Experiencias de participación de mujeres defensoras de los DESCA
[et_pb_section fb_built=»1″ _builder_version=»3.22″][et_pb_row _builder_version=»3.25″ background_size=»initial» background_position=»top_left» background_repeat=»repeat»][et_pb_column type=»4_4″ _builder_version=»3.25″ custom_padding=»|||» custom_padding__hover=»|||»][et_pb_text _builder_version=»4.7.3″ _module_preset=»default» hover_enabled=»0″ sticky_enabled=»0″] El Centro de Derecho Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.” A.C. (Centro Vitoria), es una organización civil aconfesional y apartidista sin fines de lucro que cuenta con una experiencia de más de 30 años en la defensa y promoción de los derechos humanos. Las labores de educación, promoción, defensa e investigación que ha realizado el Centro Vitoria en los últimos años se han focalizado en los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), a nivel nacional o en el Distrito Federal (ahora Ciudad de México), y con un énfasis en las personas y comunidades que experimentan mayor exclusión y discriminación. El Centro Vitoria, al acompañar a los movimientos sociales y a las víctimas de violaciones a derechos humanos, reconoce que la participación de las mujeres en la defensa y exigibilidad de los DESCA es fundamental para que la lucha social alcance los objetivos que se haya propuesto. A partir de estos trabajos es que el Centro Vitoria decidió para 2016 enfocar su trabajo en materia de DESCA en las mujeres que los defienden. Se realizó el proyecto “Encuentro de Mujeres Defensoras de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de los Estados de Hidalgo, Ciudad de México, Puebla, Morelos, Tlaxcala y Estado de México”. Aquí se pudo contar con la participaron de mujeres procedentes de las entidades antes mencionadas, quienes compartieron sus experiencias en la defensa de los DESCA e identificaron algunas herramientas que pudiesen fortalecer a las luchas en las que participan. El encuentro se configuró como un espacio donde las mujeres pudieron reflexionar sobre cómo el género es un elemento de gran peso en la vida de las personas y qué implicaciones tiene en las mujeres que exigen y defienden los DESCA, con esto último pudieron identificar un área que muchas no habían tomado en cuenta: su seguridad personal, lo que les permitió trabajar cuestiones de autocuidado desde una visón sorora. A su vez, las mujeres pudieron conocer algunas experiencias de defensa de derechos humanos desde la perspectiva de género como la labor de la organización Mujer y Medio Ambiente A.C. El espacio tuvo la oportunidad de generar un diálogo intergeneracional pues hubo las voces de mujeres jóvenes, mujeres adultas y mujeres adultas mayores. También se compartieron experiencias desde las identidades indígena y la no indígena en la defensa de los derechos a la vivienda, a la salud, a la alimentación, al trabajo y laborales, al medio ambiente, a la tierra y al territorio, sexuales, reproductivos y a una vida libre violencia. Además del encuentro, el proyecto contempló la realización del presente texto a manera de informe, el cual en su primer apartado, desarrolla un marco teórico sobre los DESCA y la Perspectiva de Género, un análisis de la política pública (agenda pública) a nivel internacional y nacional sobre el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y, una descripción de problemas estructurales que afectan la vida de las mujeres como lo son la pobreza y la violencia de género. El segundo apartado recupera en la medida de lo posible, las experiencias de defensa de los DESCA que las participantes del encuentro llevan a cabo, colocándolas en un marco de análisis de la situación del derecho en cuestión. Esta información se complementa gracias a que también se realizó un material audiovisual donde las mujeres defensoras comparten lo ya mencionado, e invitan a otras mujeres a sumarse a la lucha por la defensa de la dignidad. Cabe señalar que el Centro Vitoria no es una organización que se especialice en materia de género y los derechos de las mujeres, por lo que la realización de este proyecto representó un reto para el Centro Vitoria pero también una oportunidad de acercamiento con los movimientos de mujeres y las apuestas políticas emanadas desde los feminismos. Sin embargo, su historia en la defensa y promoción de los derechos humanos la ha llevado a reconocer la importancia que tiene el construir espacios de encuentro para las distintas luchas sociales. Para las mujeres defensoras, estos espacios deben partir del principio de sororidad donde puedan fortalecer sus procesos organizativos y su participación política. [/et_pb_text][et_pb_button button_url=»https://drive.google.com/file/d/18991IIUgAFymmIkIR2KW0Vl1WRQihAH7/view?usp=sharing» button_text=»Descargar documento» _builder_version=»4.7.3″ _module_preset=»default» custom_button=»on» button_text_color=»#ffffff» button_bg_color=»#000000″ button_border_width=»1px» button_border_color=»rgba(0,0,0,0)» button_icon=»%%246%%» button_icon_color=»#2bbfd8″ hover_enabled=»0″ locked=»off» sticky_enabled=»0″ button_alignment=»center»][/et_pb_button][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]
La moneda sigue en el aire para maíz mexicano
LA MONEDA SIGUE EN EL AIRE PARA MAÍZ MEXICANO Ciudad de México, 26 de enero de 2017. • Magistrados retiran proyecto de sentencia, se pospone votación • Aún continua la suspensión de siembra de maíz transgénico • Monsanto recurre a artimañas, pasa de las mentiras a la presión al poder judicial El pasado lunes el Primer Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito con sede en la Ciudad de México dio a conocer que hoy jueves 26 de enero, resolvería la impugnación que Monsanto y las demás corporaciones presentaron en contra de la suspensión de siembra de maíz transgénico que se encuentra vigente para todo el país desde el 17 de septiembre de 2013. Sin embargo, sorprendentemente, los magistrados del Tribunal retiraron el proyecto de sentencia, y por lo tanto se pospone la resolución. De acuerdo con la declaración de René Sánchez Galindo, abogado de la Colectividad ciudadana, la repercusión más importante es que se mantiene la suspensión: “la moneda sigue en el aire y mientras la moneda esté en el aire no habrá siembra de maíz transgénico en el país”. Por otro lado, denuncia que la industria transgénica encabezada por Monsanto primero le mintió al poder judicial, lo que ha venido haciendo con la presencia ilícita de transgénicos, y ahora lo presiona al presentar un escrito sobre quién va a decidir esta importante resolución sobre el futuro del maíz. El representante legal de la Demanda colectiva pidió a Monsanto dejar de mentir y presionar y confió en que jueces, magistrados y ministros se van a mantener sin dejarse presionar. Ante la jornada del día de hoy en los tribunales, Adelita San Vicente Tello expresó que la Colectividad va a tomar medidas -porque no podemos permitir que estas empresas actúen de esta manera sobre el poder judicial que es un poder independiente, que ha dado muestras de tener resoluciones positivas para toda la población en materia de defensa del maíz. Las acciones que emprenderá la Colectividad serán dadas a conocer el próximo martes 31 de enero en conferencia de prensa. oOOo Declaraciones de René Sánchez Galidndo, representante legal de la Colectividad y de Adelita San Vicente Tello, representante común de la Colectividad http://demandacolectivamaiz.mx/wp/2017/01/26/26-de-enero-de-2017-la-moneda-sigue-en-el-aire-para-maiz-mexicano/ La Conferencia de prensa de la Colectividad del Maíz se llevará a cabo el martes 31 de enero en 11:00 horas, en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), ubicado en Medellín No. 33, Col. Roma, entre las calles de Puebla y Sinaloa a una cuadra del monumento a las Cibeles. Información del litigio: René Sánchez Galindo : 044 55-5436-4248 Informes: Francia Gutiérrez : 0445539226898 Entradas relacionadas: Se mantiene la suspensión de siembra de maíz transgénico en México a pesar de las impugnaciones de las corporaciones trasnacionales Medida cautelar por el maíz criollo Sin Maíz No Hay País. Redes. Por el maíz y la milpa Día Nacional del Maíz Las mujeres y los Desca Ilegalidad e injusticia agraria Persisten violaciones al derecho a la consulta del Pueblo Maya sobre soya transgénica
