Organizaciones de la sociedad civil se suman al llamado para rechazar el proyecto de Ley de Seguridad Interior en México
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL SE SUMAN AL LLAMADO PARA RECHAZAR EL PROYECTO DE LEY DE SEGURIDAD INTERIOR EN MÉXICO Canadá. 03 de julio de 2017 Ante el alto riesgo de aprobación de la Ley de Seguridad Interior en México, que tiene como principal objetivo legitimar la intervención del ejército en acciones de seguridad pública, nosotros y nosotras, representantes de organizaciones sociales de las Américas, unimos nuestra voz a los diferentes organismos de la sociedad civil mexicanos e internacionales que denuncian sobre la afronta a los derechos humanos que significaría la aprobación de dicha ley. Todo indica que la estrategia de militarización implementada por el gobierno mexicano desde el año 2006, lejos de mejorar la situación de los derechos humanos en el país, acarreó un aumento considerable de los hechos de violencia, con 213,000 muertos y más de 30 mil desaparecidos desde esta fecha. Existe evidencia (1) de múltiples casos de tortura, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales perpetradas por los militares desde el inicio de esta estrategia de militarización, y los índices de violaciones de los derechos humanos alcanzan niveles nunca antes vistos. Entre 2006 y 2014 hubo más de 1,273 denuncias por tortura en manos de militares (2). En este contexto, resulta altamente preocupante la intención del gobierno mexicano de seguir con una estrategia de guerra, normalizando el Estado de excepción y el actuar de las fuerzas militares en los asuntos de seguridad pública, aún más considerando que varias disposiciones del proyecto de Ley de Seguridad Interior contravienen a la Constitución Política del Estado. Entre otras disposiciones preocupantes, cabe mencionar que el proyecto de ley: Faculta al Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea y a cualquier fuerza de seguridad pública federal para operar como investigadores y realizar acciones de vigilancia a la población por “cualquier método de recolección de información”, sin restricción y sin la facultad de un juez, vulnerando el respeto y la garantía del derecho a un debido proceso, de las garantías judiciales y del derecho a la privacidad, entre otras consecuencias; Prevé que la documentación sobre acciones realizadas por las fuerzas armadas en la aplicación de la ley será considerada clasificada por 12 años, por motivos de seguridad nacional, sin que organizaciones de la sociedad civil, instituciones públicas o miembros del Congreso puedan tener acceso a esta información; Considerando que la ley no tiene carácter de aplicación específica contra el crimen organizado sino contra “quien ponga en riesgo la nación” (Artículo 3), abre paso al uso de la fuerza pública, incluyendo la fuerza letal, contra manifestaciones pacíficas de las comunidades y de los movimientos sociales; Significa la normalización de un régimen de excepción donde las fuerzas armadas se sustituyan a las fuerzas policiales para asegurar la seguridad pública, y donde los derechos a la libre expresión, los derechos de libre tránsito, al debido proceso y la presunción de inocencia, entre otros, serían violentados; Privilegia acciones de represión y confrontación con la población en vez de apostarle a generar acciones de diálogo y paz en las zonas y regiones afectadas por una violencia generalizada, por ejemplo, a través de la formación y capacitación adecuada de las policías y del apoyo a iniciativas ciudadanas y comunitarias para asegurar la seguridad. Ante esto, las organizaciones abajo firmantes manifestamos nuestra fuerte preocupación por la eventual aprobación de esta nueva Ley de Seguridad Interior que da paso a la represión y a eventuales actos de tortura y asesinatos que pueda cometer el gobierno mexicano, a través de las fuerzas militares, bajo el pretexto de mantener el orden y a la seguridad. Un país militarizado demuestra una crisis institucional profunda y en México ya ha generado graves casos de tortura, feminicidios, asesinatos, desplazamientos forzados, desapariciones forzadas y múltiples ejecuciones extrajudiciales. Creemos de suma importancia que el Estado mexicano apueste por generar condiciones de paz y no de guerra para resolver la severa crisis de los derechos humanos que conoce actualmente el país, y respete el conjunto de las disposiciones de la Constitución del Estado Mexicano, que prevé que las fuerzas armadas estén reguladas y sometidas al poder ejecutivo y al control civil. Al mismo tiempo hacemos un llamado a la comunidad internacional a estar atenta, a que denuncie las graves violaciones perpetradas por el Estado mexicano y sus órganos de gobierno y a que inste a sus gobiernos a que ejerzan presión sobre México para que éste respete los múltiples tratados internacionales en materia de derechos humanos a los cuales este país ha suscrito. ORGANIZACIONES FIRMANTES QUEBEC Centre international de solidarité ouvrière (CISO) Centrale des syndicats du Québec (CSQ) Centro de trabajadores y trabajadoras inmigrantes (CTTI) Comité por los derechos humanos en América Latina (CDHAL) Confédération des syndicats nationaux (CSN) Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM–CSN) Conseil régional Montréal métropolitain-FTQ El bloque de artistas del Centro de trabajadores inmigrantes L’Entraide missionnaire Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN) Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) Groupe de recherche sur les espaces publics et les innovations politiques – UQÀM Projet Accompagnement Solidarité Colombie (PASC) Projet Accompagnement Québec-Guatemala (PAQG) Réseau québécois des groupes écologistes (RQGE) Syndicat canadien de la fonction publique-Québec (SCFP-Québec) Syndicat des Métallos Syndicat des travailleurs et des travailleuses des postes (STTP) Syndicat des employés de service section locale 800 CANADÁ Canadian Council for International Co-operation CIPOVAN- Consejo Indígena Popular de Oaxaca “Ricardo Flores Magón”-Vancouver Comité por los Derechos Humanos en América Latina (CDHAL) Common Frontiers Colombian Action Solidarity Alliance (CASA) Inter Pares Migrant Worker’s Dignity Association (MWDA) MiningWatch Canada INTERNACIONAL Acción Colectiva, México Bios Iguana A.C., México Coalición Fortaleza Latina PA, Estados Unidos Confédération des travailleurs des secteurs public et privé (CTSP), Haití Consejo Tiyat Tlali. Sierra Norte de Puebla, México Costureras de Sueños, México Otros Mundos AC/Chiapas, México Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A.C., México Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos, México 1 Ver entre otras fuentes, Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos
Un nuevo estado para una nueva sociedad
