Manifestaciones presentada por el Dr. Miguel Concha en relación a las acciones de insconstitucionalidad contra la Constitución de la Ciudad de México
RESUMEN DE MANIFESTACIONES PRESENTADA POR EL DR. MIGUEL CONCHA MALO EN RELACIÓN A LAS ACCIONES DE INSCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LA CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO Ciudad de México, 23 de mayo de 2017. Instituciones Promoventes. Acciones de Inconstitucionalidad promovidas por Partidos Políticos, como MORENA, PARTIDO NUEVA ALIANZA, y autoridades del orden federal, como PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, quienes promovieron, una cada instancia, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad, en contra del proyecto de Constitución de la Ciudad de México. Recordando que la acción de inconstitucionalidad es un medio de control de la constitucionalidad tramitada únicamente ante la SCJN, donde se denuncia la posible contradicción entre la Constitución y alguna norma o disposición de carácter general de menor jerarquía, a fin de preservar o mantener la supremacía de la Carta Magna y dejar sin efecto las normas declaradas inconstitucionales. PRIMERA MANIFESTACIÓN. La primera Manifestación se refiere a la acción de inconstitucionalidad interpuesta por la Procuraduría General de la República, autoridad que impugna el artículo 3° numerales 1 y 2, así como el título Segundo de la “Carta de los Derechos” de la Constitución de la CDMX, porque en su opinión va en contravención de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que se extralimitan en relación con las fuentes de reconocimiento de derechos humanos, las cuales son la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales en los que México sea parte. En sentido opuesto, las y los especialistas elaboradores del Proyecto de Constitución de la CDMX no consideran esta manifestación inconstitucional, debido a que establecer un catálogo de derechos humanos en esta Constitución Local representa reforzar las obligaciones internacionales de las resoluciones y sentencias emitidas por los órganos y tribunales internacionales. Además la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se reserva atribución expresa para legislar como fuente única en materia de Derechos Humanos al Congreso de la Unión. Por lo tanto, debe entenderse que a las Entidades Federativas les compete igualmente esta facultad. Como Delegado, considero que el hecho de que la Ciudad de México contenga en su legislación propia un catálogo de derechos humanos, representa una ampliación en la protección de los ya establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales. SEGUNDA MANIFESTACIÓN. El segundo concepto de impugnación es el artículo 11, apartado 1 de la Constitución de la Ciudad de México, que establece “derechos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional”, exponiendo que las personas que se encuentren en dicha situación tendrán la protección de la ley y no serán criminalizadas por su condición de migrantes. Para la Procuraduría General de la República, autoridad que nuevamente impugna este precepto, invade la competencia del Congreso de la Unión para facultar en materia de emigración e inmigración. El parecer de la Asamblea Constituyente es que el precepto mencionado no invade la competencia del Congreso de la Unión, porque no establece facultades para autoridades locales, sino que reconoce los derechos de los migrantes. Sumado a lo anterior, la CDMX ya ha tenido normatividad para atender este sector de la población, como Ley de Interculturalidad, atención a migrantes y movilidad humana en el Distrito Federal; el Programa General de Desarrollo 2013-2018, en el que se encuentra el Programa sectorial de hospitalidad, interculturalidad, atención a migrantes y movilidad humana para el Distrito Federal (2013-2018), y el Acuerdo por el que se declara a la Ciudad de México una Ciudad Santuario, donde son bienvenidas todas las personas, y de manera específica todas y todos los mexicanos trabajadores migrantes y sus familias de retorno al territorio nacional, sin que éstos fueren impugnadas por invasión competencial. Como delegado considero que el que exista este precepto en la Constitución de esta entidad federativa fortalece nuestra misión de defensores ante toda autoridad, ya sea de nivel federal o estatal. TERCERA MANIFESTACIÓN. Como tercera impugnación que nos atañe es la revocación de mandato, a propósito del cual la Procuraduría General de la República sostiene que va en contravención con los artículos 109 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En defensa exponemos que no existe una facultad constitucional expresa a favor del Congreso de la Unión para legislar sobre un medio de control de gobernabilidad, por lo que ésta debe entenderse reservada para las entidades federativas. Cabe aclarar que cuando hablamos de la revocación de mandato, no se trata de un procedimiento para fincar responsabilidades de las personas servidoras públicas, como considera la PGR, sino de una herramienta de la sociedad para retirar el mando a una persona en la que ya no se confía. Además de que la figura se encuentra vigente en varias entidades federativas, tanto en disposiciones constitucionales como secundarias. La existencia de este mecanismo para equilibrar el uso del poder en la Ciudad de México representa la oportunidad para el gobernado de tomar parte en las decisiones políticas del Estado y tener mayor presencia en la justicia y en la cohesión social. La participación de la sociedad en este tipo de decisiones representaría un aumento en el interés político de la población, y fortalecería a la democracia como régimen político de nuestro país. CUARTA MANIFESTACIÓN: Finalmente está la impugnación hecha por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos al artículo 36, apartado B de la Constitución de la CDMX, el cual prevé un juicio de restitución de derechos humanos por Recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), aceptadas y no cumplidas. La violación que supuestamente traería este artículo, es el acceso al sistema constitucional no jurisdiccional de protección de los derechos humanos, vía recurso de inconformidad, y a la tutela efectiva de los derechos humanos consagrados en los artículos 1º; y 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, este precepto no está facultando al Poder Judicial de la Ciudad de México para pronunciarse sobre el
