que sirva, hasta que las negras nubes de la impunidad se disipen. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada (modificada) : Adrián Martínez Entradas relacionadas: Colectividad del maíz logra mantener la suspensión de siembra por tiempo indefinido Alerta: siembra de maíz transgénico se podría decidir este viernes 24 Se extiende investigación por feminicidio de Lesvy Berlín FORO: Los rostros de la impunidad: Violencia
Criminalización de la ANUEE y la protesta social
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] 03 de noviembre de 2017 Por: Marisol Feria* y Carlos Ventura* La limitación de protestas sociales, acompañadas de detenciones arbitrarias, se han convertido en uno de los métodos de disciplina y control social más usados por autoridades mexicanas en la administración de Enrique Peña Nieto. Éstas son cometidas contra organizaciones sociales y personas de presencia y liderazgo importante entre procesos de resistencia que se oponen a megaproyectos, que se organizan para defender sus territorios y especialmente sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA), por mencionar algunos. En la última década, se ha consolidado un régimen de despojo que se ha gestado desde hace ya varios lustros con la imposición de políticas neoliberales, que protegen intereses económicos de las transnacionales e incentivan la mercantilización de bienes comunes naturales y de derechos, que son vistos como bienes de capital. La Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica (ANUEE), donde participan más de 70 mil personas, ha sufrido en lo que va del presente año agresiones y detenciones arbitrarias en contra de sus integrantes, que han mantenido una larga lucha con carácter social en contra del desmantelamiento del sector energético y las diversas problemáticas que entraña éste en distintos ámbitos y dimensiones de la vida individual y colectiva. El Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria acompaña este movimiento en la documentación de hechos violentos relacionados con la defensa del derecho humano a la energía eléctrica, acompaña movilizaciones, e insiste ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la importancia de reconocer y proteger este derecho, también se ocupa de la defensa integral de las personas que han sido detenidas. Apenas el pasado 19 de agosto fueron detenidas de forma arbitraria dos personas en Naucalpan, Estado de México. Se habían comenzado trabajos de “modernización” en infraestructuras eléctricas, razón por la cual vecinos salieron de sus casas a solicitarle a trabajadores y contratistas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) información sobre esas obras, en ejercicio del derecho de petición e información, sin embargo de forma intencionada se les negó, llamándolos “indios cerrados”. Posteriormente, el día 14 de octubre de 2017 en ese mismo municipio, policías municipales realizaron violentos actos de represión y detuvieron a otras dos personas. Incluso, sobre estos hechos, se denunció tortura sexual en uno de los casos: quien policías sacaron de su automóvil y arrastraron por el pavimento a una de esas personas, para luego ser inmovilizada contra el suelo por dos policías de sexo femenino, sentándose en sus piernas y golpeándola, mientras alrededor se encontraban otros agentes del sexo masculino indicándoles a aquéllas donde golpear para someter a la víctima, mofándose y vociferando insultos como: “¡Eres una puta!, ¡te lo sacaste por revoltosa!” A lo que siguió la puesta a disposición y posterior traslado al seguro social, porque no había un médico legista. Todo con una violencia brutal y un trato degradante. La mayoría de los casos de detenciones y criminalización de integrantes de la ANUEE se realizó bajo la denuncia y puesta a disposición en la Procuraduría General de la República (PGR), y la subsecuente imputación del delito de oposición a obra o servicio público, el cual se encuentra en el artículo 185 del Código Penal Federal. Delito que debiera ser considerado inconstitucional, toda vez que ahora se usa discrecionalmente cada vez más contra quienes se “oponen” a obras públicas. En medio de este conflicto, el pasado 16 de octubre, en el penal de máxima seguridad número 1 del Altiplano, Estado de México, se realizó la audiencia de formulación de imputación y solicitud de vinculación a proceso por los hechos del 19 de agosto; se generó un precedente importante en la lucha contra la criminalización de la protesta. En ese proceso personas asesoras jurídicas del Centro Vitoria, que acompañan a la ANUEE, dejaron registro ante el juez del exceso que significa judicializar una problemática social, cuando se pretende aplicar todo el “rigor de la ley” y lanzar una agresiva maquinaria penal contra quienes ejercen el derecho a la protesta social, el derecho a disentir y resistir. Lograron la no vinculación al delito y llamó la atención la argumentación del juez, que protegió a estas personas señalando sus derechos a la libertad de expresión, manifestación y protesta social. Un paso contundente que de forma inmediata las autoridades federales buscan anular, ya que la PGR continúa en su pretensión de criminalizar este movimiento. Sin embargo, obvia reconocer que con ello incurre en graves violaciones a derechos humanos y actúa como defensora no del pueblo, sino de empresas e intereses particulares. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] * Integrantes del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP, AC Consultar artículo en Contralínea. Imagen destacada: Arturo Vázquez [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
