Contra el silenciamiento a defensores de derechos humanos
Contra el silenciamiento a defensores de derechos humanos Sábado 30 de septiembre de 2017 Miguel Concha Las personas defensoras de derechos humanos en México son una muestra de la fortaleza que tiene nuestra sociedad para combatir fehacientemente la impunidad y la injusticia. Son personas que han hecho vida el proyecto de construir un mundo más justo, digno, habitable, y que asumen el cuidado de su entorno y la naturaleza. En los últimos años las hemos visto con más fuerza trabajando al lado de las víctimas de desaparición forzada o de desaparición a manos de particulares; defendiendo a las comunidades indígenas y campesinas, frente a los proyectos de despojo; acompañando a los migrantes al lado de las vías del tren, o luchando desde muy distintas regiones contra la violencia feminicida en centros de derechos humanos. Las y los defensores son la contraparte de la crisis que vivimos en México. Una crisis que tiene su expresión desgarradora en el relato de las víctimas y en el sufrimiento de grandes colectivos de personas y comunidades. Son por ello esperanza que se comparte y se hace valer en la de protección de todas y todos. El más reciente informe de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), publicado con el título de La esperanza no se agota. Situación de las personas defensoras de derechos humanos durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, documenta 862 eventos en 302 casos, en los que fueron afectadas mil 37 personas, y violentados por su trabajo en derechos humanos 422 colectivos. Por su gravedad destaca la cifra de 106 personas defensoras ejecutadas extrajudicialmente, y la de 81 desaparecidas desde el primero de diciembre de 2012. Esta grave situación muestra el sello de la actual administración: la indiferencia relacionada con el derecho a defender los derechos humanos en México, como una labor fundamental en la construcción de un país democrático con justicia y en paz. La preocupación expresada por Zeid Al Hussein, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, definida en su anterior visita a México como matar al mensajero, es válida hoy más que nunca. De esta forma se perfila el rostro de quien aceptó públicamente su responsabilidad por el brutal operativo de San Salvador Atenco en mayo de 2006, y quien ha roto récords en términos de violencia, como quedó claro cuando junio de 2017 se convirtió en el mes con más homicidios en 20 años. Pero estos números se vuelven aún más graves cuando vemos la situación en las cuatro regiones donde este fenómeno de violencia contra las personas defensoras se expresa con más crudeza. Chiapas, Oaxaca, Guerrero y la Sierra Tarahumara son lugares en donde la Red TDT ha encontrado un peligro acentuado para el trabajo de las personas y colectivos que defienden los derechos humanos. Tan sólo Chiapas, Oaxaca y Guerrero conjuntan 40 por ciento de los casos registrados en el informe, y de la misma manera Chiapas y Oaxaca tienen el registro más alto de eventos. Lo que implica que los ataques persisten a lo largo del tiempo, sin que el Estado mexicano tome medidas efectivas para generar un ambiente de seguridad y garantía en la práctica. En total, en estas tres entidades federativas está documentado 46 por ciento de los eventos en el periodo del informe. El caso de Guerrero tiene condiciones particularmente preocupantes, pues históricamente es un estado emblemático de la violencia contra las personas defensoras. Ahí se dieron hace ya tres años los hechos lamentables y reprobables contra los normalistas de Ayotzinapa. Y ahí, según el informe de la Red TDT, han sido ejecutadas extrajudicialmente 21 personas defensoras de derechos humanos en lo que va del sexenio. Más impresionante resulta aún –si cabe– la proporción de personas defensoras desaparecidas, pues de las 81 situaciones de este tipo registradas en el informe a escala nacional, 58 corresponden a Guerrero. Ante esta situación, y por la falta de voluntad e incapacidad del Estado de ofrecer garantías para poder ejercer el derecho a defender los derechos humanos, las organizaciones no gubernamentales hemos estado sumamente preocupadas por el incremento de los riesgos para las personas defensoras y para las víctimas de esa violencia atroz. Debido a esto, un colectivo amplio de organizaciones civiles ha iniciado, mediante la Misión Civil de Observación a Chilapa y Chilpancingo, que se realizó el 19 y 20 de septiembre pasados, un proceso de acompañamiento a las y los defensores de Guerrero. Pensamos que esta acción de solidaridad y búsqueda de alternativas, dirigida a personas defensoras emergentes y organizaciones que trabajan en la región de Chilapa (Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón); en las montañas de Tlapa (Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan), y en Acapulco (Colectivo contra la Tortura y la Impunidad), es necesaria, valiente y paradójicamente lamentable. Y ello porque, ante la ineficacia y la falta de voluntad política del Estado, son las mismas personas defensoras quienes están teniendo que generar medidas encaminadas a reestablecer el Estado de derecho. Por eso es muy importante que se valore y respete el derecho a defender los derechos humanos, y que las autoridades implicadas en garantizarlo, como es el caso del gobernador guerrerense Héctor Astudillo, escuchen las experiencias de las y los defensores de la entidad, consideren sus exigencias, y tengan en cuenta los retos que se les habrá de compartir, si se reanuda la reunión que se canceló, debido al sismo del 19 de septiembre. Es fundamental que las acciones de protección a las y los defensores no sea sólo protocolaria, sino que implique un compromiso real y concreto al más alto nivel de gobierno, para establecer acciones que permitan cambiar esta situación tan grave, y que afecta especialmente a Guerrero, Chihuahua, Oaxaca y Chiapas. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada: Red TDT Entradas relacionadas: Por el diálogo y la libertad de los presos en Cataluña Tribunal Superior de Justicia resuelve reclasificar caso de Lesvy como feminicidio agravado Clausura de la 15a generación de
La señora Sociedad Civil
La señora Sociedad Civil Sábado 23 de septiembre de 2017 Miguel Concha Como hace 32 años, tras un sismo de magnitud 7.1 que sacudió el centro del país, este 19 de septiembre, la solidaridad incondicional de los barrios y colonias de la Ciudad de México, particularmente la de las y los jóvenes, y en estados como Morelos, Puebla y Guerrero, fue mostrada de manera inmediata. Desde el primer momento miles de personas, sobre todo jóvenes, acudieron a ayudar a otros seres que habían quedado atrapados. Fue conmovedor observar la manera en que la solidaridad se materializó en remover toneladas de escombros, bajo los cuales se hallaba gente con vida, o se recuperaban cuerpos de personas lamentablemente fallecidas. Una sorprendente coincidencia con la efeméride de la tragedia de 1985. De nuevo la irrupción de una gran red de responsabilidad civil se hizo presente, devolviéndonos la esperanza en medio de tan trágicos sucesos. Los medios de comunicación la reportaban en vivo y en directo, y mediante redes sociales, o cualquier otro medio, las mismas personas llamaban a organizarse y a brindar apoyos en los lugares de derrumbes. Son innumerables las respuestas al llamado que se recibieron, incluso a gritos en medio de las calles. Fueron primero mujeres y hombres jóvenes los que irrumpieron por todos lados para reportar daños desde la calle, para luego unirse con las señoras y señores de a pie que ya ayudaban en edificios derrumbados, entre ellos una fábrica textil, edificios de departamentos, escuelas y viviendas populares. Como un nuevo hecho significativo, las experiencias de