Diálogos sobre protesta social
Diálogos sobre protesta social Sábado 19 de noviembre de 2016 Miguel Concha Debido al intercambio de reflexiones y experiencias en distintos espacios a escala internacional, diversas organizaciones sociales han sostenido que la protesta social para generar transformaciones profundas se vuelve fundamental en una época de franco retroceso en materia de derechos humanos, ascenso de discursos de odio y endurecimiento de políticas de seguridad en diversas regiones del mundo. El pasado 4 de noviembre se dieron cita en Barcelona varias redes internacionales de organizaciones y defensores de derechos humanos para discutir sobre temas de seguridad, activismo y derechos humanos. Entre estas experiencias resultó interesante explorar los esfuerzos que se hacen en diferentes regiones y países para hacer frente al modelo hegemónico de seguridad, el cual provoca serias violaciones a derechos y la criminalización de quienes individual o colectivamente disienten de un modelo económico impuesto por décadas, y que nos coloca en una crisis que pareciera no tener fin. Convocadas por la Campaña Defender a quien Defiende, integrada por movimientos y organizaciones sociales, periodistas y comunicadores, así como por grupos de investigación, abogados y juristas que hacen mayormente su trabajo en España, acudieron a la cita agrupaciones de esta coalición, al igual que integrantes del Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS), que trabaja en México, y la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, con presencia en México y Centroamérica, entre otros. Las reflexiones entretejidas expuestas nos ofrecen algunos puntos de convergencia que ayudan a diagnosticar y ampliar panoramas sobre lo que sucede en esta época. En diversos países se ha documentado la construcción de andamiajes legales encaminados a controlar a la población y desmantelar los ejercicios de protesta en espacios públicos. Un ejemplo paradigmático de este tipo es la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza, impuesta en España, que desde su implementación ha demostrado cómo la simple enunciación de seguridad ciudadana –y la supuesta intención del Estado de proteger derechos humanos– no basta cuando no se transforma culturalmente y de fondo la estructura habilitada para generar seguridad en determinadas jurisdicciones. En voz de las propias organizaciones que han hecho frente a esta ley del Estado español, se trata de un mecanismo legal, aunado también con otros de naturaleza administrativa o penal, para preservar un modelo neoliberal y controlar a la población que se opone a las decisiones que toman los gobiernos y ve afectados sus derechos, principalmente los sociales. Además, habilita el uso de la fuerza pública en contra de aquellos grupos indeseables al proyecto de nación cimentado en el neoliberalismo, impregnado de un discurso de combate al terrorismo. Por otro lado, es evidente que la concepción del espacio público en diversos países está fundamentada en procesos de securitización que provocan la instalación de modelos de seguridad que invaden la vida cotidiana e íntima de la sociedad, con los que, más grave aún, los estados, supuestamente en aras de brindar seguridad, aplastan las libertades fundamentales de las personas y pueblos. Con el afán de generar esa seguridad, que no es ciudadana, en México y en gran parte de América Latina se han impuesto políticas y acciones de gobierno más bien militarizadas, derivadas de la construcción mediática y política de la mal llamada guerra contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, que han desembocado en la participación de cuerpos militares en asuntos de seguridad pública. Estas reflexiones se ampliaron también en otros intercambios internacionales que en su momento convocó el FLEPS los días 10 y 11 de octubre en la Ciudad de México, en relación con el espacio público, la protesta social y la participación democrática. En esa ocasión representantes de organizaciones de Argentina, Colombia, Perú, España y México coincidieron en que el endurecimiento de un modelo de seguridad contrario a derechos humanos se vislumbra como un problema global, ya que la toma de los espacios públicos para protestar, como sucedió en las primaveras árabes, los procesos del 15-M en España, el Occupy Wall Street en Estados Unidos, el movimiento #YoSoy132, o en las acciones de protesta del primero de diciembre de 2012 en México, hizo que los estados vieran ahora como riesgo y amenaza para la seguridad interior el surgimiento de grupos organizados que salen a las calles a protestar y se oponen directamente al avance de políticas de Estado y actividades de empresas que violentan sistemáticamente sus derechos, bienes comunes y territorios. En los diversos diálogos sostenidos por las organizaciones sociales fue evidente que el modelo actual de seguridad nos obliga a repensar las formas en que las personas y pueblos pueden luchar por sus propios espacios seguros, por ejemplo, en las manifestaciones y reuniones públicas, cuando es sabido que el uso de la fuerza se dirige a impedir o inhibir la realización de esas protestas y expresiones en espacios públicos. La exigencia de la construcción de una auténtica seguridad ciudadana pasa ciertamente por el reacomodo de los marcos legales y la formación y actuación desde otra óptica de los agentes del Estado, pero sobre todo por la promoción de los derechos que las personas y los colectivos tienen, y su pleno cumplimiento. No es menos importante que en la construcción de una real seguridad ciudadana pensemos en la diversidad de grupos vulnerabilizados que merecen especial atención, así como en contar con una mirada transversal de género que posibilite a las mujeres mayor participación en la construcción de modelos y procesos de seguridad que respeten la vida, la integridad y los derechos humanos. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Jorge Aguilar Entradas relacionadas: No discriminación por razón de edad La Constitución de la CDMX, a debate Megatratados comerciales y soberanía alimentaria Libre comercio y movilidad humana Tercera cumbre mundial sobre el hábitat Por el maíz y la milpa Miscelánea legislativa por las víctimas Imputaciones falsas Nuevo constitucionalismo en la CDMX Derechos humanos frente a empresas
