La Electricidad como Derecho Humano
LA ELECTRICIDAD COMO DERECHOS HUMANO Ciudad de México, 05 de agosto 2017. (Participación de Miguel Concha Malo, director del Centro Vitoria en el Foro: La electricidad como derecho humano) In memoriam Gerardo Mata Mendoza Muy buenos días, compañeras y compañeros: Desde que el autoritario Decreto de Extinción de Luz y Fuerza del Centro el día 11 de octubre de 2009 puso en manos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) la prestación del servicio de energía eléctrica en el centro del país, se generó un conflicto social de enormes dimensiones que ha resultado entre una de las muchas cosas en el cobro excesivo por el uso de energía eléctrica de la noche a la mañana en los recibos de miles de usuarias y usuarios, sobre todo los de consumo doméstico y de personas y grupos con menores ingresos. Desde entonces han tenido que enfrentar la disyuntiva entre pagar la luz o comer, entre pagar la luz o atender necesidades básicas de sus núcleos familiares, como la salud, la educación, y una vivienda digna. El Estado mexicano de entonces obvia responder a su obligación para que ninguna persona deba verse en la necesidad de tener que elegir entre tener pan en la mesa de sus hogares o tener que pagar la luz, ya que también es algo esencial, por ejemplo, si se tienen medicamentos esenciales refrigerados y de ellos depende la vida de algún familiar, o la misma conservación de alimentos, o contar con iluminación para que sus hijas e hijos hagan sus tareas escolares, etcétera. Es urgente, y es obligación de un Estado social de derechos garantizar un justo equilibrio; que los cobros por servicios relacionados con derechos no comprometan otros derechos. La CFE, lejos de resolver la problemática que ha surgido en todo el país por los excesivos y erráticos cobros del servicio, y realizar acciones efectivas al respecto, continúa con el acoso cotidiano que viven miles de mujeres, pues regularmente son ellas, debido a los roles de género, las que se quedan en las casas; y son ellas quienes tienen que enfrentar principalmente los abusos y engaños por parte de CFE. A raíz de estos hechos, miles de usuarios y usuarias del servicio eléctrico en la zona centro del país han padecido los constantes abusos del cobro de consumo de luz; y por no obtener respuesta satisfactoria, hoy nos encontramos aquí en torno a buscar las alternativas y hacer frente a la injusticia. Aquí estamos, y por ello es que existe la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica (ANUEE). Y juntas y juntos exigimos la renacionalización del sector de la energía; el borrón y cuenta nueva; una tarifa social justa al consumo doméstico de electricidad; revertir la reforma energética en su conjunto; y un muy grande objetivo: considerar a la energía eléctrica como Derecho Humano. Sí, el derecho humano a la energía eléctrica. Este derecho, de acuerdo a los instrumentos internacionales en materia de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), puede hayar su fundamento en la conjugación de contenidos de derechos explicitados, por ejemplo, en el Pacto Internacional sobre DESC y en el mismo contenido desarrollado por el Comité DESC de la ONU. Por ejemplo, cuando en su observación general número 4, sobre el derecho a una vivienda adecuada, subraya que toda vivienda debe contar con la disponibilidad de servicios indispensables para la salud, la seguridad, la nutrición, y la comodidad. Y todas y todos sabemos que para ello es fundamental contar con la energía eléctrica. Además, hoy sabemos y tenemos que en la Constitución de nuestro país el Estado mexicano está obligado a cumplir lo que establecen los Tratado Internacionales de los que es parte; así que debiera comenzar por dejar de convertir los derechos en servicios, que además deja en manos de empresas lucrativa privadas o que se dicen paraestatales, como es CFE; y mejor debería apegarse al respeto irrestricto de los derechos humanos, y avanzar, bajo el principio de progresividad, en ampliar las garantías para una vida digna. Y en eso cabe el reconocer y constitucionalizar el derecho humano a la energía eléctrica. Hoy la ANUEE es consciente de estas urgencias y exigencias, y además ha emergido con mucha fuerza y presencia por todo el territorio nacional, en una alianza estratégica con el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), que, debo decir, para mi representa una lucha histórica por la defensa y renacionalización de la industria eléctrica. Y que ha resistido dignamente a los embates de estos gobiernos neoliberales. En el Centro Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A.C. vemos a los derechos humanos como producto de las luchas de los pueblos a favor de la dignidad y la justicia; mediante esta idea ha sido el acompañamiento que, modestamente, y desde nuestra limitaciones, compartimos con la ANUEE, porque son ustedes quienes tienen y han definido el rumbo de su lucha; y son ustedes lo que sostienen este movimiento con su resistencia y sus ganas de defender sus derechos. Los usuarios y usuarias en resistencia ante las altas tarifas que impone CFE exigen dignamente que la energía eléctrica sea considerada un Derecho Humano y no se vea como una mercancía donde solo los que puedan pagarla tienen acceso. No puede ser un lujo; por el contrario, es un derecho para todas y todos. Debemos considerar a la energía eléctrica como un bien público, y es obligación, responsabilidad y deber del estado que todos tengamos energía eléctrica en nuestros hogares, de forma accesible y asequible. La ANUEE si bien es cierto son personas diversas que luchan por un objetivo en común, a lo largo de estos años han aprendido a caminar de la mano y a reconocerse como un colectivo en donde si tocan a uno, una, tocan a todas y todos, y el reflejo más claro de ello son las marchas, mítines e intervenciones jurídicas y de derechos humanos que realizamos en apoyo y solidaridad a compañeros que han sido detenidos arbitrariamente. Sobre esto quiero decirles que mi experiencia me dice que se
Perito independiente concluye que Lesvy no se suicidó