las generaciones del terremoto de 1985 dialogaban ahora con las del sismo de 2017, entremezclados para actuar de inmediato a manos limpias en labores de acopio, traslado y rescate. Era conmovedor contemplar a jóvenes de distintas clases sociales y orígenes familiares, desde juniors hasta muchachas y muchachos de la calle, formar cadenas con un solo propósito: llevar ayuda a los caídos y a quienes los auxiliaban. El sismo del 19 de septiembre nos volvió a recordar, como cada año, aquellos talleres clandestinos de costura que en 1985 se vinieron abajo con mujeres trabajadoras dentro del edificio, y al movimiento de sobrevivientes que tras la tragedia se organizaron y lucharon por sus derechos sociales. Coincidentemente en esta ocasión fue una fábrica de ropa derrumbada en la esquina de las calles de Bolívar y Chimalpopoca, colonia Obrera. Lo que convocó inmediatamente a decenas de personas solidarias de las colonias vecinas a tomar el control de la zona y ayudar a remover escombros para rescatar a las personas atrapadas. Fueron cientos de vecinos, trabajadores de la construcción y vendedores ambulantes quienes también allí estaban, organizando y trabajando. Escenas muy similiares se repitieron en la escuela Enrique Rébsamen, de la colonia Nueva Oriental, Coapa, delegación Tlalpan; en las colonias Roma Sur y Norte, de la delegación Cuauhtémoc; en la colonia Del Valle, en la Condesa, y en zonas de Xochimilco. En total, más de 40. Y con el paso de las horas la solidaridad se volvía pujante también en Morelos, donde municipios como Jojutla reportaban daños y pérdidas enormes. Desde allá nos buscaban, y desde acá se les asistía también en lo posible con ayuda. Qué impresionante era ver la cantidad de personas movilizadas, pues para el miércoles pasado ya se calculaba que había por lo menos 40 mil personas apoyando en las calles, más el personal del Estado, que para entonces había ya hecho mayor presencia en los lugares de los derrumbes. Como en 1985, miles y miles de mujeres y hombres de la capital del país, sobre todo jóvenes, salieron a la calle a hacerse cargo de la tragedia. Jóvenes a quienes se presumía injustamente como anodinos e indiferentes a los sufrimientos y necesidades de los demás. Las personas mayores recordaban los sismos de 1985; era inevitable al observar los severos daños a viviendas e infraestructura en diversas zonas de la ciudad y del país. Sin embargo, la sociedad solidaria y organizada de hoy tuvo a su disposición medios mucho más vigorosos para coordinar y difundir con enorme eficacia cientos de esfuerzos de acopio, auxilio y ayuda voluntaria en las zonas más afectadas de la ciudad. Muchas y muchos mexicanos han recordado que lo fundamental es participar, ayudar, tener esperanza en que otra persona viva. Estos días nos enseñan que el estar ayudando de forma activa, como en las cadenas de manos que auxilian asistiendo a víctimas, alimentándolas, y el estar dando techo y cuidado, entre muchas otras tareas, son signo de un nivel ético y de un compromiso indescriptible con la vida. Somos ahora testigos y partícipes de abundantes expresiones de solidaridad, reflexión y organización, cuya continuidad en los siguientes días y semanas será clave para la reconstrucción física y moral de la población, luego de los desastres naturales de las últimas semanas. En ese sentido resulta imperioso destacar que las personas afectadas y organizadas deben ser reconocidas como sujetos de derechos, y como tales incorporadas como actores en las tomas de decisiones. No sólo como observadoras o beneficiarias de las respuestas gubernamentales. Debe también distinguirse en todo momento la responsabilidad de las autoridades de proteger y garantizar los derechos humanos de la población, y el cumplimiento de su obligación de comprometerse en responder ante las limitaciones y amenazas que la situación de desastre presenta. Es seguro que en la situación actual la organización robusta de la sociedad civil no dará tregua para fortalecer su derecho a la participación en la solución de problemáticas como la de ahora en el país. Especialmente aquellas que revelan las devastaciones de este sismo. Pues, como afirmó Carlos Monsiváis en 1985, la señora Sociedad Civil en México sigue viva. Me uno a las felicitaciones de muchas organizaciones y personas por los 33 años de vida y de trabajo de nuestro diario La Jornada. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada: Alberto Ledezma Entradas relacionadas: Perfil de la presidencia de la CDHDF Disyuntivas frente al libre comercio La CDHDF que queremos Reparaciones de daños en el Alto Atoyac Un obispo de la liberación del
El Reglamento de la Ley de Movilidad inhibe el Derecho a la Libertad de expresión y a la Protesta Social
EL REGLAMENTO DE LA LEY DE MOVILIDAD INHIBE EL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y A LA PROTESTA SOCIAL Ciudad de México, 18 de septiembre de 2017 Con la publicación del artículo 220 del Reglamento de la Ley de Movilidad se contradicen los acuerdos y avances logrados con Sociedad Civil sobre Protesta Social. El pasado 15 de septiembre, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Reglamento de la Ley de Movilidad del Distrito Federal, que establece en su artículo 220 la obligación de dar aviso sobre las marchas y reuniones que tendrán lugar en la capital del país por medio de un escrito con una serie de requisitos que pueden dejar vulnerables a las personas que se manifiestan, además de mitigar el ejercicio de la protesta social. De esta manera, el Gobierno de la Ciudad de México, además de contradecir lo ordenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al resolver en 2016 que el aviso previo no era condición para ejercer el derecho a manifestarse públicamente, además contradice las propias posturas del gobierno capitalino, como la incorporación del Derecho a la Protesta en la Nueva Constitución de la Ciudad de México y otras disposiciones legales en las que se generan mejores condiciones para el ejercicio libre y pleno de la protesta social, a partir del diálogo mantenido con las Organizaciones de la Sociedad Civil para lograr avances en la materia. La Ley de Movilidad fue publicada el 14 de julio de 2014, y contiene disposiciones que restringen las libertades de expresión y reunión en contextos de protesta social a través de sus artículos 212, 213 y 214. Debido a esto fue impugnada por las comisiones de derechos humanos, tanto nacional como del Distrito Federal, a través de acciones de inconstitucionalidad promovidas ante la SCJN. Además, desde el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS) en coordinación y colaboración con diversos actores, promovió en su momento juicios de amparo en su contra en los que jueces federales determinaron que los artículos 212, 213 y 214, son inconstitucionales por violar los derechos a la libertad de expresión y reunión.