Condenamos la violencia e impunidad contra personas defensoras de DDHH; es deber del Estado garantizar derechos
CONDENAMOS LA VIOLENCIA E IMPUNIDAD CONTRA PERSONAS DEFENSORAS DE DDHH; ES DEBER DEL ESTADO GARANTIZAR DERECHOS HUMANOS Ciudad de México, 25 de enero de 2017 En el contexto de la visita oficial del Sr. Michel Forst, Relator Especial de la ONU para la situación de defensores y defensoras de derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil expresamos un enérgico ¡Ya Basta! de violencia cometida contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas, por parte de actores estatales y de otro tipo. Especialmente grave resulta el asesinato del defensor Isidro Baldenegro, -Premio Goldman- justo cuando la visita oficial daba inicio. Desde la Sociedad Civil saludamos esta importante visita, así como la disposición del Relator Forst para reunirse con una amplia diversidad de personas defensoras, tanto en la Ciudad de México como en Chihuahua, Guerrero, Oaxaca y el Estado de México. Recordamos que, en el contexto de la Declaración sobre las personas defensoras de derechos humanos de la ONU, es responsabilidad estatal garantizar el derecho a defender derechos humanos. Cabe destacar que ante el Relator, expresamos las dificultades y los obstáculos que enfrentamos personas, organizaciones y periodistas para desarrollar nuestra labor. Ante ello, resulta indispensable que el Estado mexicano se comprometa a cumplir las recomendaciones del relator Forst, de las cuales destacamos los siguientes aspectos: Investigar y castigar las violaciones a los derechos humanos, violencia y amenazas cometidas contra personas defensoras de derechos humanos, en el sentido de que policías de todos los niveles, militares y marinos forman parte de quienes les agreden. Es imprescindible garantizar medidas de reparación y no repetición. Fortalecer el Estado de Derecho en el país, combatiendo la corrupción e impunidad que involucra tanto a agentes del Estado, empresas, grupos religiosos hegemónicos y miembros del crimen organizado, mismas que derivan en la violencia contra personas defensoras. Cumplir las recomendaciones de las instancias de DH internacionales para retirar al Ejército de las funciones de seguridad pública y evitar con ello las graves violaciones a los derechos humanos que han ocurrido en los últimos años Emprender una política de reconocimiento a las personas defensoras, a la labor de defensa de los derechos humanos y a la libertad de opinión y expresión, evitando y condenando su desacreditación pública, Cumplir plenamente con las recomendaciones de los organismos internacionales en materia de derechos humanos. Garantizar la inclusión de las personas defensoras en los proyectos legislativos relacionados con tortura, desaparición y seguridad interior. Evitar la presentación y aprobación de leyes restrictivas de los derechos, especialmente de la libertad de expresión y de asociación sindical, así como el uso de definiciones ambiguas que criminalizan, como “ataques a la paz pública”. Demostrar su voluntad política mejorando el funcionamiento, fortaleciendo la solidez institucional e incrementando la participación de la sociedad civil en el Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas. Integrar un enfoque multicultural y colectivo para el Mecanismo en términos de la atención y protección que ofrece, así como de los análisis de riesgo para comunidades indígenas, ya que los enfoques rurales y remotos requieren un enfoque diferente al urbano. Adoptar políticas específicas de protección a personas y colectividades defensoras indígenas, mujeres, desplazadas y LGBTI. Mejorar el trabajo de los Organismos Públicos de Derechos Humanos y su participación en la protección de las personas defensoras. Incorporar en el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos un sólido componente sobre la responsabilidad de las empresas; sobre la consulta y decisión de las comunidades; así como que se incluya a las y los defensores en las decisiones y el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de los proyectos. Asegurar procesos de consulta significativos sobre aquellos proyectos que puedan afectar los derechos de los pueblos indígenas. Asegurar que las y los inversionistas y las empresas cumplen con sus responsabilidades en materia de derechos humanos y que se sancionan a las empresas asociadas con violaciones contra los defensores, tanto en el país como en el extranjero. Consideramos que para que dichas recomendaciones sean cumplidas, se requiere una participación activa de la Sociedad. En un contexto de violencia, impunidad y corrupción generalizada, en donde las respuestas por parte de los actores estatales resultan ineficaces e insuficientes, y sólo incorporando a las y los agraviados se logrará conseguir avances. Finalmente, exigimos al Estado mexicano que renueve la invitación al relator, ya que él mismo solicitó dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones. Atentamente Organizaciones Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos (ACUDDEH) Agenda LGBT Albergue Tochan Article 19 Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL) Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas (AJAGI) Cauce Ciudadano Centro de Apoyo a las Identidades Trans A.C. Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan Centro de Derechos Humanos de las Mujeres. (CEDEHM) Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (Centro Prodh) Centro de Derechos Humanos Paso del Norte Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón. CIC-Propuesta Cívica Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC) Coalición Indígena de Migrantes de Chiapas (CIMICH) Colectiva de Mujeres de la CIudad de México Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos Comité Cerezo México Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos «Hasta Encontrarlos» Comite de Solidaridad y DH Monseñor Romero Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) Comunidad Magdala Fundación Arcoiris por el Respeto a la Diversidad Sexual Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho i(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos Instituto Mexicano de Derechos
Seguridad pública militarizada
