Los pueblos latinoamericanos decimos NO a los Tratados de Libre Comercio
Las organizaciones y coaliciones de lucha contra los Tratados de Libre Comercio (TLC) abajo firmantes rechazamos el intento de los gobiernos de la Alianza del Pacífico y del Mercosur de unificar América Latina bajo el signo del libre comercio. La reunión de presidentes de ambos bloques planeada para este 7 de abril,significa avanzar en la agenda de libre comercio entre nuestros países, la cual nos traerá más hambre y pobreza. Hoy alzamos nuestra voz contra este intento de construir un “nuevo ALCA” que otorga privilegios a las corporaciones y quita derechos a nuestros pueblos. Los TLC y sus efectos no son nuevos para los pueblos latinoamericanos. Nuestras organizaciones han sido parte de la lucha contra el ALCA y el libre comercio en el continente durante los últimos veinte años. Esta experiencia nos permite correr la cortina sobre el mito de los supuestos beneficios de la liberalización comercial.Las consecuencias atroces de la apertura indiscriminada son notorias en los países que ya avanzaron por este camino.En México, se ha pasado a depender del maíz importado de EEUU a partir del TLCAN; en Colombia, el TLC con Corea del Sur está destruyendo la industria de “línea blanca”; en Perú, el sector textil ha sido impactado negativamente por la apertura indiscriminada al entrar en vigencia el TLC con China; en Chile, el neoliberalismo ha tenido como vehículo la firma compulsiva de decenas de acuerdos de liberalización comercial.Estos TLC han significado la reprimarización y desindustrialización de nuestras economías, además de la destrucción masiva de la naturaleza. Estos son sólo algunos ejemplos que muestran que los beneficios del libre comercio no son para las mayorías, sino sólo para los grupos económicos más concentrados que se benefician de que nuestros países se transformen en plataformas de exportación. Los gobiernos neoliberales de América Latina han tomado el dogma del libre comercio como una verdad revelada, sin siquiera mostrar estudios de impacto que puedan reflejar algún mínimo beneficio para las grandes mayorías. Se involucran en negociaciones secretas y a espaldas de las poblaciones pero no pueden justificar cuáles son los supuestos efectos positivos de tal liberalización. Por el contrario, la experiencia nos muestra que la libertad de comercio significa bajar los estándares laborales, sociales y medioambientales para ser “competitivos” y poder insertar a nuestros países en las cadenas globales de valor.Pero todo esto está en el plano del discurso y del deseo: la realidad muestra que el libre comercio es una carrera al precipicio, donde los que pierden son las grandes mayorías y la Madre Tierra. Sabemos que los TLC no son meros acuerdos sobre aranceles, ya que incluyen además temáticas tan sensibles como la propiedad intelectual (patentes de medicamentos, semillas, software, etc.), los servicios (incluyendo salud y educación), las compras públicas, las telecomunicaciones, la agricultura, el comercio electrónico, las inversiones y también las cláusulas que otorgan la posibilidad a los inversores extranjeros de demandar a los países en centros arbitrales internacionales como el CIADI. Estas cláusulas aseguran los derechos de propiedad de los inversores extranjeros, mientras impactan negativamente sobre los aparatos económicos nacionales, especialmente sobre las pequeñas y medianas empresas, generando así aumento del desempleo. Es por ello que hoy nos alzamos contra la agenda del libre comercio y los privilegios para las grandes corporaciones. Entendemos que estas políticas sólo plasman legalmente el poder de las empresas transnacionales, dejando de lado los derechos humanos y medioambientales. Por eso rechazamos la agenda de liberalización en todas sus formas: tanto los TLC como la agenda impuesta por la Organización Mundial de Comercio, que este año se reunirá en Buenos Aires para avanzar en la agenda corporativa, contraria a los pueblos. Por ello, exigimos: -Frenar las negociaciones de Tratados de Libre Comercio y Tratados de Inversión entre los países de la región y con terceros países, como la Unión Europea o países asiáticos; -La realización de estudios de impacto de los efectos que el libre comercio ha tenido en los países de la región, analizando sus consecuencias laborales, sociales y medioambientales; -Llamar a un diálogo abierto, transparente y vinculante con las organizaciones sociales, sindicales y políticas de los bloques de la Alianza del Pacífico y el Mercosur; -Avanzar en otras formas de integración regional que no pasen por el libre comercio y la profundización de los privilegios de las grandes corporaciones. ¡No más TLC en la región! Firman: Argentina: Asamblea “Argentina mejor sin TLC” Brasil: Red Brasilera por la Integración de los Pueblos (REBRIP) Chile: Plataforma “Chile mejor sin TPP” Colombia: Iniciativa “TLC al banquillo” México: México Mejor Sin TLC’s. Por una integración democrática y desde los pueblos. Paraguay: BASE-IS Perú: Plataforma “Perú mejor sin TPP” Uruguay: REDES-Amigos de la Tierra Primeras firmas: ATTAC Argentina Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE) Red Latindadd Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País – México Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A.C. – México Bia´lii, Asesoría e Investigación, A.C – México Medios Comunes – México Imagen destacada : Internet
Sobre la iniciativa de Ley general de Biodiversidad
SOBRE LA INICIATIVA DE LEY GENERAL DE BIODIVERSIDAD Ciudad de México, 01 de abril de 2017 –De aprobarse afectará gravemente el principio de libre determinación y los derechos constitucionales -La Iniciativa se elaboró sin la consulta previa, libre e informada y de buena fe , a los pueblos indígenas, campesinos y a la sociedad en general. -Exigimos que se suspenda este dictamen y se dé cabida a las opiniones de diversos sectores de la sociedad Los abajo firmantes científicos, escritores, organizaciones civiles y productivas llamamos la atención a las y los Senadores integrantes de las Comisiones de Medio ambiente y Recursos Naturales (1) , y la de Estudios Legislativos Primera (2) que pretenden dictaminar la Iniciativa de Ley general de Biodiversidad impulsada por la Senadora Ninfa Salinas. De aprobarse esta iniciativa afectará gravemente el principio de libre determinación y los derechos constitucionales de los pueblos indígenas y comunidades equiparables en un Estado pluricultural y que se articulan a los derechos humanos y a la formación pluricultural del país. La materia de la iniciativa incide directamente en el patrimonio biocultural (genes, especies, ecosistemas, agroecosistemas y paisajes), en los territorios y tierras de los pueblos indígenas y comunidades equiparables que albergan en su seno la mayor biodiversidad de México. Los pueblos indígenas y comunidades equiparables