Un nuevo estado para una nueva sociedad Sábado 01 de julio de 2017 Miguel Concha iscutir el proceso electoral de 2018 empieza ya a ser cansado, sea porque se manifiesta como algo ya muy visto, o porque aparece como un territorio monopolizado por los partidos, los políticos profesionales y los gobernantes. De las tres posibilidades en actitud política que establecía el célebre analista de lo público Albert Hirschman en su libro Salida, voz y lealtad (la salida como negativa a jugar, ante el convencimiento de que no se puede cambiar el orden vigente; la voz como expresión de la protesta que busca su modificación, y la lealtad como el acatamiento de las tendencias prevalecientes), pareciera que a la sociedad civil mexicana no le quedara otra alternativa que la resignación. Adaptando esta clasificación a la situación político-electoral del país, se podría decir que hoy la lealtad sería en México hacia el sistema de partidos y en general hacia el desgastado régimen político aún prevaleciente, esperando pacientemente a que, cual lotería, en algún momento surja alguien que apoye la modificación del estatus quo,dejando entretanto a éstos jugando su juego; es decir, como si realmente nos representaran y efectivamente nos gobernaran. Para todos aquellos que saben que ese juego no es real, la salida es la tentación permanente de darle la espalda a lo que ocurre en el ámbito electoral; no caer en el juego, abstenerse, no sólo de votar, sino también de disentir y de opinar. Pero como lo específico de la sociedad civil es ante todo la búsqueda de la refundación de todo el orden social, incluida la política, parece que a ésta no le queda otra alternativa que la de levantar la voz, pero haciéndose oír, no clamando en el desierto, sino en las modernas ágoras de la vida pública. Desde finales de los años 80 quedó claro que a quienes dominan la vida política no se les puede rebasar por unos cuantos puntos porcentuales, sino que se les tiene que arrasar con un gran margen de diferencia. Esto hace que quienes pretendan hacer solos la larga travesía del laberinto de la política muy probablemente tengan que seguir conformándose con ocupar una y otra vez la antesala del poder, pero no el poder mismo. Y por ello, de lo anterior se sigue la importancia del tema que ha venido cobrando cada vez más importancia en la agenda pública nacional, los frentes amplios. Ciertamente que construir uno es por demás necesario, aunque el fondo del asunto es que hay diversas maneras de lograrlo. Sin embargo, desde la perspectiva de la sociedad civil, el punto de partida para discutirlo es que no se trata sólo de un asunto de números, sino de contenidos. Por supuesto que un frente amplio tendría que ser indispensable para arrasar en las elecciones, pero para cambiar este país no basta con juntar muchos votos; hay que reunir muchas voluntades y entretejer muchos proyectos, puesto que no son menores los cambios que reclama la sociedad mexicana. Dicho frente tiene que centrarse ineludiblemente en un Proyecto Amplio para la transformación del régimen político, pues el actual está viviendo desde hace décadas tiempos extras. Se requiere de un régimen político fincado en el predominio de la sociedad sobre el gobierno. Un régimen que se realice a través de múltiples y eficaces instrumentos de participación ciudadana. Un régimen político con un verdadero equilibrio de poderes, en el que el legislativo funcione realmente como control del ejecutivo, pues ya basta de presidencialismo, y en el que el judicial, cimentado en los derechos humanos y en las leyes, sea realmente autónomo. La peligrosidad de la autonomía del poder judicial para poder enfrentar la corrupción y la impunidad, tal vez sea la razón que explique la agresividad de los ataques infundados de los políticos conservadores contra la Constitución de la Ciudad de México. Ello no obstante, la demanda de un régimen político distinto es porque urge sistemáticamente cambiar las políticas económicas y sociales. Ni la pobreza ni la desigualdad, ni el estancamiento económico ni el desempleo aguantan más. Por ello, el voto mayoritario es necesario, pero de ninguna manera suficiente. Si un posible frente amplio no se construyera sobre un programa acordado con las mayorías, los logros electorales que pudieran tener pronto se vendrían abajo, y los aliados más tardarían en llegar al gobierno que en pelearse por su reparto. Habrá que tener en cuenta también que un programa consensado no puede ser el resultado de la repetición hasta la caricatura de los spots partidarios. Se requiere por el contrario de la discusión abierta; del debate que haga posible los convencimientos y acuerdos. En estos días se han multiplicado las ofertas de candidaturas presidenciales, lo que es legítimo y puede ser democráticamente productivo. Pero está visto que nadie, ninguna oferta, puede por sí sola arrasar. Se requiere conjuntar las aspiraciones para, entre muchos, lograr un cambio perdurable, que vaya mucho más allá de quien ocupe la presidencia en el próximo sexenio, pues se trata de una tarea para varios períodos de gobierno. Se requiere también ocupar el Congreso, lo que muy a menudo se pierde de vista y se pospone para el final. Para lo anterior no basta, aunque también se requiere, que los políticos profesionales se sienten a negociar; negociación, sin embargo, que dejada sólo a entre ellos se agotaría en el intercambio de alianzas por posiciones en el gobierno. Se trata entonces de que también escuchen y dialoguen con las distintas expresiones de la sociedad, para que así el intercambio sea entre posiciones programáticas y mecanismos que aseguren que los acuerdos se van a cumplir. Y es esto lo que la sociedad civil tiene que lograr en menos de un año. Nada menos que sentar las bases para un nuevo siglo. Se trata, ni más ni menos, de la tarea de asegurar que una nueva sociedad tenga un nuevo Estado. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Jorge Aguilar Entradas relacionadas: Líneas de acción para una visión de futuro Simulación e impunidad en Tlaxcala Revisión del TLCAN y participación
Bala del gobierno de Michoacán pone en riesgo vida de normalista
BALA DEL GOBIERNO DE MICHOACÁN PONE EN RIESGO VIDA DE NORMALISTA Ciudad de México, 29 de junio de 2017 -Ataque contra Gael Solorio Cruz, normalista de Tiripetío, es un claro intento de ejecución extrajudicial. -Es urgente una valoración médica confiable e independiente hecho por especialistas. -La bala, aún incrustada en el cuerpo de Gael, representa una evidencia crucial para el esclarecimiento de los hechos. A raíz de los actos de represión del pasado 21 de junio en Tiripetío, Michoacán, contra estudiantes de la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga, el normalista Gael Solorio Cruz, de 22 años, despertó de un estado de coma inducido y permanece grave a causa de una bala que atravesó su mejilla izquierda y que aún se encuentra incrustada en su cuerpo. De acuerdo con las entrevistas, documentos, diligencias y datos recabados por las organizaciones firmantes con familiares, normalistas y con otros testigos, además de los videos y fotografías documentados por los mismos estudiantes y personas vecinas del lugar de la agresión; elementos de la policía estatal y del Grupo de Operaciones Especiales accionaron armas de fuego de forma directa contra los normalistas que se manifestaban en Tiripetío, Mich. para solicitar el pago de sus becas. Con ello se atentó de forma evidente e intencionada