Seguridad pública militarizada Sábado 21 de enero de 2017 Miguel Concha En medio de la crisis de derechos humanos que encara el país –que a decir de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se caracteriza por un clima de violencia que afecta gravemente a grupos en situación de vulnerabilidad, provocado por agentes del Estado y por otros actores, como el crimen organizado–, las acciones del gobierno para enfrentarla parecen un tanto erradas. Me explico. Por lo que se refiere a los agentes del Estado, la CIDH no titubea en asegurar que, efectivamente, la participación de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública propicia el aumento de violaciones a los derechos humanos. Además, al concluir su visita a México en 2015, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dijo en su declaración final que se requiere la adopción de un cronograma para el retiro de las fuerzas armadas de las funciones de seguridad pública. Exigencia que también desde hace años hacen diversas organizaciones civiles, al tiempo que demandan la realización de un diagnóstico integral y responsable de los efectos de 10 años de militarización de la seguridad pública en el país. Frente a lo anterior, el Estado mexicano, incluso por medio del Poder Legislativo, propone en cambio la legalización de la militarización, y bajo eufemismos, como el de seguridad interior, asimilado indebidamente al campo de la seguridad pública, pretende llevar a cabo la aprobación de leyes, o la modificación de otras, con la finalidad de hacer legal lo ilegal. Es decir, la participación de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública. Todo ello en contraposición a lo que los mecanismos internacionales de protección a los derechos humanos le han señalado acerca de la necesidad de adoptar un enfoque de seguridad ciudadana, como paradigma que prioriza la centralidad de la dignidad humana y los derechos humanos en la seguridad. Como expresé en semanas pasadas en este mismo espacio (24/12/16), el Congreso se empeña en desnaturalizar una figura jurídica propia de la seguridad nacional, para usarla inconstitucionalmente en el campo de la seguridad pública. Lo hemos vuelto a confirmar en este año, pues vemos cómo se ha propiciado una discusión en torno a la elaboración de un marco jurídico que dé certeza de las competencias y condiciones de la participación de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública en México. Si bien el tema de la militarización de la seguridad pública y sus consecuencias han sido visibilizados desde hace más de una década por organizaciones de derechos humanos y las mismas víctimas, en el marco de la política de combate al narco y el aumento de la violencia, no ha sido sino hasta los recientes reclamos de los altos mandos de las fuerzas armadas cuando el Legislativo federal ha considerado actuar en consecuencia y acceder a la legalización de la militarización de la seguridad pública, como presunta solución al tema de la crisis de derechos humanos, lo que resulta paradójico y contradictorio con un Estado que pretende garantizar los derechos de quienes habitan o transitan en su jurisdicción. En un Estado democrático son inadmisibles estos supuestos debates a modo bajo un esquema que excluye voces críticas sobre una propuesta de ley, sobre todo de organizaciones defensoras de derechos humanos, víctimas y sectores académicos, e incluso de legisladores que se oponen a tales iniciativas. Es lamentable que algunos grupos en las Cámaras busquen imponer apresuradamente una legislación que es de máximo interés público y compromete derechos humanos. Ante ello, organizaciones, colectivos y académicos nos posicionamos en diversos momentos contra las actuales propuestas de Ley de Seguridad Interior, que por un lado no dan certeza en sus definiciones ni garantizan el carácter excepcional y temporal de la participación de las fuerzas armadas en seguridad pública, en las que se incluya congruentemente el programa de retiro de los militares de labores de policía, y por otro no garantizan la seguridad de los ciudadanos, pues es sabido que a mayor presencia de las fuerzas armadas, es innegable el incremento de las violaciones a los derechos humanos; ni la impartición de justicia en medio de la impunidad reinante. Tampoco titubeamos en evidenciar las competencias de facto que el Congreso se arroga para legislar sobre seguridad interior, sin que haya quedado claro si lo puede hacer tal como plantean los legisladores promoventes. Llama la atención que iniciada la exigencia de contar con leyes en materia de víctimas y desaparición forzada, uno de los argumentos más recurrentes en las Cámaras era precisamente que no tenían facultades expresas para legislar en esas y otras materias. Ahora, sin contar con esas facultades constitucionales, pues ni siquiera le han explicado a la sociedad a qué se refieren cuando hablan de seguridad interior, se aprestan a aprobar aceleradamente las mencionadas iniciativas de ley. En realidad, estas acciones del Legislativo buscan imponer un modelo militarizado de seguridad, que no es coherente con el respeto y la garantía de los derechos humanos, y contradice las recomendaciones que la ONU y la CIDH le han hecho al Estado mexicano. Valga añadir que la militarización se ha vuelto ya común y cotidiana en el país. Con lo que quiero decir que generalmente la presencia de los miembros de las fuerzas armadas se va haciendo más notoria en diferentes regiones, ámbitos sociales y espacios públicos, las más de las veces con acciones coercitivas. Modelo que se opone a paradigmas alternativos de seguridad, basados en la dignidad y los derechos de las personas. Toca ahora al Congreso convocar a foros amplios y plurales; recoger preocupaciones sobre la legalización de la militarización, y abstenerse de aprobar leyes a conveniencia del régimen. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada (modificada) : isan Entradas relacionadas: Medida cautelar por el maíz criollo La diversidad biocultural en la COP Seguridad interior y víctimas Las mujeres y los Desca Territorialización de la reforma energética Ilegalidad e injusticia agraria Ciudadanos y constitución de la CDMX Diálogos sobre protesta social No discriminación por razón de edad La Constitución de
Medida cautelar por el maíz criollo
Medida cautelar por el maíz criollo Sábado 14 de enero de 2017 Miguel Concha El acceso a tribunales independientes, en los que se pueda solicitar justicia completa, auténtica, eficaz, pronta y libre de obstáculos, es un derecho humano fundamental. Puede decirse que los derechos de las personas comienzan a existir hasta que un tribunal los hace valer. Cuando ante un abuso o una amenaza, un juez hace realidad los derechos humanos, los garantiza y los protege. De nada sirve contar con una ley que contenga muchos derechos en el papel, si no existe un tribunal en el que se pueda hacer efectivo lo que esa ley dice. El proyecto de sentencia del magistrado Gilberto Vargas Chávez, que aprobó el primer tribunal colegiado en materia civil del primer circuito, es un ejemplo palpable. La industria transgénica pretendía que el Poder Judicial revocara la medida cautelar por la que se ordena suspender la siembra o liberación al ambiente de maíz transgénico en todo el país. En junio de 2015 el tribunal federal resolvió en última instancia el amparo que promovió la empresa trasnacional Monsanto contra la suspensión provisional de siembra. Se trataba de una decisión preliminar que dictó un juzgado federal, al dar cumplimiento al mandato de un tribunal de apelaciones. La medida se consideró provisional, puesto que no se había consultado a las empresas y dependencias demandadas, y tampoco se había solicitado la opinión de los órganos federales competentes. Actualmente el mismo tribunal tiene en sus manos la decisión de que esta suspensión de la siembra de transgénicos se