han preservado, domesticado y usado la biodiversidad como un bien común, lo cual les permitió generar, hasta nuestros días, a través del uso de su memoria colectiva, un enorme patrimonio biocultural que implica bancos genéticos comunitarios de plantas y animales domesticados y semi-domesticados, agroecosistemas (paisajes bioculturales), plantas medicinales, conocimientos (tradicionales), rituales y formas simbólicas de apropiación de los territorios. En la redacción de la iniciativa deja ver sólo una norma de distribución de competencias concurrentes en las materias que señala y no así de reconocimiento de derechos a los ciudadanos, en especial a los pueblos indígenas. El presidente decreta, las instituciones tutelan concurrentemente el acceso de la diversidad biológica (genes, especies y paisajes) y la iniciativa privada internacional y nacional controla el patrimonio biocultural, excluyendo a los pueblos indígenas y comunidades equiparables. La Iniciativa se elaboró sin consulta previa, libre e informada y de buena fe, a los pueblos indígenas, campesinos y a la sociedad en general. Contraviniendo los acuerdos internacionales sobre derechos humanos, particularmente la Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la OIT. Por lo anterior, exigimos que se suspenda este dictamen y se dé cabida a las opiniones de diversos sectores de la sociedad, a través de foros y la consulta previa, libre informada, en las diferentes lenguas de los pueblos indígenas y de buena fe hacia ellos, las comunidades equiparables y la sociedad en general. ATENTAMENTE Organizaciones y movimientos: Caravana de la Diversidad Biocultural. Campaña Nacional Sin Maíz No hay País. Grupo de Estudios Ambientales (GEA). Semillas de Vida. Asociación de Consumidores Orgánicos. Regeneration International. Enlace, Comunicación y Capacitación. Carnaval del Maíz. Greenpeace México, A.C. Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A C. Proyecto de Desarrollo Rural Integral Vicente Guerrero A. C. de Tlaxcala. Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la vida en Baja California Sur (compuesta por 36 organizaciones). Personas: Elena Poniatowska. Sergio Aguayo. Víctor Toledo Manzur. Carlos H. Ávila Bello. Luis Felipe Crespo Oviedo. Catherine Marielle. Gustavo Ampugnani. Francia Gutiérrez. Aída Castilleja. Arturo Argueta. Eckart Boege. Luisa Paré. Alberto Betancourt. Adelita San Vicente. Jaime Cuevas. Mercedes López Martínez. Emma Estrada Martínez miembro coordinador de la Red Latinoamericana por la Defensa del Patrimonio Biocultural. Carlos Meade de la Cueva de Yaxché, Árbol de la Vida. Amparo Borja de la Rosa de División de Ciencias Forestales, Universidad Autónoma Chapingo. Cecilia Jiménez Sierra de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa. Héctor Mario Aguilar Reyes Coordinador Técnico de Cocodrilianos Sin Fronteras. Patricia Colunga García Marín del Colegio de la Frontera Sur-Ecosur. Sonia Teresa Cruz Vasconcelos estudiante del Colegio de Postgraduados. Licet Olguín Hernández estudiante de maestría CIIDIR-Oaxaca del Instituto Politécnico Nacional. María Angélica Padilla García prestadora de Servicios Técnicos Forestales. Marina Villegas y de Gante jubilada de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Marco Antonio Vásquez Dávila del Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca. Mariana Pizarro Cepeda pasante de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Miguel Ángel Pinkus Rendón del Centro Peninsular en Humanidades y en Ciencias Sociales UNAM. Leopoldo Mohedano Caballero de la División de Ciencias Forestales, Universidad Autónoma Chapingo. Elada Miriam Aldasoro Maya del Colegio de la Frontera Sur. Guadalupe Yesenia Hernández Marquez consultora particular, Oaxaca. Alba Torres García de la Universidad Autónoma Chapingo. Claudia E. González Romo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Atzin Elihu Calvillo Arriola de Tierra Nueva, A C. Gerardo Rodríguez Quiroz del Departamento de Acuacultura, CIDIR instituto Politécnico Nacional. Eugenio Alberto Aragón Noriegadel Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste. María de Lourdes Jiménez Badillo de la Universidad Veracruzana. Aurora Margarita Breceda Solis Camara del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste. Jorge de Jesús Cancino Hernández del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste. Patricia Galina Tessaro del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste. Susana Ochoa Gaona del Colegio de la Frontera Sur – Unidad Campeche. Rodolfo Campos Bolaños del la División de Ciencias Forestales, Universidad Autónoma Chapingo. Marisela Cristina Zamora Martínez del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Víctor Iván Sombra Argüelles estudiante en el Colegio de Postgraduados. Alma Rosa Pizano del Departamento de Sociología Rural Universidad Autónoma Chapingo. Lilia Pérez Ramírez de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Eréndira Juanita Cano Contreras Doctorante del El Colegio de la Frontera Sur. Gabriela Linares Sosa de la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez, Oaxaca, Sociedad Civil. Karina Yanet Hernández Alavavez de la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez, Oaxaca, Sociedad Civil. Josué David Mendoza de la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez, Oaxaca, Sociedad Civil. Luz Laila Pérez Alavez de la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez, Oaxaca, Sociedad Civil. Moisés Martinez Francisco de la
Día de las trabajadoras del hogar
Día de las trabajadoras del hogar Sábado 01 de abril de 2017 Miguel Concha El pasado jueves se conmemoró el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, integrantes de un sector laboral de nuestra población discriminado, desprotegido y en buena medida invisibilizado, fundamental, sin embargo, para la sociedad y la economía del país. Según datos recientes recabados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (Cesop) de la Cámara de Diputados, hoy existen en el país 2.3 millones de personas que trabajan como servidoras en los hogares, la mayor parte de ellas de origen indígena. Además, nueve de cada 10 son mujeres, y una de cada 10 mujeres que trabajan en México se emplea en estas actividades. Un tercio empezó a trabajar cuando eran menores de edad y por ello poseen escolaridad dos o tres años menor a la del resto de la población ocupada. Seis de estas trabajadoras son responsables de alimentar los hogares donde trabajan y una de cada seis cuida personas mayores y enfermas. Con su trabajo liberan igualmente a varios de los miembros de las familias para las que laboran a fin de que éstos puedan dedicarse a sus actividades, y aunque en promedio cada una tiene dos y tres hijos e hijas, un tercio de ellas cuida a los de su empleador o empleadora. La mitad de las encuestadas reportó trabajar más de una jornada laboral