PERITO INDEPENDIENTE CONCLUYE QUE LESVY NO SE SUICIDÓ Ciudad de México, 04 de agosto de 2017 -Perito criminalista presentó mecánica de hechos que desmienten versión de Procuraduría: lesiones de Lesvy no corresponden a mecánicas de suicidio. -Muerte de Lesvy no fue suicidio sino feminicidio, por lo que exigen que el caso sea reclasificado por el Poder Judicial. -Familia de Lesvy y Centro Vitoria como organización defensora del caso expresamos nuestro respaldo a peritaje realizado. En conferencia de prensa, el maestro en criminalística por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), Víctor Chávez, acompañado de integrantes del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), mostraron información que demuestra que Lesvy Berlín Rivera Osorio no se suicidó como pretende concluir la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX). La opinión técnica, que incluye una reconstrucción de los hechos en condiciones similares a las que determinan las autoridades que habrían ocurrido en la caseta de teléfono, concluye que no pudo ocurrir asfixia al no ser posible la suspensión del cuerpo. Las lesiones de Lesvy no corresponden a mecánicas suicidas. VIDEO. Por ello, tanto la familia de Lesvy Berlín Rivera Osorio como el Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria” O.P. A.C., expresamos nuestro respaldo al trabajo del Maestro Víctor Chávez y del OCNF, quienes se han mantenido cercanos al trabajo de defensa que realizamos, luego que la PGJCDMX se negó a conceder la coadyuvancia institucional del OCNF en las investigaciones. Actualmente, el caso se encuentra en la etapa de investigación complementaria, luego de que este Centro de Derechos Humanos interpuso un recurso de apelación para que el delito se reclasifique como feminicidio. Existen pruebas suficientes para que el acusado sea inculpado por dicho delito y no por “homicidio simple doloso por omisión”, como lo pretende el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Autoridades encargadas de garantizar el acceso a la justicia han violentado de manera reiterada los derechos humanos de las víctimas, revictimizando y actuado sin perspectiva de género. Entre los actos violatorios de derechos humanos, resaltamos la actuación del titular de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio, Marco Enrique Reyes Peña, y de la titular de la fiscalía desconcentrada COY-1, Claudia Elizabeth Cañizo Vera. Ambas autoridades deben ser destituidas de su cargo de manera inmediata por obstaculizar el acceso a la justicia para Lesvy. Finalmente, señalamos la urgencia de corregir la deficiente actuación de las autoridades, para realizar la investigación complementaria con perspectiva de género y determinar la vinculación a proceso del acusado por el delito de feminicidio. El caso de Lesvy debe ser un punto de inflexión que permita que todas las mujeres tengan acceso a la justicia y a una vida libre de violencia. ¡Ni un feminicidio más! ¡Justicia para Lesvy! ¡Justicia para todas las mujeres! Atentamente Familiares de Lesvy Berlín Rivera Osorio Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A.C. Contacto: Jorge Aguilar. Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A.C. 56596797 ext. 227 VIDEO Imagen destacada: Jorge Aguilar Entradas relacionadas: RECHAZAMOS DE FORMA CONTUNDENTE DECLARACIONES REVICTIMIZANTES DE PGJCDMX: FAMILIARES Y DEFENSA DE LESVY BERLÍN Comunicado del Grupo de académicas expertas en perspectiva de género de la UNAM A 27 dias del feminicidio de Lesvy en Ciudad Universitaria, familia sigue demandando justicia y respeto a sus derechos.
Rendición de cuentas y anticorrupción
Rendición de cuentas y anticorrupción Sábado 29 de julio de 2017 Miguel Concha Este año el gobierno y muchos de nuestros políticos han demostrado con claridad la necesidad que tienen de la corrupción y la impunidad para gobernar y desarrollar su versión de democracia. Voy a mencionar enseguida cinco hechos significativos de corrupción a partir de julio de 2016, mes en que se promulgaron las siete leyes que constituyen el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). 1) La impunidad que han disfrutado algunos gobernadores estatales que han destinado recursos públicos a su patrimonio personal o a las campañas de su partido. Lo que entre cosas les permite disfrutar como de una especie de seguro, por el que las autoridades federales y locales actuarán con condescendencia y negligencia en la investigación de posibles delitos que hayan cometido, así como en la aplicación de penalizaciones una vez que terminen su periodo de gobierno. 2) La negación de evidentes conflictos de interés por parte de autoridades designadas por el gobierno, y cuyas acciones deberían estar sujetas a evaluación. 3) La utilización de recursos públicos y la participación de funcionarios de alto nivel en las campañas electorales de su partido. 4) El establecimiento de los sistemas locales anticorrupción en los estados, que presenta graves atrasos y revela el interés de los gobernadores de que el sistema no entre en operación. Sólo los estados de Querétaro, Jalisco y Nuevo León han cumplido con la implementación oportuna de las medidas necesarias para que el sistema opere en la fecha prevista. Los otros 29 no lo han hecho. 5) La postergación de nombramientos de elementos determinantes para que el SNA inicie sus operaciones a nivel federal, como es el caso de los miembros del Comité de Participación Ciudadana, el Fiscal General y el Fiscal Anticorrupción. Como una excepción en el periodo, debe mencionarse la actuación de la Auditoría Superior de la Federación. Pese a ello el resultado de sus auditorías no es atendido con eficiencia por el poder judicial en la mayor parte de los casos. Todo lo cual, y otras situaciones más, nos permiten afirmar que la impunidad sigue en su apogeo, y que es evidente que algunas de las autoridades buscan diferir las medidas necesarias para que el SNA opere. Además, siempre habrá el riesgo de que cuando entre en operación alguno de sus integrantes designados por el gobierno, o nombrados por los partidos políticos, no actúe con la autonomía necesaria. En fin, la opacidad y la discrecionalidad que requiere la corrupción para su operación no se va a lograr eliminar mientras el gobierno en todos sus niveles sea el único responsable de que así suceda. Y sin embargo, hay muchas naciones en las que no hay corrupción, ni siquiera percepción de ella, como es el caso de los Países Escandinavos, Nueva Zelandia y otros. Por lo que cabe preguntarse qué hacen y qué han hecho sus ciudadanos para que así suceda. La primera característica común que se observa en todos ellos es el respeto al derecho ciudadano de conocer en detalle el resultado de su esfuerzo tributario, por