La ANUEE y el derecho a la energía eléctrica
La Anuee y el derecho a la energía eléctrica Sábado 20 de mayo de 2017 Miguel Concha El pasado 17 de abril cientos de personas marcharon de la Estela de Luz hacia las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en Paseo de la Reforma 164. La marcha concluyó con un plantón que continúa con carácter indefinido a las afueras de dicha sede. Quienes realizaron esas acciones fueron mujeres, hombres, personas jóvenes, adultas y adultas mayores, principalmente de la ciudad y el estado de México, pertenecientes a la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica (Anuee). Luego de que el gobierno de Felipe Calderón decretó en 2009 la extinción de la compañía de Luz y Fuerza del Centro –que implicó el lanzamiento al desempleo de 44 mil electricistas y que la CFE asumiera sus tareas y la prestación del servicio–, miles de mexicanas y mexicanos vieron que sus recibos de luz empezaron a llegarles con saldos realmente absurdos, elevadísimos e impagables, sin relación alguna con su consumo. Fueron los llamados cobros locos. Esta situación se agravó con la privatización del sector energético puesta en práctica en la contrarreforma de agosto de 2013. Desde entonces se confirma la errónea política energética instaurada por el gobierno federal, en la que identificamos que no se consulta a la ciudadanía, se imponen reformas privatizadoras y se violentan derechos humanos elementales. Para defenderse de estos cobros excesivos nació la Anuee hace poco más de siete años. Se trata de una organización independiente, integrada de manera libre por ciudadanos y ciudadanas. Una de sus primeras acciones fue promover quejas masivas contra la CFE por esos cobros abusivos ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). Sin embargo, los agravios de la CFE contra las personas usuarias no se limitan a los cobros excesivos y arbitrarios, pues la empresa ha emprendido una serie de medidas encaminadas a fiscalizar, vigilar y hostigar a las personas usuarias, tales como la instalación de medidores de prepago sin su consentimiento y la sustitución de la red de líneas de cobre por aluminio, llegando incluso al extremo de abrir procesos penales contra quienes se oponen a estos actos o contra quienes se oponen, mientras no se resuelva su queja ante la Profeco, a pagar el servicio de energía eléctrica. En estos años la Anuee ha avanzado no sólo en la cantidad de miembros y organización: también ha avanzado en la compresión del problema que busca resolver y en la construcción de soluciones. La Anuee ya no lucha solamente contra cobros excesivos, lucha también por el reconocimiento de la energía eléctrica como derecho humano. Para que el derecho humano a la energía eléctrica sea elevado en el artículo cuarto de nuestra Carta Magna a rango constitucional, su planteamiento a la sociedad y al Estado pone de nuevo en el centro del debate que los bienes y recursos de nuestro territorio deben ser para bien de los pueblos y comunidades que habitan en él. El movimiento social de la Anuee merece, pues, reconocerse. La fuerza y la relevancia social y política que ha construido confirma que debemos apostar a la organización social para luchar por que nuestras necesidades básicas sean reconocidas por el Estado como derechos humanos y no como mercancías. La energía eléctrica por sí misma cuenta con los elementos necesarios para ser considerada dentro de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (Desca), que se relacionan directamente con las necesidades básicas de toda la humanidad para vivir con dignidad. Tenemos entre ellas la alimentación, el agua, la salud, la vivienda, la educación, el trabajo, la cultura y el medio ambiente sano. Los Desca, como los derechos civiles y políticos, deben ser también respetados, protegidos, promovidos y garantizados por el Estado, según señala el artículo primero constitucional. Además, por su naturaleza, deben contar con disponibilidad; asequibilidad, tanto física como económica, y calidad adecuada y adaptabilidad cultural. La energía eléctrica se ha convertido en una necesidad para la vida digna de las personas, las familias y las comunidades. Se necesita para el estudio, el trabajo, la conservación de alimentos y medicamentos, las comunicaciones y la seguridad. De ninguna manera una persona debe verse compelida a elegir entre comer el pan de cada día o pagar la luz. De ninguna manera se debe privar de los Desca a nadie por ninguna razón, menos por razones económicas. La lucha de la Anuee muestra vivamente cómo se construye y reconoce un nuevo derecho humano y confirma que los derechos humanos, todos, son producto de las luchas de los pueblos. No se necesitan concesiones de los de arriba. La Anuee lleva un mes en plantón y reclama toda nuestra solidaridad a sus demandas: reconocimiento del derecho humano a la electricidad; tarifa social justa; borrón y cuenta nueva a los adeudos generados desde 2009; empleo digno para la Cooperativa Luz y Fuerza del Centro; cobertura en todo el territorio nacional de manera adecuada, asequible y respetuosa de las costumbres de comunidades y pueblos, y, finalmente, renacionalización de la industria eléctrica. Su lucha no es sectorial, es de todos y todas, pues todos y todas usamos la energía eléctrica. Este artículo se escribe también en memoria del compañero Gerardo Mata Mendoza, quien falleció la madrugada del 29 de abril en el plantón de la Anuee víctima de un paro cardiaco. Pese a su delicada salud, pues padecía diabetes, Gerardo Mata se entregó a la lucha con alegría y entusiasmo. Ofreció su vida para conquistar un derecho más para el pueblo mexicano. Pongamos el hombro a la lucha de la Anuee para que su sacrificio no sea en vano. Hoy sabemos que la lucha de esta asamblea de usuarios y usuarias es ya un referente de defensa colectiva de derechos humanos y un aliento para continuar en la construcción de un país digno y en paz. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada: Facebook Entradas relacionadas: Derecho al agua y al saneamiento en México Defensa ciudadana de la Constitución de la CDMX Biodiversidad amenazada En la encrucijada
