Militarización, ¿más que balas y cuarteles?
Militarización, ¿más que balas y cuarteles? La militarización es un proceso que no se limita a que soldados y marinos estén fuera de los cuarteles, sino a la adopción de una lógica de guerra que se estructura también en los valores más íntimos y subjetivos. 05 de mayo de 2017 Por: Carla Lovera y Jorge Aguilar La dignidad en nuestras manos En los últimos meses hemos presenciado el esfuerzo de múltiples grupos políticos para imponer la Ley de Seguridad Interior y otras iniciativas relativas a la seguridad pública que destapan la voluntad estatal de profundizar y legalizar un modelo de seguridad, que como nos hemos pronunciado diversas organizaciones en múltiples mensajes, es en sí mismo contrario al respeto y protección de los derechos humanos y a los valores de una sociedad democrática. La militarización que denunciamos no se limita a las iniciativas que con ambigüedades pretenden legalizar la participación de las fuerzas armadas en las tareas de seguridad pública, sino a la voluntad de instalar la lógica belicista —que funciona a partir de la figura de un enemigo interno a eliminar— en la actuación de las policías civiles, las retóricas de varios medios de comunicación y los organismos de procuración de justicia, entre muchos otros espacios. Las autoridades han insistido en la última década en reforzar la figura del crimen organizado y el narcotráfico como “el enemigo” a abatir. Los resultados de la actuación de las fuerzas de seguridad, militares o civiles, en este contexto nos hace vislumbrar a ese presunto enemigo como un sujeto presente en todas partes y en ninguna, lógica que ha llevado al Estado mexicano a luchar contra su propia población, alejando sus operaciones del clásico enemigo exterior para dirigir sus balas contra cualquier persona que encuadre en su opaca definición de amenaza o que se encuentre en el lugar y momento equivocados. De ello han dado cuenta múltiples estudios de instituciones como el Centro de Investigación y Docencia Económicas y el Instituto Belisario Domínguez, así como informes de organizaciones y organismos internacionales de derechos humanos que describen cómo la participación de las fuerzas armadas en las labores de seguridad pública ha concluido en el uso de balas en lugar de investigaciones tendientes al esclarecimiento de hechos. La asimilación del personal y las técnicas militares por las autoridades civiles ha llegado al punto de priorizar el uso de la fuerza máxima sobre cualquier otra alternativa de combate al crimen. Por otra parte, ante la supuesta excepcionalidad de la situación, las agencias de investigación tienden a sustituir el debido proceso y los procedimientos legales y científicos por prácticas recuperadas y naturalizadas en contextos de guerra como la tortura, el acoso y el abuso sexual, la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales; es decir, se sistematizan las violaciones a los derechos humanos. Sin duda el gobierno no es responsable de todos los actos de violencia, pero la escalada de la misma sí es atribuible de manera segura a su estrategia que coloca en el centro la muerte y no la justicia. De esta forma, la militarización es un proceso que no se limita a que soldados y marinos estén fuera de los cuarteles, sino a la adopción generalizada de una lógica de guerra, basada en prácticas de control territorial, material e informático a través de cualquier medida antes que la implementación de una política pública de prevención y sanción del delito. La militarización de la sociedad en sus formas más explícitas normaliza la violencia y prácticas contrarias a la dignidad humana. En su alcance más sutil pero igual de trascendente que lo anterior, se estructura también en los valores que constituyen lo más íntimo y subjetivo de la sociedad; ejemplo de ello son las declaraciones del gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, quien días después del ataque ocurrido en el Colegio Americano del Noreste anunció la creación de preparatorias militarizadas para “arreglar” a las y los jóvenes que en sus palabras, “no hacen caso de sus padres”. La apuesta del Estado por la militarización implica la imposición de valores como la obediencia sin crítica, la violencia como la ruta para el tratamiento de las problemáticas cotidianas, la misoginia fáctica, la comprensión del “ellos” y nosotros enfrentados e irreconciliables. Con la misma laxitud que las iniciativas de Ley de Seguridad Interior, la lógica militar define como amenazas a la seguridad del Estado a los movimientos y a las colectividades que cuestionan el orden hegemónico. ¿No es cuestionable el uso de la fuerza letal cuando es claro que la problemática de la violencia en México responde a más factores, como la pobreza y la desigualdad, que la mera desobediencia a la autoridad? ¿De verdad la única alternativa que tienen las autoridades es fortalecer y legitimar una lógica que promueve el orden monolítico, el fortalecimiento de las jerarquías, el no cuestionamiento a las realidades y el debilitamiento de formas más horizontales de participación y articulación ciudadana para la resolución de conflictos? Es necesario seguir dialogando en torno a las alternativas y horizontes que existen y defendemos desde la pluralidad de voces que nos imaginamos una paz sostenible, con justicia, una paz digna construida desde las comunidades y los barrios, que respete el territorio y la cultura de los pueblos, que reconozca a las y los jóvenes como sujetos de derechos y no como pasivos a merced de la criminalidad, que elimine la violencia sistemática contra las mujeres en lugar de aumentarla. El próximo sábado 6 de mayo desde el Centro Vitoria proponemos un espacio para encontrarnos, seguir dialogando sobre el tema y generar nuevas posibilidades para lograr la paz. El Foro: Militarización y Juventudes se llevará a cabo en el Centro Universitario Cultural (Odontología 35. Col. Copilco-Universidad) desde las 11 de la mañana, la entrada es libre. Más información en nuestra página web y redes sociales. *Carla Lovera y Jorge Aguilar colaboran en el Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, A. C. (@CDHVitoria). Consultar en Animal Político. Imagen destacada : Jorge Aguilar Entradas relacionadas: La historia
Agresiones contra Brigada Humanitaria Marabunta contravienen Protocolo de Actuación en contextos de manifestaciones.