diaria, y una de cada tres percibe menos de un salario mínimo. Por si esto fuera poco, la mitad no recibe aguinaldo, seis de cada 10 no tienen vacaciones, nueve de cada 10 no cuentan con contrato de trabajo y sólo 8 por ciento de ellas gozan de seguridad social. Para colmo, 14 por ciento reportó haber sufrido maltrato verbal, y 7 por ciento, maltrato físico. Finalmente, y como clara expresión del régimen de excepción laboral y de seguridad social en el que realizan sus trabajos –mismo que el Estado está obligado desde hace tiempo a corregir–, 7 por ciento de nuestra población considera que no deben tener vacaciones pagadas y 4 por ciento rechaza darles un contrato por escrito. Por ello, en días pasados la asamblea consultiva del Conapred dirigió al secretario de Gobernación una carta para manifestarle su honda preocupación por la ausencia de derechos laborales y la discriminación que sufren estas personas en México, y para requerirle que haga todas las gestiones necesarias para que el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) –documento internacional vinculante, que contiene medidas específicas para proteger los derechos de las y los trabajadores domésticos– entre al proceso de ratificación por el Senado. Se le recuerda que México es uno de los países de América Latina con las condiciones más precarias para ejercer esta actividad, pues de los 23 países que han ratificado y aplicado ya este convenio, 12 son naciones de América Latina con condiciones, en muchos sentidos, similares a las nuestras. Y en un pronunciamiento titulado Justicia para las trabajadoras del hogar en México, más de 100 organizaciones civiles, instituciones y personas –acompañadas por el Conapred, la OIT, ONU Mujeres y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos– pidieron también a la Presidencia de la República que enviara al Senado, para su ratificación inmediata, el convenio 189 de la OIT, y al propio Senado que realice las modificaciones indispensables a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley del Seguro Social para garantizar a las trabajadoras del hogar los mismos derechos que al resto de las y los trabajadores. Cuanto más, que desde el 31 de marzo de 2014 así lo ofreció solemnemente el secretario de Gobernación, y desde entonces el Senado ha dirigido al Poder Ejecutivo más de 10 exhortos para que lo lleve a cabo, sin que hasta la fecha haya habido una acción decidida para concretarlo. Como expresan en su pronunciamiento las organizaciones, la Ley Federal del Trabajo contiene un capítulo especial (13) dedicado a los y las trabajadoras domésticas, que entre otras cosas permite que sus jornadas laborales sean más largas que las del resto de las y los trabajadores. Y la Ley del Seguro Social limita su acceso a la seguridad social únicamente mediante la incorporación voluntaria al régimen obligatorio, modalidad que no incluye la totalidad de los seguros y prestaciones a las que por ley tienen acceso las demás trabajadoras. Les niega además servicios fundamentales, como el acceso a estancias infantiles, y, sólo si realizan el trámite de inscripción ante el Instituto Mexicano del Seguro Social con sus familias empleadoras, les deja la carga económica a ellas. Es por ello indispensable, como indica el Conapred –que por cierto ya ha elaborado un proyecto de iniciativa, con la participación de las personas interesadas y sus organizaciones–, cambiar el contenido de ambos ordenamientos. Por ejemplo, a propósito de la Ley Federal del Trabajo, obligar a crear un contrato por escrito con las condiciones mínimas de la relación laboral. Fijar también una jornada de trabajo de ocho horas diarias, con pago por tiempo extraordinario. Reconocerles además prestaciones como el derecho a vacaciones, días de descanso obligatorio, aguinaldo, indemnización por despido injustificado y licencias de maternidad o paternidad. Definir criterios para que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos fije el sueldo mínimo de las trabajadoras del hogar y determinar igualmente obligaciones y prohibiciones de las personas empleadoras, así como un mecanismo de inspección en los hogares, que respete la privacidad. Finalmente, en lo que respecta a las modificaciones y adiciones a la Ley del Seguro Social, incorporar a las trabajadoras del hogar como sujetos de aseguramiento obligatorio. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Paula Gimeno Entradas relacionadas: Reacomodo neoliberal del comercio Inconstitucionalidad de la ley Atenco El derecho humano a vivir en paz Un Gramsci para nuestro tiempo Una ley eficaz contra la desaparición forzada La Constitución de la CDMX Protección a personas
Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social saluda la publicación del Protocolo de Protección de Personas en el Contexto de Manifestaciones en la Ciudad de México
FRENTE POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y LA PROTESTA SOCIAL SALUDA LA PUBLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE PROTECCIÓN DE PERSONAS EN EL CONTEXTO DE MANIFESTACIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO Ciudad de México, 30 de marzo de 2017 -El FLEPS hace énfasis en la importancia de la implementación del Protocolo, la cual debe ser vigilada junto con las autoridades correspondientes. -El FLEPS resalta la importancia de que otras entidades federativas adecuen su marco normativo sobre uso de la fuerza de acuerdo con los estándares, como se hizo en este Protocolo. El Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social saluda la publicación del Protocolo de actuación policial de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México para la protección de personas en el contexto de manifestaciones o reuniones, fruto del esfuerzo conjunto de organizaciones de la sociedad civil, de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, de la Secretaría de Gobernación de la Ciudad de México y de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.