Misa en memoria de Lesvy Berlin
29 de mayo de 2017. 17:00 pm Comisiones mixtas. Ciudad Universitaria (A un costado del Estacionamiento 3 del Estadio Universitario y del Anexo de FFyL) Mapa SOBRE EL EVENTO: Les presentamos a nuestra hija… Mi nombre: Lesvy Berlín Rivera Osorio Mi edad: 22 años Mi pasión…la VIDA Mi vicio…los helados (como dijera uno de sus grandes amigos) En nombre de ella deseamos agradecer las muestras de solidaridad y de esperanza que nos hablan de la gran humanidad que poseemos aun frente al dolor, porque esa es y debe ser nuestra esencia en todo momento, la nuestra… Para ellos: …Éste es el rostro del dolor, pero también es el rostro de la indignación, de la rabia, es el rostro que pregunta… ¿Cuántas más? ¿Cuántos más? Han pasado 15 días, de que las autoridades hallaron el cuerpo sin vida de nuestra hija, 15 días y hasta el momento no hemos tenido acceso al contenido y pruebas que integran la carpeta de investigación, como sí lo han tenido algunos de los llamados «medios de comunicación». La exigencia es que se respeten nuestros derechos, todos, como víctimas, se nos entreguen copias de la carpeta de investigación, tanto en formato impreso como en formato digital, se sigan los protocolos propios para el delito de feminicidio, se nos informe oportuna, verázmente y antes que a nadie sobre los avances y líneas de investigación que se siguen, se esclarezcan los hechos, se actúe conforme a derecho en todas las diligencias, se castigue a los responsables del delito, materiales e intelectuales, por acción u omisión… y se haga lo necesario para que hechos como estos jamás se repitan. Señoras, Señores, autoridades: Esa es la enorme responsabilidad que tienen en sus manos. En este camino no estamos solas, Lesvy y nuestra familia hemos sido arropadas y somos representadas por el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y el padre Miguel Concha. El Centro Vitoria tiene una larga trayectoria en la defensa de derechos humanos de las juventudes y cuenta con el compromiso, la transparencia y la altura moral necesarias para hacer frente a la violencia y los agravios que estamos padeciendo. Compañeras, Compañeros, agraviados: Para nosotros las palabras de Javier Valdéz, en su memoria, y la de tantas y tantos… lo cito: «¡CULMINAREMOS LA TAREA Y RESCATAREMOS MÉXICO PARA CONSTRUIR UNA PATRIA CON PAZ Y JUSTICIA!» (Texto leído por Aracely, madre de Lesvy al finalizar la Velada realizada en C.U. el día 18 de mayo del 2017) Contenido relacionado: Derecho al agua y al saneamiento en México Militarización, ¿más que balas y cuarteles? Defensa ciudadana de la Constitución de la CDMX Biodiversidad amenazada En la encrucijada del norte y el sur Premio Don Sergio Méndez Arceo Día de las trabajadoras del hogar Reacomodo neoliberal del comercio Mujeres Defensoras en México. Obstáculos y apuestas Inconstitucionalidad de la ley Atenco
Encuentro de Organizaciones Sociales de Canadá, Estados Unidos y México. Por nuevas formas de cooperación internacional
SOBRE EL EVENTO: Convocamos a los movimientos sociales y organizaciones sindicales, campesinas, populares, de migrantes, ambientalistas, de derechos humanos y otros sectores interesados de México, Estados Unidos y Canadá para fortalecer el trabajo trinacional coordinado frente a la “re-negociación” del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), un tratado que ha sido negativo para los pueblos de los tres países. En los veintitrés años transcurridos desde la implementación del TLCAN, hemos sido testigos de un aumento sin precedentes de los beneficios y derechos de las corporaciones transnacionales, lo cual ha contribuido a una creciente desigualdad económica en América del Norte. Los impactos sociales, económicos y ambientales sobre la clase trabajadora y el campesinado han sido devastadores en términos de aumento de la pobreza, el cambio climático, el debilitamiento de los derechos laborales, la precarización de la vida y el trabajo, y las protecciones ambientales, forzando una espiral descendiente en términos de niveles de vida en toda América del Norte. Este Encuentro es una oportunidad para elaborar estrategias de acciones y construir un poder colectivo basado en los principios de solidaridad e internacionalismo y compartir alternativas al actual modelo neoliberal dominante. CONVOCANTES Convocantes: Canada-Québec: Common Frontiers (CF) Council of Canadians Trade Justice Network (TJN) Réseau québéquois sur l’intégration continentale (RQIC) Alternatives Association pour la Taxation des Transactions financières pour l’Aide aux Citoyens (ATTAC-Québec) Centre international de solidarité ouvrière (CISO) Centrale des syndicats démocratiques (CSD) Centrale des syndicats du Québec (CSQ) Confédération des syndicats nationaux (CSN) Conseil central du Montréal-Métropolitain (CSN) Fédération nationale des travailleurs et des travailleuses du Québec (FTQ) Génération Nationale Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) Estados Unidos: Institute for Agriculture and Trade Policy, Insitutute for Policy Studies Global Economy Project, National Family Farm Coalition, Public Citizen, Sierra Club, Food & Water Watch; México: Convergencia de Organizaciones Sociales y Ciudadanas “México mejor sin TLC’s”: Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC) Asociación Nacional de Industriales de Transformación (ANIT) Ayuntamiento Popular de Ixtacalco Bia’lii Asesoría e Investigación Campaña Nacional Sin Maíz no hay País Carnaval del Maíz Centro de Derechos Humanos «Fray Francisco de Vitoria OP» Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS) Centro de Orientación Alimentaria (COA Nutrición) CEN del Sindicato Nacional de Trabajadores del Inca Rural (INCA) CNTE-Tlaxcala Código DH Coordinadora Nacional Agua para Tod@s, Agua para la Vida Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios, de Educación Superior, Investigación y Cultura (CNSUESIC) Colectivo MA OGM Comité Amigos de Puerto Rico (CAPR) Comité Monseñor Romero Comunicación y Capacitación Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni) Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota (CECOP) Comunidades Campesinas y Urbanas Solidarias