[1]. Finalmente, el 11 de agosto de 2016, la SCJN resolvió las Acciones de inconstitucionalidad 96/2014 y 97/2014, determinando que estos artículos son constitucionales, pero debiendo realizar una interpretación conforme con la Constitución Federal y los tratados internacionales[2]. Si bien la SCJN no declaró inconstitucional el artículo 212 (referente al “aviso previo”), le dio sentido a través de las siguientes líneas interpretativas: 1) el aviso nunca debe constituir una autorización; 2) no debe contener mayores requisitos que lo vuelvan burocrático, debiendo ser una mera notificación; 3) puede darse o no el aviso previo, aún así, las autoridades siempre están obligadas a proteger y garantizar los derechos humanos; 4) el término “perfectamente lícito” debe entenderse conforma al artículo 9 constitucional, que regula las “reuniones pacíficas con objeto lícito”; 5) el Estado no debe calificar previamente ninguna manifestación o expresión; 6) las manifestaciones espontáneas se encuentran totalmente protegidas. A pesar de este antecedente, el Reglamento de la Ley de Movilidad del Distrito Federal desobedece lo dictado por la SCJN al establecer que las manifestaciones “deben tener un fin perfectamente lícito” y que “es necesario dar aviso previo” por medio de un escrito donde se solicitan, para que “las autoridades presten las facilidades necesarias para las manifestaciones públicas”, una serie de requisitos: nombre completo de la persona que organiza, nombre de la manifestación, hora de inicio y conclusión, lugar y ruta, número estimado de asistentes, número y tipo de vehículos a utilizar. Es decir, impone la necesidad de dar aviso, sin considerar la existencia de manifestaciones espontáneas y estableciendo requisitos desproporcionales para el ejercicio de un derecho, incluso generando la posibilidad de calificar de manera previa las protestas, su contenido y sus participantes. Lo anterior, en claro incumplimiento a los estándares internacionales y lo señalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que al hacer referencia a la Ley de Movilidad, señaló expresamente que “recomienda a los Estados que todavía exigen autorización o permiso previo para la realización de manifestaciones y protestas en espacios públicos enmendar la normativa nacional a fin de eliminar este requisito y establecer expresamente la presunción general en favor del ejercicio de este derecho.”[3] Además, resulta sumamente alarmante que el actual Gobierno establezca medidas restrictivas y regresivas para el uso del espacio público exigiendo información que puede ser utilizada contra las personas que ejercen su derecho a la protesta, intención que fue evidente durante los dos primeros años de gestión de la actual administración y pareció cambiar a partir de 2015 con los cambios en la titularidad de Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Seguridad Pública. En este sentido, surge la preocupación por la omisión de los esfuerzos de diálogo que ha impulsado FLEPS con la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Gobierno; siendo que la agenda de este Frente, partiendo de la buena fe, ha buscado acuerdos para garantizar todos los derechos implicados en el ejercicio de la protesta social. En este sentido se logró la elaboración y publicación -el 29 de marzo pasado- del Protocolo de la SSPCDMX para la Protección de Personas en Contextos de Manifestaciones y Reuniones. De la misma manera, se construyó un Protocolo para la Secretaría de Gobierno para la Concertación Política en el Contexto de Reuniones y Manifestaciones, aún sin publicar y entrar en vigor. En suma y apelando a los esfuerzos que han servido para incidir en la garantía de los derechos a la libertad de expresión y de reunión, esperamos desde el FLEPS, que se modifiquen todas aquellas disposiciones del nuevo Reglamento de la Ley de Movilidad que restrinjan de manera injustificada, innecesaria y desproporcionada los derechos de reunión y libertad de expresión. En caso contrario, esperamos que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y/o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos interpongan de nueva cuenta una acción de inconstitucionalidad para evitar que se
Perfil de la presidencia de la CDHDF
Perfil de la presidencia de la CDHDF Sábado 15 de septiembre de 2017 Miguel Concha Con el propósito de poder incidir, primero en la selección de candidaturas propuestas por organismos, entidades, instituciones y organizaciones de la sociedad civil, y posteriormente también en la elección de la persona que ocupe la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHDF) en los próximos cuatro años por parte de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, un conjunto de organizaciones civiles han venido elaborando desde hace semanas un perfil, con criterios que les parecen imprescindibles para realizar responsablemente esta delicada tarea. Para estas organizaciones, que cumplen con los requerimientos establecidos por la Asamblea Legislativa para tal efecto en la convocatoria publicada el pasado 5 de septiembre, además de los requisitos establecidos en el artículo 8 de la Ley de la CDHDF, quien ocupe la presidencia debe acreditar previamente las siguientes habilidades y cualidades. 1) Haber demostrado en su campo de trabajo experiencia y conocimiento en materia de derechos humanos, en particular respecto del manejo de estándares internacionales de cumplimiento. 2) Haber implementado con diversos actores de la sociedad civil y servidores públicos actividades de defensa y promoción de los derechos humanos, para avanzar en su cumplimiento integral. 3) Tener experiencia probada de colaboración y trabajo con instituciones públicas de derechos humanos locales, nacionales e internacionales. 4) Gozar de reconocida probidad y declaración de conflicto de interés, para lo cual se pide que además de los requisitos establecidos en la ley, se le solicite su declaración 3 de 3 desde su postulación, así como que la haga pública en caso de resultar elegida o elegido. 5) Garantizar un reconocimiento público de independencia e incluso estar dispuesto o dispuesta a presentar protesta de hacer guardar la autonomía de la CDHDF, así como el compromiso de que los servidores públicos que ocuparán los puestos en el primer nivel de la institución serán elegidos con un diseño de perfiles acordes a la materia de la visitaduría general, elaborados con el visto bueno de su Consejo. 6) Conocimiento general y específico de la institución, para lo cual se requiere que, con la colaboración de la sociedad civil, y la participación del personal de investigación de quejas y atención a víctimas de la institución, presente un plan de trabajo con dos exigencias fundamentales: a) que demuestre su conocimiento en relación con los estándares que deben cumplir las investigaciones sobre violaciones de los derechos humanos, para la determinación del daño y su reparación en sus cinco dimensiones, y b) cumplimiento escrupuloso de la Ley de la CDHDF en los procedimientos de queja, mediante el uso no selectivo de las recomendaciones, los acuerdos de no responsabilidad y las conciliaciones, así como la regulación de la causal de conclusión solucionado durante el trámite. 7) Conocimiento de los sistemas de derechos humanos de la ciudad, para lo cual también se requiere que con la participación de la sociedad civil, y del personal de investigación de quejas, promoción de derechos humanos y atención a víctimas de la institución, presente un plan de trabajo para la articulación de la CDHDF con las instituciones de derechos humanos y el sistema integral de derechos humanos establecido en la Constitución Política de la Ciudad de México, señalando estrategias y líneas de acción para: a) Promover y garantizar la atención a víctimas de violaciones a los derechos humanos, mediante la instalación y funcionamiento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas local, en cumplimiento de la Ley General de Víctimas en Ciudad de México. b) La actuación de la CDHDF con relación a los juzgados tutelares y la Sala Constitucional prevista en la Constitución de Ciudad de México, una vez que haya acreditado violaciones a los derechos humanos, luego de haber realizado la indispensable investigación. La Constitución de Ciudad de México establece en efecto, en su artículo 48, numeral 4, inciso e), que la Comisión de Derechos Humanos de Ciudad de México está facultada para interponer ante la Sala Constitucional juicios de restitución obligatoria de derechos humanos, en los términos que prevea la ley, por recomendaciones aceptadas y no cumplidas, a fin de que se emitan medidas para su ejecución. Y c) Promover y garantizar la progresividad, no regresividad y no discriminación de los derechos humanos en relación con el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, y el Consejo de Evaluación de Ciudad de México. 8) Capacidad profesional de gestión administrativa, para generar un funcionamiento ético y transparente de la CDHDF. Confiamos en que estas habilidades, cualidades y capacidades sean debidamente tomadas en cuenta por las diputadas y diputados de la Asamblea Legislativa, con el fin de que la ciudad vuelva a contar con una presidencia de la CDHDF, referente a escala nacional, e incluso internacional. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada: Internet Entradas relacionadas: Disyuntivas frente al libre comercio La CDHDF que queremos Reparaciones de daños en el Alto Atoyac Un obispo de la liberación del pueblo Otro esfuerzo indígena a contracorriente Alertas de violencia de género en México Rendición de cuentas y anticorrupción Plaguicidas fuera de control Diez años de “sin maíz no hay país” Un nuevo estado para una nueva sociedad