contra la integridad y vidas de los normalistas. La familia de Gael ha sido excluida permanentemente por parte del personal médico del lugar donde se encuentra hospitalizado. Bajo el esquema de “el que paga manda”, los médicos han otorgado prioritariamente la información a funcionarios de la Secretaría de Educación Pública del estado de Michoacán, revictimizando a la familia al violentar su derecho a recibir la información de manera directa, inmediata, adecuada y comprensible. Por lo tanto, es urgente que la familia reciba una valoración médica confiable sobre el estado de salud de Gael, ya que las actitudes del personal médico que hasta ahora le ha atendido generan desconfianza sobre su objetividad e independencia en la determinación del diagnóstico y pronóstico de salud del joven normalista. Por tanto, es necesario un estudio médico autónomo hecho por especialistas en cirugía maxilofacial, neurología, neurocirugía, y en rehabilitación, para asegurar la vida de Gael y prevenir secuelas irreparables. Por otra parte, es importante mencionar que la atención otorgada a la familia del normalista Gael, por parte de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de Michoacán se presentó hasta cuatro días después de los hechos y su actividad se realizó con desatención a las obligaciones estipuladas en la nueva Ley General de Víctimas, por lo que se puede considerar, además de tardía, improvisada e insuficiente. Es urgente que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán realice las diligencias correspondientes para el deslinde de responsabilidades respecto a los perpetradores y a los autores intelectuales de la gravísima agresión contra Gael y los normalistas de Tiripetío, así como, de ser pertinente de acuerdo a la valoración médica, preservar la bala, ahora incrustada en su cuello, como evidencia crucial de la acción ilegal y desmedida de agentes del Estado; lo que permitirá alcanzar la verdad de los hechos, dictar las sanciones correspondientes y procurar justicia. El ataque contra Gael Solorio Cruz es un intento de ejecución extrajudicial que evidencia una tendencia, también en gobiernos locales, de criminalizar la protesta social y hacer uso excesivo y brutal de la fuerza para diluir la organización social y las justas demandas que enarbolan los normalistas de Tiripetío. Por lo tanto exigimos al Estado, en todos sus niveles, que cumpla con sus responsabilidades y obligaciones; y genere los mecanismos necesarios para atender las necesidades de Gael, su familia y sus compañeros normalistas. Atentamente. Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP. AC. Servicios y Asesoría para la Paz Serapaz Contacto: Jorge Luis Aguilar (Centro Vitoria) 56 59 67 97 ext. 227 Imagen destacada: desinformemonos Entradas relacionadas: Bala del gobierno de Michoacán pone en riesgo vida de normalista Comunicado del Grupo de académicas expertas en perspectiva de género de la UNAM Nuevamente el estado usa armas letales contra normalistas y su ejercicio a la libre expresión En defensa de la Constitución. Mensaje a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México ANUEE avanza en conquista de derechos sociales, las autoridades deben cumplir cabalmente acuerdos A 27 dias del feminicidio de Lesvy en Ciudad Universitaria, familia sigue demandando justicia y respeto a sus derechos. Organizaciones sociales de Canadá, Estados Unidos y México acuerdan trabajar juntas ante amenaza de Trump y renegociación del TLCAN (NAFTA) Agresiones contra la ANUEE violentan el derecho a la protesta y a la integridad e intimidad personales Manifestaciones presentada por el Dr. Miguel Concha en relación a las acciones de insconstitucionalidad contra la Constitución de la Ciudad de México A UN MES DE RESISTENCIA DE LA ANUEE, SE REQUIERE INELUDIBLE DIÁLOGO Y GARANTÍA DE DERECHOS HUMANOS
Comunicado del Grupo de académicas expertas en perspectiva de género de la UNAM
Comunicado del Grupo de académicas expertas en perspectiva de género de la UNAM Junio de 2017 El Grupo Interdisciplinario de universitarias expertas en género, convocado por la Oficina de la Abogada General de la UNAM, el 11 de mayo del presente año, manifiesta que, ante el lamentable y doloroso hallazgo en el campus de Ciudad Universitaria del cuerpo sin vida de Lesvy Berlín Rivera Osorio, estudiante y parte de nuestra comunidad, es importante se incrementen las acciones al interior de la Universidad, así como las medidas de apoyo a su familia. La violencia y la violencia de género en todas sus manifestaciones es un fenómeno que debe ser enfrentado no sólo con leyes sancionadoras, sino principalmente por medio de acciones institucionales concretas que fomenten el respeto y la garantía de los derechos humanos de las mujeres y de todas aquellas personas con expresiones de género diferentes al modelo hegemónico. En tal virtud, comunicamos que este Grupo impulsará, con el apoyo de las autoridades de nuestra Máxima Casa de Estudios, las siguientes acciones mínimas para promover una transformación tendiente a mejorar la actual forma en que se abordan y enfrentan las problemáticas relacionadas con las violencias de género. 1. Seguimiento de las mesas de discusión del Protocolo para la Atención de casos de violencia de género en la UNAM, con el objeto de que se introduzcan mejoras al mismo y, sobre todo, a los mecanismos ya establecidos para la prevención y sanción de la violencia de género en la UNAM. 2. Impulsar la elaboración de protocolos de actuación con perspectiva de género en diversos temas para el personal de seguridad de la Universidad. 3. Promover que en la Licenciatura en Ciencia Forense –con independencia de que ya existe la asignatura de Derechos Humanos y Criminalística con perspectiva de género– se incluya la materia de elaboración de periciales en distintas especialidades con perspectiva de género (PEG), así como foros de discusión y reflexión sobre la importancia del perito con PEG en la investigación de feminicidios y delitos sexuales. 4. Asimismo, este grupo va a realizar las gestiones correspondientes para la organización de acciones académicas de difusión, reflexión y debate, como seminarios, foros, cursos y campañas de información, con objeto de favorecer la prevención de la violencia de género. En cuanto a la investigación que por feminicidio debe llevar la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, queremos expresar nuestra indignación por el trato que han dado las autoridades de dicha Procuraduría a la asesora jurídica y a familiares de Lesvy Berlín Rivera Osorio, ya que se les han negado y se les continúa negando el acceso total a los registros de la investigación, proporcionándoles a cuentagotas partes de ésta, lo que obstaculiza que se realice de manera oportuna y eficaz su coadyuvancia en las investigaciones, derecho que como víctimas, por mandato de la Constitución, debe ser respetado y garantizado por parte del Ministerio Público. Por tal motivo, exigimos a la PGJ CdMx que entregue copias de todas y cada una de las diligencias y actuaciones realizadas en la carpeta de investigación de Lesvy Berlín Rivera Osorio, sobre todo, aquellas