[1] Al mismo tiempo, las organizaciones que conformamos el FLEPS destacamos que si bien es cierto que el Protocolo recoge los estándares internacionales más recientes en la materia, el verdadero reto se encuentra en su implementación y cabal cumplimiento durante la realización de manifestaciones en la Ciudad. En este sentido, la autoridad deberá agotar en todo momento medidas de distensión no violenta (negociación) e intervenir cuando exista una puesta en peligro real, objetiva y determinable de la vida e integridad de las personas, distinguiendo los actos que pongan en peligro estos derechos y protegiendo al resto de las personas manifestantes. El Protocolo es parte del cumplimiento de las recomendaciones 7/2013, 9/2015, 10/2015, 11/2015, 16/2015 y 17/2015, 11/2016 de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, relativas a violaciones a derechos humanos documentadas en el desarrollo de diversas manifestaciones. El FLEPS destaca la relevancia del proceso de colaboración entre sociedad civil y autoridades de la Ciudad de México para la elaboración del Protocolo, que es una experiencia significativa que podría representar una buena práctica a reproducir en otras entidades federativas para la construcción de marcos normativos que garanticen el ejercicio de derechos, como es el caso del derecho a la protesta. El Protocolo de actuación policial de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México para la protección de personas en el contexto de manifestaciones o reuniones deberá traducirse en un cambio trascendental durante la intervención de las fuerzas policiales de la Ciudad de México en el contexto de manifestaciones o reuniones, partiendo de la protección de las personas involucradas en las manifestaciones y de la garantía del derecho a la protesta, así como del de uso excepcional, mínimo y restringido de la fuerza pública. Además de la obligación de generar esquemas de transparencia y rendición de cuentas para generar controles en casos de abusos en el uso de la fuerza. Por lo anterior, el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, espera que las autoridades capitalinas generen mecanismos que sirvan para vigilar el efectivo cumplimiento que las autoridades capitalinas realicen del Protocolo, conscientes de la importancia de materializar las obligaciones de respeto, garantía y protección de la protesta contenidas en el instrumento. Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social: ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, A.C., Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C., Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo CEPAD, A.C., Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios CAUSA, Espacio Libre e Independiente Marabunta A.C., Fundar Centro de Análisis e Investigación, A.C., Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C., Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica, A.C., Servicios y Asesoría para la Paz, A.C., Red de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos”, A.C., Resonar. [1] A lo largo de 24 sesiones de trabajo conjunto. Imagen destacada: Jorge Aguilar Entradas relacionadas: Resolución de la SCJN sobre Ley Eruviel determinante para la vigencia de las libertades democráticas en México Agua, ciudad y protesta social Diálogos sobre protesta social Debate sobre la protesta social FLEPS. Redes 2015. Control del espacio público: Tercer informe sobre protesta social en México 2014. Control del Espacio Público. Informe sobre retrocesos en las libertades de expresión y reunión en el actual gobierno.
México en la Encrucijada Internacional
MÉXICO EN LA ENCRUCIJADA INTERNACIONAL. Participación del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP A.C. Palacio de Minería, Ciudad de México, 30 de marzo de 2017. Desde el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria trabajamos con una mirada interseccional de las diversas demandas de los pueblos, organizaciones y movimientos sociales, en relación con los Derechos Humanos, así como con un enfoque de género y de juventudes. Es por esto que vemos la urgencia de que sean las personas jóvenes, las mujeres y los “nuevos” actores políticos que han surgido en los últimos años, quienes también asuman la nueva coyuntura global en vistas de la liberación de los pueblos y de las personas, y de la transformación estructural de la sociedad. La discusión en torno al difunto Tratado de Asociación Transpacífico (TPP), al que nos opusimos rotundamente, nos hizo caer en cuenta de las afectaciones que los tratados de libre comercio y de inversión y su lógica desde y para el neoliberalismo, conllevan para el ejercicio de los derechos humanos en su conjunto, afectando a aquellas personas y grupos que han sido históricamente vulnerados. Este problema no es exclusivo del TPP, sino que es una consecuencia inevitable del sistema económico neoliberal, que se impuso de manera casi definitiva hace ya más de 20 años con la ratificación del TLCAN en México. Consideramos que ahora somos nosotras, por ejemplo personas jóvenes, quienes vivimos las violaciones a nuestros derechos humanos como consecuencia inmediata del TLCAN; vivimos en un contexto completamente desfavorable para el ejercicio de nuestros derechos: el acceso a una vivienda digna y a un trabajo digno, casi no existen, a la sana alimentación, al agua, a la salud, a la educación, a un medio ambiente sano y a la tierra y al territorio, son limitados y vulnerados a diario. Creemos en usar a los Derechos Humanos como herramientas para oponernos a la renegociación del TLCAN y a la imposición de otros tratados de libre comercio e inversión. Además, creemos en los Derechos Humanos como puentes para interrelacionar las demandas y problemáticas sectoriales, las de las nuevas generaciones, intercambiando experiencias con los saberes y luchas que llevaron a cabo quienes, en su momento, se opusieron desde diferentes trincheras al TLCAN o al ALCA. En este sentido, y desde el trabajo de la defensa de los Derechos Humanos, en el Centro Vitoria nos sumamos como personas diversas jóvenes, mayoritariamente mujeres, a la lucha histórica y compartimos los horizontes políticos emancipadores de los grupos sindicales y de personas trabajadoras, campesinos e indígenas, de estudiantes que día con día defienden la educación pública, de todos los barrios y colonias de esta y otras Ciudades ; y a la par continuaremos en nuestra labor cotidiana por la reivindicación de las exigencias de todos estos grupos, también de las juventudes, las personas defensoras de derechos humanos, las mujeres, las personas LGBTI, las defensas del territorio, y las colectivas feministas. Sabemos que este sistema, ¡ya no lo aguantamos más: NUNCA FUNCIONÓ! ¡Es hora de cambiarlo todo! (Participación del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP A.C. en el Encuentro Nacional «México en la encrucijada nacional» ) Entradas relacionadas: El derecho humano a vivir en paz ¿Deberíamos defender el TLCAN? Un Gramsci para nuestro tiempo Una ley eficaz contra la desaparición forzada La Constitución de la CDMX Protección a personas defensoras Niveles superiores de acción cívica Seguridad pública militarizada Medida cautelar por el maíz criollo La diversidad biocultural en la COP
SCJN evade la protección de derechos humanos al determinar que “Ley Eruviel” no es inconstitucional