Disyuntivas frente al libre comercio
Sábado 09 de septiembre de 2017 Miguel Concha Aanizada y convocada por la red de la Asociación por la Tasación de las Transacciones Financieras y la Acción Ciudadana (ATTAC), entre los días 23 y 27 de agosto se llevó a cabo en la ciudad de Toulouse, Francia, la Universidad de Verano de los Movimientos Sociales. Desde una mirada mayormente europea, pero en diálogo con experiencias de lucha y resistencia de otras latitudes del mundo, en dicho encuentro se tuvo oportunidad de pensar en colectivo y en voz alta sobre las encrucijadas que hoy tenemos y enfrentamos en el mundo; y se reflexionó sobre algunas alternativas, espacios organizativos y estrategias de resistencia encaminadas a la transformación de este sistema, que sabemos pone al centro los intereses de las corporaciones, y la ganancia y acumulación del capital. Se pensó también en el efecto Trump y sus repercusiones en la agenda del comercio y los derechos humanos, y en el ascenso en Europa de posturas políticas ultraconservadoras y xenofóbicas. En el evento se dieron cita distintas generaciones de activistas, académicos y personas defensoras de derechos humanos, que al encontrarse lograron identificarse frente a encrucijadas, en un mundo roto y confuso. Como se compartió en esta universidad, hoy México se ubica como uno de los acontecimientos políticos importantes de la actualidad. La llegada de Donald Trump al poder es un suceso que lo obliga, a él ciertamente, pero también al continente americano, a reflexionar y debatir, considerando hacía dónde y cómo queremos seguir. Por ejemplo, muy recientemente comenzaron las rondas de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), lo cual será clave para interpretar el rumbo de las relaciones comerciales que deban surgir, posteriores al fracaso o fortalecimiento de ese tratado. Ello nos ubica en por lo menos dos caminos. Uno, pensar que efectivamente nada cambiará, y que esta coyuntura es una más de las que generan las élites económicas y políticas de Norteamérica. Que debemos seguir por la misma senda, ampliando incluso los espacios de aplicación de las mismas recetas. O bien, dos, aprovechar que estamos en tiempos propicios para desenmascarar las mentiras que nos han sido impuestas por décadas. Para ser exactos, desde el Consenso de Washington. Este ejemplo del TLCAN se extiende también a otras regiones, donde la encrucijada se presenta igualmente así. Primeramente, asumir o no que este es un momento oportuno para superar contundentemente la falsa dicotomía que ahora se nos presenta entre nacionalismo –vulgo dicto proteccionismo de tipo neofascista–, y libre comercio neoliberal como únicos caminos. Por tanto, como pueblos, comunidades y colectividades tenemos la oportunidad de proponer otros caminos. Otras formas de ser en el mundo. Otro modo de cooperar entre países. Otros modelos de relaciones comerciales. Existe ciertamente la posibilidad de generar cambios que nos permitan tener y proponer nuevas alternativas. Por ejemplo, una globalización de la solidaridad y de la justicia que ponga en el centro la dignidad de las personas y de los pueblos, sus derechos humanos, el cuidado y la conservación de la naturaleza, y nuestros bienes comunes. Una globalización que nos permita transformar realmente factores estructurales que reviertan con eficacia el cambio climático, la financiarización enloquecida, y la desigualdad social; y que nos habilite para poder divisar horizontes de esperanza y liberación en medio de esta crisis de civilización en la que nos encontramos en, por lo menos el mundo occidental, si es que no queremos encontrarnos mañana en una situación peor que la que ahora lamentamos. Una globalización que nos permita revertir los efectos negativos que ahora padecemos, aunque sea por medio de medidas concretas, continuas, escalonadas en el tiempo, modestas, pero eficaces. Para esto, es urgente denunciar y ser conscientes de la arquitectura de la impunidad que se crea en favor de las corporaciones, como lo vemos en las propuestas de tratados de libre comercio nuevos o modernizados. Recordemos que una de las demandas más visibles de las corporaciones tiene que ver con la protección de inversiones y la resolución de controversias entre empresas y Estados, con lo que claramente se les otorgan más derechos y poder, en detrimento de los derechos de pueblos enteros. Hoy las víctimas de este perverso sistema nos demandan más compromiso ético y político con sus causas, que son nuestras causas, y son desde abajo. Nos exigen unirnos en articulaciones estratégicas globales que nos permitan avanzar en la edificación de esos otros mundos. De esto fueron más conscientes quienes acudieron a la cita con ATTAC en Toulouse. Hoy es urgente, se dijo también, ser más prudentes de que podemos lograr cambios profundos, si no renunciamos al uso de nuestra sensibilidad y razón, y no seguimos negligiendo la ética en la política y la economía. Las articulaciones son ahora sin duda de tipo internacionalista, sí, pero deben seguirse también dando a escala local, fortaleciendo actores sociales que de manera histórica han estado presentes en las luchas, y otras colectividades que hoy emergen y nos retan a repensar los proyectos de las izquierdas en el mundo. Nuestros criterios en esta tarea deben ser que entre más interseccionales sean nuestras articulaciones estratégicas, será mejor, como bien se reflexionó en diversos seminarios en esta Universidad de Verano. Que entre más develemos y demos cuenta con claridad de la violencia y maraña producida por los diversos sistemas de opresión que nos abruman, mejor podremos pensar nuestras estrategias comunes. Y por ello resonó una fuerte invitación. Las luchas sociales deben replantearse, ser interseccionales, y más creativas y esperanzadoras. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada (modificada) : Esu2017
ONG piden Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para la Ciudad de México