medio de una rendición de cuentas que permita la transparencia absoluta y detallada de la gestión gubernamental. La cultura en esos países incluye la práctica de solicitar esta información en forma natural y sistemática. La rendición de cuentas es integral, y contiene entre otras las siguientes características: a) La información se proporciona en forma anónima al interesado y es fácilmente accesible. b) Está permanentemente actualizada y en línea. c) Incluye la utilización de los recursos públicos de todas las instancias de gobierno, instituciones públicas, partidos políticos, sindicatos, etc. d) Los contratos de obra pública y de compras, incluyendo su justificación, impacto social, procesos de licitación y otorgamiento, así como el nombre de proveedores y ofertantes. e) Litigios en proceso en el poder judicial. f) Información que permita juzgar la eficiencia de la gestión gubernamental, aún cuando no implique movimiento de recursos públicos. g) Declaraciones patrimoniales y fiscales de los funcionarios de alto nivel de todas las instancias, incluyendo currículos. En el caso de nuevos nombramientos, el currículo y el patrimonio deben ser publicados antes de la designación, y pueden ser objetados. h) Los ciudadanos pueden además difundir sus comentarios, denuncias de corrupción, posibles conflictos de interés, sugerencias, quejas, objeciones etc., mediante organizaciones de la sociedad civil establecidas para tal efecto, conservando desde luego su anonimato. La consecuencia es que la ciudadanía se convierte en el eje de la lucha contra la corrupción, y en el elemento determinante para su gradual eliminación. De hecho conviven en una democracia participativa que utiliza la rendición de cuentas para vigilar y exigir la eficiencia, la honestidad y la legalidad, en una gestión gubernamental enfocada a lograr una democracia apegada a la legalidad y a la ética, la eficiencia, la equidad en el mercado, la búsqueda eficaz del bien común, y el logro de un auténtico estado de derecho. Lo anterior no es un sueño, sino una realidad en diversos países. En nuestro país contamos ya con una Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y con el instituto que debe implementarla sin cortapisas. Con un SNA en vías de operar, aunque sujeto a los obstáculos descritos, y que requiere para lograr sus propósitos de la participación de la sociedad civil en forma indispensable. Operan también diversas organizaciones ciudadanas dedicadas a lograr la eliminación de la impunidad. La siguiente etapa es el lograr motivar a nuestra ciudadanía para que reconozca la importancia de su participación, y utilice sus derechos en materia de rendición de cuentas, exigiendo sin descanso información, procesándola y dándole seguimiento. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada (modificada) : Scott Campbell Entradas relacionadas: Plaguicidas fuera de control Diez años de “sin maíz no hay país” Un nuevo estado para una nueva sociedad Líneas de acción para una visión de futuro Simulación e impunidad en Tlaxcala Revisión del TLCAN y participación social Libertad de realización y justicia La ANUEE y el derecho a la energía eléctrica Derecho al agua
Plaguicidas fuera de control
Plaguicidas fuera de control Sábado 22 de julio de 2017 Miguel Concha La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios define a los plaguicidas como aquellas sustancias químicas que impiden la proliferación de plagas y enfermedades de los cultivos y del ganado, y reducen o evitan las pérdidas en la producción de alimentos, contribuyendo así al control de los vectores de diversas enfermedades. Pero entre tan pocos beneficios, lo que señala a detalle son sus efectos nocivos, pues asegura que, no obstante la importancia económica de estos productos, es necesario destacar que su aplicación indiscriminada y sin control puede ocasionar daños al ambiente; por ejemplo el deterioro de la flora y la fauna silvestres, la contaminación del suelo, los mantos freáticos y las aguas continentales y costeras, así como la generación de plagas resistentes. Y agrega que el uso y manejo incorrecto de los plaguicidas es peligroso para el hombre (sic), lo cual se puede manifestar por intoxicaciones de grado diverso, y por efectos nocivos que pueden presentarse a mediano o largo plazo, tales como carcinogénesis, teratogénesis, esterilidad y mutagénesis, entre otros.Llama la atención que en una definición tan clara sobre los supuestos beneficios de los plaguicidas, se adviertan más resultados desfavorables que favorables por el uso de estas sustancias en los cultivos, además de que se consideren contrarias al cuidado de la naturaleza y de toda forma de vida, en las que se ve implicada la vida humana. Una definición como la de esta institución, encargada de la regulación, control y fomento sanitario, devela en sí misma un debate que no podemos obviar en México, pues se ha identificado que hoy existe en el país un uso desmedido de esos plaguicidas, y, tal y como dije arriba, ya se conocen sus efectos nocivos contra los derechos de las personas, aunque también se han visto afectados bienes comunes naturales por su descontrolado uso. Organizaciones sociales han identificado que trabajadores del campo, mujeres embarazadas, niñas y niños son principalmente quienes, ante el contacto con estas sustancias, altamente peligrosas, se ven en una situación de vulnerabilidad. En este sentido la organización Greenpeace México presentó en días pasados un informe, al que denominó Derechos Humanos y Plaguicidas, en el que urge a revisar y atender el descontrol en el uso de estas sustancias, sobre todo los plaguicidas altamente peligrosos. Con base en la documentación realizada, esta organización solicita al gobierno federal la prohibición de estos plaguicidas, toda vez que, por su uso en los cultivos y sistemas agrícolas, se han visto afectadas comunidades enteras. A partir de este informe, no es poco alertar, en un marco de respeto a los derechos humanos, y la impostergable, urgente y necesaria transición hacia la agricultura ecológica, sobre la urgencia de contar con un nuevo régimen legal en materia de plaguicidas. Como hemos discutido en otras ocasiones, sabemos, a propósito de esto último, que el modelo predominante, el de la agricultura industrial –surgido principalmente después de la revolución verde, que consistió en la implementación de una serie de tecnologías, que