La RedTDT frente a la situación del país
La RedTDT frente a la situación del país Sábado 28 de octubre de 2017 Miguel Concha Los días 20, 21 y 22 deoctubre se llevó a cabo la LV Asamblea General de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDT). En ella se reflexionó sobre temas de mucha importancia para la labor de las organizaciones defensoras de derechos humanos, no sólo las que están integradas a la Red, sino también todas aquellas que, desde una perspectiva que se compromete ética y políticamente con la transformación de la realidad de violencia y constantes violaciones a los derechos humanos en México, se dedican a la defensa integral de estos derechos. La RedTDT es un espacio conformado por 84 organizaciones con presencia en 23 estados de la República. Los grupos que la componen convergen en ideales de justicia, paz, democracia y respeto irrestricto de los derechos humanos, cuya defensa debe ser total; es decir, que no se debe luchar sólo para que se hagan valer algunos derechos, sino que tiene que hacerse desde una posición amplia, integradora y liberadora. Desde su fundación hace 27 años, y después de 55 asambleas, las organizaciones de la Red son colectividades plurales, no partidistas y no gubernamentales que –atendiendo a las coyunturas, pero sabiendo que la búsqueda de la justicia, la centralidad de la dignidad humana y el cuidado de los bienes naturales son de paso firme y continuado–, sostienen procesos de largo aliento y realizan labores de formación, defensa y promoción de los derechos humanos. Por ello es una articulación referente que posibilita el encuentro, la reflexión y la acción conjunta desde diversos lugares del país, y en su trabajo vibra la lucha de organizaciones de base que son acompañantes y parte de procesos liberadores mediante la defensa de los derechos humanos. De manera recurrente la Red genera análisis que permiten conocer las trayectorias que las organizaciones sociales han seguido en la defensa de los derechos en México. Y en su última asamblea estos análisis versaron sobre problemáticas y alternativas que surgen desde procesos locales, para luego ubicarse como situaciones de alcance e impacto nacional e internacional. Gracias a la Red hoy también sabemos que el clima es adverso para ejercer esta labor, pues, de conformidad con las reflexiones de la asamblea, y teniendo en cuenta el prólogo de su último informe sobre el derecho a defender los derechos humanos –del que me ocupé en este mismo espacio ( La Jornada, 30/09/17)–, estas personas son atacadas por la labor que llevan a cabo, por lo que el mapeo de sus ámbitos de lucha permite identificar qué dinámicas generan mayores conflictos sociales en México y cuáles derechos están en juego en el país. Sin embargo, aún en este contexto, la esperanza no se agota, y por el contrario en los trabajos colectivos se reanima la lucha para continuar en la construcción de un mundo más digno y justo. La vida de las organizaciones defensoras de derechos humanos se revitaliza permanentemente en un compromiso constante por la justicia, y por ello los sucesos relativos al proceso político de transformación de la Procuraduría General de la República en una fiscalía autónoma, que sirva a las víctimas y tenga como centro los derechos humanos, fueron analizados con profundidad. Muchas de estas organizaciones se han hecho cargo también de denunciar, documentar y visibilizar la honda desigualdad social que padecemos en México. Quienes son parte de esta Red, jamás han titubeado en señalar que el modelo económico impuesto en las últimas décadas ha generado que quienes tienen más riqueza, acumulen más, mientras que quienes tienen menos recursos para una vida digna, cada vez tengan menos. No pudo tampoco quedarse de lado una reflexión sobre los recientes acontecimientos del 7 y 19 de septiembre, cuando las experiencias por los sismos nos develaron la urgencia de insistir en un alto a la corrupción, y en la necesidad por tanto de un mayor control de lo que el Estado haga de manera preventiva antes y durante los desastres naturales, así como de lo que investiga, sanciona, repara y construye después de los siniestros, desde la sociedad. A este respecto, no es superfluo añadir