vuelva definitiva. Lo que en términos legales quiere decir que no se podrá sembrar maíz transgénico hasta que se resuelva el juicio principal. En este caso el juicio principal es la acción colectiva que científicos, campesinos, defensores de derechos humanos, artistas, abogados y consumidores promovimos desde septiembre de 2013 para defender al maíz nativo de los riesgos del maíz transgénico. Pero volvamos a la sentencia de 2015. El magistrado Vargas expuso que en años recientes la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconocieron la necesidad de tutelar los derechos económicos, sociales y culturales ya no sólo en su dimensión individual, sino también en su dimensión colectiva. Lo que incluso comprende la implementación de medidas procesales que permitan el resguardo inmediato e incluso cautelar o preventivo de los derechos sociales, a pesar de que el fondo de la cuestión pueda llegar a demandar un análisis más prolongado en el tiempo. Vargas Chávez también argumentó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha destacado que al tratarse de acciones de protección de derechos fundamentales, en casos que requieren de una respuesta urgente, la formalidad de la prueba no debe ser la misma que la que se demanda en los procesos ordinarios. Esto, porque la idea que subyace a esta tutela de tipo cautelar es que en el corto plazo se adopten las provisiones necesarias para la protección inmediata de los derechos en juego. El magistrado propuso a sus colegas hacer efectivos los derechos de la colectividad, al explicar que la esencia de lo que efectivamente se pretende proteger, es decir, la prevalencia y acceso al derecho humano de interés difuso de conservación, utilización sostenible y participación justa y equitativa de la diversidad biológica de los maíces nativos, al existir el posible riesgo de que con la siembra de organismos genéticamente modificados, se puedan sobrepasar los límites y restricciones establecidos por la Ley de Bioseguridad. Con esta resolución, así como con la que previamente propuso el magistrado Walter Arellano Hobelsberger –además de la sentencia de apelación que certificó los requisitos de la demanda colectiva que dictó el magistrado Jaime Manuel Marroquín Zaleta–, la demanda colectiva abrió paso a las respuestas de la industria trasnacional de los transgénicos y de las dependencias de gobierno, Sagarpa y Semarnat, también demandadas, que dicho sea de paso han litigado conforme a las posturas de las corporaciones. La industria, por su parte, reconoció que hay dispersión de polen entre regiones del país, y que existe intercambio campesino de semillas, mientras que el gobierno reconoció, a su vez, que los transgénicos no producen más, que no hay evaluaciones sanitarias de las siembras de transgénicos, y que la investigación científica no fue afectada por la suspensión judicial, sino por la publicación de la Ley de Bioseguridad. Los ciudadanos demandantes, por su parte presentaron pruebas que demuestran que la Semarnat mintió a los tribunales, puesto que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático ha detectado 89 casos de presencia ilícita de maíz transgénico en el país. La dependencia, cuyo titular es Rafael Pacchiano, no informó tampoco a los tribunales de tal estudio, a pesar de que su consejo consultivo se lo dio a conocer con antelación. Junto con esa, y otras importantes pruebas periciales, con sus respectivas audiencias de interrogatorios verbales, la Colectividad por el Maíz Nativo demostró fehacientemente, dentro del expediente de la medida cautelar, los graves riesgos que se corren con la siembra de maíz transgénico en México. Sólo el grupo propuso peritajes; la industria demandada, al igual que el gobierno, presentaron sólo documentos. Pero ni la industria ni el gobierno impugnaron tales evidencias. Hoy, un año más tarde, pretenden cuestionar las pruebas por falta de datos en las que salieron negativas, cuando la clave son las pruebas positivas. También pretenden que los tribunales cambien lo que ya resolvieron en última instancia, es decir, la materia del juicio, así como la protección que de ella realiza la medida cautelar. En el extremo buscan llegar a la máxima instancia judicial del país, pidiéndole que cambie algo que ya es cosa juzgada. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada (modificada) : torbakhopper Entradas relacionadas: La diversidad biocultural en la COP Seguridad interior y víctimas Las mujeres y los Desca Territorialización de la reforma energética Ilegalidad e injusticia agraria Ciudadanos y constitución de la CDMX Diálogos sobre protesta social No discriminación por razón de edad La Constitución de la CDMX, a debate Megatratados comerciales
Se mantiene la suspensión de siembra de maíz transgénico en México a pesar de las impugnaciones de las corporaciones trasnacionales
SE MANTIENE LA SUSPENSIÓN DE SIEMBRA DE MAÍZ TRANSGÉNICO EN MÉXICO A PESAR DE LAS IMPUGNACIONES DE LAS CORPORACIONES TRANSNACIONALES Ciudad de México, 12 de enero de 2017. Por mandato judicial se ha mantenido la suspensión de la siembra comercial de maíz transgénico en todo el país desde septiembre de 2013 La Colectividad demandante pelea cuatro impugnaciones de las corporaciones contra la sentencia de amparo Siembras experimentales y piloto -con medidas de contención y fines de investigación científica- NO han obtenido permisos En el séptimo informe presentado a nombre de Adelita San Vicente Tello, la Representante de la Demanda Colectiva Maíz, se dan a conocer a la sociedad los resultados que se han alcanzado en la defensa de los maíces nativos mexicanos ante el riesgo que genera la siembra de maíz transgénico en el país. La Demanda ha logrado que por mandato judicial se suspenda la siembra de maíz transgénico en todo el país desde septiembre de 2013 hasta la fecha. Sin embargo, la Medida Precautoria que posibilitó este triunfo frente a cinco transnacionales: Syngenta Agro, Dow Agrosciences de México, PHI México (Pioneer-Dupont), Monsanto Comercial, Semillas y Agroproductos Monsanto; ha debido sortear varias impugnaciones y etapas judiciales de agosto de 2013 hasta octubre de 2016, cuando iniciaron los trámites de los últimos cuatro recursos de revisión presentados por la industria, cuyo resultado sigue pendiente. Actualmente se tramitan cuatro impugnaciones, denominadas recursos de revisión, que promovieron las corporaciones contra la sentencia de amparo que ratificó la Medida Precautoria el 8 de marzo del año pasado. Frente a ellas se espera que se cumpla la finalidad de la Demanda colectiva, que consiste en que la autoridad judicial federal declare que la liberación o siembra de maíces transgénicos dañará el derecho humano a la diversidad de los maíces nativos de las generaciones actuales y futuras, así como los derechos a la alimentación, a la salud y los de los pueblos originarios. La colectividad demandante la integran científicos de primer orden que han argumentado sobre las afectaciones que se causarían con la siembra de maíz transgénico en México como el Dr. Antonio Turrent, el Dr. Víctor Toledo, La Dra. Patricia Moguel y el Dr. Luciano Concheiro; asimismo la firman defensores de derechos humanos como el Padre Miguel Concha y sobretodo basa su evidencia en los hechos que han observado en las comunidades las organizaciones campesinas, indígenas y de apicultores. Entre otras cabe señalar a la Tosepan Titaniske que agrupa a 35,000 familias en la Sierra de Puebla, a la ANEC