SCJN EVADE LA PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS AL DETERMINAR QUE “LEY ERUVIEL” NO ES INCONSTITUCIONAL Ciudad de México, 28 de marzo de 2017 -Para el FLEPS, diversos artículos de la ley son inconstitucionales y debían haberse invalidado. -El Máximo Tribunal ignoró el contexto de frecuente represión y abuso de la fuerza contra manifestantes en México Con las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre las Acciones de Inconstitucionalidad 25/2016 y sus acumuladas 27/2016 y 28/2016, interpuestas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de México (CDHEM)[1] contra la Ley que Regula el Uso de la Fuerza en el Estado de México (en adelante, “Ley Eruviel”), el Máximo Tribunal de nuestro país dejó pasar una importante oportunidad para emitir criterios claros en materia de uso de la fuerza pública que impactarían no solamente en el Estado de México, sino que servirían para las corporaciones de seguridad pública en los demás estados de la República e incluso a nivel federal. A lo largo de ocho sesiones, los ministros y ministras discutieron y votaron en el Pleno de la SCJN diversos temas contenidos en dicha Ley, centrándose principalmente en diversas normas ambiguas y amplias que resultan muy preocupantes puesto que abren posibilidades para que las corporaciones de seguridad pública apliquen la fuerza de manera arbitraria y discrecional en detrimento de los derechos a la vida, integridad y seguridad de las personas, así como en contra del ejercicio de las libertades de expresión y reunión en contextos de manifestaciones o protestas. Entre los temas que se discutieron y resolvieron, destacan los siguientes: 1. Sobre el término “agresión real”, contenido en la fracción III, artículo 3 de la Ley, que se refiere a “la conducta de la persona que despliega físicamente en acciones que ponen en peligro los bienes jurídicos”. Con una mayoría de seis votos, la SCJN determinó que no genera inseguridad jurídica al ser un concepto claro para la sociedad. Las y los ministros declararon constitucional a la norma bajo el argumento de que debe interpretarse de manera sistemática con los principios de necesidad y proporcionalidad contenidos en la misma Ley, en contra del argumento para impugnarla que indicaba que dicho concepto carece de claridad y precisión, por lo que se presta a una interpretación arbitraria y discrecional de los elementos de seguridad pública. 2. Sobre los conceptos de “agresión inminente”[2] y “legítima defensa”[3], que también establecen normas ambiguas para el uso de la fuerza, no se obtuvo la mayoría calificada de 8 votos para declarar su inconstitucionalidad a lograrse solamente una mayoría de 6, por lo que dichas normas serán aplicables una vez que entre en vigor la Ley. 3. La SCJN determinó por unanimidad de once votos la invalidez del artículo 40 de la Ley, el cual establece la posibilidad de usar la fuerza pública como “primera opción”, violando claramente a los estándares internacionales en esa materia, que señalan que debe ser en todo momento el último mecanismo ante situaciones totalmente excepcionales y agotando previamente mecanismos de solución pacíficos y conciliatorios. 4. Otro tema de vital importancia fue el relacionado con el uso de la fuerza en contextos de manifestaciones públicas. En este sentido, el artículo 16 de la “Ley Eruviel” establece que “La determinación de hacer uso de la fuerza, en el caso de asambleas, manifestaciones o reuniones violentas e ilegales será tomada por el mando responsable del operativo, bajo su más estricta responsabilidad, debiendo informar de inmediato a su mando superior sobre tal determinación para los efectos conducentes”. La SCJN determinó que esta norma no es inconstitucional, ya que si bien no establece qué debe entenderse por manifestación “violenta” o “ilegal”, las autoridades no deben considerar arbitraria ni indiscriminadamente a las manifestaciones como ilegales o violentas, y deben interpretarla en forma armónica con los principios de necesidad y proporcionalidad que contempla la misma Ley. Sobre este punto, es importante resaltar que la Ley realiza una calificación previa de las manifestaciones públicas como ilegales y las generaliza como “violentas”, omitiendo que, aunque en un acto de este tipo puedan presentarse determinados actos o conductas ilícitas o violentas, no puede justificarse el uso de la fuerza calificando de antemano a cualquier reunión, manifestación o protesta en su conjunto como violenta. Esto va en contra de los estándares internacionales en esa materia y, por tanto, la SCJN debió declarar la inconstitucionalidad del artículo 16 de la Ley. Esta decisión envía un mensaje sumamente preocupante, ya que abre la puerta a la arbitrariedad en la actuación de las fuerzas de seguridad pública en contextos de manifestaciones al permitir que determinen a su criterio cuándo una reunión resulta “violenta” o “ilegal”. Aun cuando en varios supuestos no se alcanzó mayoría calificada para declarar la invalidez de los artículos impugnados, pues se requerían 8 votos, no puede pasar desapercibido que una mayoría de 6 ministros argumentaron la inconstitucionalidad de ciertas disposiciones por considerar que al contener términos amplios y sin contenido unívoco permiten un uso arbitrario de la fuerza violando el principio de seguridad jurídica (como sucedió con los artículos 3 fracción III, 33 y 14). Consideramos que la resolución de la SCJN debió partir del contexto social que impera en México, donde se han presentado casos frecuentes de uso excesivo, arbitrario y letal de la fuerza pública, sobre todo en contextos de protestas o manifestaciones públicas[4]. La Suprema Corte debió tener una postura más clara y contundente al resolver la inconstitucionalidad que le fue planteada respecto a la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México. Las organizaciones que conformamos este Frente lamentamos estas resoluciones, pues evadieron el establecimiento de un antecedente claro para la protección del derecho a la protesta y la regulación de los agentes del Estado respecto al uso de la fuerza. Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social:: ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria
Reacomodo neoliberal del comercio
Reacomodo neoliberal del comercio Sábado 25 de marzo de 2017 Miguel Concha La reciente reunión de la Alianza del Pacífico demostró el momento turbulento por el que atraviesa el mundo. La crisis del modelo neoliberal es evidente, y sus defensores están a rajatabla buscando sostenerlo y afianzarlo. En su calidad de presidente pro tempore de la alianza, el canciller de Chile dijo: Creemos que ésta (la reunión) es una señal política importante en momentos de incertidumbre, con lo cual se denota la preocupación de los gobiernos neoliberales ante las políticas económicas proteccionistas de Donald Trump. A esa reunión se sumaron además, como invitados, nuevos estados, entre ellos China y Corea del Sur, así como una decena de países que eran integrantes del Acuerdo Transpacífico (ATP). Su objetivo fue revisar las diversas propuestas de comercio e integración entre países, por ejemplo, por medio de la firma de tratados de libre comercio (TLC) o tratados bilaterales de inversión (TBI). De una cosa ya estamos seguros: el modelo de reglas comerciales, que en