que organizaciones de la Red también estuvieron presentes desde los primeros momentos acompañando las labores de rescate y documentación de violaciones a derechos humanos, así como lo que se ha venido posteriormente haciendo en torno a la atención a las personas afectadas y los programas de construcción de otra ciudad. Un tema cada vez más reflexionado, consolidado y atendido de manera transversal entre las organizaciones de la Red ha sido también el tema de la violencia de género. Organizaciones sociales en diversos estados de la República han generado estrategias integrales para erradicarla, haciendo incluso uso de la llamada alerta de género, por medio de una lucha constante ante instituciones indolentes frente a la violencia sistemática contra las mujeres, la cual tiene entre sus más graves expresiones los feminicidios. Y en este sentido, el trabajo estratégico de defensa también pudo observarse en las agendas que organizaciones impulsan para beneficiar la protección de las personas migrantes. En la asamblea se compartieron desde luego sendas informaciones sobre graves violaciones a derechos humanos, y sobre los resultados –siempre perfectibles– que los movimientos de víctimas y las organizaciones han logrado en torno a la Ley General contra la Tortura y la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición cometida por Particulares. Hoy esta Red de organizaciones llega a su asamblea 55, y sus nudos fuertes también permiten que las organizaciones que la integran se sigan encargando de la realidad para transformarla. Felicidades por su trabajo, y que vengan muchas asambleas más. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada (modificada) : RedTDT Entradas relacionadas: Colectividad del maíz logra mantener la suspensión de siembra por tiempo indefinido Alerta: siembra de maíz transgénico se podría decidir este viernes 24 Se extiende investigación por feminicidio de Lesvy Berlín FORO: Los rostros de la impunidad: Violencia Feminicida en la CDMX Investigación por
Organizaciones sociales denuncian puntos de riesgo en la «modernización» del TLCAN
ORGANIZACIONES SOCIALES DENUNCIAN PUNTOS DE RIESGO EN LA “MODERNIZACIÓN” DEL TLCAN 25 de octubre de 2017 -“Modernización” otorga más “derechos” a corporaciones por encima de los derechos humanos y de los pueblos. -TLCAN amenaza derechos a la privacidad, al acceso al conocimiento y a la libertad de expresión. -Renegociación permitiría la introducción de OGM’s y postransgénicos. -Contradicciones del gobierno de México en el carácter vinculante y la garantía de derechos laborales. La Convergencia de Organizaciones Sociales “México Mejor Sin TLC’s” (en la que confluyen organizaciones campesinas, sindicales, ambientalistas y defensoras de derechos humanos y digitales), el Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A.C., y Semillas de vida, así como personas especialistas provenientes de México, Estados Unidos y Argentina, nos hemos reunido para difundir, profundizar y discutir información respecto a la coyuntura de la renegociación y supuesta “modernización” del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). En particular, hicimos énfasis en las afectaciones que esta renegociación tendrá en los mecanismos de resolución de controversias entre inversores y Estado, en materia de comercialización de Organismos Genéticamente Modificados (OGM’s) y los llamados “postransgénicos”, y en la protección de los derechos laborales y digitales. Afectaciones que se unen a las consecuencias que ha tenido la pertenencia de México a este Tratado a lo largo de los 23 años en los que se ha implementado. Grupos organizados de trabajadoras y trabajadores recuerdan la falsa promesa que traía consigo el TLCAN de generar mayor cantidad de empleos con su implementación, denunciando que a raíz de su firma por el Estado mexicano se han vulnerado de manera sistemática los derechos laborales, por medio de salarios indignos, la falta de prestaciones, la intensificación de las jornadas laborales y la precarización de las y los trabajadores. Asimismo, organizaciones sindicalistas señalan que estas violaciones a derechos laborales afectan de manera especial a mujeres trabajadoras, debido a la brecha salarial aún existente y a la falta de condiciones que permitan garantizar el derecho a la no discriminación en los espacios de trabajo. También damos a conocer el carácter impositivo de la renegociación del TLCAN por medio de la modernización de los mecanismos de solución de controversias entre inversores y Estados (ISDS, por sus siglas en inglés), los cuales permiten que empresas transnacionales demanden a los gobiernos de los países por sumas millonarias cuando éstos, supuestamente, afectan sus inversiones. Los ISDS permiten que estas demandas se den cuando los Estados toman medidas que garanticen los derechos de las personas y los pueblos, priorizando la ganancia de las grandes empresas