ONG piden Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para la Ciudad de México 07 de septiembre de 2017 -Estancada la Ciudad de México en la defensa de los derechos de las Mujeres -La revictimización, estigmatización, la falta de la debida diligencia y la impunidad: caldo de cultivo que violenta a las mujeres en la Ciudad de México A pesar de que la Ciudad de México destacó por su avanzada en la protección de los derechos de las mujeres: tipificó el feminicidio como delito autónomo,[1] y cuenta con un Protocolo Especializado para la investigación ministerial, pericial y policial del delito de feminicidio[2], actualmente vive un estancamiento que violenta la vida e integridad de las mujeres. Según información oficial proporcionada en el informe presentado por el Coordinador General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justica de la Ciudad de México (PGJCdMX) ante el Comité Técnico de Análisis y Evaluación del Protocolo de Feminicidio, del 1 de noviembre de 2016 al 30 de junio de 2017, es decir en sólo 7 meses, se registraron 101 casos atendidos por el laboratorio de genética forense.[3] De 2012 a 2016 las autoridades capitalinas han reconocido como feminicidios 260 casos: 17 en la Delegación Álvaro Obregón; 3 en Azcapotzalco; 7 en Benito Juárez; 18 en Coyoacán; 6 en Cuajimalpa; 24 en Cuauhtémoc; 29 en Gustavo A. Madero; 9 en Iztacalco; 59 en Iztapalapa; 5 en Magdalena Contreras; 12 en Miguel Hidalgo; 6 en Milpa Alta; 16 en Tláhuac; 22 en Tlalpan; 11 en Venustiano Carranza y 16 en Xochimilco. Sin embargo, las cifras reconocidas por la PGJCDMX sólo considera aquellos casos en los que el Ministerio Público tuvo la voluntad de investigarlos y tipificarlos como feminicidio, y no necesariamente responde al total de asesinatos de mujeres (feminicidios y homicidios dolosos) perpetrados. Organizaciones no gubernamentales hemos identificado también un aumento en las formas violentas de los asesinatos de mujeres en la Ciudad de México, una extrema saña en sus cuerpos, quitándoles la vida con disparos de arma de fuego; a través de métodos que implican el uso excesivo de la fuerza física, como: asfixia, golpes, o fueron degolladas o apuñaladas[4]. En la Ciudad de México existe un contexto de violencia feminicida que se ve agravado con la inadecuada atención a las víctimas y la falta de debida diligencia en las investigaciones, que se convierte en un mecanismo de impunidad y permisividad. A ello se suma la desaparición de niñas y mujeres, que constituye una problemática grave y forma parte de la violencia feminicida a visibilizar para erradicar. En respuesta a la solicitud realizada a la Unidad de Transparencia de la PGJCDMX, las autoridades capitalinas informaron que de enero de 2015 a diciembre de 2016, se reportaron 2494 mujeres como ausentes o extraviadas, de las cuales se localizaron 1836, y quedan 644 mujeres pendientes de localizar, el 60% entre 0 y 17 años de edad.[5] Existen también diversos informes e investigaciones que visibilizan el incremento de la desaparición de niñas, adolescentes y mujeres en la Ciudad de México, lo que muchas veces es invisibilizado y no investigado por las autoridades capitalinas y que pudieran estar vinculadas a la trata de personas y al crimen organizado. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), en su informe La Ciudad de México de cara a la Novena Comparecencia ante el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer[6], señaló que una de las violaciones más graves y frecuentes hacia los derechos humanos de las mujeres que fueron motivo de expedientes de queja investigados por la CDHDF entre 2013 y 2016 es la desaparición forzada pero pese al incremento de las desaparición de las mujeres en la Ciudad de México, el portal oficial de Alerta Amber, señala que de 2015 a 2017 únicamente se activó 9 veces, de las cuales 8 casos eran de niñas. Ante la falta de debida diligencia y de perspectiva de género, así como las omisiones y negligencias observadas de forma generalizada, a partir de los casos y del análisis estadístico de la impunidad en los mismos, las organizaciones firmantes solicitamos a la Secretaría de Gobernación y a las autoridades capitalinas: -La emisión de la Alerta por Violencia de Género contra las Mujeres en la Ciudad de México. -Reconocimiento real de la problemática que impera en la Ciudad de México en donde el feminicidio y sus formas crueles han incrementado en los recientes años. -Además de las medidas que determine el Grupo de trabajo, se establezca un mecanismo de supervisión técnica y operativa, conformado por un grupo de expertas/os en investigación criminal, que evalúe las actuaciones integrales que prevé el Protocolo de investigación ministerial, policial y pericial del delito de feminicidio en todos los casos de homicidios dolosos de mujeres y feminicidios, desde la entrada en vigor del Protocolo. -Actualizarse y adecuarse a los nuevos estándares de protección a los derechos de las mujeres nacionales e internacionales a fin de garantizar de manera efectiva el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Las organizaciones peticionarias y que acompañamos la solicitud de la Alerta de Género, vemos en este mecanismo la posibilidad para que las autoridades de la Ciudad realicen acciones firmes para garantizar los derechos de las mujeres sin pretextos ni dilaciones. Atentamente: Justicia Pro Persona A.C. Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos para Todas y Todos» Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) [1] Decreto publicado el 26 de julio de 2011 en la Gaceta del Distrito Federal. En el reconoció las razones de género a través de hipótesis objetivas para su acreditación. [2] Publicado mediante Acuerdo A/017/2011 el 25 de octubre de 2011. [3] Informe de actividades relativo al periodo de 01 de noviembre de 2016 al 30 de junio de 2017, Oficio No 102/100/942/2017, suscrito por el Coordinador General de Servicios Periciales. [4] Ídem [5] Folio de transparencia 0113000180517 del 8 de mayo de 2017. [6] Disponible en http://CDHDF.org.mx/wp-content/uploads/2017/03/Informe-Anual-2016-vol4-Mujeres.pdf — Para mayor información: Atziri Ávila. Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio Cel.9512536082 ocnf@observatoriofeminicidiomexico.org.mx @OCNF | FB: OCNFeminicidio México | www.observatoriofeminicidiomexico.org.mx – Jorge
La CDHDF que queremos
La CDHDF que queremos Sábado 2 de septiembre de 2017 Miguel Concha Dentro de pocas semanas la actual titular de la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) concluirá el periodo del mandato para el que fue designada, es decir, del 5 de noviembre del 2013, al 31 de octubre del 2017. Para sustituirla o ratificarla el artículo 107, inciso a) de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal señala que faltando 60 días naturales a la conclusión de su encargo, la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa convocará al número de organismos no gubernamentales que considere conveniente por haberse distinguido en la promoción y defensa de los derechos humanos; a las asociaciones y colegios vinculados a la defensa y promoción de los derechos humanos y, en general, a las entidades, instituciones y personalidades que estime convenientes, a proponer a una o un candidato para hacerse cargo de la presidencia de la comisión, propuestas que deberán hacerse a más tardar siete días después de haberse publicado la convocatoria. Y tomando en cuenta los tiempos establecidos en la misma Ley, dicha convocatoria tendrá que hacerse a más tardar el próximo 5 de septiembre. Por tal motivo el pasado martes alrededor de 80 organizaciones civiles locales y nacionales se pronunciaron públicamente por la implementación de un proceso transparente, objetivo, imparcial y participativo, con el fin de garantizar la indispensable autonomía de la institución, prescrita en su propia ley, y para que ejerza toda su capacidad como contrapeso democrático frente a las autoridades de la Ciudad. Al emitir su mensaje ofrecieron también una evaluación en torno a cinco bloques interrelacionados de preocupación sobre la actual gestión, titulada La CDHDF que queremos: Atención a víctimas; Gestión interna; Relación con el Consejo Consultivo; Relación con la sociedad civil, y Relación con el gobierno. En su documento las organizaciones expresan su preocupación por el número de quejas de violaciones a los derechos humanos que desde la calificación inicial prácticamente se concluyen por las siguientes causales: improcedencia, incompetencia, falta de interés del quejoso, desistimiento, sin elementos suficientes, no violación a derechos humanos y