con Alternativas (COMCAUSA) Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) Consejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros (CONORP) Democracia Directa APN ENLACE Escuela de Agricultura Ecológica U Yits Ka’an FIAN México Frente Auténtico del Trabajo (FAT) Frente del Pueblo (FP) Fundación Ambientalista Mariano Abarca Greenpeace México Grupo de Estudios Ambientales (GEA) Grupo de Tecnología Alternativa Guerreros Verdes Iniciativas para el Desarrollo de la Mujer Oaxaqueña (IDEMO) Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván Kolectivo “El Rebelde” Laboratorio de Investigación en Desarrollo Comunitario y Sustentabilidad (LIDECS) Millones contra Monsanto Movimiento Democracia Directa (MDD) Movimiento “El Campo es de Todos” Movimiento Migrante Mesoamericano Mujeres para el Diálogo Mujeres por México Chihuahua Nueva Central de Trabajadores (NCT) Periódico Regeneración Promotora de Servicios para el Desarrollo Propuesta Integral para la Sustentabilidad Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio (RMALC) Red Mexicana de Personas que Viven con VIH/SIDA AC Red Nacional Genero y Economía Revista La Guillotina Red en Defensa de los Derechos Digitales R3D Semillas de Vida Servicio Internacional Cristiano en Solidaridad con América Latina (SICSAL) Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA) Siembra Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana. Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma Chapingo (STAUACh) Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de México (STUNAM) Sindicato Único de Trabajadores del CONALEP-Tlaxcala Sindicato UNTyPP Unión Campesina Democrática (UCD Tlaxcala) Unión de Pochtecas de México Unión Nacional de Trabajadores (UNT) Unión Popular Valle Gómez Universidad Autónoma de México (UAM), Unidad Iztapalapa. Vía Orgánica Witness for peace México / Acción Permanente por la Paz CONTACTO México José Olvera: Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM) dolmare@unam.mx. Alberto Arroyo (RMALC) alberto.arroyo60@gmail.com Víctor Suárez (ANEC) victor.suarez@anec.org.mx Canadá: Raul Burbano, Common Frontiers Canada cell # 416-522-8615 email: burbano@rogers.com Estados Unidos: Karen Hansen-Kuhn, Institute for Agriculture and Trade Policy (US), khansenkuhn@iatp.org PROGRAMA Viernes 26 y sábado 27 de mayo de 2017 Palacio de Medicina: Brasil 33, Centro Histórico, Ciudad de México. Contenido relacionado: Estado mexicano pretende resucitar TPP 2016. Por qué el Senado no debe ratificar el TPP ¿Deberíamos defender el TLCAN?
A UN MES DE RESISTENCIA DE LA ANUEE, SE REQUIERE INELUDIBLE DIÁLOGO Y GARANTÍA DE DERECHOS HUMANOS
A UN MES DE RESISTENCIA DE LA ANUEE, SE REQUIERE INELUDIBLE DIÁLOGO Y GARANTÍA DE DERECHOS HUMANOS Ciudad de México, 16 de mayo de 2017 Hace casi un mes, el día 17 de abril del 2017, las personas que integran la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica (ANUEE) comenzaron un plantón a las afueras de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en la esquina de Paseo de la Reforma y Avenida Insurgentes Sur. Esta manifestación es contra los cobros indebidos y excesivos de luz, a la vez que exigen una tarifa social por el uso de energía eléctrica y el reconocimiento de la misma como un derecho humano. Ellas y ellos también han hecho explícito su rotundo rechazo a la reforma energética promovida y aprobada en el actual sexenio. La ANUEE se conforma por diversas personas y colectivos que han emprendido esta lucha desde hace por lo menos siete años, cuando la extinción de Luz y Fuerza del Centro provocó abusos en contra de usuarias y usuarios de energía eléctrica, sobre todo en zonas populares y rurales. Para el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, este caso y la situación que nos presenta es muestra y síntoma de la errónea política energética implementada en nuestro país, donde no se consulta a la ciudadanía, se imponen reformas privatizadoras y se violentan derechos humanos elementales. Se hace urgente un verdadero diálogo de las autoridades que hasta el momento están involucradas, como son la Secretaría de Gobernación y la CFE; Este Centro de Derechos Humanos ha identificado graves omisiones de parte de las autoridades para resolver el conflicto de fondo y para atender las demandas y exigencias de este movimiento. Por el contrario: las autoridades se han mostrado evasivas y han hostigado a las compañeras y compañeros del plantón. No se requiere administrar el conflicto, sino resolverlo de raíz y respetar los derechos humanos de las personas involucradas. Debido a la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las personas que sostienen el plantón frente a las instalaciones de la CFE, este Centro de Derechos Humanos ha solicitado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal su efectiva intervención para garantizar la salud, la integridad y protección de las personas que están en el plantón, así como que se garantice integralmente el derecho a protestar y expresarse libremente. Se requiere urgentemente “borrón y cuenta nueva”, que refiere a que la CFE se retracte de los cobros desproporcionados y aleatorios que emitió contra hogares de escasos recursos, y que, por el contrario, se generé una tarifa justa y popular. En México es necesario reconocer el derecho a la energía eléctrica, para que se garantice el acceso y goce del derecho de manera justa y equitativa, y no como un privilegio que sólo pueden pagar quienes tienen los recursos para hacerlo. La energía eléctrica es un derecho y no una mercancía. Denunciamos también la serie de agresiones de las que han sido objeto quienes son integrantes de la ANUEE. Hacemos memoria de quienes han dejado su vida en esta lucha, como el compañero Gerardo Mata Mendoza, quien murió afuera de las instalaciones de la CFE la madrugada del 29 de abril, mientras ejercía su derecho a manifestarse y oponerse a la política de cobros de la CFE. La defensa de derechos humanos que ejerce la ANUEE nos recuerda que es posible revertir la lógica de privatización y violación sistemática de derechos humanos, que ha sostenido el Estado mexicano en el actual sexenio a raíz de sus reformas estructurales. La lucha de la ANUEE es un referente ya de defensa colectiva de derechos y un aliento para la construcción de un país digno y en paz. Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A.C. Contacto: Jorge Luis Aguilar: 56596797 ext. 227 Entradas relacionadas: Los hechos de Palmarito evidencian la necesidad de abandonar la aprobación de una Ley de Seguridad Interior Juventudes defensoras resistimos y nos organizamos frente a la guerra y la violencia Agresiones contra Brigada Humanitaria Marabunta contravienen Protocolo de Actuación en contextos de manifestaciones. La vida pública de la Ciudad de México en riesgo Albazo: Partido Verde pretende privatizar los recursos genéticos del país con Iniciativa de Ley General de Biodiversidad Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social denuncia graves retrocesos en la Ley sobre el Uso de la Fuerza Pública en el estado de Sonora Los pueblos latinoamericanos decimos NO a los Tratados de Libre Comercio Sobre la iniciativa de Ley general de Biodiversidad Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social saluda la publicación del Protocolo de Protección de Personas en el Contexto de Manifestaciones en la Ciudad de México SCJN evade la protección de derechos humanos al determinar que “Ley Eruviel” no es inconstitucional
Derecho al agua y al saneamiento en México
Derecho al agua y al saneamiento en México Sábado 13 de mayo de 2017 Miguel Concha El señor Léo Heller, relator especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, tuvo la oportunidad, durante los pasados 10 días de su visita oficial a México, de observar, escuchar y documentar la situación que guardan estos dos derechos objeto de su mandato en nuestro país. Por el primero, toda persona, sin discriminación, tiene derecho a agua suficiente, salubre, aceptable, físicamente accesible y asequible para uso personal y doméstico. Y por el segundo, también toda persona, sin discriminación, tiene derecho al acceso, desde el punto de vista físico y económico, en todas las esferas de la vida, a un saneamiento que sea salubre, higiénico, seguro, social y culturalmente aceptable, proporcione intimidad y garantice la dignidad. Su visita cobra especial relevancia, debido a la constitucionalización en 2012 del Derecho Humano al Agua y al Saneamiento en México, incluidos en el párrafo 6 del artículo 4 de la Constitución. Más todavía por los intentos de aprobar una Ley General en la materia, que contraviene estos derechos y pretende poner en manos de privados la gestión de tan importante líquido. Discusión que en México lleva por lo menos un año, además de que, en un contexto nacional de derechos humanos sumamente complejo y doloroso, ha sido escasa la atención a los graves problemas de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (Desca), tanto por parte de las autoridades, como por los organismos públicos de derechos humanos, e incluso por el escrutinio internacional, pues en 20 años han sido sólo cuatro las visitas sobre los Desca. Por ello, la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua; el Movimiento de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos; la Alianza mexicana contra el fracking; la Coordinadora Nacional Agua para Todas y Todos; el Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la Red de Género y Medio Ambiente; la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos; el Movimiento Urbano Popular de la Convención Nacional Democrática, y un amplio grupo de organizaciones de la sociedad civil, especializadas en estos temas, se articularon con grandes expectativas de cara a la misión del señor Heller, y se dieron a la tarea de elaborar un informe conjunto sobre violaciones a los derechos humanos al agua potable y al saneamiento en México, que puede consultarse en http://bit.ly/2q66vG2. El documento analiza críticamente, tanto las cifras oficiales que aparentan una amplia cobertura de servicios, como el marco jurídico y el modelo de gestión hídrica en el país, al tiempo que expone los siguientes problemas y obstáculos estructurales para la realización de estos derechos. Efectos negativos de los procesos de privatización; impactos de la reforma energética, el extractivismo y los megaproyectos; obstáculos para la justiciabilidad de esos derechos; criminalización de las personas, comunidades y organizaciones en el contexto de la defensa del agua en México, y discriminación e impactos diferenciados de las violaciones a estos derechos en la población. Asimismo, las organizaciones y redes reportan haber documentado y entregado al relator una compilación de 72 casos paradigmáticos de violaciones a los derechos humanos al agua potable y al saneamiento ocurridas en 16 entidades federativas, dando con ello cuenta de las acciones y omisiones de los tres poderes y los tres órdenes de gobierno, que constituyen severos incumplimientos del Estado mexicano a estos derechos. Adicionalmente a la información que por escrito le presentaron, la articulación de organizaciones y redes prepararon reuniones sobre temas de especial preocupación, como la contaminación de fuentes de agua; los impactos de la privatización, y los desafíos legislativos y obstáculos para el acceso a la justicia. Propusieron y acompañaron además al relator en recorridos de campo a las localidades de las tres entidades que decidió visitar: Veracruz (municipio de Filomeno Mata y ejido Emiliano Zapata, en el municipio de Papantla), Ciudad de México (barrios de las delegaciones Iztapalapa y Xochimilco) y Chiapas (colonia en Tuxtla Gutiérrez y comunidades de El Manzanillo y El Duraznal en el municipio de San Cristóbal de las Casas). En dichos lugares pudo constatar la precariedad de las condiciones de vida de la población por la falta de cumplimiento cabal de sus derechos al agua potable y al saneamiento. Pudo también escuchar directamente los testimonios de mujeres y hombres afectados, así como dialogar con organizaciones comunitarias, estatales y nacionales durante las audiencias de casos que se efectuaron en el contexto de esas visitas. Si bien la problemática nacional es más amplia y compleja de lo que pudo observar y escuchar este relator especial a lo largo de 10 días, la experiencia vivida en nuestro país sin duda le ha proporcionado un panorama bastante ilustrativo que, al contrastarlo con la información obtenida en las reuniones y diálogos con las autoridades, le ayudará a arribar a algunas conclusiones y a formular recomendaciones puntuales al Estado mexicano, que han de ser incluidas en su informe de misión ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en septiembre próximo. Las y los defensores de los Desca, y en particular los defensores de los derechos al agua y al saneamiento, tienen puesta su atención y esperanza en dicho informe, pues seguramente será una herramienta valiosa para el gran trabajo que aún queda por hacer, con el fin de impulsar medidas efectivas para la atención y solución de los actuales problemas y desafíos, y prevenir muchos más. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada (modificada) : CIDH Entradas relacionadas: Defensa ciudadana de la Constitución de la CDMX Biodiversidad amenazada En la encrucijada del norte y el sur Premio Don Sergio Méndez Arceo Día de las trabajadoras del hogar Reacomodo neoliberal del comercio Inconstitucionalidad de la ley Atenco El derecho humano a vivir en paz Un Gramsci para nuestro tiempo Una ley eficaz contra la desaparición forzada
FORO: El maíz en México, amenazas y alternativas
SOBRE EL EVENTO: El FORO “El MAÍZ en México: Amenazas y alternativas”; tiene el objetivo es analizar las amenazas y las alternativas que enfrentan los productores de maíz, de pequeña y gran escala, en México en la coyuntura actual de ofensiva contra la soberanía nacional. Programa: 24 de mayo de 2017. 09:30 am Museo Nacional de las Culturas: Moneda Nº 13, Centro Histórico, 6010 Cuauhtémoc, CDMX Contenido relacionado: Biodiversidad amenazada Albazo: Partido Verde pretende privatizar los recursos genéticos del país con Iniciativa de Ley General de Biodiversidad Sobre la iniciativa de Ley general de Biodiversidad La moneda sigue en el aire para maíz mexicano
Los hechos de Palmarito evidencian la necesidad de abandonar la aprobación de una Ley de Seguridad Interior
LOS HECHOS DE PALMARITO TOCHAPAN, PUEBLA, EVIDENCIAN LA NECESIDAD DE ABANDONAR LA APROBACIÓN DE UNA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR QUE FACULTE A LAS FFAA REALIZAR TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA. Ciudad de México, 12 de mayo de 2017 Los lamentables eventos ocurridos el 3 de mayo en Puebla, donde fallecieron cuatro elementos militares y seis civiles durante un operativo, son prueba fehaciente de que la militarización de las tareas de seguridad pública conlleva el uso desmedido de la fuerza letal u otras graves violaciones de derechos humanos. Es predecible que de aprobarse la Ley de Seguridad Interior este tipo de situaciones continúen ocurriendo. En las escenas del video difundido se aprecia el alevoso homicidio de un elemento del Ejército, el cual merece la más enérgica condena. También se puede ver a un soldado disparando en la cabeza de un individuo sometido. Estas preocupantes imágenes ratifican lo que diversos actores de la sociedad civil nacional e internacional hemos señalado: que ante la crisis de inseguridad, violencia e impunidad lo que necesitamos no es la militarización sino un nuevo modelo de seguridad ciudadana y una reforma integral al sistema de justicia penal, que atienda los graves problemas de impunidad, así como la falta de formación de la policías. Los hechos de Palmarito, sumados a otros ya conocidos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), como los sucedidos en Tlatlaya, confirman que las actividades de seguridad pública no son propias las Fuerzas Armadas y que “desnaturalizan” – en palabras del Secretario de Defensa Nacional – las acciones del Ejército. Cabe mencionar que la CNDH ha emitido 45 recomendaciones a las Fuerzas Armadas sobre casos de ejecuciones extrajudiciales entre diciembre 2006 y abril del 2017. El hecho de que se apruebe una Ley de Seguridad Interior, especialmente de la forma en la que hasta ahora se ha planteado, no subsanará esta deficiencia y sí fomentaría la comisión de estas graves violaciones a derechos humanos. Es necesario enfatizar que lo que muestra el video no es aceptable ni permitido en ningún tipo de enfrentamiento de acuerdo a los marcos de derecho internacional e incluso conforme al Manual de Uso de la Fuerza del Ejército. Los eventos que precedieron a esta situación e incluso el ataque contra otro soldado no son de ninguna manera una justificación para ejecutar arbitrariamente a una persona ya sometida. Por ello, hacemos un llamado a que la Procuraduría General de la República, autoridad civil responsable de la investigación, actúe de forma pronta y expedita para el esclarecimiento de los hechos, incluyendo tanto el lamentable homicidio del servidor público como la ejecución arbitraria. Respecto de esta última, instamos a que los elementos militares, incluyendo a los mandos responsables de los operativos, rindan cuentas con total transparencia. Finalmente, reiteramos el llamado a las y los legisladores – particularmente la Presidenta de la Comisión de Gobernación, el Presidente de la Comisión de Seguridad Pública y las y los integrantes de la Junta de Coordinación Política – a una moratoria en la emisión de de la miscelánea penal y las iniciativas de la seguridad interior, con el objetivo de poder discutir integralmente el modelo de seguridad considerando la evidencia empírica que ha dejado la última década. La #SeguridadSinGuerra es posible. Colectivo #SeguridadSinGuerra: http://www.seguridadsinguerra.org/ Entradas relacionadas: Juventudes defensoras resistimos y nos organizamos frente a la guerra y la violencia Agresiones contra Brigada Humanitaria Marabunta contravienen Protocolo de Actuación en contextos de manifestaciones. La vida pública de la Ciudad de México en riesgo Albazo: Partido Verde pretende privatizar los recursos genéticos del país con Iniciativa de Ley General de Biodiversidad Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social denuncia graves retrocesos en la Ley sobre el Uso de la Fuerza Pública en el estado de Sonora Los pueblos latinoamericanos decimos NO a los Tratados de Libre Comercio Sobre la iniciativa de Ley general de Biodiversidad Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social saluda la publicación del Protocolo de Protección de Personas en el Contexto de Manifestaciones en la Ciudad de México SCJN evade la protección de derechos humanos al determinar que “Ley Eruviel” no es inconstitucional Seguridad Sin Guerra