mineras, petroleras, inmobiliarias y alimenticias a costa del medio ambiente, los territorios, los pueblos indígenas y los barrios y colonias populares del país. En otras palabras, le dan “derechos corporativos” a las empresas que permiten violaciones sistemáticas a los derechos humanos, agravando los actuales conflictos dados entre empresas transnacionales y los pueblos y comunidades que se encuentran en resistencia para la protección de sus territorios y su modo de vida. Por otro lado, también se señalaron las implicaciones que el TLCAN tendrá al considerar nuevos puntos de renegociación. En primer lugar, en esta coyuntura empresas como Monsanto buscan imponer en la región un sistema que promueve la desregulación del comercio de OGM’s. Aunque se ha logrado la prohibición jurídica a la siembra de maíz transgénico en México, la no reglamentación que se busca implementar permitiría que se comercialicen productos genéticamente modificados y de la biotecnología moderna. Esto, bajo las reglas discrecionales que las empresas han logrado imponer en Estados Unidos. En segundo lugar, se señaló la vulneración al derecho a la privacidad, acceso al conocimiento y a la libertad de expresión que representan los puntos del TLCAN referentes a propiedad intelectual y comercio digital que violan nuestra libertad de expresión al imponer prácticas de manejo de contenido en Internet que son armas para la censura. Por otro lado, la imposición del libre flujo de datos personales significa la renuncia al control que tenemos sobre el tratamiento de nuestros datos personales, dejándolos a la merced de corporaciones y Estados para su explotación. Considerando estos riesgos ya vigentes o previsibles de la implementación y renegociación del TLCAN, las organizaciones que conformamos la Convergencia “México Mejor sin TLC’s”, nos oponemos a este intento de fortalecer y perpetuar el sistema económico neoliberal que se basa en el despojo de los pueblos y en las violaciones a los derechos de las personas. De la misma manera, denunciamos el sistemático secretismo de las negociaciones de los Tratados de Libre Comercio, tras las cuales no hay mecanismos de transparencia que den cuenta de lo que se está negociando y que constituyen la imposición de una serie de medidas que perpetúan el despojo y la vulneración al trabajo digno, a la salud, a la soberanía alimentaria y al acceso a la información por medios digitales. En vista de la Quinta Ronda de Negociaciones sobre el TLCAN, a realizarse del 17 al 21 de noviembre de 2017 en la Ciudad de México, anunciamos que se llevarán a cabo acciones a nivel trinacional en México, Estados Unidos y Canadá, para exigir a los Estados que se ponga alto al avance del neoliberalismo por medio del TLCAN, para que se priorice por sobre las ganancias de las grandes empresas la vida digna de las personas, de los pueblos y del medio ambiente. Atentamente Convergencia de Organizaciones Sociales “México Mejor Sin TLC’s”. Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria, O.P”, A.C. Semillas de Vida, A.C. Más información : Contacto: Jorge Aguilar. Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A.C. 56596797 ext. 227. Entradas relacionadas: Organizaciones sociales denuncian puntos de riesgo en la “modernización” del TLCAN El Protocolo sobre uso de la fuerza para la Policía Federal debe modificarse ya que es ambiguo, presenta ausencias y podría usarse de manera arbitraria Por el diálogo y la libertad de los presos en Cataluña Tribunal Superior de Justicia resuelve reclasificar caso de Lesvy como feminicidio agravado Clausura de la 15a generación de La Escuelita (EDJDH) Encuentro Internacional:
Amenazas contra el derecho a la información
Amenazas contra el derecho a la información Sábado 21 de octubre de 2017 Miguel Concha La situación de la libertad de expresión ha sido crítica y difícil durante los últimos años en el país. La represión y censura por parte del gobierno federal y los gobiernos locales se han vuelto constantes y evidentes, pero sobre todo impunes. Basta con mencionar los casos de Miroslava Breach y Javier Valdez, corresponsales de La Jornada, para evidenciar la criminalización y persecución de periodistas, así como la ineficiencia de las autoridades para hacer justicia. Por ello una de las tantas exigencias de la sociedad civil organizada por la libertad de expresión ha sido la de abrir espacios para la discusión e intercambio de ideas y opiniones, con las garantías de respeto, seguridad y voluntad política para revertir esa situación de crisis. Dicha exigencia se vio reflejada en la reforma de telecomunicaciones, con la que se buscó romper con el duopolio televisivo y pluralizar los espacios de comunicación. Sin embargo, y para nuestra desgracia, el día 4 del presente la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría la iniciativa presentada por el diputado Benjamín Medrano Quezada a la comisión permanente de la