solucionada, sin haber entrado al estudio de fondo; así como por la presión a las víctimas para conciliar y poder concluir casos en los que se acreditaron violaciones a los derechos humanos, e incluso al personal de la comisión para que concluya precipitadamente los expedientes en trámite. En contrapartida, las organizaciones lamentan el escaso número de recomendaciones, su oportunidad, su probable selectividad discrecional, la dilación en las investigaciones, la falta de contundencia para exigir a las autoridades responsables las informaciones necesarias, la insuficiencia en la tipificación del número de derechos humanos violados, así como en los puntos recomendatorios de las medidas para asegurar la reparación del daño a las víctimas. Y por lo que se refiere a la gestión interna, las organizaciones lamentan una falta de continuidad y calidad del trabajo, y un debilitamiento y desmantelamiento a su vez del servicio profesional de carrera, debido sobre todo a la alta rotación del personal, sin una sustitución, en algunos casos, de cuadros del nivel profesional y experiencia de quienes son despedidos. Como dato significativo apuntan que durante los ocho años de gestión de Emilio Álvarez Icaza fueron relevados únicamente dos visitadores, y seis, aunque uno de éstos fue reacomodado en otra visitaduría, durante los cuatro años de la gestión de Luis González Plascencia. En cambio, durante los cuatro años de la actual administración han sido ya removidos 18 visitadores. Además de las afectaciones que esta situación causa a la continuidad y calidad de los trabajos de la comisión, esta política de despidos ha generado gastos por más de 40 millones, que bien podrían haberse empleado en otras actividades de la comisión. Y por lo que se refiere a la relación con el Consejo Consultivo, las organizaciones lamentan que en su seno se haya perdido la voz de importantes personalidades, y que su remplazo haya sido realizado con amplias irregularidades desde su convocatoria y durante el proceso mismo de su elección. Como datos significativos apuntan que los rumores señalan que el PAN, el PRI y el PRD simplemente se reparten los lugares, y que, sin ninguna explicación de por medio, la y los dos consejeros electos en el proceso más reciente no han sido citados para tomar protesta ante el pleno de la Asamblea. Finalmente, las organizaciones lamentan que al interior del consejo la actual dirección haya limitado las discusiones estructurales y sensibles para el quehacer de la comisión, y que más bien las haya convertido en sesiones informativas, de carácter cuantitativo, que no permiten valorar el cumplimiento de su mandato, e incluso profundizar en los contenidos de las recomendaciones, refiriendo los límites de las atribuciones del consejo a las nuevas políticas de protección de datos personales, o a la existencia de conflictos de interés. Y por lo que se refiere a la sociedad civil, las organizaciones lamentan que se ha visto disminuida aquella relación de acompañamiento y colaboración que se había construido con el movimiento amplio de derechos humanos, por medio incluso del establecimiento de grupos de trabajo temáticos; y que se ha perdido el respaldo de un sector de la academia. Por todo ello, estas organizaciones se pronuncian porque la CDHDF recupere su posición como ejemplo de progreso, libertad y autonomía a nivel nacional, y como una institución de contrapeso, no una observadora pasiva y permisiva de violaciones a los derechos humanos. Lo cual exige un relevo en la presidencia de la CDHDF. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada (modificada) : Pablo Leautaud Entradas relacionadas: Reparaciones de daños en el Alto Atoyac Un obispo de la liberación del pueblo Otro esfuerzo indígena a contracorriente Alertas de violencia de género en México Rendición de cuentas y anticorrupción Plaguicidas fuera de control Diez años de “sin maíz no hay país” Un nuevo estado para una nueva sociedad Líneas de acción para una visión de futuro Simulación e impunidad en Tlaxcala
ONG repudian ascenso de quienes obstaculizan el acceso a la justicia en la Ciudad de México
ONG REPUDIAN ASCENSO DE QUIENES OBSTACULIZAN EL ACCESO A LA JUSTICIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Ciudad de México, 31 de agosto de 2017 El Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) manifiestan su indignación ante el ascenso de Marco Enrique Reyes Peña, quien se desempeñaba como titular de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX) para ahora desempeñarse como Subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales[1]. Como organizaciones no gubernamentales nos preocupa que se “premie” a servidores públicos cuyos resultados no han sido tangibles ni a favor de la garantía de los derechos humanos, sino que contrario a ello, han obstaculizado el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias. En los casos de feminicidio, la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio tiene grandes pendientes por resolver como el multihomicidio y feminicidios en la colonia Narvarte o el reciente feminicidio de la joven universitaria Lesvy Berlín Rivera Osorio, por mencionar algunos ejemplos de casos que han merecido el repudio nacional e internacional y que aún están impunes. El pasado 10 de julio de 2017 familiares de Lesvy Berlín Rivera Osorio y sus representantes pidieron la destitución de las y los funcionarios públicos de la Ciudad de México responsables de la alteración del lugar donde ocurrieron los hechos y de las violaciones a derechos humanos cometidas desde el inicio de las investigaciones, sin embargo, en lugar de la investigación de sus responsabilidades son ascendidos y premiados. Cabe mencionar que Araceli Osorio, madre de Lesvy Rivera Osorio y su representación legal, requirieron al entonces titular de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio, se imputara a Jorge Luis González por el delito de feminicidio pero esta solicitud fue negada por lo que el feminicida de Lesvy Rivera fue imputado y vinculado a proceso por homicidio simple doloso por omisión; lo que mantiene la postura oficial de el supuesto suicidio y niega la responsabilidad de la pareja de Lesvy. Como organizaciones defensoras de los derechos humanos y de los derechos de las mujeres, manifestamos nuestra preocupación por las acciones y decisiones que ponen en riesgo el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, y que contrario a ello, revictimizan a quienes buscan acceder a la justicia. Manifestamos que la negativa, negligencia y omisión de juzgar con perspectiva de género violenta los derechos de las mujeres, por lo que hacemos un llamado a las autoridades capitalinas para tomar las acciones necesarias para que los feminicidios en la Ciudad de México no queden impunes. ATENTAMENTE Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (conformado por 40 organizaciones de 22 estados del país). Para mayor información Atziri Ávila, Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio Cel.9512536082 ocnf@observatoriofeminicidiomexico.org.mx @OCNF | FB: OCNFeminicidio México | www.observatoriofeminicidiomexico.org.mx Jorge Aguilar, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A.C. 56596797 ext. 227 @CDHVitoria http://derechoshumanos.org.mx/ [1] Edmundo Garrido anuncia nuevos nombramientos en la PGJ-CDMX, 24 Hrs, disponible en: http://www.24-horas.mx/edmundo-garrido-anuncia-cambios-en-la-estructura-de-la-pgj-cdmx/ Imagen destacada: Jorge Aguilar Entradas relacionadas: RECHAZAMOS DE FORMA CONTUNDENTE DECLARACIONES REVICTIMIZANTES DE PGJCDMX: FAMILIARES Y DEFENSA DE LESVY BERLÍN Comunicado del Grupo de académicas expertas en perspectiva de género de la UNAM A 27 dias del feminicidio de Lesvy en Ciudad Universitaria, familia sigue demandando justicia y respeto a sus derechos.