AGRESIONES CONTRA BRIGADA HUMANITARIA MARABUNTA CONTRAVIENEN PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CONTEXTOS DE MANIFESTACIONES. Ciudad de México, 03 de mayo de 2017 El pasado primero de mayo, el equipo de la Brigada Humanitaria Marabunta fue agredido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública al mando de Álvaro Sánchez, con indicativo “Neptuno”, mientras realizaban trabajo de acompañamiento y mediación en movilizaciones, que consiste en establecer canales de diálogo en contextos de conflicto o tensión para evitar se detonen escenarios de violencia. El ambiente era tenso y Marabunta intervino con algunos contingentes, logrando desactivar varios conflictos en varias movilizaciones, sin embargo el ambiente se fue complicando aún más. Durante el trayecto el personal de Marabunta escuchó en repetidas ocasiones a Neptuno decirle a sus compañeros: “En base me dijeron que tranquilo, me está costando trabajo pero estoy haciendo el esfuerzo”. Mientras decía esto, otros testimonios señalan que el mando daba órdenes a su personal para que “en cuanto hubiera oportunidad” detuvieran a personas al azar dentro de los contingentes. Hacia el final de la jornada, la Brigada escoltó a uno de los contingentes y observaron cómo Neptuno tomó una posición de intransigencia: “Estábamos en la entrada de metro Pino Suaréz y Neptuno exigió, además de revisar a los jóvenes que ya se retiraban del lugar de la movilización, que se quitaran las capuchas. Dijo: -Si no los reviso yo, no pasan”. Esto provocó la negativa de los jóvenes y el intento de diálogo del equipo de Marabunta se vio imposibilitado por la actitud de los policías quienes a través de patadas, jaloneos y golpes, esculcaron las pertenencias de los jóvenes y separaron a los integrantes de la Brigada. “A Miguel de Marabunta le pegó una patada un policía. Una de las chicas a las que revisaron reportó que los policías aprovecharon para robarle el teléfono. Además, no es la primera vez que tenemos problemas con Neptuno, tiende a tomar decisiones autoritarias e impulsivas que provocan violencia” El 30 de marzo de 2017 entró en vigor el Protocolo de Actuación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México para la Protección de Personas en el Contexto de Manifestaciones o Reuniones. Dicho protocolo, redactado en conjunto por autoridades y organizaciones civiles, busca la protección de las y los manifestantes en un intento por solventar las recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos en la entidad tras los abusos policiacos cometidos en distintas protestas desde el 1o de diciembre de 2012. En el caso de los hechos antes citados, el protocolo no fue respetado en tanto que los manifestantes fueron acorralados a fin de obligarlos a ser revisados aun cuando estaban a punto de retirarse del lugar. Además se vulneraron las disposiciones del mismo Protocolo relativo a la labor de defensa de derechos humanos en razón de que se perpetraron agresiones que se presentaron a través de jaloneos, golpes, patadas y el robo de un teléfono en contra de integrantes de Brigada Marabunta. La presencia y distancia razonable de los contingentes durante el desarrollo de las manifestaciones no se cumplió. El escoltar a un contingente, aunque éste haya aceptado esas condiciones, incumple con el protocolo y está lejos de generar un ambiente propicio para ejercer la libre expresión. Ante este panorama, el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social exige a la SSP de la Ciudad de México se revise la actuación policiaca para que cumpla con lo dispuesto en el Protocolo de Actuación Policial y abandone lo antes posible prácticas como las observadas este 1o de mayo. No es la primera ocasión en que Álvaro Sánchez “Neptuno” se ve involucrado en violencia hacia manifestantes, por esta razón exigimos a la Dirección General de Asuntos Internos de la SSP que supervise la actuación de este mando y genere las condiciones para evitar que se vuelvan a presentar incidentes como los que detalla esta alerta. Del mismo modo, exigimos a la CDHDF conocer del caso y actuar en la medida de sus facultades. Reconocemos que la tarea de mediación que realiza Marabunta, tiene un enfoque sustantivo con perspectiva de juventudes, que necesita condiciones de confianza para que pueda dar resultados, que la palabra empeñada en esos contextos tiene un profundo valor para construir acuerdos que eviten eventos violentos. Nos solidarizamos con nuestras compañeras y compañeros de la Brigada Marabunta y exigimos se generen las condiciones necesarias para el desarrollo de su trabajo de defensa y promoción de los derechos humanos. Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social: ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, A.C., Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C., Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo CEPAD, A.C., Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios CAUSA, Espacio Libre e Independiente Marabunta A.C., Fundar Centro de Análisis e Investigación, A.C., Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C., Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica, A.C., Servicios y Asesoría para la Paz, A.C., Red de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos”, A.C., Resonar. Imagen destacada: Jorge Aguilar Entradas relacionadas: La vida pública de la Ciudad de México en riesgo Albazo: Partido Verde pretende privatizar los recursos genéticos del país con Iniciativa de Ley General de Biodiversidad Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social denuncia graves retrocesos en la Ley sobre el Uso de la Fuerza Pública en el estado de Sonora Los pueblos latinoamericanos decimos NO a los Tratados de Libre Comercio Sobre la iniciativa de Ley general de Biodiversidad Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social saluda la publicación del Protocolo de Protección de Personas en el Contexto de Manifestaciones en la Ciudad de México SCJN evade la protección de derechos humanos al determinar que “Ley Eruviel” no es inconstitucional Seguridad Sin Guerra Estado mexicano pretende resucitar TPP Resolución de la SCJN sobre Ley Eruviel determinante para la vigencia de las libertades democráticas en México
Defensa ciudadana de la Constitución de la CDMX