LXIII Legislatura, por la cual se modifican la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) y el Código Penal Federal. La iniciativa, que debilita y ataca directamente a los medios indígenas y comunitarios, consiste en la adición de sanciones penales a actos a los que hasta ahora sólo les correspondían sanciones administrativas: de dos a seis años de prisión; de 100 a 300 días de multa, y decomiso, a aquellas personas que sin contar con autorización o concesión aprovechen y exploten bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico o recursos orbitales, de los instrumentos, objetos o productos del delito. Para colmo, la iniciativa reconoce basarse explícitamente en leyes vigentes en Chile durante la época de la dictadura militar, tras la cual, y de acuerdo con la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, persisten en ese país normativas y prácticas que suponen restricciones indebidas del goce y ejercicio efectivo del derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información. Consideraciones que han resaltado cientos de organizaciones sociales que luchan por el derecho a la información y la comunicación libre en México. En la medida en que se reproduzcan este tipo de ordenamientos en el país, las libertades de expresión y de opinión se verán desamparadas de medios legales que las protejan y defiendan como un derecho fundamental de los Estados democráticos, convirtiéndolos en cambio en nudos de preceptos que persiguen y criminalizan el uso de un bien común, como lo es la comunicación. Además, en las actuales circunstancias, es preciso reconocer la importancia que tuvieron en los sismos del 7 y 19 de septiembre los medios comunitarios, entre ellos los no concesionados, para hacer llegar ayuda, información y apoyo en forma efectiva a zonas afectadas que se encontraban prácticamente incomunicadas. Las actividades de comunicación y difusión que llevan a cabo los medios comunitarios son también fundamentales para la concientización e inclusión, dentro de los procesos y hechos que atañen a todos, de los diversos grupos que conforman al país. Su participación solidaria en los sismos es muestra clave de lo necesario y útil que son para dichos fines. La iniciativa del diputado Benjamín Medrano se presenta también como un obstáculo a uno de los ejercicios representativos de la democracia mexicana, pues, en los periodos previos a las elecciones, los medios de comunicación se convierten en espacios estratégicos para el debate de los proyectos, propuestas y acciones de los candidatos. Por ejemplo, para la candidatura de María de Jesús Patricia Martínez, del Consejo Nacional Indígena (CNI), la penalización implicaría un ataque directo a los medios que en primera instancia están relacionados con el CNI, y por tanto obstaculizaría su competencia y ejercicio democrático. Toda legislación debe respetar y garantizar los derechos humanos, circunstancia que resulta trascendente cuando se crean leyes en materias que violan derechos llave (sic), sobre todo de grupos en situación de vulnerabilidad. La aprobación de esta iniciativa por la Cámara de Diputados significaría un acto de regresividad de los derechos humanos, pues el legislar constituye el primer acto para materializarlos. Además, la Constitución señala que ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 6o. de la misma. En este sentido, la mencionada iniciativa impide que las personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas, y periodistas, ejerzan derechos fundamentales, como la libertad de expresión, la protesta social, los derechos lingüísticos, la comunicación y la información. Igualmente, si apelamos a los principios de interdependencia e indivisibilidad, los derechos mencionados se convierten en derechos llave que generan condiciones para acceder a otros derechos humanos. Y por ello organizaciones de la sociedad civil reiteraron en días pasados su llamado a la apertura de espacios (https://goo.gl/S83Br3) y a la protección y respeto de las ideas y opiniones, pidiendo al pleno de las diputadas y diputados que no aprueben esa iniciativa, y en su lugar atiendan las diversas recomendaciones de organismos internacionales en materia de derechos humanos, específicamente sobre la libertad de expresión, para fortalecer los derechos a la información, comunicación y libertad de expresión, mediante la mejora de los mecanismos de protección a periodistas y comunicadores en el país. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada (modificada) : Adrián Martínez Entradas relacionadas: Organizaciones sociales denuncian puntos de riesgo en la “modernización” del TLCAN Amenazas contra el derecho a la información El Protocolo sobre uso de la fuerza para la Policía Federal debe modificarse ya que es ambiguo, presenta ausencias y podría usarse de manera arbitraria Por el diálogo y la libertad de los presos en Cataluña Tribunal Superior de Justicia resuelve reclasificar caso de Lesvy como feminicidio agravado Clausura de la 15a generación de La Escuelita (EDJDH) Encuentro Internacional: Puntos Clave en la Negociación y “Modernización” del TLCAN