relacionadas con las primeras actuaciones, con la inclusión de todas las fotografías y videos. Asimismo, informamos que este Grupo está realizando las gestiones correspondientes para la organización de un acto público de redignificación de la memoria de Lesvy Berlín Rivera Osorio en nuestra Universidad. Grupo de académicas expertas en perspectiva de género de la UNAM Dra. Ana Buquet Corleto; Centro de Investigaciones en Estudios de Género (CIEG) Dra. Lucía Núñez Rebolledo; Centro de Investigaciones en Estudios de Género (CIEG) Dra. Gloria Ramírez Hernández; Cátedra UNESCO en Derechos Humanos, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) Dra. Martha Patricia Castañeda Salgado; Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEICH) Mtra. Lourdes Enríquez Rosas; Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) Dra. Ydalia Pérez Fernández Ceja; Federación Mexicana de Universitarias (FEMU A.C.) Mtra. Leticia Cano Soriano; Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS) Texto original en Gaceta UNAM : Imagen destacada(modificada): Perseo Greco Entradas relacionadas: Nuevamente el estado usa armas letales contra normalistas y su ejercicio a la libre expresión En defensa de la Constitución. Mensaje a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México ANUEE avanza en conquista de derechos sociales, las autoridades deben cumplir cabalmente acuerdos A 27 dias del feminicidio de Lesvy en Ciudad Universitaria, familia sigue demandando justicia y respeto a sus derechos. Organizaciones sociales de Canadá, Estados Unidos y México acuerdan trabajar juntas ante amenaza de Trump y renegociación del TLCAN (NAFTA) Agresiones contra la ANUEE violentan el derecho a la protesta y a la integridad e intimidad personales Manifestaciones presentada por el Dr. Miguel Concha en relación a las acciones de insconstitucionalidad contra la Constitución de la Ciudad de México A UN MES DE RESISTENCIA DE LA ANUEE, SE REQUIERE INELUDIBLE DIÁLOGO Y GARANTÍA DE DERECHOS HUMANOS Los hechos de Palmarito evidencian la necesidad de abandonar la aprobación de una Ley de Seguridad Interior Juventudes defensoras resistimos y nos organizamos frente a la guerra y la violencia
Preocupaciones y propuestas de la sociedad civil de México y de la UE respecto de la “modernización” del Acuerdo Global UE y México (TLCUEM)
PREOCUPACIONES Y PROPUESTAS DE LA SOCIEDAD CIVIL DE MÉXICO Y DE LA UE RESPECTO DE LA “MODERNIZACIÓN” DEL ACUERDO GLOBAL UE Y MÉXICO (TLCUEM) Junio 2017 El Tratado de Libre Comercio entre la UE y México (que es parte del Acuerdo Global) entró en vigor hace 17 años. El acuerdo de libre comercio existente permitió a la UE alcanzar la liberalización del 95% de los bienes y servicios. Sin embargo, la UE ha considerado que este tratado ha quedado «obsoleto». El acuerdo “modernizado” entre la UE y México apunta a alcanzar el mismo nivel de liberalización que en el tratado entre Canadá y la UE (CETA). Debido a que los aranceles entre México y la Unión Europea ya son bajos, el Acuerdo propuesto se centraría en ampliar la liberalización de servicios, en temas normativos, derechos de los inversores (incluyendo el mecanismo de solución de disputas inversor-Estado), compras y empresas públicas, propiedad intelectual y barreras no arancelarias al comercio. La UE y México anunciaron a principios de abril que su objetivo es concluir las negociaciones antes de finales de 2017. Las negociaciones se están dando a un ritmo muy rápido y en secreto. Esto ha hecho imposible una participación significativa de la sociedad civil y su seguimiento de las negociaciones. Preocupaciones ante la próxima ronda de negociaciones Profundización del modelo del Acuerdo Global vigente fracasado Estudios internacionales independientes han evaluado que este Acuerdo no logró los resultados prometidos en términos de desarrollo sostenible, la creación de empleo y la protección de los derechos humanos en México, y ni siquiera logro diversificar el comercio en el país latinoamericano[1]. Así también, la clausula democrática del acuerdo global no ha desembocado en ninguna decisión o medida que haya ayudado con la situación continua de violación de derechos humanos, incluidas las violaciones por parte de inversores europeos, en México. El dialogo político no ha favorecido un dialogo significativo entre la sociedad y el gobierno. Nada de esto se ha tenido en cuenta al diseñar el nuevo mandato de negociación para el proceso de modernización. Es preocupante que el nuevo tratado profundice el mismo modelo de liberalización del comercio en lugar de promover un nuevo tipo de relaciones basadas en la complementariedad económica, que respete plenamente los derechos humanos y que priorice el derecho del gobierno a determinar su modelo de desarrollo económico por encima de la competencia y las ganancias de las grandes corporaciones. Derechos exigibles para los inversores vs. falta de obligaciones de los inversores respecto a los derechos humanos El objetivo explícito de añadir un capítulo de protección de las inversiones significa que la agenda de modernización del TLC es, ante todo, una extensión y profundización de las protecciones a los inversores. Este capítulo de protección de las inversiones permitirá a los inversores extranjeros desafiar unilateralmente las regulaciones de interés público introducidas por los gobiernos, haciendo uso del mecanismo de solución de disputas inversor- Estado, el cual permite eludir los sistemas jurídicos nacionales. Hay una preocupación generalizada respecto a que un TLC modernizado entre la UE y México, en el cual se incluya el arbitraje de inversiones, va a restringir el futuro espacio político del gobierno para, en un futuro, revocar la muy controvertida y poco popular decisión del gobierno mexicano de abrir, después de décadas, la industria de explotación de petróleo y gas a compañías extranjeras. Las compañías de petróleo y gas se encuentran entre los usuarios más activos del mecanismo de solución de controversias inversor-Estado a nivel global[2]. Por otro lado, las empresas europeas tienen trayectoria en la violación de los derechos humanos y el medio ambiente en México, casi con total impunidad[3]. El capítulo de inversiones propuesto, elaborado por la Unión Europea, no hace nada para abordar esta situación. Por el contrario, profundizará el desequilibrio entre los derechos vinculantes para las corporaciones y las normas voluntarias cuando se trata del respeto a los derechos humanos. La propuesta de la UE no incluye ninguna obligación para los inversores, sólo derechos. Capítulos débiles sobre desarrollo sostenible, derechos sociales y diálogo político Los capítulos propuestos sobre desarrollo sostenible y diálogo político incluyen compromisos redactados de forma vaga y no vinculantes sobre salvaguardias medioambientales. Las disposiciones débiles y no exigibles de este capítulo contrastan agudamente con los fuertes privilegios aplicables para los inversores extranjeros que se proponen en el capítulo de inversiones. No se establecen recursos judiciales para las comunidades afectadas por el tratado propuesto. Por último, el derecho