Carta de Consejeras y Ex-Consejeros de la CDHDF sobre proceso de elección de nueva presidencia
Carta de Consejeras y Ex-Consejeros de la CDHDF sobre proceso de elección de nueva presidencia Ciudad de México Agosto de 2017 Dip. Leonel Luna Estrada Presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura. Dip. Luciano Jimeno Huanosta Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura. P r e s e n t e s Quienes suscribimos la presente, un grupo conformado por algunas y algunos Consejeros y Exconsejeros de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHDF), nos dirigimos respetuosamente a ustedes a efecto de hacer referencia a la conclusión del cargo de la doctora Perla Gómez Gallardo como presidenta de la CDHDF, quien fue designada para el periodo 5 de noviembre de 2013 al 31 de octubre de 2017. En razón de ello, y en términos de lo establecido en el artículo 106 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que establece la competencia de la ALDF para el nombramiento de la persona que presidirá dicho organismo autónomo, manifestamos lo siguiente: Recuperar el piso mínimo de credibilidad en éste organismo autónomo, dependerá del perfil de la o el ombusperson que se designe, para ello resulta necesario que la persona que encabezará los trabajos de la Comisión demuestre cabalmente que cuenta con una amplia trayectoria y vasto conocimiento en torno al tema de derechos humanos, así como las cualidades gerenciales para establecer un modelo de gestión que coloque nuevamente a la institución como un organismo de contrapeso y un referente, como en gestiones anteriores, de las Comisiones locales por el impacto nacional e internacional que generaron sus actividades. Consideramos relevante señalar, la espiral de debilitamiento institucional que se ha generado durante los últimos cuatro años, es evidente la nula articulación y colaboración con las organizaciones de la sociedad civil (OSC) las cuales, junto con la academia y la ciudadanía, son actores clave para el fortalecimiento, promoción y educación de la cultura de los derechos humanos. Las OSC han contribuido históricamente con un arduo trabajo que se traduce en acciones concretas en favor de la agenda de derechos políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales en la Ciudad. En esa lógica, reiteramos que el rol pasivo que ha establecido el organismo como un espectador de graves violaciones a los derechos humanos, así como la falta de incidencia en temas del orden legislativo que abonen efectivamente a la agenda pendiente de los derechos humanos, claramente, han restado fuerza a la Comisión. Adicionalmente, ponemos el acento en los problemas internos que han caracterizado a la gestión que concluye. Los constantes movimientos de personal han tenido como consecuencia habituales prácticas de acoso y hostigamiento laboral, gran cantidad de despidos injustificados, rotación excesiva de personas con perfiles deficientes en puestos estratégicos del cuerpo directivo —Seis Secretarios Ejecutivos, dos Directores Ejecutivos de Administración, Tres Coordinadores de Investigación en Derechos Humanos (Uno de ellos con quince días en el cargo), dos Directores de Comunicación, por mencionar algunos, y lo más grave –en detrimento de eficiente política de austeridad y racionalidad–, la erogación aproximada de cuarenta millones de pesos destinada al pago de liquidaciones del personal. En la misma lógica, resulta indispensable que la persona electa para presidir la Comisión asuma un compromiso verdadero para colaborar y reposicionar la figura de su Consejo como un espacio de reflexión e intercambio amplio de opiniones para establecer de manera conjunta los lineamientos generales para las actividades de este organismo. El detrimento de esta figura, así como la limitada interlocución e interacción con la Presidencia actual de la institución, ha repercutido directamente sobre el prestigio de la Comisión. Es así que hacemos patente nuestra preocupación por el rumbo que durante estos cuatro años ha tomado la CDHDF. Reiteramos respetuosamente la necesidad de reconfigurar al organismo como un espacio cercano a la ciudadanía, a la academia, a los organismos internacionales y a las organizaciones de la sociedad civil, pero sobretodo un organismo público autónomo con un proyecto de gestión —articulado, progresista y colaborativo— que abone a la defensa efectiva y pleno goce de los derechos fundamentales de las personas que habitan y transitan la Ciudad de México. En virtud de todo lo anterior y considerando la inviabilidad para un segundo periodo de gestión, solicitamos a la ALDF que, en términos de lo dispuesto en el artículo 106 de su Ley Orgánica, convoque a los organismos no gubernamentales, entidades, instituciones y personalidades que estime convenientes y que se han distinguido en la promoción y defensa de los derechos humanos, a proponer a un candidato o candidata para hacerse cargo de la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Firman: Elena Azaola Garrido, ex Consejera. José Antonio Caballero Juárez, ex Consejero. José Luis Caballero Ochoa, ex Consejero. Miguel Concha Malo, ex Consejero. Santiago Corcuera Cabezut , ex Consejero. Denise Dresser Guerra, ex Consejera. Tania Espinosa Sánchez, Consejera. María de los Ángeles González Gamio, ex Consejera. Clara Jusidman Rapoport, ex Consejera. Ernesto Lopez Portillo Vargas, ex Consejero. Nancy Pérez García, Consejera. Nashieli Ramírez Hernández, ex Consejera. José Woldenberg Karakowsky , ex Consejero. Imagen destacada : Internet Entradas relacionadas: La CDHDF que queremos Organizaciones de la sociedad civil llaman a dotar de legitimidad y transparencia proceso de elección de presidencia de la CDHDF Perito independiente concluye que Lesvy no se suicidó Sometidos a juicio todos los transgénicos de maíz en el país Lesvy no se suicidó, la vinculación a proceso debe ser por feminicidio Segundo Comunicado del Grupo de académicas expertas en perspectiva de género de la UNAM RECHAZAMOS DE FORMA CONTUNDENTE DECLARACIONES REVICTIMIZANTES DE PGJCDMX: FAMILIARES Y DEFENSA DE LESVY BERLÍN Organizaciones de la sociedad civil se suman al llamado para rechazar el proyecto de Ley de Seguridad Interior en México Bala del gobierno de Michoacán pone en riesgo vida de normalista Comunicado del Grupo de académicas expertas en perspectiva de género de la UNAM
Carta Pública de Araceli Osorio a las y los Integrantes del Consejo Universitario de la UNAM.