supuestamente beneficiarían la producción de alimentos–, ha generado daños al medio ambiente sin precedentes en la historia de nuestro planeta. A decir de Greenpeace, lamentablemente en México el núcleo de los problemas, incluso sobre este asunto, aparece mayormente en la aplicación nada efectiva de la ley y las normas. Como pasa en otros temas, como el de los Organismos Genéticamente Modificados, se advierte una incapacidad estatal, a veces consciente e intencionada, para ajustar a la industria a las pautas legales y éticas. Se requiere un marco legal aplicable que efectivamente obligue a las empresas a respetar los derechos humanos y el cuidado de la naturaleza. Como bien señala la organización autora del citado informe, los casos de contingencias por el uso de plaguicidas, y las complejas y trágicas afectaciones al medio ambiente, también desembocan en otras violaciones a derechos humanos, como el derecho a la salud o a la alimentación. Problemáticas que han sido también señaladas por relatores de Naciones Unidas relacionados con los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Desca), a pesar de las empresas que se empeñan en negar los daños a la salud, por un lado, y pregonan falsamente los beneficios del uso de plaguicidas químicos para aumentar la productividad de alimentos, por otro. Las violaciones a Desca por el uso de plaguicidas, evidencian la negligencia y corrupción de los gobiernos en este problema. Es decir, quedan al descubierto la opacidad y la operación irregular de esta industria. Urge pues que, como objetivos irreductibles en la gestión de plaguicidas, se ponga énfasis en la seguridad e integridad da las personas, la protección del medio ambiente y las obligaciones de las empresas en materia de derechos humanos. Cada uno de estos problemas, que ponen en riesgo la vida humana y toda forma de vida, nos confirman que, de no ser modificados, traspasaremos el límite vital y de equilibrio del planeta. Debemos revertir el desastre ambiental que han ocasionado empresas que, motivadas por la concentración de la riqueza, nos llevan al extremo de las posibilidades de existencia en el planeta. Son estas corporaciones las que, de manera absurda, siguen contribuyendo al ecocidio. Estamos a tiempo de ponerle un alto a esta debacle, y para ello el cumplimiento de las obligaciones de los estados y las empresas puede ser de utilidad para contener, y aún más, para cambiar de raíz, el paradigma imperante de la agricultura industrial. Para incrementar y hacer más fuerte el de la agroecología, que se basa en el respeto de la naturaleza y la soberanía alimentaria de los pueblos. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada (modificada) : ivan almandoz Entradas relacionadas: Diez años de “sin maíz no hay país” Un nuevo estado para una nueva sociedad Líneas de acción para una visión de futuro Simulación e impunidad en Tlaxcala Revisión del TLCAN y participación social Libertad de realización y justicia La ANUEE y el derecho a la energía eléctrica Derecho al agua y al saneamiento en México Defensa ciudadana de la Constitución de la CDMX
100 Años Mons. Oscar Arnulfo Romero
SOBRE EL EVENTO: El próximo 15 de agosto diversas organizaciones y colectividades celebraremos los 100 años del nacimiento de Oscar Arnulfo Romero. Las causas por las que él luchó y motivo por el que le arrebataron la vida con un vil asesinato, están vigentes. La pobreza, la desigualdad, el gran contraste entre quienes poseen la riqueza de nuestros pueblos, a quienes se les ha arrebatado, allí están. La violencia, la expulsión y desplazamiento de miles de mujeres y hombres de todo el mundo cada día es mayor. El Salvador, y casi toda Centroamérica, sufre los estragos de la voracidad de las trasnacionales en complicidad con gobiernos que se someten a sus exigencias. Este pueblo latinoamericano continúa defendiendo lo que le pertenece, pero la maquinaria de un sistema capitalista neoliberal y patriarcal es depredador y nunca puede calmar sus ansias de poseerlo todo. Por lo tanto, al recordar la vida de Romero nos damos cuenta que el sueño de construir una sociedad justa, y solidaria allí está. Si en los tiempos de Romero habían surgido movimientos civiles y armados para recuperar la soberanía de los pueblos, hoy más que nunca a 37 años de su Pascua, la realidad nos grita que busquemos juntos nuevos caminos y surja de nuevo la solidaridad entre comunidades y pueblos de América Latina, para impedir que la embestida de los actuales dueños del mundo, se empeñe en arrebatarnos lo que es nuestro. Proponemos una Jornada Cívico-Político- Cultural de conmemoración del Centenario de Romero, a través del arte, la difusión, el debate, actividades que nos sensibilicen, nos impulsen, nos lancen sin miedo y seguros de que es «Nuestra hora». Ya no podemos esperar… Entrada libre. Evento en facebook ACTIVIDADES: 25 DE JULIO (11am). Lanzamiento de la Jornada por el Centenario de Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdámez. Rueda de prensa. Lugar: CENCOS (Medellín 33, Col. Roma, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México). (Mapa) 25 DE JULIO (17hrs). Participación en el programa de radio «Voces del Periodista» ABC Radio 760 de AM 26 DE JULIO (17hrs). Proyección de la película «Romero» (1989). LUGAR: Ágora del Centro Universitario Cultural (CUC) (Odontología 35 Col. Copilco-Universidad, Delegación Coyoacán, Ciudad de México). (Mapa) 5 DE AGOSTO (16:30hrs). Proyección de la película «Romero» (1989). LUGAR: Institución Javeriana (Maple 43 Col. Santa María Insurgentes) (Mapa) 12 DE AGOSTO (17hrs). Celebración Ecuménica en la Parroquia Anglicana de la Sagrada Familia (Oriente 87 #2426 Col. Emiliano Zapata, Delegación Gustavo A. Madero, Ciudad de México). (Mapa) 12 DE AGOSTO. Acto Cultural en Guadalajara (Parroquia Anglicana San Marcos, Calle Chichimecas 836. Colonia Prados Providencia, Guadalajara). (Mapa) 15 DE AGOSTO. Encuentro Cultural por los 100 años de Monseñor Romero en Casa de la Solidaridad (Patricio Sanz 449. Col. Del Valle Norte, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México). (Mapa) MÁS INFORMACIÓN : 55239582 (SICSAL) y 56872505 (Comité Monseñor Romero) (Click para ampliar imagen, se abrirá una nueva ventana) Contenido relacionado: 100 Años Mons. Oscar Arnulfo Romero Diez años de “sin maíz no hay país” Sometidos a juicio todos los transgénicos de maíz en el país Lesvy no se suicidó, la vinculación a proceso debe ser por feminicidio Segundo Comunicado del Grupo de académicas expertas en perspectiva de género de la UNAM RECHAZAMOS DE FORMA CONTUNDENTE DECLARACIONES REVICTIMIZANTES DE PGJCDMX: FAMILIARES Y DEFENSA DE LESVY BERLÍN Organizaciones de la sociedad civil se suman al llamado para rechazar el proyecto de Ley de Seguridad Interior en México Un nuevo estado para una nueva sociedad Bala del gobierno de Michoacán pone en riesgo vida de normalista Comunicado del Grupo de académicas expertas en perspectiva de género de la UNAM