al desarrollo no está garantizado por este capítulo, sino que, por el contrario, se pone en peligro. Ataque a los servicios públicos Si el acuerdo de modernización con México sigue el enfoque de ´lista negativa´ del CETA para los compromisos en materia de servicios, los derechos de la ciudadanía de acceso a los servicios básicos como el agua, la salud, educación o la energía, estarán bajo amenaza. Impacto sobre los pequeños agricultores y la soberanía alimentaria En las negociaciones actuales, la UE insiste en que México reconozca el Convenio Internacional de 1991 para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV). Esto restringiría aún más la libre circulación del intercambio de semillas entre campesinos y amenazaría la diversidad de especies mexicanas de maíz. Las víctimas serán los tres millones de agricultores cuya agricultura tradicional es una piedra angular de la seguridad alimentaria del país[4]. Recomendaciones Nosotros, las organizaciones de la sociedad civil de México y Europa abajo firmantes, exigimos un cese de las negociaciones en curso hasta que la Comisión Europea y el gobierno de México se comprometan a: 1- Revelar el mandato de las negociaciones comerciales, y publicar los borradores de textos de negociación consolidados. 2. Asegurar la consulta y participación significativa de la sociedad civil de México y Europa en los procesos de toma de decisiones relacionados con políticas y acuerdos económicos a través de mecanismos institucionalizados y comprensivos que garanticen la transparencia y permitan una amplia participación de actores interesados de la sociedad Civil, incluyendo una representación justa de las comunidades y representantes de los grupos afectados.. 3. Llevar a cabo una
Captura corporativa del Estado
Captura corporativa del Estado Sábado 24 de junio de 2017 Miguel Concha El grupo de trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas trasnacionales y otras empresas visitó México del 29 de agosto al 7 de septiembre de 2016. La visita tuvo como objetivo evaluar los esfuerzos realizados por parte del Estado mexicano para prevenir y hacer frente a las consecuencias negativas de las actividades empresariales. En el marco de la visita más de 100 organizaciones de la sociedad civil presentaron un Informe en el que documentaron 68 casos de abusos a derechos humanos, de los que el grupo de trabajo retomó seis casos emblemáticos, para evidenciar los abusos a derechos humanos. De esto di cuenta al concluir esa visita el año pasado ( La Jornada, 10/09/16). El informe final del grupo de trabajo de la ONU sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas trasnacionales y otras empresas, que presentó el pasado 8 junio ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, subraya temas fundamentales que desde tiempo atrás han venido preocupando a organizaciones sociales, comunidades y expertos en el tema. Observó por ejemplo que se requiere redoblar esfuerzos en concientizar a las empresas sobre su responsabilidad de respetar los derechos humanos y ejercer la diligencia debida en relación con sus actividades e inversiones. Y en la presentación del informe se destacó que los integrantes del grupo detectaron que las empresas no perciben ni reportan lo que hacen para prevenir las consecuencias negativas de sus acciones sobre los derechos humanos. Mucho menos cómo abordan casos concretos para revertirlas. El mismo informe señala que el Gobierno tampoco ha trazado pautas claras, ni fijado expectativas definidas para las empresas, en relación con su responsabilidad de respetar los derechos humanos en todas sus actividades. De allí la urgencia de contar ya con el Programa Nacional de Empresas y Derechos Humanos, en el que se hagan sobre sus contenidos y metas las mayores consultas posibles a comunidades y organizaciones sociales, teniendo en cuanta que, con relación a las empresas de titularidad pública, el Gobierno tampoco dispone de pautas y políticas claras para modificar, mediante las prácticas de contratación pública, la conducta de las empresas. Asimismo el grupo de trabajo concluye que hasta la fecha el sector bancario de México ha prestado poca atención a sus responsabilidades en materia de derechos humanos. El informe hace énfasis en la urgencia de respetar el derecho a la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada, conforme al Convenio 169 de la OIT, especialmente en el diseño y la ejecución de proyectos a gran escala. Reitera además que las consultas deben realizarse lo antes posible en el proceso de diseño de los proyectos, y que han de dejar abierta la posibilidad de que algunos proyectos no sean viables. En su momento las organizaciones sociales denunciaron que en 32 de los 68 casos documentados de abusos por parte de empresas se vulneró el derecho a la tierra y al territorio; y en 28, el acceso a la información. Durante la presentación del informe la organización no gubernamental Dominicans for Justice and Peace, con estatuto consultivo ante el ECOSOC, en coordinación con el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP, AC, manifestó que conforme a sus propias observaciones sobre el terreno es de suma preocupación que el Estado mexicano esté priorizando los intereses económicos de las empresas trasnacionales sobre la protección de los derechos humanos de su población, especialmente grupos vulnerables como los trabajadores agrícolas y las comunidades indígenas. Concordaron por ello con el grupo de trabajo en que por parte del Estado y las corporaciones sigue habiendo una gran necesidad de consentimiento previo, libre e informado de las comunidades afectadas, antes de emprender cualquier megaproyecto. El grupo de trabajo denunció también que con demasiada frecuencia los ataques contra defensores de los derechos humanos quedan impunes, sin que se realicen investigaciones ni se apliquen sanciones efectivas, sobre todo cuando aquellos defienden sus propios recursos y territorios. Pudo además comprobar la censura y las sanciones que sufrían los periodistas de investigación que habían expuesto casos de conflictos de intereses y corrupción. Las informaciones sobre el contexto que se hicieron desde la sociedad civil arrojaron que en 62.5 por ciento de los casos relacionados con empresas se documentan amenazas y ataques contra los defensores de derechos humanos y las comunidades mismas que defienden sus derechos. Resulta entonces fundamental y urgente que tanto el Estado como las empresas lleven a cabo las recomendaciones del grupo de trabajo de la ONU, y que los más altos funcionarios del Gobierno y los directores generales de las empresas deben dejar muy claro que la intimidación y los ataques contra los defensores de los derechos humanos son inaceptables y no se tolerarán. Las empresas mismas debieran reconocer públicamente la importancia de su labor, en la construcción de una verdadera democracia en México. Y con el propósito de evitar o mitigar las consecuencias negativas de las actividades empresariales en los derechos humanos, el grupo de trabajo recomendó también reforzar la supervisión y evaluación de los efectos ambientales y sociales. Se detuvo además en señalar la limitada capacidad de las autoridades competentes para llevar a cabo inspecciones con el objeto de controlar la contaminación ambiental causada por la actividad empresarial. Con este informe, las empresas por fin han sido señaladas como agentes que provocan violaciones a los derechos humanos. La cuestión ahora será ver cómo el Estado, haciendo uso de su soberanía frente al poder corporativo, puede dar cumplimiento a estas y otras recomendaciones. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada (modificada) : jorgegaygago Entradas relacionadas: Líneas de acción para una visión de futuro Simulación e impunidad en Tlaxcala Revisión del TLCAN y participación social Libertad de realización y justicia La ANUEE y el derecho a la energía eléctrica Derecho al agua y al saneamiento en México Defensa ciudadana de la Constitución de la CDMX Biodiversidad amenazada En la encrucijada del norte y el sur Premio Don Sergio Méndez Arceo