El Protocolo sobre uso de la fuerza para la Policía Federal debe modificarse ya que es ambiguo, presenta ausencias y podría usarse de manera arbitraria
EL PROTOCOLO SOBRE EL USO DE LA FUERZA PARA LA POLICÍA FEDERAL DEBE MODIFICARSE YA QUE ES AMBIGUO, PRESENTA AUSENCIAS Y PODRÍA USARSE DE MANERA ARBITRARIA 20 de octubre de 2017 -Es importante que el Protocolo incorpore estándares mínimos sobre la intervención policial en contextos de manifestaciones, para casos como las graves violaciones ocurridas en junio de 2016 en Nochixtlán, Oaxaca; -La Policía Federal debe continuar elaborando protocolos específicos de actuación, que abarquen las intervenciones policiales en disturbios, manifestaciones y operativos migratorios. Ciudad de México, a 20 de octubre de 2017.- El 18 de octubre de 2017, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Protocolo de Actuación de la Policía Federal sobre el Uso de la Fuerza, en respuesta a la necesidad de contar con un marco de aplicación de la fuerza pública por parte de elementos de seguridad pertenecientes a la Policía Federal (PF) y a la Recomendación 7VG de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por violaciones graves a derechos humanos perpetradas por la Policía Federal en las manifestaciones de Nochixtlán, Oaxaca el 19 de junio del año pasado. Las organizaciones que conformamos el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS) destacamos la importancia de este Protocolo, siendo un avance para la regularización de las actuaciones de la PF. Destacamos la incorporación de estándares sobre la progresividad en la aplicación de los niveles del uso de la fuerza pública, los derechos de las y los integrantes de la PF ante sus superiores, el establecimiento de exclusión de responsabilidad ante órdenes ilegales o inconstitucionales y la asignación de armas no letales o potencialmente letales únicamente al personal capacitado y asignado para su uso. No obstante, existen omisiones dentro del Protocolo que podrían ocasionar graves violaciones de derechos humanos, principalmente en el contexto de manifestaciones o reuniones en todo el País. En primer lugar, se señala que este Protocolo “podrá emplearse también para restablecer el orden público causado por disturbios colectivos y actos tumultuarios que generen violencia o daños a terceros, propiedades e integridad física de otras personas, así como en situaciones de alteración grave del orden y la paz públicos”, este texto es ambiguo y puede usarse para justificar la intervención arbitraria de la PF en manifestaciones o reuniones, como ocurrió el 1 de diciembre de 2012 en la Ciudad de México; en Apatzingan el 6 de enero de 2015; en Nochixtlan, Oaxaca el 19 de junio de 2016; o en Playas de Rosarito, Baja California en enero de 2017. En todo caso el “orden y la paz públicas” deben interpretarse a la luz de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales, no en contraposición a ellos. El Protocolo no es claro para saber cómo debe actuar la PF en desalojos, enfrentamientos con el crimen organizado o manifestaciones y reuniones. Debe recordarse que en su informe anual de 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que “[e]n el diseño de las normas, especial énfasis se deberá tomar en los diferentes escenarios en los que se requiere la presencia de los agentes del orden, debiendo contar con parámetros claros que rijan, por ejemplo, en desalojos, y que necesariamente deberán ser distintos en manifestaciones públicas, o motines en centros de detención, enfrentamientos con particulares o grupos en conflicto con la ley, entre otros escenarios”. Cuando alguna fuerza policiaca intervenga en manifestaciones o reuniones, los estándares internacionales determinan que los policías tienen prohibido usar o portar armas letales o potencialmente letales, para prevenir violaciones graves a derechos humanos. Este estándar es fundamental que sea incluido en el Protocolo ya que este no hace alusión a tal prohibición, lo que consideramos una ausencia que debe resarcirse a la brevedad. Las organizaciones que conformamos el FLEPS consideramos importante destacar que la CIDH ha señalado que “[s]ea cual sea el formato adoptado por quienes ejercen este derecho, la actuación policial debe tener como objetivo principal la facilitación y no la contención o la confrontación con los manifestantes”. Por tanto, la actuación de la PF debería enfocarse a la facilitación de manifestaciones, no al control o dispersión de las personas que participan en ellas. Otros puntos importantes que están fuera del Protocolo son: la protección hacia periodistas y personas defensoras de derechos humanos, el enfoque diferenciado en la actuación policial sobre grupos en