No discriminación por razón de edad
No discriminación por razón de edad Sábado 12 de noviembre de 2016 Miguel Concha Terminaba en 2011 una administración cuestionada en la defensa de los derechos humanos en el estado de Querétaro. Se perfilaban candidaturas de profesionales en la materia para acceder al cargo de presidente de la otrora Comisión Estatal de Derechos Humanos. Delineada la convocatoria por la competente legislatura del estado, acudieron a postularse diversos candidatos, calificados unos, advenedizos otros. Entre los primeros se encontraba José Luis César Pérez Guzmán, incansable luchador social, miembro de la Academia Mexicana de Derechos Humanos y reconocido públicamente por sus 25 años en la defensa de estos derechos en México y otros países. Fundador también, entre otros cargos y distinciones, del Colectivo Encuentro por Querétaro y Coordinador del Congreso Estatal Ciudadano de Derechos Humanos. La dinámica de competencia para el puesto consistió en la presentación de una propuesta de trabajo y la comparecencia ante los diputados locales. El profesor César Pérez, así amistosamente conocido, quedó en espera de ver aceptada su propuesta, preparándose para la defensa de su candidatura. Sin embargo, los diputados decidieron no considerar su participación alegando su edad como impedimento. El profesor quedó atónito ante la discriminación que sufrió, mientras Miguel Nava Alvarado era designado presidente de la Institución Pública de Defensa de Derechos Humanos del Estado, cargo que se considera ha defendido como si fuera su privilegio personal, y al que probablemente se aferrará de nuevo, postulando su relección. El 8 de marzo de 2012 el profesor interpuso juicio constitucional ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro (TSJ) por violación al derecho a la igualdad y la no discriminación por parte de la 56 Legislatura. Su acción legal, iniciada como legítimo reclamo para reivindicar su derecho a la no discriminación por razón de edad, ha cursado en diferentes instancias legales durante casi cinco años, ya que las resoluciones judiciales encontraron en el entonces designado el más férreo opositor al reconocimiento de este derecho. Dejando atrás un recurso de apelación, su revisión, y en cumplimiento de una sentencia de amparo, el 9 de diciembre de 2013 el TSJ resolvió en resumen que es procedente la acción de inconstitucionalidad reclamada por José Luis César Pérez Guzmán en cuanto a los actos e interpretación realizados por la quinquagésima sexta Legislatura del estado de Querétaro a través de la Junta de Concertación Política. Declarando también que ésta violó sus derechos humanos por haberlo descartado como aspirante, y le ordenó admitir su candidatura para ocupar el cargo público referido y analizar la documentación presentada en comparación con la persona designada, es decir, Miguel Nava Alvarado, a fin de elegir entre los dos al más idóneo para ocupar el cargo de presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado de Querétaro. Sin embargo, este último continuó manipulando la ley, presentando denuncias infundadas y recursos improcedentes para alargar el proceso en beneficio de sus intereses y su supuesto derecho a no ser destituido del cargo. A la sentencia dictada el día 9 de diciembre de 2013 le siguieron muchos recursos notoriamente improcedentes según los propios tribunales y expertos en la materia: 1). Una denuncia penal contra magistrados del TSJ. 2). Un recurso de reclamación contra sentencia el 2 de enero de 2014. 3). Un recurso de reclamación improcedente el 3 de abril de 2014. 4). Un amparo directo también en abril de 2014. 5). El 15 de enero de 2015 se le concedió el amparo y no se revocó la sentencia dictada en 2013. 6). No obstante haber obtenido la protección de la justicia federal, en enero de 2015 interpuso un recurso de inconformidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aparentemente con la única finalidad de dilatar el juicio. 7). Un amparo directo el 30 de enero de 2015 promovido por José Luis César Pérez Guzmán. 8). Miguel Nava Alvarado interpone en agosto de 2015 un impedimento para resolver en contra de los ministros de la SCJN. 9). En enero de 2016 la primera sala de la SCJN resuelve como no legal su impedimento. 10. La segunda sala de la SCJN resuelve en mayo de 2016 como infundado un recurso de inconformidad. 11). En agosto de 2016 interpone de nuevo recurso de revisión ante la SCJN, el cual es notoriamente improcedente. Parece claro entonces que el abuso y la manipulación de los recursos legales por parte de esta persona no obedece a su voluntad de hacer cumplir los principios constitucionales y los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, sino a su deliberado intento por alargar el procedimiento con el fin de poder concluir su periodo al frente de la institución de derechos humanos, sin que la legislatura del estado pueda dar cumplimiento a una sentencia dictada a su vez en cumplimiento de una sentencia de amparo del Poder Judicial de la Federación, provocando con ello la violación al derecho a la justicia pronta y expedita, contenido en el artículo 17 de la Constitución y en el numeral 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En cumplimiento de una sentencia más de amparo, el 22 de agosto pasado el TSJ confirmó la sentencia dictada en diciembre de 2013, y resolvió en favor de la no discriminación del profesor Pérez por razón de edad, ordenándole a la actual 58 Legislatura admitir su candidatura para ocupar el cargo público referido y analizar la documentación que se presentó en su momento en comparación con la de Miguel Nava Alvarado, a fin de elegir, entre los dos, al más idóneo para ocupar el cargo. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada (modificada) : ddhqro.org Entradas relacionadas: No discriminación por razón de edad La Constitución de la CDMX, a debate Megatratados comerciales y soberanía alimentaria Libre comercio y movilidad humana Tercera cumbre mundial sobre el hábitat Por el maíz y la milpa Miscelánea legislativa por las víctimas Imputaciones falsas Nuevo constitucionalismo en la CDMX Derechos humanos frente a empresas