Nuevamente el estado usa armas letales contra normalistas y su ejercicio a la libre expresión
NUEVAMENTE EL ESTADO USA ARMAS LETALES CONTRA NORMALISTAS Y SU EJERCICIO A LA LIBRE EXPRESIÓN Ciudad de México, 24 de junio de 2017 -Cinco jóvenes estudiantes heridos de bala por la policía mientras ejercían su libre expresión. -Entre las personas heridas, se encuentran un menor de edad y un herido de gravedad en coma en el hospital de Morelia por impacto de bala en el rostro. El pasado miércoles 21 de junio, en el contexto de una protesta por parte de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga, en Tiripetío, Michoacán, se desató una brutal represión en su contra por parte de la Policía Estatal de Michoacán. De acuerdo a lo documentado en video y por diversos testimonios que han llegado al Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS), los elementos policíacos estaban armados y dispararon con armas de fuego hacia la multitud, violando así diversas disposiciones internacionales y dejando a 5 jóvenes estudiantes heridos de bala, entre ellos a un menor de edad y a Gael Solorio Cruz, quien se encuentra herido de gravedad por una bala en la cara y en estado de coma inducido dentro de un hospital en Morelia*, de acuerdo al testimonio de su familia. De acuerdo a los convenios internacionales firmados por México sobre los controles del uso de la fuerza, los cuerpos policiacos tienen prohibido hacer uso de armas letales en el contexto de manifestaciones. Es por ello que las organizaciones civiles que integramos el FLEPS condenamos enérgicamente el uso excesivo de la fuerza contra los estudiantes de la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga, mientras ejercían su derecho a la libre expresión. Estos hechos deben ser investigados para que las personas que resulten responsables materiales e intelectuales, rindan cuentas ante la justicia. Desde el FLEPS identificamos un patrón preocupante en el modo de actuación gubernamental ante las demandas de las y los estudiantes normalistas en México, quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad estructural y violencia económica que enfrentan desde sus comunidades de origen y que se perpetúa en sus procesos formativos. Dicha tendencia apunta hacia la criminalización y uso de la fuerza que se ejerce contra las y los estudiantes sin propiciar canales de diálogo para atender sus demandas. Es responsabilidad del estado de Michoacán brindar los canales adecuados que permitan colocar las demandas de quienes integran las escuelas normales del país, y en ningún caso usar armas letales en contra el libre ejercicio de la libertad de expresión. Condenamos el abuso de la fuerza por parte de los cuerpos policiacos del estado de Michoacán en los contextos de protesta, y exigimos que se tomen medidas inmediatas por parte del gobierno estatal para que se permita a los familiares de Gael Solorio Cruz el acceso pronto y oportuno a la información clínica sobre la situación médica del joven normalista. De igual forma, exigimos que cese el hostigamiento del Gobierno Michoacano en contra de los Estudiantes de la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga. Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social: ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, A.C., Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C., Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo CEPAD, A.C., Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios CAUSA, Espacio Libre e Independiente Marabunta A.C., Fundar Centro de Análisis e Investigación, A.C., Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C., Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica, A.C., Servicios y Asesoría para la Paz, A.C., Red de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos”, A.C., Resonar. RELATORÍA DE LOS HECHOS ESCUELA NORMAL RURAL “VASCO DE QUIROGA” DE TIRIPETÍO MICHOACÁN “EN TIEMPOS DE ENGAÑO UNIVERSAL, DECIR LA VERDAD SE CONVIERTE EN UN ACTO REVOLUCIONARIO” En el afán de desaparecer el normalismo rural y la lucha estudiantil en México, los diferentes niveles de “gobierno” en conjunto con sus dependencias de burócratas han hecho un sinfín de crueles actos y delitos, desde una simple amenaza hasta muertes y desapariciones. Estas son actitudes que el régimen impone para que la sociedad y las masas populares que luchan y levantan la voz por los derechos humanos y constitucionales, establecidos en nuestra carta magna para la integridad y bienestar de todo individuo perteneciente a la nación, sean apagadas y calladas mediante represión y violencia, apoyados por sus instancias militares, policiales y judiciales (SSP, SEDENA, PGR, PFP, etc.), encargadas de hacer el trabajo sucio e intimidar más a la sociedad. Cabe señalar que esta manera de intimidación para control de la gente no es nueva y tiene antecedentes que tuvieron gran magnitud, tal es el caso de la matanza del 2 de octubre de 1968, el asesinato y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014 y ahora nuevamente el día 21 de junio del año cursante, el gobierno del Estado de Michoacán hace de sus actos represivos causando que varios alumnos de la normal y pobladores estén heridos y algunos de gravedad, tal es el caso de compañero GAEL SOLORIO CRUZ perteneciente a la Normal Rural de Tiripetío, quien se encuentra en una situación de salud muy delicada por el impacto de una bala de arma de fuego accionada por elementos de la policía del estado de Michoacán, la cual le penetró en el lado izquierdo de la cara de dicho compañero y quedando alojada en una de las cervicales, pese a esta alarmante situación los doctores del hospital “STAR MEDICA” de Morelia, donde se atiende al estudiante, se niegan a darnos la información verídica sobre el expediente médico del compañero Gael, esta posición de los médicos de negarse a darnos el expediente médico hace pensar mucho de ellos, como que su intención fuera la de ocultar la información para después acomodarla a su favor. Es por estas acciones negativas por las que nos manifestamos en contra de los actos ocurridos en la Normal Rural Vasco de Quiroga de Tiripetío, Michoacán,
Los feminismos ¿una opción política?