situación de vulnerabilidad; la prohibición de detenciones masivas; la recopilación y análisis de datos derivados de los operativos donde participe la corporación; la temporalidad y necesidad de continua capacitación de las y los integrantes, principalmente en el uso de armas no letales y potencialmente letales; la transparencia y la rendición de cuentas previo y posterior a los operativos; así como la responsabilidades en la cadena de mando; el registro de las armas y equipo asignados, entre otros. Por tanto, las organizaciones que conformamos el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social hacemos un llamado al Comisión Nacional de Seguridad (CNS) para que haga las modificaciones necesarias para la incorporación de estándares mínimos sobre el uso de la fuerza en contexto de manifestaciones y reuniones en el Protocolo de Actuación de la Policía Federal sobre el Uso de la Fuerza, con la finalidad de garantizar su actuación bajo los más altos estándares en la materia. Asimismo, la CNS debería trabajar en protocolos específicos de actuación policial, en apartados especiales, para control de disturbios, participación en operativos migratorios, intervención en zonas de conflicto y en la facilitación de manifestaciones o reuniones, desde un enfoque de derechos humanos y con la participación de personas expertas en seguridad y sociedad civil especializada. Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social: ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, A.C., Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C., Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo CEPAD, A.C., Centro Nacional de Comunicación Social A.C. Cencos, Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios CAUSA, Espacio Libre e Independiente Marabunta A.C., Fundar Centro de Análisis e
Por el diálogo y la libertad de los presos en Cataluña
POR EL DIÁLOGO Y LIBERTAD DE LOS PRESOS DE CATALUÑA Las diversas visiones alrededor del proceso de independencia de Cataluña han desatado un conflicto que sin justificación alguna ha derivado en cancelación de libertades democráticas mediante la violencia y en la injusta prisión de dirigentes que en todo momento han conducido su acción por vías pacíficas. Preocupados por la situación de un país hermano, pensamos que la vía de solución es el diálogo, reconociendo siempre el derecho a decidir y el respeto a los derechos humanos. Para ello es indispensable la inmediata puesta en libertad de Jordi Sánchez (Presidente de la Asamblea Nacional Catalana) y Jordi Cuixart (Presidente de Omnium Cultural), así como el fin a cualquier pretensión autoritaria de parte del gobierno español. Desde México y América Látina nos mantendremos atentos, impulsando siempre una solución pacífica y satisfactoria para Cataluña y España. Atte. Cuauhtémoc Cárdenas (Fundación para la Democracia), Miguel Concha (CDH Fray Francisco de Vitoria), Adolfo Gilly (Historiador), Alejandro Encinas (Senador de la República), Javier Sicilia (Activista) Pablo Gentili (Secretario Ejecutivo de CLACSO) Entradas relacionadas: Por el diálogo y la libertad de los presos en Cataluña Tribunal Superior de Justicia resuelve reclasificar caso de Lesvy como feminicidio agravado Clausura de la 15a generación de La Escuelita (EDJDH) Encuentro Internacional: Puntos Clave en la Negociación y “Modernización” del TLCAN COMUNICADO URGENTE: Organizaciones sociales y personas defensoras de derechos humanos hacemos un llamado de cese al hostigamiento y criminalización contra pobladores de Huitzilán de Serdán, Puebla Denunciamos la continua represión del gobierno de Michoacán contra normalistas, activistas y defensores de derechos humanos Desinterés y simulación de Diputados en designación de la #NuevaCDHDF (ACTUALIZACIÓN) Familia de Lesvy sostiene exigencia de justicia y reclasificación de delito en Audiencia de Apelación Carta Abierta al Señor Justin Trudeau, Primer Ministro de Canadá La CDHDF que queremos Perfil necesario>
Tribunal Superior de Justicia resuelve reclasificar caso de Lesvy como feminicidio agravado
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA RESUELVE CLASIFICAR CASO DE LESVY COMO FEMINICIDIO AGRAVADO Ciudad de México, 18 de octubre de 2017 -Magistrada y Magistrados de 5ta sala penal reclasifica el caso de Lesvy como feminicidio agravado. -Familia y representación legal demuestra invalidez de investigaciones de la PGJCDMX -Resolución es paso fundamental en la verdad y justicia para Lesvy y su familia. El pasado viernes 13 de octubre se llevó a cabo una Audiencia de Apelación en relación al caso de Lesvy Berlín Rivera Osorio, en la cual la familia y su representación legal presentaron elementos suficientes para que el delito del que fue víctima se reclasifique como feminicidio agravado, para que los hechos se investiguen como tal y con perspectiva de género. Esto, después de que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX) declarara