continuidad con otros tratados pretendió implantar el ATP, no ha sido eliminado del todo. Por el contrario, junto con otros modelos de reglas comerciales, se convierte en una especie de estándar sobre el cual se negocian o renegocian acuerdos comerciales entre estados. El neoliberalismo busca entonces afianzarse por medio de estas reuniones de los hombres del poder, quienes, conforme a sus intereses, vinculados siempre a las empresas trasnacionales, legalizados en acuerdos de libre comercio, procuran definir los rumbos de la economía mundial. Por ello no es extraño que la Alianza del Pacífico pretenda reunirse también con países integrantes del Mercado Común del Sur (Mercosur), para, según el canciller chileno, persistir en la apertura al mundo y en la integración bajo distintas modalidades, como hemos hecho en el pasado, con acuerdos bilaterales, subregionales y regionales. Se perfila entonces una guerra comercial entre potencias económicas, una guerra de estados que se ven refuncionalizados por las grandes corporaciones. Y sin embargo, para nuestra esperanza, organizaciones y movimientos sociales –que no son ajenos a este contexto y saben que es adverso para la garantía de una vida digna la vigencia de los derechos humanos y la soberanía de los pueblos– se reorganizan y articulan constantemente y a todo nivel. La semana pasada se reunieron en Buenos Aires, Argentina, algunos de estos movimientos y organizaciones, para reflexionar sobre el contexto de América Latina y el Caribe, con especial énfasis en los TLC y TBI que, parece, seguirán avanzando en la región, con países de otras regiones. Entretejieron reflexiones y estrategias para revertir amenazas y afectaciones, como las que representan el avance de tratados de esta cepa y el uso del régimen de protección de inversiones (ISDS), cuya motivación es la resolución de controversias entre estados y empresas, y el cual, como también sabemos, se construye a partir de un andamiaje jurídico internacional sui géneris, pues se erige desconectado del resto de los sistemas del derecho internacional y funciona meramente con fines económicos. Dichas resoluciones son tan costosas para los estados que, por un lado, deben pagar millones de dólares si pierden sus demandas, o bien mejor abstenerse de realizar cualquier política o acción de gobierno encaminada a proteger, por ejemplo, derechos de grupos específicos o cuidado del medio ambiente, si atentan contra inversiones de empresas trasnacionales. Se configura así el chilling effect, que se realiza cuando el Estado se autorregula en favor de las empresas y en detrimento de las personas y los pueblos, absteniéndose de cumplir sus obligaciones hacia ellos. Con el apoyo de la Asamblea Argentina Mejor Sin TLC, el Transnational Institute, Attac, Amigos de la Tierra y Redes-Red de Ecología Social, y teniendo como sede el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, la reunión fue oportuna en este momento histórico coyuntural, que, sobra decir, nos presenta la urgencia de que, desde las posturas de las diversas organizaciones y movimientos, se construyan propuestas alternativas al modelo a escala regional. Son tiempos de cambiarlo todo, con base en las malas experiencias tenidas desde las décadas de neoliberalismo que llevamos acuestas. Es decir, de reconocer que este sistema ya no se aguanta más, y que por tanto la transformación del modelo económico es apremiante, y resulta inadmisible argüir beneficios en su defensa. Las promesas del neoliberalismo, de que las inversiones de trasnacionales traerían mejoras en la vida de las personas, simplemente no se hicieron presentes. Por el contrario, sólo beneficiaron a un conglomerado de grandes empresas que ahora, preocupadas por cómo juega sus dados Estados Unidos, presionan a diversos países para garantizarles certezas jurídicas. Es decir, certezas para mantener el despojo y la precarización de la vida y bienes comunes de las personas y pueblos. Sabemos también que en México esta coyuntura es oportunidad para transformar un modelo que no ha funcionado. Por ello, y con el mismo espíritu del encuentro de Buenos Aires, organizaciones sociales aglutinadas en la Convergencia México Mejor Sin ATP (tratados de libre comercio) convocan a un encuentro nacional el 30 de marzo por la mañana, en el Palacio de Minería de la Ciudad de México, con la finalidad de reflexionar y construir propuestas alternativas, por ejemplo, al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Es momento ahora de pensarnos como pueblos del sur global, momento de acompañarnos y aprovechar esta coyuntura para cambios de raíz y generar ese otro mundo que tanto anhelamos. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Jorge Aguilar Entradas relacionadas: Inconstitucionalidad de la ley Atenco El derecho humano a vivir en paz Un Gramsci para nuestro tiempo Una ley eficaz contra la desaparición forzada La Constitución de la CDMX Protección a personas defensoras Niveles superiores de acción cívica Seguridad pública militarizada Medida cautelar por el maíz criollo La diversidad biocultural en la COP
Mujeres Defensoras en México. Obstáculos y apuestas
Mujeres Defensoras en México. Obstáculos y apuestas El Estado no escapa de su responsabilidad al usar el aparato de justicia para criminalizar y judicializar la labor de mujeres defensoras de derechos humanos. 22 de marzo de 2017 Por: Diana López Santiago La dignidad en nuestras manos En enero de 2017, el Relator Especial de la ONU sobre la situación de las y los defensores de Derechos Humanos, Michel Forst, en su misión oficial visitó algunos estados del país en donde se reunió con más de 800 personas defensoras, de las cuales el 60 % eran mujeres. Producto de estas reuniones con víctimas, luchas sociales, colectivos y organizaciones de la sociedad civil, Michel Forst emitió las observaciones y recomendaciones preliminares al término de su visita en las que recalca la importancia de la legítima labor que realizan las personas defensoras de derechos humanos, así como la obligación del Estado mexicano de garantizar su seguridad y condiciones óptimas para que defensoras y defensores realicen su trabajo en un contexto donde ejercer este derecho tiene altas implicaciones. De mucho valor será el informe que emitirá el Relator Especial, aunque hay que especificar que difícilmente se realizan informes sobre personas defensoras con una perspectiva de género cuyo objetivo sea privilegiar el análisis sobre las diferentes formas de violencia a las que las mujeres defensoras somos sometidas en un contexto de crisis de civilización, como ya lo han citado diversas personas analistas de la compleja realidad. Más concretamente, en un contexto generalizado de violaciones a los derechos humanos, por un lado, y en un clima de conflictividad social, por otro, circunscrito todo lo anterior en un sistema económico y cultural (patriarcal