Juventudes defensoras resistimos y nos organizamos frente a la guerra y la violencia
JUVENTUDES DEFENSORAS RESISTIMOS Y NOS ORGANIZAMOS FRENTE A LA GUERRA Y LA VIOLENCIA 06 de mayo de 2017 Las juventudes nos oponemos al proceso de militarización que ha emprendido el Estado mexicano a lo largo de todo el territorio nacional, que aunque la incluye, no se limita únicamente a la iniciativa de Ley de Seguridad Interior, pues pretende más bien avanzar en su instauración mediante la legalización de cualquier tipo de acción represiva por parte de las Fuerzas Armadas, basándose, en una necesidad prefabricada de su participación en las tareas de seguridad pública, tareas que son además ilegítimas e ilegales, y que se han venido ejerciendo desde hace más de una década. La historia de los países latinoamericanos que ha estado fuertemente marcada por la presencia de las fuerzas armadas, como es el caso de las dictaduras militares, nos ha demostrado el rotundo fracaso en términos de seguridad y paz social de estos regímenes, pues han dejado como consecuencia un incontable número de personas asesinadas, desaparecidas y torturadas a manos del ejército. La militarización ha sido un proceso que inició mucho antes que la supuesta guerra contra el narcotráfico y el crimen organiza do, y encubre el estado de guerra que se vive desde mediados de la década de los noventa, al mismo tiempo que invisibilizó el exterminio selectivo practicado desde la Guerra Sucia, en la creciente articulación de personas de la sociedad civil que se ve atravesada por la complicidad entre el crimen organizado y los agentes castrenses del Estado; esta realidad refleja una de las expresiones centrales de un sistema basado en la explotación, la violencia, la misoginia y la muerte. Como jóvenes con pensamiento crítico estamos en contra de repetir procesos históricos basados en la violencia y violación a los derechos humanos. En el caso del Estado mexicano, existen numerosas evidencias que nos permiten afirmar que han ocurrido y se desarrollan hoy, procesos de militarización en varias regiones del país, superando los criterios de registro de los índices delictivos clásicos. Es decir, en nuestro contexto las aproximaciones tradicionales al ejercicio del poder, son insuficientes para describir la tendencia de las fuerzas armadas para controlar la agenda política e influenciar a las autoridades civiles; convirtiéndose así, en un riesgo para la sociedad en general. Además, recordemos que el ejército no está facultado para resolver los problemas de seguridad pública, pues estas funciones le competen únicamente al ámbito civil. En ese sentido, en procesos formativos y críticos como la Escuela de para Defensoras y Defensores Jóvenes de Derechos Humanos, que acompaña el Centro Vitoria, partimos de la idea de que la militarización es un proceso que trastoca a toda nuestra sociedad mediante una lógica belicista, nacionalista y patriarcal, mediante la cual se busca imponer una idea de paz en nombre del orden y no basada en la justicia. Denunciamos la insistente intromisión de los militares para influir en los procesos de diseño y ejecución de la política de seguridad nacional y pública, así como para implantar sus lógicas, métodos y objetivos a sociedad civil. Exigimos acciones que detengan la normalización de la presencia de las fuerzas armadas, su influencia, su sentido de control y códigos de conducta en la vida cotidiana, y nos sumamos a la exigencia social de que el ejército abandone las calles y vuelva a los cuarteles. Denunciamos que a lo largo de la historia contemporánea y en medio de esa dinámica de intromisión y control por parte de las fuerzas armadas, se han criminalizado a las juventudes, a las comunidades en resistencia, y a las y los defensores de derechos humanos. Denunciamos la reducción de las mujeres y de sus cuerpos a objetos y territorios que pueden ser violados, usados, colonizados, vendidos, intercambiados, rotos y asesinados. Denunciamos la impunidad que gozan las fuerzas armadas, las corporaciones de seguridad civil y las autoridades que los respaldan, encubriendo las atrocidades que cometieron y cometen, contra las personas que habitamos y transitamos por el territorio mexicano. Exigimos que a lxs jóvenes se nos reconozca como sujetxs de derechos, para participar en la toma de decisiones públicas respecto de la sociedad que queremos construir y en la que vivimos y viviremos. Y rechazamos rotundamente la aprobación de la Ley de Seguridad Interior. Firman Colectividades Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria” O.P. A.C (Centro Vitoria) Colectivo Sohuame Tlatzonkime Cooperativa de Consumo La Imposible Incluye A.C. Colectivo de abogados “Abajo los Muros de las Prisiones” Nuevo Movimiento de la Diversidad Sexual UAM Xochimilco Personas Adrián García Cuéllar Alejandra Fierro Jaramillo Alejandro Barragán Sánchez Aracely Jiménez Guzmán Arenita Hernández Beatriz Nayelly Rivero Martínez Celeste Cruz Avilés Christian Hernández Hernández Edgar Ivan Garcia Garcia Elena Jaloma Cruz Francisca Urias Hermosillo Gerardo María Alcocer Cetina Ilse Elisa Parra Flores Ilse Pavlova Vega Gallegos Isabel Lucía Rubio Rufino Ivonne Osorio Rodríguez Ivonne Osorio Rodríguez Jorge Luis Aguilar Pantoja José Alberto Rosano López Joyse Hernández Márquez Layla Ahlam Vázquez Flandes Leticia Carpio Cortes Lorena Damaris Quintana Alonso Marcela Meza Rodríguez María Cristina Rosas Martínez María del Carmen Méndez Trejo María Fernanda Arellanes Arellanes Martín Sosa Priorio Omar Adrián Flores Cortés Omar Bernardo Ojeda López Omar Escutia Girón Pilar García Ramírez Rodolfo Beltrán Moreno Sayuri Herrera Román Sofía Huerta Noguera Vidal Emmanuel Méndez Cadena Yussef Muñoz Mayorga Zayra Rubí Jiménez Zuleyma Edain Ramos Valdez Imagen destacada : Eneas de Troya Entradas relacionadas: JUVENTUDES DEFENSORAS RESISTIMOS Y NOS ORGANIZAMOS FRENTE A LA GUERRA Y LA VIOLENCIA Agresiones contra Brigada Humanitaria Marabunta contravienen Protocolo de Actuación en contextos de manifestaciones. 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Urge la verdad para Ayotzinapa