integrada por productores de maíz de 8 estados; el Grupo de Estudios Ambientales y Alternativas y Procesos de participación Social con más de 35 años cada una de experiencia en campo. Boletín de prensa DCM26-12012017 12 enero de 2017 2 El abogado René Sánchez Galindo enfatizó que “los permisos pre comerciales y comerciales están suspendidos por mandato judicial; mientras que los permisos con medidas de contención y con finalidad científica se encuentran sujetos a vigilancia y control judicial. Los reportes mensuales, que por orden judicial emiten SAGARPA y SEMARNAT de mayo a diciembre de 2016, señalan que los trámites para autorizar siembras experimentales y piloto NO se han actualizado, y por tanto, NO se han otorgado permisos. Se espera que el Juzgado federal ejerza la facultad de vigilancia que estableció el tribunal de apelaciones en el caso de que la SAGARPA reiniciara trámites para otorgar permisos con medidas de contención y fines de investigación científica. En tal caso, los abogados de la Colectividad presentarían solicitudes de vigilancia, opiniones de especialistas e impugnaciones legales, según corresponda, evitando que la vigilancia judicial se relaje. Preliminarmente ya se tramitaron tres recursos de revocación; estas impugnaciones siguen pendientes de resolución.” La Colectividad demandante durante la etapa de pruebas preparó y ofreció tres escritos con diversas propuestas de pruebas, propuso cuatro pruebas periciales, con sus respectivas audiencias de interrogatorios verbales. En materia de los peritajes se trata de las afectaciones que se causarían con la siembra de maíz transgénico en México. También se presentaron al juzgado estudios científicos, diversos informes oficiales (INECC, SENASICA, CONABIO, Consejo Consultivo de la SEMARNAT, y otro más de la Organización Mundial de la Salud), y se solicitó que se tomara en cuenta todo lo que los demandados han reconocido. Destaca el Informe que sólo la Colectividad propuso peritajes, que la industria demandada, al igual que el gobierno, presentaron sólo documentos aunque “la industria demandada pretende utilizar como prueba una carta de premiados con el Nobel, una carta que carece de firmas escritas, que se refiere a la biotecnología en general, cuestión que no se discute en este juicio colectivo, el debate judicial se centra en la siembra de maíz transgénico en su país de origen, México. La carta hace referencia al arroz transgénico en África, cuestión irrelevante para nuestra demanda colectiva. Ante dicha maniobra de las trasnacionales demandadas, se solicitó al Juzgado la oportunidad de interrogar en audiencia a dos de los laureados. El Juez rechazó nuestras periciales así como todos los interrogatorios verbales propuestos. Como respuesta el cuerpo jurídico de la Demanda Colectiva promovió inmediatamente apelación y el juicio quedó suspendido hasta la resolución del recurso.” oOOo Demanda Colectiva del Maíz Información del litigio: René Sánchez Galindo : 044 55-5436-4248 Informes: Francia Gutiérrez : 0445539226898 Imagen destacada: Eneas de Troya Entradas relacionadas: Sin Maíz No Hay País. Redes. Por el maíz y la milpa Día Nacional del Maíz Las mujeres y los Desca Ilegalidad e injusticia agraria Persisten violaciones al derecho a la consulta del Pueblo Maya sobre soya transgénica
Organizaciones y especialistas expresan su preocupación ante posible imposición de una Ley de Seguridad Interior contraria a los derechos humanos
ORGANIZACIONES Y ESPECIALISTAS EXPRESAN SU PREOCUPACIÓN ANTE POSIBLE IMPOSICIÓN DE UNA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR CONTRARIA A LOS DERECHOS HUMANOS Ciudad de México, 10 de enero de 2017. El día de hoy, en el Senado de la República, comenzaron formalmente los trabajos para la discusión de una eventual Ley de Seguridad Interior, en una reunión con representación de ambas Cámaras y del Ejecutivo. Desde la perspectiva de las organizaciones y especialistas que suscribimos la presente, estamos ante el inicio de lo que podría ser un debate excluyente de las perspectivas de derechos humanos cuyo desenlace anunciado sería la adopción de una legislación que -sin solucionar la crisis de inseguridad y de corrupción que vive el país- constituirá una amenaza para los derechos humanos y el Estado de Derecho. En este sentido, reiteramos que la reglamentación del concepto de seguridad interior, en los términos a los que hoy se allanaron de forma coincidente las fracciones del PRI, del PAN y del PRD, incumpliría abiertamente la Constitución. Actualmente, el Congreso de la Unión no cuenta con facultad expresa para legislar sobre seguridad interior, en términos del artículo 73 de la Constitución. Pero además, el artículo 21 de esa misma norma establece que la seguridad pública estará a cargo de autoridades civiles, lo que soslayaría una Ley de Seguridad Interior como la que en este día se anunció. Por otro lado, la adopción de una Ley a partir de este concepto rector, incumpliría también con los tratados internacionales que México se ha obligado a respetar y garantizar. En ese sentido, vale la pena recordar de nuevo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló, ya desde su informe temático de 2009, que el concepto de seguridad interior propicia la confusión entre seguridad nacional y seguridad pública, acarreando funestas consecuencias para los derechos humanos. Así lo expresó dicha Comisión, por ejemplo, en el caso de Venezuela, que optó por ese marco jurídico. El día de hoy, los tres partidos mayoritarios y el representante de la Presidencia de la República coincidieron en señalar que aspiran a que, al cabo de esta discusión, se apruebe un marco jurídico que diseñe los supuestos en los que las Fuerzas Armadas podrán intervenir en determinadas porciones del territorio nacional que se consideren objeto de una afectación a la seguridad interior. Bajo esta lógica, es latente el peligro de que se apruebe una regulación que no sólo no incentive el fortalecimiento de las policías civiles, sino que incluso profundice el protagonismo de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública sin que se generen adecuados mecanismos, contrapesos y rendición de cuentas. Esto es especialmente preocupante dada la impunidad crónica que prevalece en México respecto de violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejército, en lo que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos denominó “impunidad institucional castrense”. Además de las preocupaciones por el fondo conceptual de la discusión, es igualmente grave el formato con el que hoy comenzaron las discusiones. En la mesa del Senado no estuvieron representados todos los partidos y fueron excluidas las perspectivas críticas. La inclusión de especialistas fue parcial y condicionada a la de un jurista carente de especialidad en al ámbito de la seguridad que se limitó a replicar la visión oficial. Con el precedente que hoy se genera, queda anunciado un debate precipitado y poco diverso que socavará las bases democráticas de una discusión que, por su propia naturaleza, tendría que ser dotada de la máxima publicidad y pluralidad. En ese sentido, exigimos que las próximas discusiones se realicen bajo un formato abierto e incluyan todas las perspectivas planteadas, abarcando aquellas que han señalado los riesgos de que una ley de seguridad interior atente contra los derechos humanos. A nadie escapa que a diez años de la guerra contra el narcotráfico el país es hoy más violento que hace una