Defensa ciudadana de la Constitución de la CDMX Sábado 29 de abril de 2017 Miguel Concha El pasado miércoles apareció en diversos medios de comunicación virtuales e impresos, y en la página 12 de La Jornada, un pronunciamiento suscrito por 161 organizaciones, movimientos y colectivos de la sociedad civil –entre ellas de defensa de derechos humanos, vecinales, urbano populares, etcétera–, y por más de 150 personas –académicos, intelectuales, artistas, escritores y dirigentes de organizaciones civiles y sociales–. Su propósito es bastante explícito: denunciar la forma concertada como diversas instituciones, entre ellas la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Procuraduría General de la República, la Consejería Jurídica de la Presidencia y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad presentaron acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales sobre la recientemente aprobada Constitución de la CDMX. Si uno contrasta estas acciones promovidas por el Ejecutivo federal –que además de carecer de fundamento jurídico, ponen en riesgo la credibilidad de algunas instituciones, como la de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que debiera ser siempre su activo principal–, con las opiniones sobre la Constitución de la Ciudad vertidas por organismos de las Naciones Unidas, como la Unesco y la Comisión Económica para América Latina, y más recientemente por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, que alaban enfáticamente el avance en el reconocimiento y protección de los derechos humanos, en la promoción de políticas públicas para poder realizarlos concretamente, y en la intervención de la ciudadanía en los asuntos públicos y en el control del gobierno en ese texto, uno no puede menos que preguntarse por qué las opiniones del gobierno federal son tan diametralmente opuestas a las de estos organismos, que gozan de tanto prestigio en la opinión pública internacional. El texto promovido por ciudadanos y colectivos expresa una hipótesis, al señalar que se trata de un intento de freno conservador al avance de los derechos y la democracia en la Ciudad de México, y, por lo mismo, se convierte en un freno a cualquier avance en el régimen político del país. Ciertamente el temor a que se multiplique en las distintas entidades la innovación política en la vida pública de la capital, y a que también se vuelva una exigencia de actualización de la Constitución del país, es algo que puede preocupar a una perspectiva conservadora de la política. Si así fuera, uno no puede dejar de preguntarse cómo un gobierno que presume de ser altamente modernizador en la economía, puede con su discurso y su práctica, altamente conservadores, no conciliar con la política. Es claro entonces que la perspectiva del ex presidente Salinas de Gortari sigue imperando. Cuando se le preguntó al final de su gobierno por qué había hecho la apertura económica sin hacer la correspondiente apertura política, respondió utilizando el ejemplo de la caída de la Unión Soviética, afirmando que ese hecho demostraba que no podía haber perestroika (modernización económica), al mismo tiempo que glasnost (transparencia política). Habrá que reconocer que en ese aspecto quienes en ese tiempo y ahora detentan el poder gubernamental en el país, tienen razón, pues no se pueden hacer reformas económicas impopulares y a la vez aceptar el avance de la democracia. Ésta terminaría con aquéllas, y por ello todo avance democrático les resulta incómodo. A la anterior hipótesis puede sumarse otra, que antes que contradecirla, es más bien una de sus consecuencias. Uno de los principales obstáculos a la garantía de los derechos humanos en el país son las graves deficiencias en la impartición de justicia. El capítulo correspondiente en la Constitución de la CDMX estableció correctivos bastante claros a las tendencias prevalecientes, pues propone terminar con el control que el Poder Ejecutivo ejerce sobre el Judicial –control real, aunque algunos le llamen eufemísticamente autonomía–, toda vez que es quien propone al Legislativo los magistrados que ha de confirmar. La Constitución de la Ciudad establece que estas propuestas al Legislativo tienen que estar a cargo de un cuerpo colegiado, seleccionado por un grupo de ciudadanos electos por el Legislativo, a partir de las propuestas de centros de educación superior y organizaciones de la sociedad civil, ambos de reconocido prestigio. Con lo cual también se termina con el sistema de reparto de posiciones entre los partidos políticos. Es claro que habrá quienes tengan razón en suponer que perder el control del Ejecutivo sobre el Poder Judicial puede ser riesgoso para sus intereses. A pesar de ello, y contrariamente a lo que han venido sosteniendo algunos opinadores, con la convocatoria a la sociedad civil que realizan los grupos de ciudadanos que promovieron este pronunciamiento a defender la Constitución, queda claro que sí hay ciudadanos interesados en continuar la democratización de la ciudad. Para ello proponen informar a la opinión pública internacional sobre estas supuestas acciones concertadas de inconstitucionalidad y controversia que atentan claramente contra la democracia y contra los derechos humanos; argumentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por medio de la figura de derecho internacional amicus curiae, y sobre todo informar más ampliamente a toda la sociedad acerca de los contenidos, implicaciones, beneficios y ventajas para su convivencia de la Constitución de la CDMX, pues revertir la situación artificial creada es tarea tanto del gobierno como de la sociedad civil. Ello no obstante, esta última ha dado ya un paso decisivo en el necesario proceso de defensa, y a ello estamos convocados todos los que aspiramos a que los derechos y la democracia sean los pilares de nuestra vida pública. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada (modificada) : ·júbilo·haku· Entradas relacionadas: Biodiversidad amenazada En la encrucijada del norte y el sur Premio Don Sergio Méndez Arceo Día de las trabajadoras del hogar Reacomodo neoliberal del comercio Inconstitucionalidad de la ley Atenco El derecho humano a vivir en paz Un Gramsci para nuestro tiempo Una ley eficaz contra la desaparición forzada La Constitución de la CDMX
FORO: Militarización y juventudes
SOBRE EL EVENTO: Mientras la CIDH no titubea para asegurar que la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública ha permitido el aumento de violaciones a derechos humanos, el Estado mexicano a través del Poder Legislativo propone en cambio la legalización de la militarización, y bajo figuras como el de «seguridad interior», llevar a cabo la aprobación de leyes con la finalidad de hacer legal lo ilegal. Desde el Centro Vitoria, invitamos a reunirnos y reflexionar sobre el impacto que la fallida estrategia de seguridad ha tenido en las personas jóvenes y generar un espacio de intercambio de experiencias, reflexiones y saberes sobre la militarización, el derecho a la paz y las alternativas ante el intento de imposición de este modelo. Entrada libre. Evento en facebook PARTICIPAN: Julian Ovalle Fierro, Acción Colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia (ACOOC) Igor Seke, War Resisters´ International Anayeli García Martínez, Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) Carla M. Lovera González, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A. C. SALA 22 DEL Centro Universitario Cultural (CUC): Odontología 35. Colonia Copilco-Universidad. Ciudad de México, D.F. 06 de mayo del 2017 11:00-15:00hrs Entrada libre Fotografía (Modificada) : Eneas de Troya Contenido relacionado: Ley de Seguridad Interior: detrimento del poder civil frente al poder militar Organizaciones y academia exigen detener las iniciativas de la Ley de Seguridad Interior y buscar medidas de seguridad no militarizadas Seguridad Sin Guerra El derecho humano a vivir en paz Recuperando la paz
Biodiversidad amenazada