Urge la verdad para Ayotzinapa Sábado 06 de mayo de 2017 Miguel Concha A un año de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) emitiera su invaluable y contundente informe final del caso Ayotzinapa, es necesario, en el marco de la reciente visita del Mecanismo de Seguimiento creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para monitorear su cumplimiento, y como contexto más amplio del legítimo plantón que se han visto orilladas a realizar las valerosas familias de los jóvenes, hacer un balance sobre la falta de justicia y verdad para las víctimas. El mensaje del Mecanismo Especial de Seguimiento para el caso Ayotzinapa de la CIDH, que, encabezada por la comisionada Esmeralda Arosemena, realizó su segunda visita de trabajo del 19 al 21 de abril, fue claro, aunque algunos medios hayan intentado tergiversarlo: es necesario alcanzar con celeridad avances sustantivos en la búsqueda de verdad y justicia, pues en la medida en que el paradero de los estudiantes –como subrayó la CIDH– no ha sido determinado con pruebas inobjetables, México sigue reprobado en esta investigación. La preocupación del Mecanismo de Seguimiento está plenamente justificada, pues, sin que haya avances importantes en las investigaciones a cargo de la Procuraduría General de la República (PGR), se cumplieron ya 31 meses desde la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014. Por ello, las y los integrantes del mecanismo lamentaron la lentitud del gobierno Federal. Postura que es coincidente con la que hemos manifestado diversas organizaciones nacionales e internacionales. Para el mecanismo, el que altas autoridades aún intenten validar ante la opinión pública la hipótesis de que los 43 estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula, es inadmisible; pone en duda la buena fé del Estado para con el cumplimiento de la ruta que recomendó el GIEI, y provoca una distancia frente a las víctimas y sus familiares. En este contexto, la CIDH ha urgido al Estado mexicano a alcanzar avances satisfactorios en cuatro puntos prioritarios. Primero, en examinar debidamente los indicios de involucramiento de miembros de las fuerzas de seguridad del Estado en estos hechos, destacando a la Policía Federal y a la policía de Huitzuco, y profundizando en la participación que tuvieron las autoridades de los distintos niveles de gobierno, incluyendo las de los ámbitos estatal y federal. Segundo, en realizar el análisis de telefonía y determinar la identidad de actores relevantes hoy sólo conocidos por su alias. Tercero, en profundizar con urgencia la línea de investigación sobre la posible conexión de los hechos con el traslado de estupefacientes hacia Estados Unidos, sugerida por el GIEI como posible móvil de los hechos. Y cuarto, en continuar la búsqueda en campo, usando la tecnología que ha mostrado ser útil. Estos puntos, incluidos en las 20 recomendaciones prioritarias del GIEI, suponen reconocer cabalmente que el alcance geográfico y temporal de los distintos ataques contra los normalistas no hubiera sido posible sin el concurso y coordinación de distintos actores, incluyendo a elementos de las fuerzas de seguridad municipales, estatales y federales, así como a funcionarios de distintos niveles, y a elementos del crimen organizado. No se puede seguir eludiendo esta realidad, encapsulándola ficticiamente sólo en la esfera municipal. No se puede tampoco, si se quisiera proponer como salida a este caso emblemático, pretender que las familias de Ayotzinapa acepten la verdad histórica, según la cual el destino final de todos los normalistas desaparecidos habría sido su incineración en el basurero de Cocula, como sucedió el pasado 17 de marzo, cuando funcionarios del gobierno hicieron en este tenor preguntas abiertas a las familias, en el marco de la Audiencia celebrada en la CIDH sobre este Mecanismo de Seguimiento. El derecho a la verdad se construye investigando a fondo, con una base sólida de respeto y acompañamiento a las víctimas. Jamás sobre supuestos que se han echado por tierra. La violación al derecho a la verdad y la justicia debe detenerse, empezando por rectificar la investigación interna de la PGR a los funcionarios que han cometido irregularidades en el caso, en el sentido expresado por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). Como es sabido, esta instancia consideró que a pesar de que en un inicio la investigación de la Visitaduría estaba siendo integrada con apego a los más altos estándares, se produjo un sospechoso, parcial y lamentable viraje, cuyo resultado final confirió impunidad a quienes cometieron graves irregularidades en el curso de la investigación. Lo que además significó un terrible mensaje de convalidación a las peores prácticas de las fiscalías mexicanas, que contradice frontalmente los esfuerzos de renovar las instituciones en este ámbito. La visita del Mecanismo de Seguimiento es un recordatorio de que Ayotzinapa, emblema de la crisis de derechos humanos que se agrava en México, no puede ser olvidado. La forma en que Ayotzinapa se solucione será un poderoso indicativo de la existencia o ausencia de voluntad política para transformar la impunidad estructural de México. Hasta ahora la injustificable falta de avances significativos es un mal signo para las víctimas de violaciones a los derechos humanos, sus familias y la sociedad, que en su conjunto demanda un alto a la impunidad y a la corrupción. Son comprensibles en este contexto la frustración y desesperación de las incansables familias de los normalistas y organizaciones que las apoyan, quienes tienen también ante sí el reto de seguir protestando y exigiendo justicia. Preservando y cuidando al mismo tiempo el incuestionable capital moral que han acumulado a lo largo de más de dos años. Como lo hizo notar la CIDH, la verdad urge y el tiempo se agota. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada (modificada) : Omar David Entradas relacionadas: Defensa ciudadana de la Constitución de la CDMX Biodiversidad amenazada En la encrucijada del norte y el sur Premio Don Sergio Méndez Arceo Día de las trabajadoras del hogar Reacomodo neoliberal del comercio Inconstitucionalidad de la ley Atenco El derecho humano a vivir en paz Un Gramsci para nuestro tiempo Una ley