Segundo Comunicado del Grupo de académicas expertas en perspectiva de género de la UNAM 10 de Julio de 2017 Por medio de la presente les saludo cordialmente, deseándoles éxito en sus actividades como representantes de la comunidad de la Universidad Nacional Autónoma de México. Además de manifestarles lo siguiente, en virtud de estar directamente relacionado con su labor como consejeros/as universitarios/as: I. El día 3 de mayo de 2017 en Ciudad Universitaria fue encontrado el cuerpo sin vida de mi hija Lesvy Berlín Rivera Osorio, estudiante y parte de la comunidad universitaria. II. El 11 de mayo del presente año la Dirección General de Comunicación Social de la UNAM, a través del Boletín UNAM-DGCS-324, informó sobre la conformación del Grupo de universitarias expertas en violencia de género, que contribuiría al desarrollo de las investigaciones del caso. III. El 26 de junio de 2017, en la Gaceta UNAM, se publicó un Comunicado del Grupo de académicas expertas en perspectiva de género en el que reconocieron a Lesvy Berlín Rivera Osorio como estudiante universitaria, además de exigir que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México actuara con la debida diligencia y respeto a los derechos humanos de las víctimas. Asimismo, en el comunicado referido las académicas informaron sobre la realización de gestiones para la organización de un acto público de redignificación de la memoria de mi hija en la Universidad. IV. Mediante oficio del 5 de julio de 2017 dirigido al Rector Enrique Graue, solicité la preservación del lugar de los hechos para garantizar la intangibilidad de los elementos, rastros o indicios que aún permanecen ahí y para evitar cualquier pérdida, destrucción, alteración o contaminación del mismo. En el mismo documento pedí la emisión de un acuerdo o la implementación de un mecanismo jurídico para que las autoridades universitarias preservaran el lugar de los hechos con el propósito de esclarecer el feminicidio de Lesvy, garantizar el acceso a la justicia y no repetición de los hechos, la sanción a los responsables, la memoria y la reparación integral del daño. V. El 10 de julio del 2017, por medio de la Dirección General de Comunicación Social de la UNAM, el Grupo de académicas expertas en perspectiva de género publicó un segundo comunicado donde expresaron su preocupación por la actuación de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México puesto que realizó su trabajo al margen de los protocolos para la investigación del delito de feminicidio y con ello revictimizó a mi hija Lesvy Berlín Rivera Osorio y a la familia obstaculizándonos el acceso a la justicia. Entre las exigencias del grupo de expertas en género se encuentra la observancia del debido proceso, investigar el delito con perspectiva de género y bajo el tipo penal de feminicidio, cumpliendo con los ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales y la jurisprudencia obligatoria «1a./J. 22/2016 (10a.) ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”, derivada del caso Mariana Lima Buendía, la cual determina que ante muertes violentas de mujeres la primer línea de investigación que debe seguirse es la de feminicidio. VI. El 10 de julio del 2017 se publicó también un comunicado de la Comunidad Académica del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM (CIEG) quienes, de igual manera que el grupo de expertas en género, se inconformaron con las conclusiones de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y exigieron el esclarecimiento de los hechos colocando el feminicidio como principal línea de la investigación. En ese tenor, hago de su conocimiento el extrañamiento de la familia de Lesvy Berlín Rivera Osorio porque no fue preservado adecuadamente el lugar de los hechos e incluso fue modificado pues, durante el periodo vacacional, se colocó un nuevo cable y auricular en la caseta telefónica donde el feminicida privó de la vida a mi hija. Por lo anteriormente expuesto y en virtud de las facultades que ustedes tienen como integrantes del Consejo Universitario, máximo órgano de gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México, les solicito atentamente manifestar su conformidad con las siguientes peticiones dirigidas a ustedes y al Rector Enrique Graue: PRIMERO. Suscribir un acuerdo por el que se declare como sitio para la preservación de la memoria de Lesvy Berlín Rivera Osorio y de las demás víctimas de feminicidio en México, el lugar donde se ubica la caseta telefónica, delimitado por el pasillo verde frente al edificio 4 del Instituto de Ingeniería y el edificio 2 del mismo Instituto en Ciudad Universitaria. SEGUNDO. Realizar el acto de dignificación pública de la memoria de Lesvy Berlín Rivera Osorio, reconociéndola como miembro de la Comunidad Universitaria, como medida de no repetición de la violencia feminicida y de reparación del daño a la dignidad de mi hija, de sus familiares y de la comunidad universitaria. TERCERO. Pronunciarse para que las instituciones que procuran e imparten justicia busquen el pleno esclarecimiento de los hechos, actúen con la debida diligencia, investiguen, juzguen y sancionen los hechos con perspectiva de género. CUARTO. Pronunciarse por la erradicación de la violencia de género en la UNAM. Sin otro particular aprovecho para enviarles un cordial saludo, esperando su favorable y pronta respuesta. Ciudad Universitaria a 30 de agosto del 2017 ¡No fue suicidio, fue feminicidio! ¡Justicia para Lesvy! Atentamente ARACELI OSORIO MARTÍNEZ Madre de Lesvy Berlín Rivera Osorio Imagen destacada : Jorge Aguilar Entradas relacionadas: La CDHDF que queremos Organizaciones de la sociedad civil llaman a dotar de legitimidad y transparencia proceso de elección de presidencia de la CDHDF Perito independiente concluye que Lesvy no se suicidó Sometidos a juicio todos los transgénicos de maíz en el país Lesvy no se suicidó, la vinculación a proceso debe ser por feminicidio Segundo Comunicado del Grupo de académicas expertas en perspectiva de género de la UNAM RECHAZAMOS DE FORMA CONTUNDENTE DECLARACIONES REVICTIMIZANTES DE PGJCDMX: FAMILIARES Y DEFENSA DE LESVY BERLÍN Organizaciones de la sociedad civil se suman al llamado para rechazar el proyecto de Ley de