década por lo que la efectividad de la militarización en el ámbito de la seguridad no es, como hoy se dijo en el Senado, evidente. Empero, es también claro que las Fuerzas Armadas no pueden dejar de hacer súbitamente las labores que hoy efectúan en regiones del país donde el Estado mexicano no detenta el monopolio legítimo de la violencia. Sin embargo, no por ello deben adoptarse falsas soluciones: no es el camino adecuado normalizar lo que hoy es irregular, ni dar un barniz de legalidad a lo que hoy es ilegal; máxime cuando el propio Secretario de la Defensa Nacional ha aceptado que el Ejército y la Marina no están capacitados para las labores que hoy realizan. Frente a la posibilidad de que se imponga una Ley de Seguridad Interior de forma apresurada y opaca, llamamos a ampliar el debate incorporando todas las perspectivas. Es fundamental profundizar la discusión, hoy tibiamente señalada por el PRD, en el sentido de que debe priorizarse –como lo ha recomendado la ONU- el diseño de un programa de retiro paulatino de las Fuerzas Armadas de las tareas que hoy realizan, que se acompaña de un verdadero plan de fortalecimiento progresivo de las instancias civiles de seguridad. El diseño de una política de seguridad compatible con los derechos humanos y el Estado de Derecho es posible. Pero esto sólo ocurrirá mediante la adopción de leyes que incluyan cambios de fondo en el paradigma de seguridad que ha imperado en la última década. Organizaciones Sociales: Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A.C. Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos Fundar Centro de Análisis e Investigación, A.C. Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C. Instituto de Justicia Procesal Penal, A.C. Instituto De Liderazgo Simone de Beauvoir A.C. México Unido contra la Delincuencia Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, ODI A.C. Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (RED TDT conformada por 80 organizaciones en 21 estados de la república mexicana) Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia
La diversidad biocultural en la COP
La diversidad biocultural en la COP Sábado 07 de enero de 2017 Miguel Concha Durante 2016, y a la par de los preparativos de la reunión de la 13 Conferencia de las Partes de la Convención sobre la Diversidad Biológica (CDB), COP 13, realizada en Cancún, Quintana Roo, del 4 al 17 de diciembre pasados, diversas organizaciones, comunidades y movimientos sociales comenzaron una serie de reflexiones y acciones en torno a las implicaciones en esa deliberación mundial. Para tratar ese trascendental tema se llevaron a cabo reuniones entre universidades, organizaciones y comunidades indígenas y campesinas. Destaca, por ejemplo, la del 29 de noviembre pasado, realizada por el Diálogo Indígena y Campesino de la Caravana de la Diversidad Biocultural, integrado por un conjunto de comunidades, académicos y organizaciones sociales que han impulsado la defensa de la diversidad biológica y cultural. En él se congregan quienes desde diversos ámbitos han luchado por la conservación y cuidado de la Madre Tierra y se oponen a la privatización y comercialización de la biodiversidad cultural. La Caravana considera que son las comunidades las legítimas poseedoras de la biodiversidad y que son ellas quienes han creado y resguardado en sus territorios, por cientos de años, la inconmensurable riqueza biocultural. Asimismo, del 9 al 11 de diciembre siguientes se realizó igualmente en Cancún la Cumbre Múuch’tambal sobre Experiencia Indígena: Conocimiento Tradicional y Diversidad Biológica y Cultural, para discutir y proponer medidas locales, nacionales y globales, con el fin de integrar saberes tradicionales de personas y comunidades indígenas en el cuidado de los bienes comunes, así como el bienestar económico y social de los pueblos. Dicha cumbre, gestionada también por comunidades indígenas, académicos y organizaciones sociales, fue convocada casi al mismo tiempo que se realizaba la reunión formal entre estados de la COP 13. Todas estas acciones evidencian la oposición que existe entre las posturas que los distintos espacios sostienen. La COP 13 dejó ver que en razón de la mayoría de acuerdos que sostuvieron, su mayor apuesta es la cooperación internacional a partir de las empresas y la iniciativa privada, las cuales claramente ponen en riesgo la diversidad cultural y biológica, al priorizar el lucro de los bienes comunes y los conocimientos tradicionales, por encima de la libre determinación de los pueblos y su relación ancestral con los ecosistemas que los sustentan. A decir de las organizaciones y comunidades, se trata de una agenda que impulsa la mercantilización de la diversidad biocultural. Por otro lado, las organizaciones integrantes de la Caravana por la Diversidad Biocultural, así como la Cumbre Múuch’tambal, entre otras redes de organizaciones que acudieron a intentar participar e incidir en la reunión de la COP 13 –que se caracterizó por su cerrazón ante las demandas sociales–, se posicionaron no sólo por atender la crisis ambiental que se da a nivel global, sino también por hacer frente al sistema neoliberal, causante de estas crisis, mediante la defensa de la autonomía de las comunidades, la legitimidad de los saberes tradicionales, el derecho a la tierra y al territorio, el derecho a la consulta y al libre consentimiento, así como al cuidado y la conservación de los bienes comunes. La Caravana de la Diversidad Biocultural se constituyó precisamente para hacer frente a los atropellos de empresas trasnacionales contra el cuidado de la biodiversidad y el bienestar de los pueblos indígenas y originarios, teniendo a México entre sus referentes, por la lucha contra la siembra de soya transgénica por parte de Monsanto en diversos municipios de Campeche. Caso en el que, como sabemos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya falló en favor de las comunidades afectadas que se detuviera la siembra de dicha planta, en vista de que los pesticidas y las modificaciones genéticas de los cultivos afectaron gravemente a las abejas y la apicultura de la región, que representa una importante actividad económica para las comunidades mayas de Campeche. Asimismo, por la lucha social y jurídica que desde hace ya más de tres años han llevado a cabo organizaciones sociales, campesinas e indígenas contra las siembras de maíz transgénico, y que gracias a ella se han detenido en su fase comercial. Y por las diversas resistencias que los pueblos y comunidades mantienen en sus territorios, contra el despojo de sus patrimonios bioculturales. Desde la Cumbre Múuch’tambal se expidió una declaración que expresa la importancia de los conocimientos de los pueblos para la protección de la biodiversidad, así como la relevancia de su uso libre, para que la biodiversidad cultural en México y el mundo no se vea vulnerada por los intereses empresariales. Las organizaciones reconocen también ampliamente, entre otros puntos, el papel de las mujeres y de las personas jóvenes en el cuidado de la diversidad biológica y cultural; el nexo ancestral entre los pueblos indígenas y originarios con la tierra y los ecosistemas; la importancia de proteger los recursos genéticos de los seres vivos; la vigencia de los organismos internacionales que protegen los derechos de los pueblos indígenas, y, para resguardar la diversidad biológica y cultural, la necesidad de la colaboración entre las comunidades indígenas y las instancias internacionales. Por su parte, la Caravana de la Diversidad Biocultural posicionó frente a la COP 13 que defender la biodiversidad de manera integral implica entender la profundidad de los sentidos culturales vinculados a todos los elementos de la Madre Tierra, la Pachamama, y los pueblos originarios. Y que es desde allí de donde parte la defensa de la vida y el bien común, con base en la organización, la cooperación y la ayuda mutua, pilares de la comunalidad. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada (modificada): Caravana de la Diversidad Biocultural Entradas relacionadas: Seguridad interior y víctimas Las mujeres y los Desca Territorialización de la reforma energética Ilegalidad e injusticia agraria Ciudadanos y constitución de la CDMX Diálogos sobre protesta social No discriminación por razón de edad La Constitución de la CDMX, a debate Megatratados comerciales y soberanía alimentaria Libre comercio y movilidad humana