Diez años de «sin maíz no hay país»
Diez años de «sin maíz no hay país» Sábado 15 de julio de 2017 Miguel Concha Debido a la entrada del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que implica la importación de maíz y frijol, desde el año 2007 se presentaba una amenaza en el país. En efecto, pueblos indígenas y campesinos, que cuentan con modelos de producción asociados al sistema milpa, veían amenazada la soberanía alimentaria y el derecho a producir y nutrirse de forma adecuada y conforme a sus necesidades y cosmovisiones. Pero la amenaza del TLCAN implicaba todavía más: la desarticulación del sistema milpa. Se pretendía eliminarlo y que se usaran y consumieran granos importados, haciendo del monocultivo la única forma de producción. Por fortuna más de 300 organizaciones campesinas, sindicales, ambientalistas, de derechos humanos, de mujeres y de alimentación, entre otras, se unieron el 25 de junio de ese año para convocar la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País (Cnsmnhp). Se propuso que a partir de ese momento sería más agresiva la defensa de la soberanía alimentaria, la reactivación del campo, su acercamiento con la ciudad, el reflexionar sobre la importancia del derecho a la alimentación en México, y el análisis crítico en torno al uso de los organismos genéticamente modificados. En especial el poner atención al intento del gobierno por permitir en forma masiva la introducción y siembra del maíz transgénico. Ya desde hace 10 años estos temas se presentaron con carácter de urgente, y por ello fue necesario entretejer estrategias diversas y multisectoriales que permitieran enfrentar la voracidad de las grandes corporaciones monopólicas semilleras y agroalimentarias. Al revisar los 10 años de trabajos de la Cnsmnhp, llama la atención sin duda la creatividad de las organizaciones sociales para realizar denuncias y elaborar propuestas, así como para construir puentes entre los diversos lugares que abarca México. Pero sobre todo para desarrollar una identidad nacional en torno al maíz y la milpa. Y así, hoy contamos con festejos como el Día Nacional del Maíz, establecido cada año para los días 29 de septiembre, y somos conscientes de que la importancia del derecho a la alimentación sana y adecuada es tal, que ahora está incluso reconocido a nivel constitucional. Además, las organizaciones han aprendido que la herramienta de la exigibilidad de los derechos es también una forma de lucha. Han entendido que la lucha por nuestros derechos se lleva a cabo bajo el principio de la integralidad, según el cual éstos no se pueden jerarquizar, sino que, al ponerlos en acción, generan movilización, reconociendo que con ello no se agota el trabajo organizativo, sino que es tan sólo uno de los pilares que hoy sostienen las luchas sociales en el país. Es importante entonces reconocer también los diversos instrumentos jurídicos que han sido usados por parte de las organizaciones que integran la Cnsmnhp, y que confluyen en una demanda colectiva contra la siembra comercial de maíz transgénico. Con ella se han obteniendo medidas cautelares, vigentes hasta la fecha, que prohíben al gobierno mexicano otorgar permisos de siembra comercial de maíz transgénico. Esta lucha ha sido inspiración para diversas causas que utilizan también el litigio estratégico en la defensa de sus derechos, y pretenden que en todo momento éste sea un instrumento que fortalezca los procesos organizativos y de resistencia de las comunidades y pueblos. Me detengo un poco más en este asunto. Desde septiembre de 2013 los tribunales federales han dictado diversas órdenes para suspender la siembra comercial de maíz transgénico. Y en marzo de 2016 un tribunal de apelaciones sujetó también a vigilancia judicial dichas siembras con fines de investigación. Sin embargo, la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación ha pospuesto indebidamente la tramitación de tales permisos. Desde entonces, y hasta la fecha, se cuentan 46 meses en los que no se ha autorizado en el país por mandato judicial siembra alguna de dicho maíz. Es entonces lamentable que las instituciones encargadas de velar por nuestro derecho a la diversidad biocultural y a la alimentación sean omisas ante tales resoluciones, pues estamos enterados que continúan dichas siembras en forma ilegal. Por ejemplo, y de manera descontrolada, en estados como Chihuahua; y que, aún sabiéndolo, instituciones como la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados se autolimiten en el cumplimiento de resoluciones judiciales. Para la Cnsmnhp urge cambiar el modelo neoliberal y el régimen autoritario de gobierno, por uno basado en la defensa del bien común y los derechos individuales y colectivos. Se requiere asimismo consolidar la soberanía alimentaria e hídrica del país, y garantizar nuestros derechos a seguir siendo pueblos indígenas y campesinos, y a conservar y usar nuestras propias semillas. Que todas las personas vean garantizado su derecho a una alimentación sana, adecuada y suficiente, y a contar con información veraz, clara y oportuna sobre lo que comemos. Se requiere igualmente retirar de manera inmediata y urgente la agricultura y la alimentación del TLCAN y de cualquier otro tratado de libre comercio, y prohibir definitivamente las siembras e importaciones de maíz, soya y otros alimentos transgénicos. Se deben también respetar los territorios campesinos y sus recursos, conservando la propiedad social de la tierra, y promover la siembra de cultivos agroecológicos sin uso de químicos, pesticidas y fertilizantes que dañan el ambiente y contribuyen al calentamiento global. Deben incentivarse igualmente cadenas cortas agroalimenticias, para que los alimentos de producción agroecológica sean vendidos a comunidades cercanas a precios justos y sin intermediarios. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Albert Arques Entradas relacionadas: Un nuevo estado para una nueva sociedad Líneas de acción para una visión de futuro Simulación e impunidad en Tlaxcala Revisión del TLCAN y participación social Libertad de realización y justicia La ANUEE y el derecho a la energía eléctrica Derecho al agua y al saneamiento en México Defensa ciudadana de la Constitución de la CDMX Biodiversidad amenazada En la encrucijada del norte y el sur