Biodiversidad amenazada Sábado 22 de abril de 2017 Miguel Concha Una vez más, la voz de las comunidades indígenas y campesinas se está silenciando, mientras el vínculo ancestral que guardan estas comunidades con la custodia de la biodiversidad es estratégico para el desarrollo nacional, la seguridad, la soberanía alimentaria y la salud en general de la sociedad. Más todavía en un país megadiverso, como México, en el que se reconocen sus beneficios para las generaciones actuales y futuras, y donde cada vez somos más conscientes de que, como seres humanos, debemos aprender a convivir armónica y respetuosamente con la madre Tierra. Resulta que al calor del debate que se tendría antes y durante la conferencia de las partes, COP13, sobre Convención de Diversidad Biológica, que se realizó en Cancún en diciembre pasado –de la que me ocupé en La Jornada ampliamente el 7 de enero–, el 25 de octubre de 2016 se presentó en el Senado una iniciativa de Ley General de Biodiversidad. Qué paradoja, que apenas pasada la discusión al final del año, ahora se acelere la aprobación de su dictamen en Comisiones Legislativas, antes de que el periodo ordinario legislativo termine el 30 de abril. El proyecto que se discute busca integrar en un sólo ordenamiento lo relativo a la biodiversidad, previsto en el Título Segundo de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que incluye las áreas naturales protegidas y las zonas de restauración, flora y fauna silvestre. Pretende asimismo aplicar los preceptos del Protocolo de Nagoya, tan cuestionados en la COP 13, e integra también en este ordenamiento la Ley General de Vida Silvestre. Toda esta sumatoria se convierte en normas administrativas para la distribución de competencias concurrentes en dichas materias; pero se deja de lado el pleno reconocimiento y protección de los derechos a la biodiversidad y su conservación, que sin embargo se atribuyen con un sesgo antropocéntrico a las y los ciudadanos. ¿Qué esconde este proyecto de dictamen? Organizaciones académicas y de la sociedad civil, como la Caravana de la Diversidad Biocultural y otras, han expresado con argumentos sólidos, y desde su experiencia, su rechazo a este proyecto y a la premura con la cual se la quiere aprobar. Resaltan como alarmantes algunos aspectos. Por ejemplo, que la propuesta de ley omite derechos humanos reconocidos en el artículo primero de nuestra Constitución, y contraviene acuerdos internacionales de derechos humanos y en la materia, como el Convenio de Diversidad Biológica, y, en específico, la Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la OIT. Por otro lado, la materia de la iniciativa incide directamente en el patrimonio biocultural: genes, especies, ecosistemas, agroecosistemas y paisajes, en los territorios y tierras de los pueblos indígenas y comunidades equiparables que albergan en su seno la mayor biodiversidad de México. Además, este proceso legislativo adolece de mecanismos de difusión y debate de forma amplia, democrática y plural, en las diferentes lenguas de los pueblos y comunidades indígenas; y no otorga el debido tiempo para garantizar su participación efectiva. Urge una amplía deliberación más allá del Congreso, en la que las voces de los guardianes ancestrales de la biodiversidad, es decir, los pueblos campesinos e indígenas, sean debidamente escuchados, ya que ellos han preservado, domesticado y usado la biodiversidad como un bien común; lo cual les permitió generar, a través del uso de su memoria colectiva, un enorme patrimonio biocultural que implica fondos genéticos comunitarios de plantas y animales domesticados y semidomesticados, plantas medicinales, conocimientos tradicionales y formas simbólicas de apropiación de territorios. La iniciativa afecta además gravemente el principio de libre determinación y los derechos constitucionales de los pueblos indígenas y comunidades equiparables, y echa por tierra el reconocimiento de México como un Estado pluricultural, basado en su conformación diversa y en el reconocimiento de derechos. Al proponer una política pública destinada a regular el ordenamiento territorial, las actividades productivas, y el uso de los recursos naturales en una amplia porción de los territorios, donde habitan los pueblos indígenas, sin haber efectuado la más mínima consulta, pasa en efecto por alto el artículo 2 de la Constitución, que establece claramente el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación. Violenta igualmente los derechos establecidos en la fracción IV de ese mismo artículo, que establece la obligación del Estado a preservar, enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyen su cultura e identidad; así como la fracción V, que define el derecho a conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras, y la fracción VI, que instituye su derecho al respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra, establecidas en la Constitución, así como al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades. En resumen, lo que se propone en el Poder Legislativo se inclina a la explotación comercial de los recursos genéticos y de sus conocimientos asociados, dejándolos a disposición de lo que se denomina biopiratería, una práctica de las empresas privadas interesadas en la bioprospección, sin contemplar mecanismos reales para evitar privatizaciones y garantizar su conservación. Dicho proceso debe suspenderse hasta que se conozcan las opiniones de diversos sectores de la sociedad, mediante un amplio debate nacional que incluya, de manera prioritaria, a los pueblos indígenas y comunidades campesinas en México. Un agravio más a los pueblos campesinos e indígenas es inadmisible. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada (modificada) : Bandelier Entradas relacionadas: En la encrucijada del norte y el sur Premio Don Sergio Méndez Arceo Día de las trabajadoras del hogar Reacomodo neoliberal del comercio Inconstitucionalidad de la ley Atenco El derecho humano a vivir en paz Un Gramsci para nuestro tiempo Una ley eficaz contra la desaparición forzada La Constitución de la CDMX Protección a personas defensoras
La vida pública de la Ciudad de México en riesgo
LA VIDA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN RIESGO Ciudad de México, 20 de abril de 2017. Los que suscribimos, Ciudadanos soberanos de la Ciudad de México, nos dirigimos a la opinión pública y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para externar nuestra posición sobre la forma concertada en que diversas instituciones, entre ellas la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Procuraduría General de la República, la Consejería Jurídica de la Presidencia, el Tribunal Superior de la Ciudad, presentaron acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales sobre la recientemente aprobada Constitución de la CDMX. 1.- El contenido del conjunto de los recursos presentados constituye un intento de freno conservador al avance de los derechos y la democracia en la Ciudad de México y, por lo mismo, se convierte en un freno a cualquier avance en el régimen político del país, lo que anticipa la tónica de intolerancia que privará en los comicios del 2018. 2.- El freno que se trata de imponer desde la Presidencia de la República pone en riesgo la institucionalidad de la vida pública de la Ciudad de México, al generar incertidumbre sobre los procesos de regulación legislativa en marcha, a la vez que pone en duda la credibilidad de organismos que debieran ser autónomos, o por lo menos independientes de la misma Presidencia. 