Frente por la Libertad de Expresión exhorta a todas las autoridades a garantizar la protesta social
FRENTE POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EXHORTA A TODAS LAS AUTORIDADES A GARANTIZAR LA PROTESTA SOCIAL Ciudad de México, 04 de enero de 2017. Derivado de la noticia dada por la Secretaría de Hacienda sobre el aumento del 20% en los precios de la gasolina a partir del 1° de enero de 2017, la reacción de amplios sectores de la sociedad ha sido de descontento y rechazo ante las implicaciones económicas que representa en los hogares mexicanos, por lo que desde el comienzo de este año se han organizado diversas protestas en la mayoría de los estados de la República. Esta inconformidad social se ha traducido en una serie de manifestaciones, a través de marchas, tomas simbólicas de gasolineras, bloqueos en carreteras, así como plantones frente a edificios gubernamentales, además de existir diversas convocatorias en redes sociales para seguir ejerciendo el derecho a la protesta. Hasta el día de hoy, en la mayoría de las entidades de la República, al menos 28, se están realizando protestas; es decir, en casi todo el país la gente está expresando su inconformidad, siendo los estados de Chihuahua, Morelos, Estado de México, Guanajuato, Veracruz, Coahuila, Nuevo León, Colima, San Luis Potosí, Quintana Roo, Puebla, Sinaloa, Guerrero, Jalisco, Hidalgo, Zacatecas, Tamaulipas, Chiapas, Michoacán, Campeche, Sonora, Tlaxcala, Durango, Oaxaca, Yucatán, Nayarit, Tabasco y Baja California. Ante ello, resulta preocupante que desde los primeros días de estas múltiples protestas, ya se han presentado en varias entidades, algunas actuaciones contrarias a la plena garantía de la libertad de expresión por parte de agentes policiales de diversas corporaciones del país, reportándose detenciones, uso de gas lacrimógeno y de equipo antimotines, contra personas manifestantes. Tan sólo el 2 de enero se informó sobre la detención de 6 estudiantes del Instituto Politécnico Nacional durante protestas en la delegación Iztapalapa, Ciudad de México; así como 5 personas detenidas en Guadalajara y otras 5 después de un bloqueo en la carretera México-Toluca. Asimismo, en el Estado de México se reportó a través de videos publicados en redes sociales que en Tultitlán y Coacalco se presentaron detonaciones de armas de fuego en el contexto de protestas. De igual forma, se informó que en Mazatlán, Sinaloa, la policía municipal y ministerial reprimieron las manifestaciones que se presentaban en la planta de Pemex La Esperanza del Libramiento Luis Donaldo Colosio. En León, Guanajuato, se registraron actos intimidatorios por parte de las policías estatales contras personas manifestantes contra el aumento del transporte público. Estos son algunos de los hechos que se han presentado durante los dos primeros días del 2017 en el contexto de las protestas contra el aumento de los precios a la gasolina en México y derivado de las reformas estructurales implementadas por el Estado mexicano, en particular la reforma energética, resulta preocupante que la criminalización contra quien ejerce su derecho a la manifestación siga presentándose en distintas parte del país. Por lo anterior, las organizaciones que conformamos el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS) hacemos un llamado general a todas las autoridades del país, tanto a nivel federal, estatal y municipal, a que cumplan con sus obligaciones de protección y garantía de los derechos humanos, respetando el ejercicio de la libertad de expresión de todas las personas que a lo largo del país se están manifestando contra el alza de precios a la gasolina y se abstengan de toda aquella actuación que vulnere la libertad, seguridad e integridad de quienes se manifiesten. Asimismo, exigimos a las distintas corporaciones policiales, tanto a nivel estatal como municipal, así como a la Policía Federal, a que se abstengan de realizar cualquier conducta que derive en algún uso arbitrario y excesivo de la fuerza pública, debiendo privilegiar en todo momento el diálogo y velar por la seguridad de las personas, conforme a sus obligaciones legales y protocolarias, en atención a los estándares internacionales sobre uso de la fuerza. De igual forma, exhortamos a los organismos estatales de derechos humanos, así como a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que cumplan con su mandato de protección, a efecto de que envíen personal a su cargo para monitorear y vigilar el desarrollo de las protestas, además de solicitar, conforme a sus facultades legales, las medidas precautorias correspondientes para que las autoridades garanticen y velen por el pleno desarrollo del derecho a la protesta, evitando cualquier acto u omisión que vaya en detrimento de la seguridad, libertad e integridad de las personas. En México existe un contexto adverso para el pleno ejercicio de la libertad de expresión, habiendo una tendencia cada vez más creciente de medidas que buscan limitar esta libertad, tales como iniciativas o leyes que pretenden regular las manifestaciones conteniendo restricciones desproporcionales, así como agresiones por parte de diversas autoridades en contextos de protesta, tales como detenciones arbitrarias, encapsulamientos, utilización de armas letales y, en general, uso excesivo de la fuerza pública. Por tanto, las autoridades debe cumplir con su mandato de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos; particularmente, el derecho a la protesta social, necesario en toda sociedad democrática. Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social:: ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, A.C., Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C., Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo CEPAD, A.C., Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios CAUSA, Espacio Libre e Independiente Marabunta A.C., Fundar Centro de Análisis e Investigación, A.C., Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C., Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica, A.C., Servicios y Asesoría para la Paz, A.C., Red de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos”, A.C., Resonar. Imagen destacada: Jorge Aguilar Entradas relacionadas: Agua, ciudad y protesta social Diálogos sobre protesta social Debate sobre la protesta social FLEPS. Redes 2015. Control del espacio público: Tercer informe sobre protesta social en México 2014. Control del Espacio Público. Informe sobre retrocesos en las libertades de expresión y reunión en el actual gobierno.