Sometidos a juicio todos los transgénicos de maíz en el país
SOMETIDOS A JUICIO TODOS LOS TRANSGÉNICOS DE MAÍZ EN EL PAÍS Ciudad de México, 12 de julio de 2017 -4 años de impugnaciones abren debate judicial sobre daños a la biodiversidad y a la salud humana -Pendiente aprobación de audiencias con especialistas -Llamado a seguir defendiendo al maíz nativo dentro y fuera de los tribunales Por primera vez en la historia de los organismos genéticamente modificados (OMG) uno de sus cultivos, objeto de alteraciones, será sometido a juicio en toda una nación. Tribunales mexicanos, después de 4 años de impugnaciones, han abierto el debate judicial sobre si su siembra acarreará daños a la biodiversidad y a la salud humana, en el territorio que es centro de origen mundial de este cultivo. Y es que en el juicio no sólo se analizará cada zona de cultivo, sino los potenciales daños a larga distancia y entre las diferentes regiones. Esto supera las evaluaciones que hasta antes de 2013 había practicado la Secretaria de Agricutura (SAGARPA) para siembras de tipo experimental y en programa piloto, que solo se enfocan al área de liberación de los transgénicos. A diferencia de los juicios sobre transgénicos que se han realizado o realizan en otros países, en que solamente se estudian a los herbicidas, o los daños que puede ocasionar exclusivamente un evento transgénico, el debate judicial en México comprende las afectaciones que cualquier organismo alterado genéticamente pueda ocasionar sobre las reservas genéticas de los maíces nativos y sus parientes silvestres en México, es decir sobre la biodiversidad de la cual depende el cultivo de este cereal en todo el orbe. Las afectaciones a los derechos a la salud y a la alimentación también serán objeto de análisis; sin embargo, aún no se ha definido si estas afectaciones pueden estudiarse dentro de un juicio colectivo como parte de los daños que ocasiona la liberación de OGM al ambiente. El juicio federal de acción colectiva que fue impulsado por la Colectividad del Maíz[1]desde julio de 2013, espera que se cumpla la finalidad que consiste en que la autoridad judicial federal declare que la liberación o siembra de maíces transgénicos dañará el derecho humano a la diversidad biológica de los maíces nativos, de las generaciones actuales y futuras; así como los derechos relacionados: derecho a la alimentación, derecho a la salud y derechos de los pueblos originarios y por lo tanto la negación de permisos. Desde septiembre de 2013 los tribunales federales han dictado diversas órdenes para suspender la siembra comercial. En marzo de 2016 un tribunal de apelaciones sujetó a vigilancia judicial las siembras con fines de investigación científica; sin embargo, la SAGARPA ha pospuesto la tramitación de tales permisos. Lo anterior arroja un logro de 46 meses en los que no se ha autorizado en el país siembra alguna de maíz transgénico, por mandato judicial. En el tiempo que ha pasado, con base en las resoluciones de los tribunales de apelaciones y de amparo, las partes implicadas en el juicio han tenido la oportunidad de proponer sus pruebas, no obstante, entre las resoluciones que quedan pendientes está, por un lado, “que se aprueben las audiencias con especialistas que como demandantes propusimos para demostrarlo, por otro que se ratifique -definitivamente- que los permisos de siembra pre comercial y comercial estén suspendidos hasta el final del juicio y finalmente que se confirme -también definitivamente- que los permisos con fines de investigación científica estén sujetos a vigilancia judicial, con la amenaza que de no hacerlo se reinstale la suspensión”, explicó el Colectivo. De esta forma, las próximas semanas serán cruciales para conocer cuál será el futuro del maíz transgénico en México según los tribunales de este país. Finalmente la Colectividad Ciudadana señala que el juicio aún no está ganado y lanza el llamado a seguir defendiendo al maíz nativo dentro y fuera de los tribunales ante las latentes amenazas que enfrenta el maíz nativo, la soberanía alimentaria y los derechos campesinos, y ante la presencia del maíz transgénico en el campo y en nuestra comida. “Es necesario no confiarse y redoblar esfuerzos en la defensa del maíz en su centro de origen, salvaguardar la riqueza biocultural del maíz en su centro de origen, proteger el ambiente, la salud y estar alerta a las decisiones del Poder Judicial sobre nuestro principal alimento y bien común de la humanidad”. -0o0- Información: Representante común Adelita San Vicente Tello 044 55-26-53-77-00 | Abogado René Sánchez Galindo 044 55-5436-4248 | Comisión científica Dr. Antonio Turrent 044 55-21-289957 | Comisión de Comunicación Francia Gutiérrez 044 55-39-22-68-98 [1] Formada por 53 personas, científicos, investigadores, académicos, campesinos, apicultores, defensores de derechos humanos, ambientalistas, artistas, representantes de organizaciones civiles, todos consumidores. Demanda colectiva maíz Imagen destacada (modificada): West Virginia C Entradas relacionadas: Lesvy no se suicidó, la vinculación a proceso debe ser por feminicidio Segundo Comunicado del Grupo de académicas expertas en perspectiva de género de la UNAM RECHAZAMOS DE FORMA CONTUNDENTE DECLARACIONES REVICTIMIZANTES DE PGJCDMX: FAMILIARES Y DEFENSA DE LESVY BERLÍN Organizaciones de la sociedad civil se suman al llamado para rechazar el proyecto de Ley de Seguridad Interior en México Bala del gobierno de Michoacán pone en riesgo vida de normalista Comunicado del Grupo de académicas expertas en perspectiva de género de la UNAM Nuevamente el estado usa armas letales contra normalistas y su ejercicio a la libre expresión En defensa de la Constitución. Mensaje a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México ANUEE avanza en conquista de derechos sociales, las autoridades deben cumplir cabalmente acuerdos A 27 dias del feminicidio de Lesvy en Ciudad Universitaria, familia sigue demandando justicia y respeto a sus derechos.