La Constitución de la CDMX, a debate
La Constitución de la CDMX, a debate Sábado 05 de noviembre de 2016 Miguel Concha Con el fin de llegar a conclusiones en las que todas las personas participantes se reflejen y puedan por ello colaborar en la construcción de un futuro mejor, un proceso constituyente es, antes que nada, ponerse de acuerdo sobre los principios básicos que normarán la vida pública de una comunidad política, expresar con honestidad y fundadamente sus propuestas y plantear con franqueza sus desacuerdos. La elaboración de la Constitución de la Ciudad de México puede ser ocasión para que todo lo dicho se realice, aunque todavía estamos lejos de ello, a pesar de que en las últimas semanas ha habido mayores acercamientos a ese ideal. Veamos cuáles son los obstáculos para remontarlos, a fin de que todos gocemos de una vida pública saludable, porque es claramente democrática y justa. En el ámbito nacional hay muchas situaciones que tienen, con razón, molestos a amplios sectores de la población. Más allá del posible mal humor social, lo que sí existe es una mala situación para realizar las expectativas y los deseos de la sociedad. El estancamiento económico y su secuela de desempleo y privaciones; las violaciones continuas y reiteradas a los derechos humanos, que generan inseguridad ciudadana; el deterioro de las instituciones públicas encargadas de la calidad de vida de las personas, que arrastra en su caída el futuro de niños y jóvenes, etc. Frente a estas y muchas otras cosas más, es claro para muchos que hay que llevar a cabo cambios de fondo en la vida pública. La discusión sobre la Ciudad de México, más allá de sus protagonistas, es ocasión para esto. Tal vez por eso algunos preferirían que su Constitución se quedara en un mero trámite administrativo, en el que, copiando para el nivel local lo que diga la Constitución federal, hagamos sólo los cambios mínimos para que todo permanezca igual. Quizás otra de las razones de la resistencia a realizar la discusión de fondo sobre la Constitución, si bien declinante, sea que después de más de 30 años de reformas económicas adversas para las mayorías, hay quienes esperan que la población finalmente se resigne y termine aceptando, como si fueran valores, las decisiones interesadas que nos tienen en la situación descrita. Proponer que la sociedad pueda dotarse de otros valores, para con ellos orientar un camino hacia nuevas realidades, puede ser incómodo. Pero una Constitución también es aspiración a un horizonte mejor y no sólo un manual de procedimientos jurídicos. Una tercera razón podría ser que para muchos actores, que incluso han compartido la búsqueda de autonomía para la Ciudad de México, se plantee el asunto de quién cosechará los frutos de la realización de ese anhelo. Una buena Constitución no es la que otorga ganancias políticas a unos sobre otros, sino la que permite que todos diriman en paz sus diferencias y que las victorias o derrotas políticas posteriores se den en el marco de una norma superior que las legitime. Esta es la mejor ganancia política que todos podremos tener. Por tanto, si estuviéramos de acuerdo en que para mejorar hay que intentar cambiar; si también lo estuviéramos en que un cambio tiene que inspirarse en nuevos valores que desplacen a los que hasta hace unas décadas podían aparecer como innovadores, pero que hoy son viejos fracasados, y que la construcción de esos valores es mucho más importante que la disputa política inmediata, entonces tendríamos todo dispuesto para que la nación entera aproveche la experiencia del debate público sobre la Ciudad de México. Habrá que añadir que lo que ahora se discute no es producto de la voluntad de un solo gobernante. Es un producto colectivo, con todos sus aciertos y errores, de personas de los más diversos sectores sociales y corrientes de opinión. Habrá que aceptar también que esa obra colectiva no es tampoco producto del solo grupo convocado para redactar. Éste recogió las propuestas de muchos grupos de la sociedad civil, que desde años atrás se han pronunciado ya sea en procesos de amplia discusión entre diversas organizaciones sociales, como la Carta por el Derecho a la Ciudad, o en iniciativas de reformas constitucionales, como la presentada en el Senado el 21 de noviembre de 2013, entre otras. En muchas de estas iniciativas la propuesta era clara: una ciudad estructurada en torno al respeto y la garantía de todos los derechos humanos, orientada hacia el desarrollo en todas sus dimensiones (social, económica, cultural y política), reconocedora de la diversidad y preservadora del medio ambiente para las generaciones futuras; con gobiernos que rindan cuentas y con una alta participación de la ciudadanía en las decisiones públicas. Lo que el texto sometido a discusión de los constituyentes de la CDMX señala es que los derechos se alcanzarán progresivamente; es decir, de acuerdo con las capacidades públicas, pero crecientemente. Que habrá estructuras para hacer real la participación ciudadana, la impartición de justicia y la rendición de cuentas. Que habrá mecanismos para que todos ajustemos nuestros intereses, sin excluir a ninguno. Que habrá también por fin planes para hacer reales las aspiraciones. Seguro que en los medios e instrumentos hay faltantes o errores. Para corregirlos está el constituyente, pero sobre todo la sociedad, que ya presenta sus iniciativas de modificación. Para ello está igualmente la opinión pública. Parece entonces que, después de todo, ya estamos en el camino de ir debatiendo nuestra Constitución. Toca reforzar esfuerzos y propuestas, pues nos encontramos en semanas cruciales para ello. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada (modificada) : Eneas de Troya Entradas relacionadas: Megatratados comerciales y soberanía alimentaria Libre comercio y movilidad humana Tercera cumbre mundial sobre el hábitat Por el maíz y la milpa Miscelánea legislativa por las víctimas Imputaciones falsas Nuevo constitucionalismo en la CDMX Derechos humanos frente a empresas Normalización de la represión política FSM: logros y retos
Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo ¡El TPP no pasará!