e insistiera en clasificar el delito como un homicidio simple doloso por omisión, es decir, que el imputado no impidió el supuesto suicidio de Lesvy. La 5ta sala penal, integrada por la Magistrada Celia Marín Sasaki y los Magistrados Salvador Ávalos Sandoval y Arturo Eduardo García Salcedo, hoy ha resuelto que se reclasifique el delito imputado como feminicidio agravado, lo que implica que las autoridades están obligadas a revisar todas las pruebas con perspectiva de género y debida diligencia, bajo la hipótesis de feminicidio, de manera inmediata, seria e imparcial, acciones que hasta el momento no han sido realizadas. La familia y la representación legal de este Centro de Derechos Humanos nos congratulamos con esta resolución, pues constituye un paso fundamental en la búsqueda de justicia y verdad para Lesvy y su familia, de la misma forma representa un antecedente importante para el acceso a la justicia de las mujeres, en casos de feminicidio en la Ciudad de México y todo el país. Seguiremos en nuestra lucha por esclarecer este feminicidio y dignificar la memoria de Lesvy Berlin. A cinco meses y medio, familiares y organizaciones acompañantes hemos sostenido y demostrado la invalidez de los argumentos e hipótesis de la PGJCDMX presentados durante este proceso judicial. Hoy nuevamente decimos NO FUE SUICIDIO, FUE FEMINICIDIO. ¡Ni un feminicidio más! ¡Justicia para Lesvy! ¡Justicia para todas las mujeres! Atentamente: Familiares de Lesvy Berlín Rivera Osorio Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria Más información : Contacto: Jorge Aguilar. Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A.C. 56596797 ext. 227. Foto : JAguilar Entradas relacionadas: Por el diálogo y la libertad de los presos en Cataluña Tribunal Superior de Justicia resuelve reclasificar caso de Lesvy como feminicidio agravado Clausura de la 15a generación de La Escuelita (EDJDH) Encuentro Internacional: Puntos Clave en la Negociación y “Modernización” del TLCAN COMUNICADO URGENTE: Organizaciones sociales y personas defensoras de derechos humanos hacemos un llamado de cese al hostigamiento y criminalización contra pobladores de Huitzilán de Serdán, Puebla Denunciamos la continua represión del gobierno de Michoacán contra normalistas, activistas y defensores de derechos humanos Desinterés y simulación de Diputados en designación de la #NuevaCDHDF (ACTUALIZACIÓN) Familia de Lesvy sostiene exigencia de justicia y reclasificación de delito en Audiencia de Apelación Carta Abierta al Señor Justin Trudeau, Primer Ministro de Canadá La CDHDF que queremos Perfil necesario>
Clausura de la 15a generación de La Escuelita (EDJDH)
SOBRE EL EVENTO: La Escuelita es un proyecto de formación política de ocho meses de duración para jóvenes en donde se aprende y comparten experiencias y saberes sobre la defensa y promoción de los derechos humanos desde una visión crítica y propositiva de la realidad. Durante 15 años consecutivos, la Escuelita se ha nutrido de toda una gama de experiencias, saberes, conocimientos y perspectivas para la defensa y promoción de los derechos humanos que ha acompañado a cientos de personas jóvenes en sus tareas encaminadas a la búsqueda de condiciones más justas y dignas. Es un espacio en donde nos indignamos y nos organizamos frente a una realidad de abrumadoras violaciones a los derechos humanos y constante deshumanización. Con el motivo de la clausura de la 15a generación, les invitamos a encontrarnos, conocer algunos de los proyectos que las y los integrantes de esta generación realizarán en sus comunidades y universidades y también para compartir experiencias a lo largo de los años en el marco de este proyecto y proceso, fundamental para el Centro Vitoria. Entrada libre. Sábado 28 de octubre SALA 22 DEL CUC (Centro Universitario Cultural): Odontología 35 Col. Copilco-Universidad, Del. Coyoacán, Ciudad de México.
Encuentro Internacional: Puntos Clave en la Negociación y “Modernización” del TLCAN
SOBRE EL EVENTO: Los Tratados Comerciales deben ser entendidos en su complejidad, tras su lenguaje técnico y negociaciones opacas que les caracterizan (el proceso de «renegociación» del TLCAN mismo como ejemplo) existen claras intenciones en clausulas que benefician sólo a la iniciativa privada transnacional a costa de los derechos humanos de las personas en los países que firman. La mercantilización y privatización a la vida como tendencia. Encontrémonos para dialogar y compartir alternativas, para crear alianzas y elaborar acciones. Participan: *Steve Suppan (The Institute for Agriculture and Trade Policy)*Luciana Ghiotto (Argentina mejor sin TLC)*Lourdes Zea (Stunam Sindicato)*Santiago Narváez (R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales) Más información : Samantha Cruz o Karen Garduño, Centro Vitoria : 5659 6797 ext. 227 Martes 24 de octubre de 2017 Centro Horizontal : Colima 378, Col. Roma, Ciudad de México.