Lesvy no se suicidó, la vinculación a proceso debe ser por feminicidio
LESVY NO SE SUICIDÓ, LA VINCULACIÓN A PROCESO DEBE SER POR FEMINICIDIO Ciudad de México, 10 de julio de 2017 -La investigación de la PGJCDMX contiene elementos suficientes para acreditar el feminicidio de Lesvy -Falso que en los videos se observe que Lesvy se quitó la vida, pero sí muestran fuertes agresiones físicas del presunto feminicida contra la víctima. -Exigimos renuncia del Fiscal de Homicidios de la PGJCDMX y de la titular de la fiscalía de Coyoacán. La muerte de Lesvy Berlín Rivera Osorio es un feminicidio y debe investigarse y juzgarse como tal; la joven no se suicidó como pretende concluir la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX). Así lo sostuvimos hoy en la Audiencia de vinculación a proceso, donde acudimos la familia y sus defensoras y defensores del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A.C., así como representantes del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y diversas organizaciones que de forma solidaria acudieron a la audiencia. Durante esta audiencia solicitamos al juez que bajo ninguna circunstancia el proceso judicial debía basarse en la acusación de la PGJCDMX, que imputa a una persona el delito de homicidio simple doloso por omisión, toda vez que en la carpeta de investigación se hallan datos de prueba con el estándar suficiente para señalar la probable responsabilidad de su pareja por el delito de feminicidio. Algunos datos de prueba en la investigación que permiten acreditar el delito de feminicidio se refieren a las lesiones infamantes que sufrió Lesvy previo a su asesinato, incluidas, por ejemplo, un golpe fuerte con una cadena directo a su rostro y golpes en su cabeza que generaron sangrado interno, así como la posterior exposición pública de su cuerpo (recordemos que apareció sin vida en las inmediaciones del Campus de Universidad Nacional Autónoma de México); otro elemento que considera el tipo penal de feminicidio es la probada relación afectiva y de confianza que Lesvy tenía con su pareja, lo que la colocó en un estado de suma vulnerabilidad. Por ello, fue requerido por la familia y la defensa que se vincule a proceso a esta persona en razón de ser el probable responsable del asesinato de Lesvy, y esta vinculación debe ser por el delito de feminicidio. Esto que requirió la familia y defensa fue negado, el delito por el que esta persona sigue vinculado a proceso permanece como homicidio simple doloso, por lo que fue presentado el recurso de apelación ante esta resolución. Solicitamos también, se fijara el plazo para la investigación complementaria, con el fin de fortalecerla y generar el más alto estándar probatorio que permita llevar a juicio a esta persona y sancionarla por el delito de feminicidio agravado, dicho plazo será de 4 meses. Además, se ha solicitado y logrado la nulidad de un peritaje que revictimiza a Lesvy. En razón de las violaciones a derechos humanos de las víctimas cometidas por la Procuraduría General de Justicia desde el inicio de las investigaciones, y hasta ahora en la imputación de la hipótesis de suicidio, exigimos la inmediata renuncia del titular de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio, Marco Enrique Reyes Peña; así como la destitución de la titular de la fiscalía desconcentrada COY-1, Claudia Elizabeth Cañizo Vera, por la filtración de información a su cargo. No fue suficiente la renuncia del anterior Procurador, ya que funcionarios y funcionarias como estos fiscales son responsables directos de la violación a los derechos de las mujeres en la Ciudad de México. El Gobierno de la Ciudad de México debe rectificar su línea de investigación, tal y como en su momento se comprometió, y remover todo obstáculo para que todas las mujeres accedan a la justicia y puedan vivir una vida libre de violencia. ¡Ni un feminicidio más! ¡Justicia para Lesvy! ¡Justicia para todas las mujeres! Atentamente Familiares de Lesvy Berlín Rivera Osorio Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A.C. Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio Contacto: Jorge Aguilar. Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A.C. 56596797 ext. 227 Entradas relacionadas: RECHAZAMOS DE FORMA CONTUNDENTE DECLARACIONES REVICTIMIZANTES DE PGJCDMX: FAMILIARES Y DEFENSA DE LESVY BERLÍN Comunicado del Grupo de académicas expertas en perspectiva de género de la UNAM A 27 dias del feminicidio de Lesvy en Ciudad Universitaria, familia sigue demandando justicia y respeto a sus derechos.