SOBRE EL EVENTO: La Jornada Continental por la democracia y contra el neoliberalismo es una movilización convocada por diferentes sectores sociales, organizaciones y articulaciones mexicanas en coordinación con sus contrapartes en todo el continente que tienen como emblema la defensa de la soberanía ante la amenaza de las políticas económicas neoliberales que atentan contra la integración de los países latinoamericanos, nuestra autonomía, soberanía y autodeterminación. La Jornada Continental se realiza conmemorando la derrota definitiva del ALCA, en noviembre de 2005, donde se ampliaron las posibilidades de construcción de alternativas de integración de la región. También se realiza en un momento de definitiva confrontación ante la imposición en nuestro país de las llamadas «reformas estructurales» y la amenaza del Acuerdo transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés). La Movilización en México se convoca el 4 de noviembre en el Ángel de la independencia de la Ciudad de México, mientras se realizan acciones simultáneas en otros países de la región como Perú, Colombia, Chile, Argentina y Cuba. Más información en : https://seguimosenlucha.wordpress.com/ CONVOCANTES: ÁNGEL DE LA INDEPENDENCIA: Paseo de la Reforma y Eje 2 PTE, Juárez, Cuauhtémoc, 06500 Ciudad de México, D.F. Contenido relacionado: Megatratados comerciales y soberanía alimentaria Libre comercio y movilidad humana Comunicado: Al Gobierno Federal y el Senado de la República: el TPP no pasará México Mejor Sin TPP Empresas, derechos humanos y comunidades en vilo FSM: logros y retos
Megatratados comerciales y soberanía alimentaria
Sábado 29 de octubre de 2016 Miguel Concha El mundo atraviesa por un proceso de reconfiguración de regiones en megarregiones comerciales, lo que nos convoca a reflexionar sobre el presente, aunque, con base en experiencias del pasado, sobre lo que debemos evitar para el futuro. Estamos en un momento clave para prevenir, en el caso de algunos países, o bien para evitar a toda costa en otros, la continuidad e implementación de políticas económicas basadas solamente en la lógica de la acumulación y la concentración de la riqueza. Este es, pues, un momento que nos obliga a hacernos cargo ética y políticamente de una realidad que se caracteriza por estar en medio de una crisis de la civilización capitalista que, como diría Armando Bartra, con un origen unitario, el modelo capitalista tiene expresiones multidimensionales y de alcances planetarios. Es por ello importante en este sentido cobrar conciencia de que hoy se negocian decenas de tratados comerciales que se caracterizan por abarcar dimensiones intercontinentales y conexiones entre regiones mundiales que ahora se consideran estratégicas, como la región Asia Pacífico, o que pretenden ampliar el control y la conservación de privilegios, como en el caso de algunos países de Europa, y de Estados Unidos. Todo bajo la conducción e intereses del poder corporativo, el cual se apresta a definir las reglas de esta reconfiguración mediante, por ejemplo, megatratados comerciales. Convocadas por la Comunidad de Estudios Jaina, el Instituto Agropecuario de San Andrés, así como por la oficina en Bolivia de la Fundación Friedrich Ebert, entre otras instituciones, diversas representaciones de movimientos, organizaciones e instituciones académicas críticas de Ecuador, Argentina, Uruguay, Canadá y Bolivia se reunieron del 25 al 28 de octubre en las ciudades de Tarija y La Paz en torno a las jornadas Megaacuerdos, el impacto en la soberanía alimentaria y alternativas desde los pueblos. En dicho encuentro se dieron cita también la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País, de México, y la Convergencia México Mejor Sin ATP, articulaciones que están contra los tratados de libre comercio y defienden la soberanía alimentaria. La discusión versó sobre los impactos de los tratados de libre comercio en los países que los han firmado, los retos a los que se enfrentan bajo la lógica de la competitividad los que todavía no lo han hecho y los desafíos que tenemos como pueblos ante esta reconfiguración mundial. La manera en que ha sido concebido el libre comercio estuvo constantemente bajo consideración. Algunos países de la región andina hablan del paradigma de la complementariedad, que estimula y alienta la solidaridad entre países. Una integración de apoyo mutuo desde abajo, que pone en el centro la dignidad de las personas, los pueblos y la Madre Tierra. Por otro lado, y contrariamente al anterior, tenemos el paradigma de la competitividad, en el que priman la ganancia y el interés de acumular riqueza. Paradigma que a costa de avasallar la soberanía de los países busca mantener los privilegios y proteger las inversiones de las grandes corporaciones. Se dio también cuenta del avance del poder corporativo, pues en países que no participan formalmente en tratados comerciales de talante competitivo se experimenta la invasión de empresas trasnacionales, así como el despojo de sus identidades y sus bienes comunes. México es el país que por desgracia ejemplifica los estragos de la implementación legalizada de tratados competitivos. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) generó desde su puesta en marcha situaciones económicas que, contrariamente al sueño del crecimiento y la generación de riqueza, han colocado a la población con mayores índices de pobreza extrema. Experimenta además la invasión de megaproyectos que han acarreado enorme conflictividad y violencia en su territorio, así como la precarización del trabajo y la violación sistemática de los derechos de los pueblos y las personas. En relación con la soberanía alimentaria, en este periodo del TLCAN los diferentes gobiernos mexicanos han renunciado a su obligación de garantizarla. Por el contrario, el país tiene ahora 40 por cierto de dependencia alimentaria, lo que ha provocado el olvido del campo y la chatarrización de la alimentación, obteniendo con ello en cambio millones de personas con enfermedades asociadas a la mala alimentación. Como producto también de los tratados comerciales observamos cómo el Estado mexicano ha sido refuncionalizado para garantizar que las inversiones de las corporaciones no corran riesgos, y cómo no vacila en aceptar la claudicación de sus obligaciones de proteger y garantizar la dignidad de las personas y las comunidades. Sin embargo, afortunadamente también sabemos que hay posibilidades de revertir esta situación. Una de ellas es la conservación e impulso a un modelo campesino de producción de alimentos. En estas jornadas se compartieron experiencias de cómo los pueblos y movimientos sociales se están organizando en los países participantes para hacer frente al despojo y la crisis, reconociendo que es mediante la agricultura a pequeña escala, familiar y basada en los saberes campesinos e indígenas como podemos obtener la soberanía alimentaria que requerimos. Entendida ésta como aquella que no sólo pone atención en la disponibilidad, sino también en el modo de producción y el origen de los alimentos. Se consideró de relevancia igualmente la capacidad de las naciones para satisfacer sus propias necesidades internas y tomar decisiones de manera soberana, privilegiando un modelo de agricultura que se aleje del agroindustrial, canalizando apoyos e incentivos hacia los pequeños campesinos. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada (modificada) : Antonio Marín Segovia
El derecho negado a quienes sobreviven en las calles
El derecho negado a quienes sobreviven en las calles “De por sí vivir en la calle ya es un delito”, dijo un policía capitalino a Luz, quien se encontraba viviendo en la calle con sus dos hijos. La policía le quitó a sus dos hijos, a dos años de ser separados, siguen padeciendo de dicriminación y criminalización de diversas autoridades. 25 de octubre de de 2016 Por: Johana Sánchez La dignidad en nuestras manos “De por sí vivir en la calle ya es un delito”, dijo un policía capitalino a Luz, quien se encontraba viviendo en la calle con sus dos hijos. Luego de eso, el policía le pidió que se subiera a la patrulla junto con los niños, pues había una denuncia en su contra por maltrato hacia ellos. Esto ocurrió en noviembre de 2014. Desde ese día los niños se encuentran separados de su madre. La Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes le inició una averiguación previa por omisión de cuidado. Luz no entendía qué pasaba; nunca le explicaron que iniciarían una investigación para determinar si había cometido el delito imputado; tampoco que tenía derecho a una defensa adecuada, y mucho menos le avisaron que sus hijos permanecerían por tiempo indefinido lejos de ella. Al leer dicha averiguación, Luz supo que la persona que la denunció fue la misma que en días pasados le había pedido que le regalara o vendiera a su hijo más pequeño. –Seguro que esa mujer se enojó porque yo no quise venderle a mi hijo; por eso inventó cosas y me denunció; pero los hijos no se venden, cómo cree.- dijo Luz a las organizaciones de la sociedad civil a las que se acercó para que le ayudaran a recuperar a los niños. El trato en la Fiscalía En repetidas ocasiones la mujer acudió a la Fiscalía para preguntar qué ocurría con sus hijos y cuándo se los iban a regresar. -A ver señora, yo no tengo a sus hijos; se encuentran en la estancia transitoria de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF); vaya y pregunte allá; aquí yo investigo si usted es culpable de lo que la acusan-, le dijo, en tono grosero, el agente del Ministerio Público (MP). Cuando su abogada se presentaba, el trato era muy diferente. -Lic., ¿sí sabe por qué le quitaron a la señora a sus hijos?; vivía con ellos en la calle, imagínese; ellos tienen derecho a ser protegidos, no a que los ande arriesgando así su mamá. Nosotros como institución estamos preocupados por el interés superior del niño; es mejor que estén en una casa hogar y ella vaya a visitarlos-. De esa manera el MP intentaba hacer ver que la mejor opción era la “institucionalización” del cuidado de los niños. Durante la investigación se presentaron pruebas en las que constaba que la madre en todo momento había brindado cuidados, alimentación, educación y servicios médicos a sus pequeños; incluso, que había solicitado a las instituciones del gobierno de la Ciudad de México acceder a un lugar de estancia que garantizara su seguridad y la de su familia, para ya no vivir en la calle. El proceso ante el DIF Los niños estuvieron cerca de un año en la estancia transitoria de la PGJDF. Dos o tres veces a la semana Luz se comunicaba para saber cómo estaban. –Estables-, era la única respuesta de la trabajadora social. En una ocasión la respuesta fue diferente. –Ellos ya no están aquí- y le colgaron. Ante la angustia que le provocó, Luz acudió al DIF. Ahí le informaron que sus hijos ya estaban en una Casa Hogar de Monterrey. La devastadora noticia le hizo creer que ya no volvería a verlos. No entendía por qué se los llevaban tan lejos y sin avisarle. Quien entonces era encargado del caso en el DIF señaló que ellos podían enviarlos a donde quisieran, siempre y cuando hubiera convenio con esa Casa, lugares disponibles, y que los niños tuvieran la edad requerida para ser admitidos en la misma. Por lo tanto no veía ningún problema en que estuvieran allá. Luego de 15 meses, el agente del MP determinó el no ejercicio de la acción penal. Luz no había cometido ningún delito. Por lo tanto se suponía que sus hijos debían regresar con ella. El nuevo personal del DIF solicitó el traslado de los niños a otra Casa Hogar en la Ciudad de México, pues aun cuando ya había una determinación ministerial, Luz tenía que demostrar que “era viable” para estar con sus hijos. Es decir, recibir atención psicológica, comprobar que ya no vivía en la calle y que tenía un trabajo. En mayo de 2016, una vez que la madre recibió apoyo psicológico y previa aprobación del DIF, se reunió nuevamente con sus hijos. Tenía miedo y nervios. Habían pasado más de 500 días sin verse, y no sabía cómo reaccionarían los niños. Sin embargo el anhelado encuentro se llevó a cabo. No es un caso aislado El Caracol A.C. aplicó una encuesta a 44 mujeres que sobreviven en las calles, para saber cuántos hijos o hijas tienen, dónde se encuentran y en qué condiciones. De los 126 niños, niñas y adolescentes, 38% se encuentran con familiares de sus mamás; 18.25 %, se encuentran viviendo en las calles; 12.6%, están institucionalizados, y 2.3% se encuentran desaparecidos. Las y los niños que permanecen institucionalizados, 56.25% de sus mamás no saben si tienen algún documento de existencia legal; mientras que 31.25%, saben que tienen por lo menos acta de nacimiento. El 100 por ciento de las mujeres entrevistadas, y que les han quitado a sus hijos o hijas, no ha recibido apoyo del gobierno para recuperarles. Del total de mujeres entrevistadas, y que les han quitado a un hijo o hija, 65.90% dejaron de dormir, comer; sienten tristeza y culpa[1]. El informe “El derecho del niño y la niña. Cuidado Alternativo. Poniendo fin a la institucionalización en las américas”, de la Comisión Interamericana