Seguridad interior y víctimas
Seguridad interior y víctimas Sábado 24 de diciembre de 2016 Miguel Concha Transcribo lo que se lee en un chat de víctimas: ¿Qué hacer en caso de secuestro en Guerrero? 1. Mantenga la calma y levántese en armas en su pueblo, colonia o comunidad. 2. Investigue qué grupo criminal se lo llevó. 3. Secuestre a la mamá, hermanos o familia de este criminal. 4. Háblele a Héctor Astudillo y dígale que deje de proteger a sus amigos secuestradores y que sirva de mediador entre sus cuates y usted. 5. Espere unas horas en lo que el gobernador les habla a sus cuates para que se haga el intercambio de rehenes. 6. Ya que tenga a su familiar de vuelta, suelte a la mamá del secuestrador. 7. Deje que el gobernador presuma que fue él quien habló con sus amigos para que liberaran a su familiar. 8. Si vuelven a secuestrar a un familiar, repita todos los pasos anteriores. A 10 años del inicio de la escalada de la violencia, ahora epidémica, así denuncian las víctimas la ausencia de autoridad y estado de derecho en el actual contexto de macrocriminalidad. Mientras, expertos comentan la más reciente, pero recurrente queja, del secretario de la Defensa: urge un marco jurídico a las fuerzas armadas para seguir siendo los policías que no quieren ser. El argumento más inquietante, pues pareciera que piden una ley de obediencia debida, se refiere a que, si no los regulan, se les podrá imputar responsabilidad por las violaciones a derechos humanos que han cometido en la ilegalidad con que actúan. Serviciales y veloces, derrotados en sus obligaciones constitucionales y sometidos a su propia incapacidad, los representantes de las autoridades civiles, lastimosamente legisladores federales, se aprestaron a prometer a los militares la regulación de la seguridad interior, eufemismo más mentado de seguridad pública, para con ello legalizar la violación y desnaturalización de los artículos constitucionales 21, 29, 129 y 89, fracción VI, referida a la seguridad nacional, que no se atreven a reformar. Sin entrar en mayores detalles, a la fecha en el Congreso hay: 1. Una minuta del Senado, congelada en la Cámara de Diputados desde el 22 de abril de 2011, que adiciona a la Ley de Seguridad Nacional un título séptimo (de la declaratoria de afectación a la seguridad interior), propuesto por Felipe Calderón en 2009, después de que el 19 de febrero de ese año el secretario de Defensa de entonces reclamó una regulación a su función de policías. 2. Una iniciativa de ley de seguridad interior, presentada el 27 de septiembre de 2016 por el senador Roberto Gil, que propone una declaratoria de afectación a la seguridad interior, Calderón dixit, con preceptos perturbadores, como legislar el uso legítimo (faltaba más) de la fuerza, para que la fuerza armada permanente, es decir el Ejército y/o la Marina, o la fuerza especial de apoyo federal –también el Ejército y la Marina, aunque con adiestramiento y doctrina en seguridad interior (lo que sea que eso signifique), y en estricto apego a los derechos humanos (la fuerza armada permanente no está obligada a respetar derechos humanos)– pueda controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia no agresiva (sic), agresiva (resic), o agresiva grave (recontrasic), bajo la vigencia de la declaratoria de afectación a la seguridad interior, eso sí, con respeto a los derechos humanos. La iniciativa del senador panista es un dechado de vacíos constitucionales que regula la irregularidad que se da cuando los elementos militares intervienen en seguridad interior/pública para impedir una serie de ambigüedades, como la infiltración o captura de las instituciones de seguridad nacional o de seguridad pública, la obstaculización de la prestación del servicio de seguridad pública o de otras funciones o servicios públicos pertenecientes a las áreas estratégicas o prioritarias, así como el que los militares presten auxilio a las autoridades constitucionales y a las instituciones de seguridad pública, o la nada ambigua violación al derecho de libre tránsito, permitiendo la inspección de personas y bienes en puestos de revisión en la vía pública (artículo 22 de la iniciativa), sin decretar suspensión o restricción del ejercicio de derechos y sus garantías, como señalan los artículos 1 y 29 constitucionales. Y 3. Una iniciativa de ley de seguridad interior, presentada el 8 de noviembre pasado por el coordinador de los diputados priístas, César Camacho, que no habla de afectación, sino de protección a la seguridad interior. Al igual que la iniciativa panista, se reproduce en parte lo que en su momento presentó Calderón, con las mismas ambigüedades: quebranto a las instituciones, a la integridad de la Federación y a la gobernabilidad democrática (sic). Ambas iniciativas parecieran confeccionadas por la misma mano: se obvia el sustento constitucional de legislar sobre seguridad interior por fuera de la seguridad nacional, y se excluye aplicar la Ley Federal de Procedimientos Administrativos, como explican también los especialistas. Valga decir que esta iniciativa cuida más la forma, que no el contenido, del trato a las fuerzas armadas (con minúscula), porque no se inventa una fuerza especial de apoyo inconstitucional, y expresamente señala (artículo 9) que no se restringen ni suspenden derechos humanos y sus garantías; y que, de ser el caso, se estará a lo que dispone el 29 constitucional. Mucho oiremos sobre seguridad interior en los próximos meses. Nada nuevo en la ingobernabilidad surgida de la corrupción e impunidad sistémicas. Sin embargo, los principales afectados por esa afectación a la seguridad pública siguen sin ser escuchados, ni atendidos ni respetados en su dignidad y su derecho a la verdad y a la justicia. Las víctimas siguen siendo el gran ausente de este debate, pero las más presentes en el desastre humanitario y la rendición de las autoridades civiles. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : (*) Entradas relacionadas: Las mujeres y los Desca Territorialización de la reforma energética Ilegalidad e injusticia agraria Ciudadanos y constitución de la CDMX Diálogos sobre protesta social No discriminación por razón de edad La Constitución de la CDMX, a debate Megatratados comerciales