y capitalista) que violenta desde nuestros cuerpos como primer territorio hasta las condiciones mínimas para que las mujeres podamos acceder a una vida digna (educación, trabajo digno, tierra y territorio, vivienda, salud, alimentación). Tampoco se documentan las agresiones (difamación, descalificaciones a nuestro trabajo, acoso, intimidación, amenazas por los derechos que defendemos o por las posturas políticas a las que nos adscribimos) que como defensoras experimentamos por parte de otros sectores sociales y que en muchas ocasiones estas provienen de los movimientos “más progresistas y de izquierda” en los que también participamos activa y políticamente. Por lo tanto, también se hace complicado encontrar análisis que evidencien los efectos diferenciados que estas violencias estructurales causan, ya sea por el Estado o por otros perpetradores. No es de sobra decir (aunque muchas compañeras feministas ya lo habrán señalado en otras ocasiones) que también es fundamental hacer análisis interseccionales, pues los impactos de estas violencias en la diversidad de mujeres defensoras también son diferenciadas en tanto las características particulares que encarnamos cada una; es decir: la clase social, nuestra adscripción a algún pueblo originario/indígena, nuestra orientación sexual, nuestra identidad sexogenérica, la corporalidad en la que somos leídas, si vivimos con alguna discapacidad; aquí cabe señalar que con un gobierno que camina en retroceso con respecto a los derechos de las mujeres y gran parte de la sociedad asimila el discurso conservador de éste, adscribirse feminista es causa de estigmatización, criminalización y judicialización. Aun con la crisis de civilización en la que nos encontramos inmersas, el Estado no escapa de su responsabilidad cuando hablamos de violaciones a derechos humanos que comete contra mujeres defensoras, así como el uso que hace de todo su aparato de justicia que criminaliza y judicializa la labor de defensa de compañeras que se encuentran defendiendo distintas luchas, ejercitando la exigibilidad de sus derechos. Es en este contexto de violaciones a los derechos humanos y credibilidad en las instituciones, de violencia estructural generalizada por una parte, pero también de violencia focalizada a defensoras, por otra, que desde diversos espacios de mujeres se proponen alternativas y se apuesta por hacer praxis de principios políticos y éticos del feminismo. De ahí que el lema #LasRedesSalvan se convierte en un principio de sororidad profundamente transformador de las estructuras patriarcales, pues se habla de la capacidad que tenemos para generar alianzas entre mujeres; alianzas que generen espacios de seguridad y protección que en muchos casos se convierten en refugio para muchas de nosotras. Las medidas de protección no sólo se acotan a la implementación de guardaespaldas o de botones de pánico, se requiere de echar a andar mecanismos con perspectiva de género que sean funcionales en la protección integral de las defensoras que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad por parte de agentes estatales y otros perpetradores. Frente a estas situaciones de violencia particular y generalizada que vivimos las defensoras de derechos humanos no sólo en el país, sino en regiones como Mesoamérica, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM) presenta en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal el documento “Agresiones contra defensoras de derechos humanos en México. Diagnóstico Nacional”, esfuerzo de documentación y sistematización de esta amplia articulación de mujeres a la cual extendemos la más grata invitación el próximo jueves 23 de marzo. *Diana López Santiago es colaboradora del Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, A. C. (@CDHVitoria). Consultar en Animal Político. Entradas relacionadas: Para construir memoria. Día Internacional de lucha contra la violencia hacia las Mujeres Impuestos a bebidas azucaradas y sus implicaciones en los derechos de niñas, niños y adolescentes ¿Por qué torturaron hasta la muerte al normalista Julio César Mondragón? La historia de un estudiante mexicano atacado en Belice (y cómo quedó a su suerte) ¿Deberíamos defender el TLCAN? Agua, ciudad y protesta social Juventudes alzan la voz por una vida digna La amenaza del fracking El derecho negado a quienes sobreviven en las calles Una ciudadanía política, el reto de la nueva CDMX
México en la encrucijada internacional
SOBRE EL EVENTO: A raíz de la llegada de Trump al gobierno de Estados Unidos, México se enfrenta a una serie de encrucijadas, en su gran mayoría relacionadas con el tema de los derechos de las personas migrantes, así como con la discusión en torno a nuestra dependencia económica hacia Estados Unidos. Hoy sabemos, mejor que nunca, que ambas problemáticas son consecuencia del modelo económico neoliberal, impuesto desde décadas atrás, y agudizado en 1994 debido a la entrada del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y que define las relaciones entre países como si de empresas se trataran, olvidando a las personas, pueblos y todas las formas de vida en los territorios que abarcan, y generando ganancias sólo para unos cuantos. Nos resulta ahora, de forma urgente y necesaria, entender críticamente la nueva coyuntura internacional de la que México es parte, y que se enmarca en la crisis civilizatoria inherente al modelo neoliberal, sistema que debemos seguir cuestionando y negarnos a salvar o reformular. Ante este escenario convocamos a encontrarnos, desde nuestras luchas, interseccional, plural, diversa, horizontalmente, y con disposición al diálogo para pensar alternativas al modelo económico y sus formas de comercio entre países; se nos presenta la urgencia de posicionarnos como personas y organizaciones de cara a las negociaciones o salida del TLCAN, y cualquier otro tratado de libre comercio, incluso el resurgimiento del TPP, así como las implicaciones para nuestro país. De la misma manera, colectivamente reflexionar y construir propuestas en materia económica, con perspectivas de género y derechos humanos, que México necesita. Con base a lo anterior, nos convocamos al Encuentro Nacional: México en la Encrucijada Internacional, con los propósitos de: Reflexionar la urgencia de entender la nueva coyuntura internacional y la manera en que afecta nuestras luchas por el reconocimiento y respeto de los derechos de todas y todos. Reconocer los retos de las organizaciones y movimientos sociales frente a la nueva coyuntura. Continuar la construcción colectiva de propuestas ante la crisis del sistema neoliberal y su modelo económico. Jueves 30 de marzo de 2017. 09:00 hrs-14:00hrs Palacio de Minería: Tacuba 5, Centro Histórico, Ciudad de México. Contenido relacionado: Estado mexicano pretende resucitar TPP 2016. Por qué el Senado no debe ratificar el TPP ¿Deberíamos defender el TLCAN?