Libre comercio y movilidad humana
Libre comercio y movilidad humana Sábado 22 de octubre de 2016 Miguel Concha Del 29 de septiembre al primero de octubre se realizó en Bruselas el encuentro El libre comercio y el derecho a no migrar, al que acudieron expertos de distintas instituciones públicas y privadas de diferentes países, como la New School for Social Research; el Grupo Parlamentario de Izquierda Alemana; Peoples United Nations; el Centro Eclesiástico del África Meridional; la organización Migration Programme Coordinator of Public Services International; el Executive Committee of Development Alternatives with Women for a New Era; la Coordinación Europea de Vía Campesina y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, AC. En dicho acto se analizaron los impactos de los tratados de libre comercio, cuyo objetivo principal es adaptar la estructura de todas las economías, sociedades y políticas a las exigencias de las empresas trasnacionales y los gobiernos de los países hegemónicos. Esta invasión en la soberanía de los estados y las autonomías regionales crea mayor nivel de desigualdad e injusticia, en la que los grupos en condiciones de mayor vulnerabilidad se ven afectados de manera diferenciada. Afectaciones vinculadas con la destrucción de las economías locales, de los bienes comunes y las culturas comunitarias, mediante la aplicación forzada de la privatización, la desregulación del comercio y la liberalización, con el consiguiente incremento de la pobreza y el número de personas que se ven obligadas a migrar, en búsqueda de seguridad, trabajo y mejora de sus condiciones de vida y las de sus familias. Por ello, cuando se habla de las causas estructurales de la migración, ya sea por cuestiones económicas y/o en busca de protección internacional, no se puede dejar de lado valorar los impactos de las políticas comerciales y de seguridad nacional, e incluso militar, que les van anexas, en las distintas regiones del mundo. El segundo tema que se reflexionó fue el de la importancia de analizar las implicaciones de los tratados de libre comercio con una perspectiva y lenguaje de derechos. Puntualmente, el derecho a migrar y a no migrar. El primero encuentra su fundamento en el derecho a la libertad de circulación y de decidir el lugar de residencia; y se vincula con otros tantos derechos, como los civiles y políticos, y los económicos, sociales, culturales y ambientales. Pero sobre todo implica la responsabilidad de los países de origen, tránsito y destino de generar condiciones de vida dignas y seguras, para que las personas en situación de movilidad ejerzan sus derechos de manera plena. Por su parte, el derecho a no migrar se vinculó principalmente con el derecho al desarrollo; es decir, con las condiciones sociales que los países de origen deben garantizar para evitar la migración forzada de miles de personas, incluyendo mujeres, niñas, niños y adolescentes no acompañados, indígenas, adultos mayores, defensoras y defensores de derechos humanos, personas con discapacidad y de la comunidad LGBTI. Sus derechos, cuyo ejercicio debe ser una realidad, no mera retórica, están relacionados con su derecho al trabajo, a la salud, la vivienda digna, la alimentación adecuada y la justicia objetiva, pronta y expedita, entre otros. El tercer tema al que se hizo referencia en el encuentro fue la urgente necesidad de diseñar políticas de integración o de acogida, las cuales no deben ser paralelas a una política de Estado, sino parte de la misma. Ejemplo de ello es la falta de este tipo de políticas en México, así como la dramática situación de las personas haitianas y de nacionalidad africana que llegaron a Tapachula, Chiapas, hace dos meses, muchas de las cuales siguen todavía en espera de un oficio de abandono del país, para poder llegar de manera segura a la frontera norte y solicitar asilo en Estados Unidos, ejerciendo así este derecho. Por su parte, el Instituto Nacional de Migración ha declarado que dejará de otorgar estos oficios a personas de nacionalidad haitiana, para evitar situaciones como las de Tijuana, Baja California. Es decir, la respuesta nuevamente es la implementación de una política de administración y control de flujos migratorios, no de acogida ni respeto a la dignidad humana. Finalmente se reflexionó sobre el papel de las personas defensoras de derechos humanos, quienes están en riesgo, debido a las denuncias que realizan de violaciones a derechos fundamentales cometidas en contra de estas poblaciones. Generalmente en ellas están implicados diferentes actores, como el crimen organizado, las empresas, y desde luego la aquiescencia de distintas autoridades. Ejemplo de ello es lo ocurrido a la 72 Hogar-Refugio para Personas Migrantes de Tenosique, Tabasco, el 6 de octubre pasado, cuando fueron de nuevo víctimas de amenazas e intimidación hacia su labor como defensoras y defensores de derechos humanos. Cabe mencionar que estas amenazas se realizaron apenas tres días después de que hicieron una denuncia pública sobre una nueva ola de violencia contra las personas migrantes y refugiadas; y en particular acerca del funcionamiento de las redes de secuestro contra estos grupos, así como la participación de autoridades municipales y en algunos casos federales. En síntesis, es fundamental que por una parte los estados retomen sus obligaciones de garantizar y proteger los derechos humanos de las personas que habitan y/o transitan por su territorio sin distinción alguna. Inclusive frente a empresas, el crimen organizado y otros estados con mayor poder e influencia. Por otro lado, es también fundamental que asuman su responsabilidad en la eliminación de las causas estructurales que ocasionan la migración forzada, como la aprobación de los tratados actuales de libre comercio y el apoyo a los conflictos bélicos, que ya de por sí violentan la dignidad y los derechos humanos. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada: pies cansados Entradas relacionadas: Tercera cumbre mundial sobre el hábitat Por el maíz y la milpa Miscelánea legislativa por las víctimas Imputaciones falsas Nuevo constitucionalismo en la CDMX Derechos humanos frente a empresas Normalización de la represión política FSM: logros y retos ¿Una reforma garantista con las familias? Discriminación social contra migrantes