3.- Este intento conservador continúa el menoscabo de la soberanía de los habitantes de la Ciudad de México que se nos impuso con la restricción de elegir sólo al 60% de la Asamblea Constituyente, reservándose los poderes constituidos, algunos de los que ahora impugnan su resultado, el 40% de la “representación” de la Ciudad. 4.- No obstante, la restricción anterior, la Constitución aprobada, si bien no refleja todas las aspiraciones democráticas y de garantía de derechos que muchos ciudadanos propusimos, sí es un avance que, entre otros aspectos: i) trata de erradicar la corrupción del poder judicial, ii) establece la revocación de mandato para los funcionarios electos que no cumplan su compromiso con la sociedad que los eligió; iii) aumenta la defensa efectiva de los derechos humanos. Por lo anterior hacemos un llamado a: a)Las autoridades de la Ciudad y a los directamente involucrados en el proceso constituyente, a asumir sin reticencia alguna la defensa de la Constitución de la Ciudad. b)A la SCJN, a no aceptar este atropello a la ciudadanía y desechar los recursos presentados. c)A la ciudadanía de la Ciudad de México, a ejercer el legítimo derecho de soberanía que nos reconoce el artículo 41 de la constitución del país, sobre el cual el dictamen aprobado por el Congreso para su modificación aclaró: “…la Ciudad será considerada en cuanto le competa, el medio a través del cual el pueblo ejerza su soberanía” (C. Diputados, Gaceta Parlamentaria 9/12/2015). La defensa de ésta podrá hacerse, entre muchos otros medios, a través de: i)Cartas a la SCJN dando argumentos, por medio de la figura de derecho internacional Amicus Curiae, para impedir el menoscabo de nuestra soberanía.[1] ii)Informando a toda la sociedad sobre los contenidos de la Constitución de la CDMX y sobre las implicaciones de los recursos interpuestos. iii)Informando a la opinión pública internacional sobre estas acciones concertadas que atentan contra la democracia y contra los derechos humanos. Si estás de acuerdo con estas propuestas adhiérete y si quieres más información comunícate a: endefensaconstitucioncdmx@gmail.com [1] El amicus curiae (amigo de la corte o amigo del tribunal) es una expresión latina utilizada para referirse a presentaciones realizadas por terceros ajenos a un litigio, que ofrecen voluntariamente su opinión frente a algún punto de derecho u otro aspecto relacionado, para colaborar con el tribunal en la resolución de la materia objeto del proceso. Habitualmente se presentan amicus curiae en juicios en los que está en juego alguna libertad o derecho fundamental, debido al interés general que provocan en la sociedad este tipo de causas. Es decir, se acostumbran a realizar en litigios en que el asunto controvertido involucra directa o indirectamente a los derechos humanos y, que por tanto, puede incidir o afectar la vigencia o extensión de algún derecho fundamental. https://es.wikipedia.org/wiki/Amicus_curiae Imagen destacada: A.Luna * Imagen: Canal del Congreso Entradas relacionadas: A la Mesa Directiva de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México La Constitución de la CDMX, a debate Nuevo constitucionalismo en la CDMX Ciudadanizar la Constitución Una ciudadanía política, el reto de la nueva CDMX Constituyente y ciudadanía
Albazo: Partido Verde pretende privatizar los recursos genéticos del país con Iniciativa de Ley General de Biodiversidad
ALBAZO: PARTIDO VERDE PRETENDE PRIVATIZAR LOS RECURSOS GENÉTICOS DEL PAÍS CON INICIATIVA DE LEY GENERAL DE BIODIVERSIDAD Ciudad de México, 18 de abril de 2017 -No se reconocen los derechos comunitarios de los pueblos indígenas y campesinos a su territorio y los recursos que en ellos se encuentran. -La Iniciativa no ha sido sometida a consulta previa, libre e informada, de buena fe, en los idiomas de los pueblos indígenas, campesinos y a la sociedad en general. -Se afectarán gravemente el principio de libre determinación y los derechos constitucionales de pueblos indígenas y campesinos. -Exigimos que el dictamen de la iniciativa se suspenda y se deseche por improcedente. Con una artimaña legislativa las comisiones unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales[1], y la de Estudios Legislativos Primera[2] pretenden dictaminar en fast track la Iniciativa de Ley General de Biodiversidad impulsada por la Senadora Ninfa Salinas. La comunidad científica, intelectual, organizaciones civiles y productivas, los y las abajo firmantes, nuevamente hacemos un llamado enérgico de atención para que se detenga esta intentona de privatizar los recursos genéticos del país aprobando la Iniciativa de Ley General de Biodiversidad Esta iniciativa busca integrar en un solo ordenamiento lo previsto en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), en el Título Segundo relativo a la Biodiversidad, que incluye: (a) las áreas naturales protegidas; (b) las zonas de restauración, y (c) flora y fauna silvestre; asimismo, busca aplicar los preceptos del Protocolo de Nagoya e integra también la Ley General de Vida Silvestre (LGVS). Cabe aclarar que la versión presentada por la Senadora, tenía errores en la numeración de los artículos y en la sintaxis. Diversas voces de organizaciones de la sociedad y académicas rechazamos esta Iniciativa y la premura con la cual se quiere aprobar. En este texto se resumen algunas consideraciones por las que nos oponemos a esta Iniciativa, particularmente al Título Segundo, sobre diversidad genética: 1. La biodiversidad es estratégica para el desarrollo nacional, para la seguridad alimentaria y la salud de la sociedad, máxime en un país megadiverso como es México, que goza de los beneficios de la misma como un derecho humano básico, no sólo de las generaciones actuales sino también de las futuras. La Iniciativa omite derechos humanos de los ciudadanos enunciados en el Artículo Primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y contraviene acuerdos internacionales sobre la materia, como es el Convenio de Diversidad Biológica, y de derechos humanos; en específico, la Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la OIT. 2. La materia de la iniciativa incide directamente en el patrimonio biocultural (genes, especies, ecosistemas, agroecosistemas y paisajes), en los territorios y tierras de los pueblos indígenas y comunidades equiparables que albergan en su seno la mayor biodiversidad de México. Además de que la iniciativa carece de mecanismos de difusión y debate de forma amplia, democrática, plural, en las diferentes lenguas de los pueblos, y comunidades indígenas, ni otorga el tiempo pertinente para garantizar la participación efectiva de estas comunidades, como lo establecen varios tratados internacionales de los que México es signatario. 