Ley de Seguridad Interior: detrimento del poder civil frente al poder militar
Ley de Seguridad Interior: detrimento del poder civil frente al poder militar 12 de marzo de 2016 Por: Sayuri Herrera Román En los últimos días hemos escuchado sendos debates sobre la iniciativa de Ley de Seguridad Interior que presentaron el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional en el Congreso, de principio, y a los que respondieron con iniciativas similares Movimiento Ciudadano y el Partido de la Revolución Democrática. Un reclamo del secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, bastó para movilizar a los representantes de las bancadas partidarias, que en un tris saltaron apresurados a congraciarse con el que parece ser un aliado importante para que alguno de sus candidatos gane la silla presidencial en las próximas elecciones y se mantenga ahí todo el sexenio. Por encima de la voz del secretario de la Defensa Nacional no parece haber voz ciudadana que alcance la potencia suficiente para ser escuchada y atendida. Las víctimas civiles de esta “guerra”, cuyo clamor diario escuchamos en las calles, noticieros, foros y asambleas, no tienen un ejército detrás y no les basta un reproche para mover a un Congreso. Las Fuerzas Armadas, en cambio, tienen viento favorable para permanecer en las calles, carreteras, estaciones migratorias y estratégicos puestos de responsabilidad pública en el control de la seguridad, con el consecuente crecimiento de su poder fuera de los márgenes de vigilancia civil. Personas defensoras de derechos humanos, investigadores e investigadoras, intelectuales y víctimas de la acción de los militares hemos exigido, no de ahora, sino de años, el retiro programado de las Fuerzas Armadas de tareas de seguridad pública. Programado porque sabemos que hay lugares del país en donde las instituciones civiles fueron carcomidas por la corrupción, pero no sólo de las policías, también de quienes ostentaban cargos de representación. Esa corrupción endémica, endemoniada, fue la justificación perfecta para quienes veían y aún ven en el ejército a “la única institución incorruptible” en un país en el que torcerse es la regla. Si observamos con más detenimiento nos daríamos cuenta de que poco o nada sabemos de lo que sucede dentro de las Fuerzas Armadas y sus abogados trabajan para que se mantengan así las cosas: herméticas, reservadas, en secreto y opacidad. De ahí que se conserve está imagen en lo general pulcra, que no se puede tocar ni con el pétalo de una solicitud de información o una comisión de la verdad para el esclarecimiento de crímenes del pasado. La política de seguridad actual está dentro de ese terreno de lo inaccesible y opaco: discusiones secretas, resultados oficiales indecibles y ocultos, tan vergonzantes y atroces que sólo mediante filtraciones algo llega a saberse entre la ciudadanía. Informes como el publicado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas y el reporte emitido por el Instituto Belisario Domínguez del Senado dan cuenta del aumento de violaciones a derechos humanos en proporción directa con el mayor número de efectivos militares involucrados en tareas de seguridad pública. Con la ley que pretende aprobarse no cambiará esta situación; por el contrario, se hará más profunda la brecha entre el poder civil y el poder militar; se profundizará la influencia política de los militares. Pese a todo, es claro que “la guerra contra el narcotráfico” no ha sido eficaz para desmantelar las organizaciones criminales que trafican droga a Estados Unidos; tampoco ha bajado el volumen del producto que se introduce en aquel país y los indicadores demuestran que el consumo de drogas de los estadunidenses ha ido en aumento; lo que sí ha ocurrido es que mientras se dotó a las Fuerzas Armadas de mayor presupuesto y margen de maniobra, las policías continuaron corrompidas, sin presupuesto y sin capacitación suficiente; situación que no favorece la desmilitarización del país y que representa una amenaza grave al cumplimiento de los derechos humanos. Por ello es preciso capacitar y fortalecer a las policías civiles para que asuman honrada y eficazmente la tarea de salvaguardar la seguridad pública en el país; paralelamente habrá que dialogar y trabajar en una propuesta de retiro programado de las Fuerzas Armadas así como repensar la política de drogas. Desde luego, nada de lo que decimos aquí se logrará a punta de plumas y micrófonos, será necesaria la organización y la movilización de los pueblos para defender su derecho a la paz, la democracia, la libertad y la vida frente a esta verdadera amenaza. *Sayuri Herrera Román es colaboradora del área Jurídica del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A.C Consultar artículo en Contralínea. Imagen destacada: Pateando Piedras Entradas relacionadas: Territorialización de la reforma energética Incumplimiento de recomendaciones ¿Cómo se enfrenta a la minería? Vicisitudes para 2015 El estigma de ser pobre: persecución de poblaciones callejeras en el Distrito Federal 2 de octubre, deberes incumplidos El derecho humano a vivir en paz Educación, resistencia y derechos humanos Las mujeres y los Desca Escalada contra defensores