Sociedad civil exige cumplimiento de recomendaciones del Alto Comisionado de la ONU
Sociedad civil exige cumplimiento de recomendaciones del Alto Comisionado de la ONU Ciudad de México, 21 de octubre de 2016. –Indispensable, romper el círculo de impunidad por medio de instituciones autónomas. -Es urgente la aprobación de Leyes Generales contra Tortura y Desaparición acordes con el derecho internacional y escuchando a las víctimas. -El Estado no ha mostrado la suficiente voluntad para cumplir a fondo las recomendaciones internacionales. Las organizaciones de la sociedad civil exigimos el pleno cumplimiento de las catorce recomendaciones formuladas al Estado mexicano por el Alto Comisionado para Derechos Humanos de la ONU, el Sr. Zeid Ra’ad Al Hussein, producto de su visita al país en octubre de 2015 y de posteriores intercambios con el Estado que le permitieron tomar en cuenta las políticas y acciones ya en curso en materia de derechos humanos. La catorce recomendaciones para el Estado se derivan de las cuatro medidas urgentes que el Alto Comisionado señaló al concluir su visita hace un año: fortalecer las procuradurías para asegurar que las violaciones de derechos humanos sean propiamente investigadas, conduciendo a resultados en tiempo; fortalecer la capacidad de la policía para llevar a cabo sus funciones de seguridad pública en línea con las obligaciones de derechos humanos, incluyendo el desarrollo de un marco legal sobre el uso de la fuerza; adoptar un cronograma para el retiro de las fuerzas militares de las funciones de seguridad pública e implementar las recomendaciones del GIEI y considerar mecanismos similares de seguimiento para otros casos graves. Desde diversos espacios y articulaciones de la sociedad civil hemos trabajado propuestas que van en concordancia con y profundizan las recomendaciones del Alto Comisionado; en ese sentido, manifestamos que la respuesta del Estado a las recomendaciones no muestra la suficiente voluntad de avanzar para resolver la profunda crisis de derechos humanos que se vive en México, constatada por este organismo internacional y sus diversos mecanismos en los años recientes, así como por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Consideramos particularmente importante el llamado a crear nuevos mecanismos contra la impunidad, en concreto un Consejo compuesto por renombrados expertos y expertas en derechos humanos para asesorar al Estado, realizar un diagnóstico nacional y propiciar una discusión pública de las acciones prioritarias. Esta recomendación refleja un análisis que compartimos al identificar a la impunidad como el principal obstáculo estructural que impide la consolidación del Estado de Derecho, la seguridad y el respeto por los derechos de la población. En esta línea también es imprescindible acatar la recomendación de crear una fiscalía especializada para investigar graves violaciones a derechos humanos y un instituto nacional forense autónomo a disposición de todos los órganos de administración de justicia, pues sólo de esta forma se darán pasos hacia una investigación efectiva e imparcial de las violaciones que hoy padece la población más allá de renombrar instituciones. La aprobación de las Leyes Generales en materia de tortura y desapariciones forzadas de acuerdo al derecho internacional aplicable, otro tema prioritario identificado por el Alto Comisionado, constituye una deuda pendiente a más de 10 meses de la presentación de las iniciativas en la materia. Exigimos al Congreso que priorice el cumplimiento de esta recomendación, recordando que la Ley General contra la Tortura está pendiente de aprobación en la Cámara de Diputados, mientras la Ley General contra las Desapariciones Forzadas sigue pendiente en el Senado. Adicionalmente, el Alto Comisionado incluyó recomendaciones para prevenir graves violaciones, en particular un registro nacional unificado de toda detención (medida también ordenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que no se cumple con el sistema vigente) y, de manera más amplia, la reorientación de las políticas de seguridad hacia un enfoque de seguridad ciudadana. Reiteramos que las recomendaciones formuladas por las Naciones Unidas muestran una ruta para salir de la grave crisis de derechos humanos que hoy padecemos, ruta a la que han abonado también las recomendaciones emitidas por el GIEI y la propia CIDH en ocasión de su visita de país. Es deber del Estado demostrar que está escuchando no sólo a la sociedad civil mexicana sino a los organismos internacionales. Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL) Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, O.P. A.C. Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, A.C. Centro Nacional de Comunicación Social A.C. (Cencos) Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC) Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad A.C. Colectivo Resonar Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C. Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) Equis, Justicia para las Mujeres Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho Fundar, Centro de Análisis e Investigación I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 80 organizaciones en 21 estados de la República mexicana): Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua);
Persisten violaciones al derecho a la consulta del Pueblo Maya sobre soya transgénica