3. Los pueblos indígenas y comunidades equiparables han preservado, domesticado y usado la biodiversidad como un bien común, lo cual les permitió generar, hasta nuestros días, a través del uso de su memoria colectiva, un enorme patrimonio biocultural que implica fondos genéticos comunitarios de plantas y animales domesticados y semi-domesticados, agroecosistemas (paisajes bioculturales), plantas medicinales, conocimientos (tradicionales), rituales y formas simbólicas de apropiación de los territorios. Podemos citar al maíz, tal vez como la planta más emblemática, pero al menos se podrían anotar 31 especies diferentes domesticadas a lo largo de casi 10 mil años. La Iniciativa no sólo afectará gravemente el principio de libre determinación y los derechos constitucionales de los pueblos indígenas y comunidades equiparables en un Estado pluricultural, también lo hará con el patrimonio biocultural del país, hipotecando el futuro y la independencia nacional (más que la venta de PEMEX), dejando en manos de transnacionales y particulares del país la riqueza que hasta nuestros días han conservado los pueblos indígenas y campesinos, quienes sin pedir nunca dinero alguno, se han interesado en el bien común, no el beneficio individual. 4. La Iniciativa pasa por alto el Artículo 2º de la Constitución Política Mexicana que establece claramente “el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación” al proponer un política pública destinada a regular el ordenamiento territorial, las actividades productivas, y el uso de los recursos naturales en una amplia porción de los territorios donde habitan los pueblos indígenas, por no haber haber efectuado la más mínima consulta al respecto. La iniciativa violenta también los derechos establecidos en la fracción IV del mencionado Artículo 2º constitucional que establece la obligación a “preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad”, así como, la fracción V que define el derecho a “conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras” y la fracción VI que a la letra instituye su derecho “al respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en esta Constitución y… al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades”. 5. La Iniciativa es sólo una norma administrativa para la distribución de competencias concurrentes en las materias que señala y no así de reconocimiento de derechos a los ciudadanos, en especial a los pueblos indígenas. Establece cómo el presidente decreta, las instituciones tutelan concurrentemente el acceso de la diversidad biológica (genes, especies y paisajes) y la iniciativa privada internacional y nacional controla el patrimonio biocultural, excluyendo a los pueblos indígenas y comunidades equiparables, En resumen, la Iniciativa se vuelca a la explotación comercial de los recursos genéticos y sus conocimientos asociados; dejándolos sujetos a la biopiratería por parte de las empresas privadas interesadas en la bioprospección, sin contemplar mecanismos reales para evitar su apropiación por particulares,
En la encrucijada del norte y el sur
En la encrucijada del norte y el sur Sábado 15 de abril de 2017 Miguel Concha Del 3 al 5 de abril se realizó en el plantel CDMX de la Universidad Iberoamericana (Uia) el coloquio internacional En la encrucijada del Norte y el Sur. Participaron 22 ponentes de Brasil, Bolivia, Centroamérica y México en seis conversatorios, al final de los cuales Boaventura de Sousa Santos, uno de nuestros principales científicos sociales, ofreció también reflexiones sintéticas sobre las ponencias. En consonancia con la misión de la Uia, de generar conocimiento académico con incidencia social, integrantes de movimientos sociales e investigadores reflexionaron juntos sobre cómo las resistencias del Sur global permiten vislumbrar sociedades más justas, equitativas y democráticas. Como se explica en una nota ejecutiva preparada para la prensa por los organizadores, las sesiones del coloquio convergieron en al menos tres puntos. En el diagnóstico desde distintas disciplinas de la opresión interseccional ejercida por el Estado entre capitalismo, colonialismo y patriarcado, cuando en principio debería garantizar el bienestar de la sociedad. Como felizmente sucede en otros espacios de América Latina, los participantes insistieron también en la importancia de identificar lo que hay de común entre las distintas resistencias, y en tejer alianzas a partir de lo compartido entre los movimientos sociales, para trascender de las tragedias particulares a la lucha colectiva. Finalmente, las reflexiones de Boaventura de Sousa Santos y las de los participantes coincidieron en señalar la necesidad de abrigar las esperanzas en tiempos de incertidumbre, y sostener como principio ético irrenunciable la dignidad humana y la vida, toda vida, nuevo nombre de las espiritualidades que los pueblos del continente han venido cultivando desde hace milenios. Al finalizar el coloquio, los planteles de la Uia en Ciudad de México, Tijuana y Puebla, así como el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente y el Instituto Superior Intercultural Ayuuk, de Oaxaca, le otorgaron el doctorado honoris causa a Boaventura de Sousa Santos, por su fructífera labor académica en favor de los derechos humanos, y por su excepcional contribución a escala mundial en el ámbito de la sociología jurídica. Boaventura de Sousa Santos nació en Coimbra, Portugal, el 15 de noviembre de 1940, donde estudió derecho. Estudió también filosofía en Berlín y sociología en la Universidad de Yale, donde obtuvo el doctorado en Sociología del Derecho. Actualmente es director del Centro de Estudios Sociales y del Centro de Documentación 25 de Abril de la Universidad de Coimbra, donde es también investigador y catedrático. Ha sido además profesor distinguido del Institute for Legal Studies de la Universidad de Wisconsin-Madison, y es conocido por sus aportaciones en los campos de la sociología, la epistemología, la ciencia política y los derechos humanos. Sin embargo, como resalta la Uia en la semblanza sobre su persona que repartió el pasado 5 de abril, a raíz de una estancia de investigación en una favela de Río de Janeiro, en 1970, conoció la realidad de lo que significa ser el Sur en un mundo dominado por el modelo de desarrollo capitalista, y se fue gestando así una mirada académica crítica, que fue el punto de partida de la Sociología de las Emergencias. Su interés fue el de acercar la ciencia al sentido común, el análisis científico a la articulación simbólica de la realidad dirían otros, con el fin de promover la generación de un conocimiento auténticamente democrático. Y por ello en su obra teórica y trayectoria vital se ha esforzado siempre por superar la brecha entre el mundo académico y los movimientos sociales, para enfrentar con un optimismo trágico el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado, que son la nueva expresión de la hegemonía planetaria. A él le debemos, entre otras cosas, un análisis importante sobre la interculturalidad de los derechos humanos, en el que, además de criticar la supuesta universalidad de derechos humanos localizados en la particular cultura hegemónica occidental que los formalizó, resultado a su vez de varias culturas históricamente eliminadas y oprimidas, propone lo que concibe como un diálogo diatópico sobre el común principio de la dignidad humana, para fundamentar una verdadera universalización de los derechos humanos, localizados en las diferentes culturas. Lo que le ha permitido poder también, por ejemplo, detectar