Los feminismos ¿una opción política? Resulta absurdo observar cómo a pesar de todos los aportes que han heredado los feminismos, hoy en día sigue existiendo un fuerte estigma hacia éstos y hacia las personas que se asumen como feministas. 22 de junio de 2017 Por: Diana López y Zuleyma Ramos La dignidad en nuestras manos A lo largo de cuatro siglos los feminismos se han posicionado como un movimiento revolucionario, construido desde diversos frentes y distintas corrientes políticas. En este movimiento podemos encontrar puntos de convergencia que logran colocar al centro del análisis a las mujeres y logran evidenciar que el sistema patriarcal genera relaciones de poder asimétricas entre nosotras y los hombres. Además, es este mismo sistema patriarcal el que históricamente ha colocado a las mujeres y otras corporalidades feminizadas en condiciones de vulnerabilidad. Aunado a ello los feminismos han cuestionado los privilegios que otorga el sistema patriarcal a su sujeto hegemónico, asimismo cuestiona la manera en cómo se articula con el capitalismo, el colonialismo, el antropocentrismo y otros sistemas opresores. Por ello, si hablamos y luchamos por la eliminación de la violencia hacia las mujeres no podemos dejar de señalar que la opresión no sólo está motivada por cuestiones relacionadas con el género sino que pertenecemos a determinada clase social, a determinada etnia y a determinada cultura. Resulta absurdo observar cómo a pesar de todos los aportes que han heredado los feminismos, hoy en día sigue existiendo un fuerte estigma hacia éstos y hacia las personas que se asumen como feministas. En el imaginario social sigue prevaleciendo la idea de que “los feminismos buscan anular a los hombres” y que ahora las mujeres queremos obtener el poder sobre ellos. De igual manera, los diferentes movimientos y luchas sociales se rehúsan a reconocer que los aportes de los feminismos se han convertido en luchas ganadas para los derechos de las mujeres. Ante ello y ante la alarmante realidad en la cual vivimos, es preciso seguir sumando fuerzas desde los feminismos para transformar dicha realidad. Sin embargo no podemos hacerlo si no miramos con ojo crítico el desarrollo de los mismos. En primer lugar es importante tomar en cuenta que las corrientes de los feminismos son amplias y sus demandas diversas, por lo que uno de sus grandes retos es generar puentes, abrir espacios de diálogo entre feministas y mujeres de los movimientos sociales, de luchas locales, mujeres indígenas, mujeres trans, mujeres con algún tipo de discapacidad, mujeres de otros sectores, en fin, es preciso que todas las mujeres nos escuchemos las unas a las otras evitando diálogos en los cuales se intente imponer quién vive más violencia que la otra, pues el enemigo no está entre nosotras, el enemigo está en el patriarcado. Por otro lado es imprescindible insistir en la construcción y el ejercicio de la sororidad como principio político y ético feminista, pues éste no existe sólo por nombrarlo; es fundamental generar alianzas políticas entre las mujeres frente a los sistemas que nos quieren individualizadas, fragmentadas, aisladas y rotas. Además, es necesario seguir apoyando y defendiendo la autonomía de los espacios de mujeres dentro de las organizaciones políticas y de los procesos organizativos, como estrategia política. Es importante reconocer que los derechos de las mujeres no son privilegios, son logros ganados. Por ello es importante que todo movimiento sume otros logros ganados para fortalecer el suyo. En ese sentido no podemos hablar de derechos de las mujeres sin un desmontaje del patriarcado; éste es un ejercicio que los hombres, principalmente, tienen que asumir como un compromiso. Por lo anterior y para finalizar, estamos convencidas de que sin la opción feminista como una crítica y una praxis política y ética integrada a nuestros procesos políticos, difícilmente podremos incidir en esta crisis que es mundial y que es civilizatoria. *Diana López Santiago y Zuleyma Edain Ramos colaboran en el Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, A. C. (@CDHVitoria). Consultar en Animal Político. Imagen destacada : Jorge Aguilar Entradas relacionadas: Después de los estragos… La amenaza del fracking Militarización, ¿más que balas y cuarteles? Una ciudadanía política, el reto de la nueva CDMX La historia de un estudiante mexicano atacado en Belice (y cómo quedó a su suerte) Vicisitudes para 2015 Despojo sistemático y estructural en comunidades de Tlaxcala Hoy es mi cumpleaños… y en lugar de felicitaciones escucho exclamaciones de ¡justicia! Un manual de investigación para defender derechos humanos Empresas, derechos humanos y comunidades en vilo
¡Gran bazar solidario!