Persisten violaciones al derecho a la consulta del Pueblo Maya sobre soya transgénica Ciudad de México y Mérida, Yucatán, 19 de octubre de 2016 – SENASICA no brinda información clara y completa sobre la siembra de soya genéticamente modificada en Campeche – Misión de observación exige a las autoridades que cumplan con los principios de buena fe y consulta libre e informada, establecidos por la SCJN y la CNDH El pasado sábado 15 de octubre se llevaron a cabo en los municipios de Hopelchén y Tenabo las terceras sesiones de la etapa de «Acuerdos Previos» de la consulta al pueblo maya sobre la siembra de soya genéticamente modificada, en el marco del cumplimiento de diversos fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que ordenaron a la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM) y a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) la realización de un proceso apegado a los principios de buena fe, consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada. En el encuentro se presentó el informe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), denominado “Informe de Inspección y Vigilancia de Soya en Campeche”, sobre la siembra ilegal de soya genéticamente modificada en el estado, solicitado por la comunidades consultadas y acordado en la segunda sesión de Acuerdos previos, el pasado 30 de junio. En la exposición de SENASICA se informó, con apoyo en dos diapositivas, que del 10 de agosto al 23 de septiembre del presente año se realizaron 3 visitas de vigilancia a diferentes predios y bodegas de los municipios de Hecelchakan, Champotón y Hopelchén, de las cuales se obtuvieron 55 muestras y, de éstas, después de la verificación, se confirmó que 5 eran de soya transgénica. Esta siembra confirmada de soya transgénica es una violación a la sentencia de la SCJN, y además viola por segunda ocasión el carácter de consulta previa. Ante esta situación, representantes de las comunidades mayas solicitaron al SENASICA, CIBIOGEM y CDI, información precisa sobre los predios donde se sembró ilegalmente, cuántas son las hectáreas, cuáles corresponden al municipio de Hopelchén, así como qué tipo de sanciones se aplicarán a los responsables. Sin embargo, las autoridades no respondieron con claridad y precisión a dichas preguntas, a pesar de la reiterada exigencia de las comunidades ahí presentes de conocer esta información. Ante la información incompleta e imprecisa por parte de las autoridades, los representantes de las comunidades expresaron sentirse burlados y que el informe era una farsa, cuyo objetivo era confundir y engañar a las comunidades. No cumplir este primer acuerdo, así como la forma en que se rindió el informe no contribuye a crear un ambiente de confianza entre las autoridades y las comunidades En vista de los reclamos, las autoridades acordaron con las comunidades que el próximo 25 de octubre, SENASICA presentará un informe oral y escrito específicamente del municipio de Hopelchén y tomando en cuenta todas las observaciones y dudas presentadas y manifestadas por los asistentes. La sesión transcurrió en un ambiente de mejor comunicación que las dos anteriores, a excepción de las interrupciones de parte de un grupo de sembradores de soya, de tono violento, que fue invitado a abandonar la sesión. Si bien las autoridades reaccionaron a tiempo, notamos que persiste el riesgo de conflicto e instamos a las autoridades a prevenir en lo posible y evitar que éste ambiente siga creciendo. Finalmente, en estas sesiones las comunidades de Hopelchén y Tenabo hicieron entrega a las autoridades responsables de su propuesta de “Programa de trabajo” de la consulta, quienes devolverán una versión integrada antes del 10 de diciembre con el fin de ser discutida los días 28 y 29 de enero del siguiente año en estos Municipios. Por lo tanto, la Misión de Observación hace un llamado urgente a la CIBIOGEM y a la CDI para que vigilen el cuidado de este proceso, basados en lo que estableció la SCJN, y cumplan cabalmente con la información solicitada por la población maya consultada. La Misión Observación también solicita que se asegure la integridad de los representantes de comunidades mayas y asesores que participan en la consulta y que eviten incidentes que pongan en peligro su integridad y el diálogo respetuoso y de buena fe que deben caracterizar este proceso. MISIÓN DE OBSERVACIÓN DE LA CONSULTA AL PUEBLO MAYA: Asociación de Consumidores Orgánicos Campaña Sin Maíz no hay país Centro de Investigación de la Efectividad de los Derechos Humanos Centro de Derechos Humanos, Fray Francisco de Vitoria Colegio de Antropólogos de Yucatán, A. C. Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos Diálogo y Movimiento, A.C. Educación, Cultura y Ecología, A. C. Fundación para el debido proceso (DPLF) Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C. Greenpeace México Investigador/es del Centro Peninsular en Humanidades y en Ciencias Sociales Nacional Autónoma de México Investigador/es de la Universidad Autónoma de Campeche Investigador/es de la Universidad Autónoma de Yucatán Investigador/es del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Península de Yucatán Investigador/es del Instituto Nacional de Antropología e Historia-Centro INAH, Yucatán Kookay, Ciencia Social Alternativa A.C. México vía Berlín e. V. Oxfam México Proyecto Utopía de Yucatán, A.C. Radio Yúuyum Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos Servicios y Asesoría para la Paz, A. C. (SERAPAZ) Vía Orgánica A.C. CONTACTO: Olinca Marino : olinca.marino@serapaz.org.mx Rodrigo Llanes : rodrigo.llanes.s@gmail.com Página de la Misión de Observación de la Consulta Indígena Maya : Enlace Entradas relacionadas: Miscelánea legislativa por las víctimas Imputaciones falsas Nuevo constitucionalismo en la CDMX Derechos humanos frente a empresas Normalización de la represión política FSM: logros y retos ¿Una reforma garantista con las familias? Discriminación social contra migrantes Debate sobre la protesta social Defensa contra megaproyectos mineros
Clausura de la 14a generación de La Escuelita (EDJDH).
SOBRE EL EVENTO: Desde el año 2003, en el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A.C. hemos apostado por construir un espacio de formación, en ese entonces de jóvenes promotoras y promotores de Derechos Humanos. Con los años y el cambio del contexto nacional toma el nombre de «Escuela para Defensoras y Defensores Jóvenes de Derechos Humanos». «La Escuelita», como de forma cariñosa se le nombra, es un espacio colectivo generado por las juventudes, donde se intercambian saberes y se entretejen experiencias y esfuerzos para defender la dignidad de las personas y los pueblos. La Escuela es un espacio en donde nos indignamos y nos organizamos frente a una realidad de abrumadoras violaciones a los derechos humanos y constante deshumanización. El cierre de la 14 generación se llevará a cabo el día 29 de octubre, invitamos a todas y todos a a acompañar a las y los integrantes de esta generación este día. Entrada libre. SALA 22 DEL CUC (Centro Universitario Cultural): Odontología 35 Col. Copilco-Universidad, Del. Coyoacán, Ciudad de México. Contenido relacionado: 2015. Control del espacio público: Tercer informe sobre protesta social en México 2014. Control del Espacio Público. Informe sobre retrocesos en las libertades de expresión y reunión en el actual gobierno.