los elementos comunes y las diferencias entre el cristianismo, el islam y el budismo, con el fin de que éstos puedan encontrarse en un diálogo fructífero, comprenderse mejor y enriquecerse en la práctica sobre todas las dimensiones de la dignidad de las personas. Análisis intercultural que por cierto también ha propuesto y ensayado en el diálogo sobre derechos humanos con y entre las culturas aborígenes del Sur. A él también se debe, por otro lado, el rescate de los derechos humanos como instrumentos de interpretación y lucha de las víctimas del sistema, como una de las aportaciones valiosas de las teologías cristianas y musulmanas progresistas. Sus numerosas investigaciones, dice la semblanza aludida, han contribuido a redefinir los enfoques hegemónicos del pensamiento social contemporáneo, rompiendo con las teorías más convencionales y rescatando precisamente conceptos como interculturalidad y emancipación, que han sido claves para pensar en formas alternativas y críticas la democracia. Obras que adquieren un mayor valor porque, frente a una realidad injusta, han venido acompañadas de un posicionamiento que busca ante todo dar voz a quienes no la tienen. Por ello, al dar las gracias por su merecido doctorado, Boaventura de Sousa Santos invitó a construir una nueva sociedad en el seno de una sociedad condenada; a vencer el miedo y luchar juntos por una vida digna, en una sociedad indignada. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Internet Entradas relacionadas: Premio Don Sergio Méndez Arceo Día de las trabajadoras del hogar Reacomodo neoliberal del comercio Inconstitucionalidad de la ley Atenco El derecho humano a vivir en paz Un Gramsci para nuestro tiempo Una ley eficaz contra la desaparición forzada La Constitución de la CDMX Protección a personas defensoras Niveles superiores de acción cívica
Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social denuncia graves retrocesos en la Ley sobre el Uso de la Fuerza Pública en el estado de Sonora
FRENTE POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y LA PROTESTA SOCIAL DENUNCIA GRAVES RETROCESOS EN LA LEY SOBRE EL USO DE LA FUERZA PÚBLICA EN EL ESTADO DE SONORA. Ciudad de México, 11 de abril de 2017 -La iniciativa de Ley sobre el uso de la Fuerza Pública en el estado de Sonora no restringe tácitamente el uso de armas letales en reuniones. -El FLEPS considera que la ley carece de un enfoque de protección y garantía al ejercicio del derecho de reunió -El FLEPS externa su preocupación ante el uso de calificativos sobre las reuniones, tales como “ilícitos” y “violentas”. Días después de acontecidos los hechos de la brutal represión con armas largas en contra de población civil desarmada en la carretera hacia Bahía de Kino en Sonora, el Congreso del Estado retomó la discusión de la iniciativa de Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública de las Instituciones Policiales del Estado de Sonora, presentada el 26 de octubre de 2016. Dicha iniciativa fue sacada del “congelador” para ser dictaminada el 5 de abril por las Comisión de Justicia y Derechos Humanos y aprobada por el pleno del Congreso al día siguiente, apenas unos días después de aquellos ominosos hechos de abuso policiaco. Destaca que la Ley establece el previo agotamiento de medios no violentos antes de recurrir al uso de la fuerza, además de reconocer los principios básicos en el uso de la fuerza; obliga a los policías a brindar informes detallados sobre el uso de la fuerza; y reconoce los enfoques de seguridad ciudadana y protección al ejercicio del derecho de reunión. No obstante, el FLEPS considera que la Ley carece de un verdadero enfoque de seguridad ciudadana y de protección y garantía al ejercicio del derecho de reunión. Al respecto, en la sección correspondiente al “Uso de la Fuerza Pública en Reuniones Públicas”, la Ley adopta en el artículo 29 fracciones I, II y III caracterizaciones vagas e imprecisas respecto a las asambleas en el espacio público tales como “reuniones lícitas y pacíficas”; “reunión ilícita pero no violenta”; y “reunión violenta”. El FLEPS considera que éstas categorizaciones pasan por alto el principio de distinción de actos violentos que implican el uso de tácticas para aislar a aquellas personas que cometen actos que pongan en peligro la vida e integridad, respecto de quienes no lo hacen, así como el principio de presunción de legalidad en el ejercicio de derechos, al distinguir entre reuniones lícitas e ilícitas. Así, las calificaciones previas de una protesta, conllevan –en el caso de reuniones ilícitas y violentas– el uso de la fuerza pública como una forma clara de criminalización cuando en la experiencia la idea de violencia puede ser interpretada por los propios policías o sus mandos como cualquier cosa Más preocupante aún es que en las “reuniones violentas” se establece que “sólo podrán usarse armas de fuego”. A pesar de que la Ley acota este supuesto a la actualización de situaciones que pongan en peligro la vida y la integridad de las personas, y prohíbe disparar indiscriminadamente a la multitud, la Ley adopta una definición confusa y demasiado abierta sobre reunión violenta, lo cual permite la arbitrariedad al momento de aplicarse. Al respecto, la Ley se considerará violenta una asamblea “cuando haya concurrencia real de actos delictivos, y la existencia o inminente amenaza de violencia o actos que inciten a la materialización real de discriminación y discurso de odio”. En este sentido, es evidente que la Ley no prioriza la protección de la vida y la integridad, sino que protege una serie de bienes jurídicos que abarcan demasiadas conductas y que permitirían el uso de armas de fuego, en supuestos demasiado amplios. Posteriormente, en el artículo 30 pretende establecer requisitos para la dispersión de una reunión violenta, mediante el uso de armas incapacitantes no letales. El artículo 30 de la Ley adopta otra definición de reunión violenta, caracterizando así a las reuniones que deliberen armadas “o bien en la petición o protesta que se realiza ante la autoridad, se hace uso de amenazas para intimidar u obligar a resolver en el sentido que deseen, se atenta contra los derechos de otras personas, se provoca la comisión de un delito o se perturba la paz pública y la seguridad ciudadana”. Una vez más se establecen conceptos amplios y ambiguos como “perturbación de la paz pública” o “derechos de las personas” para calificar a una reunión como violenta, además de dejar al criterio de las autoridades qué expresiones o exigencias son pacíficas. Finalmente, el artículo 34 de la Ley establece una definición demasiado amplia de “instalaciones estratégicas”, para cuyo resguardo se deberán aplicar protocolos de uso de la fuerza, e incluso se permite a los elementos de policía armas de fuego. Estas “instalaciones estratégicas”, no son las previstas en la Constitución. Sino que se amplían a servicio público de transporte masivo de pasajeros o de mercancías de importancia para la economía del Estado de Sonora; centros culturales y artísticos, escuelas, museos, teatros, centros de convenciones y demás inmuebles en que se celebren espectáculos masivos de naturaleza educativa, pedagógica, artística o cultural; monumentos bajo el cuidado del Gobierno del Estado de Sonora, federal o locales y los que se consideren como tales por el Gobierno, de acuerdo al artículo 2 fracción XI. Es decir, se prevén una multiplicidad de lugares e incluso la propia autoridad puede decidir discrecionalmente cuando catalogar un espacio como instalación estratégica. Por ello, para el FLEPS resulta urgente que previo a la promulgación y publicación de esta Ley por parte del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, se revisen estos aspectos que, de entrar en vigor, pueden derivar en violaciones graves a derechos humanos. Para ello es necesaria una discusión en el marco de un diálogo abierto con diversos actores como movimientos sociales, sociedad civil organizada, y personas expertas en el tema, con la finalidad de adoptar efectivamente un enfoque de seguridad ciudadana y de protección y garantía del ejercicio del derecho a la reunión. Frente por