Segundo Comunicado del Grupo de académicas expertas en perspectiva de género de la UNAM
Segundo Comunicado del Grupo de académicas expertas en perspectiva de género de la UNAM 10 de Julio de 2017 El Grupo Interdisciplinario de universitarias expertas en género expresa su preocupación por el comunicado de prensa CS2017-584 que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México emitió el pasado 06 de julio, en el que nuevamente se revictimiza a Lesvy Berlín Rivera Osorio y a su familia. No se garantizaron ni respetaron los derechos de las víctimas, conforme lo señalan los ordenamientos vigentes, pues al concluir que se trató de un suicidio, el Ministerio Público no comunicó previamente el punto a la familia para que ésta pudiera hacer observaciones oportunas ejerciendo su función de coadyuvancia como lo señala la Constitución. Los familiares de la víctima y su asesora jurídica tampoco conocieron antes la carpeta de investigación en su totalidad ni con el tiempo necesario para analizar las diligencias desahogadas de las que tuvieron conocimiento. Por tanto, en congruencia con nuestro comunicado del pasado 26 de junio y ante las recientes acciones de la PGJ, exigimos nuevamente que se observe el debido proceso ya que existe una notoria ausencia de perspectiva de género y no se ha investigado el caso como feminicidio, con lo cual se incumplen ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales, asi como la jurisprudencia obligatoria «1a./J. 22/2016 (10a.) ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”, derivada del caso Mariana Lima, la cual determina que ante muertes violentas de mujeres, la primer línea de investigación que debe seguirse es la de feminicidio. Grupo de académicas expertas en perspectiva de género de la UNAM Dra. Ana Buquet Corleto; Centro de Investigaciones en Estudios de Género (CIEG) Dra. Lucía Núñez Rebolledo; Centro de Investigaciones en Estudios de Género (CIEG) Dra. Gloria Ramírez Hernández; Cátedra UNESCO en Derechos Humanos, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) Mtra. Lourdes Enríquez Rosas; Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) Dra. Ydalia Pérez Fernández Ceja; Federación Mexicana de Universitarias (FEMU A.C.) Mtra. Leticia Cano Soriano; Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS) Imagen destacada : Jorge Aguilar Entradas relacionadas: Lesvy no se suicidó, la vinculación a proceso debe ser por feminicidio RECHAZAMOS DE FORMA CONTUNDENTE DECLARACIONES REVICTIMIZANTES DE PGJCDMX: FAMILIARES Y DEFENSA DE LESVY BERLÍN Organizaciones de la sociedad civil se suman al llamado para rechazar el proyecto de Ley de Seguridad Interior en México Bala del gobierno de Michoacán pone en riesgo vida de normalista Comunicado del Grupo de académicas expertas en perspectiva de género de la UNAM Nuevamente el estado usa armas letales contra normalistas y su ejercicio a la libre expresión En defensa de la Constitución. Mensaje a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México ANUEE avanza en conquista de derechos sociales, las autoridades deben cumplir cabalmente acuerdos A 27 dias del feminicidio de Lesvy en Ciudad Universitaria, familia sigue demandando justicia y respeto a sus derechos. Organizaciones sociales de Canadá, Estados Unidos y México acuerdan trabajar juntas ante amenaza de Trump y renegociación del TLCAN (NAFTA)
RECHAZAMOS DE FORMA CONTUNDENTE DECLARACIONES REVICTIMIZANTES DE PGJCDMX: FAMILIARES Y DEFENSA DE LESVY BERLÍN
RECHAZAMOS DE FORMA CONTUNDENTE DECLARACIONES REVICTIMIZANTES DE PGJCDMX: FAMILIARES Y DEFENSA DE LESVY BERLÍN Ciudad de México, 06 de julio de 2017 Ciudad de México, 06 de julio de 2017. -Dos meses después, PGJCDMX presenta la hipótesis de suicidio como concluyente aún cuando la investigación continúa abierta y con inconsistencias graves. – La estrategia de la PGJCDMX ha sido impedir el acceso pleno al expediente de investigación del caso a la familia y a la defensa. La familia de Lesvy Berlín Rivera Osorio y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A.C., como organización acompañante, rechazamos contundentemente las declaraciones de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, que de nueva cuenta dio a conocer información y realizó la detención de una persona sin que la familia fuera notificada de manera previa y adecuada. La PGJCDMX afirma que Lesvy se quitó la vida en presencia de un acompañante que no impidió el hecho y por ello “se acreditó la existencia del delito de homicidio simple doloso”. La Procuraduría inició la investigación estigmatizando, criminalizando y revictimizando a Lesvy; dos meses después, difunde un comunicado formulando una hipótesis que presenta como concluyente, aun cuando la investigación continúa abierta y ha presentado inconsistencias graves. Insistimos en que numerosos dictámenes periciales se realizaron bajo una lógica criminalizante, revictimizante y carente de perspectiva de género. La PGJCDMX, ha sostenido una estrategia que se ha caracterizado por ocultar la información a la familia de Lesvy y a la defensa, sosteniendo desde el primer momento la culpabilidad de Lesvy de su propia muerte. En su propio mensaje, la Procuraduría ha informado que realizar 16 entrevistas y revisar 20 horas de video le ha llevado 2 meses completos; tras los cuales hasta el día de ayer, 5 de julio (1), fueron entregados a este Centro de Derechos Humanos en su totalidad la carpeta de investigación y los videos de vigilancia proporcionados por la Universidad Nacional Autónoma de México, evitando a toda costa la intervención en la coadyuvancia institucional del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), e impidiendo que la familia y la defensa pudieran corroborar que la investigación se desarrollaba de acuerdo a los estándares aplicables en la investigación de feminicidios. La PGJCDMX sigue actuando al margen de la familia, de las víctimas, de sus acompañantes y defensoras, y del OCNF que ha solicitado la coadyuvancia institucional en el caso. La PGJDCMX continua sin admitir que el caso de Lesvy Berlín Rivera Osorio es un feminicidio y que el Gobierno de la Ciudad de México ha sido incapaz de proteger la vida de numerosas mujeres frente a la violencia feminicida.¡Ni una más! ¡Justicia para Lesvy! ¡Justicia para todas las mujeres! Atentamente: Familiares de Lesvy Berlín Rivera Osorio y Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, A.C. Contacto: Jorge Aguilar. Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A.C. 56596797 ext. 227 (1). Entregados en una reunión que terminó pasadas las 22:00 horas del 5 de julio. Entradas relacionadas: Comunicado del Grupo de académicas expertas en perspectiva de género de la UNAM A 27 dias del feminicidio de Lesvy en Ciudad Universitaria, familia sigue demandando justicia y respeto a sus derechos.