SOBRE EL EVENTO: El Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y el Museo Casa de la Memoria Indómita, tienen el placer de invitarles a su ¡Gran Bazar!, en el cual se venderán todo tipo de cachivaches a muy buen precio, para ayudar a solventar los procesos que acompañamos y los trabajos que realizamos tanto en el Centro, como en el Museo. Habrá venta de libros, revistas, películas, documentales, adornos, ropa, peluches, y otros muchos cachivaches que les pueden agradar. ¿Tienes algo en casa que no necesites? También puedes apoyar nuestro trabajo con donaciones en especie para trabajos de oficina. ¡Les agrademos mucho su asistencia y difusión! Ojalá puedan acompañarnos. ¡Les esperamos! Entrada libre. Evento en facebook Museo Casa de la Memoria Indómita (Facebook) Calle Regina 66, Centro Histórico, Centro, 06000 Ciudad de México, CDMX 25 de junio del 2017 10:00-17:00hrs Contenido relacionado: Simulación e impunidad en Tlaxcala FORO: Feminismos, una opción política En defensa de la Constitución. Mensaje a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México Revisión del TLCAN y participación social ANUEE avanza en conquista de derechos sociales, las autoridades deben cumplir cabalmente acuerdos A 27 dias del feminicidio de Lesvy en Ciudad Universitaria, familia sigue demandando justicia y respeto a sus derechos. Organizaciones sociales de Canadá, Estados Unidos y México acuerdan trabajar juntas ante amenaza de Trump y renegociación del TLCAN (NAFTA) Libertad de realización y justicia Las organizaciones sociales de México; demandamos la sustitución del TLCAN Agresiones contra la ANUEE violentan el derecho a la protesta y a la integridad e intimidad personales
Líneas de acción para una visión de futuro
Líneas de acción para una visión de futuro Sábado 17 de junio de 2017 Miguel Concha Recientemente la Comisión Episcopal para la Pastoral Social dio a conocer una serie de reflexiones y compromisos éticos y pastorales que vale la pena conocer, ante lo que califica con razón como la múltiple emergencia humanitaria que enfrenta México. Para los obispos que encabezan las siete dimensiones en las que está organizada la pastoral social de la Iglesia católica en el país, nos enfrentamos a una emergencia humanitaria, política, económica y social, que en general afecta a toda la nación, y en particular a sus diferentes regiones, y cuya profundidad contribuye incluso a la caída de símbolos y esperanzas, modelos y narrativas. Para estos obispos, que declaran querer ver de frente la realidad, para actuar conforme a su conciencia, e identifican como el mayor desafío el cambiar las injusticias, la corrupción y las violencias, vengan de donde vengan, la situación de México requiere cambios estructurales profundos, fruto del diálogo y la no imposición, que deben ir a la raíz de las problemáticas y no ser solamente respuestas coyunturales. Convocan por ello a todas las personas cercanas y adversarias a responder desde ya, mediante el diálogo y la colaboración, a esta crisis multidimensional, con el fin de contribuir a una sociedad, una economía y una política transformadas. Para ello se comprometen y proponen tres líneas de acción clave para responder con visión de futuro: construir una vida en paz y propiciar el diálogo en México y con los demás pueblos; una nueva economía para un verdadero desarrollo, y construir una política al servicio del pueblo. Por lo que se refiere a la primera línea de acción, en su documento establecen que no es con más violencias, guerras o supresión de libertades como se sientan las bases para la paz, sino que se tiene que actuar con verdad y justicia, y cambiar los modelos económicos, políticos, sociales y culturales, en función del respeto a los derechos humanos personales y colectivos. Los obispos proponen y se comprometen entonces a ampliar también el diálogo de nuestra sociedad con las sociedades del mundo exterior, en particular a nivel latinoamericano, y con Estados Unidos y Canadá. A nivel latinoamericano, para colaborar unidos y luchar para que no existan muros ni militarizaciones entre comunidades hermanas, ante la urgencia de las respuestas en favor de los migrantes. A nivel de Estados Unidos y Canadá, para avanzar juntos en la resolución de nuestros problemas comunes. Y a escala mundial, para que México trate de integrar en el desarrollo todos los elementos que lo hacen verdaderamente tal, frente al dominio de una visión unilateral, las divisiones y las guerras entre naciones, las desigualdades y las luchas. Y a propósito precisamente de una nueva economía para un auténtico desarrollo, el documento –que con el papa Francisco rechaza una economía que mata, y sí en cambio acepta una economía que incluya a los pobres y use las ganancias para crear comunión– subraya la urgencia de la acción solidaria de todos para propiciar la cohesión social, ante la emergencia del empobrecimiento de comunidades y regiones que dependen de las remesas. Plantea igualmente que el debate actual sobre el salario mínimo debe verse con carácter de urgencia, exhortando al mismo tiempo a las empresas y grupos privilegiados a la responsabilidad social. “Todos tenemos que contribuir ante las dificultades con creación de trabajo –afirma–, especialmente cada empresario cristiano, que no debe ser un mero homo economicus, un autómata que reacciona a estímulos, sino “un ciudadano responsable que goza de sus ganancias para el bien común. Hoy la creación de empleos dignos con salarios decentes y la reactivación de la economía interna –expresa– son un imperativo”. El documento se refiere igualmente al consumo con responsabilidad social, mediante una vida sobria y la adquisición de productos mexicanos, así como a la prioridad que debe darse al campo para recuperar nuestra seguridad alimentaria, por un deber de justicia actual y una deuda acumulada durante años con nuestros campesinos e indígenas, a quienes no se les ha dado su parte. Sobre la renegociación de los tratados económicos, en especial el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el Acuerdo con la Unión Europea, el documento –que recuerda que cuando el primero se negoció con severas asimetrías, se propició que en nuestro país hubiera sectores ganadores y sectores olvidados y perdedores–, pide que se hagan con sumo cuidado, y que en una nueva negociación los pobres no pueden volver a quedar abandonados. Mejor aún, se tiene que prevenir y compensar a quienes entonces resultaron afectados. Los tratados –señala también con razón– deben contribuir al bienestar especialmente de los pobres y no exacerbar la desigualdad, llevando a un mundo más pacífico”. Y añade que durante la negociación deben estar vigilantes ciudadanos representantes de las naciones implicadas que defiendan los derechos de los pobres, los pueblos originarios y el cuidado de la creación, mediante mecanismos de participación y diálogo entre iguales. Y a propósito de la construcción de una política al servicio del pueblo, el documento subraya la necesaria participación activa y libre de todos los ciudadanos en los procesos electorales, actuando siempre con honestidad y exigiendo honestidad por parte de todos los participantes, con una ética civil común para todos los mexicanos. Pide por ello que se exija que programas y personas estén comprometidos en la lucha contra la corrupción y la impunidad, la prevención de las violencias (en especial contra los comunicadores y defensores de los derechos humanos), el sufrimiento de todas las personas víctimas de estas violencias, y la superación urgente de la pobreza y las desigualdades lacerantes. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Internet Entradas relacionadas: Simulación e impunidad en Tlaxcala Revisión del TLCAN y participación social Libertad de realización y justicia La ANUEE y el derecho a la energía eléctrica Derecho al agua y al saneamiento en México Defensa ciudadana de la Constitución de la CDMX Biodiversidad amenazada En la encrucijada del norte y el sur Premio Don Sergio Méndez Arceo Día de las trabajadoras del hogar