Premio Don Sergio Méndez Arceo
Premio Don Sergio Méndez Arceo Sábado 08 de abril de 2017 Miguel Concha La memoria está viva. Es pasado y sobre todo es presente. Cada una de las experiencias de liberación en América Latina y el Caribe quedaron plasmadas en sendos libros de análisis y reflexión, así como en testimonios de vidas entregadas a la lucha social, como huellas en la vida de muchos pueblos y comunidades. Igualmente, en reconocimientos que hacen remembranza de historias compartidas. Tal es el caso del Premio Nacional de Derechos Humanos Don Sergio Méndez Arceo, que año con año se entrega para reconocer, estimular y promover la solidaridad entre organizaciones, colectivos y personas que se dedican a la defensa y promoción de los derechos humanos en nuestro país. El nombre del premio es en memoria y reconocimiento del séptimo obispo de Cuernavaca, el entrañable para muchos, creyentes y no creyentes, don Sergio, quien con su testimonio nos compartió cómo asumir la opción por las y los excluidos de este mundo, por las y los condenados de la tierra. Insistió en que no sólo hay quienes no se resuelven a superar la desigualdad, sino por el contrario, quieren mantenerla y establecerla más firmemente. Se refería entonces proféticamente a los regímenes militares de la llamada seguridad nacional, pues es más patente el mantenimiento de la desigualdad económica, política y cultural por medio incluso de la crueldad y la muerte. Hoy, en esta época de creciente militarización de la seguridad, de violaciones sistemáticas de los derechos humanos y de despojo de los bienes comunes, este fragmento de una de sus homilías nos convoca a pensar seriamente cómo entonces hacer posible la paz con justicia y dignidad. Es decir, para los cristianos, el Reinado de Dios. ¿Cómo hacerlas posibles en tiempos de endurecimiento y de violencia venidos desde los actuales regímenes políticos y otros actores? ¿Cómo enfrentar la crueldad y la muerte tan predominantes en nuestro suelo? Por fortuna existen testimonios que ya se hacen cargo de enfrentar esta situación tan desesperanzadora. Están de una u otra manera en la senda de la continuidad de ese proyecto que también asumió en su momento don Sergio: el de la liberación de los pueblos y la eliminación de toda forma de opresión. Dos ejemplos en México nos sirven hoy de inspiración para seguir transformando este mundo roto. Este año también han sido reconocidas para este premio nacional experiencias de lucha y entrega en la defensa y promoción de los derechos humanos. En la categoría individual, el galardón es para la hermana Leticia Gutiérrez Valderrama, quien es directora y fundadora de la organización SMR Scalabrinianas (sic), Misión para Migrantes y Refugiados, desde donde realiza trabajo de acompañamiento a migrantes que se encuentran en México. Desde hace 20 años es parte de esa comunidad católica, de los cuales ha dedicado 10 al trabajo sostenido en la defensa y protección de los derechos humanos de las personas migrantes. Entre sus actividades se encuentra la atención solidaria a migrantes que han sido víctimas de delitos, como privación arbitraria de la libertad, secuestros, violencia sexual y extorsiones. La mayor parte de las personas en movilidad que la hermana Leticia acompaña migran de América Central. Como mujer religiosa y defensora de derechos humanos ha criticado también fuertemente la situación de guerra y la violencia en México, que obligan a las personas a dejar sus lugares de origen y buscar otro sitio dónde sobrevivir. Ha denunciado este sistema que privilegia a unos cuantos y se ha apropiado de los recursos y despojado a las mayorías. Que arrebata territorios y expulsa a sus habitantes de sus hogares. Ha igualmente luchado por el reconocimiento de la diversidad de las sociedades, todas, en sus palabras, llenas de culturas diversas y de pluralidad, además de contribuir en la construcción de procesos de defensa de derechos, siempre a partir del diálogo, la humanidad y el amor. En el caso de la categoría grupal, el premio es para el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, fundado en 2012 por estudiantes, catedráticos y activistas del estado de México. Este centro ha contribuido de manera significativa con los procesos que luchan por revertir, mayormente en esa entidad, las violaciones de derechos humanos y los despojos provocados por el Estado y las empresas trasnacionales. En esta entidad federativa, en la que es notable lo que ahora denominamos crisis de derechos humanos, y donde además los gobiernos, regionales y locales, contrariamente a la vida y la dignidad de pueblos y comunidades, se han distinguido por su complicidad con poderosos intereses económicos, el Centro Zeferino Ladrillero ha dado un nuevo aliento a los movimientos populares y sociales. Sin embargo, pese a sus grandes problemas, todavía se tiene poca visibilidad de los grupos u organizaciones defensoras de derechos humanos en esa entidad. Padecen pues de invisibilidad, como si no se quisiera contar con ellos en los procesos de mejora de la vida de las personas y sus comunidades. Su posicionamiento claro y explícito por la construcción de una sociedad más libre, justa, igualitaria y solidaria, los ha llevado a comprometerse con diversas agrupaciones, movimientos y luchas que resisten a megaproyectos, despojos, ataques y a la criminalización de las autoridades. Todo esto los ha llevado también a enfrentar una situación de riesgo significativo, encarando de forma constante amenazas y agresiones de autoridades o de grupos políticos afines al gobierno en turno. Ambos galardonados son una brújula en medio del caos que vivimos, una inspiración para seguir luchando. Enhorabuena, pues, por los dos reconocimientos de este 2017. Los recibirán el 22 de abril en la ciudad de Cuernavaca, en el contexto de un foro sobre la situación de los derechos humanos en México. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada (modificada): UAEM Entradas relacionadas: Día de las trabajadoras del hogar Reacomodo neoliberal del comercio Inconstitucionalidad de la ley Atenco El derecho humano a vivir en paz Un Gramsci para nuestro tiempo Una ley eficaz contra la desaparición forzada La Constitución de la CDMX Protección a personas defensoras Niveles superiores de acción
